Las autoridades tradicionales y la introducción de modelos democráticos externos a partir de 1999

Organizada por la ONU, en 1999 tuvo lugar la consulta popular para determinar si el pueblo de Timor-Leste aceptaba el marco constitucional propuesto de una autonomía especial para el territorio dentro de la República de Indonesia. Si lo rechazaba, sobrevendría la separación de Timor-Leste de Indonesia producto de una votación directa, secreta y universal.¹⁰ El presidente Habibie anunció que si no deseaban seguir formando parte de la República Indonesia en el marco del plan de autonomía, su gobierno recomendaría a la Asamblea Consultiva del Pueblo de Indonesia (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, MPR-RI, electa el 6 de junio de 1999) que se derogara la ley que había integrado Timor-Leste a su país. La consulta no era vinculante y el resultado tendría que ser ratificado por la MPR-RI, el Parlamento de Indonesia.¹¹

Durante el diseño y la organización de la consulta, se ignoraron los sistemas tradicionales, ya fuera por desconocimiento o por la premura para preparar el proceso, lo que creó tensiones, en especial con las autoridades comunitarias. Se utilizó un sistema electoral importado, probado por la ONU en los procesos de Camboya, Mozambique, Namibia y Sudáfrica, pero hasta entonces poco conocido por la mayoría timorense, e incluía un registro electoral, voto impreso, urnas, etc., y la novedad de ser administrado por extranjeros, lo cual lo hacía aún más extraño.¹² Este procedimiento ignoró el papel de las autoridades y los procesos locales en la toma de decisiones comunitarias. La consulta de 1999 aplicó el sistema un ciudadano un voto en un lugar donde casi nunca se había aplicado la lógica de igualdad entre los ciudadanos y que cuestionaba directa e indirectamente la legitimidad social y política de las opiniones de los ancianos y de las autoridades tradicionales, que pesaban más que las de los jóvenes, así como la de los hombres sobre las mujeres, ya que no se tomaban decisiones por mayoría.

Para realizar la consulta popular de 1999 se tuvo que realizar un registro de ciudadanos para determinar cuáles, por edad y lugar de nacimiento, tenían derecho a participar. Se trabajó con un formulario en el que se registraron manualmente, por duplicado, los datos del ciudadano; la parte inferior se le entregaba al solicitante y la superior se mantenía en poder de la ONU. Una vez llenos los formularios, se enviaron a Sídney, Australia, donde se compilaron y publicaron las listas de votantes. Para registrarse, los ciudadanos tenían que presentar documentos probatorios de su identidad, origen y edad. La mayoría de los habitantes de zonas rurales carecía de documentación oficial.¹³ Para llevar a cabo el registro y la consulta, la ONU contrató a 400 voluntarios (UNV, por sus siglas en inglés) de todo el mundo que se trasladaron a Timor-Leste con este fin. En general, no hablaban los idiomas locales y no tenían conocimiento de las costumbres del territorio. La comunicación entre los timorenses y los encargados de tomar los datos se dificultó, ya que en las zonas rurales hablaban sólo su idioma, algunos el tetun, otros pocos el indonesio y la generación de mayor edad, un poco de portugués. Además, las altas tasas de analfabetismo impedían que el solicitante comprendiera el contenido del documento que recibía. Estas circunstancias crearon numerosos problemas en el sistema, superados sólo por el deseo de participar en el histórico proceso.

Ante la falta de documentos, se aceptó la figura del afidávit con la presencia de testigos que firmaban y daban fe de la identidad del ciudadano.¹⁴ Se admitieron también documentos emitidos por la Iglesia católica, como los certificados de bautismo, cuyo contenido no siempre coincidía con la información aportada verbalmente; nombres, lugares y fechas no concordaban.¹⁵ Los ciudadanos presentaban papeles que no podían leer o que estaban en un idioma que no conocían. La función de las autoridades comunitarias no se consideró para ayudar en este proceso. Con un objetivo y una lógica diferentes, la ONU diseñó un plan que no consideraba las costumbres y la situación del país. Además, se tenía un plazo limitado y breve para realizar la consulta.

Aquel primer registro electoral de 1999, hecho manualmente por el equipo de la ONU, tuvo entre sus fallas el haber sido concebido sin un conocimiento de las bases culturales y llevado a cabo por un personal que desconocía la historia y la cultura del país. El levantamiento de datos se realizó con traductores cuyo dominio lingüístico era muy limitado. Los ciudadanos timorenses, que en su mayoría nunca habían tenido contacto con extranjeros, se mostraban muy incómodos en dar sus datos a extraños, proceso que en muchos casos constituía una violación a la privacidad del individuo, según la tradición timorense. El país había permanecido aislado del mundo por casi 25 años. Esta situación también favoreció que personas que no tenían derecho a registrarse se registraran como timorenses.¹⁶

Éste fue el primero de varios procesos electorales que no consideraron el papel de las autoridades y las estructuras locales. Sin embargo, durante el periodo de la consulta, el ingrediente clave para el éxito fue el compromiso de los líderes tradicionales influyentes, los liurais y los jefes de suco, con la población y, en muchos casos, con el Frente Revolucionario de Timor-Leste Independiente (Fretilin) y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Timor-Leste (Falintil).¹⁷ A partir de ese momento se forjaron coaliciones más amplias que incluían a líderes tradicionales, activistas sociales e Iglesia. En ocasiones se logró romper las fronteras políticas y los antiguos antagonismos se disolvieron en aras de la lucha común a favor de la independencia. El sistema de autoridades tradicionales, entrelazadas ora con las de la administración indonesia, ora con la resistencia, fue esencial para el éxito de la consulta popular.

A partir de octubre de 1999, con el establecimiento de la Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor-Leste, se creó un sistema de gobierno centralizado y de nuevo se relegó la institucionalización de la participación política de los líderes tradicionales y se desarrolló un sistema de justicia formal.¹⁸ Sin embargo, en las regiones del interior, el papel de los lian nain y los consejos de katuas y de suco continuaba siendo muy importante. Durante la Administración de Transición se planearon y diseñaron instituciones desde el supuesto de que no había ninguna sólida en el país. Los cargos de la administración local entre el final de 1999 y 2002 fueron ocupados en su totalidad por extranjeros. La creación del Estado timorense después de la consulta popular y la consolidación de la paz entre 1999-2002 fueron posibles gracias a la creación de una maquinaria administrativa coordinada por la ONU. Sin embargo, se pudo haber incluido a las autoridades tradicionales dentro de una política más amplia y canalizar el papel de los líderes, pero no fue así.

Uno de los casos más interesantes durante este periodo fue el proceso de reconciliación entre los diferentes bandos. Originalmente se intentó que fuera de acuerdo con los modelos utilizados en otros países, a través de comisiones de paz. Sin embargo, posteriormente se decidió por los métodos tradicionales, como el nahe biti (^{Babo Soares, 2004}). Poco a poco comenzó a reconocerse la importancia del derecho consuetudinario en la formación del nuevo país.

Para las elecciones de 2001, la ONU eligió el sistema electoral importado con su propio órgano de administración: la Comisión Electoral Independiente. En este proceso, los timorenses tuvieron un papel marginal y nuevamente, casi en su totalidad, fueron coordinados por extranjeros. La Comisión fue responsable de la organización y la conducción de las elecciones del 30 de agosto de 2001 para elegir la Asamblea Constituyente que redactaría la Constitución del nuevo país, y tenía la función de resolver las controversias relacionadas con el proceso, garantizar el respeto y los estándares internacionales para una elección democrática, y certificar los resultados electorales y transmitirlos al secretario general de la ONU a través de su representante especial en Timor-Leste, Sergio Vieira de Mello.

El énfasis en la tercera votación patrocinada por la ONU en Timor-Leste, en 2002, fue puesto en la “timorización” del proceso. A diferencia de las dos anteriores (1999 y 2001), durante las elecciones presidenciales de 2002 los timorenses ocuparon algunos puestos de la Comisión Electoral Independiente y de las 13 oficinas electorales de los distritos. La Comisión fue integrada por tres comisarios internacionales y dos de Timor-Leste.¹⁹ En febrero de 2002 se nombró una nueva comisión electoral con la función de resolver las controversias que surgieran de las elecciones programadas para el 14 de abril.²⁰

Para los tres procesos electorales organizados por la ONU se hicieron dos registros de electores: uno en 1999, exclusivamente para la consulta popular y no como base de un padrón permanente, y el de 2001, hecho también por voluntarios de Naciones Unidas a través de un sistema de registro civil, cuya finalidad era servir como base para el sistema del futuro país. En ambos casos se enfrentaron muchas dificultades, principalmente por haber sido diseñados sin conocimiento de la realidad histórico-social de Timor-Leste.

Las autoridades tradicionales y las bases del sistema democrático en la Constitución de Timor-Leste de 2002

Hasta el momento de la restauración de la independencia en 2002, no existía en Timor-Leste una ley o reglamento que regulase el derecho tradicional. La Administración de Transición de la ONU intentó, a través del reglamento 2000/13, incluir y legislar la función de las autoridades tradicionales, sin mucho éxito (^{UNTAET 2000}).

En la Constitución nacional de 2002, en el artículo 2.º, se indica que el Estado “reconoce y valora las normas y costumbres de Timor-Leste que no sean contrarias a la Constitución o las leyes”. En el artículo 6.º se mencionan dos aspectos clave para comprender la importancia del reconocimiento del patrimonio cultural y tradicional del pueblo de Timor-Leste (indirectamente incluye a las autoridades tradicionales) y el desarro llo de un sistema democrático:

Artículo 6.º (Objetivos del Estado)

c) Defender y garantizar la democracia política y la participación popular en la solución de los problemas nacionales;

d) Afirmar y realzar la personalidad y el patrimonio cultural del pueblo timorense…

En la carta magna se establecen los principios de un futuro sistema democrático. El sufragio universal, el multipartidismo, así como el derecho al sufragio están presentes ahí.²¹ El sistema democrático del país fue regulado en el artículo 65.° (Elecciones):

Este artículo de la Constitución, sin embargo, no comprometía ni garantizaba ningún sistema electoral específico. Al parecer, se decidió dejar así esta redacción para que, después de la restauración de la independencia, el gobierno timorense definiera el sistema electoral sin la intervención ni la influencia extranjera o de la ONU. Esencialmente, se otorga igualdad en la participación política a todos los ciudadanos y se establece un sistema democrático.²² Es claro que, al redactar estos artículos, no se consideró la contradicción que surgiría entre el derecho consuetudinario, las autoridades locales liurais, lian nain y los consejos de sucos y los de katuas, así como los nuevos procedimientos democráticos importados. Aún más, en la par-te de la Constitución referente al poder local no se consideró directamente a estas autoridades, situación que llevó, años después, a establecer una diferencia entre ambos.

Iniciativas de incorporación de las autoridades a los modelos democráticos: las primeras elecciones de suco 2004-2005

Después de la restauración de la independencia el 20 de mayo de 2002, el país tuvo que comenzar a organizar su estructura estatal. La Asamblea Constituyente electa en 2001 se transformó automáticamente en el Parlamento Nacional, la primera legislatura del país independiente, con la responsabilidad de crear las bases jurídicas de la nación. Fue un periodo de trabajo intenso en el cual se utilizaron todos los recursos humanos disponibles. En este proceso, la diáspora tuvo un papel fundamental. Muchos de los timorenses que retornaron al país tenían experiencia jurídica de los países de acogida: Mozambique, Portugal y Australia, y así comenzó el debate sobre qué modelos de administración utilizar como base. Una de las primeras áreas que había que desarrollar era el sistema electoral. Se tenía como referencia directa el utilizado por las Naciones Unidas entre 1999 y 2002 para la realización de los tres procesos electorales. Contrariamente a lo esperado, después de la restauración de la independencia, el país adoptó un sistema electoral mixto con dos órganos de administración electoral: el Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, stae, y la Comissão Nacional de Eleições, CNE. Este modelo fue creado a imagen del sistema electoral imperante en Mozambique, de donde provenían algunos de los legisladores y miembros del nuevo gobierno.²³ Un tercer órgano fue el Tribunal de Recurso (ante la ausencia de una Suprema Corte de Justicia), cuya tarea era dirimir las controversias electorales y declarar a los ganadores del pleito electoral. Este sistema se estableció a pesar de que la ONU promovió una Comisión Electoral Independiente similar al sistema utilizado en Australia y en los países de tradición anglófona.

El STAE fue creado como un órgano del Ministerio de Administración Estatal por decreto de gobierno (^{MAE 2004}) y funciona bajo su supervisión, con presupuesto propio y autonomía técnica y administrativa, y con jurisdicción sobre las operaciones de registro de votantes, elecciones y referendos. Las decisiones tomadas y los procedimientos realizados son vigilados por la CNE. La Comisión es un órgano independiente de cualquier organismo de poder político central o local y goza de autonomía financiera, administrativa y organizativa.

El primer proceso electoral organizado por estas instituciones fue el registro de electores de 2003, en el que no se tomaron en cuenta los anteriores dos registros (1999 y 2001) debido, entre otras razones, a que las características y la distribución de la población habían cambiado a raíz de la crisis después del resultado de la consulta de 1999, con miles de desplazados internos y externos. El registro civil de 2001 también había tenido serios problemas, con errores en la toma de datos y de informática, y del que se calculaba que había quedado fuera un gran porcentaje de la población. El de 2003 se hizo de forma manual; se llenaron formularios con copias llamados cadernos eleitorais.

Las primeras elecciones después de la restauración de la independencia las realizaron íntegramente las autoridades timorenses y se organizaron para elegir a un jefe de suco y a miembros del consejo, así como a jefes de aldea para cada uno de los 442 sucos. Las elecciones se llevaron a cabo en fases por distritos ante la escasez de recursos materiales, financieros y humanos para efectuarlas en una misma fecha en todo el país. Los recientemente creados órganos electorales del país, el STAE y la CNE, fueron los encargados de organizarlas con base en la Ley 2/2004 de elección de jefes y consejos de suco. Financió el proceso el Estado timorense mediante la Ley Parlamentaria 3/2005, que aprobó el Presupuesto Rectificativo de los Presupuestos Generales del Estado para el Ejercicio 2004-2005.²⁴ Para lograrlo, fue necesario crear el marco jurídico aplicable en un corto tiempo, entre 2003-2004, que incluía:

Especialmente destacan la Ley 2/2004, del 18 de febrero de 2004, “Sobre la elección de los jefes y consejos de suco”, y el Decreto-Ley 5/2004, del 14 de abril de 2004, “De autoridades comunitarias”, que fueron la base para definir jurídicamente, por primera vez, a las autoridades tradicionales como el suco, el consejo de suco, el jefe de suco, el jefe de aldea y el lian nain; sus funciones y cómo se elegirían por medios democráticos. Éste era un sistema totalmente nuevo para los timorenses. En ese momento se realizaban estudios especializados sobre la división administrativa del país y los diferentes modelos de descentralización administrativa, y se esperaba que allanasen el camino para la preparación de las leyes pertinentes. Mientras tanto, era importante legitimar urgentemente el papel que hasta ese momento habían desempeñado los líderes y los órganos comunitarios en la formación del país y dotarlos de investidura oficial en la nueva administración. El Estado quería reconocerlos, sin más demoras, y desde ese momento comenzó a llamarles autoridades “comunitarias” y no más “autoridades tradicionales”.

Con miras a facilitar el funcionamiento de los órganos comunitarios, fue necesario definir los lineamientos que regirían las actividades de los jefes de suco y los miembros de los consejos de suco. Para efectos del nuevo sistema y de las leyes y los procesos electorales, las autoridades comunitarias fueron los jefes de suco y los miembros de los consejos de suco elegidos en los términos de la Ley 2/2004. El consejo de suco estaría compuesto por: i) el jefe de suco; ii) los jefes de las aldeas que componen el suco; iii) dos representantes de mujeres; iv) dos representantes de jóvenes (un hombre y una mujer), y v) un anciano (hombre o mujer). Entre las innovaciones estuvo la inclusión de lugares reservados para mujeres y para jóvenes. La definición de joven fue objeto de debate, ya que de modo tradicional la “juventud” se establecía por el estado civil: una persona soltera sin hijos era joven; una persona casada, con hijos, aunque fuera menor de 20 años, ya era adulto. El legislador tuvo que adaptarse a la realidad y acotar el concepto de joven por rangos de edad de la siguiente manera: “Una persona joven es una persona que, en el día de las elecciones para la primera elección de jefes de suco y miembros de los consejos de suco, tiene entre 17 y 35 años”. Otra novedad fue incluir al lian nain, sin embargo, definido en la ley como “un individuo que, el día de la votación, tiene más de 50 años”.²⁵ El legislador quería evitar la inclusión del término tradicional, pero ante la presión social se vio en la necesidad de equiparar anciano con lian nain. Entonces surgió otro problema: no todos los lian nain eran mayores de 50 años, por lo que se tuvo que agregar la premisa “o reconocido por la comunidad como lian nain”. Éste es un interesante caso de adaptación de la terminología y las costumbres tradicionales al modelo democrático.

Los grandes ausentes fueron los liurais. Al ser autoridades hereditarias de tipo monárquico, no podían ser incluidas en un proceso electoral y, de esa forma, quedaron fuera, aunque en muchos casos los jefes de suco eran, de hecho, liurais que tuvieron la oportunidad de contender para permanecer en su cargo, aunque por un periodo definido por ley y no vitalicio como marca la tradición.

A los consejos de katuas se les dio un papel indirecto. De acuerdo con esta legislación, el jefe de suco podía invitar a uno o más miembros del consejo de katuas, si los hubiera, a asistir a las reuniones, con derecho a uso de la palabra, pero sin voto. Se les respetaba, aunque no se les reconocía oficialmente.

Las autoridades comunitarias desempeñarían sus funciones y ejercerían sus competencias con el “debido respeto a la Constitución y las leyes relativas a la propiedad del Estado, en especial a los recursos naturales renovables y no renovables”. Entre las responsabilidades de los jefes de suco y del consejo de suco electos estaban: i) promover la paz y la armonía social; ii) colaborar con el censo y el registro de la población; iii) promover la educación cívica y el patriotismo; iv) promocionar los idiomas oficiales; v) apoyar la seguridad alimentaria; vi) proteger el medio ambiente; vii) promover la educación, la cultura y los deportes; viii) coordinar la apertura y el mantenimiento de pozos de agua, perforaciones y puntos de captación de agua en el suco; ix) coordinar la apertura y el mantenimiento de vías principales y vías de acceso al interior del suco, siempre que no fueran competencia exclusiva de la administración del Estado; x) apoyar con el mantenimiento de infraestructura social, como escuelas primarias y centros de salud en el suco, y xi) promover la vivienda propia para los habitantes del suco. En ningún caso se realizarían las actividades de un jefe de suco en detrimento de los programas y los planes nacionales aprobados o sin articulación con la administración del Estado a nivel suco.

Otra diferencia que entró en contradicción con el sistema tradicional fue el otorgamiento de capacidad electoral a los ciudadanos mayores de 17 años -de conformidad con el artículo 7.º de la Ley 2/2004 y el artículo 21 del Reglamento 191/STAE/X/2004- que hubieran residido en el suco durante los últimos seis meses y estuvieran inscritos en el padrón electoral respectivo.²⁶ Es decir, jóvenes y recién llegados a la comunidad tenían derecho de voto, lo cual no era común en las prácticas tradicionales.

La nominación de los candidatos fue un proceso muy importante para incorporar prácticas tradicionales y se consideró hacerla en encuentros comunitarios, similares a los que se acostumbraban, con la presencia de toda la comunidad, en los que se explicaban los nuevos procedimientos. Además, fue un momento de educación del votante realizado por los funcionarios de STAE. Resultó uno de los procesos más complicados, en el que los ancianos y las autoridades tradicionales no aceptaban en muchos casos el nuevo sistema. Era un método híbrido que mezclaba lo tradicional con lo moderno. Los candidatos para estas elecciones fueron principalmente personajes reconocidos en la comunidad, en especial para cargos como el de lian nain.

Una de las principales innovaciones de este sistema fue que consideraba a mujeres en cargos que tradicionalmente eran ocupados por hombres, así como la creación de puestos exclusivos para ellas. Por ejemplo, además de las candidaturas para los puestos reservados para mujeres en el consejo del suco, en el distrito de Aileu hubo diez candidatas para jefa de suco, diez para jefa de aldea y cuatro para lian nain. En el distrito de Ainaro, seis mujeres se postularon para jefa de suco, una para jefa de aldea y una para lian nain. En Manufahi, una mujer compitió para jefa de suco, dos para jefa de aldea y dos para la categoría de lian nain.

Otra gran controversia la suscitó la inclusión de partidos políticos en la elección de las autoridades tradicionales, algo nunca visto. De acuerdo con los requisitos del artículo 31 de la Ley 3/2004, se inscribieron los siguientes:

Al ser un sistema mixto que incorporó elementos democráticos electorales externos a los procesos tradicionales, se incluyeron, por ejemplo, las figuras de observadores electorales y agentes de partido. Los miembros de instituciones y organizaciones no gubernamentales se registraron como observadores.²⁷ Los candidatos tenían el derecho a designar un representante de partido o de candidatura permanente y otro suplente en cada mesa de votación. Sólo los ciudadanos electores podían ser designados representantes de partido/candidatura.

Las elecciones se realizaron en cinco fases. Para cada una se crearon calendarios electorales aprobados por la Comisión Electoral, en los que se especificaban los plazos de cada etapa. Puesto que se trataba de un sistema innovador en el país, había que garantizar la transparencia y que la población comprendiera con claridad el procedimiento, donde por vez primera se elegirían autoridades tradicionales. En todas las fases, la tasa de participación fue muy alta; superó el 84% de los votantes registrados.

La tradición y los modelos democráticos importados

Las elecciones de suco fueron las primeras en Timor-Leste después de la restauración de la independencia de 2002 y en ellas se votó por líderes comunitarios tradicionales con sistemas de elección mixtos que incluían prácticas ancestrales, como encuentros y discusiones comunitarias, en el sistema de democracia occidental un ciudadano un voto. Se eligieron autoridades en 442 sucos y 2 228 aldeas como parte del proceso de creación de instituciones y fortalecimiento del sistema administrativo, y para dotar de legitimidad a las autoridades comunitarias en el marco del nuevo Estado timorense a través de elecciones por sufragio universal, directo y secreto de sus miembros, se implementó el principio de participación política democrática desde la base, determinado por ley, de acuerdo con los dictados constitucionales.

En muchas partes del Sureste de Asia, y en especial en Insulindia, las instituciones tradicionales adat siguen siendo importantes en la conformación política del Estado. Timor-Leste no fue un caso atípico al tener que acomodar las instituciones tradicionales a su nuevo orden político cuando el país consolidó su transición del periodo de la administración indonesia a la independencia en 2002.

Los sucos continúan siendo un vínculo esencial para llegar a la mayoría. Los líderes políticos se han dado cuenta de esta importancia y han intentado incorporar en sus campañas y plataformas elementos de la cultura local, desde el simbólico uso de trajes tradicionales, encuentros publicitados con los consejos de suco, lian nain, liurais, giras y visitas a los lugares más remotos del país para mostrar un acercamiento con las bases y la tradición. Las contradicciones se hacen evidentes al intentar integrar a las autoridades tradicionales con los sistemas occidentales de gobernanza, ya que en muchos casos no son compatibles con las ideas importadas sobre derechos humanos, igualdad de género, respeto a las minorías LGTBQ etcétera.

Anteriormente, se tendía a ver las formas tradicionales y modernas de organización político-social y electoral como diferentes y separadas, y sólo los sistemas occidentales eran considerados “desarrollados”. Recientemente se ha argumentado que el fracaso al reformar las instituciones consuetudinarias ha llevado, en muchos países, a la división de las poblaciones y al intento de retornar a sistemas tradicionales.

Las instituciones comunitarias en Timor-Leste, aunque están profundamente arraigadas y se resisten al cambio, no son inmutables. Con el paso de los años se han ido adaptando e intentado cooptar a los líderes tradicionales para colaborar en su administración. Éstos se han acomodado y han logrado sobrevivir, y su propio legado es tangible en la consolidación de la independencia del país y en la formación del Estado timorense. La incorporación de las autoridades tradicionales, en especial de los lian nain, a la estructura de poder local en Timor-Leste ha sido complicada y no ha terminado.

A pesar de que en muchas partes del país se está logrando incorporar estas instituciones al sistema actual, especialmente en las zonas urbanas, en la mayor parte de las zonas rurales el enfrentamiento tradición-modernidad continúa. Las formas consuetudinarias siguen siendo importantes y están profundamente arraigadas en la sociedad y las instituciones locales. Después de las elecciones de suco aquí descritas se realizaron elecciones de suco en 2009 y en 2016. Las leyes y los procedimientos se han ido reformando y adaptando. Se tendría que estudiar más a fondo la lógica de los sistemas de administración tradicional para que su incorporación al sistema moderno no sea sólo una imposición, sino un proceso consensuado.