Introducción

Este artículo presenta resultados de una investigación que hace una comparación histórica de procesos de acumulación social de la violencia en tres ciudades latinoamericanas paradigmáticas de la violencia entre 1980 y 2016: Ciudad Juárez, Medellín y Río de Janeiro, para responder a dos preguntas: ¿cómo se acumula social y culturalmente la violencia mediante el tráfico de mercancías ilícitas y mercancías políticas en Ciudad Juárez, Medellín y Río de Janeiro? y ¿cómo actúan el Estado y la sociedad civil para romper estos procesos y matrices sociales de acumulación de la violencia para resistir y transformarlas en procesos de resiliencia que renueven instituciones políticas y la propia sociedad ante esa cultura de ilegalidad, corrupción y violencia?

El Estado mexicano no reconoce que tiene una de las tasas más altas de incidencia de violencia, de captura y corrupción sistemática, de América Latina y el mundo. México registró la tasa más alta de victimización del delito (46 %) en Latinoamérica en 2016, junto con Venezuela (48 %) (^{Corporación Latinobarómetro [CL], 2016}), muy superior a la tasa latinoamericana de 36 %, la de Brasil de 37 % y la de Colombia de 34 %. Por eso la delincuencia es el problema más importante del país para los mexicanos, el económico para los colombianos y el de la salud para los brasileños (^{CL, 2016}). Y esto ocurre cuando se señala que en 2012 América Latina es la región más violenta del mundo con 23.9 homicidios por cada cien mil habitantes (pccmh), en comparación «con 9.7, 4.4, 2.7 y 2.9 para África, América del Norte, Asia y Europa respectivamente” (^{Chioda, 2016}: 1). Además, ocho de los diez países más violentos del mundo se encuentran en América Latina y el Caribe, y en 2013 de las cincuenta ciudades más violentas del mundo, 42 se encontraban en la región, incluidas las 16 más violentas (^{Chioda, 2016: 1}). Colombia es en 2017 el principal exportador mundial de cocaína (^{Santos, 2016}) y Brasil el segundo consumidor de ella en el mundo -en números absolutos-, solo detrás de Estados Unidos (^{Olinger, 2013}). Antioquia es en 2016 el mayor consumidor de drogas ilícitas en Colombia, entre 2008 (7.93 %) y 2013 (13.8 %) y triplicó la media nacional de consumo de todos los estupefacientes en esos mismos años (2.7 %) y (3.6 %) (^{Gobernación de Antioquia, 2016}).

Estos fantasmas reales de la violencia en América Latina y sus ciudades se han acumulado social y culturalmente, muy vinculados, de manera distinta, a una historia de desigualdad social, que es también la mayor del mundo, y al ejercicio del poder y las prácticas políticas. Esas historias distintas de generación y acumulación social de la violencia conducen a rupturas fantasmagóricas de terror, peligro e inseguridad cotidiana; pero, dada la gravedad y la tragedia de la violencia, también a procesos distintos de resistencia, renovación y renacimiento para, utópicamente, la reconstitución de las instituciones y prácticas políticas y de procuración de justicia, con lo que se transforman a sí mismos el Estado y la sociedad.

Teóricamente, esta investigación utiliza el concepto y proceso de «acumulación social de la violencia» de ^{Misse (1999}, ²⁰¹⁰⁾, de tráfico de mercancías ilícitas y de mercancías políticas (poder político), criminalización, criminación e incriminación. Este concepto de violencia es diferente del tradicional, que destaca su carácter instrumental, la aísla de su contexto social y la individualiza, y también del concepto de violencia política. La acumulación social de la violencia agrega a las prácticas violentas las representaciones sociales de violencia y los procesos sociales por los que esas prácticas se acumulan, con lo que se reproduce nuevamente la acumulación de esas representaciones. «Paso de las representaciones a las prácticas y de ellas regreso a las representaciones, [tratando de identificar] los principales momentos de esa acumulación con diversos referentes o señales de inseguridad "peligro social" reunidos [en la] "violencia urbana"» (^{1999: 6)}. La acumulación de la violencia «depende [también] de una acumulación cíclica de patrones, experiencias sociales y continuidades subculturales […] de un proceso complejo de acumulación continua por medio de metamorfosis […] enlaces y superposiciones entre diferentes mercados ilícitos» (^{1999: 6-7}), los de mercancías y servicios ilícitos y los del tráfico de mercancías políticas. Aquellos «bienes o servicios compuestos por recursos políticos (no necesariamente bienes o servicios públicos o de base estatal) que pueden ser constituidos como objeto privado de apropiación para intercambio (libre o forzado, legal o ilegal, criminal o no) por otras mercancías, utilidades o dinero» (²⁰¹⁰). La corrupción es, para Misse, una de las mercancías políticas más importantes, y el clientelismo es otra forma de intercambio. La frontera entre clientelismo y corrupción es muy tenue y «tiende a reforzar y ampliar el mercado informal ilegal y criminal» (^{2010: 22}).

La violencia, según ^{Misse (1999)}, es un «sujeto social» y sus agentes son identificados por la gente como tipos sociales ideales de «sujeción criminal», «sujetos que compondrán un tipo social cuyo carácter es socialmente considerado como propenso a cometer un delito» (^{2010: 21}), la categoría analítica final (4) del proceso de una política criminal y del proceso de construcción social del delito. Las otras tres categorías de este proceso son: «1) la criminalización de un curso típico ideal definido como delito (una reacción moral de la sociedad y su inserción institucional en los códigos con su sanción); 2) la criminación de un hecho, el cual a través de sucesivas interpretaciones se inserta en la clasificación criminalizadora; 3) la incriminación del presunto sujeto-autor con base en testimonios y evidencias» (^{Misse, 2010: 33}).

Resiliencia es el otro concepto utilizado. Se genera en situaciones de crisis para evitar colapsos mediante procesos de autopoiesis -capacidad de seres vivos y sociedades de autoproducirse a sí mismos¹- para permitir a los sujetos vulnerables medios, procesos y capacidades para ayudarse a sí mismos (^{Dunn, Kaufmann y Soby, 2015: 3}). La resiliencia no es simple resistencia y adaptación para volver al estado anterior al shock del fantasma de la violencia social, sino proceso para transformarse socialmente y lograr una mejor situación (^{Dagdeviren, Donoghue y Promberger, 2016}: 3): en diferentes niveles, procesos de organización, sociales y políticos que pueden crear nuevos sujetos sociales y nuevas capacidades, nuevas formas de organización política y nuevas relaciones con el Estado (^{Dunn et al., 2015: 6-7}).

Mediante estos dos marcos conceptuales se exploran dos hipótesis sobre la acumulación social de la violencia en las tres ciudades mencionadas. Primera, que las rupturas cíclicas de acumulación social ocurren a través del tráfico de mercancías ilícitas y de poder político (mercancías políticas y oligopolios del poder de la violencia legítima del Estado) (^{Duncan, 2014}) hasta convertirse en una corrupción sistemática avanzada por medio de la captura de diversos territorios e instituciones del Estado (^{Garay y Salcedo Albarán, 2012}). Segunda, que las acciones del Estado y la sociedad ante la acumulación social de violencia pueden generar resiliencia para romper y reemplazar las matrices sociales y culturales de acumulación de la violencia, el tráfico de mercancías ilícitas y de poder político mediante la refundación de las prácticas políticas, de la propia sociedad civil y de una nueva relación entre el Estado y la ciudadanía.

Siguiendo estos conceptos, se presenta el proceso cíclico de acumulación social y cultural y criminalización hasta su cierre con la sentencia, la justicia, la desmovilización o la muerte, o bien la injusticia. La narración del proceso inicia con el momento de la ruptura y la descripción de su relación con el tráfico de mercancías ilícitas y de poder político. Se sigue con el proceso de criminalización, la acción del Estado y la sociedad frente a la acumulación social de la violencia, hasta su investigación, el proceso de procuración de justicia y la construcción de resiliencia o un nuevo ciclo de acumulación social de la violencia, aunque esto lo referiremos hasta las conclusiones por cuestiones de espacio.

La investigación in situ fue financiada por la Dirección General de Apoyo al Personal Académico (DGAPA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Las ciudades se investigaron como casos paradigmáticos y los datos se recopilaron de fuentes hemerográficas, documentos y registros públicos, entrevistas etnográficas de aproximadamente sesenta actores del proceso de acumulación de la violencia, autoridades locales y habitantes de colonias, barrios, comunas y favelas.

La acumulación social de la violencia en Ciudad Juárez

En 2015, Ciudad Juárez registraba una población de millón y medio de habitantes, 26.4 % de ella en pobreza, porcentaje superior al de Medellín y el de Río de Janeiro, y un coeficiente de Gini de 0.419 en 2010 (véase Cuadro 1). La economía de Ciudad Juárez, además del paso de mercancías, se sustentaba en la gran cantidad de plantas maquiladoras -cuyo número pasó de 17 a 130 entre 1969 y 1990- y en sus 130 000 trabajadores, aunque cerrarían muchas entre 2008 y 2010 como reflejo de la crisis económica estadounidense. Por lo tanto, se perderían 80 000 empleos y solo quedaría 20 % de las maquiladoras.

Ciudad Juárez, situada en una planicie desértica de la frontera de México con Estados Unidos (EU), ha sido -como su ciudad hermana de El Paso, Texas, con 649 121 habitantes- el Paso del Norte (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal [Inafed], 2016) histórico para el tráfico de gente y de toda clase de mercancías lícitas e ilícitas entre México y EU de ida y vuelta, con armas y dólares lícitos e ilícitos, acompañado del tráfico de poder político con el Estado mexicano y el estadounidense. Este tráfico ilícito es tan añejo como aquel del Juarez Whiskey Straight American de la década de 1930. Desde entonces existen estas matrices sociales y culturales de acumulación de la ilegalidad y la violencia, que se combinarían muchos años después con la producción y el paso legal de mercancías de las maquiladoras y sus 130 000 trabajadores, especialmente mujeres jóvenes. Por los beneficios ilícitos obtenidos durante muchos años, los juarenses representaron erróneamente estos procesos de acumulación de la ilegalidad como una época de oro, sin percatarse de ello hasta la primera ruptura del fantasma de la violencia.

La primera ruptura de este proceso se manifestó a principios de la década de 1990; perduró entre 1993 y 2003, con 4 587 casos de mujeres desaparecidas y 300 asesinadas (^{Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH], 2003}).

En lugar de actuar y procurar justicia, las autoridades juarenses consideraron las desapariciones, las violaciones y los asesinatos como producto de la representación que tenían de ellas (^{Giménez, 2005: 13}); justificaron su desgracia y las culparon: eran prostitutas, tenían muchos novios, usaban faldas muy cortas y salían a bailar de noche. Después descubrieron que muchas eran trabajadoras de las maquiladoras y otras estudiantes (Galeana, 2016). El 33.8 % provenía de alguna otra entidad del país, 72 % tenía entre 11 y 22 años, y casi la mitad eran menores de edad. Este menosprecio de las autoridades ante la violencia contra las mujeres contribuyó a incrementarlo, pero también aumentaron las protestas de mujeres madres, maestras, vecinas y organizaciones civiles que exigieron justicia hasta lograr la solidaridad nacional e internacional. Detrás de la falta de acciones de procuración de justicia estaban el tráfico de poder político y la acertada criminalización que hacía la sociedad de este proceso:

Nunca hubo una investigación a fondo. La investigación fue bloqueada por la autoridad estatal en los más altos niveles desde el procurador, el gobernador […] en especial el caso del Campo Algodonero. Y esto se explica de dos formas: o estaban protegiendo a alguien o querían cerrar el caso lo más rápidamente posible por cuestiones políticas, para dar la imagen de que existía una policía eficiente (^{exresponsable del CERI, 2016}).

Esta impunidad del tráfico de poder político entre actores y autoridades locales y estatales se convirtió en una matriz de acumulación social de la violencia contra las mujeres de Juárez. Aunque no era algo nuevo porque, con nuevas víctimas, era la continuidad de los patrones de criminalización, como lo señala Misse. Diversas investigaciones encontraron -lo que la gente había criminalizado correctamente- que autoridades policiales locales, diversos sicarios del cártel de Juárez y algunos miembros de alto nivel socioeconómico se coludieron para contribuir a la impunidad y a mayor acumulación de este tipo de violencia, pues casi ninguno fue sancionado (^{Gallur, 2010}; ^{Washington, 2005}; ^{Fernández y Rampal, 2008}). De los asesinatos de 110 mujeres entre 1993 y 2001, solo se incriminaron y resolvieron 24 casos (^{Monárrez, 2002}). Los sujetos sociales, típicos delincuenciales del nuevo fantasma de la violencia, simplemente extendieron el campo de acción de sus actividades ilícitas para agregar otro tipo de violencia al tráfico de drogas, como lo harían posteriormente para hacer crecer la matriz social y cultural de acumulación de la violencia.

Sin embargo, las acciones de las mujeres de la sociedad civil organizada, principalmente de reclamo de justicia, contribuyeron a transformar ese ethos de abuso contra las mujeres hasta llevarlo a instancias internacionales de derechos humanos, así como a organizaciones ciudadanas más amplias, de las propias mujeres y otras nuevas. Como sucedió años más tarde con la Mesa de Seguridad, integrada por una gran diversidad de organizaciones ciudadanas para exigir una rendición de cuentas sistemática sobre otra ruptura en otro ciclo de acumulación social de la violencia y su vinculación con el tráfico del poder político.

La siguiente ruptura, pocos años después del ciclo de violencia contra las mujeres, también fue más allá de la lucha entre los cárteles. Los juarenses vivirían este nuevo fantasma de violencia entre 2008 y 2010 (véase la Gráfica 1 ). No era solo por el indicador de 222 homicidios pccmh, la matriz de acumulación social había exacerbado los delitos de secuestro y la extorsión:

Fuente: IMIP con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI.

Gráfica 1 Víctimas de homicidio y tasa de mortalidad en el municipio de Juárez, 2005-2010 

En 2010 […] cada vez se elevaban más los homicidios […] una de las cosas que a nosotros nos sorprende mucho, fue […] la extorsión y [el] secuestro, oficialmente había 10 secuestros diarios, más la cifra negra, y pegado a ello estaba el tema de la extorsión. No había un negocio en Ciudad Juárez que no fuera extorsionado. La gran mayoría de comerciantes se fueron a otra parte y los que pudieron quedarse aquí, pues pagaban la famosa cuota, el cobro de piso […] antes jamás se había dado esa situación (entrevista con funcionario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, 2015).

La delincuencia organizada, que es parte de la matriz de generación y acumulación social de la violencia, produjo una subcultura de la violencia que reproducía esta y aterrorizaba y extorsionaba hasta a maestros de primaria. El 31 de diciembre de 2010 se lanzaron bombas molotov a una escuela primaria que quemó la mitad del inmueble. «Los extorsionadores de Ciudad Juárez han exigido al personal docente de algunas escuelas la mitad de su aguinaldo, amenazando con acciones violentas en contra del profesorado y los alumnos» (^{El Nuevo Día, 7 de diciembre de 2010}).

De esta matriz nacía una cultura que servía de modelo a otros agentes que no eran narcotraficantes y se incorporaban a esta matriz social. Así surgió el Junior, que sin ser cártel extorsionaba -con diez grupos bajo su mando, cincuenta en cada grupo (^{informante 1, 2015})- a más de 300 empresas (^{El Diario, 2 de agosto de 2013}). Después de su captura y suicidio, un grupo de jóvenes asumió la extorsión, pero fueron capturados y se cerró este proceso de acumulación e incriminación (^{El Diario, 2 de agosto de 2013}). Esta matriz de acumulación social de la violencia también había crecido con el tráfico regional y nacional del poder político desde Amado Carrillo, pero con la llegada del cártel de Sinaloa a disputar la plaza y nuevas masacres, como la de los muchachos de Salvárcar, nuevamente provocó reacciones airadas de la sociedad juarense, que exigió un cambio de estrategia, el retiro de los miles de policías federales y del ejército, aunque habían sido pedidos por el propio alcalde de Juárez.

En el momento de la ruptura de la acumulación social de la violencia, la policía de Juárez y la policía federal tenían sus propias víctimas. Se había asesinado a más de cien policías durante 2010; de ellos 66 eran de la policía de Juárez, el resto policías federales. Y, sin embargo, el tráfico del poder político era casi una continuidad del ciclo de acumulación de la violencia contra las mujeres y no había un proceso que incriminara con evidencia y sanción a los perpetradores.

El tráfico de poder político presente desde 1980 hasta 1990 entre los traficantes del cártel de Juárez y las autoridades de policía estatales y federales en Ciudad Juárez y Chihuahua contribuía, sin duda, a la acumulación social de la violencia que hemos observado en los indicadores, hasta presentarse la ruptura entre 2008 y 2010. Este tráfico contribuía al crecimiento de la organización delictiva y de su poder económico y de fuerza violenta, que se convertía en una matriz social y cultural poderosa: como habitus, como disposición y modelo de acción para nuevos agentes de la violencia. Como en el caso del Junior, en el que la extorsión podía ser exigida por un chiquillo de doce años de edad sin que perteneciera a ninguno de los cárteles (^{Enseinhammer, 2014: 99}).

Las autoridades municipales reconocían este tráfico de poder político. Según el propio alcalde de Juárez (2007-2010), «la policía municipal vivía la corrupción más profunda de su historia [que requería] su extirpación más urgente» (^{Moloeznik, Shirk y Suárez de Garay, 2011}). La sociedad admitía públicamente que la delincuencia gobernaba de facto (^{La Jornada, 2010}) o en oligopolio con la violencia legítima del Estado (^{Duncan, 2014}). Sin embargo, este tráfico político se había expandido. Desde la época de Amado Carrillo, fundador y jefe del cártel de Juárez, controlaba la Policía Judicial Federal a través de su jefe (^{Hernández, 2010: 211}), que al parecer tenía que ser aprobado por él, y del «jefe de grupo antinarcóticos de la PJF que fungió también como jefe de escoltas de Amado Carrillo» (^{Hernández, 2010}). Este aparentemente lo ayudaría a incorporar al gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva (1993-1999); asi como al director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, que también terminó en prisión (^{Ravelo, 2000}). Hubo mucho más tráfico de poder político de alto nivel, pero más clandestino, que se extendió a prácticamente todas las entidades del norte del país (^{Animal Político, s.f.}). Amado Carrillo moriría en 1997, pero este proceso de acumulación social de la violencia continuó hasta 2008-2010, con la tasa de homicidios más alta de Ciudad Juárez.

Este ciclo coincidió con la recesión económica estadounidense, que afectó a las maquiladoras de Juárez. Entre 2008 y 2009 se perdieron 80 000 empleos y solo quedaba 20 % de las plantas; también cerraron 10 000 pequeños negocios, quizás debido a la extorsión, y fueron abandonadas más de 100 000 viviendas de la ciudad.

Después de eso, la violencia comenzó a descender (véase Cuadro 2). Se cerró con una combinación de acciones de la sociedad civil -de lo que se apropió el gobierno federal para llamarlo Modelo Juárez de Participación Ciudadana para la Seguridad-, el cambio de estrategia del gobierno federal y la rendición de cuentas a la sociedad juarense, los 51 Centros Comunitarios en las zonas más pobres y de mayor delincuencia, y quizás el retiro de la violencia de los propios cárteles para no calentar más la plaza.

La acumulación social de la violencia en Medellín

Medellín, ciudad de la eterna primavera de Antioquia, tenía en 2015 una población de casi dos millones y medio de habitantes, y aunque en 2002 tenía una tasa de pobreza superior a la de Ciudad Juárez (36.5 %), en 2015 había disminuido a 14.3%, aunque con un coeficiente de Gini mayor que el de Juárez (Cuadro 3).

Medellín tuvo ciclos de acumulación social de la violencia por la delincuencia en momentos distintos de los que vivieron Ciudad Juárez y Río de Janeiro. Los movimientos políticos armados contribuyeron al proceso de acumulación social de la violencia en Colombia, y marginalmente en Medellín, al instalarse cíclicamente en las comunas en diversos momentos; también con el surgimiento del paramilitarismo, apoyado por el gobierno nacional para utilizarlo como estrategia contrainsurgente y después transformarlo perversamente en movimiento político armado. Las autodefensas y el paramilitarismo fueron resultado de un proceso complejo contrainsurgente al que contribuyeron las elites sociales regionales y las fuerzas militares, incluso formalizado en el manual de combate contra guerrillas «Manual EJC-3-10» (^{Grupo Nacional de Memoria Histórica, 2013: 140}), el reconocimiento legal de los grupos privados de seguridad (^{Gaviria, 1994}; ^{Uribe, 2014}) y hasta una alianza con los narcotraficantes. Los paramilitares terminarían haciendo su contribución como matriz de la acumulación social de la violencia en Medellín, Antioquia y varias otras regiones del país, pero con un tráfico de poder político muy exitoso que los llevaría a ser representantes políticos hasta el acuerdo de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (2002-2003) (^{Gobierno de Colombia y AUC, 2003}).

El otro ciclo de acumulación social de la violencia en Medellín fue encabezado eventual y principalmente por Pablo Emilio Escobar y su red del tráfico de poder político, y de mercancías ilícitas desde la segunda mitad de la década de 1970, soslayado por una elite social beneficiada hasta provocar una ruptura de acumulación que duraría más de una década.

Colombia tuvo ciclos de acumulación social de violencia más intensa que la de Brasil y la México, especialmente Medellín y el Valle de Aburrá -con Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y Sabaneta-. El tráfico de mercancías y poder político que encabezó Escobar en Medellín dio como resultado una tasa que creció hasta 388 homicidios pccmh en 1991 y un promedio de 127.6 entre 1990 y 2013; aunque casi todos sus vecinos la superaban (^{Consejería de Derechos Humanos [CDDH], 2016}), Medellín fue considerada la ciudad más violenta de Colombia (^{Giraldo Ramírez y Preciado Restrepo, 2015: 1}). Sin embargo, disminuyó gradualmente hasta 31.7 homicidios pccmh y 9.0 en el primer semestre de 2015 (véase Gráfica 2). Cada ciclo estuvo marcado, además de por su vínculo con el tráfico de mercancías ilícitas, por una relación especial con el tráfico de poder político local y su intento de captura del mismo para cambiar los procesos de criminalización y de incriminación y justicia.

Fuente: ^{Alcaldía de Medellín (2016)}

Gráfica 2 Evolución de la tasa de homicidios en Medellín, 1980-2013 

Cada uno de los jefes que encabezaban la violencia tejió su propia red de tráfico de poder político a nivel local. Escobar tenía su base en Envigado, «la Oficina», que envolvió e hizo de núcleo del proceso de acumulación de la violencia a Medellín, con sus 16 comunas y los municipios del Valle de Aburrá. Las comunas fueron objeto de disputa territorial para la inserción social del crimen organizado, las guerrillas, paramilitares, en la actualidad de las Bacrim (Bandas Criminales) y, paradójicamente, de las propias autoridades nacionales y locales, para recuperarlas a sangre y fuego con las operaciones Orión y Mariscal. Aunque la incidencia de la violencia de las guerrillas no era tan intensa, era también una de las matrices sociales de acumulación de la violencia.

Entre las décadas de 1950 y 1970, Medellín se fue convirtiendo en un núcleo industrial importante que atrajo a desplazados y trabajadores. A partir de ello se generó este ciclo de acumulación de violencia con Escobar.

La familia de mi madre se tuvo que venir a Envigado […] la industria antioqueña era importante… [pero] no alcanzaba a absorber toda la mano de obra joven que estaba llegando y empiezan […] nuevos barrios en todas las laderas […]. Los años setentas y ochentas, coincide con ese boom de la marihuana y […] entonces, Medellín empieza a participar de una manera muy activa […] después viene la cocaína, los señores de la mafia empiezan a importar pasta de coca […] y empiezan a darse guerras por el control […] a vincular a los jóvenes […] y el sicariato […]. Empezaron los nexos con la clase política [con] la Banca en Antioquia; se acercan a los sectores populares, invierten en canchas de futbol, en campeonatos para los jóvenes, porque ahí reclutan a sus sicarios […]. Es entonces cuando esta crisis se da, llega un momento de crisis institucional tan profunda de incapacidad del Estado para contener este fenómeno (^{informante de organización ciudadana, 2016}).

Mediante el tráfico del poder político, Escobar controlaba la alcaldía de Envigado, las secretarías de Gobierno y de Transporte, el Departamento de Orden Ciudadano -ocupado por sicarios- y hasta varios alcaldes y muchos concejales, y funcionarios familiares de los socios de Escobar (^{Martin, 2014: 120}). Intentó, entonces, ser representante del Congreso. En su fracaso, intensificó brutalmente sus ataques al Estado: cuerpos de policía, jueces, candidatos, fiscales, familiares de miembros del poder ejecutivo, así como a la sociedad y los medios; fue responsable de varias masacres en Medellín y en el resto del país. En su campaña de terror, logró someter al Estado colombiano en un pacto con la propia Presidencia de la República para la no extradición y su prisión temporal en La Catedral, donde unió al Estado con la delincuencia (Perseguidos de Pablo Escobar) en la operación Búsqueda hasta su muerte, en 1993. De esta manera se cerró un ciclo en la acumulación social de la violencia con el tráfico de poder político en Medellín, pero no la Oficina.

El cierre de este ciclo y esta matriz social de acumulación de la violencia puede observarse con la caída del índice de homicidios en Medellín (véase Gráfica 2). Desafortunadamente, solo sería el preludio de otra ruptura, encabezada por el fantasma de las autodefensas y el paramilitarismo. Este había nacido para protección de la elite acosada por la guerrilla. Pero creció y se fortaleció con el apoyo del ejército colombiano, como estrategia contrainsurgente del Estado y con el beneplácito hasta de algunas autoridades eclesiales. A la muerte de Escobar, aliado y enemigo, se expandió, se fortaleció y fue muy exitoso en su tráfico de poder político. Los paramilitares capturaron el Estado penetrando en los «poderes ejecutivo, legislativo y judicial, el das (policía secreta colombiana), instituciones financieras, alcaldías, gobernaciones, e incluso algunas universidades» (^{Velásquez, 2007: 140}).

Bajo su justificación contrainsurgente y la conquista de municipios y territorios específicos, masacró a militantes o simpatizantes de izquierda acusándolos de guerrilleros. Así, cometió masacres como la de El Aro, con el apoyo soterrado y a veces abierto del ejército, o asesinó algún defensor de derechos humanos en Medellín -Jesús María Valle- acusándolo de guerrillero, o se dio a la persecución de habitantes del Carmen del Viboral, que huyeron del país.

Este otro ciclo de acumulación social de violencia y tráfico de poder político se interrumpió con la firma del acuerdo de desmovilización con los paramilitares, tras reconocerlos como movimiento político armado entre 2003 y 2005. Don Berna y otros miembros simularon su desmovilización y continuaron alimentando el siguiente ciclo de acumulación social de la violencia. Aunque el 27 de mayo de 2005 Don Berna fue capturado, y extraditado a Estados Unidos en 2008.

La violencia en Medellín, sin embargo, siguió acumulándose socialmente porque se había generado una matriz cultural de acumulación de la violencia; se había convertido en habitus, guía y modelo para reproducirse. El índice de homicidios pccmh repuntó en 2005 (35.3), 2009 (94.4) y 2012 (52.3), así como el robo de motocicletas -que creció en casi 4.5 veces- y de automóviles -que casi se duplicó. Ahora se adjudicaba la generación de este ciclo a Alias Sebastián (^{Alcaldía de Medellín, 2016}), originario del Combo 36 de la comuna 9, heredero de la legendaria Oficina; fue arrestado el 8 de agosto de 2012 (^{Hernández, 2012}). Entonces, Medellín sería controlado por los Urabeños y uno de sus jefes, Mi Sangre, también desmovilizado. Esta alternancia cambió el tráfico y la violencia en Medellín; en lugar de drogas, la extorsión y las loterías locales, que compartía con los combos locales, también habría tráfico internacional con Centroamérica y México (^{Ramsey, 2012}).

Mi Sangre fue combo y jefe típico de la zona noroccidental de Medellín simplemente como otros, quizás de algún combo de 20 o 40 representativos locales: «La aspiración era ascender a nivel profesional […] finalizando los años noventa, la Oficina era un mito. Trabajar con la Oficina era como cuando un futbolista puede llegar a las grandes ligas» (excombo, 2016). Él empezó a los 15 años, pero «hay grupos de niños entre diez y doce años […] que el único panorama que tienen visible a la mano es el grupo ilegal […]. No es normal decir que el grupo ilegal amenazó a los jóvenes para que fueran parte de la estructura» (^{excombo, 2016}). Varios de ellos buscaban trabajar con Don Berna, pero no era fácil porque eran círculos muy cerrados. Además, «nosotros combatimos contra la milicia urbana… nunca nos pareció correcto: la milicia entró a hacer un proceso de limpieza y detrás de esa gestión la contraprestación de ese servicio […] la vacuna. Nosotros como combo nunca estuvimos de acuerdo […] nunca vacunamos, nunca pedimos plata […]. De nosotros eran las plazas de microtráfico, y el hurto» (^{excombo, 2016}). Por ejemplo, «Yo era el jefe de ocho barrios en esta comuna en los cuales hay doce combos, pero en esta parte del grupo hay microtráfico y este muchacho que me manda aquí requiere de mi respaldo. Yo le digo: trabaja para mí y lo que eso produzca es para usted… y de pronto -porque eso lo tenía pactado La Terraza y la Oficina- el sicariato» (^{excombo, 2016}).

En alguna comuna donde hay ocho combos y «combitos, parches de esquina» (^{excombo, 2016}), un día llega alguien y «te dicen a partir de ahora van a ser parte de la Oficina y van a trabajar así… Llega Don Berna y me dice: ¿cuántos son ustedes? Les vamos a pasar tantas pistolas, motos, carros, para que coordinen […]. La primer dotación […] fueron tres AK, cuatro 9 milímetros y un Mazda» (^{excombo, 2016}). Era un modelo empresarial, con diferentes órdenes jerárquicos. Este modelo se convirtió en una empresa de empresas. Sin embargo, ocurrió el cierre de este proceso: un día «nosotros nos desahuciamos, ya no hay remedio […] que te digan estás condenado a cuarenta años. Yo dije: me chingué, la cagué» (^{excombo, 2016}). Esta era la matriz social y cultural del proceso de acumulación social de la violencia y de tráfico de poder político, que terminó con la muerte de muchos líderes, desmovilización y acuerdos, prisión y extradición, que ha ido cerrando estos procesos.

La acumulación social de la violencia en Río de Janeiro

Río de Janeiro, con 6.3 millones de habitantes en 2010, es una ciudad con más población que Ciudad Juárez y Medellín. Sorprende que tiene 6.26 % de población pobre, menos que Juárez y Medellín. Y es que los pobres de Río antes eran un 18.09 %. Sin embargo, su coeficiente de desigualdad, de 0.62 en 2010, era mayor que el de Juárez, de 0.419, y el de Medellín, de 0.538.

La primera ruptura del fantasma de la violencia en Río de Janeiro la instaura la dictadura militar como gobierno (1964-1985). Dentro de ella surge la otra ruptura, que tiene como matriz social una diversidad de mercados ilícitos. Entre 1950 y 1960 existieron:

Mercados de regate […con] mercancías de contrabando o robadas y servicios «indeseables»; mercados de placer y vicio […de] drogas, mujeres, juegos de azar […] préstamos de alto riesgo, comercio fraudulento de empresarios […] que financian […] mercados ilícitos […]. Los mercados informales [e…] ilegales que siempre existieron en Río […] confinados a algunas áreas […] la prostitución popular en el Mangue y las bocas de fumo en las favelas, se expandieron en forma extraordinaria en la década de 1970 (^{Misse, 2010}: 23).

Aunque una dictadura anterior (Getulio Vargas, 1937-1954) instauró una práctica y cultura perversa que pervive: la gente les llamó «escuadrones de la muerte» para «hacer justicia» y su frase es el bandido bueno es el bandido muerto. El «núcleo de la espiral de acumulación social de la violencia» (^{Misse, 2010: 22}) que siguió se alimentó de esos mercados ilegales, incluido el jogo do bicho (quiniela clandestina), el de cocaína y el mercado de mercancías políticas.

La acumulación social de la violencia terminó consolidándose en Río mediante el tráfico de drogas, el violento sometimiento de las favelas por el tráfico y las milicias, y el tráfico de mercancías políticas (^{Misse, 2010}): desde el nivel más inmediato con la propia policía militar y la apropiación de las representaciones políticas locales, la consolidación de los mercados ilegales del ingreso de la cocaína desde Colombia -las FARC introducen 70 % de la cocaína que circula en Brasil-, el narcomenudeo para su consumo y el tráfico de cocaína a África y Europa.

A pesar de que varios de los grandes jefes del tráfico han sido condenados a 320 años de prisión en Bangú -como Fernando Fernandinho Beira Mar, alguna vez el Emperador de la droga de Río- para tratar de cerrar estos ciclos y estas matrices de acumulación social y cultural de la violencia, las organizaciones que someten a las favelas no desaparecen y se vuelven parte de nuevos ciclos de acumulación de la violencia; someten a más jóvenes y moradores de las favelas y generan representaciones éticas contradictorias de los traficantes: «Porque no necesariamente, aquellos que se hacen parte de esta red son personas malas, […] van ayudando a la gente de la comunidad, generando una admiración y fascinación del poder de quienes forman parte del tráfico […] dentro de la comunidad y por la vida que se lleva dentro de ella» (^{extráfico de Río, 2016}).

Este exjefe del tráfico en Cajú, arrestado tres veces y con varios años en prisión, de no ser por Afro Reggae, una acción poderosa de esta organización civil originaria -nacida en Vicario Geral, lugar de una masacre perpetrada por la policía militar-, no hubiera roto con esa acumulación y ese camino. Afro Reggae «fue la luz al final del túnel. De no ser por ella, hoy en día estaría preso o muerto. Y aunque vivo dentro de la ley […] no estoy exento de los abordajes de la policía y los secuestros» (^{extráfico de Río, 2016}).

Siendo tráfico era extorsionado por la policía para seguir libre y no morir. Finalmente pagó «el rescate» para cambiar de vida: «mientras uno no esté al día con la justicia hay que cambiar de ciudad, irse y rezar para que ningún policía lo encuentre, porque si lo encuentra, lo secuestra» (^{extráfico de Río, 2016}). En la favela «vivimos en una prisión sin muros […] en la favela se crece con el poder paralelo, del asistencialismo del tráfico y la policía militar». Este es el tráfico de poder político sin cierre del proceso (^{extráfico, 2016}).

En el tráfico de drogas también han estado implicados senadores y diputados, como los atrapados en flagrancia con 450 kilos de pasta base de cocaína en un helicóptero de su propiedad que no son investigados, juzgados ni llevados a prisión por el tráfico de poder político, como en Ciudad Juárez y Medellín (^{Fórum, 21 de marzo de 2016}).

Esta corrupción y tráfico de mercancías políticas de la elite política ha estado presente emblemáticamente en los casos del mensalao y el lava jato; también en Río de Janeiro, desde la compra de votos hasta la corrupción en las obras para los Juegos Olímpicos con las que ha llevado a prisión a los exgobernadores de Río Garotinho y Amaral, y a los empresarios más ricos de Brasil. Este tráfico es parte de la matriz de acumulación social de la violencia en medio de otra enorme crisis económica en Río y en Brasil, con su cuarto año de recesión económica de varias ocurridas en los últimos 25 años.

En este proceso de corrupción sistemática y acumulación social de la violencia en Brasil se fue incrementando el homicidio. Entre 2004 y 2014 creció aproximadamente de 27 a 29 homicidios pccmh (^{Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2016}); aunque Río de Janeiro es una de las tres entidades federativas con mayor índice de homicidios en 2004 con 48.1 homicidios pccmh, disminuyó a 32.1 en 2014. En 2015 la ciudad de Río tenía 18.5 homicidios pccmh (véase Gráfica 3). Además, las «muertes por intervención policial» se redujeron notablemente desde la creación de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en 2008, aunque el número de robos creció de 20 000 a 60 000 de 2003 a 2015 (^{Coelho y Almeida, 2016: 10, 13}).

Fuente: ^{Coelho y Almeida (2016: 6)}

Gráfica 3 Homicidio doloso por región del estado de Río de Janeiro, 2003-2015 

Conclusiones

La acumulación cíclica social de la violencia en Ciudad Juárez, Medellín y Río de Janeiro se originó en el tráfico de mercancías ilícitas, el tráfico de poder político y los procesos de criminalización y procuración de justicia, pero de manera distinta. Las rupturas en esos procesos de acumulación marcaron históricamente la vida cotidiana de las tres ciudades con el surgimiento de nuevos fantasmas de criminalidad: los feminicidios en Juárez y el narcotráfico, luego más narcotráfico y más extorsión, secuestro y homicidios con su propio tráfico de poder político local, regional y nacional. Los fantasmas de ruptura en Medellín surgieron también con el narcotráfico organizado como empresa, pero también con el paramilitarismo acompañado del tráfico del poder político como instrumento contrainsurgente del Estado colombiano contra la guerrilla, que hacía su propia contribución a la acumulación social de la violencia, hasta capturar el propio Estado. En Río el fantasma de la violencia parecía surgir con el narcotráfico, pero llegó precedido de una dictadura militar y una violencia institucionalizada que terminaba en territorios y poblaciones muy específicas, las favelas y pretos, sitiados en prisiones sin muros por los traficantes y la policía militar, que sigue creyendo que el bandido bueno es el bandido muerto hasta la llegada de las UPP.

Las matrices sociales de acumulación de la violencia habían producido en ese proceso un elemento adicional para su reproducción y expansión: una matriz cultural. Esta matriz cultural de acumulación social de la violencia, de tráfico de mercancías y tráfico de poder político, es «habitus […] disposición […] y cultura-identidad […] vivida por los actores violentos [y autoridades omisas o cómplices]» (^{Giménez, 2005}). Pero no solo como representaciones -modelos de- sino también como «orientaciones para la acción» (^{Giménez, 2005}), para emprender más acciones de acumulación de la violencia.

En Juárez, como en Medellín y Río, en estos procesos de acumulación social de la violencia los procesos de criminalización y de procuración de justicia fueron distintos. En Juárez, en la primera ruptura de acumulación las autoridades descalificaron a las víctimas y se sumaron así a la matriz social de generación de violencia contra las mujeres y a la impunidad de los perpetradores. La movilización organizada y masiva de las mujeres, y después una sociedad civil muy heterogénea, contribuyeron a la contención de la violencia y a cierto tipo de resiliencia, pero muy poco a la procuración de justicia. En Medellín, en la primera ruptura hubo un acoso y se aterrorizó directamente a los representantes del Estado: policiales, judiciales, políticos, y a la sociedad. Las representaciones del fantasma de los perpetradores -su criminalización- fueron siguiendo las metamorfosis de ellos mismos: Escobar y la Oficina, paramilitares y ejército, las milicias, los combos, las Bacrim. Esta última representación de la criminalización no era tan precisa en Juárez; en Brasil no era homogénea y hasta había representaciones de criminalización de los sujetos confrontadas entre diversos sectores de la sociedad y el Estado.

La ruptura de acumulación social de la violencia de Escobar y su grupo en Medellín tuvo indicadores muy superiores a los de Juárez y Río, posiblemente primero por su peculiar forma de hacer ese tráfico del poder político: asesinando, secuestrando y aterrorizando principalmente a los representantes del Estado y los medios que no aceptaban hacerse parte del tráfico del poder político, sin importarle aterrorizar a la sociedad; también por el tráfico de mercancías políticas con los combos de las comunas, ofreciéndoles recursos, armas, tráfico de drogas y cierta autonomía en su territorio a cambio de narcotráfico y servicios, como el sicariato. En esta situación, las milicias urbanas de la guerrilla hacían una contribución variable a este ciclo de la violencia en Medellín.

En la ruptura de acumulación de la violencia encabezada por los paramilitares, aunque con una notoria reducción, su contribución histórica se sostuvo en la connivencia y tráfico de poder político con el Estado nacional colombiano como estrategia contrainsurgente, pero también como matriz social de la violencia, desde donde los paramilitares traficaban droga y extorsionaban y masacraban con la justificación de que las víctimas eran simpatizantes y cómplices de la guerrilla, para beneficio personal y hasta para lograr ser representantes políticos de diverso orden local y nacional y llegar al Congreso Nacional de Colombia.

A la primera ruptura de acumulación social de la violencia en Río de Janeiro en la década de 1980, identificada así por ^{Misse (2010)}, contribuyeron la dictadura militar con su represión y la elite social brasileña con su fantasma del comunismo y la criminalización del bandido, representada en la frase que sigue viva más de sesenta años después: bandido bom e bandido morto (fbsp, 2016: 6). Esto, como en Juárez y Medellín, sustentada en el tráfico de drogas, el tráfico de poder político, así como en el sometimiento de las favelas. Desde ahí, desde esa prisión sin muros, como se vive en la favela del Morro, los traficantes de drogas traficaron también con toda clase de mercancías políticas, hasta crear su propia organización de comandos (tercero, puro, amigo de los amigos…), bocas de fumo, gerentes, donos, soldados, matriz de acumulación social de la violencia. Sometidos, como lo sostiene un excombo de Medellín, nadie los obliga a hacerse parte del tráfico y aunque tengan solo 12, 13, 14, 15 años de edad, libremente en su prisión sin muros, varios se hacen parte de esa matriz social de violencia.

El tráfico del poder político de las elites brasileñas ha contribuido también a cada una de las crisis en los ciclos de acumulación social de la violencia desde el golpe militar, el tráfico de drogas y los grandes procesos de corrupción del mensalao y el lava jato.

En cada ciudad y país se tuvo que ser muy creativo para construir una nueva matriz social y cultural de resiliencia que reemplazara las de acumulación social y cultural de la violencia. Se requería no solo sobrevivir, sino renovarse para resurgir, reinventarse social y culturalmente, frente a la adversidad de la violencia. Quizás por esto, Alain Touraine señalaba que la ética es el motor del cambio social, no la economía ni la política, porque nos proyecta como debería ser la realidad y no como la padecemos (^{Touraine, 1995}).

Es difícil, solo por los índices de violencia, afirmar qué ciudad la padeció más. Pero parece que Medellín, con el gobierno nacional, tomó las acciones de mayor impacto en la reducción de la violencia (^{Escobedo, Ramírez, Lovera y Patiño, 2016: 14-15}) y de mayor generación de resiliencia. Aunque se señale que pudo haber sido resultado de acuerdos entre las propias organizaciones delincuenciales, «como la famosa tregua liderada por la ‘Oficina de Envigado’ […] tregua entre bandos para no calentar la plaza […] pero las dinámicas criminales siguen vigentes» (^{Escobedo et al., 2016: 17-19}). Sin embargo, se creó resiliencia a la acumulación social y cultural de la violencia porque se crearon nuevas subjetividades políticas con nuevas prácticas políticas y nuevas organizaciones políticas, que reemplazaron las matrices sociales y culturales violentas clientelistas y de tráfico de mercancías políticas. Por esto consideramos que los acuerdos de desmovilización han contribuido a la construcción de resiliencia por sus nuevas formas de hacer política y de procuración de justicia; pero también el reclamo de paz expresado por la sociedad local de diversas formas, como las organizaciones ciudadanas y culturales de las propias comunas y las organizaciones de la sociedad civil. Desde la sociedad civil también se construyó resiliencia cuando decidió hacer política de otra manera, como lo hizo Compromiso Ciudadano, con un proyecto político de conquistar el poder y la búsqueda de los acuerdos políticos de los actores con autoridad para realizarlos.

Esto obligó al Estado a construir nuevas relaciones ciudadanos/gobierno de las comunas más vulnerables y más afectadas por la violencia -saldar esa deuda social, recuperar las calles y los procesos de democracia participativa, fortalecimiento de las comunidades y nuevos procesos recíprocos de rendición de cuentas-; nuevos procesos de procuración de justicia -aun con la controvertida justicia transicional y los acuerdos de desmovilización-, y la transformación y el debilitamiento del habitus de la ilegalidad y la violencia para cultivar una matriz social de la convivencia, de justicia y mayor confianza en los gobiernos locales y nacionales del Estado.

Este proceso de acumulación social de resiliencia, como su contraparte de acumulación social y cultural de la violencia, se fue cultivando durante décadas como una matriz de acumulación social de resiliencia que contribuyó a debilitar esas matrices de acumulación social de la violencia, aunque no las reemplazara completamente. Como lo señalan ahora (agosto de 2018) los nuevos herederos de la Oficina de Envigado de Escobar y Don Berna, que buscan un acuerdo de desmovilización y un proceso de justicia transicional:

No tenemos el control de Medellín, solo de una parte de la ciudad. No somos más poderosos que las instituciones del Estado… [pero] los programas sociales que hay ahora en Medellín, son insuficientes para resolver las causas estructurales de la criminalidad […] las autoridades «nunca van a recuperar el control territorial a sangre y fuego» pero podrán hacerlo con intervención social […] gran parte de la comunidad está con nosotros porque llenamos vacíos que deja el Estado [y aún] tienen policías que están en la nómina de la Oficina (^{Croda, 2018: 41}).

Los proyectos y las acciones de renovación no provinieron solo de la sociedad civil, sino también del propio Estado, además de su gestión policial, sus acuerdos de desmovilización y su política criminal. Aunque es difícil, intentemos identificar de dónde surgieron estos movimientos de cambio y renovación de la política, del seno mismo de diversas instituciones políticas del Estado -autopoiéticamente como resiliencia-. Uno del poder judicial y de la procuración de justicia; también del propio congreso y de partidos políticos de Colombia (^{Martin, 2014: 201}; ^{Sintura, 2016}; ^{Semana, 1987}, ¹⁹⁹⁶; ^{Redacción Judicial, 1991}). En Medellín, como en Río, varios congresistas, fiscales y jueces lucharon por hacer justicia y evitar ser cooptados por el tráfico de poder político de narcotraficantes, paramilitares y la guerrilla. Pagaron un precio muy alto; muchos de ellos con su vida, el secuestro y el miedo latente o la amenaza explícita, el terror y el dolor de ellos y de sus familias (^{Sintura, 2016}; ^{Semana, 1987}, ¹⁹⁹⁶; ^{Redacción Judicial, 1991}). Esto casi nunca fue así en Juárez. También desde la Presidencia de la República, con la Consejería Presidencial (^{Departamento Nacional de Planeación, República de Colombia, 1991}) y los propios alcaldes, con su facultad constitucional de primera autoridad policial y de asumir una gestión policial más cercana a la comunidad.

En los procesos de resiliencia y transformación del Estado y la sociedad en Río de Janeiro también han contribuido su Congreso Estatal, el Congreso Nacional e instituciones judiciales como el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, con una gran diferencia: los grandes procesos de corrupción en la captura del Estado mediante el mensalao y el lava jato no han contribuido a desmantelar las matrices de acumulación social de la violencia y el tráfico de las mercancías políticas en las favelas, sometidas violentamente por la delincuencia organizada y una policía militar especialmente represiva. Por esa razón, las Unidades de Policía Pacificadora y el Congreso del Estado de Río de Janeiro han sido quizás las mayores productoras de resiliencia, renovación y transformación de una gestión policial con la comunidad para reducir la violencia de la ciudad de Río.

Pero más que las masivas y valiosas manifestaciones de protesta de la ciudadanía brasileña y la acción de Viva Río con sus propuestas, la acción cultural de organizaciones como Afro Reggae y Central Única das Favelas (CUFA), así como las alianzas de las favelas con las UPP, son quizás las que han hecho mayores aportaciones a la resiliencia en contra de la violencia desde la acción ciudadana y desde adentro de las propias favelas de Río de Janeiro, como un actor político renovado resiliente.

En Juárez quizás la mayor contribución a la resiliencia provino de la sociedad civil, desde la movilización de mujeres hasta crear un movimiento nacional en demanda de justicia y el cambio de estrategia de la mesa de seguridad, con sus Centros Comunitarios, el Modelo Juárez de Participación Ciudadana para la Seguridad y los medios, con sus víctimas, que quizás afectó el tráfico político ◊