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Este texto trata sobre la evolución del fenómeno de la desaparición forzada en América Latina y en México en particular. Es importante comenzar el análisis con la definición del fenómeno en cuestión. Según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de las Naciones Unidas, de 2006, la desaparición forzada se define como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.1
Así definida, la desaparición forzada de personas es uno de los crímenes más graves que existen en el panorama mundial. Es un delito de carácter permanente e imprescriptible -hasta que no se localiza a la víctima, se sigue perpetrando-, múltiple y pluriofensivo, porque lesiona diferentes derechos humanos de la víctima directa (por ejemplo, los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, entre otros) así como de sus familiares, comunidad y sociedad en su conjunto. De hecho, la sociedad tiene el derecho inalienable de conocer la verdad y las circunstancias que motivaron la comisión del delito. Además, como lo señala la Corte Penal Internacional (CPI), su implementación sistemática y generalizada puede constituir un crimen de lesa humanidad “cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.2
Este crimen ha tenido amplia difusión en casi todos los países de América Latina. Si bien las cifras registradas por los órganos de gobierno y la sociedad civil representan parcialmente la magnitud real del fenómeno, el número de personas desaparecidas comenzó a crecer de manera alarmante en la segunda mitad del siglo pasado, especialmente a partir de los años sesenta y setenta, en los regímenes militares del Cono Sur y durante los conflictos armados internos. La desaparición forzada se convirtió en la forma más alta de represión política en el contexto de la Guerra Fría y la “Doctrina de Seguridad Nacional”, y operaba como respuesta al temor de que surgiera una izquierda latinoamericana más cercana a la Unión Soviética y al bloque comunista. Esto queda de manifiesto con la Operación Cóndor en los setenta: un plan coordinado por los gobiernos militares con la finalidad de detener, intercambiar y eliminar a opositores políticos, bajo la coordinación e influencia de algunos aparatos del gobierno de los Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). En ese periodo, la práctica de la desaparición forzada perseguía entre sus objetivos principales obtener información de las víctimas, “eliminar” a los líderes de la oposición o guerrilleros de manera impune e intimidar la población y evitar la movilización social.
En México, durante el régimen autoritario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el descontento se exacerbó desde la década de los sesenta entre algunos sectores de la sociedad civil, que abogaba por mayores derechos y libertades. En este contexto, las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares llevaron a cabo una política de represión contra estudiantes, indígenas, campesinos, guerrilleros, activistas sociales y cualquier sospechoso de ser parte de un movimiento de oposición. La persecución contra los estudiantes alcanzó su punto máximo cuando las fuerzas de seguridad del Estado mataron extrajudicialmente a un número aún indeterminado de manifestantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, Ciudad de México, el 2 de octubre de 1968. La creciente tensión entre el gobierno y la disidencia interna y el uso siste mático de la represión llevaron a la radicalización de algunos grupos, que se articularon en organizaciones clandestinas guerrilleras. Mediante la Recomendación 26/2001 del 27 de noviembre de 2001, la CNDH documentó 532 casos de presuntas desapariciones forzadas en el marco de la llamada Guerra Sucia, destacando claramente la responsabilidad del Estado mexicano en la perpetración de este crimen.3 El fenómeno fue intenso en la región centro-sur del país, particularmente en el estado de Guerrero, donde se formaron y desarrollaron los principales grupos guerrilleros desde la década de 1960.4
A pesar de la transición de varios países latinoamericanos a la democracia entre la década de 1980 y el nuevo siglo, las desa pa ri cio nes continúan siendo cometidas por actores estatales y no estatales como el crimen organizado, las milicias paramilitares y los grupos guerrilleros, en un contexto social y político caracterizado por instituciones democráticas débiles y frágiles, profundas desigualdades, una corrupción político-institucional a veces endémica y políticas neoliberales muy agresivas.5
Así, el contexto en el que ocurren muchas desapariciones obliga a un replanteamiento, que se describe a continuación. En la actualidad, las desapariciones,
Son llevadas a cabo por fuerzas de seguridad de los Estados o por grupos paramilitares en el marco de las guerras contra las drogas y el crimen (“guerra contra el narcotráfico” en México, políticas de “mano dura” en Centroamérica y Brasil).
Se utilizan para reprimir la protesta y silenciar a activistas que luchan contra políticas neoliberales.
Se emplean por los grupos del crimen organizado, en muchos casos con la colaboración de funcionarios del Estado.
Ejecutadas en contextos de inmigración, tráfico o trata de personas.
Sobre la situación mexicana, el fenómeno de las desapa riciones en México comienza a configurarse como una práctica extendida en gran parte del territorio nacional en el marco de la violencia producida por la militarización de la segu ridad pública (la llamada guerra contra el narcotráfico impulsada por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa desde 2006) y por la paramilitarización de los grupos criminales. Entre 2006 y 2023, se produjo un crecimiento exponencial de las desapariciones en el país: en dicho periodo, se registró un porcentaje de crecimiento superior al 98%. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas muestra hoy un total de más de 112 000 personas desaparecidas y “no localizadas”.
Perfil de las desapariciones forzadas en México en la era actual
Ante la magnitud de este fenómeno, es necesario tratar de responder a la necesidad de verdad y justicia de miles de familiares de personas desaparecidas. Es imprescindible entender cuáles son las razones que llevaron a la multiplicación de los casos, quiénes son los perpetradores y cuál es el perfil de las víctimas. La contextualización y la definición de los patrones del fenómeno se configuran como tareas enormes en México, por diferentes razones.
En primer lugar, hay una falta de información oficial y confiable. El Registro Nacional, por ejemplo, si bien fue un avance importante, no distingue entre desapariciones forzadas y desapariciones perpetradas por particulares, y tampoco está actualizado. Además, no muestra nombres ni fotografías ni permite mayor análisis para entender la catástrofe o prevenir nuevos casos. Las estadísticas por sí solas no son suficientes.
En segundo lugar, debe considerarse la impunidad crónica que afecta al país. Según la información más reciente proporcionada al Comité contra la Desaparición Forzada por el Estado mexicano, (en 2022),6 al 26 de noviembre de 2021 sólo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2% y el 6%, habían sido judicializados, y sólo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional. La impunidad y la falta de investigaciones efectivas no permiten, por ejemplo, distinguir claramente entre la desaparición forzada y la cometida por particulares. Aunque no intervengan directamente servidores públicos en la detención o privación de la libertad de la víctima, no se puede concluir que no se trata de una desaparición forzada, pues el hecho pudo haber sido tolerado o consentido por una autoridad: esto sólo puede determinarse cuando se realizan las investigaciones necesarias. En este sentido, si bien la verdad judicial no es necesariamente la verdad histórica, los contenidos de procedimientos judiciales bien desarrollados serían instrumentos fundamentales de conocimiento.7
En tercer lugar, las características intrínsecas del crimen y el tipo de violencia que hoy caracteriza al país hacen que los contornos del fenómeno sean aún más opacos. La desaparición forzada es el “crimen perfecto” porque se caracteriza por la invisibilidad, el secreto y la impunidad. Es un crimen que nunca sucedió. En México, esta característica se amplifica por la impunidad y la extensión de la violencia.
De acuerdo con testimonios de familiares de víctimas, a la falta de conocimiento sobre el fenómeno, se suma la voluntad de las autoridades de enmarcar los casos dentro de una narrativa que minimiza y criminaliza, etiquetándolos como eventos aislados causados por peleas entre narcotraficantes y, en consecuencia, deslindándose de sus propias responsabilidades.
A pesar de estas resistencias, el perfil de las desapariciones en México se ha vuelto más claro gracias a los testimonios de los familiares que, reunidos en sus propios colectivos, con el apoyo de algunas organizaciones y a partir de un análisis de contexto, logran identificar similitudes y diferencias presentes en los casos, modus operandi de los perpetradores y grupos criminales, y autoridades involucradas en los hechos. Por ejemplo, durante una investigación llevada a cabo en Coahuila, observé cómo diferentes colectivos lograron definir las características de las desapariciones de personas en un contexto violento caracterizado por la presencia de un vínculo sólido entre los aparatos estatales y el crimen organizado.
1. Motivaciones
Con respecto a las motivaciones detrás de las desapariciones, la afirmación de que las nuevas desapariciones ya no son como en el siglo XX, es decir, por razones políticas, parece demasiado simplista. Como lo muestran las desapariciones en contra de los activistas sociales y políticos de hoy, parece más correcto interpretar esta nueva ola a la luz de un nuevo contexto sociopolítico y económico neoliberal violento. Como bien lo explica la antropóloga Carolina Robledo, “trata de personas, explotación de mano de obra, asesinatos selectivos, tráfico de órganos, detenciones ilegales, secuestro extorsivo son prácticas contemporáneas que se suman a las tradicionales formas de desaparecer heredadas de la Guerra Sucia y que conviven con formas tradicionales de represión y violencia política”.8
Este nuevo contexto es el resultado de un tortuoso proceso de democratización política y agresiva liberalización económica que, a partir de los años ochenta, ha afectado la capacidad del Estado mexicano de regular la vida de los ciudadanos y manejar o controlar las tensiones sociales.9 La aplicación de las políticas neoliberales se ha caracterizado por la privatización masiva y rápida de bienes y empresas públicas, y por la apertura comercial en varios sectores como el agropecuario, minero, energético y financiero. Si bien esta política ha sido un éxito en cuanto a la integración comercial de México con el exterior (sobre todo con Estados Unidos, a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994), ha acentuado la precarización laboral y salarial, la ocupación informal, el desempleo, la polarización social, la concentración de la riqueza y la desigualdad social.
Estos factores, junto con las nuevas oportunidades de ganancias económicas, la crisis del antes partido hegemónico (el PRI) y el desmoronamiento del sistema autoritario hacia un sistema político fragmentado, han favorecido el crecimiento de organizaciones criminales. Hoy en día, éstas se configuran como grupos paramilitares -dado su poder militar y su capacidad de control capilar del territorio y de la sociedad- y como empresas dedicadas no sólo al narcotráfico, sino a una amplia gama de actividades ilegales y legales como el tráfico de armas, la trata de personas, la extorsión, el tráfico ilegal de madera, entre otras. En este contexto, la desaparición de personas comenzó a configurarse como un mecanismo de control social, al que se recurre para generar parálisis en la población y extraer recursos económicos de cualquier tipo a cualquier costo.
Desde una perspectiva geopolítica más amplia, las desapariciones perpetradas en áreas ricas en recursos energéticos o minerales como el carbón, el petróleo o el shale gas (o gas de lutita) parecen responder a una “estrategia de terror” que induciría a las personas a la parálisis y al desplazamiento forzado, para dar paso a la instalación de empresas extranjeras o de organizaciones criminales.10
Desde este enfoque, pueden interpretarse las desapariciones de líderes comunitarios, activistas y periodistas que informan, denuncian y organizan la protesta contra empresas multinacionales o contra el desarrollo de megaproyectos que perjudican a comunidades indígenas. Así, las desapariciones de personas en México hoy parecen tener razones tanto político-sociales como económicas y criminales.
2. Perpetradores
En este nuevo entorno, muy complejo, es necesario remarcar una vez más la participación de actores estatales y no estatales en la comisión de este crimen. Como lo señala el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU,11 las desapariciones forzadas “continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal”. Además, la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y múltiples grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos.
Por ejemplo, las desapariciones ocurridas en el noreste del país durante los primeros años de la “guerra contra el narcotráfico” parecieron responder a la necesidad de grupos criminales paramilitares de reclutar forzadamente a personas jóvenes, para apoyar en sus conflictos contra grupos rivales y contra las fuerzas de seguridad del Estado. En Coahuila, Los Zetas u otros grupos criminales reclutaron hombres jóvenes para los más variados propósitos, como el trabajo forzado.12 Varios testimonios destacan el uso sistemático de esta práctica criminal también como un método punitivo contra rivales, deudores, así como también contra miembros mismos de las organizaciones criminales, sospechosos de haber perdido o robado dinero, drogas y armas a la organización.13
En un contexto de conflicto criminal, especialmente en algunas ciudades en disputa, como Torreón, es necesario subrayar que es probable que las desapariciones fueran perpetradas también por otras organizaciones criminales que operaban en la región, aunque con menor intensidad, como el Cártel de Sinaloa o del Golfo. Hay también casos de desapariciones de funcionarios públicos que no se sometieron a los intereses de las organizaciones criminales. Otra hipótesis, vinculada a las anteriores, pero desde una lógica más sistémica, sostiene que Los Zetas se han valido de la desaparición como un mecanismo efectivo de control social sobre la población civil, para desalentar la movilización de los ciudadanos y su posible predisposición a denunciar hechos delictivos.14
Por su parte, las desapariciones cometidas por actores estatales (o paraestatales, nacidos dentro de los límites de la legalidad) deben interpretarse como herramientas represivas e ilegales de confrontación con los grupos criminales. Con la histórica sentencia de la CIDH de 2018 por el Caso Alvarado Espinoza y Otros vs. México, el Estado mexicano fue declarado culpable de desaparición forzada por primera vez en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Y también en referencia a Coahuila, durante el periodo de declive de Los Zetas en la región, de 2011 a 2012, las desapariciones perpetradas por las fuerzas especiales de seguridad parecían ser atribuibles a la estrategia de luchar contra este grupo criminal de manera extralegal, a menudo matando, torturando o desapareciendo a personas inocentes o pequeños traficantes sospechosos de pertenecer al grupo.15
Respecto al papel que desempeña el crimen organizado, es interesante notar que el mayor número de desapariciones de personas y fosas clandestinas se encuentran en las regiones controladas por organizaciones criminales que han hecho de la violencia brutal su seña de identidad. Sin embargo, también son lugares donde hay mayores intereses en sectores económicos estratégicos: minería e hidrocarburos. Aunque necesitamos investigaciones mucho más precisas a nivel local, las zonas más violentas y donde se cometen los crímenes más atroces parecen ser territorios muy ricos en recursos estratégicos. Superponiendo mapas, es posible notar, de manera muy general, una posible relación entre la influencia de los grupos criminales, la distribución territorial de las desapariciones y de fosas clandestinas, y la distribución de concesiones mineras, así como de zonas de exploración y producción de hidrocarburos. Ver el mapa 1 a continuación.
Fuentes: Concesionesmineras, CartoCrítica, Investigación, mapas y datos para la sociedad civil, https://cartocritica.org.mx/; Desaparecidos, Gobierno de México, Secretaría de Gobernación, Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), https://comisionacionaldebusqueda.gob.mx/rnpdno/; Zonas de influencia de grupos criminales y territorios en conflicto, Congressional Research Service, Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations, 2022, p. 10, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R41576; Exploración y producción de hidrocarburos, CartoCrítica, Investigación, mapas y datos para la sociedad civil, https://cartocritica.org.mx/; Distribución territorial de las fosas clandestinas, “El país de las 2 mil fosas”, A dónde van los desaparecidos, https://data.adondevanlosdesaparecidos.org/
Mapa 1 Comparativo de zonas
De hecho, el crimen organizado ha entrado en estos sectores y diversificado sus ingresos. Hay muchos casos en México en los que la violencia ha ido de la mano de la entrada de grupos criminales a sectores económicos estratégicos. En los estados de la costa este (Veracruz y Tamaulipas), grupos vinculados a Los Zetas y al Cártel del Golfo han incursionado en el robo y reventa de petróleo, gasolina y gas, compitiendo de hecho con empresas legales en la distribución de energía. En Guanajuato, en el centro de México, la pugna entre el Cártel de Jalisco y el Cártel de Santa Rosa de Lima por el control del territorio y el mercado de combustible robado ha sido una de las razones del aumento exponencial de homicidios y desapariciones de personas. En respuesta, el presidente López Obrador ha decidido (en contra de su propia retórica antimilitarista) enviar a la Guardia Nacional, una nueva fuerza policiaca-militar.
En Coahuila, Los Zetas controlaban -gracias al ejercicio de la violencia y la impunidad garantizada por el nexo con el gobierno local entre 2005 y 2011- partes del sector minero y comercial del carbón, del que la región representa el 95% del total de las reservas nacionales.16
En el estado de Michoacán, el aumento vertiginoso del precio del mineral de hierro y la creciente demanda china han contribuido a un aumento en el nivel de violencia, tensiones y conflictos entre grupos criminales paramilitares (Los Zetas, Familia Michoacana, Caballeros Templarios, Cartel de Jalisco), fuerzas de seguridad del Estado y otros actores (empresas siderúrgicas, empresarios chinos, terratenientes, grupos de autodefensa). Los Caballeros Templarios han estado especialmente activos en el sector. Gracias a su control del puerto de Lázaro Cárdenas, frente al Pacífico, se estima que entre 2011 y 2014 el grupo ganó más de 70 millones de dólares al año por la venta de hierro.
Al sur de Michoacán, en Guerrero, organizaciones como Los Rojos y Guerreros Unidos operan en la región del llamado Triángulo Dorado donde se encuentra la mina de oro más grande del país, Los Filos. Estos grupos sembraron el terror en la región, asesinando, secuestrando e imponiendo cuotas exorbitantes a la población que arrendaba los terrenos a Gold corp, la empresa canadiense propietaria de la mina. Esta violencia ligada al control de mercados y recursos estratégicos ha producido, por tanto, un aumento significativo de desapariciones y fosas clandestinas.
3. Víctimas
Aunque la mayoría de las desapariciones siguen afectando mayoritariamente a hombres jóvenes en edad escolar y laboral de entre 15 y 40 años, éstas se extienden también a otras personas, con o sin militancia social o política, sospechosos por cualquier circunstancia o señalados por funcionarios públicos de los diferentes gobiernos de pertenecer a bandas del crimen organizado. Las desapariciones pueden afectar indistintamente a hombres y mujeres, niños y niñas, personas indígenas, campesinos, estudiantes, migrantes y defensores y defensoras de los derechos humanos. También a periodistas y profesionales a quienes necesita el crimen organizado, como abogados, químicos e ingenieros, e incluso a políticos y funcionarios estatales.
Es notable el incremento de desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó durante la pandemia de COVID-19. Dichos casos corresponderían a desapariciones vinculadas a la violencia sexual y el feminicidio, además de las ocasionadas por el reclutamiento y las represalias de las organizaciones criminales. También se reportan desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual.17
Las comunidades indígenas también se han visto afectadas por desapariciones. Éstas ocurren principalmente en el contexto de conflictos sociales y territoriales vinculados con el desarrollo de megaproyectos de índole minera o energética, o tras el despojo o acaparamiento de tierras para su explotación económica por parte de grupos del crimen organizado u otros actores privados, con diferentes niveles de involucramiento o aquiescencia de servidores públicos.18
Existen además patrones de desapariciones específicos a algunas entidades federativas. A modo de ejemplo, se ha notado el aumento de desapariciones de personas a la altura del kilómetro 26 de la carretera 85 de Monterrey a Nuevo Laredo, principalmente de conductores de vehículos de transporte pesado y sus acompañantes (206 casos de 2010 a 2021).19
Finalmente, es importante subrayar que la tragedia de las desapariciones está íntimamente ligada a la crisis forense que enfrenta el país. Según los datos públicos, más de 52 000 personas fallecidas sin identificar yacen actualmente en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense. Esta cifra, a pesar de su magnitud, no incluye los cuerpos todavía no localizados, ni los miles de fragmentos de restos humanos que las familias y comisiones de búsqueda recogen semanalmente en fosas clandestinas.
Los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran el 71.7% de los cuerpos no identificados.20 Los servicios forenses son insuficientes y varios de los instrumentos previstos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas todavía no han sido establecidos. No se cuenta con una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas.
Al llegar al final de este análisis, ante la magnitud y complejidad del problema, parece importante, en primer lugar, hacer precisos análisis contextuales, a partir de los datos recopilados por familias de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Para desarrollar políticas efectivas, es indispensable estudiar las características de las desapariciones a nivel local y regional, así como el perfil de las víctimas y los perpetradores. Claramente, todo esto no puede hacerse sin una lucha efectiva contra la corrupción y la impunidad, que permiten que el fenómeno se reproduzca.
En este contexto, la academia (mexicana y también extranjera) debería desempeñar un papel importante, actuando como un enlace entre los testimonios de las familias de los desaparecidos y la opinión pública, que todavía no parece ser realmente consciente de la magnitud del problema. Es importante desarrollar proyectos académicos que no produzcan conocimiento por sí mismo, sino conocimiento capaz de influir positivamente en el contexto social, político y económico que lo rodea. Es decir, se requiere una investigación académica al servicio de la sociedad. Hay que hacerlo por los miles de personas y familiares de víctimas que hoy buscan justicia y verdad en México.
