Introducción

El presente artículo expone los resultados de aproximadamente un año de trabajo respecto a la asamblea comunitaria en tanto espacio de construcción y aplicación de metodologías participativas, y el taller fundamentado en la educación popular en su naturaleza de herramienta de recolección de información.¹ A partir de la convocatoria a asambleas y la impartición de talleres sobre diversos temas, como la sistematización de experiencias, la defensa del territorio, la valorización de la cultura, la estructura organizativa, y la sensibilización sobre los geoparques, se generó una estructura que ha permitido cohesionar a nueve municipios² en el marco del proyecto Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta (GMA), que implica una visión de geoconservación y desarrollo de un territorio común, más allá de fronteras políticas establecidas arbitrariamente, y conflictos intracomunitarios con larga historia. Dicho geoparque, conformado por nueve municipios y con una superficie de 415 km², se localiza en el estado de Oaxaca, al sur de México, en la región predominantemente indígena de la Mixteca Alta (Mapa 1).

Fuente: Elaboración propia con base en ^{INEGI (2018)}.

Mapa 1 Municipios que integran el Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta 

Los geoparques mundiales son sitios reconocidos por la UNESCO debido a su riqueza y valor geológicos, y por su relación con las culturas que habitan estos lugares. Un geoparque tiene por premisa la consolidación de varios ejes rectores, como la conservación, la educación y el desarrollo sostenible (^{UNESCO, 2022b}). Es una figura relativamente nueva, pues los primeros datan de principios de la década de los dos mil. Actualmente hay 177 en el mundo y diez en Latinoamérica, de los cuales dos se encuentran en México (^{UNESCO, 2022a}). Un geoparque se distingue por contar con la asesoría técnica y académica de alguna instancia educativa, e intentar producir sinergias con los gobiernos locales, estatales y nacionales en beneficio de los pobladores que lo habitan.

Actualmente, existen diversas redes de geoparques, como la Red Global de Geoparques, la Red de Geoparques Europeos y la Red de Geoparques de América Latina y el Caribe. Estos espacios son una novedosa estrategia de desarrollo regional con alcance global que se encamina a crear alternativas de desarrollo valorizando a los territorios, las culturas que se enclavan en ellos y los conocimientos locales. También son espacios en los que se tiene la oportunidad de realizar investigación sobre diversas temáticas. Dentro del campo de las ciencias sociales, los geoparques representan posibles espacios de investigación en torno a las metodologías participativas, la interculturalidad, la generación de autonomía y la lucha indígena en el contexto del despojo territorial (^{Martínez & Haro, 2015}; ^{Valladares de la Cruz, 2017}).

En este artículo planteamos que los geoparques en el continente americano pueden ser lugares en los que se catapulten, visualicen, valoren y fortalezcan procesos epistemológicos y metodológicos construidos a través de la lucha de diversos actores latinoamericanos en favor de cambiar y mejorar las realidades de espacios excluidos política, cultural, económica y socialmente (^{Tassara & Grando, 2013}).

En este marco, la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica fue especialmente fructífera en las elaboraciones intelectuales y metodológicas críticas de un sistema hegemónico caracterizado por autoritarismos políticos, la emergencia de dictaduras militares y la violencia simbólica y física hacia poblaciones indígenas (^{Dávalos, 2005}). Esto llevó a actores académicos y eclesiales a tomar posiciones ético-políticas y a generar lo que en este artículo se denomina epistemologías disidentes, las cuales se articularon con movimientos y organizaciones campesinas, indígenas y urbanas, cuyo objetivo ha sido lograr un cambio social a partir de la alfabetización, la militancia y la formación académica.

Algunas coyunturas importantes que se presentaron en Latinoamérica durante la segunda mitad del siglo XX son la emergencia de la teología de la liberación, la pedagogía de la liberación y la filosofía de la liberación, corrientes de pensamiento a las que se agregó la Declaración de Barbados. Este gran movimiento latinoamericano dio origen a metodologías como la educación popular (^{Holliday, 2010}), la investigación acción participativa (^{Ander-Egg, 1990}), las Comunidades Eclesiales de Base (^{Bustamante, 2009}), y la investigación descolonizada o colaborativa (^{Sandoval, 2017}).

Consideramos que estas metodologías de intervención social de carácter crítico han sido poco valoradas en la academia, aunque son de gran potencial para impulsar la articulación entre comunidades-espacios sociales y universidades o centros de investigación, en aras de crear proyectos participativos que concreten alternativas económicas, políticas, sociales y culturales en espacios con aptitud organizativa. Esto beneficiaría también a procesos de investigación con posicionamientos ético-políticos claros en la construcción de conocimiento colectivo.

En consecuencia, planteamos que la asamblea comunitaria se proyecta como un espacio ideal de investigación participativa que puede redundar en el fortalecimiento de la organización comunitaria, la construcción de tejido social y la elaboración de productos académicos con impacto situado en beneficio de las contrapartes con las que se trabaja. En este sentido, aquí se retoma como caso de estudio el trabajo realizado en el Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta, en el estado de Oaxaca, México.

Epistemologías disidentes

Las epistemologías disidentes se entienden como aquellos pensamientos que conciben el “sistema mundo” en tanto lógica epistémica dominante (^{Cairo, 2009}; ^{Cuesta-Moreno, 2010}), que intenta imponer parámetros y formas de pensar a espacios con asimetrías de poder y diversidad cultural, basándose en estrategias político-identitarias, por citar un ejemplo, la etnofagia (^{Bartra, 2007}; ^{Patzi, 2000}). En estos espacios cultural, política y económicamente diversos, existen múltiples resistencias a la subyugación por parte de organizaciones, movimientos sociales y colectivos que construyen estrategias de defensa del territorio (^{Escobar, 2015}; ^{Dorronsoro, 2013}; ^{Sierra, 2011}), metodologías desde parámetros educativos que han quedado ocultos por las tendencias educativas dominantes (^{Baronnet, 2018}; ^{Ruiz & Quiroz, 2014}; ^{Gasché, 2010}), y la visibilización de relaciones de poder asimétricas en contextos de interculturalidad (^{Bazán, 2014}).

También pueden interpretarse como “rupturas epistemológicas” que evidencian otras formas de pensamiento que surgen en espacios excluidos cultural, política y socialmente, pero que proponen otras formas de hacer y pensar el mundo (^{Houtart, 2001}; ^{Borón, 2003}; ^{Bastidas, 2015}). A final de cuentas, el sistema mundo dominante suele ser interpelado por rupturas epistemológicas que por lo común emergen en coyunturas sociopolíticas específicas.

Uno de los ejemplos más contundentes de ruptura epistemológica se consolidó a lo largo del siglo XX con la sistematización de pensamientos que cuestionaron la eficacia y dominio del positivismo y metodologías apegadas a este paradigma, los cuales dominaron en gran medida el estudio en las ciencias sociales. Dos de esas primeras formulaciones disidentes al pensamiento positivista fueron la fenomenología y la hermenéutica (^{Morales, 2011}; ^{Toledo, 2009}; ^{Ruedas et al., 2009}), que buscaron dejar de medir la realidad, de comprobar hipótesis y establecer estadísticas como parámetro definitorio de los procesos sociales, y se encaminaron a encontrar la construcción de sentidos de los actores sociales que se desenvuelven en algún contexto determinado, dando así validez a los agentes en la elaboración de sus conocimientos y parámetros de vida, aunque estos no fuesen concomitantes con la norma o con las tendencias dominantes.

Latinoamérica ha sido históricamente un territorio fértil para las epistemologías disidentes. Un periodo en particular productivo para estas fue la segunda mitad del siglo XX, y uno de los ejemplos más claros al respecto, sobre todo en los territorios de habla hispana, ha sido la filosofía de la liberación (FL) (^{Retamozo, 2011}; ^{Cabaluz-Ducasse, 2016}). La FL no es una teoría homogénea, sino más bien un proceso de pensamiento complejo y heterogéneo que responde a coyunturas geopolíticas concretas.

La FL tiene sus fundamentos en planteamientos de la filosofía europea, de las corrientes específicas del marxismo (^{Teruel, 2010}), del existencialismo (^{Cardona, 2016}), de la fenomenología y hermenéutica, y de pensadores concretos como Levinas y sus reflexiones sobre la alteridad. Esta corriente de pensamiento se presentó públicamente desde finales de la década de 1960 y su influencia fue creciendo tras una serie de encuentros entre filósofos latinoamericanistas que se realizaron a partir de 1971 y que culminaron con la publicación de un manifiesto en 1973, en el que se planteó a la filosofía como un acto de reflexión concreta e históricamente situada con referentes políticos y éticos encaminados a la búsqueda de la liberación de los oprimidos, sobre todo de Latinoamérica (^{Scannone, 2009}).

La FL surgió entonces en un contexto social específico, dominado por la pobreza, la desigualdad, la hegemonía política social y cultural, y la dependencia económica e intelectual en muchos de los espacios de formación académica. De ahí que sus referentes de reflexión fueran el sentido y la función de la filosofía en un entorno de empobrecimiento humano, de reconocimiento del conocimiento que generan los pueblos, y las tensiones y conflictos que envuelven a América Latina (^{Arpini, 2010}).

Si bien al paso del tiempo se dieron duras críticas contra la filosofía de la liberación, entre las que destacan su carácter confrontativo o sus categorías dicotómicas que no permiten observar la complejidad de la realidad (^{Samour, 2005}), también se ha buscado mantener su vigencia. Un ejemplo de ello es la emergencia de la genealogía de la liberación (GL), que parte de categorías acuñadas por la filosofía de la liberación de Dussel -“centroperiferia”- que se enfocan en la descolonización epistémica. Así, la GL se inclina hacia una deconstrucción del pensamiento dominante o de categorías encubridoras cuyo objetivo es perpetuar la opresión (^{Paz, 2019}). Otro fundamento de la GL es la importancia que le otorga a contar con los referentes epistemológicos de la memoria de los excluidos del sistema, la responsabilidad humana y el compromiso con el contexto al que se acerca o sobre el que reflexiona el investigador y su contribución con la transformación social y la liberación de los excluidos y violentados por el sistema hegemónico a partir de la construcción de alternativas desde y con los pueblos.

Metodologías participativas en Latinoamérica como raíz de las epistemologías disidentes

Si bien la FL y la GL pueden considerarse referentes epistemológicos que debaten la pertinencia del pensamiento latinoamericano, la vigencia y necesidad de referentes gnoseológicos situados y posicionados ética, política e históricamente, debaten las categorías de la objetividad en la investigación y el papel del investigador en los procesos de creación del conocimiento. Estas categorías epistémicas y postulados de investigación se acompañan y concretan mediante metodologías de intervención comunitaria, que a su vez han evolucionado y perfeccionado a lo largo del tiempo, y tienen sus referentes en la segunda mitad del siglo XX. Por citar algunos, la teología de la liberación (TL), la pedagogía de la liberación (PL) y la investigación acción participativa (IAP).

En el desarrollo de estas corrientes es complejo establecer un “creador” debido a que, al igual que la FL, se trata de construcciones colectivas de grupos de intelectuales-militantes que, además de participar en procesos de intervención situados, interpelan procesos históricos de dominación y alienación humana, e intentan transformar realidades particulares desde diversos campos del conocimiento. Sin embargo, para fines metodológicos, nos parece pertinente establecer algunos referentes por su peso cualitativo en el desarrollo de las corrientes citadas.

La TL surgió a partir del Concilio Vaticano II que comprendió varias sesiones entre 1962 y 1965 (^{Casale, 2005}; ^{Polanco, 2013}). Esta importante coyuntura tuvo por objetivo analizar el papel de la Iglesia en el contexto de pobreza, exclusión, discriminación, explotación y violencia en el que se encontraba Latinoamérica. Básicamente, fue un llamado a la jerarquía eclesial para asumir una posición frente a la situación sociopolítica que vivía el continente y a tomar partido por los oprimidos, tal cual lo haría Cristo.

En la TL se visualiza la influencia de posicionamientos epistemológicos como la hermenéutica, debido a que es una exégesis de la Biblia adaptada al marco sociopolítico latinoamericano. Entre los resultados del Concilio Vaticano II se encuentra la intervención en espacios marginales que, basada en una pastoral crítica mediante la palabra de Dios, produjo círculos de discusión, alfabetización y organización comunitaria que devinieron en movimientos sociales y organizaciones populares. Varios de tales movimientos en Chiapas, México, son el Pueblo Creyente, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (^{Orozco, 2017}).

Un referente de la TL es el peruano Gustavo Gutiérrez, para quien dicha teología no puede limitarse a pensar el mundo, sino que debe dirigirse a su transformación, servir para dignificar al ser humano denunciando la injusticia y abriendo la conciencia con el fin de liberar al oprimido mediante una crítica de la sociedad y de la propia Iglesia inmersa en un entorno de explotación humana.

La PL guarda distintas concomitancias con la TL y la FL. De hecho, hubo un nutrido flujo de información y debate entre teólogos, filósofos y pedagogos de la liberación. El caso de Gustavo Gutiérrez es muy ilustrativo al respecto, pues se le puede considerar filósofo y teólogo. Así, estos campos de conocimiento no se muestran cerrados o confrontados entre sí, sino protagonizando una fuerte interacción entre sus intelectuales y quienes se dedicaron a su aplicación concreta en procesos sociales, ya fuera en Comunidades Eclesiales de Base (CEB), o en círculos de alfabetización y espacios de análisis de la realidad.

El mayor representante de la PL es el brasileño Paulo Freire. Entre 1960 y 1970 él analiza la situación histórica de Brasil y la transición en este país de la dictadura a la democracia (^{Gadotti, 2006}), concluyendo que esta última no se daría por decreto debido a un obstáculo: el sistema educativo que reproducía la situación de pobreza y marginación del pueblo, de los oprimidos. Si la democracia no se daría por designio, era necesario develar las estructuras de dominación de la “educación bancaria” reproductora del sistema, la apuesta entonces era dar lugar a procesos de alfabetización y concientización partiendo de la cultura y prácticas de los oprimidos. En este sentido, la tarea de Freire se centraba en trabajar para que, en la medida en que el oprimido encontrara las causas de su opresión y el valor de su cultura, fuera capaz de liberarse y liberar al opresor, que, por su condición de dominante, no podría liberarse por sí mismo.

Uno de los legados más significativos de la PL es la educación popular, que en primera instancia fue desarrollada por ONG dedicadas a la formación de líderes comunitarios, organizaciones populares y movimientos sociales en la sistematización de experiencias y el análisis de la realidad, prácticas impregnadas de un compromiso ético-político encaminado a la transformación de realidades específicas. Poco a poco, la educación popular incursionó en la academia hasta convertirse en un proceso de investigación y formación para universitarios (^{Ghiso, 2016}; ^{Caride, 2016}; ^{Serrano, 2017}).

Con respecto a la IAP, el colombiano Orlando Fals Borda fue su precursor en Latinoamérica. La IAP se diferencia de la EP porque se vincula mucho más a lo académico, mientras que la segunda se relaciona sobre todo con el fortalecimiento de organizaciones y movimientos sociales de base. En los años setenta, la IAP vivió un auge por la atracción que generaron los estudios prácticos, la crisis en la investigación social y el interés por conocer la voz de los participantes en la investigación académica (^{Colmenares, 2012}).

Fals Borda fue un precursor de los estudios multidisciplinares enfocados en la investigación con campesinos, aunque tampoco estuvo ajeno de procesos urbanos. Se le ha identificado como un crítico de las estructuras de poder y un referente e impulsor de los estudios sociológicos en Colombia. De su trabajo con bases populares surgió la metodología participación inserción, que sería el fundamento de la IAP, la cual fue proyectada como método académico-político en 1977, en el marco del Primer Simposio Mundial de Investigación y Acción Participativa (^{Fernández, 2009}).

Antes de concluir este apartado, es importante traer a colación la Declaración de Barbados, la cual fue producto de un simposio realizado en ese mismo país entre el 25 y 30 de enero de 1971 (^{Pérez, 2019}). La reunión de Barbados estuvo compuesta por antropólogos del continente que denunciaron públicamente la persistencia de un estado de colonialidad sobre los pueblos originarios, lo cual se convertía en un obstáculo para sus procesos de liberación. Además, se posicionaron en contra de las políticas indigenistas de los Estados latinoamericanos; se cuestionó el papel de la Iglesia tradicional respecto a su actuar en las poblaciones indígenas; se respaldó a la pastoral liberadora, y se calificó a la antropología misma como instrumento de dominación colonial. Se apostó así por la liberación de los pueblos originarios a fin de que estos fueran los creadores de su propio destino.

A la Declaración de Barbados le siguió una serie de planteamientos metodológicos que apuntalaban de manera práctica las críticas establecidas. Es de allí que surge la investigación descolonizada o colaborativa. Dos de sus intelectuales destacadas han sido Xóchitl Leyva y Shannon Speed, quienes han analizado los desafíos de los movimientos y organizaciones sociales en sus procesos de lucha y la sistematización de resistencias, en un trabajo conjunto que asume un compromiso político en favor de los derechos indígenas con las contrapartes (^{Leyva & Speed, 2008}).

Un espacio fértil para la investigación colaborativa es la antropología visual, en la que los pueblos originarios y/o grupos organizados (no necesariamente indígenas), en conjunto con antropólogos, han resignificado las nuevas tecnologías de la información, apropiándose de cámaras fotográficas y de video, de internet y la radio, para generar medios alternativos a los dominantes (^{Köhler, 2004}).

En el contexto planteado, la investigación académica tiene como referente la participación de diversos actores en la construcción del conocimiento con un posicionamiento éticopolítico que favorece el fortalecimiento de las resistencias y luchas en contra de las desigualdades y en pro de los derechos humanos y la creación de alternativas políticas, económicas y sociales. A continuación, se presenta una experiencia de investigación participativa en la que se ha utilizado la asamblea como espacio metodológico de construcción de conocimiento entre autoridades municipales y de bienes comunales, guías del GMA, comités locales, miembros del Comité Científico del GMA, responsables de la administración diaria del geoparque, prestadores de servicios, y otras personas interesadas que han pedido asistir a las asambleas para informarse y eventualmente participar en la toma de decisiones sobre su territorio.

El GMA: un espacio de construcción y aplicación de metodologías participativas

El Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta (GMA) nace en 2014 tras varias visitas de campo que académicos del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hicieron a distintos municipios de esa región. Ellos se acercaron a las autoridades para proponerles la creación del geoparque.

El hecho captó la atención de los nueve municipios que actualmente integran el GMA, aunque su participación no fue uniforme, pues las autoridades se integraron e interesaron unas más que otras. La falta de una estructura que las congregara resultó en que, con el tiempo y el relevo de las que en principio se habían comprometido, no todos participaran activamente.

En 2017, el GMA fue avalado por la UNESCO, lo que trajo consigo las recomendaciones de los evaluadores. Estas debían ser satisfechas en un periodo de tres años para preparar la evaluación que habría de darse en 2020, aunque por la pandemia ello ocurrió hasta 2022. En paralelo a las recomendaciones de la UNESCO, y coadyuvando a su cumplimiento, también se llevó a cabo el fortalecimiento organizativo en los municipios para dar seguimiento a los que participaban más activamente, e integrar a los que, por falta de información durante el cambio de sus autoridades, o falta de difusión entre los habitantes, no se habían integrado del todo. Gnoseológicamente, desde la planeación, el proceso organizativo se orientó a manera de ruptura epistemológica a partir de que la integración de los municipios se fundamentara en preceptos como la construcción del GMA desde los sentidos que los actores sociales le otorgan a su territorio, por ejemplo, sus valores y formas de organización.

En concomitancia con ello, un punto central en la consolidación del GMA ha sido otorgar funcionalidad al Comité General del Geoparque (CGG). Este fue creado con la intención de congregar a las autoridades de los nueve municipios participantes para fungir como órgano rector y de toma de decisiones, sobre todo en lo referente a la apropiación que los distintos actores hacen del geoparque. Para la conformación del CGG se echó mano de la asamblea -institución central en la toma de decisiones de las comunidades y municipios de la región-, para incentivar la reflexión y toma de acciones colectivas en beneficio de los habitantes que dan cobijo al GMA. Dicha asamblea permanente estuvo inspirada en los paradigmas de la reconstrucción de la memoria, el compromiso con el contexto en el que se vive y la transformación social en tanto herramienta de mejora de la calidad de vida y el fortalecimiento de las identidades.

Si bien el CGG se creó en julio de 2017, no se encontraba activo, por lo que, desde finales de ese mismo año, se inició con el diseño de estrategias para darle vida. Un primer paso fue acudir frecuentemente con las autoridades para exponerles lo necesaria que era la integración de los municipios. Además de que se aprovechaba para plantearles la importancia de generar un espacio de coincidencia de los nueve municipios con el que se arribara a una visión de territorio común que tuviera mayor peso en su accionar como actores políticos en una región históricamente olvidada por el gobierno. Para dicha estrategia fue esencial el pensamiento de Paulo Freire, con el que se destacó el carácter fundamental del diálogo para valorar los conocimientos de cada municipio, lo cual sería el principio rector del diseño de estrategias de organización y construcción de alternativas económicas.

Tales visitas se acompañaron de talleres dirigidos a las autoridades sobre defensa del territorio, sistematización de experiencias, estructura organizativa y valorización de la cultura. Los resultados de este trabajo participativo fructificaron en la activación y consolidación del CGG. En el presente artículo se sintetiza lo realizado durante un año, tomando como fecha de inicio el 5 de mayo de 2018, esto es, el primer aniversario en el que la UNESCO le había dado su reconocimiento al GMA como geoparque mundial. El periodo de estudio concluye el 5 de mayo de 2019, cuando ya se puede hablar de la consolidación del CGG y de su asamblea. La asamblea del CGG es una reunión periódica de los actores clave del GMA: autoridades municipales y de bienes comunales, guías del geoparque, comités locales, miembros del Comité Científico del GMA, responsables de la administración diaria, prestadores de servicios y otros interesados.

Trabajo metodológico-organizativo en el GMA

Un aspecto que produjo un efecto negativo en la organización dentro del GMA fue el cambio de autoridades en 2017. El hecho afectó la organización en el geoparque, pues no existía una estructura tal que permitiera el involucramiento de las nuevas autoridades en el proyecto. Esto implicó una ardua ronda de visitas a los nueve municipios para informar a los representantes que llegaban y procurar su aval para la continuidad del trabajo. Las visitas se convirtieron en una primera recolección de información y en una fase diagnóstica del proceso metodológico.

Dentro del GMA los actores que más lo conocen y tienen claro son los guías de los visitantes, por lo cual se convirtieron en clave para el diseño de la propuesta organizativa; escuchar su voz y sentir, y documentar la interacción, se convirtió en una etapa fundamental del proceso. Una problemática que han enfrentado en distintos momentos es que la población en general desconoce el proyecto, lo que se convierte en la falta de apoyo a las autoridades. Esto quedó enfatizado con una intervención durante un taller de sistematización de experiencias para guías: “ellos tienen que informarse y apropiarse del proyecto geoparque porque ellos argumentan desconocimiento del tema y se deslindan. Lo ideal es que tengan la información y den su opinión al respecto, porque ven de lejos el proyecto y no lo ven como un medio para el progreso del pueblo.”³

Los guías son conscientes del potencial del GMA como un proyecto de desarrollo e integración comunitaria, pero también de que las autoridades lo deben liderar. En este sentido, dar vida y consolidar al CGG se visualizó como un reto metodológico de suma importancia. Una de las autoridades que se dio cuenta del potencial del GMA y de que era necesaria la integración fue el presidente del municipio de Yanhuitlán y su cabildo. Posteriormente, él presidiría el CGG entre 2017 y 2019. Advertía que el GMA podía convertirse en detonante de una soberanía alimentaria para la región. En 2018 se trabajó en conjunto con él en una estrategia para integrar a los municipios en pro de un frente común organizativo:

El día 5 [de mayo] nosotros tuvimos un pequeño programa recordando el primer aniversario de lo que es el geoparque y en ese día tuvimos una reunión con los pocos presidentes que se reunían y llegaron en ese momento comentando que hay una línea y específicamente en este caso MORENA,⁴ quien tiene la inquietud de conocer lo que es el proyecto geoparque. En ese sentido, la invitación nos llega a nosotros como pueblo sede y en ese sentido nosotros no podíamos dar una respuesta, porque al final no somos únicamente Yanhuitlán, sabemos que somos nueve municipios quienes conformamos… Nos vimos en la necesidad de invitar a los demás que en ese momento no se presentaron, porque éramos cuatro municipios los que estábamos en ese momento y consideramos que no éramos ni la mitad de los nueve que conformamos el territorio geoparque.⁵

Las palabras del presidente Vianney Cruz Blanco son muy significativas. Por un lado, muestran la dificultad de ese momento para involucrar a todas las autoridades en el proyecto del GMA. Por otro, señalan la necesidad metodológica de originar coyunturas para inducir la coincidencia de las autoridades. Desde esta perspectiva, se advierten dos tipos de coyunturas organizativas. Una “natural”, representada por el primer aniversario del GMA después del aval de la UNESCO, y la “inducida”, relacionada con la visita de los miembros de MORENA.

En un escenario ideal, las coyunturas naturales serían suficientes para crear sinergia entre los actores de un proyecto. Cuando son inexistentes las condiciones estructurales y organizativas para alcanzar el ideal, se requiere crear las condiciones para articular los actores involucrados en un proyecto. Por ello, la visita de los miembros de MORENA detonó el proceso organizativo que llevó a convocar a varias reuniones del CGG para analizar la solicitud de los políticos “en plena campaña electiva” para visitar el GMA. Dicha visita se convirtió asimismo en una fase importante para la documentación del proceso y la recolección de información esencial de la construcción del CGG.

Si bien había autoridades en aquella reunión que no estaban de acuerdo con la intervención de los políticos en el GMA y otras tantas sí, la discusión era sobre si se les permitía o no el acceso durante el periodo de campañas; si se les enviaba o no invitación o que llegaran como cualquier otro visitante, y más temas alrededor de ellos, fueron datos intrascendentes. Lo crucial en este punto fue lograr que las autoridades asumieran la necesidad de integración como territorio más allá de ser municipios atomizados con agendas independientes, y que era fundamental llegar a consensos por el bien común de la región en el marco del GMA. Todo esto fue determinante en la consolidación del CGG y en la organización, debido a que se impulsó la permanencia de la asamblea y se decidió que se llevara a cabo cada dos meses. Este hecho transformó metodológicamente el acercamiento a los municipios y permitió un espacio de intercambio de ideas y un trabajo colectivo para la construcción de conocimiento, alternativas y recolección de información.

Las reuniones de autoridades con los políticos de MORENA resultaron en otra convocada para el 10 de octubre de 2018. En esta última se estableció que las reuniones del CGG serían bimestrales, y se expuso ante las autoridades un primer esquema de roles y actividades que los actores involucrados en el GMA tendrían que desarrollar.

El compromiso de las autoridades para participar en las asambleas del CGG fue creciendo hasta que en 2019 se consolidó. En diciembre de 2018 no se realizó la asamblea por las actividades de fin de año, pero se trasladó a enero. Desde fines de 2018 y principios de 2019 se comenzó a trabajar en los lineamientos generales del GMA, que reforzarían, afinarían y consolidarían las funciones y roles de actores participantes en el GMA.

Los lineamientos generales del GMA son una especie de reglamento que guía el proceder de los actores del geoparque, aunque no contiene apartados punitivos por fundamentarse en un principio de buena fe. En estos lineamientos se encuentran las funciones de los prestadores de servicios y de los comités locales del geoparque, que se crearon para apoyar a las autoridades en los pendientes, temas y cualquier situación relacionada al respecto. Los comités locales se integran por voluntarios, personas designadas por sus autoridades, o por estas últimas. Esto depende de la organización interna de cada municipio y sus regulaciones en el marco de los usos y costumbres, también denominados sistemas normativos internos (SNI).

El año 2019 inició como una nueva fase del proceso organizativo y de construcción y aplicación de metodologías participativas. Se partió del compromiso de integrar a tres municipios, que por razones internas habían estado alejados del GMA: San Juan Teposcolula, San Bartolo Soyaltepec y San Pedro Topiltepec. Otra decisión de los actores involucrados en el GMA, la cual derivó de la reunión del 10 de octubre de 2018, fue que las reuniones del CGG ya no fueron solo en Yanhuitlán, de modo que este municipio dejó de ser el centro y los demás comenzaron a recibir a las autoridades del GMA, lo cual tuvo una repercusión metodológica y de planeación. Este hecho busca dos objetivos: la apropiación de la asamblea por parte de los nueve municipios, y la integración territorial para lograr una agenda común. Así, la primera reunión de 2019 fue celebrada en Chachoápam. El presidente Vianney Cruz dirigió las siguientes palabras a los asistentes:

Muy buenos días a todos, gracias a las nueve comunidades por asistir, gracias a los nueve comisariados de bienes comunales, el estar reunidos aquí… me llena bastante de alegría porque estamos rebasando más de la mitad de las personas que han asistido, pero también es un hecho que aquí la UNAM ha estado trabajando arduamente en este gran proyecto… Ojalá esto no se desintegre más adelante porque ha venido en aumento, han venido aumentando las personas, iniciamos como con quince y ahorita veo un poco más de setenta, entonces quiere decir que está funcionando y esto es para beneficio de cada uno de nosotros, gracias.⁶

Además del beneplácito por observarse el incremento de actores en el CGG, en Chachoápam se vertieron algunas reflexiones respecto al sentido del GMA como proyecto de cuidado del territorio. Fue central que se identificara que el geoparque podía ser una herramienta para evitar la migración forzada generando a mediano y largo plazo oportunidades de desarrollo para los jóvenes de la región.

También se destacaba que el GMA había inducido a la revalorización de actividades locales que se veían como cotidianas y sin mayor trascendencia. Por ejemplo, la gastronomía local, la biodiversidad y geomorfología como elementos identificatorios de la región; la necesidad de cuidar las semillas locales, y el mantener los conocimientos de los ancianos procurando su apropiación por parte de las nuevas generaciones.

Otro hecho significativo que propició el interés de los asistentes para su futura participación en las reuniones del CGG fue que, por primera vez, se presentó en el pleno de la asamblea un reporte de ingresos y su diversificación en los municipios. La rendición de cuentas fue muy bien recibida por las autoridades y ha sido central para generar confianza. La reunión concluyó acordando el lugar y fecha de la siguiente la asamblea del CGG, esto es, el municipio de Sinaxtla y el 7 de marzo de 2019.

Terminada la reunión se aprovechó el espacio de coincidencia para trabajar en la integración de tres municipios al GMA, un tema pendiente de 2018. Se aprovechó para agendar reuniones durante febrero con las autoridades de San Pedro Topiltepec con el propósito de su integración al geoparque.

La reunión de Sinaxtla fue muy significativa debido a que en ella se avanzó bastante en los objetivos planteados con anterioridad. Con la cercanía del segundo aniversario del GMA, el trabajo se dedicó a su organización. Para ello, se concertó la realización de tres días de festejos, lo que contrastaba con el pequeño convivio del primer aniversario. Para el segundo aniversario, el peso de la organización recayó en la agencia de San Pedro Añañe, perteneciente al municipio de Soyaltepec, el propio San Bartolo Soyaltepec, y los municipios de Santo Domingo Tonaltepec y Santo Domingo Yanhuitlán. El involucramiento de los tres últimos destacaba que haberlos visitado daba resultados, con lo cual se consolidaba el planteamiento metodológico diseñado y aplicado.

La diversidad de actividades en distintos espacios del segundo aniversario del GMA fue producto del trabajo de organización iniciado en octubre de 2018 con la reunión del CGG derivada de la visita coyuntural de los políticos de MORENA. La coyuntura natural del segundo aniversario del GMA había sido suficiente para convocar a las autoridades. En términos organizativos y de apropiación del proyecto, lo más significativo fue la integración de San Bartolo Soyaltepec, un objetivo prioritario de finales de 2018.

La siguiente reunión del CGG se realizó el 3 de marzo en San Bartolo Soyaltepec como apertura de los festejos del segundo aniversario del GMA. Participaron prácticamente todos los municipios, exceptuando San Juan Teposcolula. En Soyaltepec se acordó que la siguiente reunión sería en Santo Domingo Tonaltepec el 1 de agosto de 2018.

El trabajo organizativo que se enmarca en la investigación, construcción y aplicación de metodologías participativas que aquí se presenta, concluye con algunos aspectos emanados de la reunión del 1 de agosto realizada en Tonaltepec, visualizada como última etapa de este proceso de investigación. En primera instancia, después de varias visitas y charlas de sensibilización, se consiguió integrar San Juan Teposcolula. El municipio se incorporó en un marco en el que el CGG se mostró fuerte y concurrido, con lo cual se pronostica su continuidad en la asamblea de autoridades que lideran el proyecto.

Otro hecho relevante fue que los lineamientos generales del GMA fueron discutidos y analizados por autoridades, guías y comités locales asistentes. Se sugirieron modificaciones al planteamiento de los investigadores de la UNAM, acordándose su aprobación para la reunión del 3 de octubre de 2018 en la agencia de Suchixtlán, municipio de Sinaxtla.

También destaca la propuesta del presidente del CGG respecto a solicitar al gobierno estatal o el federal un módulo de maquinaria para los nueve municipios que conforman el GMA que se ocuparía en la mejora de caminos y tareas necesarias en las comunidades. Dicha propuesta emanada de la asamblea permanente de los municipios del GMA denota la apropiación de la asamblea, la integración territorial y que las autoridades ejercen un poder.

Si bien en lo expuesto se muestran avances en términos organizativos, quedan pendientes importantes. En primer lugar habrá cambio de autoridades a finales de 2019. Entre septiembre y diciembre comenzaron las asambleas en los municipios para la elección de autoridades municipales y de las agencias. Esto implicó evitar lo sucedido en 2017, es decir, que las autoridades que recién llegan desconocieran el proceso; de ahí la continua necesidad de que las autoridades actuales, las nuevas y el equipo de la UNAM trabajen en conjunto a fin de consolidar el GMA.

La tarea ha dado frutos, pues la transición de 2019 fue exitosa y las nuevas autoridades han asumido el compromiso del GMA, que implica su organización; el establecimiento de una agenda común para mejorar las condiciones materiales de los municipios; crear empleos para quienes deseen participar de este proyecto; consolidar una visión de territorio común a los nueve municipios, y originar una nueva relación con las autoridades estatales y federales que desborde los límites de la asistencia y el clientelismo, y se concentre en la consecución de derechos y resolución de problemáticas concretas. Sin embargo, desde marzo de 2020, la pandemia por el covid-19 marcó una pausa abrupta en las actividades del CGG y el GMA. No obstante, las actividades regresaron en mayo de 2022, cuando finalmente se realizó la evaluación para la revalidación UNESCO del GMA.

Conclusiones

Un reto para la academia en este siglo XXI es dejar atrás la adopción de modas intelectuales, la reproducción de contenidos y su posición aparentemente abstraída de las problemáticas que aquejan a las sociedades, convirtiéndose así en una instancia de segregación de las realidades complejas y de individuos que no “cumplen” con los parámetros para ingresar a espacios especializados de formación profesional. La academia tendría que posicionarse ética y políticamente frente a procesos emergentes de intolerancia racial y exclusión social. Desde la academia debería existir un compromiso para evitar la deshumanización provocada por la naturalización de la violencia.

En este sentido, las metodologías participativas abren un abanico de posibilidades para entender al “otro”, a “los otros”, y para generar conocimiento que coadyuve a propiciar políticas públicas con sentido social que abonen a la transformación de realidades, superando con esto el asistencialismo y clientelismo adoptados por muchos Estados latinoamericanos. Con la experiencia descrita en este artículo se abona a la lucha en la que la organización comunitaria es fundamental para concretar alternativas necesarias para el desarrollo de sociedades/comunidades excluidas por el sistema sociopolítico dominante y para el mejoramiento de los procesos académicos y su relación con las sociedades.

En cuanto a lo académico, el trabajo aquí presentado intenta aportar al debate sobre la construcción metodológica en las investigaciones de estudiantes de licenciatura, incluso de posgrado. En nuestra experiencia, se advierte una gran confusión en alumnos y alumnas al momento de elegir su metodología de investigación para sus trabajos de obtención de grado. Se suele reducir la metodología a la elección de herramientas de recolección de datos, como entrevistas, historias de vida, talleres o grupos focales, por ejemplo.

En otras ocasiones, se suelen “escoger” metodologías no pertinentes para el análisis de un contexto social determinado, lo que resulta en adecuar realidades a modelos teóricos sin correspondencia entre teoría y realidad situada. Esto deviene en el diseño y aplicación de estructuras o instrumentos de investigación que son llenados con datos que no reflejan la complejidad que involucra un contexto específico.

En este artículo argumentamos que para elaborar una metodología adecuada se requiere tomar en cuenta dos niveles de análisis: el epistemológico y el metodológico. El primero, además de orientar al segundo, se compone de un debate teórico-conceptual que da cuenta de la complejidad de un contexto determinado, en este caso, la filosofía y la teología de la liberación. Es decir, desde qué perspectivas se han teorizado y debatido ciertas problemáticas que se pretenden abordar en una investigación.

En el nivel metodológico se puede echar mano de uno o varios modelos de intervención que se enmarquen en los procesos de reflexión y análisis, es decir, que se vinculen con el nivel epistemológico. Así, las propuestas expuestas podrían ser la educación popular, la investigación acción participativa o la investigación descolonizada, entre otras. Todos estos modelos de intervención tienen características particulares, pero coinciden en su posicionamiento ético-político encaminado a la transformación de la realidad y fundamentado en el respeto del derecho a la diversidad.

Dentro del nivel metodológico se incluye la cuestión de la construcción de datos en campo para su posterior sistematización y análisis. En el caso estudiado se trató de la asamblea comunitaria, pero también se pueden integrar las entrevistas, los grupos focales, talleres, diario de campo u observación, es decir, los instrumentos de campo. Lo importante en este análisis es dimensionar la asamblea en sus dos acepciones: i) espacio de toma de decisiones y discusión de problemáticas particulares, y ii) herramienta de construcción de datos en el marco de una metodología participativa amplia.