Testimonios

 

El Archivo General del Estado de Coahuila y la transparencia. "En defensa de nuestra memoria"

 

Coahuila State Archive and Transparency. "Defending Our Memories"

 

Martha Rodríguez García

 

Centro de Estudios Sociales y Humanísticos, A.C., Saltillo, Coahuila, México. mrodriguez@ceshac.org.mx

 

Para que no se olvide.

Este testimonio tiene como propósito narrar la situación que enfrentó el Archivo General del Estado de Coahuila (AGEC) por una serie de disposiciones gubernamentales expedidas en 2005 a propósito de la creación del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) y las leyes que lo acompañaron. Tales disposiciones pusieron en riesgo la existencia del archivo al resolver, entre otras cosas, la disgregación de la documentación en distintas oficinas de la administración pública. Ante tales medidas se organizó un movimiento ciudadano que señaló los problemas y, como resultado final, logró que las puertas del archivo permanecieran abiertas al público y que el acervo se conservara unido.

 

ANTECEDENTES

La vida del AGEC, como la de muchos otros archivos del país, ha sido azarosa; su futuro, si no actuamos reflexivamente, no se vislumbra mejor.

En 1898, mediante un decreto que envió al Congreso el gobernador del estado, Miguel Cárdenas, se creó el Archivo de Coahuila, y con este nombre se estableció una oficina en Saltillo, dependiente de la Secretaría de Gobierno. La disposición señalaba que todos los documentos antiguos y modernos existentes en las oficinas públicas debían concentrarse en dicha institución.

Desde su nacimiento, el archivo tuvo una vida accidentada. Entre 1978 y 1989, aunque una buena parte del acervo se resguardaba en un local propio, otra se encontraba dispersa en diversos edificios de Saltillo. En aquellos años los documentos eran víctimas del descuido y del maltrato; y no sólo eso, algunos se encontraban apilados en el fondo de los sanitarios con el riesgo que ello suponía para la documentación.

Para muestra de lo antes dicho baste un ejemplo. En 1989, un siglo después de su creación, ocurrió un hecho inusitado. Como en algún cuento de Gabriel García Márquez, un día comenzaron a volar papeles sobre la ciudad firmados nada menos que por Benito Juárez y algunas autoridades locales. Un remolino levantó los papeles y los dispersó por las calles del centro de la ciudad. Como dice la historiadora Laura Orellana, los documentos resucitaron y convocaron una revuelta, pues la lluvia de papeles quemados del Archivo General del Estado permitió hacer del dominio público las pésimas condiciones en las que se encontraba la documentación del AGEC, depositada en tejabanes y baños públicos. Era evidente que, en esas condiciones, los "papeles" históricos se perderían para siempre.

Ante un hecho imposible de ocultar, las autoridades estatales contrataron a un grupo de especialistas para establecer estrategias con el propósito de rescatar y recuperar los documentos que se encontraban en total abandono, desorden y deterioro. Fue así que los documentos se concentraron "provisionalmente" (siete años) en el edificio del Archivo Municipal de Saltillo y que dio inicio el proyecto de resguardo, conservación, organización, clasificación e inventario de aproximadamente cuatro toneladas de papel.

En 1994 se expidió la Ley General de Documentación para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por medio de la cual se creó el Instituto Estatal de Documentación (IED) como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno. Se le asignó un nuevo edificio como sede y se ampliaron sus funciones con la integración al Instituto, entre otras, de las bibliotecas de las unidades que resguardaban documentos audiovisuales y de las unidades de cómputo y de nuevas tecnologías.

 

EL PROBLEMA

En el año 2003 el Congreso del Estado promulgó tres leyes en materia de información pública que dieron un vuelco a la situación del archivo: 1) Ley de Acceso a la Información Pública; 2) Ley del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, y 3) Ley de Archivos Públicos.

Las nuevas leyes pusieron al archivo en otras manos: de la Secretaría de Gobierno pasó a las del ICAI. Entre sus disposiciones destacamos las siguientes: la ley que creó al ICAI, en su artículo 9°, establece que es un organismo público, autónomo frente a cualquier órgano de los gobiernos federal, estatal y municipal. Entre sus propósitos destacan la promoción, fomento y preservación del fortalecimiento democrático del derecho a la información pública; asimismo, establece la rectoría del sistema de administración, conservación y preservación de la documentación pública, así como la función de impulsar la cultura de la transparencia informativa.

Entre las tareas del nuevo Instituto destacan "la organización, coordinación, supervisión y evaluación de las acciones referentes a la administración, conservación y preservación de archivos públicos". En su artículo 5° transitorio se estableció que "los recursos humanos, financieros y materiales del IED" se transferirían y pasarían a formar parte del patrimonio del ICAI.

En la Ley de Archivos Públicos, en el artículo 3° de los transitorios, se estableció que los "archivos públicos de las entidades que se encuentren en resguardo del IED pasarán, al entrar en vigor la ley del ICAI, a ser resguardados por éste en los términos de los convenios que para tal efecto se hayan celebrado y de las disposiciones aplicables". Una vez publicadas las leyes, el ICAI ya tenía nuevos planes para el archivo recién trasladado a sus manos: ponerlo en manos de otra dependencia de la administración pública, la Contraloría, con el argumento de que ésta tenía experiencia en modernizar la administración pública. Estas acciones y la entrada en vigor de las leyes evidenciaron cuatro problemas:

1. El acervo histórico del Estado de Coahuila se desintegraba y dispersaba en diversas dependencias públicas con el agravante de que la documentación generada en los siglos XVIII, XIX y XX no tenía oficinas donde asignarse, por la sencilla razón de que la estructura del poder ejecutivo era totalmente distinta a la de esos siglos. Esta disposición llevó a preguntarnos: ¿dónde se depositaría, por ejemplo, el fondo Colonias Militares (1848-1853)? ¿En la Sexta Zona, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, o en los cuarteles?

2. La Dirección del Registro Civil inició de inmediato la dispersión del acervo, pues sustrajo parte del fondo del Registro Civil ((1860-1900), sin contar siquiera con un área para abrirlo al público.

3. La Secretaría de la Contraloría, a propósito del proceso de entrega-recepción de fin de sexenio y con el argumento de la realización de un inventario y de una auditoría, cerró el archivo y canceló el servicio al público durante varios meses. ¡Como si a los documentos históricos se les pudiera realizar una auditoría! A este respecto surgió una duda: cuando el procedimiento de entrega-recepción se realizara en la Secretaría de Finanzas, ¿ésta se cerraría al igual que el archivo?

4. La Secretaría de la Contraloría del Estado —hoy Secretaría de la Función Pública— presentó un proyecto para que los documentos regresaran a las dependencias generadoras de los mismos y de éstas, junto con los archivos de concentración y trámite, pasaran a una Dirección Estatal de Archivos, cuyo propósito sería su resguardo, clasificación e inventario en un lapso de seis meses, lo justo para entregarlos a una nueva administración.

 

Rescate, verano de 1989.

 

EL GRUPO "POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE COAHUILA"

En 2005, al conocer la forma en que las nuevas disposiciones afectaban al archivo, un grupo de ciudadanos, en su mayoría historiadores y escritores¹, decidió organizarse con el propósito de defender y preservar el patrimonio documental de Coahuila. Las preocupaciones centrales fueron: 1) al pasarlo al ICAI se dejaba al archivo sin recursos legales y financieros; 2) la dispersión del archivo en diversas oficinas propiciaba la pérdida de la memoria histórica, y 3) el paso de una buena parte de la documentación histórica a la Dirección Estatal de Archivos, dependiente de la Subdirección de Modernización de la Secretaría de la Contraloría, institución cuyos fines, expresados en la Ley Orgánica de la Administración Pública, no tenían correspondencia con los de los archivos históricos de carácter civil.

El grupo Por la Defensa del Patrimonio Documental de Coahuila publicó dos manifiestos en diarios locales, avalados por destacados intelectuales del país y del extranjero², así como por un importante número de empresarios de la localidad. El propósito era, por una parte, evitar la desintegración del Archivo Histórico; por la otra, revisar las disposiciones concernientes a dicho archivo, transparentar las acciones del ICAI en relación con el mismo y, finalmente, fundamentar las acciones que se estaban tomando en el conocimiento de lo que son y lo que representan los archivos históricos de carácter civil, así como en las experiencias nacionales e internacionales sobre la organización y funcionamiento de este tipo de instituciones³.

Organización del AGEC y su rescate y traslado, 1989. Abajo, a la derecha: Hilda Rodríguez, jefa del Archivo Histórico.

 

LOS ARGUMENTOS

En relación con las nuevas leyes, el grupo Por la Defensa del Patrimonio Documental planteó algunos cuestionamientos a los autores de las iniciativas de las leyes, a las autoridades correspondientes, a los legisladores y al propio ICAI:

1. ¿Los responsables de elaborar y aprobar dichas leyes se preguntaron si era pertinente sujetar una institución pública —los archivos— a un organismo autónomo como el ICAI? (artículo 2° y 9°, Ley del ICAI).

2. Si el propósito de la Ley de Acceso a la Información Pública es "hacer transparente la información pública para hacer realidad el derecho a la información ya que es un bien del dominio público accesible a cualquier persona, en los términos previsto por la ley" (artículo 6°, Ley del ICAI), ¿consideraron que el Archivo Histórico —que por su naturaleza es accesible permanentemente al público, sin mayor restricción que la que impone su adecuada conservación— no era transparente? ¿Consideraron compatible unir dos instituciones con fines distintos?

3. Si el propósito fundamental del ICAI es garantizar el acceso o lo información pública, ¿pensaron que era necesario que esa institución controlara y administrara la documentación pública en lugar de sólo reglamentar el acceso a la misma? (artículo 3°, Ley del ICAI).

4. ¿Se pensó que lo más apropiado para el ICAI era desarrollar programas y acciones de preservación, conservación y restauración de documentos, o bien estimular y difundir la investigación histórica y social sobre el estado de Coahuila? O quizás querían verlo organizando exposiciones de documentos (artículo 42°, Ley de Archivos Públicos).

Acondicionamiento de la casa temporal del archivo organizado y resultado final.

Es importante aclarar que la postura del grupo Por la Defensa del Patrimonio Documental no fue oponerse a la transparencia de la información —que, por cierto, es una demanda de la sociedad civil—, sino a que se tomaran decisiones —como la expedición de la Ley de Archivos Públicos— sin reflexionar ni discutir los fundamentos de orden jurídico, social e histórico. En otras palabras, sin considerar el aspecto legal, los efectos sobre el patrimonio documental —en este caso, de los coahuilenses— y sin revisar cuidadosamente la historia de este archivo, así como los retos que le presenta el momento presente.

 

RESULTADOS

En septiembre de 2005, como resultado del trabajo del grupo Por la Defensa del Patrimonio, de la protesta organizada y del apoyo de un nutrido número de académicos y miembros de la sociedad civil locales, nacionales e incluso extranjeros, se lograron mejores condiciones para la sobrevivencia del Archivo Histórico de Coahuila. Entre ellas destacan:

1. La apertura del Archivo Histórico.

2. La reintegración del fondo del Registro Civil, que se había separado.

3. Mediante un convenio, el ICAI regresó el Archivo Histórico a la Secretaría General de Gobierno. De esta manera se canceló la pretensión de la Secretaría de la Contraloría de dispersar el Archivo Histórico en distintas dependencias, algunas de ellas inexistentes.

4. El Archivo Histórico retomó su figura de organismo desconcentrado, que en el futuro le permitió contar con sus propios recursos.

Para finalizar, quiero regresar al eje que articula el presente testimonio y recordar tres cosas importantes en la vida de los archivos:

1. La memoria es la forma en que una colectividad recuerda su pasado y busca proporcionar una explicación del presente, darle un sentido.

2. Los archivos históricos no son solamente una base de datos, sino principalmente una institución de cultura.

3. El Estado no solamente está conformado por un territorio, conceptos jurídicos o razones administrativas. Es, sobre todo, la organización de un grupo humano que encuentra puntos de referencia sobre su vida en común. De esa vida en común dan cuenta los archivos históricos.

Al concluir la administración estatal, en noviembre de 2005, se consideró que la situación que puso en riesgo la integridad del cuerpo documental, misma que llevó al movimiento ciudadano por la defensa del patrimonio documental de Coahuila, pasó de la calificación de alerta roja a la de alerta ciudadana. No obstante que este movimiento evitó el fin del Archivo General del Estado de Coahuila, esta institución tiene un futuro incierto que requiere de la atención de los profesionistas, de los usuarios y de la comunidad, y necesita de un proyecto a futuro, en el que se incorporen, entre otras acciones, las siguientes:

a) Que el gobierno rediseñe las instituciones del archivo en cuanto a leyes, funciones, política y servicios.

b) Que las instituciones educativas formen profesionales para trabajar en los "nuevos archivos" que se están generando en la era electrónica.

c) Que la sociedad reflexione sobre la memoria y el papel de los archivos en la era electrónica.

Finalmente, que acciones y voces ciudadanas le recuerden a las autoridades, de vez en vez, que ellos no olvidan el valor que para la sociedad significa la salvaguarda de su patrimonio documental.

 

Notas

¹ El grupo se integró por Roberto Orozco Melo, Carlos Manuel Valdés Dávila, Esperanza Dávila Sota, Martha Rodríguez García, María Elena Santoscoy Flores, Laura Elena Gutiérrez Talamás, Alma Victoria Valdés Dávila, Arnoldo Hernández Torres, María Imelda Viesca García y Magdalena S. Cárdenas García.

² Entre otras palabras de apoyo que el grupo recibió destacan las del doctor José Cuello V. de la Universidad Estatal de Wayne, Detroit: "Los salvajes no siempre vienen de afuera. Hay veces que los creamos y criamos nosotros mismos y les damos el poder para destruirnos. Quienes ponen en peligro el patrimonio histórico del estado de Coahuila pueden ser calificados como salvajes internos. ¿Dónde están los padres, abuelos y familias de estos incultos? ¿Cómo es que el pueblo coahuilense los eligió para el poder político? ¿Cómo hemos llegado al absurdo en que ellos puedan hacer lo que más de cuatro siglos de ataques de extranjeros, inundaciones, fuegos, robos, incompetencias burocráticas y otras calamidades no han podido terminar?" Y las del doctor Roberto R. Calderón, del Departamento de Historia de la Universidad del Norte de Texas en Denton, Texas: "Gente, this come to us from Raul Ramos at the University of Houston per a colega Martha Rodríguez del otro lado. Please take a second to read and respond to Martha Rodríguez telling her ever so briefly that you support the preservation of the State of Coahuila's archives [...] If you know other colegas who might be interested in lending their names and institutional affiliations in support of this highly worthwhile cause, por favor también háganles saber sobre lo que está sucediendo y lo que se propone y busca resolver. Many thanks for your assistance in this important endeavor where we all seek to preserve an important part of our patrimonio whether we are de este lado o del otro ya que al fin y al cabo bien sabemos que es la misma neta. Corre y se va... en solidaridad."

³ No se publican los manifiestos completos por cuestiones de espacio. Por favor, contactar a la autora para tener acceso a estos documentos [N.del E.]

 

Información sobre la autora

Martha Rodríguez García. Historiadora. En la actualidad se desempeña como directora del Centro de Estudios Sociales y Humanísticos, A. C. en Saltillo, Coahuila. También fue directora del Archivo Municipal de Saltillo y del Archivo General del Estado de Coahuila. En los últimos años su actividad como investigadora se ha centrado en el proceso de exterminio del nómada en Coahuila durante el siglo xix. Entre su material publicado destacan Coahuila: textos de su historia e Historia de resistencia y exterminio. Los indios de Coahuila durante el siglo XIX, así como la Breve historia de Coa huila. Ha coordinado el trabajo de investigación y publicación de catorce tomos de los catálogos Fondo Presidencia Municipal y Fondo Jefatura Política del Archivo Municipal de Saltillo; el Fondo Colonial del Archivo General del Estado de Coahuila, y distintos proyectos editoriales como Signos para la memoria y el proyecto para el rescate y la restauración de la Misión de San Bernardo. Dirigió el Catálogo de fuentes documentales para la guerra entre México y Estados Unidos, 1846-1848 (Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y San Luis Potosí). Ha impartido diversos cursos de Historia en la Universidad Iberoamericana de México y de Saltillo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Autónoma de Coahuila y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Chihuahua.