Introducción

Colombia ha vivido un prolongado conflicto armado con varios momentos de intensidad y degradación en las últimas décadas. Los diversos actores armados estatales, insurgentes y paramilitares han perpetrado toda clase de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario contra civiles y comunidades desprotegidas. En este contexto, un gran número de comunidades locales y regionales, así como organizaciones sociales, protagonizaron dinámicas de movilización sostenida durante las décadas de 1980 y 1990 en defensa de los derechos a la vida, las libertades políticas y la exigencia de paz.

El presente artículo plantea que después de una década de descenso en las movilizaciones sociales en defensa de los derechos humanos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), en Colombia ha emergido en los últimos años un nuevo repertorio de reivindicaciones en la defensa de los derechos humanos asociado a los bienes comunes y un medio ambiente sano, cuyos principales movilizado-res han sido comunidades locales y regionales, protagonistas de múltiples conflictos socioambientales, que han logrado posicionar sus demandas y producir efectos jurídicos en defensa de sus derechos.

En primer lugar, elaboramos la discusión teórica en torno a los bienes comunes y su relación con la defensa de los derechos humanos. En segundo lugar, analizamos el contexto colombiano de adecuación territorial por medio de la violencia para las dinámicas económicas extractivas. Por último, explicamos la centralidad de las acciones colectivas que enmarcan la defensa de los bienes comunes y el medio ambiente dentro del repertorio de los derechos humanos.

Derechos humanos y bienes comunes: resistencias desde el sur

Los cambios de las últimas décadas en la inserción de Latinoamérica en el mercado mundial están relacionados con el reacomodo de su especialización productiva basada en la extracción de recursos no renovables, lo cual ha permitido un proceso de sustentabilidad ambiental de los países centrales a partir de un "intercambio ecológicamente desigual", que produce grandes huellas de devastación para el medio ambiente y las comunidades locales que habitan las zonas de extracción (^{Belloni y Peinado, 2013}; ^{Martínez-Alier, 2009}). En una certera metáfora planteada por Vandana Shiva, los patrones de especialización en la exportación de recursos naturales no renovables generan como efecto inmediato un "apartheid ambiental":

Para los dos tercios más pobres de la humanidad, que viven en el Sur, el capital natural es su fuente de vida y sostén. La destrucción, desviación y apropiación de sus ecosistemas para extraer recursos naturales o arrojar residuos genera una carga desproporcionada para los pobres. En un mundo de comercio global y liberalizado, en el que todo es vendible y la potencia económica es el único factor determinante del poder y el control, los recursos se trasladan de los pobres a los ricos, y la contaminación se traslada de los ricos a los pobres. El resultado es un apartheid ambiental a escala mundial (^{Shiva, 2001}).

De esta manera, en Latinoamérica se presentan toda clase de conflictos ecológicos distributivos relacionados con "los patrones sociales, espaciales y temporales de acceso a los beneficios obtenibles de los recursos naturales y a los servicios proporcionados por el ambiente como un sistema de soporte de la vida" (^{Martínez-Alier, 2009: 102}). Las comunidades étnicas y campesinas se centran en la defensa de los bienes comunes de los recursos naturales amenazados por el avance del extractivismo depredatorio.

Los bienes comunes hacen referencia a la relación social de pertenencia entre las comunidades y sus entornos naturales y culturales (^{Bollier, 2008}). La principal característica de este tipo de conflictos sobre los bienes comunes es que se originan por disputas entre agentes colectivos por el acceso, control o formas de aprovechamiento de los recursos naturales y el territorio en que se encuentran (^{Paz, 2012}; ^{Svampa, 2012}; ^{Velardi y Zeisser, 2012}; ^{Leff, 2009}). Al retomar la idea de bien común como reivindicación de la acción colectiva se identifica "una amplia clase de recursos en cuyo control y manejo, la ciudadanía en general o comunidades específicas tienen intereses políticos y morales" (^{Bollier, 2008: 31}).

En Latinoamérica, nuevos movimientos sociales y diversas acciones colectivas han configurado un escenario de crecientes conflictos socioambien-tales que han cuestionado la depredación acelerada de recursos naturales a manos de "poderes salvajes" (^{Ferrajoli, 2011}). Dichas movilizaciones han enmarcado sus acciones colectivas en repertorios en torno a la defensa del medio ambiente y la naturaleza, y han puesto en evidencia la agudización de los procesos privatizadores y los mecanismos estatales que favorecen las dinámicas extractivistas, como el otorgamiento por parte de los gobiernos centrales de concesiones especiales a los inversionistas por medio de acuerdos comerciales, políticas de subsidios y contratos de estabilidad, y desregulación para la entrega de licencias para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables en amplios territorios nacionales, entre otros (^{Martínez-Alier y Walter, 2015}; ^{Bebbington, 2012}; ^{Gudynas, 2009}).

En cuanto a las estrategias jurídicas de movilización, la emergencia de estos repertorios de defensa de los derechos humanos ligados a los bienes comunes y el medio ambiente sano busca la recuperación y revitalización del derecho medieval de la Carta Magna (1215) y la Carta del Bosque (1217), para actualizar la discusión en torno a "los comunes" en el debate político y constitucional (^{Linebaugh, 2008}).

Las acciones colectivas por la defensa de los bienes comunes han acompañado el nuevo constitucionalismo latinoamericano en países como Bolivia y Ecuador, en los que los mandatos demo-cratizadores han ido de la mano de la defensa del medio ambiente y la naturaleza, y han establecido una apuesta por el desarrollo con sostenibilidad ecológica, protección de la biosfera, la pequeña agricultura y los derechos de las generaciones futuras (^{Pisarello, 2011: 198-200}). Este desarrollo constitucional ha sido producto, en buena medida, de la acción sostenida de las comunidades locales indígenas, afrodescendientes y campesinas, que con diversas formas de organización y resistencia han logrado hacerse escuchar para exigir el reconocimiento de sus tradiciones culturales y su relación con la naturaleza, formas que de manera histórica han preservado los bienes comunes de la humanidad, como el medio ambiente (^{Santos, 2007: 20}).

Ricardo Ramirez Arriola/archivo360.com. Asamblea de los Pueblos del Norte de El Quiche, zona ixil, por la defensa de su territorio y el reconocimiento de su derechos a la vida, educación, salud, según su propia cosmovisión. Nebaj, El Quiche, 20 de abril de 2013. 

Despojo, adecuación y administración del territorio en Colombia

En Colombia, la transformación de la orientación económica implicó un proceso violento íntimamente relacionado con la expansión de los ejércitos paramilitares a lo largo y ancho del país, el escaloña-miento y la degradación del conflicto armado. Uno de los mecanismos distintivos que hicieron posible la transformación y adecuación territorial para la explotación intensiva de los recursos naturales no renovables fue el despojo, que permitió el acaparamiento de la tierra para su uso y explotación por capitales extranjeros y nacionales. La nueva territorialidad rural capitalista fue configurada en buena medida gracias a la "acumulación por desposesión" (^{Harvey, 2004}) de las tierras de cientos de campesinos y la persecución y aniquilación de organizaciones sociales por medio de la expansión del crimen organizado, en un proceso de contrarreforma agraria y planeación territorial para la instauración de megaproyectos estratégicos (^{Reyes, 2008}). En este proceso de acaparamiento violento por medio del despojo, según el Observatorio de Desplazados Internos del Consejo Noruego para los Refugiados, Colombia es el país con el mayor número de desplazados del mundo, con un número estimado entre 4.9 y 5.9 millones (^{IDMC, 2013}).

Ricardo Ramirez Arriola/archivo360.com. Yassmin Barrios Aguilar dictó la histórica sentencia y condena de 80 años de cárcel por genocidio contra el ex general Efraín Ríos Montt el 10 de mayo de 2013. Palacio de Justicia de Guatemala, Ciudad de Guatemala, 19 de abril de 2013. 

Las cifras sobre la tierra usurpada por medio de la guerra varían. Los cálculos más bajos del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) indican 4.4 millones de hectáreas, mientras los más elevados, elaborados por el propio movimiento de víctimas, computan el saqueo de por lo menos diez millones de hectáreas (^{CNRR, 2009}). Para 2009, el Informe Nacional de Desarrollo Humano con enfoque rural registró un índice de Gini de propietarios de 0.87 y de concentración de la tierra de 0.86 en todo el país (^{PNUD, 2011: 197}). Es decir, la guerra y la violencia se vinculan a las dinámicas extractivistas, en tanto las zonas de disputa fueron planeadas para el acceso a beneficios por los recursos naturales como objeto de explotación y racionalización económica.

La adecuación territorial de áreas económicas estratégicas implicó la violencia sistemática contra poblaciones, que fueron víctimas de masacres, muertes aleccionadoras, acaparamiento violento de tierras y persecución política de cualquier tipo de organización, movimiento o proyecto colectivo que representara algún cuestionamiento al orden impuesto a sangre y fuego. En ese contexto, desde la década de 1980 y hasta 2002, se desarrollaron múltiples iniciativas colectivas de organizaciones y movimientos en defensa de los derechos humanos, en especial el derecho a la vida, a la asociación política y los llamados a las negociaciones de paz. Entre las acciones colectivas y los movimientos sociales más importantes, encontramos el Movimiento por la Vida, el cual, en la década de 1980, condujo a la posterior configuración de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz (Redepaz) en la década siguiente. Durante este mismo periodo se llevaron a cabo Consultas Populares por la Paz en varios municipios del país, como Apartado, en el departamento de Antioquia, y Aguachica, en el Cesar, con el fin de crear "territorios de paz" legitimados en las acciones colectivas locales en defensa de los derechos humanos. Estas iniciativas de movilización y acción colectiva por el respeto a la vida, enmarcadas en la defensa de los derechos humanos, alcanzaron escala nacional con el Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad, una consulta popular llevada a cabo en 1997, acompañada por marchas y otras estrategias de movilización en todo el país (^{Romero, 2002}).

Ricardo Ramirez Arriola/archivo360.com. El ex general Efraín Ríos Montt y uno de sus abogados durante el juicio en su contra por genocidio y muerte de 1711 hombres, mujeres, ancianos y niños ixiles durante su gobierno de tacto en Guatemala (23 de marzo de 1982- 8 de agosto de 1983). Palacio de Justicia de Guatemala, Ciudad de Guatemala, 2 de mayo de 2013. 

La profundización de la especialización en la extracción y exportación de minerales y recursos naturales no renovables tuvo un impulso definitivo a finales de la década de 1990, con la promulgación de la Ley de Minas y Energía y su aplicación efectiva en los dos gobiernos de Alvaro Uribe, entre 2002 y 2010 (^{Fierro, 2012}). Durante ese régimen, en 2006, el Ministerio de Minas y Energía y su Unidad de Planeación Minero-Energética crearon el Plan Nacional para el Desarrollo Minero "Colombia País Minero 2019", cuyos objetivos establecieron duplicar la exportación de carbón y multiplicar en cuatro veces la de oro (^{UPME, 2006}).

El desarrollo de las políticas mineras ha posicionado al país como el primer productor latinoamericano, el cuarto exportador y el décimo productor mundial de carbón. Además, 70% de su economía de exportación depende de los recursos naturales no renovables, como carbón, petróleo, ferroníquel y oro (^{DANE, 2013}). Estos elementos son exportados crudos casi en su totalidad -99% del oro y entre 92 y 95% del carbón-, razón por la cual no se establecen encadenamientos productivos que dinamicen la economía de manera directa.

Veinte años después de la escalada de muertes violentas y la degradación de la guerra, en un contexto de pacificación y mantenimiento del orden estructurado a sangre y fuego, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014), "Hacia la prosperidad democrática", fue un continuador de los planes económicos trazados durante los gobiernos anteriores (^{DNP, 2011}).

Ricardo Ramirez Arriola/archivo360.com. Mujeres ixiles durante un receso en el juicio por genocidio contra el ex general Efraín Ríos Montt. La Corte de Constltucionalidad de Guatemala anuló la sentencia y retrocedió el juicio al 19 de abril de 2013. Palacio de Justicia de Guatemala, Ciudad de Guatemala, 2 de mayo de 2013. 

Los principales actores beneficiados por la profundización del modelo de especialización productiva basado en la extracción de recursos no renovables son las empresas mineras, las cuales ya tienen concesiones de explotación en casi todo el territorio nacional.

En la feria de concesiones para las empresas mineras de la última década, después de la aprobación del Código Minero de 2001, se superpusieron los títulos para la explotación minera en áreas de parques nacionales y páramos que debían ser protegidos. Los títulos se expidieron sin ningún tipo de control, se violaron los derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes, y se permitió el acaparamiento de títulos. Esta expansión sin precedentes de la megaminería, además de ir en detrimento patrimonial y ambiental de la nación, al entrar en competencia también elimina otras actividades económicas, como el desarrollo de la agricultura, e incrementa los costos económicos y socioambientales de esta actividad (^{Hincapié, 2013: 380-384}).

Estas políticas generaron en Colombia una serie de reacciones colectivas en defensa de los derechos humanos, ahora enmarcadas en un repertorio de defensa del medio ambiente, que configuraron un escenario de conflicto y disputa por la defensa del territorio y los bienes comunes. Esto trajo consigo enfrentamientos entre el gobierno central y las comunidades locales, en los que la criminalización y represión de la acción colectiva se incrementaron (^{CINEP, 2012}; ^{Chérrez et al., 2011}). Estos conflictos se han agudizado porque las comunidades locales, sin encontrar respuestas institucionales efectivas, no sólo hacen frente a las grandes empresas protegidas por los gobiernos centrales, sino también a las organizaciones criminales que convergen y refuerzan las dinámicas de extractivismo depredatorio de los recursos naturales en sus territorios (^{Hincapié, 2013}).

Los conflictos socioambientales y los derechos a un medio ambiente sano

Al finalizar el segundo gobierno de Álvaro Uribe (2006-2010) y durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014), comenzó un nuevo ciclo de movilizaciones y protestas enmarcadas en un repertorio que reivindica la defensa de los derechos humanos a un ambiente sano y a la preservación de bienes comunes. Este nuevo patrón de demandas sociales en Colombia se opone a la expansión indiscriminada de los proyectos económicos estratégicos de multinacionales, vinculados con el despojo y la estrategia de tierra arrasada. En 2014, se ubicaron 72 casos de conflictos ambientales relevantes relacionados con la explotación de oro y carbón, que abarcaban cerca de 7.9 millones de personas afectadas y 25 millones de hectáreas en disputa. De acuerdo con esto, Colombia es el segundo país del mundo con mayores conflictos socioambientales, después de la India, y reúne la tercera parte de todos los conflictos presentes en Latinoamérica (^{EJOLT, 2014}).

Los conflictos socioambientales configurados en Colombia tienen que ver, en primer lugar, con los ordenamientos territoriales y las delimitaciones de protección ambiental y el uso de recursos; en segundo lugar, con las disputas en el uso, disfrute y conservación del territorio ancestral por parte de pueblos y comunidades étnicas; en tercer lugar, con el solapamiento entre las actividades extractivistas y las actividades agrícolas y campesinas, y por último, con la exigencia de justicia y reparación de las víctimas de desplazamiento forzado de las tierras que en la actualidad están en manos de grandes empresas dedicadas a la explotación y depredación de recursos naturales (^{Hincapié, 2013}). Sin embargo, la acción colectiva de las comunidades locales y regionales se ha visto amenazada por un proceso de militarización creciente en las localidades en las que la megaminería se desarrolla. Sólo en los tres últimos años, se ha pasado de 11 batallones ubicados en zonas de extracción a 21 (^{Pinto y Gisbert, 2014}). Esta tendencia histórica al empleo de la militarización para enfrentar los conflictos ha llevado, en este caso, a un nuevo proceso de hostigamiento de líderes ambientalistas que tiene a Colombia en el quinto lugar mundial de asesinatos de defensores medioambientales (^{Global Witness, 2014}).

A pesar de lo anterior, la valoración de los bienes comunes y la defensa del derecho humano al medio ambiente sano ha llevado a una acción sostenida de las poblaciones locales que han utilizado mecanismos de participación institucional, como la consulta popular. Entre los casos más representativos, se encuentra la consulta llevada a cabo en julio de 2013 en el municipio de Piedras, en el departamento del Tolima, en la que la comunidad votó contra el megaproyecto minero de la empresa Anglogold Ashanti. En la consulta popular de diciembre de 2013 en el municipio de Tauramena, departamento del Casanare, 96% de los votantes se manifestó contra las actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos en sus territorios. En el departamento de Santander, las acciones colectivas han logrado hacer retroceder proyectos mineros en el páramo de Santurbán, gracias a las grandes movilizaciones pacíficas, la realización de foros temáticos, dos audiencias públicas y el desarrollo de acciones jurídicas que lograron detener de manera parcial los proyectos megamineros, para continuar con una movilización que exige delimitación territorial protectora de los bienes comunes de la región (^{Martínez, 2014}).

Los recursos jurídicos utilizados como estrategia de movilización por parte de las comunidades locales han fortalecido la defensa de los derechos colectivos. Por medio del uso del litigio estratégico, la acción colectiva ejerció presión para que la Corte Constitucional promulgara una línea jurisprudencial protectora de los bienes comunes y de un ambiente sano.¹ En ese sentido, la Corte Constitucional de Colombia sentó precedentes nodales en 2009, para la defensa de los derechos de los colombianos a un ambiente sano, al proteger los derechos de los pueblos indígenas frente a las pretensiones de las empresas encargadas del proyecto minero Mandé Norte. Con la sentencia T-769/09, la Corte concedió la protección de los derechos al debido proceso y a la consulta previa de las comunidades indígenas y a la preservación de las riquezas naturales de la nación. Ordenó suspender todas las actividades de exploración y explotación hasta que el Estado consultara a todas las comunidades afectadas después de desarrollar estudios integrales de los impactos ambientales, "difundiendo ampliamente los resultados entre las comunidades indígenas y afrodescendientes que puedan ser afectadas y evitando que se emitan licencias ambientales para la ejecución de proyectos de exploración y explotación que afecten la biodiversidad y el medio ambiente" (^{Corte Constitucional, 2009: 43-44}). A pesar de las presiones de las empresas mineras y de las propias autoridades gubernamentales para que la Corte cambiara su decisión, ésta fue ratificada en 2012 mediante el auto 053/12 del 12 de marzo de 2012, gracias a la movilización persistente de las comunidades y de diversas organizaciones acompañantes de las acciones colectivas en defensa de los bienes comunes.

En marzo de 2013, la Corte Constitucional emitió la sentencia T-154/13 que protege los derechos colectivos a un ambiente sano de la comunidad de La Loma, zona rural del municipio El Paso, departamento del Cesar, en la que ordenó a la multinacional Drummond, que explota minas de carbón, "la instalación de maquinaria de última generación técnica, al igual que amortiguadores, lavadores, cubiertas y recuperadores de carbón y sus partículas, para contrarrestar el ruido y la dispersión". Solicitó también que incluyera "en su plan de manejo ambiental, en derredor de las zonas de explotación, almacenamiento y trasporte de carbón, la plantación de barreras vivas que coadyuven a erradicar el daño generado por la explotación carbonífera". Solicitó al gobierno nacional que promoviera "un plan de acción con todas las instituciones que integran el Sistema Nacional Ambiental, con el objetivo de erigir una política nacional integral para optimizar y hacer cumplir prioritariamente la prevención y el control contra la contaminación del aire y del agua causada por la explotación y transporte de carbón" (^{Corte Constitucional, 2013}).

La minera interpuso nuevos recursos jurídicos que obligaron a una ratificación del fallo de la Corte mediante el auto 069 del 20 de marzo de 2014. Con este fallo, la Corte Constitucional sentó un nuevo precedente al ratificar que la acción de tutela es un mecanismo viable "para amparar a todo aquel cuyo derecho al ambiente sano resulte vulnerado, con repercusiones específicas en su contra"; asimismo, aseveró que la sentencia T-154/13:

Acató y desarrolló los lineamientos sobre el derecho a un ambiente sano, cuya conservación no sólo es de interés general, sino también un derecho internacional y local de rango fundamental, del cual son titulares todos y cada uno de los seres humanos que individualmente resultaren perjudicados o en riesgo, deviniendo ineludible el deber del Estado de garantizar la vida de las personas en condiciones dignas, precaviendo cualquier injerencia nociva que atente contra un individuo, o un grupo, por ejemplo, una familia (^{Corte Constitucional, 2014}).

Ricardo Ramirez Arriola/archivo360.com. Juicio al ex general Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo ixil Palacio de Justicia de Guatemala, Ciudad de Guatemala, 19 de abril de 2013. 

En Colombia, este marco de protección de los bienes comunes y el medio ambiente en la defensa de los derechos humanos ha puesto en evidencia, mediante la acción colectiva: 1) la connivencia en la expansión del crimen organizado, la violencia, el despojo y el asentamiento de megaproyectos extractivos; 2) la amenaza a formas tradicionales de vida y a formas de relación comunitaria con la naturaleza; 3) el efecto medioambiental que va desde la contaminación de aguas y suelos, hasta la amenaza a la soberanía alimentaria, y 4) el reconocimiento del derecho a un ambiente sano como parte de la defensa de los derechos humanos.

Conclusiones

Desde la década de 1980, el territorio colombiano se ha adecuado para la especialización en explotación de recursos naturales no renovables por medio de la violencia. En este contexto, durante las décadas de 1980 y 1990, las acciones colectivas y los movimientos sociales exigieron el respeto a los derechos humanos, en especial el derecho a la vida y la seguridad, la exigencia de paz y la salida negociada al conflicto armado. Después de un descenso en las movilizaciones entre 2002 y 2010, en los últimos años se ha presentado un resurgimiento de las acciones colectivas y contenciosas por la defensa de los derechos humanos asociados a la protección de los bienes comunes y el medio ambiente sano.

Las transformaciones económicas hacia la explotación intensiva de los recursos naturales no renovables han producido impactos ambientales y sociales negativos, que vulneran los derechos colectivos de las comunidades locales. Como consecuencia de dichas transformaciones, la defensa de los derechos individuales y políticos, que caracterizó la trayectoria de la movilización social frente a la guerra en Colombia, se ha reorientado a un nuevo repertorio de acción colectiva en defensa de los bienes comunes y el medio ambiente asociada a la defensa de los derechos humanos. Las estrategias de movilización practicadas por las comunidades locales, como el litigio estratégico, han puesto en el centro de la discusión legal y política la relevancia de la defensa de los bienes comunes, han cuestionado de fondo la aplicación indiscriminada de políticas estatales que impulsan el extractivismo depredatorio y han presionado por la creación de una legislación y jurisprudencia protectora del medio ambiente.