El estudio del pasado puede ayudar a comprender el presente de las formaciones sociales. Puede generar interrogantes, pistas, y posibles explicaciones de procesos actuales. Así, pues, el caso particular del estudio de la desaparición forzada en México no es un capricho motivado por inclinaciones ideológicas revisionistas; por el contrario, en vista de la crisis en materia de derechos humanos que ha golpeado a México, principalmente desde la ofensiva militarista en contra de las organizaciones criminales dedicadas a la producción y tráfico de drogas, se vuelve oportuno voltear la mirada atrás y encontrar las líneas conductoras y los puntos donde se pueden intersectar presente y pasado.

En México, durante los últimos años, en el contexto de la “guerra contra las drogas” iniciada por Felipe Calderón, que encontraría continuidad con su sucesor, Enrique Peña Nieto, la desaparición forzada, entendida como “la privación de la libertad de una persona o de un grupo de personas por parte de un servidor público o con la aquiescencia del Estado, acompañada de la falta o negativa de información sobre el paradero de la persona, sustrayéndola de los efectos de la ley” (p. 20),¹ ha sido un elemento común en la vida política mexicana, encontrando su caso más visible con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, la cual exhibió internacionalmente la crisis humanitaria del Estado mexicano, revelándolo como violador, al menos por el incumplimiento de sus obligaciones, de derechos humanos. Dicha práctica, extendida y generalizada en años recientes, alcanzaría un refinamiento técnico durante el periodo de la violencia contrainsurgente (conocida generalmente como “Guerra Sucia”), cuando este dispositivo (conjunto procedimental) fuera implementado, sobre todo, a miembros militantes de las guerrillas urbanas y rurales. No obstante, la desaparición forzada como herramienta de represión política es una práctica represiva “desde el momento mismo de la construcción del Estado posrevolucionario” (p. 48).

Sin embargo, en la historiografía, al menos la oficial, la desaparición forzada, acaecida a raíz de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, en particular durante los gobiernos de Luis Echeverría (1970-1976) y de José López Portillo (1976-1982), sistemáticamente ha negado que en el país hubiera existido una estrategia de eliminación de la disidencia política. De tal manera se ha construido un discurso que presenta al Estado mexicano como un caso único al no haber participado de manera activa en la eliminación de la disidencia, alejándolo de sus pares latinoamericanos, quienes en la misma temporalidad erigieron regímenes autoritarios y dictatoriales. Recordando la tipificación realizada por el escritor peruano Mario Vargas Llosa, México se presentó como un sistema autoritario, sí, pero lejano a los modos militaristas y opresores del cono sur; se ostentó, pues, como una “dictadura perfecta”, en la cual el sistema político autoritario fue instituido mediante mecanismos hegemónicos de control, mediación e inclusión, como la negociación y cooptación de la disidencia, así como a través de reformas políticas y electorales, las cuales dieron esa forma sui generis al autoritarismo mexicano.

Tal fue la negación de los dispositivos de eliminación de la disidencia política en México, que, a diferencia de otros países latinoamericanos, los “archivos de la represión”, como los nombra Camilo Vicente Ovalle, que sobrevivieron a la destrucción, estuvieron clasificados durante muchos años, restringidos para su consulta y custodiados por herederos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Asimismo, los juicios políticos por los crímenes de lesa humanidad cometidos por dicha corporación durante la violencia contrainsurgente han sido poco menos que anecdóticos para el caso mexicano. Incluso Miguel Nazar Haro, director de la DFS, creador de la Brigada Blanca y principal actor en la desaparición forzada, temporal y permanente, de activistas en los setenta y ochenta, quedaría absuelto de sus imputaciones en 2006.

Al día de hoy, los mencionados archivos de la DFS se encuentran resguardados por el Archivo General de la Nación (AGN), y su consulta irrestricta a todo público interesado ha sido abierta apenas el pasado febrero de 2020. Cuando Vicente Ovalle preparaba su tesis doctoral en historia, de la cual se desprende [Tiempo suspendido]. Una historia de la desaparición forzada en México, 19401980, el acceso continuaba negado para la mayoría de investigadores. No obstante, la principal fuente de [Tiempo suspendido] son los propios archivos de la represión, a los que pudo tener acceso, así como los testimonios de quienes sobrevivieron a la desaparición forzada. El manejo que un investigador hace de sus fuentes es primordial, pues éstas por sí mismas no develan la realidad, y el trato que el autor le da a los archivos de la represión es precisamente la de la propia narrativa del autoritarismo, que de alguna manera justifica el accionar del Estado mexicano ante la insurgencia al quitarle el carácter político de ésta y mostrar a los detenidos-desparecidos como simples delincuentes a quienes resultaba ineludible erradicar, aunque retóricamente no se hubieran erradicado.

En ese sentido, a pesar de su reciente publicación, se puede considerar a [Tiempo suspendido] como una investigación pionera y referente en cuanto a los estudios de la represión, los cuales es probable que, ante la apertura de los archivos, empiecen a revelar nuevas caras del abuso de la violencia durante la Guerra Sucia. No es que no existieran intentos académicos y militantes por mantener en la memoria a los desaparecidos; sin embargo, como se ha mencionado, en los estudios sobre el sistema político se ha privilegiado el análisis de los mecanismos de inclusión, arrinconado a los de exclusión, en específico a los que hacen hincapié en los dispositivos represivos.

El libro se encuentra dividido en cuatro capítulos en los que el autor va exponiendo los usos, las dinámicas y la lógica del actuar del Estado, y sus grupos de seguridad, en cuanto a la desaparición forzada en México durante un periodo que no se constriñe a los años de la Guerra Sucia, sino que para comprender a ésta, la mirada de Vicente Ovalle escudriña más allá de las décadas de los sesenta a los ochenta. Tal es así en el primer capítulo, “Antes del 68”, el cual da cuenta del uso incipiente de la desaparición forzada (aunque su tipificación como tal sea posterior) en la todavía embrionaria configuración de Estado mexicano después de la Revolución, donde se recurrió a la privación de la libertad de personas por parte de servidores públicos, o con el consentimiento del Estado, tanto de rivales político-ideológicos tanto de izquierda como de derecha.

En “La organización de los hombres perfectos: Desaparición y contrainsurgencia”, el segundo capítulo, se muestra la historia de los grupos y corporaciones surgidos ante el marco histórico de la Guerra Sucia, como el grupo especial c-047 y las Brigadas Blancas. Su surgimiento, más que espontáneo ante la coyuntura del momento, es un proceso de duración anclado en el proceso mismo de nacimiento del nuevo Estado, producto “de la Revolución de 1910 y su configuración autoritaria entre las décadas de 1930 y 1950” (p. 55). Sin embargo, la particularidad del periodo contrainsurgente reside en que fue durante este proceso cuando el conjunto procedimental de la detención-desaparición forzada se institucionaliza, perfecciona y profesionaliza. Dicho conjunto procedimental se mantendría en vigor en la reciente guerra contra las drogas, en la cual la desaparición forzada se haría extensiva. No es cosa menor que uno de los primeros operativos, a nivel regional en contra “del narcotráfico”, la Operación Cóndor, coincida temporalmente con el periodo contrainsurgente.

En el tercer capítulo, titulado “El circuito de la detención-desaparición”, se estudia el desarrollo de la desaparición forzada como estrategia contrainsurgente; es decir, la manera en cómo la práctica se fue profesionalizando y haciendo extensiva, al pasar de ser utilizada por los grupos de agentes estatales como una herramienta para obtener información (vía tortura sistemática) de los grupos disidentes para su desarticulación, siendo la mayoría de las veces una detención-desaparición transitoria, a un instrumento de aniquilación, dándole un carácter de desaparición forzada permanente a los militantes capturados por las corporaciones del Estado.

Por último, en el cuarto capítulo, “Los usos de la desaparición” se presenta un análisis de tres casos particulares, donde la guerrilla y grupos disidentes, como la Liga Comunista 23 de Septiembre (lc23s), tuvieron presencia y participación: Oaxaca, Sinaloa y Guerreo, estudiando las formas en que fue ejecutada la desaparición forzada en cada ocasión particular. Por ejemplo, en Oaxaca el dispositivo de desaparición forzada fue utilizado de forma diferenciada para la Unión del Pueblo (Up) y para la lc23s, siendo transitoria para los primeros, ya que en su mayoría fueron liberados o presentados como presos comunes, y definitiva con los segundos, al ser erradicados sin saber a la fecha el destino final de muchos de ellos. O en Guerrero, donde la articulación y fuerza de los grupos insurgentes motivó a que en el estado de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas se optara por la franca eliminación.

El presente estudio, como se ha mencionado, resulta oportuno ante los hechos recientes en México, donde la desaparición forzada ha sido moneda común y donde la impunidad ha sido una constante prácticamente inalterable, llegando a demandas millonarias hacia investigadores que se han atrevido a señalar a gobiernos estatales como actores activos, o tolerantes permisivos. Ante la apertura de archivos, es probable que nos encontremos ante las puertas de una más efectiva búsqueda de justicia. Aunque, como el propio Vicente Ovalle reconoce: “aún está lejos de cumplir con las expectativas que imponen la emergencia con la que se presenta hoy el fenómeno de la desaparición” (p. 327).