El concepto de autonomía es de relevante actualidad en los debates académicos y en los movimientos sociales latinoamericanos; sin embargo, tiene interpretaciones disímbolas según el contexto. En el medio académico, donde prevalece en investigaciones y publicaciones sobre las poblaciones indígenas, normalmente es entendido como sinónimo de independencia. En ese mismo sentido se aplica para caracterizar organizaciones sociales que intentan deslindarse del gobierno o del partido de Estado; de hecho, se ha utilizado para referirse a agrupaciones de obreros, estudiantes, indígenas y partidos políticos de oposición. La mayoría de estos sectores organizados incluye la autonomía como una demanda -en algunos casos principal y en otros tangencial-. Se habla de autonomía como un derecho político, como una fórmula para ser incluidos, o como reconocimiento a la diferencia, como es el caso de los pueblos indios. En la mayoría de las situaciones el ejercicio de la autonomía es entendido en relación con algo o con alguien.

En los años setenta, en México, las organizaciones y los movimientos que demandaban inclusión política, social y económica luchaban, en general, por una autonomía del Estado, porque identificaban el autoritarismo corporativista estatal como obstáculo para el desarrollo de prácticas políticas democráticas. De ese modo, estas organizaciones se diferenciaban de las oficialistas por su posición de independencia respecto del Estado, aunque no cuestionaban sus prácticas políticas, las cuales normalmente reproducen el autoritarismo estatal. A raíz de que el PRI dejó de ser el partido oficial, se inició un proceso de apertura política que debilita paulatinamente el corporativismo de Estado. En ese momento se registra una nueva ola de interpretaciones de autonomía: ¿autonomía de qué o de quiénes?, ¿del sistema político?, ¿del partido de Estado?, ¿del gobierno? Esos interrogantes guiaron los debates en los foros tanto de organizaciones como de académicos.

En América Latina se discutían esos mismos aspectos. El debate se profundizó en los años ochenta, cuando surgieron procesos de luchas autonómicas en los que se cuestionaba la organización de los Estados nacionales y se planteaban nuevas formas de relación. El caso de Nicaragua es emblemático por significar una de las experiencias más acabadas de una propuesta de autonomía regional. A principios de los años noventa, a raíz de que España hace un llamado para celebrar el V Centenario del Descubrimiento de América, organizaciones indígenas se oponen al festejo y aprovechan el espacio para reunirse. Se realizan entonces diversos encuentros entre organizaciones indígenas y populares. El primero se efectúa en 1989, en Bogotá, Colombia. Ahí se inicia la Campaña Continental 500 años de Resistencia Indígena y Popular. Luego, en julio de 1990, en Quito, Ecuador, se desarrolla el Encuentro Continental de Pueblos Indios.

En estos foros, que integraron a organizaciones indígenas y populares de América Latina, los temas de la autodeterminación de los pueblos y de la autonomía fueron los más discutidos y controversiales. Al mismo tiempo, en la ONU se abrían espacios a la participación de líderes indígenas latinoamericanos, quienes lograron de alguna forma reconocimiento a sus demandas de autonomía y autodeterminación. Tal fue el caso del Convenio 169 de la OIT, adoptado en Ginebra, Suiza, en 1989.

Posteriormente, en 1995, en México se desarrollaron los diálogos de San Andrés, un escenario de convergencia de organizaciones indígenas mexicanas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Ahí se generó un intenso debate sobre la autonomía y sus significados. De ese amplio encuentro entre actores e intelectuales surgieron otros muchos foros de discusión y documentos centrados en el concepto de autonomía; sin embargo, su definición no fue clara y al utilizarse de manera diferenciada propició interpretaciones contrapuestas que terminaron cuestionando los diversos proyectos políticos ahí vertidos. (^{Hernández 1997}, ^{Díaz Polanco 1997}).

Esa dificultad para darle el mismo significado al concepto, aun entre los intelectuales especialistas en el tema, fue un aliciente para que algunos académicos y miembros de organizaciones civiles construyéramos un espacio virtual de discusión sobre la autonomía: el Proyecto de Autonomía Hoy.¹ Aunque el punto de partida fue esta complejidad someramente descrita, también lo fue la atractiva interpretación que Cornelius Castoriadis hace de la autonomía. Dicha propuesta puede ayudar a aclarar algunas divergencias sobre el concepto e incluso a entender otras concepciones y otros procesos autonómicos.

Castoriadis va al origen del concepto contraponiendo autonomía a heteronomía, como características de una sociedad o de un individuo. Sin pretender calificar a una sociedad, asegura que las sociedades son heterónomas cuando sus normas o leyes son impuestas de forma extrasocial y son autónomas cuando estas son creadas por ciudadanos con posibilidades y capacidades para decidir, es decir, ciudadanos democráticos, aquellos que tienen la característica de ser reflexivos, como se menciona en la siguiente cita:

La libertad efectiva (no me refiero aquí a la libertad «filosófica») es lo que llamo autonomía. La autonomía de la colectividad, que no puede realizarse más que a través de la autoinstitución y el autogobierno explícitos, es inconcebible sin la autonomía efectiva de los individuos que la componen. La sociedad concreta, que vive y funciona, no es otra cosa que los individuos concretos, efectivos, “reales”. Pero lo inverso es igualmente cierto: la autonomía de los individuos es inconcebible sin la autonomía de la colectividad (^{Castoriadis 1996}).

Desde esta perspectiva, la autonomía solo se establece cuando los miembros de una sociedad así lo deciden, no es una norma que se imponga a un individuo o sociedad. Otros no pueden decidir que seamos autónomos; la necesidad o el deseo de construir autonomía tiene que partir de nosotros mismos. Para ser autónomos hay que construir un nuevo marco social-histórico, y eso solo es posible cuando existe la decisión consciente de crear nuevas instituciones sociales, las cuales se conforman con la participación activa de los individuos que componen la sociedad. Así pues, es imposible que con la aplicación de normas institucionales extrasociales, impuestas por la religión, las leyes, entre otras, se pueda construir una sociedad autónoma y democrática. Según Castoriadis, la autonomía solo es posible cuando «…una sociedad es capaz de instituirse explícitamente y por lo tanto de poner en tela de juicio sus instituciones ya dadas y su representación del mundo ya establecida» (^{2005: 140}).

Retomando a Castoriadis, la construcción de una sociedad autónoma es el objetivo más complejo que pueden plantearse los movimientos sociales. Las culturas políticas en las que actúan son precisamente una constante repetición de prácticas surgidas en una sociedad instituida con antelación; en consecuencia, los sujetos no participan en el proceso instituyente.

Cuando el movimiento indígena se plantea la autonomía, en la mayoría de los casos lo hace pensando en la capacidad de autodeterminación en su territorio; es decir, una autonomía en referencia al Estado, del que es parte, pero no se trata de una concepción de autonomía que signifique cambios internos en su organización, como podría ser la constitución de sujetos reflexivos, que es el primer paso para una sociedad autónoma en los términos de Castoriadis; en ese sentido cabría preguntarse si en estos casos en que las organizaciones o los movimientos sociales luchan por la autonomía, desde una perspectiva de independencia, pueden modificar los marcos sociales heterónomos. Siguiendo el enfoque de Castoriadis, eso no es posible, aunque sus logros pueden romper los autoritarismos estatales.

No se trata, entonces, de descalificar aquellas experiencias que buscan una autonomía en términos de independencia en nombre de la identidad del grupo, pero sí de entender los límites que tiene una demanda de este tipo para no crear expectativas que no correspondan.

Así pues, como mencionamos al principio, la lucha por la autonomía es una práctica en la mayoría de los movimientos sociales latinoamericanos, pero con implicaciones tan diversas como definiciones conceptuales tiene el término. Considerando tal diversidad, en este número de Pueblos y fronteras digital reunimos artículos tanto de experiencias y proyectos como de reflexiones teóricas sobre este concepto de autonomía.

La publicación abre con el artículo de Rafael Miranda: «Estado del proyecto de autonomía y esencialización de lo identitario. Notas sobre América Latina desde Castoriadis». El autor aborda la discusión referente al uso del concepto de autonomía desde una crítica a la identidad, tomando como guía la propuesta de autonomía de Catoriadis. Realiza un recorrido por diversas corrientes filosóficas y teóricas y discute las contradicciones existentes en la cultura política de la izquierda latinoamericana. Identifica al marxismo y a la teología, además de la condición de colonialidad, como sus fuentes de transferencia institucional más importantes. Argumenta las formas en que esas transferencias fortalecieron el proyecto de la repetición sin cuestionar sus propias normas.

En esa misma línea, Miranda analiza las teorías posmodernas, esencialmente la perspectiva denominada decolonial. En un somero análisis del discurso de esta teoría, demuestra las inconsistencias que surgen cuando, en nombre de la reivindicaciones sociales de los oprimidos o vulnerables, se subraya la identidad como la esencia de la lucha, buscando la autonomía pero destruyendo al otro. Propone como contraparte del concepto de identidad el de alteridad como la vía que posibilita la construcción de un proyecto de autonomía que no implica destruir al otro. En la última parte de su texto da algunos elementos que permiten entender la diferencia entre buscar la autonomía desde la esencialización de la identidad y hacerlo desde la lucha por ser autónomo.

En «La autonomía como proyecto: procesos de reflexión deliberada en experiencias de autogestión», Heras y colaboradores describen su propia experiencia participativa en proyectos autogestivos desarrollados en Argentina, para discutir conceptos tales como reflexión deliberada y autonomía. Los autores se proponen que este escrito pueda servirles para ubicar campos conflictivos que enfrentan como colectivo y, a la vez, aportar a los debates académicos elementos sobre la posibilidad de construir proyectos de autonomía en procesos sociales que buscan modificar las relaciones sociales autoritarias.

Se proponen también demostrar la complejidad de poner en práctica conceptos aparentemente sencillos, y aceptados por muchos como elementales, para un verdadero proyecto de democracia. Esa dificultad queda manifiesta cuando, al final, exponen reflexiones encaminadas a enriquecer las acciones dentro de los proyectos colectivos pero que abren nuevos interrogantes; es decir, no hay respuestas o soluciones únicas cuando se trata de poner en práctica propuestas teóricas que involucran las significaciones y acciones de los propios sujetos, en este caso los autores.

En el siguiente artículo, «Difusión e institucionalización del movimiento de recuperación de fuentes de trabajo en Argentina», Ma. Amalia Gracia analiza el caso de las fábricas recuperadas, un acontecimiento que no sólo se ubica en Argentina sino en otros países latinoamericanos, como producto de las transformaciones del mundo del trabajo. La autora hace hincapié en que un aspecto a resaltar en estos actores es que, a diferencia de lo que se dice sobre la efervescencia de nuevos sujetos sociales, los trabajadores argentinos que se apropian de las fábricas para que sigan funcionando, ahora en forma de cooperativas, tienen como principal interés seguir siendo «trabajadores». Para explicar el proceso, la autora utiliza el concepto de «Estado naciente» de Alberoni, porque -afirma- explica los acontecimientos sociales encabezados por los trabajadores argentinos ahora posesionados de sus espacios de trabajo. Demuestra cómo el derecho al trabajo se impuso al derecho a la propiedad y, finalmente, explica el funcionamiento de estos espacios de producción que pretenden constituirse en espacios de gestión que funcionen de forma horizontal y democrática.

El artículo de Bruno Baronnet, «Desafiando la política del Estado: las estrategias educativas de los pueblos originarios en Colombia y México», analiza las estrategias educativas indígenas en el Cauca, Colombia, y en las comunidades zapatistas en Chiapas, México. Compara los procesos educativos autónomos que están desarrollándose en estos dos espacios y encuentra que, por un lado, responden a la falta de atención del Estado y, por otro, a una necesidad de crear una educación endógena intercultural para enfrentar las políticas educativas impuestas desde ámbitos culturales no indígenas; es decir, en un contexto de autonomía del Estado, en un proceso de descolonización.

También demuestra la importancia que tiene la educación autónoma en la construcción de una autonomía individual y colectiva en términos políticos, o sea, en la construcción del sujeto colectivo reflexivo. En este artículo encontramos las dos formas de entender la autonomía: como autonomía del Estado y autonomía como práctica reflexiva que busca la construcción de un proyecto democrático o, en palabras del autor, un proyecto decolonial y emancipativo.

En «Movimientos sociales e integración regional: el caso de la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA», Karla Díaz caracteriza el contexto en el que surge la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA (AMSALBA) y sus objetivos. Recorre los orígenes del Mercosur y sus tropiezos o incapacidades para convertirse en una opción para los pueblos latinoamericanos. Identifica el surgimiento del ALBA como la opción para hacer frente al ALCA pero, sobre todo, lo ve como la posibilidad de crear una organización que integre a las naciones desde un perspectiva que recupere el protagonismo del Estado, rechazando con ello el avasallamiento neoliberal que se ha impuesto en otros tratados de libre comercio donde el mercado es el eje conductor. La autora tiene como objetivo explicar el papel de los movimientos sociales en este nuevo proyecto integrador. Asegura que a raíz de que AMSALBA es parte fundamental del ALBA, esta agrupación tiene un papel preponderante porque parte desde las bases. Asegura también que este proyecto pretende lograr una integración social y no sólo económica, y que por ello tiene muchas potencialidades. Retoma a autores que han señalado los conflictos que enfrenta un movimiento social cuando, al mismo tiempo que lucha por la autonomía, termina creando nuevas formas de heteronomía, para señalar que ese es uno de los desafíos que tiene el movimiento analizado.

En el artículo «El ámbito local comunitario, una afirmación de la autonomía indígena», Jorge Hernández hace un recorrido histórico del papel de las autonomías indígenas y concreta su estudio en el caso oaxaqueño. Afirma que la autonomía de los pueblos indígenas se presenta de forma diferente en cada uno de los estados mexicanos. El concepto de autonomía que utiliza está relacionado con independencia y autodeterminación. Recupera las normas institucionales que se han promulgado en Oaxaca, estado en el que surgen infinidad de conflictos debido a su larga tradición de vida comunitaria, donde el espacio de la localidad le disputa al municipio el ámbito de la toma de decisiones. En su texto describe cómo se han conformado esas autonomías en el nivel local comunitario y cuáles son las razones de los conflictos.

«La autonomía en este caso es el ejercicio de prácticas mediante las cuales se mantiene un gobierno local en un determinado espacio territorial que se reclama como propio». Con esta concepción de autonomía podemos contrastar y distinguir los usos de un mismo concepto; en este caso está claramente referido a independencia, sin que necesariamente exista el proceso reflexivo que cuestiona el propio hacer de los sujetos.

En el artículo de Elisa Cruz Rueda y Ma. Eugenia Santana E., «¿Reconocimiento jurídico de la diversidad cultural sin ejercicio de derechos?», las autoras analizan las formas de reconocimiento jurídico de los derechos indígenas, a nivel nacional e internacional. Exponen el origen de conceptos como pluriculturalismo y multiculturalismo, en el contexto de una dinámica que aún no termina de reconocer plenamente la diversidad cultural y, por lo tanto, los derechos de los pueblos indígenas. Retoman el concepto de políticas públicas para enmarcar el uso del peritaje antropológico como una necesidad que debe ser asumida por el Estado para incluir en el marco jurídico las formas de vida que tienen las poblaciones indígenas. De esa forma, los conflictos serían resueltos de manera que se respete la diversidad cultural. Consideran entonces que con el peritaje antropológico se puede lograr una justicia «culturalmente adecuada».

En «Las autonomías de los pueblos mayas de Yucatán y su silencio ante las políticas de asimilación y la legislación de su derechos», Ana Rosa Duarte Duarte emplea y define el concepto de silencio como una estrategia que los pueblos mayas yucatecos utilizan para resistir la asimilación. Ella considera que esa estrategia no es entendida por quienes cuestionan cierta inactividad e indiferencia que asumen dichas comunidades ante sucesos que afectan a todas las poblaciones indígenas, en especial ante la aprobación de la ley que protege sus derechos -la Ley Maya -. La autora es hablante de maya y desde ahí construye su interpretación, con base en entrevistas a jóvenes y viejos mayas. Con esa información, y retomando a autores que han trabajado el tema, concluye que el silencio entre los mayas yucatecos es una estrategia de resistencia y también de autonomía de autosubsistencia, como ella denomina sus prácticas autonómicas. Finalmente realiza algunas propuestas de lo que considera podría hacerse para garantizar los derechos de las poblaciones mayas.

En este caso resulta interesante la concepción de autonomía que trabaja Ana Rosa Duarte. Efectivamente, no se refiere solo a autonomía del Estado sino a un proceso autonómico que garantiza que las poblaciones sobrevivan al mantener y fortalecer su lengua, costumbres y, en general, su mundo de vida.

En el artículo de Antonia Berenice Villafuerte, «Lucha campesina, autonomía e institucionalización. El caso de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) en Acala, Chiapas», la autora retoma el funcionamiento de una organización campesina de cobertura nacional que tiene gran presencia en Chiapas. Reconstruye su conformación histórica en el estado, identifica sus objetivos de lucha y se centra en describir el proceso de independencia e institucionalización de la organización.

Retoma el concepto de autonomía en un sentido más cercano al de independencia del Estado y cuestiona los procesos organizativos internos y la toma de decisiones. Concluye que el proceso de reestructuración económica nacional orilló a que estas organizaciones fueran poco a poco perdiendo independencia y construyendo procesos institucionalizantes. Todo ello debido a la necesidad de resolver demandas inmediatas de la población, dejando de lado las luchas por la autonomía y la política. Para ejemplificar cómo se dio este proceso, la autora retoma datos del funcionamiento de la CIOAC en un municipio de Chiapas.

El último artículo de este número, «Resistencia y construcción de autonomía: una experiencia comunitaria zapatista», de Nicolás González, es resultado de una investigación realizada en una comunidad de Los Altos de Chiapas caracterizada como zapatista por su adscripción política a ese movimiento. El autor realiza un recorrido histórico en el que analiza conjuntamente la conformación del movimiento zapatista y la integración de la comunidad a ese movimiento. Identifica los razonamientos que permitieron que las propuestas de organización armada y política tuvieran tal aceptación que la comunidad completa formaría parte del EZLN. Por otro lado, identifica las razones por las que algunos de los zapatistas de esta comunidad desertaron del EZLN. Identifica como una de ellas la utilización de programas gubernamentales, los cuales se ofrecieron en lugares donde antes no existían. Utiliza los conceptos de resistencia para argumentar la capacidad política de los indígenas chiapanecos no solo de permanecer, sino de construir un proyecto político de futuro. El autor identifica ese proyecto con una lucha por la autonomía, pero retomando el concepto en su acepción amplia, como capacidad de reflexión de sus actores y no solo como independencia del Estado. Ese cuestionamiento reflexivo que tienen los sujetos zapatistas es lo que él ve como la diferencia fundamental entre el movimiento zapatista y otros.

Para finalizar presentamos una nota de investigación de Eduardo Zárate que lleva por título «Etnicidad y comunalismo en la formación del Estado mexicano». Tiene como punto de partida el libro Ciudadano, ser indio. Luchas políticas y formación del Estado en Nurio y Tirindaro, Michoacán, de Jesús Solís Cruz, El Colegio de Michoacán, Zamora, 2012.

Los trabajos presentados en este número de la revista no abarcan toda la discusión que existe respecto al concepto de autonomía, pero claramente evidencian la complejidad que su uso encierra. El debate permanece abierto y se intensifica en estos momentos en que la democracia representativa refleja una de sus mayores crisis de credibilidad no sólo en América Latina sino en todo el mundo.

En México se están creando políticas gubernamentales regresivas, que significan intentos por fortalecer el régimen autoritario. Los movimientos y las organizaciones sociales tienen menos posibilidades de autonomía en cualquiera de sus significados; además, el propio municipio como territorio y forma de gobierno autónomo está siendo atacado con leyes orientadas a centralizar la toma de decisiones en el uso de los recursos. En ese sentido, y como rechazo a estos intentos centralizadores, anexamos un pronunciamiento de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, A. C. (IGLOM), quienes recientemente se reunieron en el marco del VIII Congreso Los Municipios Mexicanos Hoy: ¿Autonomía o Centralización?