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Relaciones. Estudios de historia y sociedad
versión On-line ISSN 2448-7554versión impresa ISSN 0185-3929
Relac. Estud. hist. soc. vol.32 no.126 Zamora ene. 2011
Reseñas
Alfonso Iracheta Cenecorta, Políticas públicas para gobernar las metrópolis mexicanas
Martín M. Checa-Artasu*
México, El Colegio Mexiquense, Miguel Ángel Porrúa Editor, 2009, 297 p.
UAM-Ixtapalapa* mcheca@sct.ictnet.es.
En primer lugar, cabe decir que el libro Políticas Públicas para gobernar las metrópolis mexicanas del doctor Alfonso Iracheta, investigador de El Colegio Mexiquense y miembro del Consejo Mundial Asesor de la Red Global de Investigación en Asentamientos Humanos de ONU-HABITAT, deviene un aviso de cómo se puede proceder en la gestión de una zona metropolitana para los que tienen responsabilidades políticas o gerenciales en lo público. Es así, un libro que no sólo es de interés para los académicos e interesados en el tema, es además una monografía de uso, así debiera ser, por parte de quienes ejercen una función pública destacada: alcaldes, directores de secretarías de desarrollo económico, de planificación urbana e incluso senadores y diputados.
Del eje central del libro, podemos decir que pone en evidencia uno de los problemas medulares actuales de las metrópolis mexicanas: la falta de gobernabilidad real y efectiva que deriva en una ausencia o en una escasa, en el mejor de los casos, capacidad de gestión de las mismas. Gestión que resulta indispensable para realmente dotar de consistencia ciudadana a las mismas y convertirlas en verdaderamente habitables.
De igual forma, esta monografía nos muestra de forma fehaciente algo que ya se advertía en diferentes estudios desde la década de los setenta del siglo XX: México es un país eminentemente urbano. Se trata de una condición que tiene mucho que ver con toda una serie de categorías de lo urbano: ciudades medias, redes de ciudades, zonas metropolitanas y, en algún caso, regiones metropolitanas. La Piedad por su interconexión con la serie de ciudades industriales del Corredor del Bajío deviene una región metropolitana, tal como nos los señala el autor (p.55).
Se trata de una jerarquía que organiza el carácter urbano del país, una organización nada alejada de las tendencias que se dan en otras latitudes. Tomando las palabras del urbanista chileno Carlos de Mattos, en México se camina hacía un planeta de archipiélagos metropolitanos, pues hay identificadas y delimitadas 56 zonas metropolitanas, que incluyen a 329 municipios, 28 estados y las 16 delegaciones del Distrito Federal. Uno de cada dos mexicanos vive en una zona metropolitana, casi 58 millones de personas y el conjunto de las mismas aporta más de 75% de producto interno bruto del país. Todas ellas son diferentes entre sí: seis tienen más de un millón de habitantes; dieciocho entre 500 mil y un millón; y las 29 restantes entre 500 mil y 50 mil habitantes.
Es, sin duda alguna, un país de zonas metropolitanas. Un hecho que el autor de este libro confirma a través de un detallado análisis de algunas de ellas, por su concentración poblacional y papel central en la economía nacional: las de Guadalajara, Valle de México, Puebla, Tlaxcala y Toluca.
Este libro, además, pone sobre la mesa, no sólo las causas que han llevado a las metrópolis, como concepción urbana, a estar tan extendidas, sino también, nos propone una serie de mecanismos para la buena gestión de esos archipiélagos. Buena gestión que resulta de capital importancia en muchos casos, pero vital, e incluso adscrita a la seguridad nacional en unos pocos casos como sería la Zona Metropolitana del Valle de México.
El texto de Iracheta, escrito con un lenguaje ágil, da por sentado algunos aspectos sobre el fenómeno metropolitano, que ya estudiados por otros autores se dan por hecho, pero no está de más señalar.
En primer lugar, la metropolización es una de las expresiones de los efectos que la globalización deja en el territorio. La fase del capitalismo salvaje, para unos, flexible para otros, en la que nos hallamos, ha conllevado la autonomización del capital, es decir, menor peso de los estados y mayor importancia de los flujos financieros en detrimento de las mercancías, el debilitamiento de las raíces territoriales de éste y la intensificación de la conglomeración del mismo. Estas características determinan como el capital se posicionará en un territorio, valiéndose de aspectos como las políticas liberalizadoras y desreguladoras del mercado. Ahora bien, cabe destacar que el capital busca otras condiciones cada vez más importantes, pues son las que le van a permitir expandirse de forma robusta. Éstas son las que se engloban en lo que se llama fertilidad territorial. Se trata de un conjunto de factores de atracción locacional, configurados a lo largo de la específica historia productiva de éste o aquel lugar. Éstos son un ambiente económico que permita la multiplicidad y profundidad en la disponibilidad de materias primas, tecnologías adecuadas, conocimiento específico, mano de obra calificada, servicios a la producción, redes de información baratas y accesibles, y capacidad ap-titudinal para adquirir nuevos conocimientos.
En segundo lugar, es también, una infraestructura física que permita disponer de electricidad, de agua, de sistemas de transporte y comunicación y de espacios para el depósito de desechos, etcétera. Es un conjunto de políticas públicas, que incentivan la legalidad y la coherencia regulatoria. Es poseer una infraestructura social, en educación y salud, apta y por último, un factor clave es la estabilidad política, institucional y económica. Son muchos elementos que apuntan hacía las nuevas teorías neoclásicas de crecimiento o a las del crecimiento endógeno, que advierten que el crecimiento a largo plazo depende del capital físico, el humano y la generación de conocimientos.
En México, en algunas zonas metropolitanas, especialmente del centro del país donde se concentra esta serie de factores que han promovido el crecimiento de esas mismas áreas. Ahora bien, el peso de las políticas liberales y la aglomeración de capitales a través del suelo están provocando efectos perversos, nocivos en cuanto a la sustentabilidad futura de estas áreas.
Es precisamente ahí, donde incide el trabajo de Iracheta, en la necesidad de gestionar esas zonas metropolitanas. Asume el autor que el fenómeno metropolitano tiene un factor político implícito, pues requiere de mecanismos de gestión para su buen funcionamiento. Es más, analiza los artefactos político-institucionales creados para esa gestión en toda una serie de ciudades de todo el mundo. Se trata de un ejercicio de recopilación encomiable, pero que es hoy imposible en México, por varios motivos: por un lado, por las actuales leyes de ordenamiento territorial existentes en México, como la Ley de Asentamientos Humanos de 1993 o el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de 2001-2006. Este último, se descabalga del propósito paternalista del Estado para transitar hacia posiciones donde el mercado, símil del capital, será capaz de ordenar el patrón de aglomeración y mediará en resolver la relación económico territorial que se está dando. El resultado ha sido funesto, pues, se maximizan los intereses del capital a la par que se maximizan los aspectos negativos de la concentración urbana (pobreza, marginación, explotación de acuíferos, deforestación, contaminación, movilidad vehicular desmesurada, incidencia en los mercados de trabajo precarizándolos y promoción de la informalidad y la delincuencia como recursos de supervivencia).
Por otro lado, la inexistencia de mecanismos concretos de gestión. Hoy, la mayoría de las zonas metropolitanas se gestionan, o bien, a través de lo establecido por el artículo 115 de la Constitución en relación con las atribuciones de los municipios y la posibilidad de gestionar zonas conurbadas, la Ley de Asentamientos Humanos, aún y su inaplicabilidad real como nos recuerda el autor (p. 148), o bien, por alguna de las 21 leyes de desarrollo urbano estatales. Aún son pocos los estados con leyes de desarrollo o coordinación metropolitana: Distrito Federal, Jalisco, Estado de México y estado de Hidalgo.
Hoy, en México, el fenómeno de la metropolización no tiene marco jurídico que avale su gestión en el nivel federal. Mientras se construye ese marco legal, en 2007 ya hubo intentos de promover una Ley General del Sistema Nacional de Coordinación Metropolitana y así lo está observando la propia Comisión de Planeación Metropolitana de la Cámara de Diputados, pues, propone en su programa de trabajo para el 2009 y 2010 una adecuación jurídica al fenómeno metropolitano.
Iracheta es contundente en este apartado, centrado en el capítulo vil "Las opciones de coordinación metropolitana: ¿hacia gobiernos metropolitanos?", donde explicita el proceder para conseguir ese marco jurídico federal, a través de la modificación de los artículos de la Constitución mexicana, el establecimiento de una declaratoria de zona metropolitana por la dependencia federal afín a la cuestión, etcétera (pp. 150 y ss).
Mientras esa construcción jurídica se hace, aunque por lo leído, el autor piensa que ésta es notablemente compleja, se advierte una necesidad de orden general reflejada en la siguiente frase: "La conclusión es que México requiere transitar a formas de gobierno más modernas y acordes a la realidad social y en el caso del fenómeno de metropolización, acordes también con la realidad espacial"(p.152).
La realidad espacial y las formas políticas son precisamente los parámetros que deben encajar. Parece pues, que el pacto y el consenso son la única vía posible. Es sin duda, un ejercicio de madurez democrática que no se está dando o al menos cuesta darse. Aparece un problema que podríamos llamar "el poder del límite". El límite espacial, suscrito por una delimitación territorial administrativa se solapa al límite voluntario de la actuación política. Voluntario porque depende de diversos pactos y acuerdos entre las fuerzas políticas. Cuando éstos no existen, Iracheta nos demuestra que es lo más habitual, se suceden los dislates y los despropósitos que atentan de forma clara la calidad de vida de los ciudadanos de las metrópolis. Ahí está el caso de la contaminación atmosférica del Distrito Federal, el asunto de las dos alturas en los viales troncales tanto en el Estado de México como en el sur de la ciudad de México o el caso lamentable del aeropuerto de Texcoco. El poder del límite o la incapacidad de consenso deviene además porque son los poderes estatales y los municipales, más los de los partidos, los que deben llegar a acuerdos. Sus intereses no congenian. Los de los primeros apegados a una realidad a la que se debe atender, los de los últimos desapegados de las necesidades de la sociedad, pero vinculadas a la promoción y mantenimiento de su condición, lo impiden.
Quizás sea en las zonas metropolitanas más pequeñas donde esta especie de cuadratura del círculo político administrativa pueda darse de mejor forma, pues la ventaja de los pequeñas zonas metropolitanas, no tan centrales, no tan densamente pobladas, con dinámicas económicas más sectorizadas, es que sus gestores locales miran más hacía las necesidades del entorno. Responde ello quizás a un lento, pero progresivo cambio, todo y los déficits que soportan, del papel de los municipios en el contexto de las políticas estatales e incluso federales, de su dinamismo impulsado por esa proximidad que les obliga a reaccionar.
Finalmente, decir que el libro de Alfonso Iracheta es sugerente y propositivo. Él propone soluciones a manera de posibilidad, se atreve a no sólo ver los males, sino a presentar soluciones y mostrar como éstas podrían ser, pero advierte del papel medular de las metrópolis mexicanas en los procesos de competitividad y de inserción en la economía global e invita a todos a reconocer y a enfrentar el fenómeno metropolitano que se divisa como el futuro inexcusable del país.