Editorial

 

En la medida en que nuestra América Latina busca cada vez más denodadamente nuevos modelos que la lleven a un desarrollo económico con equidad social, y en tanto ciertas luchas políticas van cambiando el rostro de muchos de nuestros países —que los acerque a una nueva igualdad social dentro de un desarrollo que no tenga que ver únicamente con mayor crecimiento, sino también con una justa distribución de la riqueza—, Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía incorpora en sus páginas aquellos estudios que desde diferentes ángulos y emanados de diversos escenarios plantean los riesgos de ciertas propuestas. Estas últimas, algunas veces, aplicadas en bloque, podrían seguir perjudicando los retos de quienes —por diferentes medios— apuestan a implantar nuevos modelos económicos de ese desarrollo que aquí apelamos.

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Encabezamos hoy esta publicación con un tema por demás sugerente para la línea de nuestra publicación: "¿Nuevos aires en la teoría del desarrollo?". Ubicado en la vereda de la nueva economía institucional (NEI), que en la última década viene manifestando un debate importante en las ciencias sociales, sobre todo en algunas regiones, como la oriunda de nuestra autora, Susana Valdivieso Canal, el trabajo que aquí se presenta sugiere la existencia de fuertes debilidades en esa corriente de pensamiento.

Después de relevar las recomendaciones de ciertos teóricos como North, quien insiste en la acción de las instituciones frente a la incertidumbre actual, la autora se detiene en una reflexión de Haber, por demás sugerente, cuando éste asevera que es necesario "emplear la historia de las economías latinoamericanas como un laboratorio para la investigación empírica del Nuevo Institucionalismo". Al respecto, Valdivieso recuerda que "interesa destacar que, según la NEI, en aquellas sociedades que logren establecer un marco institucional eficiente se generarán externalidades positivas y bienes públicos que afectarán favorablemente a toda la población, impidiendo el oportunismo de los captores de renta". En todo caso, resalta que estamos frente a un ambiente de crisis social y teórica que resulta propicio para introducir el análisis institucional en la teoría del desarrollo y que, de la mano de esa propuesta, "se traslada el énfasis explicativo acerca de las causas del atraso, de la carencia de capital financiero, de inversión o capital humano, hacia los marcos institucionales inestables o ineficientes e incapaces de promover las actividades productivas y rentables". Finalmente, en una reflexión crítica y bien fundamentada, se concluye que si bien "es simplista la explicación del subdesarrollo, las propuestas para superarlo lo son mucho más. En primer lugar, la meta óptima de la sociedad, según la NEI y los organismos internacionales del desarrollo, es la economía de mercado y la democracia liberal, en una réplica exacta del sueño de Fukuyama, cuando pronosticó el fin de la historia".

Tres noveles investigadores, Víctor Ramiro Fernández, María Cecilia Güemes y José Ignacio Vigil, pero no por ello menos creativos y acuciosos en el empleo de su bibliografía y de la documentación empleada, presentan un trabajo acerca de "Estado y desarrollo en los discursos del Banco Mundial".

Para los autores, el comienzo de los años noventa encuentra al Banco Mundial encaminado a realizar ciertos cambios a la política de matriz keynesiana que sostenían una gran mayoría de los países después de la etapa de posguerra. Sin embargo, "hacia 1997, mediante el Informe sobre el Desarrollo Mundial, el BM experimentó un aparente viraje en relación con su postura anterior, la cual veía al Estado como problema, colocando su existencia y calidad como factor fundamental para pensar el desarrollo. Inscrito en lo que los propios organismos comenzaron a denominar reformas de segunda generación, dicho informe pasó a exaltar el papel de las calidades institucionales en la obtención de una administración pública moderna, descentralizada, transparente y con capacidad reguladora. Ahora bien, ¿implicó este documento un cambio efectivo respecto de aquella idea manifestada desde comienzos de los noventa, caracterizada por la sistemática desimplicación del actor estatal del proceso productivo?".

Después de desplegar una serie de argumentaciones bien fundamentadas e incluso ejemplificar las mismas por medio de un caso de la provincia de Santa Fe, en Argentina, los autores concluyen afirmando que: "La desestructuración social representada en esa secuencia espiralada, la cual operó como antesala de la implicación estatal, puede examinarse mediante dos variables: el creciente desempleo y subempleo, y el constante aumento en la distribución regresiva del ingreso".

Finalmente, en sus conclusiones generales, plantean sus dudas acerca de que algunas naciones puedan alcanzar ciertas metas y lo formulan con este interrogante: "¿Serán nuestros países capaces de articular estos elementos y reemprender una trayectoria que recoloque estratégicamente al Estado en el impulso de procesos productivos y competitivos compatibles con la cohesión social, en el cada vez más agobiante escenario de la globalización que profundiza las divisiones sociales y territoriales?".

"¿Podría Asia contribuir a establecer la pluralidad en el sistema monetario y financiero internacional?". A partir de esta interrogante, Alma Chapoy desarrolla de manera clara y concisa una serie de hipótesis que se enraizan en los años noventa, momento en el cual se intensifican los bloques comerciales regionales, hasta ese entonces un camino poco transitado por los países asiáticos. Para la autora de este trabajo: "el papel de Asia es crucial en la resolución de los desequilibrios económicos globales. La región ha registrado enormes superávit en cuenta corriente, y con su acumulación de reservas monetarias internacionales (un billón de derechos especiales de giro, DEG, en 2004, sin contar las de Japón) financia una parte importante del déficit estadounidense, principalmente mediante la compra de grandes cantidades de valores [...] Las reservas oficiales combinadas de Japón, la ASEAN, China, India y Corea (billón y medio de DEG), que dejan muy atrás a las de Estados Unidos y la Unión Europea juntas, hacen ver que la región tiene un mercado suficientemente grande y recursos financieros como para apoyar y sostener el rápido desarrollo económico de sus países. Sólo falta la voluntad y la decisión para actuar en contra de los lineamientos del FMI y de Estados Unidos".

Más adelante —y con el fin de lograr una mayor estabilidad monetaria— se analiza la posibilidad de crear un Banco de Reserva Asiatico (BRA) y de que esa misma institución emitiera una unidad monetaria asiática (UMA).

El desarrollo rural en América Latina no debe ser considerado como un proceso social en construcción; es necesario desarrollar políticas públicas desde el ángulo de la territorialidad y, para ello, Javier Delgadillo, deja sentado desde un comienzo el concepto de competitividad sistémica territorial, en el cual "reconoce que la competitividad de un determinado ámbito es el resultado de la acción conjunta de una serie muy amplia de factores públicos, privados, sociales y personales que actúan de forma simultánea en un territorio determinado". Más adelante enfatiza: "Para fomentar alternativas de participación entre los productores rurales es necesario que las economías de aglomeración se promuevan a escala local, que respeten las características y vocaciones de los diversos entornos territoriales rurales, las distintas escalas del capital social y la experiencia acumulada en la actividad dominante". No obstante, tal como la actual bibliografía especializada hoy lo considera, Delgadillo acota: "Las cadenas territoriales pueden surgir a partir de las capacidades que tengan los actores económicos y las empresas para vincularse con otros lugares, o según su capacidad de construcción de redes u organizaciones dentro del mismo territorio" y más adelante subraya: "Es por ello que la industrialización rural ha sido una aspiración en diversos gobiernos de países latinoamericanos, al igual que de los planificadores del territorio. Se piensa que dicha alternativa sirve para alcanzar mejor equilibrio entre los ámbitos rural y urbano".

Sin deternerse en la especificidad de muchos países latinoamericanos, pero aclarando en las generalidades que algunos de ellos mantienen hoy determinados modelos en los que se considerarían esas competitividades territoriales, finaliza su trabajo recomendando que "la gestión pública debe enfocar sus políticas aceptando una nueva corresponsabilidad para con esos procesos y desplegar estrategias de desarrollo asociadas con los activos locales y la actividad económica tradicional de las comunidades. Para ello es indispensable restituir el papel integrador de la agricultura, la agroindustria y los agronegocios al interior de los sistemas territoriales; respetar los intereses locales, culturales y de tradiciones que favorecen la integración comunitaria; dimensionar favorablemente las actividades de la economía rural no agrícola; fortalecer procesos encaminados a consolidar cadenas productivas y cadenas interterritoriales, que sean al mismo tiempo socialmente redituables al territorio rural".

"En una visión de conjunto, el desarrollo participativo transnacional basado en las organizaciones de migrantes tiene una peculiaridad distinta a cualquier otra modalidad del desarrollo participativo, ésta consiste en que al convertirse en sujeto y objeto del proceso de desarrollo, la población migrante está desplegando una práctica transnacional, se trata de grupos poblacionales vinculados de manera transfronteriza por las remesas participativas". De ese modo, Humberto Márquez Covarrubias, reflexiona acerca de un modelo de desarrollo participativo transnacional aplicado al caso de Zacatecas (México), en un programa que ha dado en llamarse Tres por Uno. Este desarrollo participativo se basa en organizaciones de migrantes y está organizado por el Estado con el fin de aplicar una parte de las remesas a la organización de obras públicas tanto en el nivel local, como en el ámbito nacional para promover un desarrollo social, limitado a la convivencia. Para el autor, lo que designa como teoría del desarrollo participativo se alimentaría de cuatro conceptos: el capital social, el empoderamiento, la gobernabilidad local y, finalmente, la descentralización, que tiene que ver, esta última, con la modernización del Estado.

El artículo de Parena Lawrence y Sandra Castro "Government Intervention in Street Vending Activities in Guayaquil, Ecuador: A Case Study of Vendors in the Municipal Markets" aborda, desde un punto de vista de un trabajo más preocupado por describir y constatar con los datos obtenidos in situ y ad hoc , los problemas del caso por desarrollar que hacer extensivas ciertas categorías analíticas a otras dimensiones espaciales. El desarrollo acelerado en las últimas tres décadas del sector urbano informal y la relación que ello tiene con la migración rural es, sin duda, el punto de partida para ese estudio. Pone énfasis y se detiene en el análisis de las políticas gubernamentales para favorecer la organización de dichos vendedores —especialmente mujeres de minorías étnicas, más de 50% para este estudio de caso en espacios urbanos, y concretamente en el escenario de determinadas aceras versus los mercados propiamente— en la ciudad de Guayaquil. Incorporan para el levantamiento de sus hipótesis la variable educación y manejan rangos de la misma en relación con edades. Finalmente alertan acerca del impacto de esa migración rural para el desarrollo del sector agrícola.

Las autoras se remiten a los años setenta, momento en el cual el llamado sector informal cobró énfasis en Ghana, pero destacan que aún existe una línea borrosa, no muy bien definida, entre ambos sectores de la economía, formal e informal, en algunos países.

En otro nivel de análisis y para un escenario diferente, en este caso México, una parte de las interrogantes planteadas por algunos de los autores que anteceden en este número a Eduardo Ramírez Cedillo en su artículo "El gobierno como empleador de última instancia: una alternativa de programa público de empleo (PPE)", se responden cuando éste afirma: "no es sencillo que en la actualidad y en economías como la mexicana se acepte nuevamente el regreso del gobierno como actor principal en el desarrollo económico por las siguientes implicaciones: por una parte, para instrumentar el PPE el gobierno tendría que aumentar su déficit presupuestal, situación poco viable ante la aparente carencia de recursos [...] para que las empresas puedan encarar los cambios en las condiciones del mercado, es necesario que exista un nivel de desempleo que garantice soluciones a los problemas que ocasiona la inflexibilidad del equipo de capital y la fuerza de trabajo."

Sin embargo, para el autor, una política dirigida a lograr la plena ocupación de la mano de obra no tiene por qué ser inflaccionaria. "La inflación puede coincidir con el PPE, pero no es originada por él y, en algunos casos, de acuerdo con Wray, puede incluso constituirse como estabilizador automático que elimine las fluctuaciones del ciclo económico [...] Un programa público de empleo, cualesquiera que sean sus características, debe ser permanente, cambiando la intensidad del mismo de acuerdo con el ciclo económico, por lo cual se podría argumentar, sin problema alguno, que el programa se puede visualizar como contracíclico, es decir, que en los momento, de recesión económica deberán ser más intensos, mientras que a medida que la economía incremente su crecimiento, la intensidad de los recursos dedicados al programa tendrá que disminuir".

En lo que el propio Gonzalo Caballero define como una aproximación analítica a lo que debiera ser un sólido análisis institucional y sin entrar a medir los alcances de lo que hoy se plantea en la llamada economía institucional para la planificación de la política económica, el autor analiza, por ejemplo, las aristas más filosas dentro del Estado español y cómo debiera reestructurase el sistema parlamentario en el que, según su opinión, "hay un monopolio de autoridad pública, el cual dificulta el veto [ya que] al emanar el ejecutivo de un parlamento diverso, el gobierno está más cercano a la posición del votante mediano. Además, la regla proporcional favorece la inexistencia de mayoría absoluta de asientos en el parlamento para un partido político y, cuando no hay ganador solitario, los partidos intentarán negociar." De ese modo, "Abriendo la caja negra del Estado español: reglas, vetos, intereses y jerarquía en la formación de la política económica", después de un extenso análisis se responde así: "el bicameralismo del Parlamento español encubre una situación de desequilibrio en la que el Congreso tiene primacía sobre el Senado y en la que el sistema electoral convierte al Senado en actor de veto inefectivo. De ese modo, el bicameralismo no ha introducido actores de veto relevantes en la formación de las políticas públicas del país".

En la sección de Comentarios y Debates presentamos una serie de reflexiones de corte filosófico que ayudan para que a futuro se pudiera reflexionar desde otros ángulos ciertos problemas de la propia economía institucional. De ese modo, dejemos hablar al propio autor, Francisco Ballina, cuando se pregunta: "¿Son las sociedades latinoamericanas al mismo tiempo premodernas, modernas y posmodernas? Una teoría administrativa propiamente posmoderna, esto es, una adecuada descripción de la sociedad posmoderna y la administración, debería examinar más cerca y críticamente esta relación. Se requiere una descripción de las características del orden social previo (modernidad) y la nueva condición social posmoderna y la ruptura y separación entre ellas. Debería indicar tanto continuidades, como discontinuidades entre lo antiguo y lo nuevo [...] Los estudios de Jameson y Mandel han hecho crecer la pregunta de si las teorías desarrolladas en función de la periodización de lo premoderno y posmoderno deberían interpretarse en una nueva reconfiguración ubicando al posmodernismo como una nueva forma de capitalismo, caracterizado por el término multinacional o algo parecido". Finalmente concluye: "Consecuentemente, las actuales teorías y discusiones del postmodernismo en la Administración no están describiendo la metamorfosis de la nueva condición posmoderna, dentro de la evolución del capitalismo en la región latinoamericana, las periodizaciones que pretenden interpretar ese proceso histórico tienen dificultades cuando no adoptan una actitud crítica de la relación régimen social-administración, además se carece de un aparato teórico-conceptual para dar una adecuada descripción del proceso histórico".

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Aprovechamos este espacio para informar a nuestros lectores y colaboradores la próxima aparición de Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, Cono Sur, edición internacional de nuestra revista en periodo semestral. Nos complace señalar que se lanzará el primer número en las próximas semanas y será coeditada y distribuida por CLACSO-Buenos Aires, en once países latinoamericanos, así como en España.

 

La dirección de la Revista
México, Ciudad Universitaria, febrero de 2006