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Desacatos
versión On-line ISSN 2448-5144versión impresa ISSN 1607-050X
Desacatos no.13 Ciudad de México 2003
Esquinas
La batalla de las cruces. Los crímenes contra mujeres en la frontera y sus intérpretes*
Héctor Domínguez Ruvalcaba* y Patricia Ravelo Blancas**
* Denison University.
** CIESAS.
Resumen
Este trabajo se enfoca en los discursos que ocupan la arena pública con respecto a la violencia contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, en los últimos diez años. El propósito del mismo es describir a grandes rasgos las diversas hipótesis propuestas por los enunciadores sociales, entre los que se incluyen a las instituciones de los tres niveles de gobierno, la prensa, el medio académico, las ONG, los partidos políticos y las instituciones religiosas. Estos discursos se consideran como actos de habla, traspasando el criterio de verdad o falsedad. Lo que los autores quieren destacar son las condiciones de enunciación, la perspectiva teórica o ideológica que las sustenta, y su uso como acto político. Este estudio del discurso social de la violencia contra mujeres trata de destacar la manera en que se instrumentaliza la victimización en el campo de las relaciones de poder del contexto fronterizo.
Abstract
This paper focuses on public discourses regarding violence against women over the last ten years in Ciudad Juarez, Mexico. The goal is to outline the various hypotheses proposed by social actors among which are included institutions belonging to the three levels of government, the media, academics, NGOs, political parties and religious institutions. These discourses are considered speech acts, going beyond the truth-false criterion. The authors wish to stress the conditions of enunciation, their theoretical or ideological background and their use as a political act. This study of social discourses on violence against women seeks to highlight the way in which victimization is instrumented in the field of power relationships in the Mexico-US border region.
ENTRE LO REAL Y LO SIMBÓLICO
La imaginación, tributaria del deseo y el miedo, ha producido explicaciones muy diversas de las desapariciones, torturas y muertes de más de 300 mujeres juarenses que desde hace una década han generado numerosas hipótesis por parte de los diversos actores sociales que ocupan la esfera pública (véase anexo). Al analizar la posición de autoridad desde la cual hablan los expertos y los analistas, Michel de Certeau, en una lectura de Wittgestein hecha a propósito de elaborar su propuesta de comprensión de la cultura cotidiana, encuentra que las verdades se producen independientemente de los hechos (De Certeau, 1996: 15). Esta distinción nos parece primordial como criterio de análisis discursivo de las hipótesis y líneas de investigación suscitadas en torno a dichos crímenes. Al aludir a las explicaciones de los hechos, incluso a su más numérica y concreta descripción, estamos enfocándonos en los factores ideológicos que intervienen en la construcción de lo real. Según Slavoj Zizek, "no hemos de borrar la distancia que separa lo real de su simbolización, puesto que es este plus de lo real que hay en cada simbolización lo que funge como objeto-causa de deseo" (Zizek, 2001: 25). Esto es, en las explicaciones que dirijan la mirada hacia una u otra causa de esta realidad de victimización se implica el deseo político al cual se adscribe el sujeto que enuncia. Dicho deseo puede entenderse desde una relación de poder en la cual la verdad es necesariamente una construcción racional, una interpretación coherente de los hechos, y donde dichas racionalidad y coherencia son meros mecanismos de autentificación de los saberes que fundamentan a las hegemonías. De esta manera, con la elaboración de hipótesis sobre los hechos de secuestro, violación, tortura y asesinato de las mujeres juarenses, se ponen a funcionar marcos de representación determinados por modelos de racionalidad cuyo estatuto de "real" o "verdadero" depende de su capacidad de crear consenso en la esfera pública. Estos marcos de representación también están determinados por la realidad objetiva y subjetiva de los sujetos, es decir, por sus estructuras sociales y culturales. De acuerdo con Moscovici (1988), las representaciones sociales trascienden el nivel simple de las opiniones, las imágenes y actitudes. Se trata de sistemas cognitivos que poseen una lógica y un lenguaje particulares destinados a descubrir la realidad y a ordenarla.
En nuestro recuento de las diversas hipótesis y líneas de investigación con que los actores de la sociedad civil y del Estado han tratado de explicar y resolver estos crímenes hemos llegado a localizar 32 interpretaciones, lo cual da cuenta de una numerosa participación y de una compleja red de relaciones de poder que rebasa, sin anularlas, la dimensión local y la misma preponderancia de lo policial como criterio de investigación.1 En la ardua elaboración discursiva sobre la incógnita a resolver se relacionan, desde el punto de vista espacial, lo local con lo nacional, lo binacional y lo global. Desde un punto de vista académico, se han analizado los factores sociales, económicos, políticos y culturales a partir de diversas disciplinas como la sociología, la psicología social, la criminología, la antropología y posturas teóricas como los estudios de género, la posmodernidad y los estudios culturales. Desde un punto de vista político, son distinguibles las visiones nacionalista, localista, religiosa, la política pro derechos humanos, la política pro diversidad, el feminismo, el racismo, la xenofobia y el clasismo. El análisis detallado de esta red de actores y perspectivas significaría un proyecto interdisciplinario de largo plazo y numerosas dificultades. Las pretensiones de este trabajo, por lo tanto, se reducen a exponer las que consideramos tres tendencias en la representación de los victimarios, como un mero esbozo de reconocimiento del campo simbólico-político donde estas interpretaciones se producen: la imaginación cinematográfica o la política de los monstruos, las interpretaciones estructurales de la victimización, y la impunidad y el mercado neoliberal como principios victimizantes.
Estandartes del gremio, Yaxcaba, 2003 / Tomás Puc Itzá.
LA IMAGINACIÓN CINEMATOGRÁFICA O LA POLÍTICA DE LOS MONSTRUOS
Una de las historias más propagadas en las páginas de la prensa y otros documentos que han dado cuenta de los crímenes contra mujeres es la del egipcio Abdel Latif Shariff. Químico notable, con antecedentes en delitos sexuales, procedente de un país remoto, Shariff parece haber emergido de alguna de las historias policiales que alimentan la imaginación paranoica de nuestra cultura cinematográfica. Robert K. Ressler, el legendario ex agente del FBI y asesor de la película El silencio de los inocentes, sostiene una caracterización de los crímenes seriales de las mujeres de Juárez que coincide con la descripción del egipcio (González, 2002: 14). Un exceso emocional sometido a reglas estrictas, es decir, un exceso controlado, va a ser el eje sobre el que se forma la figura temible del villano en el género del melodrama, según lo propone Juliet John (2001: 31). La noción de asesino serial como un sujeto poseedor de una mente extraordinaria al servicio del exceso que culmina en el asesinato es uno de los prototipos más desarrollados en la cultura de masas desde el cine hasta los dibujos animados para niños, que por supuesto se recrea en el imaginario colectivo.2 Estamos, pues, reconociendo en las elaboraciones hipotéticas de la policía una reiteración de la moral mediática que reduce los problemas de violencia a la fórmula de oponer una mente temible y perversa a una masa media inocente e indefensa. El simplismo que sustenta la construcción de victimarios como delincuentes superdotados tendría que dar lugar a una exaltación de los policías como héroes que libran a la ciudadanía del mal, pero en Ciudad Juárez no es así. La función del villano es perfectamente describible como un "chivo expiatorio", un sujeto a ser sacrificado para restablecer el equilibrio de la comunidad (Girard, 1998). No por simplista, esta caracterización debe de subestimarse como sostén ideológico de la impunidad. La fabricación de culpables, como es del dominio público de todos cuantos están al tanto de leer esta realidad, es una práctica que difícilmente puede ser encubierta. Su sentido es mantener en el goce de sus libertades a los criminales y culpabilizar a otros de estos ilícitos. Este doble movimiento de ocultar y culpabilizar cobra sentido más allá de la imaginería melodramática policial a la hora de preguntarnos por la identidad de los criminales encubiertos y los construidos. Los culpables que han ido construyéndose bajo esta óptica corresponden a sujetos subalternos o forasteros. Por lo tanto, no es un "chivo expiatorio" un sujeto que no sea ni subalterno ni forastero. El sentido común nos diría que la construcción de estos "culpables" está a cargo de los criminales ocultos, de la complicidad entre diversos cuerpos de seguridad y bandas criminales, como lo señala un editorialista de la prensa local.3 La imagen de inteligencia temible que se ha tratado de imponer al egipcio Shariff va a traducirse en otras imágenes también temibles de asesinos seriales estadounidenses que pasan la frontera para cometer sus crímenes, bandas como la de los Rebeldes, o personajes satanizados como el Tolteca, el Foca y el Cerillo. Todos ellos portan la connotación de la diferencia, todos ellos pertenecen a una otredad que no goza del uso de la palabra en la esfera pública, y cuyas verdades difícilmente serán autorizadas por los enunciadores que detentan el poder de producir verdades. Otro indicador de otredad va a manifestarse en la misma manera de nombrarlos: ellos son conocidos por sus apodos, esto es, no pertenecen a familias con apellidos. Hay en esta selección de "chivos expiatorios" un trazo que divide a quienes merecen los privilegios de la ciudadanía de quienes pueden ser recluidos.
La reclusión nos revela aquí no solamente una argucia de victimarios coludidos con las fuerzas policiales que actúan en su favor a fin de mantenerse en la impunidad, sino también la identificación de las mujeres asesinadas con los falsos asesinos. Ambos pertenecen a un sector subalterno, son objetivados como cuerpos al servicio de un proceso de dominación que, por razones que no podremos explicar totalmente, requiere del consumo de sujetos sin privilegios. Al hablar de privilegios, aludimos directamente a la ciudadanía no como una entidad abstracta con personalidad jurídica sino como una forma de configurar la colectividad dentro de los límites de lo hegemónico. Esta colectividad se forma desde un principio excluyente donde los criminales resultarán los forasteros, de razas inferiores o de condición económica baja, o bien los miembros de grupos disidentes de las normas culturales dominantes, como ha sido muy difundido entre los discursos de la iniciativa privada, la Iglesia, las autoridades y algunos periodistas. La creación de monstruos es ante todo la creación de un otro a quien atribuir los actos reprobables. Hacer justicia en este caso es solamente un asunto que puede resolverse a la vuelta de un operativo.4
Dentro de este territorio del imaginario monstruoso hemos de ubicar las hipótesis de la producción de pornografía snuff, el tráfico de órganos y los ritos narcosatánicos. Sin embargo, en ninguna de las investigaciones realizadas se han encontrado evidencias contundentes para comprobar las dos primeras hipótesis, pese a que algunos de los actores sociales las han explorado, como las mismas autoridades, algunos periodistas, académicos, y ciertos sectores de la Iglesia evangélica y de la ciudadanía.5 Salta a la vista que las hipótesis sobre pornografía snuff y ritos satánicos tienen en común con la hipótesis del asesino serial de "mente extraordinaria" el hecho de que se sustentan en comportamientos rituales. Esto confirma la idea de haber sido construidas sobre la base de caracterizaciones, procedimientos y entramados reconocibles principalmente en la producción fílmica de masas.
No puede hablarse, sin embargo, de la total ausencia de rituales mágicos, por lo menos en uno de los casos más afamados. En noviembre del 2002, un brujo fue detenido y encarcelado por habérsele comprobado su participación en un ritual narcosatánico para descuartizar a una paseña y su primo y enterrar sus restos en el patio de su casa. Él fue contratado por un narcotraficante, el marido de Daissy Salcido, la mujer asesinada. El brujo Martín Guerrero detalló el ritual y ahora está preso en una celda de alta seguridad en el CERESO.6 Este hecho nos demuestra que de ninguna manera puede negarse la existencia de estos rituales y su vinculación a la cultura narcotraficante y el crimen organizado. La carga de escándalo de estas narrativas ha sido articulada desde la mirada religiosa, la cual hace un llamado a la recuperación de los valores. El consenso adquirido por esta apelación a la moral es visible en acciones colectivas de alta participación con procedimientos también de ritual religioso. Tales son manifestaciones como la marcha de la campaña "Ni una más" del 25 de noviembre del 2002 y la velada en el campo algodonero en diciembre de 2001, donde fueron encontrados ocho cuerpos en noviembre de ese año. Asociadas con esta sacralización de la figura de la víctima como virgen inmolada, se encuentran las hipótesis de la pérdida de los valores de la familia y el relajamiento de las mujeres, sustentadas no sólo en los discursos de la Iglesia, sino en los de algunos políticos conservadores.
LAS INTERPRETACIONES ESTRUCTURALES DE LA VICTIMIZACIÓN
Desde diversos sectores de la sociedad civil local y mundial se desarrollan investigaciones y se proponen hipótesis e informes que difieren en el número de asesinadas y las definiciones jurídicas. Muchas veces se interpretan los hechos amañadamente a fin de sustentar inculpamientos contra los rivales políticos, como se ha vuelto reiterativo entre los políticos del PRI y el PAN, principalmente. Al no ser los medios oficiales y la Iglesia los únicos intérpretes públicos de los casos, sino una diversidad de grupos políticos, intelectuales y comunicadores, pertenecientes a instituciones nacionales e internacionales, en el asunto de la violencia contra las mujeres de Juárez se van revelando, paradójicamente, no una gran gama de posibles asesinos sino un solo sistema de victimarios propiciado por la impunidad. Dos grandes bloques de crímenes se distinguen en la mayoría de las interpretaciones: los cometidos serialmente, es decir los asesinatos en los que se reiteran algunas características y que se han identificado con ritos de iniciación entre los círculos del crimen organizado al que pertenecen también oligarcas mafiosos (Diana Washington y Sergio González Rodríguez coinciden en sostener esta asociación); y los asesinatos "situacionales", es decir, los que corresponden a problemas de violencia doméstica, venganzas de pareja, ejecuciones del narco, incesto y asaltos. La diferencia más visible entre estos dos grupos de crímenes la establecen los actos policiales: a la mayoría de los asesinos situacionales se les captura y a los actores de los crímenes seriales se les oculta para en su lugar fabricar "chivos expiatorios", como ya hemos mencionado.
Una de las estrategias de los emisores oficiales ha sido alterar las cifras de las víctimas y descartar líneas de investigación con argumentos dirigidos a respaldar la construcción de tales chivos expiatorios, como en el caso del Informe de la Fiscalía Especial de Homicidios de Mujeres y Desaparecidas de abril de 2002 o la auditoría del Instituto Chihuahuense de la Mujer presentado en julio de 2003.7 Por otra parte, se ha aludido en este mismo sentido, a que algunos de los crímenes seriales han sido cometidos por imitación. No obstante, este argumento no los desvincula de los crímenes seriales, en la medida que se trata de reproducir modelos de criminalidad, es decir, difundir una cultura del sacrificio misógino. Esta idea de crímenes por imitación la sostienen principalmente las autoridades judiciales.
Los crímenes se producen en una mezcla de fetichismo, xenofobia, racismo, misoginia y clasismo frente a las mujeres que no pertenecen a las élites de la sociedad local, es decir, las inmigrantes pobres y mestizas. En nuestra revisión periodística de noviembre de 2001, esto apareció de manera contundente en los discursos de algunos partidos políticos, de la comunidad académica, de algunas ONG y de la iniciativa privada. Por ejemplo, en un desplegado de Juarenses, A. C., dirigido a la opinión pública y firmado por importantes personalidades de la vida política (entre quienes destacan los licenciados Elfego Bencomo y José Manuel Mascareñas Hass) se alude al "nulo valor que se concede a la vida humana y los ataques a las mujeres, quienes representan el sector más noble e importante del tejido social de nuestra sociedad" (El Diario de Ciudad Juárez, 12 de noviembre, 2001,p. 8 A). Si contrastamos estas preocupaciones con la minimización expresada en los números oficiales de la Fiscalía Especial de Homicidios de Mujeres y Desaparecidas, hemos de afirmar que son los voceros oficiales los que han contribuido más notoriamente a esta desvalorización de la vida de las mujeres. Tal afirmación nos llevaría a postular no solamente el debilitamiento del estado de derecho sino también la idea de un Estado que ha emprendido el exterminio de las mujeres inmigrantes con su indiferencia y evidente celo por ocultar las verdaderas evidencias de los crímenes. Una de las preguntas que desde los diversos medios de la prensa nacional han estado emitiéndose a menudo es el porqué la recientemente nombrada comisionada especial para el asunto de los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez, Guadalupe Morfín, no tiene acceso pleno a los archivos y evidencias relacionados con estos casos. En una de las estaciones de radio de El Paso, Texas, la periodista Diana Washington ha lanzado un cuestionamiento contundente al gobierno mexicano: "¿quiénes son?, ¿qué ocultan?, ¿cuánto les pagan?" Lo cual indica que, a nivel de opinión pública, las hipótesis oficiales carecen de credibilidad.
Tanto la minimización y tergiversación de los hechos por parte de los representantes del Estado como los hechos mismos acusan una fobia articulada en contra de las mujeres trabajadoras, de acuerdo con sectores intelectuales y de la comunidad artística. En la película de Lourdes Portillo Señorita extraviada (2001) se enfatiza este aspecto fóbico de los crímenes al ofrecer datos sobre la formación de catálogos de fotografías en las maquiladoras, los cuales podrían servir como materiales de selección de las "víctimas". El sacrificio de las mujeres, desde este punto de vista, abre un tema relacionado con los movimientos masivos ocasionados por el desempleo en el sur del país y la atracción, por lo mismo, de mano de obra barata a la industria maquiladora. Esto contextualiza hipótesis que hablan de una venganza del sector masculino, por mucho tiempo poco contratado en esta industria, y un terrorismo contra la inmigración sureña para frustrar su proliferación. Esta misma actitud racista y xenofóbica va a extenderse a la noción de crimen de Estado que se expresa en la falta de planeación de los asentamientos humanos requeridos por dicha industria y la negativa a mejorar o proveer de servicios públicos a las zonas donde vive esta clase trabajadora. En este caso, gobierno local y xenofobia parecen articularse como principios estructurales que apuntalan la violencia misógina.
LA IMPUNIDAD Y EL MERCADO NEOLIBERAL COMO PRINCIPIOS VICTIMIZANTES
Las impugnaciones entre el gobierno estatal y el gobierno federal, así como el principio de la defensa de la soberanía nacional, utilizado como pretexto para impedir la intervención de investigadores internacionales, han centrado la atención en las acciones de la policía como posibles victimarios. El manejo de las evidencias y la información pericial corre a cargo de una institución poco organizada y sin instrumentos forenses suficientes. Aferrarse a la exclusividad en la investigación criminológica no hace sino señalar un control de la verdad a partir de borrar y sembrar evidencias.
Las hipótesis que inculpan a algunos policías, así como la de los ritos satánicos, son sólo dos aspectos de esta red de victimarios, de acuerdo con las investigaciones manejadas desde los medios periodísticos, agencias de inteligencia estadounidenses como el Federal Bureau of Investigations (FBI), las ONG y los organismos internacionales de derechos humanos.8
El clima de impunidad no sólo permite sino anima la realización de los crímenes. Tanto los crímenes seriales como los situacionales parten del mismo principio misógino. Sin embargo, no se puede decir que todos los hombres misóginos son asesinos, sino que el asesinato es la forma extrema de la misoginia. Generalizaciones de este tipo no están lejos de la idea esencialista de que existe una naturaleza violenta de los hombres y que por lo tanto no hay mucho que hacer para eliminar el sacrificio salvo limitar el libre tránsito de las mujeres y prescribir su atavío.
Forma extrema de misoginia puede considerarse el uso del cuerpo de la mujer para enviar mensajes a las autoridades o a la sociedad civil. Aquí el cadáver femenino puede significar un mero signo instrumentalizado para fines que no tienen ninguna relación con la "víctima". Los hallazgos "macabros", como los han llamado algunas representantes de ONG cuando se encuentran los cuerpos sin vida de las mujeres en Ciudad Juárez, se asemejan en términos imaginarios, de acuerdo con la lectura que Juan C. Segura hace de Baudrillard (1978), a la fascinación, el pánico y el miedo que en cierta medida produce el terrorismo y la masacre, pues su representación opera no en el sentido, como racionalidad, sino en el hecho espectacular (2000: 64). Desde este punto de vista, los residuos de información que recibe la masa sobre estos asesinatos acentúan ese carácter espectacular, dado por cuerpos sin identificación, anónimos para la gran mayoría, apoyados en la gran simulación de lo social y de lo político para deshacerse de las cargas, limpiar las culpas y desdibujarse en una noticia más. El espectáculo de la simulación se acentúa en la masa, pues allí, en el silencio, se hace aleatorio, anónimo y neutral (Segura, 2000).
Algo similar ocurre, aunque con otros simbolismos, en los casos donde se conocen las identidades de las "víctimas" y los victimarios, como el de las tres mujeres ejecutadas el 23 de julio de este año (2003). El hallazgo fue un hecho espectacular cargado de símbolos que vinculan misoginia, narcotráfico, corrupción policíaca y actos políticos, como lo muestran las notas periodísticas que lo reportaron.9 Es muy común que cuando se realiza algún acto político referente a los crímenes de mujeres en esta frontera, se localicen más cuerpos. Estos hechos operan como mensajes. Este caso de las ejecuciones del 23 de julio ocurrió dos días después de la constitución de la Fiscalía Mixta en la cual colaboran los gobiernos federal y locales para enfrentar los principales delitos, tras la toma del control de las labores de vigilancia por la Policía Federal Preventiva (PFP) y un día después de que se pusiera en marcha el Plan Integral de Seguridad Pública. El emisor de dichos mensajes, al igual que su destinatario, está indeterminado, no obstante, dirige la atención hacia un sistema sacrificial llevado a cabo por un grupo de poder y no por una mente patológica. Es importante hacer hincapié en la despatologización del victimario a fin de enfocarnos en las condiciones estructurales y simbólicas en las que se produce la victimización. Al concebirse como grupo de poder se trata de penetrar en el espacio y la forma de la impunidad. Para el sostenimiento de dicha impunidad se pactan acuerdos, se teje una red de procedimientos, se ejercen estrategias de fingimiento, se amenaza, descalifica, difama y elimina a los que tienen información comprometedora. Es precisamente el tráfico y la posesión de información un factor que determina muchos crímenes cometidos por este grupo de poder beneficiario de la impunidad.
Una forma de delimitar a este grupo poderoso es la que Michael Moore, director de la película Bowling for Columbine (2002), ofrece al subrayar una instrumentalización de la violencia como fin en sí mismo (en el sentido de producir violencia con la fabricación y el consumo de armas). Desde esta perspectiva, la muerte impune se establece como la base de un clima de miedo necesario para el sostenimiento de la economía de las armas. Se trata de un sistema que "no explora el sentido, apela al silencio de la masa. Sabe sus miedos, sabe que no es explosiva sino implosiva" (Segura, 2000: 64). Existe una asociación entre poseer armas y participar en el mercado de drogas y tráfico de cuerpos: se trata de un sistema económico que sólo puede afianzarse en un contexto dominado por el miedo.
Si el control de la estructura socieconómica depende de las formas de coerción, esta economía invisible e ilegal apuesta al terror como garantía de su perpetuación. Tanto las bandas pandilleriles como los multimillonarios empresarios transnacionales y los narcotraficantes ponderan el uso de las armas, fomentando una forma de intervenir en el cuerpo social que afecta la economía, la política, la estética, el estado de derecho y el acceso a la vida misma. Las ejecuciones relacionadas con el negocio del narcotráfico, las desapariciones de diversas personas y los asesinatos seriales de mujeres tienen el común denominador de haber sido cometidos por una clase armada organizada. Bandas, policías, narcos y magnates no son extraños entre sí, son los productores y beneficiarios del sistema de impunidad, en tanto que intereses y aficiones comunes los asocian, pues además de tener todas las facilidades para conseguir armas, ya que en Ciudad Juárez está tolerado su uso, cuentan con plena franquicia para realizar sus negocios fuera de la ley.
Las hipótesis que hablan de grupos de juniors, de bandas dedicadas al narcotráfico, de miembros de familias oligárquicas que organizan orgías sexo-sanguinarias y de policías, se han basado en testimonios recopilados por el FBI y otros medios de inteligencia, de denuncias no atendidas por la policía, así como testimonios de las mismas familias que han vivido la experiencia del asesinato de sus mujeres. Éstas han sido algunas de las bases para las recomendaciones de Amnistía Internacional (AI), de Derechos Humanos, declaraciones del juez Garzón y el interés de congresistas estadounidenses.10
REFLEXIONES FINALES
La intervención de grupos nacionales e internacionales ha producido reacciones defensivas de los gobiernos locales, grupos empresariales y cierta opinión pública local, los cuales tratan de minimizar la gravedad de la violencia hacia las mujeres, aludiendo a que: 1) se ha divulgado una imagen negativa de Ciudad Juárez (perspectiva empresarial); 2) la intromisión del FBI y otras instancias internacionales amenazan la soberanía nacional (perspectiva de algunas instancias gubernamentales y de la iniciativa privada); 3) se ha producido una violencia simbólica contra Ciudad Juárez al estigmatizar la ciudad y estudiarla desde fuera con prejuicios que dañan la identidad del juarense (perspectiva localista xenofóbica y academia local); y 4) se ha difamado a ciertos juarenses respetables por envidia (perspectiva de la oligarquía local).
Minimizar la violencia y defender valores simbólicos locales tales como la identidad juarense y la imagen de la ciudad son estrategias que reiteran la misma actitud de ocultar evidencias, desaparecer expedientes, construir culpables y esgrimir razones constitucionales o de jurisdicción para evitar la participación de instancias más allá de las locales. Aunque después de constituirse el acuerdo entre las tres instancias de gobierno en julio de este año se ha establecido una participación del gobierno federal con los locales, estas medidas han resultado inefectivas por lo menos para la disminución de los crímenes contra mujeres y el estado de terror que vive la ciudad. Como es conocido a través de la prensa nacional (que por cierto tiene una distribución muy restringida en Ciudad Juárez, lo cual sugiere la existencia de una estrategia de desinformación), las reticencias a abrir archivos, la confusión sobre las evidencias y el rechazo a considerar líneas de investigación recomendadas desde agentes externos, indican que las artimañas policiales y del gobierno siguen siendo los obstáculos centrales para la detención de estos crímenes.
Esta serie de contradicciones entre los enunciadores locales, nacionales e internacionales, da pie a dudar si el exterminio de las mujeres ha de ser sólo un asunto conocido y manejado por grupos políticos, investigadores y funcionarios autorizados por los gobiernos locales, sin trascender los perímetros de esta frontera, o si el estado de impunidad en que se han desarrollado todos estos crímenes exige la participación de agentes externos. Aspectos como la moral de los derechos humanos, la participación activa de Ciudad Juárez en la economía transnacional (legal e ilegal), así como el descontrolado flujo migratorio, se han puesto a discusión desde estos actores externos para fundamentar que los crímenes seriales contra mujeres no están ajenos al proceso de globalización; muy al contrario, son síntomas de este sistema que consume los cuerpos tanto en la industria como en la prostitución y el tráfico de personas. Así, los cuerpos se intercambian como objetos de consumo al igual que las armas, las drogas y el contrabando, y pasan a formar parte de las redes mundiales del crimen organizado, cuyas actividades son garantizadas por la impunidad.
La revisión de las propuestas de líneas de investigación, las hipótesis producidas al calor de las luchas ideológicas y las consideraciones contextuales, nos permiten darnos cuenta de que estos hechos lamentables de exterminio de mujeres tienen un efecto detonador en la reflexión social y política. Aquí se han puesto en cuestión las relaciones entre la estructura sexogenérica con los mecanismos de dominación (pos) política que agrupamos bajo dos aspectos principales: el sostenimiento de un sistema económico supraestatal mediante un estado de impunidad y la exacerbación de formas fóbicas de exclusión y sometimiento tales como la misoginia, el racismo, el clasismo y la xenofobia, propiciados por dicho sistema. Más que de seguir construyendo monstruos o chivos expiatorios o entreteniéndose en los asuntos de jurisdicción e interpretaciones legalistas, la extinción de esta infame pesadilla dependerá de la capacidad de la sociedad civil (local, nacional e internacional) de confrontar el estado de terror y desarticular los mecanismos de la impunidad que impera en esta frontera.
Bibliografía
Braudillard, Jean, 1978, A la sombra de las mayorías silenciosas, Kairós, Barcelona. [ Links ]
Certeau, Michel de, 1996, La invención de lo cotidiano, Artes de hacer, 1.1, trad. Alejandro Pescador, Universidad Iberoamericana, México. [ Links ]
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Segura, Juan Carlos, 2000, "Reflexiones sobre la masacre. De la identidad del cuerpo al cuerpo sin identidad", en Susana Devalle (comp.), Poder y cultura de la violencia, El Colegio de México, México, pp. 35-68. [ Links ]
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Sitios web
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* Estas reflexiones forman parte del proyecto "Protesta social y acciones colectivas en torno de la violencia sexual y de género en Ciudad Juárez, Chihuahua", financiado por el Conacyt y auspiciado por el CIESAS. La primera versión de este trabajo fue presentada en el IX Congreso Internacional de Historia Regional, el 25 de septiembre de 2003 en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
1 Aunque hemos hecho una extensa revisión hemerográfica de toda una década de asesinatos, para efecto de la clasificación de hipótesis nos concentraremos en la revisión de los discursos aparecidos en 213 notas, entre reportajes, editoriales y cartas al lector, que aparecieron en El Diario de Ciudad Juárez durante noviembre de 2001, mes en el que fueron encontrados ocho cadáveres de mujeres en un campo algodonero, ubicado en una zona céntrica de la ciudad, hecho que suscitó una gran producción discursiva. Además, entre los meses de agosto y septiembre del 2003, hemos entrevistado a Sergio González Rodríguez del periódico Reforma, Diana Washington de El Paso Times, Rosa Isela Pérez y Guadalupe Salcido de El Norte de Ciudad Juárez, quienes son conocidos como los periodistas que cuentan con la cobertura más extensa de estos casos. Por otra parte, hemos participado en reuniones de diversas organizaciones y hemos tomado nota de testimonios orales de algunos familiares de las mujeres asesinadas entre 2001 y 2003.
2 Por ejemplo, en la revisión que realizamos de las notas del periódico local El Diario de Ciudad Juárez, encontramos recurrentemente esta visión de asesinos en serie, asesinos múltiples y crimen organizado en los discursos de las autoridades locales, de algunos editorialistas, académicos y representantes de ONG.
3 Eduardo Fernández Armendáriz, "Ciudad Juárez, tierra sin ley", El Diario de Ciudad Juárez, 28 de noviembre, 2001, p. 13A.
4 En varias de las notas periodísticas revisadas encontramos nombrados a estos perpetradores del crimen como "bestias", "animales" "monstruos", "psicópatas", "maniáticos" y "perturbados sexuales" Incluso se afirma que los psicópatas son conscientes de que en los sectores sociales marginados "las posibilidades de reclamo y de acciones de las familias afectadas son escasas o nulas, cuestiones que de cierta manera les garantizan en buena medida la casi total impunidad" (Avelino Soto Ugalde, "Muertes en Juárez", El Diario de Ciudad Juárez, 23 de noviembre, 2001, p. 15A). También se piensa que los hombres de cualquier lugar que tienen algún resentimiento contra las mujeres vienen a Juárez a asesinarlas (Humberto Toledo, entrevista Radio Net 1490, Ciudad Juárez, Chihuahua, 23 de septiembre de 2003).
5 En la revisión de las notas periodística de noviembre de 2001, la hipótesis de realización de videos porno y películas snuff aparece entre algunos escritos del medio académico y periodístico. El tráfico de órganos lo encontramos en los discursos de las autoridades locales, en algunas cartas al lector de la ciudadanía y en algunos periodistas. Resalta el artículo de un editorialista que sostiene que es la línea de investigación más desdeñada por la autoridades, pues "desde hace cerca de 30 años venimos mencionándolo en nuestros trabajos periodísticos. El primer quirófano clandestino itinerante o fijo que se descubriera nos daría la pauta para seguir sobre la pista de un posible mercado negro internacional" (Luis Ochoa Minjares, "¿Quién asesina a nuestra muchachas?", El Diario de Ciudad Juárez, 13 de noviembre, 2001,p. 15A). En abril de este año (2003) las autoridades locales siguieron esta línea de investigación. El 19 de abril de 2003 fueron detenidos y arraigados Miguel Ángel Vázquez Villegas "El Canario" y Hernando Valles Contreras, por la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), sospechosos de pertenecer a una organización criminal dedicada al asesinato de mujeres con fines de extraer sus órganos. Estos arrestos, como la mayoría, se dieron bajo una serie de irregularidades (Salvador Castro, "Denuncian irregularidades en arrestos", Norte de Ciudad Juárez, 21 de abril de 2003, p. 6A). Debido a la falta de evidencias en agosto fueron liberados de estos cargos, aunque "El Canario" aún se mantiene detenido, acusado de falsedad de información. En esta revisión de noviembre del 2001 no apareció la hipótesis de ritos narcosatánicos, pero en los siguientes años (2002 y 2003) se reitera esta hipótesis (Rosa Isela Pérez, "Piden investigar satanismo", Norte de Ciudad Juárez, 21 de noviembre, 2001, pág. 1A y 3A). Óscar Máynez, quien fuera jefe del Departamento de Servicios Periciales en el 2001, opina que las teorías de la PGR acerca del tráfico de órganos o videos pornográficos realizados por sectas requieren sustento para ser demostradas de forma contundente. Explicó que los estudios sobre tales sectas muestran las características específicas de su conformación como núcleos organizados en sus rituales, aunque puede haber variantes. "Yo no tengo contempladas esas teorías entre las posibilidades porque las sectas tienen un modus operandi muy específico, la simbología en las escenas del crimen no corresponden a la satánica típica" (Martín Orquíz, "Crímenes de mujeres: Deben sustentar hipótesis. Opina criminólogo", Diario Digital 2002, 7 de mayo, 2003).
6 Moisés Villeda, "Denuncia madre de víctima: Son narcosatánicos", El Mexicano, Ciudad Juárez, Chihuahua, 22 de noviembre, 2002, p. 1-3A; véase también los dos reportajes de Carlos Huerta, "Detalla brujo Martín crímenes de clientes" y "Envían a 'brujo' a celdas de alta seguridad", Norte de Ciudad Juárez, 22 de noviembre, 2002, p.12A.
7 En la información que nos proporcionó la Fiscalía Especial de Homicidios de Mujeres y Desaparecidas en abril de 2002,de 279 asesinatos de mujeres registrados hasta ese momento en sus archivos, 76 correspondían a víctimas de homicidas múltiples y 203 a víctimas de homicidas no múltiples. De éstos, entre un 70 y 80% de homicidios situacionales ya habían sido "resueltos". Estos corresponden a los siguientes móviles: pasional, robo, sexual, narcotráfico, riña y venganza. El resto entra en el rubro de crímenes sexuales perpetrados por homicidas múltiples. En la auditoria periodística sobre homicidios de mujeres (enero 1993-julio 2003), presentada por el Instituto Chihuahuense de la Mujer en septiembre de este año (2003), la cual fue muy criticada y descalificada por las cifras, la descripción de los datos, las fuentes y la agencia que realizó esta auditoría. Entre otras irregularidades, se consideran casos resueltos aquéllos que culminaron la fase de averiguación previa. Los datos que presentan son de 321 mujeres asesinadas, de las cuales 90 son homicidios de tipo sexual. De éstos, según dicha auditoría, se tienen por resueltos 39 casos (43%).
8 Ejemplo de esto es el Informe de Amnistía Internacional presentado en agosto de este año (2003) titulado: Muertes intolerables. Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, el cual causó un fuerte impacto fuera y dentro del país, como lo reseña Sergio González en su artículo aparecido en la prensa nacional y local. En este artículo aparecen vinculados políticos renombrados, familias prominentes, jefes de la policía, empresarios y toda una red de oligarcas mafiosos, establecimientos, territorio de acción y modus operandi de los responsables de secuestros, desapariciones y homicidios, quienes han contado con la negligencia o complicidad de las autoridades estatales y federales ante actos delictivos que configuran el delito de crimen organizado ("Ciudad Juárez. AI y los intocables", Norte de Ciudad Juárez, 25 de agosto, 2003, p. 5B, y Jenaro Villamil, "Desdeñan autoridades reporte de la FBI sobre los asesinatos en Juárez", La Jornada, 16 de agosto, 2003).
9 El 23 de julio fueron ejecutadas a balazos y sepultadas en los arenales del Valle de Juárez Karina Candelaria Ramos González, Gema Alamillo y Miriam García. Esta última fue enterrada viva. El crimen fue cometido por el esposo de Karina, Felipe Machado Reyes, quien utilizaba tres apodos y desde 1995 contaba con antecedentes penales por narcotráfico y una reaprehensión pendiente en Estados Unidos. El 10 de septiembre, Machado es arrestado en El Paso. Antes de ser extraditado a México tiene que enfrentar cargos por narcotráfico en Estados Unidos (véase "Ante las cifras, los hechos de la inseguridad en Juárez", El Diario, 22 de agosto de 2003, y Luz del Carmen Sosa, "Cae acusado de matar tres mujeres" Diario Digital 2002, 11 de septiembre de 2003).
10 Véase el informe de AI: Muertes intolerables. Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, 2003. También es importante revisar la polémica que suscitó en México el documento enviado por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de Diputados en España el 25 de junio de 2003. De la misma manera, la pág. web <http://www.mexicoturismo.org>, creada por las mismas redes españolas e internacionales de mujeres, ha causado mucha indignación entre algunos sectores de la población juarense por estar "desprestigiando" a Ciudad Juárez. En particular, véase la página <http://www.mujeresenred.net>. Estos sitios fueron presentados el 15 de septiembre de este año en un acto frente a la embajada mexicana en España. En muchos de los mensajes recibidos por esta red se expresa la xenofobia local. Asimismo, se vio con reserva la visita a Ciudad Juárez de una comisión de congresistas de Estados Unidos ("Comisión legislativa de Estados Unidos visitará Ciudad Juárez", La Jornada, 18 de septiembre, 2003, y comunicación personal con Víctor Muñoz, integrante de la Coalición contra la violencia hacia las mujeres y las familias de El Paso).
Información sobre los autores
Héctor Domínguez Ruvalcaba. Doctor en literatura hispánica por la Universidad de Colorado en Boulder. Profesor asistente en la Universidad de Denison en Ohio. Es autor del libro de poesía El viento no responde (1992); el libro de ensayos La modernidad abyecta. Formación de discurso homosexual en Latinoamérica; y coautor con Manuel Apodaca del libro Donde las voces fecundan. Ha publicado diversos trabajos de poesía, narrativa, crítica literaria, de arte y sobre cultura popular en revistas, suplementos y antologías en México y en el extranjero. Sus dos áreas de interés son las subjetividades fronterizas y los estudios de género y sexualidad en la cultura mexicana.
Patricia Ravelo Blancas. Doctora en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en estudios de la mujer por El Colegio de México. Investigadora del CIESAS y profesora visitante de la Universidad de Texas en El Paso y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es autora del libro Trabajo, enfermedad y resistencia entre costureras de la ciudad de México. Un estudio acerca de sus representaciones, experiencias y subjetividad (2001); es coautora con Sergio Sánchez del libro Protesta y restauración sindical en el IMSS (2003).