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Estudios sociales. Revista de alimentación contemporánea y desarrollo regional

versión On-line ISSN 2395-9169

Estud. soc. Rev. aliment. contemp. desarro. reg. vol.33 no.62 Hermosillo jul./dic. 2023  Epub 03-Jun-2024

https://doi.org/10.24836/es.v33i62.1363 

Artículos

Confianza institucional en el Río Sonora poscontingencia 2014

Institutional trust post-contingency in the Sonora River 2014

Pablo Armando Escoboza-Castillo* 
http://orcid.org/0000-0001-6907-8699

Rolando Enrique Díaz-Caravantes* 
http://orcid.org/0000-0002-4117-2197

Fernanda Elizalde-Castillo** 
http://orcid.org/0000-0002-9576-581X

*El Colegio de Sonora

**Universidad Estatal de Sonora


Resumen

Objetivo:

Analizar la confianza institucional a través de la percepción de la gente sobre las instituciones de gobierno encargadas de la gestión del agua y de la atención a la contingencia del derrame minero del 2014.

Metodología:

El estudio está enmarcado en el contexto de la contaminación minera del río Sonora en 2014 y se basa en entrevistas semiestructuradas realizadas a habitantes de las comunidades del río Sonora en los años 2016 y 2019.

Resultados:

Los resultados reflejan inconformidad hacia el desempeño institucional, la cual tiene su base en la precaria apertura para comunicación de las instituciones, ausencia de mecanismos de consulta para la toma de decisiones y una percepción de intereses desvinculados entre instituciones y pobladores.

Limitaciones:

Dentro de las limitaciones en este estudio encontramos que, al tratarse de un estudio sobre los pobladores de la cuenca, poco permite explicar acerca del interior de las instituciones y el porqué del comportamiento de estas.

Conclusiones:

Como conclusión se encuentra tanto una confianza institucional precaria como un ejercicio institucional poco propicio para el óptimo ejercicio de la gobernanza.

Palabras clave: desarrollo regional; confianza; confianza institucional; percepciones; gobernanza; zonas rurales; instituciones de agua

Abstract

Objective:

Analyze institutional trust through people's perception of the government institutions in charge of water management and attention to the contingency of the 2014 mining spill.

Methodology:

The study is framed in the context of the mining contamination of the Sonora River in 2014 and is based on semi-structured interviews to inhabitants of the Sonora River communities in 2016 and 2019.

Results:

The results reflect disagreement with the institutional performance, which is based on the precarious opening for communication of the institutions, the absence of consultation mechanisms for decision-making and a perception of unrelated interests between institutions and residents.

Limitations:

Within the limitations of this study, we find that, as it is a study on the inhabitants of the basin, little allows us to explain inside institutions and the reason for their behavior.

Conclusions:

We concluded there is both a precarious institutional trust and an institutional performance that is not conducive to the optimal exercise of governance.

Keywords: regional development; trust; institutional trust; perceptions; governance; rural zones; water institutions

Introducción

La cuenca del río Sonora1 cuenta con una superficie aproximada 36,273 kilómetros cuadrados, una longitud de 421 km y está integrada por un total de diez subcuencas (Conagua, 2014, p. 22). El río Sonora es uno de los 50 ríos más importantes de México (Luque et al., 2019); atraviesa un total de ocho municipios: Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo. Según el censo de 2020, contaban con una población total de 956, 490 habitantes (20,227 en los primeros siete municipios citados y 936,263 en Hermosillo, la capital de Sonora) (INEGI, 2021). En las localidades con menos de 15,000 habitantes el comercio y las actividades agropecuarias son los pilares económicos. En este sentido el agua, en calidad y cantidad, es un recurso de vital importancia para sus pobladores, no solo desde una perspectiva biológica, sino también para la movilización económica de la región.

El 6 de agosto de 2014 aconteció, dentro de la cuenca, un evento catalogado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturaes (Semarnat). Según Encino, ha sido el peor desastre ambiental de la industria minera del país (Encino, 2014). Sobre la parte alta del río se derramó un estimado de 40,000 metros cúbicos de solución de sulfato de cobre acidulado. El derrame fue ocasionado por una negligencia en el mantenimiento de una pileta de contención de la empresa minera y subsidiaria de Grupo México, Buenavista del Cobre (Semarnat, 2014). El material fluyó primero al arroyo Tinaja que alimenta al río Bacanuchi que, a su vez, es afluente del río Sonora; contaminó ocho municipios mencionados y fue contenido por un año en la presa Rodolfo Félix Valdés, para evitar que se extendiera a la zona urbana de Hermosillo. Después de diez meses, en junio de 2015, se permitió su desfogue a la presa Abelardo L. Rodríguez (Conagua, 2015).

El gobierno de México, además de sancionar monetariamente a la empresa minera, creó el Fideicomiso Río Sonora el 20 de agosto del 2014 (Cámara de Diputados, 2014), con el objetivo de dar seguimiento y atención al derrame e incluyó un plan de remediación ambiental, compensaciones económicas a los afectados, así como un programa de prevención y tratamiento al riesgo sanitario (Semarnat, 2015). El fideicomiso fue declarado extinto el 7 de febrero de 2017, con el argumento: de que dicho Programa ya fue cumplido además de que no existía resarcimiento o solicitud de restitución de pago pendientes de resolución (Fideicomiso Río Sonora, 2019).

La sociedad civil consideró cuestionables algunas de las decisiones tomadas por las instituciones relacionadas con el recurso hídrico, como las transferencias de agua de una presa a otra, la reducción del número de plantas potabilizadoras de 36 a 9, así como la no apertura del hospital especializado que se había prometido (Semarnat, 2014 y 2015). Además, otras inconformidades, como la desinformación y la desatención por parte de las instituciones gubernamentales, contribuyeron al desarrollo de una desconfianza hacia el desempeño institucional y a la realización de acciones de protesta: la obstrucción de carreteras, la presentación de quejas en ayuntamientos municipales (El Imparcial, 2015) y la interposición de recursos legales (Ibarra-Barreras y MorenoVázquez, 2017; Marín-Enríquez, 2018).

A partir de estos sucesos, en el presente artículo se realiza un análisis de las relaciones entre instituciones de gobierno y pobladores para identificar los factores que han contribuido al desarrollo de esta crisis de confianza. La disponibilidad de los datos permite extender el análisis de dichas relaciones más allá del período que concierne al tratamiento de la contingencia, para identificar que la naturaleza de la crisis de confianza institucional en la cuenca del río Sonora tiene su génesis en relaciones y acontecimientos previos.

Las instituciones gubernamentales a las que refiere este articulo son aquellas que dentro de la cuenca han sostenido una relación con la administración y atención del agua como un recurso hídrico para las poblaciones. Esto, ya sea de forma directa tal como en el caso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua 2016), ya que esta cumple la función de “administrar y preservar en cantidad y calidad las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con la participación de los usuarios y la sociedad” (Conagua, 2019), así como Agua de Hermosillo, encargada de suministrar y garantizar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio; con calidad en la atención a los usuarios, así como promover una cultura del uso eficiente del agua (Agua de Hermosillo, 2022); o bien de forma indirecta, tal como es el caso de Sagarpa (ahora Secretaría de Desarrollo Rural Sader) por su ocupación con el desarrollo rural y promoción de la actividad agropecuaria, y el Fideicomiso Río Sonora encargado de “remediar, reparar y/o compensar los daños ambientales y a la salud humana causados por el derrame” (Gaceta Parlamentaria, 2014).

Marco teórico

El Estado moderno es la institución central de poder político, cuya principal función es procurar el orden y forma en la vida social, a la vez que alberga a otras instituciones, ordenadas a partir de funciones y jerarquías específicas (Del Palacio, 2006). Las instituciones proporcionan sensación de certidumbre y bienestar a quienes cobijan, definiendo reglas, convenciones, y prácticas dentro de sus ejercicios específicos (Rathinasamy, 2005). Se les considera mecanismos de resolución de problemas que reducen la incertidumbre en los actores (Herrera-Gómez y Jaime Castillo, 2004). En la macroestructura institucional de los Estados se encuentran tanto los sistemas sanitarios como los organismos de gestión del agua.

Los sistemas sanitarios se encargan de gestionar los riesgos que ponen en peligro la integridad de la salud biológica de una población, articulándose y actuando a través del trabajo conjunto de determinadas instituciones y organizaciones con la finalidad de “producir salud” dentro del Estado nación (Gérvas y Pérez, 2011, p. 89). De tal modo, Rojo-Pérez y García-González (2000) definen el quehacer de los sistemas sanitarios de la siguiente forma como “el arte y la ciencia de prevenir las dolencias y discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física y mental, por medio del esfuerzo organizado de la comunidad para el saneamiento del ambiente, el control de las enfermedades, la educación de los individuos, la organización de los servicios médicos para el diagnóstico temprano y el tratamiento preventivo de las enfermedades, y del desarrollo de un mecanismo social que asegure a cada uno un nivel de vida adecuado para la conservación de la salud” (p. 91).

Las instituciones del agua también se encargan de brindar garantías y cierto grado de certidumbre a las poblaciones con respecto al recurso que administran. Rathinasamy (2005) señala que la estructura institucional del agua se define por tres componentes: las leyes del agua, las políticas del agua, y la administración de esta. Con respecto a la confianza, Luhmann (1992) establece que esta es un elemento necesario dentro de las relaciones entre actores sociales para que las instituciones sean capaces de formarse y sostenerse. La confianza puede estar presente en individuos, grupos, organizaciones o instituciones (Jorquera, 2011; Luna y Velasco, 2005; Nooteboom, 2010) y puede ser entendida, grosso modo, como un elemento vinculativo de expectativa positiva en el otro y sus acciones (Luna y Velasco, 2005). Así, confiar o no es un asunto de toma de decisión, en la medida en que cuando un actor decide confiar en el otro y lleva a cabo las acciones correspondientes dentro de un escenario específico, este actor se arriesga a que su expectativa positiva no sea correspondida (Hardin, 2002; Velasco-Mailo et al., 2006). La importancia de la confianza para las instituciones radica en que esta disminuye el conflicto social (Luhmann, 1992), promueve la cooperación e incentiva la participación y credibilidad entre los actores involucrados (Luna y Velasco, 2005; Metzger y Flanagin, 2012; Sanz, Ruiz y Pérez, 2009). Cuadrado (2016) indica que una sociedad donde hay confianza de forma robusta tiene mayor probabilidad de un buen funcionamiento a partir de libertades con menores regulaciones normativas, proveyendo mayor seguridad y satisfacción los actores que le integran. Igualmente señala que la confianza institucional es especialmente importante en una perspectiva política, por su carácter vinculante en torno a reglas, valores y normas.

Nettesheim (2014) señala que la confianza es clave en la legitimación, la promoción de la participación ciudadana, los procesos de democracia y en una sana gobernanza. Barrientos-del Monte (2011) afirma que la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones puede ser un indicador de la satisfacción sobre el desempeño de estas, ya que “[u]na institución que no goza de confianza regularmente es porque no tiene un buen desempeño” (p.37). En este sentido, la incapacidad institucional para generar confianza y satisfacción puede vincularse a una posible crisis de gobernabilidad (Barrientos del Monte, 2011).

Hardin (2002) por su parte, pone en entredicho el que esta fórmula sea lineal y determinante y, aunque reconoce el papel que supone la confianza como indicador y facilitador del buen desempeño institucional, postula que esta es, hasta cierto punto, un elemento prescindible: “en muchos otros rubros ese acatamiento puede simplificar las tareas para el gobierno, pero este no es vital […] a menudo, lo único que el gobierno necesita para funcionar es que los ciudadanos no desconfíen en él de forma activa” (Hardin, 2002, p. 205 y 209). Independientemente de estas afirmaciones, Barrientos del Monte (2011) señala que “la insatisfacción es pues un síntoma de mal funcionamiento institucional” (p. 37). A partir de lo expuesto es posible sostener que la confianza es una condición dinámica, fluctuante y mutable en las relaciones.

Existen diversas condiciones necesarias para el desarrollo de los procesos de formación y sustento de la confianza entre los actores, estas son: las experiencias previas, la comunicación y los intereses. Dentro de este orden, Landu (2009) propone entender la confianza como una objetivación e interiorización del mundo por los individuos, mediante el reconocimiento tanto de estructuras como de funciones sociales por parte de ellos. En este sentido la confianza en las instituciones entra en juego con otros elementos como la legitimidad y el cometido que se les atribuye a estas en su campo de ejercicio.

En cuanto a las experiencias previas, la confianza se produce a partir de procesos cognitivos en los que las expectativas positivas tienen sustento en un proceso fundamentado de valoraciones, información y experiencias pasadas (Hardin, 2002). Luna y Velasco (2006) indican que la confianza “también puede resultar de interacciones previas” (p. 137), ya que muchos de los aspectos en que se basa requieren de la observación del comportamiento del otro actor como un referente importante (Viñaras Abad, 2013). Por esta razón, consideramos pertinente el análisis de las experiencias pasadas y el tipo de interacciones de los habitantes de la cuenca con las instituciones.

La observación de canales de información entre los habitantes de la cuenca y las instituciones es otra dimensión importante, ya que la confianza opera también en un plano de apertura a la comunicación y al intercambio de información (Galaviz-Armenta, 2013; Lines, Selart, Espedal y Johansen, 2005). A su vez, la confianza permite desarrollar flujos de conocimiento e ideas que facilitan la coordinación de actividades entre los actores implicados (Pino-Garcia, Aguilar-Barajas y Ayala-Gaytán, 2018).

Es relevante, por lo tanto, la observación de la comunicación como proceso de interacción entre participantes, el cual tiene la capacidad de “generar y mantener confianza, así como de perderla, cuando hay incongruencias entre lo [que] se dice y hace” (Viñaras Abad, 2013, p. 61). De tal forma que la implementación y mantenimiento de la comunicación entre los actores es primordial para evitar posibles rupturas a la vez que, como Hardin (2002) afirma, la confiabilidad en la información compartida es fundamental porque permite la búsqueda de beneficios o acuerdos entre los actores implicados.

En relación con los intereses, es necesario que estos sean compartidos. Lines et al. (2005) señalan como bases de la confianza la mutua comprensión de las intenciones del otro y la apreciación de lo que el otro quiere y sus deseos. Esto debe producirse en un marco comunicativo que permita la mutua influencia entre ellos y excluya el posible abuso de la vulnerabilidad del otro. Nooteboom (2010) enuncia que es favorable interpretar el comportamiento identificable con simpatía; por el contrario, si las intenciones del otro son juzgadas como oportunistas se daña la relación de confianza. De igual forma, Viñaras Abad (2013) advierte sobre las repercusiones negativas cuando las actitudes o acciones del otro son percibidas como manipuladoras o ventajosas. Al respecto, Hardin (2002) menciona que los intereses de los actores son un eje central en la confianza, siempre y cuando se perciban como compatibles o afines.

Metodología

Este estudio se basó y estructuró a partir de la información obtenida en tres investigaciones realizadas en los años 2016 y 2019. La primera de ellas, de 2016, consistió en un trabajo de campo en comunidades rurales ubicadas en la cuenca del río Sonora, en el cual se levantaron 40 entrevistas semiestructuradas, 22 de estas dentro del municipio de Ures, y 18 en el área de Hermosillo. Las entrevistas se realizaron durante marzo y octubre a 34 hombres, en su mayoría usuarios del agua para uso agrícola y 6 mujeres encargadas del agua potable, residentes en las comunidades. El objetivo de la investigación fue efectuar un diagnóstico de la vulnerabilidad y resiliencia socio-hídrica en las dimensiones: Disponibilidad Hídrica; Socioeconómica; Capacidad Autogestora; Política institucional; Percepción; Productiva/ambiental (Díaz-Caravantes et al., 2021).

Los otros dos estudios fueron implementados en 2019 y permitieron analizar por medio de casos de estudio los elementos que vulneraron la capacidad institucional de las comunidades en relación con el derrame de 2014. Por un lado, Elizalde-Castillo (2020) estudió las estrategias de resiliencia para disminuir la vulnerabilidad ante la falta de agua en las comunidades afectadas en 2014. Para ello realizó un análisis cualitativo en el que se utilizaron tanto entrevistas abiertas como semiestructuradas, con temáticas sobre los problemas del agua en las localidades y la atención institucional recibida a partir de la contaminación. Los datos se obtuvieron por medio de 32 entrevistas aplicadas durante una estancia etnográfica, de marzo a junio de 2019, en las localidades de San Felipe de Jesús, en el municipio del mismo nombre, Puerta del Sol en el municipio de Ures y Mazocahui en Baviácora. En un estudio realizado por Escoboza-Castillo (2020) se analizó la confianza institucional, el capital social y la percepción del riesgo en dos comunidades de la cuenca del río Sonora a raíz de la contaminación. Para ello se llevó a efecto un estudio mixto que incluyó el levantamiento de datos mediante la aplicación de 15 entrevistas semiestructuradas y 86 encuestas en las localidades de Molino de Camou (San Isidro), en el municipio de Hermosillo, y Bacanuchi en Arizpe, durante los meses de agosto a noviembre de 2019. Sumando con ello un total de 87 entrevistas analizadas para el presente artículo. Las localidades de estudio se presentan en Figura 1.

Fuente: Elizalde Castillo en el software ARGIS v.9.1

Figura 1 Ubicación geográfica de las localidades de estudio.  

En la Figura 1 se identifican las 17 localidades en las que se obtuvo información, las cuales sumaban una población total de 16,407 habitantes según el censo de 2020 (INEGI, 2021). Cabe señalar que la mayor parte de ellas contaban con menos de 500 pobladores: (Bacanuchi (206); San Felipe de Jesús (366); Mazocahui (473); Puerta del Sol (149); San Pedro de Ures (1453); Heroica Ciudad de Ures (3619); Santiago de Ures (267); Sauz (432); Guadalupe de Ures (904); San Rafael (333); Molino de Camou (1277); San Juan (62); San Bartolo (195); San Fransisco de Batuc (225); San Pedro el Saucito (3366) Mesa del Seri (843); y La Victoria (2237), suponiendo una población total de 16, 407 habitantes (INEGI, 2021).

El uso de los datos recopilados en los tres estudios permite hacer una descripción y análisis integral de la naturaleza de las relaciones y las interacciones para construir la confianza entre la población del río Sonora y las instituciones gubernamentales encargadas del agua. En el estudio de 2016, las dimensiones de capacidad política y capacidad institucional nos permitieron tener suficiente información para analizar esta interacción (Diaz-Caravantes et al., 2021). En el caso de Elizalde Castillo (2020), una de las dimensiones de resiliencia analizada fue la de las instituciones gubernamentales del agua. Por otro lado, Escoboza Castillo (2020) realizó un diagnóstico de la confianza de la población de la cuenca hacia las instituciones gubernamentales en relación con la atención por el derrame de 2014.

A partir de estos tres estudios, se realizó una codificación y análisis de corte cualitativo por medio del programa Atlas Ti versión 7. Del análisis resultaron seis categorías: (1) relaciones entre pobladores e instituciones, (2) comunicación entre pobladores e instituciones, (3) conflictos entre pobladores e instituciones, (4) acciones y apoyos institucionales, (5) evaluación de acciones del fideicomiso, y (6) conflictos e imaginarios a partir de la relación gobierno-mina.

Una vez identificado el contenido de estas categorías y atendiendo al orden en el que se operacionalizó el concepto de confianza institucional, el siguiente apartado está destinado a la exposición de los resultados en tres categorías, las cuales muestran las debilidades o deficiencias persistentes en la construcción de la confianza en las relaciones entre instituciones y pobladores. Las categorías y orden de resultados presentados a continuación responden a una exploración de la confianza en cuanto a las siguientes dimensiones: Expectativas (Luna y Velasco, 2005 (Hardin, 2002; Velasco Mailo y otros, 2006); Experiencias (Hardin, 2002; Luna y Velasco, 2006); Comunicación (Viñaras Abad, 2013; Hardin, 2002; Galaviz Armenta, 2013; Lines et al., 2005); y Compatibilidad de intereses (Lines et al., 2005; Nooteboom, 2010; Viñaras Abad, 2013; Hardin, 2002).

Resultados y discusión

Con la información obtenida en las entrevistas fue posible observar y registrar aspectos que dan forma a las relaciones existentes entre las instituciones y los pobladores de la cuenca, para distinguir las condiciones y el contexto de sus interacciones, tanto en un entorno general y de uso agrícola respecto al agua como a partir de la contaminación del río Sonora en 2014. Dentro de los imaginarios y relaciones procesadas, identificamos tres dimensiones problemáticas que dan estructura a la confianza institucional y sin embargo la obstaculizan para su sano desarrollo por parte de los pobladores de la cuenca: el papel institucional como un quehacer asistencialista, los procesos de comunicación deficiente, y la desvinculación de intereses percibidos entre institución y pobladores.

El papel institucional como un quehacer asistencialista

A partir de las indagaciones hechas sobre las relaciones entre instituciones y pobladores de la cuenca, encontramos que existe una dinámica asistencialista preponderante. Los datos de 2016 registran diversas interacciones entre estos dos actores. Cuando se preguntó a los miembros de unidades de riego de qué forma otorgan apoyo las instituciones o cuál es la atención que brindan en caso de requerirlo, la mayoría de sus respuestas señalaron que reciben diversos apoyos para la realización de actividades económicas del ramo agropecuario. Estos apoyos incluyen sumas monetarias e insumos para la producción, descuentos para la adquisición de fertilizantes y semillas, créditos, facilidades para el trabajo de la tierra para la mejora de los sistemas de riego, tareas de mantenimiento, o atención a otro tipo de problemáticas con el agua.

Los apoyos que se otorgan no son del cien por ciento, por lo general los productores deben costear un porcentaje del insumo o servicio que necesitan y, como se puede observar en la siguiente cita, las experiencias pasadas respecto a estos apoyos han hecho que muchos productores esperen que el gobierno otorgue un apoyo mayor.

Cuando era gobernador este yo le hice un escrito, de hecho, yo tengo copia, le ponemos la queja de que nos alivianen [ayuden] y no, nomás oyen, todos los apoyos que vienen federales o de donde vengan, a los más puestos lo reciben, por ejemplo, hicimos una, por ejemplo, yo necesito un tractor pues, me están pidiendo el 50% ¿y yo de dónde voy a agarrar 200 mil pesos para hacer mi aportación? (Informante 23, Mesa del Seri, 2016).

Otro problema con respecto a los créditos o apoyos bajo esta dinámica es la canalización de estos recursos, ya que algunos de los informantes perciben que estos se otorgan a personas que no los requieren y no a los pequeños productores, quienes tienen más necesidad: “Sí, pues hay apoyos de la Sagarhpa, pero a nosotros no nos apoyan, apoyan a los puros grandes, tú sabes que el dinero se va al dinero” (Informante 19, San Pedro, 2016).

Al analizar el quehacer institucional a partir de la contaminación, dentro de los marcos estipulados en el plan del Fideicomiso Río Sonora, se evidenció su consistencia con un esquema asistencialista de trabajo, en el cual la institución asume un rol paternal de proveedor de bienes. En este caso, se materializó en bienes individuales como pagos por concepto de indemnizaciones (a comerciantes, ganaderos, agricultores, o por toma de agua) o tinacos para almacenamiento de agua, entre otros. Como señala una informante en Mazocahui: “Estuvieron entregando garrafones, y bueno, nos dieron tinacos a todos, aunque yo tengo tinaco desde antes de la contaminación” (Informante 41, Mazocahui, 2019). Otro informante agregó:

Pues las ayudas que dieron nomás, y eso que pues, hicieron, pusieron estas, plantas para qué, para purificar el agua (…). También nos dieron en garrafones el agua, galones, todo porque fue mucho, era mucho porque pues no era solamente aquí, sino que, en todos los pueblos para arriba, fue mucha la contaminación en todos los pueblos (Informante 65, Puerta del Sol, 2019).

A pesar de que los pobladores de las comunidades del río Sonora reconocen que se aplicaron diversos apoyos, también existe la opinión generalizada de que el reparto y distribución de los bienes se dio de forma inadecuada, favoreciendo a personas no afectadas, excluyendo a afectados dentro de la cuenca, o bien, brindando apoyos insuficientes en relación con los gastos provocados por el daño sufrido.

Pues nada, de hecho, yo le voy a decir que pues, vino un representante de Grupo México a una reunión, entonces según, pues, sabe si usted oía decir que millones, según para los afectados, aquí hubo gente que no agarró ni un peso de la afectación. La agarró otra gente de otras instituciones, no sé, del gobierno o de qué. Entonces, ahora dicen que Grupo México sí pagó, sí se sabe, sí salió en redes sociales que dio esa cantidad de dinero, pero ¿a quién se lo dieron? Si nuevamente, la gente afectada que no le sirvió ni los 15 mil pesos de las tomas de agua. Y yo digo, ¿dónde quedó ese dinero de la afectación? Si era para los afectados. Si oyes decir que el ranchero que todo agarraron, y ¿por qué lo agarraron? Si no estaban ni a la orilla del río, ni estaban afectados. Aquí hay personas de unos ranchos lejísimos que les dieron una cantidad de dinero, oiga, que ni los afectados les daban esa cantidad. Porque aquí mi esposo agarró 40 mil pesos, supuestamente en la milpa (Informante 76, Bacanuchi, 2019).

Hay que puntualizar que, si bien el Fideicomiso incluyó diferentes acciones en su plan de remediación, como la realización de muestreos en agua superficial y subterránea para la detección de metales, trabajo de remoción de suelos y otras acciones auxiliares para la salud humana, estas se han visto empequeñecidas ante otras cuestiones referentes al actuar de las instituciones gubernamentales que adquirieron mayor peso para los pobladores. De entre las condiciones en que estas acciones institucionales cobraron recepción por la población destaca, la percepción de que estas ocurrieron en desvinculación con la población, así como ser de dudosa pertinencia o de un alcance insuficiente respecto a la magnitud del problema, dichas cuestiones se abordarán más adelante. Por el momento basta con mencionar que estas acciones se desarrollaron sin coordinar o establecer contacto con los pobladores, por lo cual estos las perciben como ajenas a ellos y a su realidad.

Procesos de comunicación deficiente

Como se mencionó, existe una percepción de desvinculación con la población respecto a las acciones llevadas a cabo por las instituciones en respuesta al derrame de 2014. Las personas entrevistadas señalan que estas acciones se ejecutaron sin una información o consulta previa y sin coordinación con los habitantes del río Sonora. Tal es el caso de la instalación de potabilizadoras de agua que se realizó, según los informantes, de forma tardía, la primera de estas en enero de 2016 en Bacanuchi y dos años después, en 2018, en las comunidades de Mazocahui y San Rafael. En este sentido, indicaron que la planta potabilizadora de Bacanuchi se construyó sin realización de dialogo o consulta a la población; como afirma el siguiente entrevistado, no realizaron alguna reunión informativa, ni dieron a conocer el proyecto a realizar o el proceso de funcionamiento de la planta.

¿De la que según puso Grupo México? Pues, también vino a ponerla como le digo y no nos informaron, no hicieron una junta. Según vino la gobernadora que a inaugurar y nunca nos tomaron en cuenta, ni cómo se iba a trabajar ni nada. Sabemos que esta, que, porque sabemos que la pasan por un tubo, la echan por los filtros, pero como le digo, yo no he subido a la pila ahorita, no sé cómo estará pasando esa agua (Informante 76, Bacanuchi. 2019).

Con respecto a los muestreos realizados, uno de los entrevistados mencionó que hicieron muchos estudios para conocer la calidad del agua, pero nunca les informaron sobre los resultados. Además, afirmó: “quisiera ver un resultado nomás, lo tiene la mina, puras empresas pagadas por la mina, que es información confidencial que no la sacas de ahí” (Informante 36, Guadalupe de Ures, 2016). Sobre este tema, otro informante agregó:

Pues de principio vinieron, como le digo, cuando fue la afectación. Vinieron a hacer análisis, luego vinieron a decir que estaba bien el agua, pero como le digo, uno no sabe los estudios ni según nadie para decir si está bien o está mal. Pues porque no estamos confiados a lo que parece Grupo México, porque con el pueblo nada (Informante 76, Bacanuchi, 2019).

Como se pudo observar, varias acciones desplegadas por parte del fideicomiso fueron implementadas sin participación de la ciudadanía y no contaron con los flujos de información sobre la calidad del agua pertinentes para una adecuada comunicación del riesgo dentro del contexto del derrame. A esto se suman las percepciones sobre la falta de seguimiento en la atención médica, tal como señala uno de los entrevistados acerca del papel desempeñado por la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (UVEAS) dentro del plan de atención a la contingencia de 2014: “Sí, pero no salimos de donde mismo, UVEAS cerró las puertas y no, ya ni siquiera nos atendió” (Informante 73, Molino de Camou, 2019).

Esta comunicación deficiente de las instituciones gubernamentales hacia los actores no se presentó solamente en el tratamiento de la contaminación. Uno de los informantes, en 2016, mencionó que no fueron bien recibidos por las instituciones cuando los pobladores acudieron con solicitudes a las instancias respectivas, ellos percibieron rechazo y desagrado, también señaló que los trabajadores de las instituciones no fueron enviados a atender las problemáticas con regularidad.

Pues le tenemos que hablar, para que vengan unos, para que nos escuchen los problemas que hay, porque según esto no les gusta a ellos que vayamos para allá, y de repente manda uno para acá, pero como le digo esto no es seguido, no es arreglo bueno porque nunca se ha hecho nada, escuchan los problemas internos (Informante, Molino de Camou, 2016).

Los entrevistados refieren que existe una barrera en la comunicación y el diálogo por parte de las instituciones, tanto en lo relativo al tratamiento de la contaminación, como a los asuntos generales de la gestión de agua. Como consecuencia de esta falta de apertura al diálogo y poca eficacia de las instituciones para atender los problemas y demandas de los pobladores, ha surgido una dinámica alternativa, en la cual la comunicación entre estos actores es tensa y los procesos para una gobernabilidad están mediados por acciones fuera del marco institucional y de procesos burocráticos oficiales para la solicitud de atención a problemáticas o demandas. En estos procesos cobra especial relevancia la manifestación de inconformidad, es decir, la gobernabilidad o la consulta se da a partir de una disputa como relación de poder.

En el estudio pudimos observar que, dentro del contexto referente al agua urbana y las unidades de riego, existen manifestaciones como protestas y muestras abiertas de inconformidad a partir de la vía no institucional, como una forma de interacción para informar a las autoridades sobre las necesidades y posturas de las poblaciones. En el estudio de 2016 un informante destacó el bloquear calles como una alternativa viable para hacer escuchar sus demandas, y mencionó experiencias pasadas en las que se hizo uso de este recurso como medio para exigir atención:

Pues yo creo que ya hacer manifestaciones en las dependencias, manifestaciones para que nos pusieran atención, porque el gobierno está impuesto a que si no le tapas una calle para que te la arreglen, no te la arreglan, dejó muy mal impuesto el gobierno del PAN, así se manejan acuérdate, cuando se inundó Zamora, Pesqueira, se inundó con un arroyo y ya tenían tiempo haciéndole que les arreglaran ese arroyo y no se lo arreglaba, se hizo un desbordamiento, se afectaron muchas viviendas, se unió la gente y se plantaron y taparon la carretera como a las 6 horas, que no había maquinaria y que no había recursos, como a las 6 horas, ahí estaban pasando en la televisión dónde estaban las máquinas ya limpiando el arroyo y haciendo el bordo y todo (Informante 25, San Juan, 2016).

Como se muestra, los pobladores no solo consideran las medidas de presión como una posibilidad, sino las consideran una práctica común para hacerse escuchar por las autoridades. En el siguiente testimonio se evidencia cómo estas relaciones hostiles se han instaurado a partir del rechazo percibido por parte de las instituciones hacia los pobladores de las comunidades.

Mientras ustedes no me contesten todas las solicitudes y todas las denuncias nosotros no podemos hacer nada. No me pidas a mí que haga mi chamba cuando tú no estás haciendo la tuya, ahí te va un ejemplo, le dije, hice una vez una denuncia de robo de agua del acueducto El Molinito, fueron [a ver] los de Agua de Hermosillo, dieron media vuelta porque el amigo les sacó pistola. Cuando voy a la Conagua, les digo, oye mis funcionarios no son inmortales, bueno entonces si la ley va a funcionar a punta de pistola pues díganmelo, porque es lo que me están diciendo que a punta de pistola y las cosas no deben ser así, y no considero correcto que los que estamos bien sentimos cierto hostigamiento, conmigo han ido muchas veces y nunca me han encontrado nada (Informante 22, Molino de Camou, 2016).

Igualmente puede observarse este comportamiento en los pobladores que abordaron el tema del tratamiento a la problemática del derrame. Según narran los informantes, tomaron acciones de carácter confrontativo como una alternativa ante la insuficiente respuesta institucional a las necesidades y los intereses de las comunidades. Entre estas acciones hay marchas, bloqueos en carreteras, manifestaciones en diversas dependencias y palacios municipales. Un ejemplo de esta forma de interacción con las autoridades se presenta a continuación:

No nos hizo caso, nos cerraron las puertas, aquí veníamos comitivas y nos cerraron las puertas, las del Palacio Municipal, pues, siempre veníamos muchos, y ya después no nos creyeron y nomás veníamos diez-doce gentes. Pues vinimos a hacer un paro en el palacio, frente a Catedral, pero nunca nos tomaron en cuenta, luego hicimos manifestaciones de acá de la plaza Emiliana de Zubeldía, a unas oficinas creo que son la Sagarhpa, están por el boulevard Navarrete, más o menos periférico, unas oficinas, pero nomás (Informante 73, Molino de Camou, 2019).

En el siguiente fragmento de entrevista se reafirma la idea del rechazo de las instituciones hacia los pobladores, tal como señala uno de los informantes de San Isidro respecto a las peticiones de atención a partir del derrame:

Ahí fuimos con López Caballero2, con Semarnat, fuimos a algunas partes, a manifestarnos, a hablar, a ver qué estaba pasando, y no, no había una respuesta bien, siempre fue de que no, que no había pasado nada, o sea, no era algo grave, nunca nada, sí nos firmaban las peticiones que hacíamos […] Hasta que ya llegó el caso de que no nos recibían, la última vez que fuimos a una dependencia un señor nos dijo que el caso no se iba a reabrir (Informante 74, Molino de Camou, 2019).

Estos mecanismos alternos en los que se da la comunicación de demandas y necesidad de atenciones tienen cierta eficacia, pues los pobladores logran ser escuchados por las instituciones y posicionarse dentro de la agenda de estas. Esto puede observarse en el siguiente extracto de entrevista realizada al coordinador de organismos rurales en 2016 en el ejido de La Victoria, municipio de Hermosillo.

Los líderes comunitarios de aquí que pudieron haber hecho, y que hacen, porque son líderes muy inconformes, son muy inquietos, a nosotros nos, nos hacen ver seguido la falta de, en el caso del agua, son los mejores termómetros que tenemos nosotros […], entonces, pero sin embargo la presión que ejercieron fue buena, fueron buenos líderes por eso te digo, llegó el momento en que me dijeron, no, atiéndelos, y ahorita lo estamos haciendo, tenemos una semana ahí con ellos (Informante 13, La Victoria, 2016).

De este modo es que aparecen y se consolidan en la población discursos en los que la búsqueda de atención a demandas se relaciona con concepciones que posicionan a las instituciones como antagónicas a las propias poblaciones. Esto se observa en las declaraciones de los informantes: “Pues si afectara lo que es la presa, pues pelearíamos por una indemnización definitiva, ¿qué vamos a hacer?” (Informante 26, San Francisco de Batuc, 2016). Asimismo, encontramos otros pronunciamientos, tanto en 2016 como en 2019, que refuerzan esta idea:

Es un proyecto que viene de la mina, que supuestamente del fideicomiso, pero no le tocó a El Sauz, ni a la Estancia, ya fui con la muchachita, la encargada del fideicomiso, tanto tú y como yo hemos tenido pláticas sobre cómo corren los mantos acuíferos, me imagino que vas a las reuniones al CEA que invitan cada uno tres-cuatro meses, cada cinco-seis meses, cómo corren los mantos, tenemos que luchar para que todos los pueblos que quedaron sin equipo que los bajen ustedes como gobierno, y sí parece que tiene una buena noticia para nosotros (Informante 33, Heroica ciudad de Ures, 2016).

Pues..., yo pienso que no perdemos la esperanza, seguimos luchando, y digo, yo si mañana la mina compra el pueblo, porque no hay otro cerca, pues no nos va a quedar otra más que irnos del pueblo, y lo mejor yo pienso que podemos hacer es irnos (Informante 79, Bacanuchi, 2019).

Desvinculación de intereses percibidos entre institución y pobladores

El posicionamiento confrontativo descrito anteriormente se nutre de la percepción de que los encargados de las dependencias e instituciones persiguen su propio interés y se encuentran distantes de las comunidades. Las personas entrevistadas usaron categorías como “poder” o “dinero” como principios que adquieren relevancia en la agenda institucional y la toma de decisiones, por encima de las propias comunidades o los objetivos de las instituciones.

Lo anterior se evidencia en el siguiente testimonio: “El gobierno para nosotros no hace nada, el gobierno es para los de arriba, a los buenos a los que tienen lana, tiene muchos programas y ahí quedan en el camino, para acá no llegan” (Informante 39, San Rafael, 2016). Un informante muestra su inconformidad al indicar que los beneficiarios de los apoyos gubernamentales son personas con menor necesidad: “Pues, me imagino que pura transa [corrupción] del mismo gobierno, que cobran, todo el tiempo van a estar adinerados a los que tienen y los que no tienen se van a ir jodiendo” (Informante 43, Guadalupe de Ures, 2016).

Las entrevistas de 2016 ilustran este proceso, en ellas se menciona el caso de una infraestructura hidráulica construida para retener agua a beneficio de un gobernador del estado de Sonora, o bien otro tipo de situaciones que refieren a la percepción de que los permisos de agua son otorgados a empresarios, personas poderosas o adineradas.

¿Dónde está la caballeriza de Padrés3?, por eso se conectó para el Acueducto Independencia, para su caballeriza, por eso hizo una obra de 6 millones y medio de pesos o más, para sus caballos, porque ahí no había agua, anteriormente había agua, pero se secó esa parte de ahí, lo bueno que le valió madre ¿no?, a él, ahora lo bueno para nosotros es que recortamos el agua y le estamos dando agua más o menos a 60, 70 gentes también (Informante 13, La Victoria 2016).

Otros informantes mencionaron a familias de políticos y empresarios, señalando que la obra pública dentro de la cuenca ha sido destinada al beneficio de estos, igualmente cuestionaron el proceder de Conagua al conceder permisos para la perforación y extracción de agua dentro de la región.

Como que quiere el gobierno desaparecer esta parte de presa a presa, porque andan muchos intereses, tanto los Coppel como los Bours como ya ves los Padrés, todos querían abarcar los derechos del río Sonora, ya han comprado algunas parcelas. Pero ahora las empresas grandes, volvemos a caer en lo mismo, el mismo gobierno tiene la culpa por no controlar, en la misma contaminación de la presa, de la minera de Cananea, ahí está. Simplemente con el rancho de Padrés, que tenía creo 12 pozos, esos pozos no los hizo de su bolsa, esos pozos sacó recursos del gobierno, como todo sacó recursos, tenía un presón [represa grande] tapado, por eso no llegaba agua para acá. Entonces, ¿quién le dio esos permisos? CONAGUA, la CEA, entonces hay una mafia tremenda involucrada en el gobierno, que controla, con mala palabra disculpe usted, joden al más jodido, porque cuántas empresas no están contaminando pues, ya sea como lo hizo esta minera, de diferentes partes del estado Grupo México [...] muchos pozos profundos que el gobierno hizo para preservar la ciudad, pero también mucho pozo profundo y el área norte de los viñedos y dijeron que no iban a dar más permiso para hacer pozos, cuando no hubo permisos para los pobres, pero para el rico sí, para los viñedos, para esos sí tuvieron y para los ejidatarios no (Informante 25, San Juan, 2016).

Otro informante menciona cómo esto afecta los intereses de los pobladores en las comunidades de la cuenca:

[…] desgraciadamente así se maneja, el dinero hace todo aquí, por ejemplo, yo por ejemplo como autoridad no puedo dar permisos para que hagan tantos pozos, si sé que una familia sola va a destruir, una familia sola poderosa va a destruir el sustento de miles de gentes que estamos aquí, todos los ejidos que estamos aquí, entonces, pero desgraciadamente así se maneja, el poder. El país está podrido, desgraciadamente, es triste decirlo, pero ahorita para la gente que trabaja honradamente es mucha batalla, los apoyos, el dinero que tira el gobierno federal, tanto hablan de los apoyos, desgraciadamente los apoyos vienen para cuatro, cinco familias más poderosas en los estados, para esos vienen los apoyos (Informante 20, La Victoria, 2016).

Los entrevistados identifican un desempeño de las instituciones comprometido con otros actores y sus intereses, los cuales son antepuestos a las necesidades de las comunidades. Vale la pena señalar que estos en su mayoría son empresarios o políticos.

Vinieron gentes de Conagua de México, vinieron en todos los ejidos cancelando permisos, ¡eh! A nosotros nos cancelaron un permiso de un pozo, del pozo con el que regamos, pero se fue el agua para abajo y cancelaron muchos permisos en todos los ejidos, pero ojo, anduvieron cancelando permisos dentro de los ejidos, pero ¿sabes por qué lo hace la Conagua? Yo tuve una discusión grande, porque todos esos permisos, el gobierno lo que hace es mandar gente, inspectores a cancelar permisos a los ejidos porque esos permisos los agarran y se los dan a gente que va a sacar el agua de donde esté. Entonces todo eso es lo que hace, desgraciadamente es lo que ha hecho el gobierno, es que eso lo ha hecho últimamente Conagua, ha andado cancelando pozos, pero lo hacen para tener margen para darle a la gente. Como le digo, cómo es posible que una familia por hacerse más millonario de lo que esté, van a dejar sin trabajo a miles de gentes aquí, entonces esas cosas no deben de ser, no deben de ser y aparte de todo ahí le pegaron como a 2000, 3000 hectáreas de monte, de palo fierro, de pitaya y todo eso que no debe de ser pues, destruir la fauna, son muchas hectáreas, no son cinco hectáreas ni diez, fueron 2000, 3000 hectáreas. Súbanse al camión, pasen por la carretera y van a ver todos esos viñedos que están por la orilla de la carretera, de Pesqueira, todos esos viñedos no les alcanza la vista para ver para abajo, todo eso es una causa muy grande de la sequía que hay en esta área (Informante 20, La Victoria, 2016).

En el caso de la contaminación, los pobladores locales perciben que el quehacer de las instituciones responde a intereses de la empresa minera. Esto se hizo patente en las acciones llevadas a cabo por el fideicomiso las cuales, de acuerdo con la percepción de los informantes, invisibilizan las consecuencias del derrame y permiten a la mina operar con libertad e impunidad sin que las instituciones apliquen reglamentación alguna. Esta perspectiva se registró en diversos comentarios de los entrevistados: “Esa contaminación de la mina es un cochinero todo eso […] ¿Qué le hace el gobierno? Nada, son muy poderosos y a ellos les vale, eso les toca a ustedes en Hermosillo también, ahí están tomando agua” (Informante 36, Guadalupe de Ures, 2016). De igual manera, en reuniones de las instituciones con las comunidades los informantes observaron estas actitudes: “Hicieron una junta aquí, están más del lado de la minera, del grupo México, que de lo justo” (Informante 73, Bacanuchi, 2019). Un último comentario reitera la idea: Pues de principio vinieron, como le digo, cuando fue la afectación. Vinieron a hacer análisis, luego vinieron a decir que estaba bien el agua, pero como le digo, uno no sabe los estudios ni según nadie para decir si está bien o está mal. Pues porque no estamos confiados a lo que parece Grupo México, porque con el pueblo nada (Informante 76, Bacanuchi, 2019).

Conclusiones

A partir del análisis realizado, se identifica que una gran parte del quehacer institucional está constituido por acciones de corte asistencialista, ya que en el Fideicomiso Río Sonora, y otras acciones; se prioriza la provisión de apoyos monetarios o en especie. A esto se añade el hecho de que las acciones institucionales no promueven la participación ciudadana ni una vinculación con las poblaciones beneficiadas. Se debe señalar que la distribución de recursos ha despertado inconformidad en los pobladores, tanto en relación con los apoyos destinados para actividades agropecuarias en general como las indemnizaciones por el fideicomiso. Dentro de este orden asistencial y sobre todo respecto a los pagos del fideicomiso por toma de agua o en compensación por daños, se encuentra que estos no brindaron solución alguna al problema, tal como señalaron los informantes. En cuanto a las observaciones sobre la comunicación entre pobladores e instituciones, se encuentra que esta ha carecido de mecanismos efectivos, se considera precaria y los pobladores perciben a las autoridades y agentes institucionales esquivos o indispuestos a interactuar con ellos. En las instituciones se han tomado decisiones unilaterales y sin consultar a los habitantes de la cuenca, lo cual es un obstáculo no solo para la producción de confianza, sino también para el ejercicio de la gobernanza en la cuenca del río Sonora, entendida como la acción de gobernar con inclusión en la toma de decisión sobre (y de) los gobernados. En este sentido encontramos que, a partir de esta falta de comunicación, se alimenta la percepción de una desatención de las demandas de las poblaciones o bien, que la respuesta de las instituciones no ha sido efectiva. Bajo estas condiciones aparecen acciones de confrontación con las instituciones como un medio con cierta efectividad para la negociación dentro del proceso de gobernanza (aunque sea dentro de esquemas de tensión), las cuales no contribuyen al aumento de la confianza institucional. En el caso que nos ocupa, los actos de inconformidad delos informantes son muestras de desconfianza activa, por lo cual es necesario considerar cuidadosamente las consecuencias negativas que se producirían silos problemas de comunicación identificados continúan, a la vez que este ejercicio de desconfianza activa se sigue llevando a cabo como una importante forma de relacionarse con las instituciones. Es necesario comprender que estos problemas minan la confianza hacia las instituciones, en medida que la experiencia, percepciones o desempeño insatisfactorio de estas minan la capacidad de generar una expectativa positiva sobre las mismas por parte de las poblaciones. Finalmente encontramos que los intereses de instituciones y pobladores son percibidos como incompatibles por estos últimos, lo cual puede ser interpretado como una consecuencia de la desatención a las otras dimensiones expuestas. Esto es un indicador no menos importante que pone de manifiesto la falta de confianza hacia las instituciones en la cuenca ya que, como es señalado dentro de la literatura, los intereses percibidos como afines son indicadores que favorecen y reafirman los vínculos de confianza; por el contrario, si los intereses son interpretados como manipulados, opuestos o incompatibles habrá un indicador negativo, que a su vez dificulta el desarrollo de procesos de confianza.

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1De acuerdo con este programa, la cuenca del río de Sonora se localiza en la parte central del estado de Sonora, conformada por los ríos Sonora y Bacoachi. Algunos estudios ubican la parte de la cuenca del río Sonora sin la cuenca del Bacoachi, la cual abarca buena parte del municipio de Hermosillo.

2Alcalde de Hermosillo durante el periodo que comprende del 16 de septiembre de 2012 al 15 de septiembre de 2015.

3Guillermo Padrés Elías, quien fungió como gobernador del estado de Sonora del 13 de septiembre de 2009 al 12 de septiembre de 2015.

Recibido: 21 de Abril de 2023; Aprobado: 27 de Agosto de 2023

Autor para correspondencia: Pablo Armando Escoboza-Castillo. El Colegio de Sonora. Av. Obregón 54, Colonia centro. Dirección electrónica: pescoboza@colson.edu.mx

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