El trabajo que reseñamos aquí hoy representa un paso decisivo en la comprensión de un periodo en particular complejo de la historia de nuestro país; es el resultado de años de investigación y de su procesa- miento adecuado. La autora presenta una semblanza de cuatro de los principales empresarios y financieros del periodo: Agüero González y Cía., así como sus ligas con la familia González Echeverría, Juan Antonio Béistegui y sus hijos (sobre todo Nicanor), Francisco Iturbe y Ewen Mackintosh.

El estudio trata el dislocamiento de la economía después de la independencia, sobre todo tras la expulsión de los españoles en 1827 y en 1829. Los cuatro casos analizados iniciaron con créditos comerciales y más tarde financiaron actividades agrícolas y de ahí, ante las carencias agudas del erario público, proporcionaron recursos a los distintos gobiernos en condiciones muy ventajosas. Precisamente, el trabajo plantea que en aquel tiempo los gobiernos mexicanos dejaron de pagar los intereses de la deuda externa, y con ello se les cerraron las puertas del crédito en el extranjero. Así, a partir de entonces acudieron a los prestamistas locales, y de ahí en adelante no iban a levantar cabeza por un buen rato. Efectivamente, el estudio que reseñamos representa un diálogo y, sin duda, un paso, o varios, hacia adelante respecto a los trabajos de B. Tennebaum, D. Walker y otros estudiosos.

Una impresión que aflora cuando uno lee las páginas de este libro es la de estar frente a un juego de “Turista” (o Monopoly), en el que se trata de adquirir propiedades para vencer a los otros competidores, sometiéndolos o llevándolos a la quiebra. En realidad, consiste en un juego poco humanitario, que ilustra vivamente el mundo de los negocios a lo largo del tiempo.

El caso específico de este libro, sin embargo, es que se trata de cómo el grupo referido de negociantes -y otros- intervinieron y se repartieron las principales fuentes de ingresos nacionales después de la independencia: aranceles de aduanas, renta del tabaco, la acuñación de moneda, la ocupación de bienes eclesiásticos, entre otros, a fin de administrar y cobrar las deudas públicas a gran escala. Aunque la imagen de debilidad de los gobiernos del México independiente es algo conocido, el recuento pormenorizado de las condiciones que se presenta aquí ilustra el patético papel de esos gobiernos ante esas casas comerciales.

Ahora bien, el momento crucial, en el que todos esos problemas de los gobiernos del periodo se agudizaron y combinaron, fue el de la guerra con Estados Unidos, cuando, literalmente, el mundo se les vino encima a los funcionarios públicos. Primero, durante la presidencia de Mariano Paredes (a principios de 1846), quien en algún momento pretendió confrontar a los prestamistas, pues cuando Antonio María Esnaurrízar se le acercó a ofrecerle recursos, lo corrió con cajas destempladas. Por su parte, el financiero Francisco Iturbe participó en una condena inicial del Congreso a la rebelión de Paredes; sin embargo, ante los afanes de reorganización hacendaria que manifestó el nuevo gobierno, Iturbe colaboró con él, con la intención, según su estilo, de intervenir directamente en la toma de decisiones que enderezaran las finanzas públicas; por cierto, ese esfuerzo recuerda la intención de Juárez en 1861, cuando decretó la suspensión de pagos, precisamente, con el propósito de intentar una reorganización profunda del erario nacional. Finalmente, esa iniciativa del 46 no prosperó y tanto Iturbe como Paredes fueron removidos de sus puestos.

Pero ése fue sólo el inicio de múltiples controversias internas en plena guerra con Estados Unidos. Así como explotaron las diferencias entre liberales radicales y moderados sobre la intervención de bienes eclesiásticos con la revuelta de los polkos, cuando el ejército estadounidense desembarcaba en Veracruz, entre los distintos financieros surgieron cuando menos dos bandos sobre cómo resolver el pago de la deuda inglesa de México. Por ello, y con distintos funcionarios de por medio, en el espacio de unos meses los gobiernos mexicanos emitieron tres opiniones distintas sobre un nuevo acuerdo que se había alcanzado justo antes de iniciar la guerra, y en el que se habían puesto grandes expectativas para salir adelante.

En realidad, cada una de esas posturas respondía a intereses de los distintos negociantes, y en su momento hasta el presidente Santa Anna demandó su parte, igual que todos los demás. Es decir, ¡más que la supervivencia del país ante la grave crisis, los distintos financieros y cuando menos algunos políticos estaban viendo la manera de beneficiarse con el conflicto! Ciertamente, el desarrollo de la campaña militar no ayudó nada a los intereses de México; la cadena de derrotas sólo agravó lo que de suyo ya era una situación desesperada.

Cuando se ven esas circunstancias es difícil contradecir los informes de algunos ministros extranjeros sobre la desintegración inminente del país. Aquí es donde está una de las mayores paradojas de cómo sucedieron las cosas; entre los afanes desbordados de Ewen Mackintosh por lucrar sobre todo, incluso presentando como reclamaciones instancias que no lo eran, resulta que el traspaso que hizo José de Garay de la concesión de Tehuantepec para construir una vía interoceánica al cónsul británico fue lo que salvó a esa región de quedar incluida en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pues el representante estadounidense Nicholas Trist no quiso arriesgar una posible intromisión británica; así, se atuvo a los objetivos prioritarios de sus instrucciones originales, California y Nuevo México, y con ellos firmó el Tratado.

Ciertamente, la visión de Barbara Tenenbaum sobre un grupo de agiotistas -casi homogéneo- que esperaban lucrar con el Tratado resulta un esquema simplificado para las pugnas y diferencias empresariales que aparecen aquí. Otros aspectos novedosos de este libro son:

El trabajo en cuestión se resiente de algunas omisiones al no identificar a personajes clave con los que se relacionaron los empresarios que estudia; el más notable es el de un socio del padre de Francisco Iturbe, Isidro Huarte, quien para el lector desprevenido resultará un desconocido; pero el suegro de Agustín de Iturbide, que es de quien se trata, por supuesto les dio un carácter particular a las empresas de su socio, pues no, no era cualquier hijo de vecino. Desde el punto de vista de las fuentes, la ausencia del libro de Michael Costeloe sobre los tenedores de bonos británicos resulta sorprendente, pues su objeto de estudio representa un tema medular de aquí.

Reiteramos, éste es un trabajo indispensable para quien quiera acercarse al periodo convulso del México independiente. Los cuatro casos analizados, así como el apéndice dedicado a los préstamos de Gregorio de Mier y Terán, brindan pistas para cercar, cada vez más, las actividades del otro financiero principal, Manuel Escandón. Por si fuera poco lo que este trabajo nos brinda -lo cual no es el caso-, hacemos votos para que Rosa María Meyer se sobreponga a los cartabones y nos ayude a dilucidar también el papel y trascendencia de estos personajes.