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Discurso pronunciado por el doctor Ricardo Méndez-Silva en la sesión solemne del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el 3 de febrero de 2010, con motivo del XV aniversario de su creación

 

Señor ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal: Guillermo Ortiz Mayagoitia
Señoras y señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Señoras y señores consejeros de la Judicatura Federal
Señoras y señores consejeros fundadores
Señoras y señores ex consejeros
Señoras y señores magistrados y jueces
Queridas amigas, queridos amigos:

A fin de constituir el Consejo de la Judicatura Federal, nos encontramos el 2 de febrero de 1995 en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Antonia Herlinda Velasco Villavicencio, Raúl Armando Pallares Valdez, Alfredo Borboa Reyes, designados por el Poder Judicial de la Federación; Alfonso Oñate Laborde, designado por el presidente de la República; Mario Melgar Adalid y el de la voz, designados por el Senado de la República. En solemne ceremonia, tomó la protesta de ley el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Vicente Aguinaco Alemán, en su calidad de presidente del alto tribunal, quien al mismo tiempo asumió la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal. Reflejo de la expectación y de algunos cuestionamientos que despertó la reforma constitucional de 1994 fueron la asistencia de un público nutrido y la presencia de numerosos medios de comunicación.

Al concluir la sesión, por instrucciones del ministro presidente Vicente Aguinaco Alemán, los consejeros debutantes fuimos conducidos por los pasillos de la Suprema Corte a seleccionar alguno de los despachos que habían quedado vacantes por la reducción del número de ministros. Fue nuestra sede provisional, hasta dos años más tarde, cuando dispusimos del edificio sede en la Avenida Insurgentes, hoy imagen emblemática de este órgano colegiado. Rindo homenaje a Vicente Aguinaco. El espacio fue acompañado con el apoyo institucional para realizar nuestras labores, situación opuesta a las que vivieron otros consejos del país e incluso del extranjero, en donde parecía regir la añeja consigna "Obedézcase, pero no se cumpla".

Las facilidades dispensadas permitieron que, durante la misma semana de la fundación del Consejo, empezáramos a estudiar y a resolver cambios de adscripción de jueces y de magistrados con base en algunos criterios que tenía definidos la Suprema Corte, y en otros que aportamos nosotros a fin de atender con la mayor objetividad las peticiones acumuladas. Fue éste uno de los varios nacimientos del Consejo.

La integración del Consejo de la Judicatura Federal por elementos de otros poderes despertó suspicacias que nos obligaron — principalmente a quienes habíamos sido acreditados por el Ejecutivo y el Senado— a cumplir escrupulosamente nuestras responsabilidades con imparcialidad y objetividad, en acatamiento estricto a los dictados constitucionales. Fuimos celosos en reiterar que, al sobrevenir la designación, pasábamos a formar parte del Poder Judicial, sin cortapisas, como en realidad acaeció. Es un orgullo que mantenemos vivo.

Los consejeros de las tres extracciones entendimos que el vértice nutricio de la reforma constitucional perseguía alcanzar la autonomía plena del Poder Judicial dentro del contorno político nacional, en donde brotaban avances democráticos y vibraba el anhelo de lograr una genuina y fructífera división de poderes.

En el diseño de nuestra agenda, entendimos a la autonomía no únicamente con relación a los otros dos poderes, sino también dentro del Poder Judicial, y de cara a otros actores como los " despachos divinos" que se apersonaban en juzgados y tribunales, tan vociferantes como insoportables, enarbolando supuestas influencias. Y lo mismo, la autonomía frente a medios de comunicación que suelen dictar sentencias inapelables y sembrar prejuicios en la opinión pública.

Sigue siendo la piedra de toque. En estos días, en Jalisco se pretende abolir al Consejo Estatal de la Judicatura. No podemos olvidar que el Consejo Federal fue desintegrado en dos ocasiones, una de modo parcial en 1995, y otra totalmente en 1999, a través de recursos nada alentadores para la premisa y el fin final del quehacer judicial que es la impartición de justicia basada en la autonomía de los juzgadores.

Vienen a mi mente las palabras de una magistrada, integrante de un Consejo Estatal, durante uno de los encuentros nacionales de los consejos de la Judicatura que lanzamos a partir de 1996: "Somos inamovibles, pero nos piden la renuncia".

De mi parte, evoco un episodio personal. Una jueza estaba recibiendo presiones externas para que le negara el amparo a un político caído en desgracia, recluido en prisión preventiva, y cuyos congéneres lo acusaban de delitos que aparentemente ya habían prescrito. Le expresé a la jueza por vía telefónica mi respaldo incondicional, encontré en ella una dignidad esplendente. Un par de semanas después un acomedido emisario me soltó: " Tú que te las das de muy honesto, si el sistema te pide que te vayas, te tendrás que ir; — y con voz sentenciosa remató — el sistema sigue siendo el mismo". Mi línea de conducta no varió, y aquellas palabras de advertencia se quedaron en el aire. Sin embargo, en días de placidez existencial a veces me sobresalta la pregunta: ¿seguirá el sistema siendo el mismo?

Lo cierto es que ese " Consejo de la Perjudicatura", " Consejo de la Caricatura", " Consejo de Guerra", motes que con prodigalidad boletinaba " Radio Pasillo", emprendió sus trabajos con determinación inequívoca y férreas convicciones.

En el establecimiento y en el fortalecimiento de la carrera judicial encontramos la avenida central para canalizar nuestros afanes. Funcionarios nombrados por sus propios merecimientos, y de manera objetiva, estarían en aptitud de desempeñar sus funciones con independencia. Y de esta suerte, el cumplimiento riguroso de sus responsabilidades influiría en la resolución de las ratificaciones, en los ascensos, en los cambios de adscripción, en los resultados de las visitas judiciales, en el análisis de las quejas administrativas.

En el despegue, nos encontramos con varias vacantes de jueces y de magistrados que se habían acumulado por el tiempo en que dejó de funcionar la corte, y por el que tardó en expedirse y entrar en vigor la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 27 de mayo de 1995. Además, cuando ésta inició su vigencia, devenía imposible organizar concursos de oposición, según lo preveía la ley.

Y, por ello, con sustento en uno de los artículos transitorios, procedimos a realizar concursos de méritos durante ese año primigenio. Uno a través del cual designamos de entre los jueces en funciones a catorce magistrados. Tres más se avocaron a la designación de jueces. Dos primeros dirigidos exclusivamente a secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos se designaron a 11 jueces. Hubo un tercero que se dirigió también a estos funcionarios y, a la par, a secretarios de tribunales y juzgados de los circuitos del país. En esta oportunidad fueron 17 los designados.

Una de las ganadoras en esta última promoción, pertenecía a un organismo judicial del Estado de México, me expresó emocionada que venía de muy abajo socialmente, que nunca había imaginado que hubiera podido acceder al cargo de juez y, en nombre de su familia y de sus hijos, me aseguró que no nos iba a fallar. Se había abierto el espectro del cual se nutriría el Poder Judicial con nuevos juzgadores.

En 1996 acometimos la implantación de los exámenes de oposición, objeto de un proceso complejo que requirió la elaboración de preguntas para los reconocimientos de opción múltiple, los temas para los ensayos, la constitución de los jurados orales, el acondicionamiento de un local con computadoras y máquinas de escribir, mecanismos de seguridad para mantener el anonimato de los examinados. En estas faenas fue invaluable el trabajo de César Esquinca, entonces director del Instituto de la Judicatura Federal, hoy consejero del órgano colegiado.

El primer concurso de oposición fue abierto a los jueces de Distrito para ocupar 60 plazas de magistrados en 1996. Los agoreros de ocasión vaticinaban que pocos concurrentes se inscribirían al concurso bajo el argumento de que la realización de exámenes reñía con la mentalidad de los jueces en funciones. Sin embargo, se inscribieron ochenta aspirantes. Culminado el proceso, fueron designados 52. Preferimos dejar ocho vacantes a reducir la calificación que de entrada habíamos exigido.

Pasada esa prueba de fuego, con mayor confianza convocamos a un concurso en el mismo año de 1996 para nombrar a 70 jueces de distrito. Una euforia contagiosa había prendido en el Poder Judicial de la Federación. Hubo —me consta— quienes empezaron a prepararse desde que entró en vigor la reforma. Y en el paisaje de tribunales y juzgados se divisaron grupos concienzudos de estudio. A no dudarlo, uno de los frutos de la reforma fue el surgimiento de una nueva mentalidad. Al llamado del Consejo respondieron entonces 866 aspirantes, cantidad estimulante que nos enfrentó a un problema: los inscritos laboraban en todos los circuitos de la República y su movilización hacia el Primer Circuito se antojaba imposible. Los consejeros decidimos desplazarnos a cinco circuitos, además del primero, Guadalajara, Puebla, Monterrey, Mexicali y San Luis Potosí para favorecer el agrupamiento de los participantes por regiones. Resultaron designados sesenta y dos jueces, ocho menos que las plazas disponibles, por las razones antes explicitadas.

La instauración de los exámenes de oposición fue otro de los nacimientos del Consejo.

Para fines de 1998 se habían designado, tanto por el método de evaluación de méritos del primer año y de los exámenes de oposición, a 109 magistrados de Circuito y a 150 jueces.

En el ínterin, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de 27 de mayo de 1995, en un artículo transitorio, nos requirió al presidente del Consejo y a los consejeros designados por el Ejecutivo y el Senado que procediéramos a una nueva insaculación de los miembros del Poder Judicial. La conmoción y el interregno que se abrieron fueron sellados con la renuncia de los consejeros originales en un acto de dignidad. En su lugar, cumplidos sobradamente los requisitos de ley, fueron designados Hilda Cecilia Martínez, Alonso Galván y Luis Gilberto Vargas Chávez. Igual que con sus predecesores, la relación se tradujo en una fecunda complementación de experiencias y de saberes. Todavía habría una nueva insaculación que recayó a principios de 1997 en Concepción Martín Argumosa para sustituir a Hilda Cecilia, fallecida trágicamente. A todos mis compañeros de la época, rindo homenaje en el recuerdo de Hilda Cecilia, quien en el corto tiempo que ocupó el cargo destacó por su apego entrañable al Poder Judicial, y brindó luces y sapiencia para el quehacer exitoso del órgano colegiado.

No todo fueron nacimientos, queridos amigos.

La disciplina fue objeto central de nuestras preocupaciones. Al surgir el Consejo, se interpusieron numerosas quejas administrativas, pues los justiciables creían encontrar en esta opción un recurso adicional de litigio. Del total de las quejas presentadas entre 1995 y fines de 1998, 197 fueron fundadas. Cabe señalar que la mayor parte de éstas no correspondió a faltas graves, y sólo se impusieron apercibimientos y amonestaciones privadas y públicas. Sin embargo, hubo 10 destituciones, de las cuales dos correspondieron a jueces de Distrito; en cuanto a suspensiones, fueron suspendidos tres magistrados, ocho jueces y nueve funcionarios judiciales de rango menor. En seis casos se acordó la inhabilitación temporal para desempeñar empleos o cargos en el servicio público. De acuerdo con mis datos, en tres casos se dio vista a la procuraduría general de la República, y en diecinueve se multó al quejoso por hacer promociones sin fundamento y de modo ofensivo contra el Poder Judicial y sus miembros. Concebimos a la disciplina como un recurso excepcional, en forma alguna como un medio idóneo de gobierno, cuando el personal sobresale por sus altas prendas, pero cuando apreciamos responsabilidades se aplicaron las medidas disciplinarias contempladas en la ley, después de la discusión y la fundamentación, primero en la Comisión de Disciplina y luego en el pleno.

Como otro botón de muestra añado una cuestión de orden administrativo, ligada de modo indefectible a las actividades sustanciales: la labor en materia de informática. Fue formidable el salto entre el mimeógrafo, todavía vigente entonces en algunos organismos, y la computadora. Al llegar, era limitado el número de computadoras, las más, dedicadas a labores administrativas. Algunos miembros del personal judicial, con sus propios aparatos y recursos, con programas originales elaborados por ellos mismos y adecuados a la labor judicial, habían abonado el terreno. En otras oficinas públicas prevalecía la resistencia al cambio. En sentido opuesto, la respuesta de nuestros compañeros fue entusiasta, con una abultada cantidad de peticiones al respecto. El Consejo aprobó, en diciembre de 1996, un plan estratégico de cinco años enderezado a lograr la computarización integral por medio de equipos de cómputo e impresoras suficientes, redes internas, redes locales, redes nacionales, correos electrónicos, Internet. Ello requirió una meticulosa planeación, el diagnóstico sobre los equipos convenientes, la selección de proveedores e instituciones supervisoras, ajenas a nosotros. Se impartieron cursos de capacitación y, en un renglón tan sensible como invisible, la revisión y modificación de las instalaciones eléctricas, puesto que a esas fechas só lo el 5% de los inmuebles estaban en aptitud de soportar las cargas eléctricas necesarias para tan sofisticados adelantos tecnológicos. Fue otro renglón de actividad que llevó aparejado un cambio notable de mentalidad.

Dejamos constancia de nuestra labor en los informes anuales de 1995, 1996 y en un tercero que comprendió un primer corte de caja, de febrero de 1995 a enero de 1998. Particularmente este último volumen da fe de una frenética dinámica de trabajo que involucró a los consejeros y al personal de nuestras ponencias, a los secretarios de las comisiones y sus colaboradores, a los miembros de la Visitaduría Judicial, a la Defensoría de Oficio, a los funcionarios de las áreas administrativas. Es motivo de satisfacción que nos hayamos apoyado primordialmente en distinguidos miembros del Poder Judicial de la Federación, para el cumplimiento de nuestra encomienda. Hoy nos complace sobremanera que dos fundadores del Consejo, dentro del á rea de la Visitaduría Judicial, el magistrado Héctor Gutiérrez de Velasco Romo se encuentre al frente de la misma, y el magistrado Óscar Vázquez Marín haya accedido al más alto nivel del órgano colegiado. Ya hice mención antes del caso de César Esquinca, entrañable amigo.

Más allá de presunciones cuantitativas, pongo sobre relieve algunos logros alcanzados. A nuestro entender:

La desconfianza que despertó el Consejo entre mentes chauvinistas por proceder la figura del derecho comparado fue superada, y se afirmó como un órgano viable e indispensable para el gobierno del Poder Judicial. En este punto externo, mi reconocimiento al doctor Héctor Fix-Zamudio, quien en sus estudios la decantó, la fundamentó y la difundió.

Se despejaron los recelos sobre la integración plural del Consejo. En la academia se habla de reformas convenientes, pero hasta donde yo sé, no es motivo de impugnación la integración tripartita.

Ello fue posible, merced al quehacer intenso dentro del Poder Judicial y su proyección a nivel nacional e internacional. Se comisionaron a funcionarios judiciales para realizar visitas a institutos de estudios judiciales en el extranjero. De igual suerte, se programó la asistencia a cursos y congresos académicos del personal judicial en varias universidades del mundo.

El Consejo se constituyó como el modelo de los consejos del país por el trabajo que desempeñó desde el primer día. Y, a tal fin, contribuyeron los encuentros nacionales de los consejos de la Judicatura.

Papel sobresaliente jugaron las visitas judiciales que trascendieron el objetivo disciplinario para coadyuvar con jueces y magistrados al cumplimiento de sus funciones.

En esa inteligencia se estableció la Distinción al Mérito Judicial " Ignacio L. Vallarta", se concedieron años sabáticos con la finalidad de que los interesados pudieran realizar estudios ligados con su trabajo judicial o escribir alguna obra, se concedieron becas para la realización de estudios que aprovecharon algunos secretarios.

Llevó el Consejo una relación respetuosa y de amistad con los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hago propicia la circunstancia para expresar mi reconocimiento a Mariano Azuela, quién comprendió cabalmente la importancia del nuevo órgano, y quien fue pieza vital en el acercamiento entre los dos plenos. Prueba de esa relación fue la Comisión Conjunta que se estableció en 1997 sobre la autonomía judicial.

Pero fue más significativo y más valioso para nosotros el aprendizaje, el quehacer compartido, la construcción de una inteligencia común, la oportunidad de conocer al país desde un ventanal pletórico de intensidades.

En nuestro país hay sesenta millones de pobres, lo que conlleva niveles paupérrimos de vivienda, educación, alimentación, salud, y también, por desgracia, precarios servicios de justicia, resultantes de la marginación, de las deformaciones históricas y de la injusta distribución de la riqueza. Durante el proceso de ratificación de un juez, conocí un caso que versaba sobre una falsificación de billetes, en una comarca de los trópicos desheredados. Los acusados eran unos campesinos que para pagarse entre ellos una deuda sacaron fotocopias en blanco y negro de billetes, y los colorearon después con rudimentarias habilidades artesanales. El suegro de uno de ellos fue a comprar un refresco con un billete de esa singular emisión, y le cayeron en el acto todas las policías habidas y por haber. La pena por falsificación de billetes era de entre cinco y doce años de prisión en una de esas cárceles que Dante no imaginó como tormento en su infierno literario. Dada mi consternación, el juez ofreció ajustar los hechos al tipo delictivo de la alteración de billetes que sólo contemplaba un año de cárcel. Fue una visión tropical de la equidad, del recurso romano ex equo et bono. Pero algo muy grave acontece en el país, cuando el autoritarismo policiaco se ceba en los más pobres y vulnerables.

El aprendizaje de esos años, sobre todo, nos permitió testimoniar a quienes fuimos acreditados por el Ejecutivo y el Senado, que la inmensa mayoría de los miembros del Poder Judicial, contra prejuicios extendidos, poseen una recia honestidad, un cumplimiento que exige sacrificio y medio para desahogar las montañas de expedientes bajo la premura de los términos procesales; asumen su deber, muchas veces, en lugares distantes de sus hogares y separados de sus familias; y cuando algún respiro queda, pasan la tarde de un domingo en soledad.

Señor ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, mis compañeros consejeros de la época me han solicitado que exprese a usted y a los actuales consejeros, nuestros votos por su ventura personal y por que su dedicación logre avances sustanciales en esta noble tarea, una de las más honrosas en el servicio público de nuestra patria, y que desempeñan ustedes con maestría y compromiso para bien del país.

Cierro las compuertas del recuerdo, que sólo se abrieron hoy para que compareciera en esta sesión solemne del pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Queridas amigas, queridos amigos, muchas gracias.