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Introducción
Chiapas se ubica en un sitio frecuentemente asolado por desastres naturales, ejemplo de ello fue el fenómeno natural que provocó daños a la localidad de Juan de Grijalva, Ostuacán, el 4 de noviembre de 2007. La primera información que se difundió fue que la población afectada por el fenómeno natural se encontraba en una situación de riesgo y vulnerabilidad. Aunado a ello, en 2005 el Consejo Nacional de Población (Conapo) determinó que Chiapas tenía un grado de marginación muy alto y ocupaba el 2o. lugar con esta característica en el ámbito nacional (Conapo: 2005).
El gobierno de Juan Sabines Guerrero (2006-2012) usó estas dos situaciones como argumentos para justificar la ejecución del proyecto Ciudades Rurales Sustentables (CRS).
Por un lado, la condición de riesgovulnerabilidad de la población y, por otro, la situación de pobreza-marginación. Con este proyecto se sumaba a la anhelada idea de desarrollo mediante la concentración de la población (Gobierno del Estado de Chiapas, 2010).
Los funcionarios de gobierno determinaron que la población afectada debía ser reubicada. En este traslado se ignoraron los efectos sociales, culturales y económicos que pudiera ocasionarles este reacomodo. Así se creó la primera CRS Nuevo Juan de Grijalva (NJG). El 29 de marzo de 2011 se inauguró la segunda CRS en Santiago El Pinar (SP). De igual manera, esta edificación tuvo una gran campaña publicitaria, se anunciaban los “beneficios” que traería a sus habitantes. En las dos CRS, a poco tiempo de su inauguración, las viviendas estaban abandonadas y destruidas, funcionaban algunos “proyectos productivos”, pero la vida comunitaria continuaba como si el megaproyecto no se hubiera realizado.
El objetivo de este artículo es analizar las diversas formas de involucramiento de la población e identificar los factores que influyeron en las respuestas que las familias tuvieron por el proyecto Ciudades Rurales Sustentables.
Para el análisis de las respuestas de los habitantes se usaron dos categorías. La primera, vida cotidiana, entendida como la construcción social de los actores para satisfacer sus necesidades y acumular conocimiento que ponen de manifiesto en sus prácticas, relaciones, acciones, creencias y expectativas (Heller, 1982; Schütz, 1962; Lindón, 2006). La segunda, bajo el argumento de que la vida está estructurada por un conjunto de normas que regulan la interacción social, en un proceso constante de cambio, esto es lo que Scott (2001: 77) y Hogdson (2004) denominan instituciones.
En esta investigación el análisis se centró en las familias involucradas en el proyecto. Se plantea estudiar la vida cotidiana a partir de las siguientes respuestas de los pobladores: reasentados,1resistentes,2 los que de manera intermitente3 ocupan su terruño y la CRS, retornados,4 y quienes aceptaron remodelación en su vivienda.5 La elaboración de esta tipología fue un referente para mostrar las diversas formas de involucramiento de los habitantes, que no responde a comunidades enteras sino a comportamientos de familias.
En este estudio, la estrategia de investigación de campo se realizó en las dos CRS y las comunidades originales. En Nuevo Juan de Grijalva abarcó de abril a junio de 2013. En este periodo se realizaron entrevistas a diversos actores: pobladores, autoridades locales, subdelegado de la CRS, académicos de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y funcionarios de la Coordinación técnica del Instituto de Población y Ciudades Rurales (IPCR). Además, se realizó observación de campo en los asentamientos de Juan de Grijalva y Nuevo Sayula, porque se identificó que sus habitantes respondieron de manera diversa; además, esas localidades experimentaron el reasentamiento de la Presa Peñitas en 1987.
Para el caso de Santiago El Pinar, un primer acercamiento se efectuó en marzo de 2012 y de manera continua se visitaron distintas localidades entre abril, junio y noviembre de 2013. Las comunidades en las que se centró el estudio fueron Pechultón, Chiquinch’en Los Tulipanes y el Nuevo Barrio.
En este periodo se realizaron entrevistas a una variedad de actores: pobladores, autoridades locales, ex presidente municipal de Santiago El Pinar, diseñadores del Plan Maestro de la UNACH, funcionarios de la Coordinación técnica del IPCR, agente municipal de Chiquinch’en Los Tulipanes, gerente técnico de la planta ensambladora. Además, se llevó a cabo una observación en las localidades originales porque los habitantes siguen usando esos espacios. La intención fue identificar sus actividades agrícolas y ganaderas, así como la forma en que usan la casa para su reproducción social.
El documento está formado por cuatro secciones: 1) El proyecto Ciudades Rurales Sustentables, que tiene como objetivo describir el origen y funcionamiento de la propuesta gubernamental; 2) La CRS Nuevo Juan de Grijalva y las respuestas de su población; 3) Santiago El Pinar y el involucramiento de sus habitantes, y 4) las conclusiones del artículo, donde se muestran los factores que justifican las respuestas de la población.
El proyecto de ciudades rurales sustentables
Chiapas se ubica al sur de la República mexicana, colinda al norte con Tabasco, al oeste con Veracruz y Oaxaca y al sur con el océano Pacífico (Gobierno del Estado de Chiapas, 2014). La primera CRS Nuevo Juan de Grijalva se localiza al norte del estado en el municipio de Ostuacán. La segunda se ubicó en Santiago El Pinar y se sitúa en las montañas de Los Altos de Chiapas. En el Mapa 1 se muestra su localización.
Fuente: elaboración propia con información del INEGI, 2010b.
Mapa 1 Ubicación de las Ciudades Rurales Sustentables
En 2007, se estableció en Chiapas el proyecto Ciudades Rurales Sustentables. En los diversos medios de comunicación que lo promovieron se anunciaba que la iniciativa provenía de la Organización de Naciones Unidas (ONU); otros decían que estaba vinculada con los intereses y lineamientos del Banco Mundial (ONU), e incluso se le relacionó con los objetivos que se promovían mediante el denominado Plan Puebla Panamá (PPP), lo cierto es que el gobierno de Juan Sabines Guerrero aprovechó estos discursos para sumarse a la anhelada idea de concentración de la población y desarrollo.
El 2 de diciembre de 2008, al rendir su segundo informe6 el gobernador se empeñó en demostrar la relación del proyecto CRS con los lineamientos de la ONU, al señalar “me propongo alinear la política social [de Chiapas] a los Objetivos de Desarrollo del Milenio que propone la ONU […], estos [lineamientos] serán la columna vertebral de mi gobierno”. A partir de este pronunciamiento, su gabinete se propuso convertirlos en el referente de la administración sabinista.
De esta relación se crearon los “principios rectores de la CRS como sustentabilidad ambiental, equidad de género, participación social, reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y fortalecimiento institucional” (Agenda Chiapas-ONU, 2009: 5), para mostrar el vínculo que existía con los lineamientos de la ONU.
Por otra parte, el Banco Mundial también se vinculó con el proyecto. En 2006 propuso su política de integración económica que promovía la concentración de la población como vía para abatir el rezago social (Grupo Banco Mundial, 2006). Este organismo no hablaba de un reasentamiento, pero sí establecía la aglomeración como el tipo de economía que permitía a los países en desarrollo avanzar y tener una densidad de población adecuada. Partía del principio de que con la concentración se disminuía la distancia entre asentamientos humanos, se mejoraba la infraestructura y, al mismo tiempo, se promovía la especialización.
La aglomeración que proponía el Banco Mundial apareció en el diagnóstico de la propuesta de CRS. El discurso de Juan Sabines proponía crear un sistema de ciudades que reforzaran las relaciones existentes e incluyeran nuevos centros de población a la dinámica regional (Agenda Chiapas-ONU, 2009: 15).
En las CRS también se presenta influencia de las ideas planteadas en otros proyectos, como el Corredor Biológico Mesoamericano del Plan Puebla Panamá (PPP) creado en el año 2000. Este plan consideraba que Chiapas podría insertarse en el mercado mundial al aprovechar los recursos de su territorio gracias a un “un manejo integral ambiental donde el ordenamiento es una herramienta idónea para la planificación de manejo y uso del suelo”; ello implicaría la transformación y modernización de la región mesoamericana (Zúñiga et al., 2002: 11).
Uno de los intereses más notables del PPP estaba en la ubicación de lugares estratégicos por ser ricos en recursos naturales. Si en ellos identificaban núcleos de población se proponía su reubicación con el fin de poder explotar la materia prima en manos de intereses privados nacionales o internacionales.
De tal modo, el proyecto CRS estuvo fuertemente influenciado por los objetivos y lineamientos de la ONU, BM y PPP. No fue una iniciativa de la administración sabinista.
Por otro lado, los argumentos que sustentaron la propuesta de CRS fueron tres: 1) riesgo-vulnerabilidad; 2) la pobreza-marginación, y 3) la sustentabilidad.
El riesgo y la vulnerabilidad se usó para referirse a la situación que en 2007 sufrió la localidad de Juan de Grijalva del municipio de Ostuacán, por el desgajamiento del cerro. Esta situación justificó la propuesta con el fin de reasentar a la población afectada y coadyuvar en su estado de vulnerabilidad. En el documento de diseño urbano y vivienda de Nuevo Juan de Grijalva, elaborado por directivos y académicos de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), en 2008, se planteaba que:
Las lluvias registradas durante los meses de octubre y noviembre del 2007, diversas comunidades se vieron afectadas. Este suceso generó un inmenso tapón de piedra y lodo que sepultó a la comunidad ejidal Juan de Grijalva [...], con ella la desaparición de varios de sus habitantes y pérdida de las viviendas. En noviembre del 2007, el Instituto de Vivienda del gobierno del estado de Chiapas [invi], invitó a la UNACH a sumarse a los esfuerzos interinstitucionales, para apoyar a las comunidades damnificadas […], para que desarrollaran la propuesta de diseño urbano en beneficio de los habitantes del nuevo Centro de población (Estrada y Escamirosa, 2008: 7).
La situación de riesgo-vulnerabilidad fue reforzada por los medios de comunicación que afirmaban que “en Chiapas había más de 12,000 localidades dispersas con menos de 50 habitantes, ubicadas en zonas peligrosas y tan separadas que resulta incosteable llevarles servicios”.7 Con esos datos se justificaba la creación de la primera Ciudad Rural Sustentable.
El Instituto de Reconversión Productiva y Bioenergéticos (IRBIO) difundía que la dispersión poblacional ocasionaba pobreza extrema.8 El 17 de septiembre de 2009, durante la inauguración de la CRS, el entonces presidente de la República mexicana, Felipe Calderón Hinojosa, manifestó que “la causa estructural de la pobreza en México es la dispersión de la gente […]. El día que tengamos una política pública que estimule la concentración en centros de desarrollo en ciudades como éstas, ese día vamos a tener importantes avances en estados muy pobres de México […]”.9
La administración de Juan Sabines Guerrero, entonces gobernador de Chiapas, propuso en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, que las CRS “cumplirían con el objeto de abatir la dispersión poblacional, la pobreza extrema y la marginación, a través de ofrecer servicios de calidad, equipamiento, oportunidades económicas, desarrollo social y humano, además se constituía en centros de atracción para las comunidades cercanas” (CEDES, 2008: 15).
Bajo esa idea, la administración de Juan Sabines reubicó a 10 localidades de las 97 del municipio de Ostuacán, sin embargo, sólo una fue afectada por el desgajamiento del cerro. Esto significa que se justificaba el abandono de viviendas y lugares de trabajo en Juan de Grijalva, pero no para la población de las nueve localidades consideradas inicialmente en situación de riesgo por inundación.
Los habitantes de esas nueve localidades no sufrieron daños significativos, pero sí fueron trasladadas a los campamentos porque la Dirección de Protección Civil (PC Chiapas) consideró que estaban en riesgo de inundarse. Los funcionarios de PC Chiapas usaron “la cota 100” para determinar el área que se trasladaría, con base en ella contabilizaron que la magnitud del daño incluía a 338 viviendas inundadas. En NJG se construyeron 410 viviendas, es decir, 20% más de los inmuebles afectados por el tapón.
Ello muestra que los funcionarios de PC Chiapas se apoyaron en parámetros para mover a los pobladores en situación de riesgo, la cual los pobladores evacuados aceptaron como una oportunidad para adquirir un bien inmueble.
Al mismo tiempo, el gobierno del estado reforzó su argumento con el diagnóstico elaborado por la Agenda Chiapas-ONU, que señalaba que la pobreza se presentaba en 28 municipios10 (Agenda Chiapas-ONU, 2009: 127).
En el Cuadro 1 aparecen los municipios con menor índice de Desarrollo Humano (IDH) y la propuesta de las 24 localidades en que se sugería edificar las CRS.11 El proyecto se ejecutó en cuatro localidades (Jaltenango, Ixhuatán, Santiago El Pinar y Emiliano Zapata) que no habían sido contempladas en el diagnóstico. Por ejemplo, Aldama y Mitontic deberían haber sido considerados, por ocupar el lugar 114 y 117, respectivamente, sin embargo, en ellos no se edificó CRS.
Cuadro 1 Los 28 municipios con menor IDH y la propuesta de CRS
Fuente: elaboración propia con información de PNUD, 2009.
Los datos muestran de qué forma el diagnóstico oficial, elaborado por diagnóstico oficial, elaborado por Agenda Chiapas-ONU y el gobierno de Chiapas, soportó la idea de que la dispersión era causante del atraso productivo, poca infraestructura y servicios básicos de los 28 municipios con menor IDH. Aunque éstos se publicitaron como el foco de la intervención, la propuesta de CRS no los consideró como lugares para ejecutar el proyecto.
De esta información, resalta que en la propuesta inicial de ONU no se consideró a Santiago El Pinar, aunque éste sí tenía el menor IDH en la entidad. La implementación de la CRS en ese lugar tuvo que ver con las relaciones de convencimiento que el gabinete sabinista logró con el entonces presidente municipal y agentes municipales.12
Estos datos expresan que en los argumentos gubernamentales existía una contradicción entre el diagnóstico y los municipios donde se ubicaron las dos primeras CRS. Además, el gobierno de Chiapas se centró en cumplir estándares internacionales, como el IDH y el grado de marginación, que posicionarían al país en el desarrollo económico e internacional, pero no consideró las formas de vida ni las condiciones históricas que dieron origen a los territorios que promovía intervenir (véase Cuadro 1).
Otro de los postulados con los que se promovió el proyecto fue el desarrollo sustentable. Este se consideraba en tanto que la población pudiera crear una atmósfera que le permitiera aumentar su capacidad y las oportunidades para las generaciones futuras, que se retomaron en el proyecto con los principios de equidad y cuidado del ambiente.
Los argumentos de los funcionarios que soportaban este postulado era que el deslave fue originado por áreas taladas debido al sistema agrícola que la población tradicionalmente había utilizado (SHCP, 2009). Con este argumento se propusieron nuevas actividades productivas.
Uno de los críticos del “desarrollo sustentable”, Serge Latouche, lo considera un término contradictorio, al buscar el equilibrio ecológico con un modelo económico que es “consumista y “destructivo” (Latouche, 2007: 49). El autor propone estudiar los aspectos sociales y políticos en los intercambios económicos y recobrar el objetivo del bien común.
La CRS generó actividades productivas para los pobladores, las que no perduraron; contrario a ello fortalecieron prácticas paternalistas y clientelares, que provocaron que la inversión millonaria no mejorara la calidad de vida de sus habitantes. Según Max-Neef et al. (1986) reconocer la forma en que históricamente la gente satisface sus necesidades, promueve una mejor concordancia entre la acción del Estado y su población. La propuesta CRS publicitó la sustentabilidad, pero no consideró los aspectos sociales, políticos y económicos que forman esos territorios.
Por otro lado, en el funcionamiento de la CRS intervinieron el gobierno federal y estatal, así como el sector privado; además de la cooperación del entonces rector de la Universidad Autónoma de Chiapas y la validación por parte del coordinador residente de la ONU (SHCP, 2009).
El proceso de gestión de la CRS fue inicialmente dirigido por los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo y Participación Social (Sedepas); después les correspondió a los empleados del IPCR coordinar las secretarías que participaban en la planeación de las CRS.
El funcionamiento del proyecto se describe en dos momentos. El primero fue el traslado a los campamentos. Este sólo lo experimentó la población que vivía a orillas del río Grijalva. Los funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Vivienda del estado de Chiapas (Semaduvi) insistían en que era necesario el traslado. Algunos habitantes decidieron desplazarse a los refugios, pero otros, principalmente jefes de familia, vivían y trabajaban en las comunidades. En ellos, hombres y mujeres obtuvieron una remuneración económica por trabajar como cocineras, cosechar chile habanero en la playa del río Grijalva o hacer blocks para construir lo que sería el Nuevo Juan de Grijalva (NJG).13
En ese momento, algunos miembros de las familias se mantuvieron con el fin de obtener una vivienda y un proyecto productivo. Pero el hacinamiento y los problemas de convivencia en que muchas familias vivían, hicieron que en cuanto empezaron a estar listas las viviendas se trasladaron para allá. A todas las familias se les advirtió que no regresaran a sus predios anteriores,14 sin embargo, los grupos domésticos de las localidades de Loma Bonita, Peñitas El Mico y Pichucalco volvieron a su localidad.
El segundo momento se inicia con las acciones impulsadas por el gobierno estatal para ejecutar la propuesta de CRS. Entre ellas sobresale la publicación de la Ley de Ciudades Rurales Sustentables (Honorable Congreso del Estado de Chiapas, 2008) y la creación del Instituto de Población y Ciudades Rurales (IPCR).
El proyecto incluyó instancias de participación como los Comités de Vivienda y Servicios Públicos, pero sus funciones se limitaron a la contratación de mano de obra de los habitantes, por lo que la descripción de estos espacios no fue relevante para este estudio. También, se formó un Consejo Consultivo Ciudadano, integrado por las fundaciones, organizaciones civiles de profesionales, comerciantes y organismos internacionales, que tuvo como principal función la aportación de recursos financieros.
A continuación, se describen las formas de involucramiento de la población de Nuevo Juan de Grijalva y Santiago El Pinar, así como la respuesta de los pobladores.
La CRS nuevo Juan de Grijalva y la respuestas de su población
En este apartado se describen las condiciones sociodemográficas en que se desarrollaba la vida cotidiana antes de las CRS; preámbulo que permite identificar los cambios que experimentaron los habitantes y sus respuestas a la ciudad.
En 2005, Ostuacán contaba con 97 localidades, su carencia de servicios básicos e infraestructura hicieron que a escala nacional fuera clasificado en zonas de alta y muy alta marginación (Conapo, 2005); en el ámbito estatal ocupaba el 52o. lugar del IDH (PNUD, 2009).
Las principales actividades productivas en La Laja y Nuevo Sayula eran las agrícolas, con cultivo de maíz, frijol para autoconsumo y cacao; ganadería con la venta de ganado por cabeza y extracción de leche para autoconsumo. Otros pobladores se dedicaban a trabajar como jornaleros en grandes propiedades de Playa Larga Primera Sección, Playa Larga Tercera Sección y Loma Bonita. Un grupo de pobladores trabajaban como pescadores en la Unión de Producción Pesquera de la localidad de Peñitas El Mico. En el Mapa 2 se ubican las localidades y actividades productivas de las familias que las habitaban.
Fuente: elaboración propia con base en investigación de campo, Nuevo Juan de Grijalva, junio.
Mapa 2 Actividades productivas Juan de Grijalva (2005)
En las localidades de Nuevo Sayula, Juan de Grijalva, Salomón González Blanco, Playa Larga Primera Sección y Peñitas El Mico, había escuelas para cursar la educación primaria, pero si los habitantes querían estudiar la secundaria debían trasladarse a Plan de Ayala, una localidad de mayor tamaño. Según el Conapo, 16.47% de la población era analfabeta, de la cual 60.80% para mujeres, y 39.20% hombres (Conapo, 2005). Esto se debe a que los niños en edad escolar asisten a la escuela, pero en temporada de cosecha ayudan a los padres en las actividades agrícolas; ellos tienen un papel preponderante en la economía familiar.
El servicio de salud se brindaba por medio de la Secretaría de Salud (SS), con casas de salud ubicadas en Salomón González Blanco y Nuevo Sayula.
En las localidades la energía eléctrica era suministrada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o con el uso de celdas solares. El agua la obtenían de pozos o afluentes naturales y no había instalación de drenaje, los desechos de agua iban a los ríos y los baños eran secos mediante el uso de las letrinas. El déficit de servicios básicos era reportado por el INEGI de la siguiente forma: cerca de 93.10% de las familias no contaba con fuente de abastecimiento en la vivienda; el porcentaje de drenaje correspondía a 40.90% y, alrededor de 66.44% no disponía de energía eléctrica (INEGI, 2005).
Las viviendas estaban asentadas en una superficie de 900 metros cuadrados. Su construcción tenía entre 40 y 60 metros cuadrados; estaban hechas de muros de madera y/o block, techo de madera y piso de tierra o concreto.
En 2009, se estableció el proyecto CRS y comprendió 10 de las 97 localidades del municipio, lo que representó 11%, es decir 2 192 personas (INEGI, 2005). Las comunidades que incluyó el proyecto fueron Juan de Grijalva, Salomón González Blanco, Playa Larga Tercera Sección, La Laja, Pichucalco, Playa Larga Primera Sección, Peñitas El Mico, Antonio León Anexo, Loma Bonita y Nuevo Sayula.
Esta situación cambió con la construcción de Nuevo Juan de Grijalva, que incluyó 410 viviendas, servicios básicos de energía eléctrica, agua entubada, drenaje y alumbrado público; además, se habilitó 1 Planta potabilizadora de agua, 1 Planta de tratamiento de aguas residuales. Se edificó el Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), el Centro de Educación Básica (CEBECH). Se promovió la ejecución de “proyectos productivos”, entre los que se encuentran tres granjas avícolas, una planta procesadora de lácteos, ocho invernaderos para chile habanero, una planta fermentadora y secadora de cacao, una planta ensambladora de muebles, un parque microindustrial, cinco tiendas Súperchiapas, un corredor comercial con 19 locales y 16 micronegocios en las casas.
Contrario a las acciones que incluyó el proyecto en las localidades, se suspendió la instrucción escolar y la atención médica. Esto constituye una clara contradicción de la política pública al haber ofertado el servicio y luego cancelarlo a un número importante de la población.
Por otro lado, la ubicación de la CRS modificó las rutas de transporte. Por ejemplo, los habitantes que desean viajar a las localidades para trabajar en sus ranchos o predios, o bien como jornaleros, suelen usar camionetas que transitan por caminos de terracería y en horarios específicos. Son el único medio de transporte en el perímetro de la CRS y dejan de funcionar a las 15:00 horas. Estos pobladores deben sufragar un gasto de diez pesos por traslado. En el caso de la población originaria de Playa Larga Primera Sección y Playa Larga Tercera Sección, adicionalmente deben pagar veinte pesos por un viaje en lancha.
En ese contexto, las familias priorizaban las actividades con que cubrían sus necesidades básicas, como alimentación, antes que los servicios que brindaba la ciudad. Pero si no tenían dinero para trasladarse a la CRS, se veían obligadas a reasentarse con el fin de recibir los servicios de salud y educativos.
El involucramiento de la población y la permanencia de las prácticas cotidianas
En Nuevo Juan de Grijalva se identificaron cuatro tipos de respuestas: quienes eran de Juan de Grijalva, Nuevo Sayula y Salomón González Blanco, aceptaron la vivienda y desde la inauguración de la ciudad decidieron hacer su vida cotidiana en ella; a esta población se le denomina “reasentados”.
Otra respuesta es la de los pobladores que habitan la vivienda por un tiempo, pero que en los ciclos agrícolas regresan a su antigua casa y se establecen ahí para realizar las labores productivas que les permitían su reproducción social y económica; se les nombra “intermitentes”, y son algunas familias de Juan de Grijalva, Playa Larga Tercera Sección, La Laja, Playa Larga Primera Sección y Nuevo Sayula.
A las familias provenientes de Pichucalco, Peñitas El Mico, Loma Bonita y Nuevo Sayula, que sí recibieron una vivienda con el proyecto CRS, pero se negaron a moverse de su lugar de origen, se les llama “resistentes”.
Por último, los habitantes que la recibieron, la habitaron, pero después decidieron regresar a su localidad, reciben el nombre de “retornados”. Son los casos de Nuevo Sayula y Salomón González Blanco.
“El gobierno nos trajo aquí... que arregle la casa”
En este apartado se describe la forma de involucramiento de los “reasentados” y los “intermitentes”. El centro del análisis fue el proceso de repartición de viviendas y los denominados “proyectos productivos”.
En la distribución de los recursos de la CRS participaron una diversidad de actores gubernamentales, que sostuvieron reuniones con los líderes locales o dirigentes de partidos políticos. Estos últimos serían el puente entre el gobierno sabinista y la población. El líder tenía la encomienda de informar a la población que los requisitos para adquirir la casa serían cuatro: ser originario de las localidades que contempló el proyecto; haber vivido en los campamentos solidarios; ser casado y tener hijos.15
Antes de que se realizara la inauguración de la CRS, la población ya se había reasentado. Las querellas contra los funcionarios no se hicieron esperar, por ejemplo, los pobladores se quejaban de la gran cantidad de roedores que ocupaban las casas y solicitaron que los exterminaran. Por tal motivo, los trabajadores de Semaduvi accedieron a fumigar para combatir la plaga. Estas acciones dan cuenta de la forma en que la población exigía al gobierno la solución de sus peticiones, con argumentos como “si el gobierno nos trajo a vivir aquí, debe de arreglar los problemas de las casas”.
Por otro lado, a pesar de que los requisitos para recibir la vivienda eran claros, los líderes locales no los respetaron. A menudo la distribución estuvo marcada por relaciones de amistad y parentesco. Por ejemplo, el entonces líder de Nuevo Sayula buscó que su hijo, recién casado y sin hijos, recibiera una casa. Así lo narró su nuera “mi suegro nos anotó en la relación de personas que recibirían casa. En Nuevo Sayula no teníamos vivienda, pero mi suegro nos apoyó para que recibiéramos una”.16
Durante la asignación de la vivienda y traslado de la población, los funcionarios de Semaduvi entregaban a los líderes un pago “mensual de mil doscientos pesos”, esto con el propósito de que coadyuvaran a mantener un ambiente de tranquilidad en las localidades, pues los empleados de la dependencia sabían que los pobladores no estaban totalmente conformes con el procedimiento.
Las prácticas de corrupción, como el pago a líderes locales y la asignación de viviendas a población que no era candidata para recibirlas, fueron una constante.
La misma tónica se dio en la repartición de los “proyectos productivos”. Los líderes de la CRS aseguraron cumplir los requisitos establecidos por los funcionarios del IPCR para entregarlos: 1) formar un grupo, y 2) haber vivido y laborado durante dos años en los campamentos. Sin embargo, éstos no se cumplieron; ejemplo de ello fue el Súperchiapas y el invernadero de chile habanero, cuyos dirigentes forman parte de la misma familia, sus trabajadores son miembros de ese grupo doméstico y tienen parentesco con el subdelegado de la CRS. Esto último les permite tener acceso al equipamiento e insumos que otorgaron los funcionarios de la Secretaría del Campo (Secam).
Esta información ilustra las prácticas de corruptela de los ex líderes, así como el uso de relaciones de parentesco y amistad para distribuir los recursos entre la población. Además, muestra cómo los habitantes “reasentados” y los “intermitentes” establecieron relaciones de tipo paternalista con los funcionarios sabinista.
“En la CRS no hay trabajo… ¿cómo vamos a vivir ahí?”
En este apartado se describe la forma en que la población “intermitente” usa de manera alterna la parcela y la casa de la CRS.
Los jefes de familia son jornaleros y pescadores de las comunidades de Playa Larga Primera y Tercera Sección; rancheros de Nuevo Sayula y La Laja, así como pescadores de Juan de Grijalva. En el Cuadro 2 se muestran las distancias que hay entre las localidades y la ciudad.
Cuadro 2 Distancias de las localidades a la CRS
| Localidad | Distancia a la CRS | Periodo de ausencia |
|---|---|---|
| Playa Larga Tercera Sección | 25 km | Mensual |
| Playa Larga Primera Sección | 19 km | Mensual |
| Juan de Grijalva | 11 km | Semanal |
| La Laja | 9.6 km | Semanal |
| Nuevo Sayula | 6km | Semanal |
Fuente: elaboración propia con base en información de trabajo de campo, junio de 2013.
Se observa que existen dos periodos de separación de la población “intermitente”, el mensual y el semanal. Esta situación cambia las rutinas y la división de tareas domésticas, lo que se atribuye a la ausencia del jefe de familia en el hogar. Durante su estancia en las parcelas, a ellos les corresponde preparar sus alimentos antes y después del jornal; además de realizar actividades que antes eran propias de las mujeres, como criar aves de corral y cosechar frutos para su consumo.
En los casos en que “semanean”,17 el sábado regresan a las viviendas de la ciudad, llevando consigo frutos, aves y pescado, productos que consiguen en las localidades de origen. Pero si viajan cada mes, no llevan ningún producto al hogar y suplen esta faltante con el dinero que obtienen de su trabajo como jornaleros o pescadores.
Por su parte, las mujeres continúan a cargo del cuidado y la educación de sus hijos, haciendo las labores domésticas y actividades de producción de traspatio en la CRS. A estas funciones se agregó que algunas de ellas ahora están al frente de un negocio.
En estos grupos domésticos, utilizar el espacio de la vivienda en la CRS y trabajar en la parcela ha sido un problema porque se incrementó el periodo de ausencia del jefe de familia e incluso provocó el abandono del núcleo familiar. El impacto en la producción agrícola no ha sido igual en todas las familias, y aumenta cuanto más lejos esté la parcela de la CRS; también se han experimentado cambios en la distribución de tareas domésticas. No obstante, las actividades de traspatio siguen siendo una actividad importante en estos grupos.
“En la localidad hay para todos… en la ciudad no”
En esta sección describo los motivos por los que habitantes “resistentes” y “retornados” decidieron continuar con sus prácticas productivas y de preparación de alimentos en sus terruños.
Estas familias aceptaron la vivienda, pero nunca la habitaron, justifican esta situación al declarar que “el gobierno [los funcionarios] no la hizo bien, el fogón no sirvió”, “¿cómo la voy a habitar?, si no tengo trabajo ahí [CRS]”.18
Una de las razones por las que decidieron regresar a sus comunidades fue porque ahí tenían los espacios que les permitían continuar con sus actividades productivas y de preparación de alimento. El fogón es uno de los más representativos. Las mujeres expresaron que la utilización de éste se relaciona con los alimentos que consumen y el costo del gas licuado del petróleo (LP) en las comunidades.
Las amas de casa obtienen la leña de las parcelas, mientras que el gas LP deben comprarlo. Esto ejemplifica por qué las familias han decidido seguir realizando la cocción de alimentos con madera, ya que el gas LP es un gasto que el grupo doméstico difícilmente puede hacer.
Otro factor determinante para que los “resistentes” no abandonaran su vivienda eran las actividades que realizan en el solar. Las familias producen los alimentos que integran su dieta diaria. En dichas labores participaba todo el grupo doméstico y en caso de tener excedente lo vendían a sus vecinos.
Por su parte, la población “retornada” usó la vivienda de la CRS por dos años, después de ese tiempo regresó a su localidad de origen. Este lapso dependió del tiempo que tuvieron empleo remunerado en la CRS. Ellos expresan que el uso de la casa les significó tres cambios: la disminución del espacio de la cocina, la introducción del fogón Lorena19 y la reducción de las dos terceras partes del espacio del solar. Elementos que afectaron su economía familiar.
Con su regreso a las localidades de origen estas familias volvieron a construir su cocina como era antes del proyecto. Eso les permitió continuar con sus prácticas de preparación de alimentos.
Las mujeres también expresaron que durante su estancia en la CRS cambiaron sus prácticas de cocción de alimentos porque implicaba comprar el gas comestible: “yo usé el fogón de la CRS [pero] lo hicieron mal y se llenaba de agua. Por eso, compramos una parrillita eléctrica porque es más barato. Pero cuando regresamos a Nuevo Sayula volvimos a hacer el fogón, porque aquí es más barato cocinar con leña”.20 Este testimonio muestra cómo los habitantes priorizaron los gastos e ingresos del grupo doméstico para tomar la decisión de regresar a sus comunidades, ya que ahí continuaron con el uso del fogón y la estufa.
Otro factor que influyó en la respuesta de estos habitantes fue la falta de trabajo permanente en la ciudad; algunos consiguieron empleo en la planta ensambladora y en los invernaderos de chile habanero, pero esta situación no duro más de dos años.
En NJG identifiqué que los factores más relevantes que explican el involucramiento de los pobladores son la continuidad de sus actividades productivas o trabajos remunerados, la disminución de tierra que implica el traslado a la ciudad y los recursos que llevó el proyecto. Estos últimos son importantes para que ningún habitante rechace la propuesta.
Santiago El Pinar y el involucramiento de sus habitantes
En 2009, el municipio de Santiago El Pinar estaba formado por 11 localidades. Con la construcción de la CRS se creó una nueva comunidad denominada Nuevo Barrio. Como se muestra en el Mapa 3, la atención está centrada en tres localidades, Chiquinch’en Los Tulipanes, Pechultón y el Nuevo Barrio.
Fuente: elaboración propia con base en investigación de campo, Santiago El Pinar, mayo de 2013.
Mapa 3 Localidades de estudio en Santiago El Pinar
Antes de la CRS, la población de Santiago El Pinar se distribuía en varias localidades alrededor de la cabecera municipal, las más cercanas eran Choyo, Nínamo, Pechultón, Boquem, Pusilhó, Nachón, y en ellas se concentraba 79.5% de la población; el resto de la gente vivía en poblaciones más lejanas, como Xchuch, Kálom, Santiago el Relicario, San Antonio Buenavista y Chiquinch’en Los Tulipanes.
En 2005, las carencias en servicios e infraestructura que presentaba el municipio lo clasificaron en escala nacional como zona de alta y muy alta marginación. En el ámbito estatal ocupó el número 118 (último lugar) del IDH (PNUD, 2009).
En ese año el INEGI registró que 54% de la población era monolingüe y su lengua era el tsotsil; mientras que 46% era bilingüe, porque también hablaba español. Las mujeres en edad reproductiva representaban 42.91% y en promedio tenían cuatro hijos, superior al promedio estatal de tres hijos (INEGI, 2005).
Además, 98% de la población se dedicaba al sector primario, mientras que 1% estaba contabilizado en el sector secundario, y el resto al sector terciario. Las principales actividades económicas eran agrícolas con el cultivo de maíz, frijol, café, hortalizas y frutos para el autoconsumo; así como cría y venta de bovino, ovino, porcino y aves como gallinas, pavos y patos.
Esta información es relevante porque permite identificar que antes de la construcción de la CRS las familias tenían al menos ocho actividades productivas para el autoconsumo, además de la cría de diferentes tipos de ganado.
En las localidades de Nachón, Chiquinch’en Los Tulipanes, Santiago El Relicario y Pechultón la población tenía escuelas primarias y preescolares; solo en la cabecera municipal había secundaria. Según datos del INEGI en ese mismo año, 54% de los habitantes eran analfabetos, de ellos, 68% eran mujeres y 32% varones (INEGI, 2005). Estas cifras ayudan a entender la condición económica de las familias, quienes privilegian el trabajo doméstico y agrícola antes que la instrucción escolar de sus hijos.
El servicio de salud se brindaba por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en una Unidad Médico Rural localizada en la cabecera municipal, la cual atendía a la población de las 11 localidades.
La energía eléctrica era suministrada por la CFE, sólo para 13.4% de la población, ya que en un número importante de localidades se usaban celdas solares. Cerca de 54.34% obtenía el agua de afluentes naturales, como arroyos. Solamente la población de la cabecera municipal contaba con drenaje, en el resto se usaban letrinas; esto equivale a 86.22% de la población (INEGI, 2005). Los déficit más altos correspondían a la población de Chiquinch’en Los Tulipanes, San Antonio Buenavista y Santiago El Relicario.
La construcción de la vivienda era de 4 × 10 metros, que junto con el solar tenían un área de 900 metros cuadrados. Los muros de las viviendas estaban hechos principalmente de block, no tenían repellos, el piso era de tierra, a veces utilizaban tablas y láminas. En las localidades de Santiago El Relicario y Chiquinch’en Los Tulipanes, las viviendas eran más pre carias.
En marzo de 2011 se inauguró la CRS de Santiago El Pinar que incluyó la construcción de 115 viviendas en el Nuevo Barrio, servicios básicos de energía eléctrica, agua, drenaje y alumbrado público. También se construyó una planta potabilizadora de agua y una subestación. En la cabecera municipal se edificó el Centro de Salud con Servicios Ampliados (CRS), una primaria, un preescolar y el Colegio de Bachilleres (COBACH).
Además, estaban los denominados proyectos productivos: Sociedad Cooperativa Ensambladora Santiago El Pinar (planta ensambladora), un Complejo integral para la Producción, Transformación y Comercialización del Café; dos Súperchiapas, un corredor comercial con 15 locales, tres granjas avícolas, seis invernaderos para chile habanero, tomate Saladette y flores, así como microtúneles para la producción de hortalizas.
También se edificaron 350 viviendas nuevas y se pintaron 489 casas en la cabecera municipal y seis localidades (Pechultón, Pusilhó, Nachón, Nínamo, El Carmen y Boquem). Pero de las 954 acciones de vivienda realmente 465 fueron edificaciones nuevas, es decir, 49% de lo que contabilizó el IPCR, el resto se trató de obras minúsculas de ampliación de un sanitario o regalo de pin tura vinílica.
Por otro lado, en el Nuevo Barrio sólo 20 casas son ocupadas ocasionalmente, esto representa 2% de la población que se propuso reasentar con el proyecto.
La población decidió no hacer uso de estos equipamientos por el gasto que debían sufragar para acceder a ellos. Por ejemplo, la ubicación del CESSA en el Nuevo Barrio dificultó que los habitantes de las localidades más alejadas pudieran acudir para recibir los cuidados hospitalarios. Aunque la población está acostumbrada a caminar, en caso de emergencia médica deberá cubrir cincuenta pesos como pago por el traslado en un vehículo privado, porque no hay transporte público. Este costo es alto si consideramos que se trata de economías de autoconsumo.
Estos datos exponen cómo el equipamiento de la CRS se redujo a atender a los pobladores que decidían realizar el gasto económico y a los pobladores que usan de manera intermitente las casas del Nuevo Barrio. En el resto del municipio se mantuvieron las condiciones de vida existentes.
Las formas de involucramiento de los pobladores y la permanencia de sus prácticas
En Santiago El Pinar se dieron tres tipos de involucramiento de las familias. El primero se refiere a quienes habían ocupado las viviendas de la CRS y solamente se trasladaban al Nuevo Barrio21 para recibir consulta médica o realizar algún trámite administrativo; mientras que en los periodos de siembra y cosecha regresaban a su antigua casa. Se trata de pobladores de Chiquinch’en Los Tulipanes y Boquem, y se les denomina intermitentes.
Otros recibieron vivienda, pero decidieron no usarla y siguen asentados en sus antiguas casas, pero cuando las autoridades y reporteros visitaban la CRS se establecían en ella por un par de días. A estas familias que sólo se trasladaban a la CRS para participar en los actos protocolarios se les denomina resistentes. Es población de Chiquinch’en Los Tulipanes, Boquem, Xchuch, Choyo y San Antonio Buenavista.
Por último, está el caso de las familias de la cabecera municipal y seis localidades (Pechultón, Pusilhó, Nachón, Nínamo, El Carmen y Boquem) a quienes se les construyó una nueva casa en su antiguo solar. Se trata de familias con vivienda remodelada, y la utilizan como dormitorios, bodegas, o la tienen abandonada.
“Aceptamos para que vinieran los otros servicios…”
En el proceso de asignación de las viviendas los funcionarios de la Semaduvi y del IPCR mantuvieron reuniones con los agentes municipales, quienes fueron el vínculo entre el gabinete sabinista y la población. Las autoridades locales tuvieron un papel importante en esta negociación debido a que fungían como traductores. Mediante asambleas comunitarias informaron sobre los requisitos para adquirir la vivienda: ser casados, tener hijos y vivir en las localidades que consideró la propuesta.22
En los siguientes testimonios de habitantes se muestra por qué se han empeñado en vivir en su antigua casa: “las autoridades locales nos pidieron que no nos inconformáramos para que la CRS se construyera”23 y “dijeron mejor acéptenla, para que vengan otras cosas [servicios de salud, educación y proyectos productivos]”.24
Dos días antes de la inauguración, el 27 de marzo de 2011, los agentes municipales avisaron a los pobladores que debían trasladarse a las viviendas y permanecer ahí mientras el presidente de la Rrepública, Felipe Calderón Hinojosa, y el gobernador, Sabines Guerrero, encabezaban el acto.
El 20 de enero de 2012, el gobernador Juan Sabines Guerrero realizó una visita a la CRS. En aquel entonces la población ya tenía inconformidades por los materiales de la obra, incluso, no se habían reubicado en la ciudad, sin embargo, aceptaron fotografiarse con el mandatario y agradecerle.
Contrario a lo que se expresó en esta visita, los habitantes tenían quejas de las viviendas por la distribución de los espacios y el material, por ejemplo, a quienes les hicieron remodelación, afirmaban: “no nos dieron estufa como a los de la cabecera [municipal, ahí se construyeron 115 casas nuevas], si la hubieran entregado la usaríamos, aunque sea más caro [el gas]”;25 en los casos que sí recibieron estufa y tanque de gas decían: “no tenemos para comprar el gas [para uso doméstico]”.
Estas declaraciones son útiles para ilustrar que el descontento de la población no se justifica por lograr un espacio óptimo para vivir, sino que la inconformidad forma parte de sus prácticas paternalistas.
La CRS reforzó las prácticas clientelares
En este apartado se describe la influencia de los dirigentes de partidos políticos en la repartición de las casas y los empleos de la planta ensambladora. Esta información es útil para exponer como se usó el aparato gubernamental que llevó al triunfo, el 1 de julio de 2012, a Manuel Velasco Coello, entonces candidato de la coalición “Compromiso por Chiapas”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Nueva Alianza (PANAL).
Antes de la CRS, en Santiago El Pinar, había simpatizantes de la denominada “alianza”, integrada por seguidores de cinco partidos: Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido de Acción Nacional (Pan), Partido Convergencia, Partido del Trabajo y Partido Orgullo por Chiapas); y el de la coalición “Compromiso por Chiapas”.
En diciembre de 2009, el presidente municipal de Santiago El Pinar, con afiliación al PRD, informó a los integrantes de su ayuntamiento, entre ellos síndicos y regidores de otras afiliaciones partidistas, en qué consistía la CRS y de qué forma iban a ser distribuidos los servicios y recursos que acompañarían al proyecto. Él hizo evidente su franco favoritismo por los simpatizantes a su partido político.
En la concesión de las viviendas uno de los criterios más importantes fue pertenecer a la “alianza”. La población que abiertamente no manifestaba su simpatía política no recibió vivienda.
La misma tónica se repitió en la planta ensambladora, en la que la intervención de los líderes políticos también fue decisiva para la distribución de los cargos y definir a la población que podía desempeñar un empleo remunerado.
La distribución de los empleos de la ensambladora también causó disputa entre los habitantes por el sueldo que este representaba 4 000 pesos por mes. Sin embargo, una vez contratados, a los empleados se les condicionó a su filiación partidista por la coalición PRI-PVEM.
El proyecto de la CRS ocasionó una negociación entre los grupos partidistas con el fin de repartir las viviendas, cargos de representación popular y empleos, como se muestra en el siguiente testimonio: “los del PRI pidieron que ellos iban a ocupar los cargos del Consejo Directivo de la ensambladora, de delegado de la CRS y el directivo de la procesadora de café [Complejo integral para la producción, transformación y comercialización del café]. Nosotros [Alianza] aceptamos porque la distribución de las casas ya había favorecido a nuestra gente”.26
En las elecciones de 1 de julio de 2012 ganó Enrique Peña Nieto como presidente de la República con 51.92% de los sufragios, mientras que Velasco Coello obtuvo 59.23%, y Miguel Gómez Gómez fue elegido como presidente municipal, con 56.6% de los votos (IEPC, 2012a y 2012b; IFE, 2012).
El triunfo a favor de ciertos candidatos fue contundente, sobre todo por las prácticas clientelares que utilizaron para ganar votos. En el caso de SP el papel de los líderes fue importante para convencer a los habitantes mediante la contratación de empleados de la planta ensambladora, entrega de viviendas, entre otras.
En la casa de la CRS no se puede cocinar…
En esta sección se describen los motivos por los cuales la población que aceptó la remodelación en su vivienda, decidió retomar sus prácticas de producción y preparación de sus alimentos.
La remodelación de las casas fue una decisión de los diseñadores que implicó destruir la antigua cocina. En ese momento, la población accedió a que la derribaran. Sin embargo, una vez que se inauguró la magna obra, los pobladores “levantaron” nuevamente su cocina con la madera que tenían antes de la construcción de la CRS. A diferencia de lo que propusieron los funcionarios de la Semaduvi de elaborar el piso de duela, el espacio para preparar el alimento continúo siendo de tierra.
Este hecho no representó para las familias una disminución significativa en la producción de traspatio, cosecha y comercialización del café. Lo que sí fue muy evidente es que su decisión de aceptar las acciones de remodelación tenía que ver con las prácticas paternalistas de recibir apoyos económicos o bienes materiales aun cuando éstos no contribuían a mejorar su situación de vida.
En las localidades remodeladas ninguna familia se instaló en la vivienda que les entregó el proyecto, entre los motivos por los que no se asentaron totalmente sobresalen: “es una construcción muy fría y únicamente la uso como dormitorio”; “para obtener un ingreso la renta [a profesores y médicos]”, el arrendamiento mensual asciende a 1 500 pesos.
En resumen, en Santiago El Pinar encontré que el proyecto CRS no tuvo repercusiones en la vida cotidiana de los habitantes. El involucramiento de la gente estuvo centrado en la obtención de beneficios materiales y económicos, pero no en un cambio que permitiera mejorar sus condiciones de vida.
A manera de conclusión
En este estudio se demostró que la CRS fue una estrategia del gobierno de Juan Sabines Guerrero que se vinculó con lineamientos de organismos internacionales para promover la concentración de población e incrementar el IDH. Este proyecto se erigía como una opción pertinente para impulsar el desarrollo económico y social, sin embargo, se omitió señalar el costo social, económico, político y ambiental que el proyecto dejaría en esas comunidades.
Además, los hallazgos muestran cómo en ninguna de las dos CRS se reasentó la población. En SP solo 2% de la población que contempló el proyecto usa el equipamiento e infraestructura, lo que les significó erogar un gasto a sus habitantes y abandonar sus antiguas propiedades.
Esta investigación desdibuja el supuesto de que el proyecto CRS transformaría la vida cotidiana de los pobladores. Más bien, se observa una diversidad de respuestas expresadas en prácticas y actividades que forman su cotidianeidad. Los factores que justifican este comportamiento social son: 1) adquisición o incremento de una propiedad; 2) emplearse en alguno de los proyectos de la CRS; 3) la disposición de la tierra para continuar con sus actividades económicas de reproducción; 4) la ocupación de cargos de representación popular, y 5) el acceso a servicios educativos y de salud.
En este documento se puntualiza cómo la construcción histórica y las prácticas socioeconómicas fueron determinantes para la respuesta de la población a la ciudad. Las decisiones de los actores estuvieron soportadas en sus actividades y la red de instituciones que históricamente daban significado a su vida cotidiana.
