El documento¹ es una relación de empleos de una provincia del virreinato del Nuevo Reino de Granada o virreinato de Santa Fe.² En él, se proporciona una lista pormenorizada de todos los empleos de gobierno de la provincia de Tunja en 1787. Empleos de hacienda, de los cabildos y demás oficiales del rey, con excepción de los eclesiásticos, pues éstos no se incluían en el objetivo de la relación. El documento pertenece a un conjunto de escritos similares que se confeccionaron a finales de la década de 1780 por petición del rey en una real orden del 12 de marzo 1783. En 1790, el virrey José Manuel Ezpeleta³ remitió todas las relaciones a la península. Actualmente reposan en el legajo núm. 561⁴ del fondo Audiencia de Santa Fe del Archivo General de Indias (Sevilla), del cual hemos extraído el documento⁵ que presentamos al público.

Un documento tal vez plano, dirían algunos "muy burocrático", y que lleva por título exacto, "Relacion completo, y circunstanciada de todos los empleo Politicos, de Real Hacienda, y Militares, que ay en esta Provincia de Tunja y en todas, Las Ciudades, villas, Parroquias y Pueblos de su comprehencion que por su orden se apuntaran, y se forma en cumplimiento del Real orden de dose de marzo de mil setecientos ochenta y tres" (en adelante Relación exacta). Consta de 8 folios (16 páginas) y goza de una excelente caligrafía en letra bastardilla. Es la versión original del mismo y al parecer del puño y letra de su autor. Su estado de conservación es excelente, excepto por algunos traspasos de tinta que no representan dificultades relevantes para su lectura.

La Relación exacta está fechada en 20 de mayo de 1787 en la ciudad de Tunja y lleva la firma del corregidor y justicia mayor de la provincia, el doctor don Eustaquio Galavis y Hurtado. Aunque poco sabemos en general sobre los corregidores de Tunja y otras autoridades provinciales del Nuevo Reino,⁶ podemos hacer un perfil de este personaje gracias a que fue un reconocido criollo. Luis Eustaquio Galavis y Hurtado nació en Santa Fe, en 1745. El peso que tuvo en la sociedad criolla le fue otorgado desde su mismo seno familiar pues su padre fue un capitán peninsular llegado al Nuevo Reino en 1737, junto a un tío suyo que entraba a ocupar la silla arzobispal de Santa Fe.⁷ El prontuario académico y de servicios al rey de Galavis fue notable. Colegial y catedrático de teología y filosofía en el Colegio de San Bartolomé, además de bachiller en sagrados cánones, doctor en leyes y abogado por la real audiencia en 1770.⁸ Fue hacendado y se vinculó con una de las familias más importante del reino al contraer nupcias en 1778 con una hija del marqués de San Jorge,⁹ aunque enviudó y volvió a casarse.¹⁰

El renombre de su apellido, así como ser un representante de la elite criolla santafereña,¹¹ le valió para ser alcalde ordinario de Santa Fe en tres ocasiones.¹² De la misma ciudad fue mayordomo de propios (1769) y síndico procurador general (1807); ocupó el corregimiento de Zipaquirá (1771-1773) y fue juez conservador de sus salinas (1774).¹³ Cuando se presentó la rebelión de los comuneros en 1781, fue uno de los comisionados para acompañar al virrey a las negociaciones con los insurrectos. Por su colaboración en este proceso, dicen algunos autores,¹⁴ se le concedió el corregimiento de Tunja (1783-1792). Murió en Santa Fe en 1810.¹⁵

El oficio que ocupaba Galavis era proveído directamente por el rey. En este caso se le había dado el real título el 27 de noviembre de 1783 y entró en su posesión el 17 de mayo del siguiente año, lo que quería decir que llevaba casi exactamente tres años en el cargo al momento de escribir la Relación exacta. Por sus labores gubernativas y de justicia devengaba anualmente 1,654 pesos y cinco reales, los cuales se le pagaban de las cajas reales de la capital virreinal.¹⁶ Ya tenía tiempo suficiente para "conocer" la provincia, aunque por otras informaciones sabemos que los cabildos que la componían poseían bastante autonomía y el corregidor de Tunja poca influencia sobre ellos. La experiencia previa en el corregimiento de Zipaquirá y como alcalde ordinario de Santa Fe no lo harían un ignorante en las labores de gobierno, y tampoco cualquiera era designado para un gobierno provincial, y más aún de la relevancia del de Tunja. Con seguridad sus servicios le merecieron el cargo de corregidor, pero también su formación y la red de alianzas y apoyos en el gobierno virreinal.

La Relación exacta describe en forma de listas el equipamiento político¹⁷ del corregimiento de la provincia de Tunja. Ésta era una de las que componían la real audiencia de Santa Fe y ésta, a su vez, el virreinato creado en 1739.¹⁸ Se originó a partir de la fundación de la ciudad de Tunja en 1539 por el capitán Gonzalo Suárez Rendón, quien pertenecía a la hueste de González Jiménez de Quezada,¹⁹ fundador de Santa Fe de Bogotá. Tunja tuvo una jurisdicción propia frente a otras ciudades como Vélez y Pamplona que se fundaron después. En algún momento que no se ha podido precisar a finales del siglo XVI, se englobaron las jurisdicciones de estas ciudades en una entidad provincial que llevaría por denominación corregimiento de Tunja²⁰ o de la provincia de Tunja. A su cabeza se colocó un "corregidor justicia mayor", quien se encargó de funcionar como instancia de apelación en pleitos judiciales, además de algunas funciones de gobierno como la confirmación de las elecciones. El título de los corregidores de Tunja los hizo de mayor peso jurisdiccional y gubernativo²¹ que los corregidores de naturales,²² encargados de los corregimientos tenues²³ para el cobro de tributos.

Este corregimiento funcionó de manera similar a las gobernaciones, entidades más comunes en el virreinato. Tuvo un territorio amplio hasta 1778, cuando se realizó la primera propuesta para su división por parte del fiscal y visitador don Antonio Moreno y Escandón como recomendación luego de la visita que efectuó a este corregimiento. Más adelante, la idea se retomó y se aprobó por parte del rey en 1795. Se dividiría el corregimiento de Tunja en tres nuevas entidades: se mantenía el corregimiento de Tunja, sólo que reducido, se creaba uno nuevo para la provincia de Pamplona, y otro nuevo como corregimiento del Socorro que abarcaría los cabildos de Vélez, San Gil y el Socorro, con capital en esta última población.²⁴ El documento que presentamos nos da cuenta de esa estructura previa de gobierno del corregimiento de Tunja.

Comparando con el caso peruano o el novohispano, la designación de corregidores o alcaldes mayores no implicaba diferencia respecto a sus facultades jurisdiccionales y, según Ots Capdequí, correspondían a un territorio menor que las gobernaciones, normalmente de una ciudad más o menos importante y su distrito. El caso del Nuevo Reino de Granada no siguió tal patrón ya que la existencia de corregimientos fue escasa y las competencias del corregidor de Tunja se equiparaban a las de los gobernadores, al menos en materia de justicia y de gobierno.²⁵ La particularidad queda patente cuando en la Relación exacta se especifican los "corregidores de naturales", que eran los encargados de la recolección de tributos. Como se infiere de la historiografía clásica y reciente sobre el gobierno indiano, se debe atender a las particularidades de cada territorio y cada cargo. Las funciones y potestades de los cabildos y los tenientes de corregidor dependían de la relación que guardaban con el gobierno provincial y con el virreinal.

La Relación exacta es una lista que detalla, cabildo por cabildo y cargo por cargo, los empleos políticos y de hacienda. Empieza por las ciudades (Tunja, Vélez, Muzo y Pamplona) y termina con las villas (Leyva, San Gil y Socorro) que estaban dentro de la jurisdicción del corregimiento.²⁶ En cada caso se reseñan los oficios de mayor jerarquía, en primer lugar, como los de corregidor y justicia mayor o los de tenientes de corregidor; en segunda medida, prosigue con los oficios capitulares tanto de justicia como de regimiento, aunque sin atender a esta división, sino señala si eran electivos, renunciables o de nombramiento del virrey.²⁷ Posteriormente se describe la real hacienda en cada uno de los ramos²⁸ que hubiera en cada ciudad o villa. Finalmente, el documento consigna las parroquias, pueblos y otros lugares donde había algún tipo de autoridad.

En cada uno de los empleos se detalla el nombre de su ocupante, la forma en que obtuvo el oficio y la fecha desde que lo ejercía. Si era el caso de que el oficio percibiera un sueldo o algunos emolumentos, se anotaba el monto y de dónde se le pagaba. Cuando se requirió, se le puso una anotación de alguna peculiaridad a ciertos cargos, y al final del documento algunas notas generales o aclaraciones dignas de mención que se le hubieran escapado al autor de la relación. Toda la información se registró a tres columnas: 1) con el nombre de la población, o la palabra "sujetos" en el rubro de real hacienda, o "lugares" si no se trataba de una ciudad o villa; 2) referencia a "empleos políticos", "empleos de hacienda", o a parroquias, sitios y alcaldes pedáneos; 3) y en todos los casos se puso "sueldo". Todos los oficios de hacienda, dependiendo de su jerarquía y tipo de tarea (administrador, guarda montado o de a pie, entre otros), recibían un monto anual o mensual, o un porcentaje de la renta. En cuanto a los oficios capitulares, no consta alguna retribución para los jueces ordinarios ni pedáneos, aunque sabemos que les correspondían ingresos de las costas judiciales.²⁹

La diversidad de poblados y sus respectivos territorios eran gobernados por una variada plantilla de oficios. La Relación exacta desmenuza todas las nóminas de las instituciones de gobierno y de real hacienda de la provincia, desglosándolas jurisdicción por jurisdicción. Un simple conteo de las poblaciones que figuran (107 en total) nos dice de entrada la complejidad de ese territorio, así como los grandes y densos requerimientos para su gobierno.³⁰ Hemos sintetizado en el cuadro 1 la cantidad de todos los oficios presentes en la relación -contando desde la máxima autoridad, el corregidor justicia mayor, hasta los alcaides y los porteros de los cabildos-. Allí se observa población por población (las que tenían cabildo) y el total de oficios de elección, renunciables, de hacienda y proveídos por el rey. En total, todo el equipamiento político de la provincia se componía de 292 cargos.

Los datos muestran que no hay, necesariamente, una relación directamente proporcional entre el número de poblaciones y de oficios. Vélez y Pamplona, que casi se equiparan en el número de oficios, difieren, casi por dos veces, en el número de poblaciones. Vélez, con casi los mismos oficios para más poblaciones, tenía menor densificación de la autoridad debido a que siete poblados eran pueblos de indios bajo un solo corregidor de naturales (p. 7). Ese escaso porcentaje está sostenido por los corregidores de naturales de la zona de Tunja. Entonces, la jurisdicción del rey estaba algo liviana en la provincia, dejando a las potestades locales buen margen al ejercicio de su autogobierno. No quiere decir esto que el rey no fuera obedecido, sino que hubo cierto perfil y margen de estos territorios para ejercer en mayor medida su potestad local; y donde había más indios, más presencia del rey para percibir los tributos.

Este panorama porcentual demuestra, que en las postrimerías del siglo XVIII, la clave del gobierno en Indias seguía siendo, al menos en este ejemplo, jurisdiccional. En efecto, casi todos los oficios electivos se refieren a jueces de diversa competencia. Si bien en ese siglo se estableció una hacienda regia más fuerte y con mayores controles, la materia de justicia siguió con los mismos fundamentos, mecanismos y fines. Mientras que en múltiples aspectos de gobierno se implementaron reformas, los tribunales fueron escasamente tocados.³¹ La estructura de gobierno se reforzó, pero a través del creciente número de jueces pedáneos en la provincia de Tunja y que eran nombrados por sus respectivos cabildos. Basilio Vicente de Oviedo, quien escribió una relación de parroquias del Nuevo Reino, por 1760-1761, comentaba la existencia en la provincia de Tunja de unos 30 alcaldes partidarios.³² Para 1787, año de la Relación exacta, ya había 87 -que constituían más de la mitad del total de oficios de elección-. En casi tres décadas, los alcaldes pedáneos se habían casi triplicado.

Entre los múltiples temas que se pueden derivar del documento, el número y estructura de cargos de la provincia de Tunja puede servir de referente comparativo. Seguramente, los inclinados por este tipo de temas y época, para otros espacios del Nuevo Reino de Granada, tendrán interés en este documento. Sin embargo, también los investigadores sobre los demás virreinatos pueden encontrar alguna utilidad en su consulta. En efecto, al ofrecer un panorama completo del gobierno de una provincia de un virreinato poco estudiado, se puede ponderar con otras latitudes de las Indias. Se pueden vislumbrar las diferencias en las estructuras territoriales y de los oficios. Por ejemplo, el de alcaldes partidarios, los cuales existieron, hasta donde sabemos, sólo en el Nuevo Reino, el Río de la Plata³³ y en menor número en Quito.³⁴ En los virreinatos del Perú y de Nueva España no estuvieron presentes, aunque, en este último, el virrey de Revillagigedo los alcanzó a contemplar como recomendación a su sucesor y con el fin de acelerar la impartición de justicia.³⁵

Tal vez el aspecto más interesante en términos comparativos es que la relación de Tunja ofrece un ejemplo de cómo se gobernó un territorio sin intendencias: con los cargos que ya existían pero aumentando su número y, en algunos casos, sus potestades. Un terreno propicio para evaluar si los principios de esas reformas institucionales, que terminaron en las intendencias, pueden identificarse donde no las hubo. Lo más probable es que la Corona no haya prescindido totalmente de reformas en aspectos directamente relacionados con el régimen de intendencias. Es necesario investigarlos para confirmar, revaluar o matizar esta hipótesis.

Pero a todas éstas, ¿por qué se confeccionó esta relación? Resultó que el 12 de marzo de 1783 el rey expidió una real orden para pedir una "relación circunstanciada" de todos los oficios políticos y de real hacienda del virreinato; junto con una instrucción para las relaciones, con las cuales se hicieron "según el modo lo que para este fin circuló el Arzobispo Virrey que fue de este Reyno".³⁶ No hemos localizado la real orden, ni la instrucción. Sin embargo, nuestro documento y otras relaciones, nos dan pistas sobre lo regulado en la segunda. Antes de ello hay que decir que el virrey mencionaba que hubo obstáculos pues ya "Vencidas las dificultades que se representaron" se pudieron enviar las relaciones. Parece poco probable que hayan sido percances políticos, pues el hito de alteración política de aquellos tiempos, la rebelión de los comuneros de 1781, se había apaciguado prontamente ese año y otros brotes rebeldes no perduraron. Los inconvenientes a los que pudo referirse con seguridad fueron la transmisión de la noticia, la confección de cada relación en cada territorio y su envío a la capital para ser remitidas a la metrópoli.

Sobre la instrucción sólo podemos conjeturar, aunque con ciertos indicios. La clave está en la gran similitud que la Relación exacta guarda con las otras relaciones provinciales. Siguiendo ese patrón de información común y formato a tres columnas, se puede inferir que la instrucción real mandaba consignar pormenorizadamente mediante listas: todos los oficios bajo una provincia, procediendo por las jurisdicciones de los cabildos, y detallando las poblaciones dentro de ellas. En cada ciudad o villa se describirían la composición del cabildo, de los encargados de los distintos ramos de la hacienda y de las autoridades presentes en parroquias, pueblos de indios y otros lugares de cada jurisdicción. Además, para cada cargo debía señalarse su ocupante, la forma y fecha en que obtuvo el oficio y si recibía sueldo o alguna retribución. Las relaciones no sólo tienen esta misma información, sino que la consignaron en formatos muy similares con una columna izquierda donde se señalan los lugares, una central que describe la información principal, y una derecha que pone las cantidades de los sueldos.

Igualmente, la relación de Tunja y de otras provincias, nos indican cómo se elaboraron. Para la década de 1780, la comunicación con España y al interior del virreinato de Santa Fe era mucho más fluida que en tiempos anteriores. Si la real orden se dio en 1783, en unos seis o siete meses ya estaría en la capital, pues, a los meses del viaje atlántico debían sumarse aproximadamente 100 días para ir de Cartagena a Santa Fe.³⁷ De la capital viajaría con prontitud a algunas provincias bien conectadas como Tunja, Antioquia y Mariquita, pero con más contratiempos a San Faustino (Venezuela) y los Llanos. Pero aún en provincia, cada gobernador debía mandar a cada cabildo de ciudades y villas que realizaran la relación de sus empleos políticos y de hacienda, y remitirla a la capital provincial y ésta, a su vez, al virrey.

La solicitud de relaciones a cada cabildo es demostrada tácitamente en la Relación exacta cuando se anotó, por ejemplo, para la ciudad de Muzo que "se considera vaco el oficio de escribano del número y de cabildo de esta ciudad por cuanto en la relación que se remitió se omite su expresión" (p. 9). En la administración de correos de la ciudad de Pamplona se consignaba que había un administrador principal de correos de esa ciudad, aunque residía en la parroquia del Rosario de Cúcuta "según asegura el cabildo de Pamplona en la relación que remitió" (p. 11). Para el caso de la villa de San Gil, se pone en un par de ocasiones "No se le anota sueldo" (p. 13). Pensemos que la autoridad provincial debía aguardar a que cada cabildo le hiciera llegar su respectiva relación y hasta no tenerlas todas en su despacho, no podía elaborar la general de todo el territorio. Así, tenemos un proceso administrativo complejo que necesariamente funcionaba al ritmo de lo aceitado que estuvieran los engranajes gubernativos. En la mesa de los gobernadores y corregidores se sintetizaban y ajustaban³⁸ todos los datos provenientes de ciudades y villas que describían sus cargos hasta en sus más recónditos espacios.

¿Qué fin tenía consignar esa información tan específica? Como posible explicación queremos proponer la idea de que esta relación y el grupo del cual hace parte, fueron solicitadas con el fin de evaluar la mejor forma de aplicación del sistema de intendencias en el virreinato -tal vez un plan o una ordenanza como la del Río de la Plata o la de Nueva España-. Para evaluar algunos elementos que pueden hacer algo plausible esta hipótesis, hay que tener en cuenta, en primer lugar, el contexto reformista de las décadas de 1760, 1770 y 1780. Es la época fuerte de las reformas borbónicas y, especialmente, de reformas administrativas como el establecimiento de regentes, la ejecución de visitas generales, la creación del virreinato del Río de la Plata (1776) y del plan de intendencia para éste y para la Nueva España.

En este aspecto, la fecha de 1783 en que se solicitaron las relaciones se enmarca perfectamente en una posible ponderación de las intendencias para el Nuevo Reino. Era natural que en los territorios de mayor importancia se aplicaran primero sin contar con la tardanza en el cumplimiento de la real orden para la Relación exacta. Pero la cuestión no queda allí, sino que es significativo que el único documento, conocido hasta el momento, sobre una posible aplicación de ese régimen en territorio neogranadino³⁹ sea el borrador de un "Informe instructivo" de casi 200 ítems, hecho, al parecer pues no está firmado, por el virrey José Ezpeleta en 1790,⁴⁰ fecha en la cual se remitieron las relaciones a la metrópoli. En ese documento no se atiende mucho a las cuestiones de gobierno, sino que se concentra en la materia de hacienda. Más que un parecer general, comenta principalmente sobre la posible intendencia de Quito. No obstante, también se hace mención a las posibles cinco intendencias separadas de esta última: Panamá, Cartagena, Santa Marta, Santa Fe y Popayán. Otro aspecto que enriquece esta hipótesis es el tipo de información solicitada y que finalmente se consignó. Sabemos que la reforma de intendentes pretendía una reorganización territorial de los gobiernos provinciales, de la administración de la hacienda y de las milicias,⁴¹ rubros solicitados en las relaciones.

Es claro que la Relación nos habla principalmente de distintos territorios aglomerados en uno mayor, además de su equipamiento político. Así, por una parte, evidencia la multiplicidad de designaciones para los poblados: ciudades, villas, parroquias, pueblos y lugares (sitios y valles). Para ciudades y villas, conceptos generalmente claros, cabe destacar que en el virreinato de Santa Fe, y lo evidencia el documento que nos concierne, los límites jurisdiccionales de ciudades y villas no se limitaban a su casco urbano y cierto territorio aledaño, sino a una jurisdicción bien amplia. Dentro de esta se cobijaban políticamente pueblos de indios, parroquias y lugares. Los primeros tenían su propio pueblo de doctrina y unas tierras propias llamadas de resguardo. Si era el caso que tuviese su cabildo de indios o algunas autoridades, esto no los eximía de estar dentro de una jurisdicción de ciudad o villa.⁴²

Las parroquias, en segundo lugar, eran poblados con un estatus eclesiástico que les permitía tener una advocación, iglesia, un párroco y una demarcación eclesiástica.⁴³ Era así, una comunidad de fieles puestos bajo la tutela espiritual de un cura de almas. Finalmente, cuando se hablaba de "lugar" se hacía referencia a un "valle" con determinado nombre como el valle de Toca (p. 5), el de Chitaraque (p. 7) o el de Arboledas (p. 11). Tal denominación refería a una zona particular que no tenía un estatus urbano, pero que requería de autoridades para su control social. Para la voz "lugar", el Diccionario de Autoridades consigna: "Significa también sitio ú parage", "Vale también Ciudad, Villa, ó Aldéa; si bien rigurosamente se entiende por Lugár la Poblacion pequeña, que es menor que Villa, y mas que Aldéa".⁴⁴ En cierta medida es similar a la denominación de "sitio", también utilizada en la época y en el contexto que nos interesa: "Se toma también por el parage, ó terreno determinado, y que es apropósito por su calidad para alguna cosa".⁴⁵

Un último término de la organización territorial que merece la pena comentar es el de "partido". En la Relación exacta en varias ocasiones aparece un pueblo, parroquia o villa como "cabeza de partido". Este término era bastante flexible pues denotaba una delimitación política de menor extensión, aunque se le utilizaba a distintas escalas. Lo más común era que se utilizara para divisiones internas de las jurisdicciones.⁴⁶ Los datos que aporta la relación llevan a pensar que los partidos⁴⁷ con corregidor de naturales eran delimitaciones para la recolección de tributos. Uno de los poblados le correspondía ser la cabeza donde residía el corregidor de naturales. Así fueron los casos de los pueblos de Gámeza, Chita, Turmequé, Chivatá, Paipa y de la parroquia de Tenza, en la jurisdicción de Tunja, que eran cabezas de partido con pueblos y parroquias a su interior, y en ellos residía un corregidor de naturales. Lo mismo ocurría con el pueblo de Sáchica en la jurisdicción de Leiva (p. 13). Las ciudades de Vélez, Muzo y Pamplona, así como todas las villas, tenían la nota adjunta de ser "cabezas de partido".

El documento es una verdadera radiografía de un gobierno provincial. Describe los territorios y poblados y el andamiaje óseo que la sostenía: los oficios. Si bien el listado es plano, algo frío, no dejó de lado los hombres de carne y hueso, con nombre y apellido, pero no fue más allá. La Relación exacta puede ser un punto de partida para identificar apellidos de peso local y regional, ver vínculos y analizar las redes sociales en torno a los gobiernos locales y provinciales. Redes de alianzas que podían hermetizar el acceso a los cargos y su transmisión o elección. Algún interesado en este asunto encontrará en la relación, o en este tipo de documentos, un panorama de apertura. Por otro lado, la articulación del gobierno, mediante el ejercicio de los oficios, es un tema que no se conoce en la historiografía colombiana.

Nos habla de la complejidad de las zonas rurales, pues, la mayoría de la población habitaba allí, y hasta allí debían llegar las instituciones; el campo se nos muestra como dinámico y extenso, ya que muchos de los oficios de elección eran de alcaldes partidarios para sus comarcas. Para complementar este tipo de documentos se hace necesario el cruce con otros, por ejemplo padrones, para evaluar si hubo una relación directa, o en qué medida lo fue, entre la densidad y localización de la población con el equipamiento político de un cabildo, de una zona específica, o de una provincia.

El tipo de documento que constituye la Relación exacta, sin duda era clave en la maquinaria de gobierno del imperio español. Su carácter informativo, preciso y sintético pretendía cumplir las órdenes de una metrópoli que procuraba reformar diversos espacios e instituciones de poder con el fin de reforzar progresivamente su autoridad. Nuestro documento refleja la conexión que hay desde las plumas de los altos cargos en Madrid, hasta los gobiernos locales en las Indias, y viceversa. Así, los secretarios del rey podían tener en su escritorio información hasta del más recóndito pueblo de una provincia marginal, aunque marginal no es propiamente nuestro caso, pero sí el de otras relaciones que se remitieron.

Esto no era completamente nuevo en el siglo XVIII. De los siglos precedentes existen documentos que reflejan las mismas pretensiones y mecanismos, aunque con menos exactitud y abundancia por las propias circunstancias de los tiempos. Una cosa era que se hicieran relaciones "exactas y circunstanciadas" y otra que las altas esferas pudieran manejar, procesar y utilizar esa información. El poder del rey en ocasiones no podía llegar tan lejos. Si esta relación y las demás se pidieron con el fin de ponderar la implementación de las intendencias, es claro que no se utilizó o no se pudo hacerlo, pues ese régimen nunca se implementó en el virreinato de Santa Fe. Parece que tampoco se utilizaron esas informaciones para otros proyectos o reformas, en concreto, por lo visto hasta el momento.

A pesar de lo anterior, podemos destacar una relación cada vez más importante entre poder e información. Si bien, la monarquía hispana en América tenía una tradición en la solicitud y recibo de información de sus territorios allende el mar, es en el siglo XVIII cuando el perfil del gobierno fue mutando. Reyes y ministros cada vez más interesados en conocer los recursos y productividad de las Indias, de sus fronteras, de su organización y gobierno, y de sus instituciones. Así, la información y la calidad de la misma jugarían un papel importante. Esa creciente relevancia hace parte de un proceso de largo aliento de modernización, de construir estructuras del gobierno cada vez más fuertes. Viajeros, oficiales, científicos, informes y relaciones serían agentes y mecanismos que ayudaron a proveer información a la Corona. Parte y rubros claros de ese proceso o tendencia modernizadores fueron el fortalecimiento de la hacienda y de las milicias del rey. En ese marco, conocer mejor las Indias era determinante.

La Edad Moderna refleja el ascenso de la importancia de la información para los gobiernos monárquicos. Mientras que había que aguardar hasta los primeros años del siglo XIX para el nacimiento de la estadística en sentido estricto,⁴⁸ los gobiernos de antiguo régimen recurrieron a una serie de recursos numéricos que les permitiera evaluar la economía, la población, la salud o incluso la Divina Providencia. En Inglaterra esto fue patente con lo que se conoció en los siglos XVII y XVIII como aritmética política,⁴⁹ el saber que más podía asemejarse a la estadística. El interés de cuantificar la sociedad produjo volúmenes documentales cada vez mayores y nuevos mecanismos de recolección de la información. Para el caso hispánico un estudio ha demostrado la complejidad y operatividad de la información a finales del siglo XVI.⁵⁰

No sólo fue Inglaterra. El mundo europeo moderno estaba encaminado en esa tendencia. Por distintas latitudes la importancia de la información desempeñó un papel primordial. Una clara señal de ello fue el papel de las listas en esta época.⁵¹ Este método de registro de información era muy utilizado desde siglos atrás, pero se incrementó su número entre los siglos XV y XVIII. Las listas podían cumplir una funcionalidad política y social para el control de un pequeño territorio en Italia;⁵² eran evidencia de los esfuerzos de organización que las monarquías desarrollaban,⁵³ además de un mecanismo siempre presente e implementado para conocer realidades lejanas.⁵⁴ Incluso puede sorprender las dimensiones de las listas que lograba construir el Consejo de Indias de la monarquía católica y que contribuían al control de los territorios.⁵⁵ Enlistar para conocer... y conocer para controlar. Para algo así pudo servir la relación de la provincia de Tunja.