INTRODUCCIÓN

La actual pandemia desatada por la COVID-19 tiene como antecedente más próximo la pandemia generada por el virus de la influenza A (H1N1) en 2009. En México su detección se produce en abril y es rápidamente seguida por diversas medidas de distanciamiento social que recuerdan las adoptadas ante la COVID-19 (DOF, 25/04/09 y 30/04/09; Gaceta Oficial del D.F., 25/04/09), entre ellas: la suspensión de clases, inicialmente solo en la Ciudad de México y Estado de México y únicamente por dos semanas, aunque en ciertos niveles educativos y estados se prolonga algunos días más; y el cese de labores de la Administración Pública Federal y del sector productivo no esencial del 1 al 5 de mayo. No obstante, la epidemia se prolonga todo 2009 con tres olas o picos en abril, junio y sobre todo septiembre-octubre, aunque tras ello remite incluso antes del inicio del proceso de vacunación (^{Oehmichen-Bazán y París, 2010}; ^{Vargas-Palacios, 2017}); para agosto-septiembre de 2010 la epidemia se considera finalizada (DOF, 24/09/10). Sus consecuencias en términos de contagios y fallecidos son mucho menores en compa- ración con la COVID-19: 45.8 mil contagiados y 271 fallecidos al 19 de octubre de 2009, estimándose unos 400 mil contagios y 5 mil fallecidos a nivel mundial, la mayoría en América (^{Secretaría de Salud, 2009}).

Pese a la mínima duración de los cierres el impacto económico estimado es de una caída adicional del PIB de 0.7 puntos porcentuales y la destrucción de 256 mil empleos, con similitudes con la crisis actual dadas las mayores pérdidas en el turismo (y actividades anexas como restaurantes y transporte aéreo) y el comercio. Los espacios más afectados son la Ciudad de México y su área conurbada, que por su concentración demográfica es objeto de mayores medidas de aislamiento social, pero sobre todo Quintana Roo por su fuerte dependencia del turismo, ambos con caídas estimadas de su PIB debidas a la pandemia del -1.4 y -4.9% respectivamente (^{CEPAL, 2010}). Sin embargo, dichos efectos se diluyen dentro de las más graves consecuencias que para México tiene la crisis financiera global de 2008-2009, efectos que inician a finales de 2008 y que alcanzan su cénit en el segundo trimestre de 2009, coincidiendo con el brote de la pandemia.

En relación a las consecuencias a corto plazo de la COVID-19 en el mercado laboral diversos auto- res ponen el acento en su impacto diferenciado, con una mayor pérdida de empleos en los trabajadores más vulnerables: los peor pagados, informales o por cuenta propia, las ocupaciones menos cualificadas, los jóvenes, las micro y pequeñas empresas, los empleos a tiempo parcial o por horas, los empleos que requieren de un contacto presencial o las minorías étnicas, aunque muchas de estas categorías se entrelazan y, por tanto, el fenómeno se refuerza. Este impacto diferenciado no es exclusivo de países en desarrollo, por ejemplo, de América Latina (^{Weller et al., 2020}; ^{Cereda et al., 2020}), sino también de economías como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Australia (^{Bell y Blanchflower, 2020}; ^{Lemieux et al., 2020}; ^{Uren, 2020}). Más allá del impacto inicial causado por la pandemia, esta contribuye a acelerar y profundizar cambios en el mercado laboral ya en desarrollo, entre ellos la paulatina polarización entre quienes más y menos ganan, una polarización impulsada por una transformación tecnológica encabezada por una creciente digitalización (^{Weller, 2020}; ^{Uren, 2020}); digitalización plasmada, por ejemplo, en la posibilidad del teletrabajo. Cabe así preguntarse si ciertos empleos (rutinarios y de baja cualificación) que han desaparecido se recuperarán, sumándose a la pérdida de empleos la caída de los salarios y, por lo tanto, de la capacidad de compra de numerosos hogares, lo que repercute en un aumento de la pobreza. Son situaciones que en América Latina se exacerban dada sus características estructurales: mayor presencia del sector informal, mayor pobreza y desigualdad y menor cobertura (o ausencia) de seguros de desempleo, con estimaciones de caída del PIB per cápita y de aumento de la pobreza que suponen su retroceso a 10 y 14 años antes, lo que lleva a plantear la necesidad de establecer un ingreso básico de emergencia e incluso un bono alimentario (^{CEPAL-OPS, 2020}).

OBJETIVOS Y METÓDOS

La presente investigación tiene como fin analizar el impacto de la COVID-19 en el mercado laboral mexicano en general y en el empleo formal en particular, para lo cual se hace uso de dos fuentes estadísticas principales: primero el INEGI, con su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y su Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), de carácter trimestral y mensual, respectivamente; aunque el propio INEGI señala que no son estrictamente comparables, reconoce la utilidad de los datos de la ENOE como punto de referencia para analizar la evolución del mercado laboral durante la epidemia. Y, en segundo lugar, los datos de asegurados del IMSS, que constituyen el “núcleo duro” del empleo formal del país y que tienen dos ventajas frente a los datos del INEGI: no son una muestra, sino un registro de todos los trabajadores asegurados en esta dependencia, y ofrecen una desagregación espacial a nivel municipal (excepto para la Ciudad de México). Esta segunda característica hace posible otro objetivo del presente trabajo: estudiar los patrones espaciales del impacto de la epidemia en el empleo formal.

No obstante, es necesario matizar dos aspectos de los datos del IMSS: 1) de acuerdo con la ETOE de junio 2020, los ocupados afiliados al IMSS suponen poco más de un tercio del total de trabajadores del país (34.8%); 2) a diferencia de la ENOE y la ETOE, los datos del IMSS hacen referencia a puestos de trabajo, no a trabajadores, y un mismo trabajador puede desempeñar uno o varios puestos de trabajo.

Estas estadísticas se complementan con otros datos oficiales publicados con una periodicidad mensual, pues la COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de contar con datos no solo fiables sino actualizados, quincenales, mensuales o incluso diarios, lo que restringe en gran medida los datos disponibles. A este respecto, la investigación aquí plasmada se basa en los datos existentes a mediados de agosto de 2020, momento en el que se escribe, lo que circunscribe la cobertura temporal del análisis hasta los meses de junio-julio.

Las fuentes estadísticas se complementan con la revisión y análisis de publicaciones oficiales y noticias periodísticas a fin de ofrecer un panorama más amplio, dinámico y actualizado de la evolución de la epidemia y sus consecuencias económicas y laborales.

CAMINO A LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES

El primer contagio de COVID-19 en México fue reconocido el 28 de febrero, esto es, casi dos meses después de que las autoridades de Wuhan (China) notificaran a la OMS los primeros casos de COVID-19, iniciándose en México la denominada Fase 1. Hasta finales de febrero, la epidemia afecta principalmente a China y de manera más limitada a otros países asiáticos (Corea del Sur, Japón), área del mundo con la que el intercambio de personas con México es limitado. Pero en marzo se extiende a Europa, especialmente a Italia y España, y el 11 de marzo el COVID-19 es declarado como pandemia por la OMS. Es entonces cuando el virus inicia su expansión en América, aunque durante marzo y hasta prácticamente mediados de abril, Europa se convierte en el epicentro de la pandemia. El importante número de vuelos comerciales con Estados Unidos y Europa se convierte en la vía de entrada del virus a México y a partir de mediados-finales de abril el epicentro de la pandemia se traslada a América, sobre todo debido a Estados Unidos, seguido por Brasil, México y Perú.

Ante la epidemia, el gobierno federal adopta diversas medidas: el 14 de marzo la Secretaría de Educación opta por adelantar las vacaciones de Semana Santa y ese mismo día se anuncian otras acciones que conforman la denominada Jornada Nacional de Sana Distancia, que entra en vigor el lunes 23 de marzo; al día siguiente inicia la denominada Fase 2. Para ese momento los contagios rondan los mil cien y las defunciones no llegan a la decena. El gobierno publica entonces varios acuerdos y decretos que recogen diversas iniciativas (DOF, 24/03/20; 27/03/20) y finalmente declara la emergencia sanitaria (DOF, 30/03/20). Entre estas medidas destacan: el confinamiento voluntario en el hogar, la suspensión de actividades escolares y la recomendación de trabajar desde casa.

Un día después se publica el “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2” (DOF, 31/03/20), en el cual se establece la suspensión inmediata de las actividades no esenciales hasta el 30 de abril, considerándose como esenciales las relacionadas con la salud, la seguridad, la alimentación, la generación y suministro de energía y agua, el transporte de pasajeros y mercancías, las telecomunicaciones y el sistema financiero.

Las acciones implementadas no logran, sin embargo, frenar la expansión del virus y tras cuatro semanas (21 de abril) se declara la Fase 3, fecha en la que se alcanzan los 15.8 mil contagios y los 1.6 mil fallecidos acumulados, prologándose la suspensión de actividades no esenciales hasta el 30 de mayo (DOF, 21/04/20).

LA REAPERTURA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Previo al final de la Jornada Nacional de Sana Distancia y al inicio de la denominada Nueva Normalidad el 1 de junio, se establece desde el gobierno federal un semáforo epidemiológico de cuatro niveles a fin de delinear la estrategia para la reapertura de actividades a partir de ese día. Este semáforo, revisado cada semana, determina en función de la situación epidemiológica de cada entidad federativa las actividades económicas permitidas, así como su nivel de actividad (DOF, 14/05/20). La necesidad de consensuar este semáforo sanitario con los gobiernos estatales genera tensiones entre los gobiernos estatales y federal acentuadas por la distinta filiación partidista, así como los intereses económicos particulares de cada estado. Así, la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional (GOAN) pronto amenaza con crear semáforos locales al considerar precipitado el reinicio de actividades.

Solo un día después de publicado el semáforo epidemiológico estatal, minería, construcción y fabricación de equipo de transporte son incorporadas al listado de industrias esenciales (DOF, 15/05/20). La relevancia de la industria automotriz en México y su vinculación con la cadena de producción estadounidense, que ya reiniciaba actividades, impulsan esta decisión, pero encuentran un freno en el morenista Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, quien ante la falta de condiciones sanitarias emite sendos decretos que paralizan la reapertura de estas actividades, lo cual afecta a las plantas de Volkswagen y Audi en dicha entidad; no es hasta el 29 de junio que la primera reinicia actividades de producción.

Pero en realidad, el reinicio de la actividad económica es muy limitado, e incluso con retrocesos producto de la epidemia. Tras una suspensión de actividades de dos meses y ante la necesidad de reactivar la economía, solo el estado de Zacatecas obtiene un color naranja en la primera semana de implementación del sistema de semáforos, categoría que pierde en la segunda semana (8 al 14 de junio), por lo cual todas las entidades quedan en color rojo. En la tercera semana (15 al 21 de junio) dieciséis estados obtienen un color naranja, pero solo gracias a una modificación de los criterios inicialmente establecidos¹ y es solo hasta el 17 de agosto que un estado, Campeche, obtiene el semáforo amarillo. Pese a ello, cada entidad modula conforme a sus circunstancias e intereses el semáforo epidemiológico, lo que permite la reapertura de ciertas actividades o modificar el porcentaje de los aforos permitidos dentro de un mismo color; tal es el caso de la Ciudad de México dentro del semáforo naranja. Es un hecho que las circunstancias epidemiológicas no eran las deseables para el reinicio de actividades el 1 de junio, pues son incluso peores que al inicio del cierre de la economía,² lo que lleva a diversos “pasos hacia atrás”; así, varios estados retroceden de color naranja a color rojo (Zacatecas, pero también Chiapas, Guanajuato, Coahuila, Veracruz, etc.); otro ejemplo es el cierre durante un fin de semana de los establecimientos del Centro Histórico de la Ciudad de México, la implantación de semáforos por colonia en la misma urbe a partir del 13 de julio, o la división norte (semáforo naranja) y sur (semáforo rojo) en Quintana Roo. Esto redunda no solo en nuevas suspensiones de actividad, sino que incrementa la incertidumbre, con establecimientos cuya actividad se ve interrumpida de una semana a otra.

Respecto a las medidas económicas adoptadas desde el gobierno federal, el recuerdo de anteriores crisis económicas, especialmente la de finales de 1994 y el papel del FOBAPROA en el rescate de del sistema financiero, es esgrimido como ejemplo de los errores y la corrupción del modelo neoliberal. La falta de sintonía y acuerdos entre gobierno y grandes empresas sobre las medidas económicas a adoptar han sido claras y públicas, expresadas tanto por el Presidente de la República como por el Consejo Coordinador Empresarial: no hay ni habrá estímulos fiscales, moratoria en el pago de impuestos ni mucho menos condonación de deudas/impuestos o rescates (El Universal, 25/03/20; Forbes, 27/04/20; La Jornada, 27/04/20), manteniéndose la promesa electoral de no aumentar la deuda pública.

Las medidas adoptadas desde el gobierno federal consisten principalmente en la oferta de micro- créditos, sobre todo a través de la Secretaría de Economía (SE) y su Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares (PAFMF, también conocido como Programa de Crédito a la Palabra) y su Programa de Microcréditos para el Bienestar (Tandas para el Bienestar).³ A estas medidas se suman programas de microcréditos implementados desde los gobiernos estatales y bancos privados favorecidos por el Banco de México a través de diversas medidas, por ejemplo, al reducir y liberar recursos del depósito de regulación monetaria e impulsar su canalización a créditos para empresas y personas físicas (Banco de México, Comunicado de prensa, 20/03/20 y 21/04/20; Deloitte, 14/05/20).

Pero de acuerdo con el ^{FMI (2020)}, el valor del conjunto de medidas implementadas por México es mínimo en comparación con otros países, incluso en el ámbito latinoamericano: suponen tan solo el 1.2% de su PIB, el quinto país con menor porcentaje de los 56 reportados y por debajo de Perú (17.0%), Brasil (11.9%), Chile (10.1%) y Argentina (4.8%), e incluso de Honduras (4.3%) o Colombia (1.8%).

En lo que respecta a medidas tendentes a mitigar la pérdida de empleos o sus consecuencias, México es de los pocos países de la OECD que carece y no implementa programas destinados a ofrecer un apoyo económico a quienes pierden su empleo, como sí existen incluso en Estados Unidos.⁴ También carece y no implementa esquemas que eviten o minimicen los despidos, esto es, apoyos gubernamentales que subsidien los costos laborales de aquellas empresas que se ven obligadas a reducir sus horas trabajadas o sus trabajadores en activo. Con la COVID-19 estos esquemas son ampliamente utilizados en algunos países de la OECD como Francia (Activité Partielle), Alemania (Kurzabeit) o España (ERTEs), y en gran medida explican por qué en estos países la pérdida de empleos y por tanto sus tasas de desocupación crecen mucho menos que en otros países que no han implementado estos esquemas como Estados Unidos o Canadá (^{OECD, 2020b}; ^2020c).

DE CRISIS SANITARIA A LA CRISIS ECONÓMICA

La práctica paralización de la actividad económica en el país y en el mundo se refleja rápidamente en diversos indicadores como el PIB, con caídas en el segundo trimestre de 2020 que en numerosos países suponen un descenso récord en décadas (Tabla 1). El desplome económico es tal, que en México duplica con creces su hasta ahora caída récord del segundo trimestre de 1995, situación agravada por estar precedida por otros cuatro trimestres consecutivos de descenso del PIB. Tan solo España (-22.10%) y Reino Unido (-21.72%) presentan un desplome superior a México.

Una de las primeras medidas adoptadas contra la epidemia son las restricciones a la movilidad, tanto a nivel personal (confinamiento en el hogar) como a nivel país (cierre de fronteras). A este respecto, México es quizás de los países que menos restricciones imponen: el confinamiento domiciliario se establece como voluntario y solo se acuerda el cierre de fronteras terrestres con Estados Unidos a partir del 21 de marzo (después se suma Canadá) pero se permite la realización de viajes esenciales; se mantienen, eso sí, los vitales intercambios comerciales entre ambos países. El cierre de fronteras aéreas viene impuesto cuando Europa y otros países cierran sus fronteras. La repercusión será inmediata en el turismo (Figura 1), uno de los pilares de la economía mexicana con 8.7% del PIB y 6.0% del empleo remunerado:

Nota: Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior, excepto “Ocupación hotelera” cuya evolución se expresa en puntos porcentuales.

Fuente: elaboración propia.

Figura 1 Evolución de indicadores económicos, enero de 2019-junio de 2020. 

Mientras tanto, el confinamiento en los hogares y la subsiguiente reducción del consumo de gasolinas, junto a los temores a una recesión global, agitan el mercado petrolero y cambiario. Frente a un promedio de USD54 por barril en el mes de enero, la mezcla mexicana colapsa hasta los USD12 en abril para recuperarse en agosto hasta los USD40 (Figura 1), todavía lejos de los USD49 estimados en el presupuesto de la Federación, lo que supone una importante reducción de los ingresos petroleros previstos. Ello sin considerar el efecto en las deterioradas finanzas de Pemex, reflejadas en la bajada de su calificación crediticia por Fitch y Moody’s en abril y con posibles consecuencias sobre la calificación de la deuda soberana en un futuro próximo. A la caída de ingresos petroleros se suma la reducción en la recaudación del IEPS que grava gasolinas y diésel y de otros impuestos, lo que provoca que de enero a julio los ingresos presupuestarios del sector público presenten un descenso interanual del -4.7% real, con fuertes caídas desde abril (Figura 1).

En el mercado cambiario el peso mexicano es una de las divisas más castigadas, junto al real brasileño, con una depreciación del 18.1% respecto al dólar entre enero y agosto; su máxima devaluación se produce el 24 de marzo (35.1%), cuando el dólar se cotiza a 25.1 pesos (Figura 1). Esta devaluación ofrece tanto oportunidades como riesgos: por un lado, puede hacer más competitiva a la industria exportadora, pero también puede generar efectos inflacionarios y agravar la situación financiera de empresas con deudas en dólares, entre ellas Pemex y el propio gobierno federal, por lo que puede ser percibida como un riesgo (o una oportunidad) por la inversión extranjera.

Mientras, la contracción del empleo, que se analizará posteriormente, ha tenido como consecuencia que numerosos (ex)trabajadores formales se vean obligados a realizar retiros parciales de sus fondos de pensiones (Afores), unos retiros cuyos montos alcanzan máximos históricos de abril a julio con un crecimiento del 75.1% real respecto a los mismos meses de 2019 (Figura 1).

En el lado positivo, el envío de remesas no deja de crecer (10.0% anual en el periodo enero-julio), con máximos históricos en marzo y junio, lo que supone un alivio frente a la caída de divisas pro- cedentes de exportaciones petroleras y del sector automotriz, así como del turismo.

En conclusión, las perspectivas económicas no son nada halagüeñas, y como en el resto de países, la única duda es cuan profunda será la recesión y por cuanto tiempo se prolongará, partiendo México de una situación desfavorable al sufrir cinco trimestres consecutivos de descenso del PIB. Las consecuencias serán severas en términos sociales, con un incremento estimado de 8.9-9.8 millones de pobres para alcanzar los 70.0-70.9 millones, un abrumador 56.0-56.7% de la población (^{CONEVAL, 2020a}).

LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA EN EL MERCADO LABORAL

El efecto de la COVID-19 en la economía en general y en el empleo en particular ha sido no solo profundo sino fulgurante; según la ^{OECD (2020c)} su impacto en el mercado laboral en los primeros meses ha sido diez veces superior al impacto de la crisis financiera de 2008. En términos trimestrales, México pierde casi 10 millones de empleos en el segundo trimestre de 2020, lo que supone el 18.0% del empleo total, la tasa más alta de los cuatro países considerados en la Tabla 2;⁵ un descenso que, según la ETOE, se produjo de manera brusca en abril, cuando se pierden 12.5 millones de empleos, esto es, los empleos creados en los últimos catorce años. La inusitada situación y falta de esperanza de encontrar empleo a corto plazo explica que una parte importante de trabadores pase directamente de la ocupación a la inactividad.⁶ En mayo se inicia una leve recuperación de la ocupación (+284 mil empleos) que se acelera con la reapertura de ciertas actividades en junio (+4.8 millones de empleos) y en julio (+1.5 millones), recuperándose hasta entonces el 52.1% de los empleos perdidos (^{INEGI, 2020b}).

¿Quiénes han sido los trabajadores más perjudicados? Si se consideran las distintas actividades económicas, el turismo (alojamiento, alimentos y bebidas) surge como el sector más golpeado en casi todos los países, a lo que en México se suma su lenta recuperación de acuerdo a datos de la ETOE: a junio de 2020 solo recupera 16.2% de los empleos perdidos en abril, frente a una recuperación del 40.4% a nivel nacional, una situación que contrasta con la construcción, también muy afectada pero que recupera empleos más rápidamente (53.6%). La mejor evolución se da en el sector primario, que para junio supera incluso su número de trabajado- res de marzo, mientras que en el lado opuesto se encuentran los servicios financieros y de seguros, cuya pérdida de trabajadores continúa incluso en junio, circunstancia que se repite en las industrias extractivas y de electricidad, agua y gas.

Ciertamente, la pérdida de empleos puede ser muy distinta al interior de sectores para los cuales la ETOE no permite una desagregación suficiente, caso de manufacturas y del comercio. Otras encuestas mensuales sobre ambas actividades (EMIN y EMEC) arrojan luz a este respecto a través de sus índices de personal ocupado. En el comercio minorista, tiendas de autoservicio (supermercados y tiendas de conveniencia) y el comercio por internet son de las pocas actividades que ganan empleos en abril frente a la moderada caída del empleo en tiendas de abarrotes y alimentos donde predomina el autoempleo y el empleo familiar no remunerado; todo ello gracias a ser consideradas actividades esenciales, por lo que permanecen abiertas. Con algunas de las mayores pérdidas se tiene al comercio de bebidas (suspensión de la producción de cerveza), de perfumes y joyas, papelerías (suspensión de clases presenciales) y tiendas departamentales, estás últimas en manos de unas pocas grandes empresas. En las manufacturas, algunas ramas de la industria alimenticia ganan empleos de manera modesta en abril y mayo dado su carácter de actividad esencial, a las que se suman la industria del tabaco y algunas ramas muy específicas como equipos de comunicación o fertilizantes. Mención especial merece la industria automotriz por su peso económico, la cual, si bien experimenta un cierre prácticamente total,⁷ mantiene sus empleos frente a otras industrias similares que recurren al despido (fabricación de carrocerías y remolques, de equipo ferroviario, y aeroespacial), aunque la imagen que reflejan los datos del IMSS es ciertamente distinta como se verá.

Más allá del análisis por tipo de actividad, la pérdida de empleos afecta con mayor intensidad a mujeres que a hombres en el mes de abril, aunque para junio su recuperación es similar, mientras que por grupos de edad, si bien los adultos mayores (65 años y más) y jóvenes (15-24 años) son inicialmente los más afectados, la más pronta recuperación del empleo en adultos mayores hace que para junio los jóvenes sean el grupo de edad más castigado seguido de adultos maduros (45-64 años) (Tabla 3).

Por tamaño de los establecimientos, micro y pequeños negocios son los más duramente golpeados junto a grandes empresas, viéndose menos afectados los establecimientos medianos, y aunque los micro establecimientos inician su recuperación de forma más temprana, aún son en junio los más perjudicados. Muy vinculado a los micronegocios, el empleo informal inicia también una recuperación temprana (mayo), pero su catastrófica pérdida de empleos en abril, cuatro veces la del empleo formal, hace que para junio continúe con pérdidas muy superiores al empleo formal. Por nivel de ingresos, los trabajadores de mayor ingreso (más de 5 salarios mínimos -SM-) no solo sufren la mayor pérdida de empleos en abril en términos porcentuales, sino que aún pierden empleos en mayo y junio, al igual que los ocupados de ingresos medios (de 3 a 5 SM), mucho menos perjudicados al inicio de la crisis (abril). Mientras, los trabajadores de menores ingresos (de 1 a 3 SM), así como los trabajadores que no reciben ingresos, con grandes pérdidas en abril, inician su recuperación en junio e incluso mayo, impulsados probablemente por una mayor necesidad económica; ello explica que presenten una mejor evolución que los trabajadores de ingresos altos (Tabla 3). En definitiva, la recuperación del empleo entre abril y junio es protagonizada por el empleo informal, por micro y pequeños establecimientos y empleos de bajos salarios, lo que supone un claro deterioro del mercado de trabajo.

Pero el impacto de la crisis no solo se refleja en la pérdida de empleos sino también en otros indicadores, por ejemplo, los mencionados ingresos por trabajo. Al respecto la ETOE reporta un fuerte aumento de los ingresos por hora trabajada en abril, frente a un estancamiento y luego retroceso de los ingresos mensuales por trabajador, una situación que se explica por una caída de los ingresos por trabajo superior al descenso de horas trabajadas,⁸ a lo cual se suma el importante aumento de ausentes temporales con vínculo laboral, que pasan de 957 mil en marzo a 9.5 millones en abril. Se puede especular que en abril, los trabajadores que sí laboraron habrían recibido su ingreso (cuasi)completo pese a haber trabajado menos horas, aunque al prolongarse la epidemia esta circunstancia se revierte. Un indicador que refleja mejor la situación es la dramática caída de los ingresos totales por trabajo: en abril caen -34.1% en términos nominales, por encima incluso de la pérdida de empleos en ese mismo mes (-22.3%), acumulando de marzo a junio un descenso de casi el 20%.

Finalmente, la tasa de subocupación alcanza máximos históricos: se multiplica por tres en abril y en junio permanece cerca del 20%, lo que significa que una quinta parte de aquellos que logran conservar sus empleos quieren trabajar más horas para aumentar sus disminuidos ingresos. Esta necesidad queda reflejada claramente en el aumento de la pobreza laboral, esto es, del porcentaje de población cuyo ingreso laboral es inferior al costo de la canasta alimentaria, un indicador que alcanza también cifras récords en abril, mayo y junio para situarse en torno al 50% (^{CONEVAL, 2020b}).

PATRONES ESPACIALES DE LA CRISIS EN EL EMPLEO FORMAL

El análisis desarrollado en este apartado se basa en los datos de empleos registrados en el ^{IMSS (2020)}, caracterizados en este trabajo como empleo formal con un criterio más operativo que conceptual. Si bien se reconoce que estos empleos no constituyen, como ya se mencionó, la totalidad del empleo formal en México, sí conforman su “núcleo duro” y más numeroso. Cabe volver a recordar que según la ETOE de junio 2020 los trabajadores afiliados al IMSS suponen algo más de un tercio del total de ocupados del país.

Un primer elemento diferencial respecto a los datos hasta ahora analizados es un inicio más temprano de la crisis: según datos del IMSS, la pérdida de empleos no inicia en abril sino en marzo, algo no recogido por la ETOE; en marzo se pierden -131 mil empleos formales, cuando marzo tradicional- mente es un mes de crecimiento del empleo. Pero el golpe más duro se produce en abril con -555 mil puestos de trabajo, pérdidas que se prolongan en mayo (-345 mil) y se suavizan en junio (-83 mil) y julio (-4 mil). Esta destrucción sin precedentes, -1.12 millones en cuatro meses, supone la pérdida del empleo formal creado en los últimos dos años y medio y su retroceso a niveles de diciembre de 2017, aunque ya en junio y gracias a la política de reapertura, algunos territorios inician su recuperación, con 130 municipios con ganancias superiores a 100 empleos.

Repercusiones a nivel estatal

Todos los estados del país pierden empleos (Figura 2), aunque destaca Quintana Roo arrastrada por el turismo (-66.5 mil) y una industria de la construcción (-14.0 mil) muy vinculada al propio turismo. Como única circunstancia positiva presenta un salario base de cotización (SBC) al alza, debido a que los despidos afectan mayoritariamente a empleos de baja remuneración; poco consuelo ante la pérdida de ¼ de sus empleos formales. En segundo, cuarto y quinto lugar se sitúan entidades cuyas pérdidas se relacionan también con el turismo: Baja California Sur (-10.9%), Nayarit (-8.8%) y Guerrero (-8.1%), aunque también el alojamiento temporal y los ser- vicios de alimentos, bebidas y recreación tienen un papel relevante en la pérdida de empleos de estados fronterizos como Baja California, Chihuahua o Nuevo León (vinculados al turismo fronterizo), así como en otras entidades como Jalisco, Yucatán, Tabasco o la propia Ciudad de México.

Fuente: ^{IMSS (2020)}.

Figura 2 Evolución del empleo formal y del salario base de cotización (SBC), marzo-julio de 2020. 

Frente a las pérdidas generalizadas del turismo en todos los estados, las actividades primarias y las manufacturas muestran una evolución dispar según la entidad. En tercer lugar en pérdida de empleos se encuentra Sinaloa (-9.8%), con las actividades primaras como principales responsables, una situación que se repite en entidades si no netamente agropecuarias, sí donde estas actividades tienen una mayor presencia: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Morelos pero también Colima y Sonora. Sin embargo, las actividades primarias ganan empleos en Guanajuato (+8.3 mil), Puebla (+2.3 mil), Coahuila (+2.2 mil) o Baja California Sur (+1.5 mil), así como sucede con el transporte y las comunicaciones en el estado de México (+3.8 mil) y la construcción en Tabasco (+1.9 mil) bajo el impulso de la nueva refinería de Pemex.

Esta evolución dispar se repite en las manufacturas, tanto con ganancias en ciertos estados como con importantes pérdidas en otros, lo que se explica por el relativo éxito de la industria del plástico, químico-farmacéutica y de apartados eléctricos y electrónicos en ciertos espacios frente a las grandes pérdidas de la industria automotriz, por lo que el diferente peso de estos sectores en los distintos estados y municipios resulta en una evolución dispar del empleo. En el denominado corredor del Bajío (vinculado sobre todo al sector automotriz) y el noreste del país las manufacturas encabezan las pérdidas: Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, pero también Coahuila, Durango o Tamaulipas. Por el contrario, las manufacturas ganan empleos en estados del noroeste como Baja California (+12.4 mil empleos), Sinaloa (+1.8 mil), Sonora (+1.4 mil) o Chihuahua (+1.0 mil).

Pese a esta situación, los estados manufactureros de la frontera norte y del Bajío resisten mejor la crisis ubicándose con excepciones en los cuadrantes I y III (Figura 2), mientras los estados con una mayor presencia del turismo o de las actividades primarias son los más castigados (cuadrantes II pero sobre todo cuadrante IV). Destaca la presencia de la Ciudad de México y Querétaro en el cuadrante IV (aunque por poco), al presentar una peor evolución que el total nacional tanto en empleos como en el SBC. Esta situación es, en parte, reflejo del distinto ritmo de recuperación del empleo en junio-julio: mientras las entidades de la frontera norte inician su recuperación de manera más temprana y vigorosa (Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas y Nuevo León, a las que se unen Nayarit, Zacatecas y Tabasco), en la mayoría de las entidades continúan las pérdidas, especialmente en Campeche debido a manufacturas, comercio y transporte.

Patrones espaciales a nivel municipal

El análisis a nivel municipal (Figura 3) permite con- firmar y matizar la mencionada dinámica estatal. Se confirma la pérdida generalizada del empleo en los grandes centros turísticos de playa del país encabezados por Cancún (Benito Juárez), que a falta de datos por alcaldía para la Ciudad de México se convierte en el municipio con mayor pérdida de empleos del país (-71.2 mil) a gran distancia del segundo lugar, Monterrey, con -34.5 mil empleos. De las pérdidas de Cancún, prácticamente la mitad corresponden al turismo, una situación que afecta también al resto de la Riviera Maya (Playa del Carmen, Cozumel, Isla Mujeres, Cozumel…) que se convierte en el área más impactada del país, una situación que en general se extiende al resto de la península de Yucatán donde las capitales estatales (Mérida, Campeche y Chetumal) presentan también pérdidas vinculadas al turismo. En el caso de la Zona Metropolitana de Mérida al turismo se suma la caída del sector manufacturero y de la construcción, especialmente en Tixpéhual, mientras Umán surge como una excepción por su ganancia de empleos gracias al comercio.

Fuente: ^{IMSS (2020)}.

Figura 3 Evolución del empleo formal por municipio, marzo-julio de 2020. Nota: no existen datos por alcaldía para la Ciudad de México, cuyas pérdidas alcanzan los 190 mil empleos (5.5% del total) encabezadas por el turismo. La categoría Turismo incluye alojamiento temporal, preparación y servicio de alimentos y bebidas, y servicios recreativos y de esparcimiento. 

Al Caribe mexicano se une la crisis de los des- tinos de playa del Pacífico, con la Riviera Nayarit como el segundo destino más castigado (Bahía de Banderas, pero sobre todo Puerto Vallarta) y en tercer lugar Los Cabos, muy dependiente del turismo estadounidense. Ningún destino de playa se salva, desde Puerto Peñasco al norte hasta Huatulco al sur pasando por Mazatlán, Zihuatanejo y Acapulco, aunque en ciertos destinos las pérdidas sean numéricamente menores debido a su menor tamaño.

También alojamientos y servicios de bebida y comida son las actividades más afectada en un gran número de capitales estatales, desde la Ciudad de México hasta la mencionada Mérida, Tuxtla Gutiérrez, Puebla, Xalapa, Guadalajara, Guanajuato, La Paz o Mexicali, donde estas actividades atienden tanto al turista como a la población local en lo que se refiere a servicios de bebida, comida y recreación.

Tras el turismo (caída del -21.7%), las actividades primarias son las más afectadas (-15.7%), aunque numéricamente sus pérdidas sean menores a actividades como manufacturas, construcción o comercio. Es importante aclarar que su evolución obedece al carácter estacional propio de la agricultura, en particular de la zafra de azúcar, no a la crisis desatada por la epidemia, por lo que su patrón espacial y temporal en 2020 es similar al acontecido en 2019. Espacialmente es posible detectar cuatro regiones donde se concentra la pérdida de empleos agropecuarios:

1. La franja costera de los estados de Sonora, y sobre todo Sinaloa, donde Culiacán pierde -18.8 mil empleos agropecuarios y Caborca -12.6 mil, seguidos de Navolato, Elota y Guasave con pérdidas en torno a los 6-9 mil empleos agropecuarios.

2. El corredor que se extiende desde Tepic (Nay) hasta Uruapan (Mich) y atraviesa el centro de Jalisco y norte de Colima, con municipios como Tala, Zapotlán El Grande y Tamazula en Jalisco, Tangancícuaro y Zamora en Michoacán, o Cuauhtémoc en Colima; un área vinculada a la caña de azúcar y el aguacate.

3. El área cañera del centro-sur de Veracruz (excepto la ZM de Veracruz), desde Úrsulo Galván al norte hasta Hueyapan al sur, extendiéndose sobre algunos municipios oaxaqueños y con reducciones de empleos agropecuarios que superan los 2,500 en Cosamaloapan, Tres Valles, Lerdo de Tejada y San Juan Bautista Tuxtepec.

4. Y, por último, el área de la Huasteca, con municipios como Ciudad Valles (-2.6 mil empleos agropecuarios), El Naranjo (-2.3 mil), Tama- sopo (-1.9 mil), El Higo (-1.8 mil), Pánuco (-1.3 mil) y El Mante (-1.3 mil), municipios donde la pérdida de empleos agrícolas se relaciona también con el fin del periodo de zafra.

Inmediatamente al oeste de esta última región, las actividades primarias se convierten, por el contrario, en el principal agente económico que explica el aumento del empleo formal en los municipios de Tula y Ciudad del Maíz, explicando también la evolución positiva de Mulegé y Comondú en Baja California Sur.

Por su parte la caída del empleo en las manu- facturas delinea un claro corredor a lo largo del Bajío, que de manera extendida se prolonga desde los municipios de Aguascalientes y San Luis Potosí al norte hasta Toluca y Lerma al sur, en el estado de México, y/o Tepeapulco y Tepeji ya en Hidalgo. Se trata de un corredor dominado por el sector automotriz pero donde las pérdidas afectan también a la industria textil, de la confección y del cuero y calzado. En este corredor las mayores caídas en manufacturas se sitúan en León (-16.5 mil) seguido de Querétaro (-9.4 mil), San Luis Potosí (-5.6 mil) y Aguascalientes (-5.6 mil), y municipios como El Marqués, Celaya, S. Francisco del Rincón o San Juan del Rio.

La destrucción de empleo en la industria de equipo de transporte explica también en gran medida la evolución negativa del empleo en la frontera norte, sobre todo en su mitad oriental, aunque su menor dependencia de esta industria lleva a que su dinámica sea menos negativa que en el Bajío. Esta industria encabeza la pérdida de empleos manufactureros en Matamoros y Reynosa y también en el área Monclova-Frontera y Sabinas, así como en Satillo-Ramos Arizpe y el municipio de Chihuahua. Mientras, en el área Torreón-Gómez Palacio-Lerdo la industria de la confección encabeza la destrucción de empleo acompañada por equipo de transporte e industria de alimentos. En otros puntos de la frontera noreste como Nuevo Laredo, Piedras Negras y Ciudad Acuña la caída del empleo manufacturero no solo es menor sino encabezada por otro subsector, la fabricación de productos metálicos.

La evolución del empleo en la frontera norte occidental es menos negativa que en su porción oriental. Si bien continúa la destrucción de empleo manufacturero en San Luis Río Colorado, ésta es mínima en Tecate y Ensenada, e incluso presenta un balance positivo en Mexicali y sobre todo en Tijuana, el segundo municipio con mayor crecimiento de empleo formal del país tras Texcoco. Si bien Tijuana registra un desplome de la industria de equipos de transporte (-2.5 mil empleos) éste es compensado sobremanera por la industria de aparatos eléctricos y electrónicos (+7.6 mil empleos). Por su parte la evolución del empleo en la construcción, inicialmente no considerada como esencial y tercera actividad más castigada en términos porcentuales (-12.2%) tras turismo y actividades primarias, presenta un patrón disperso, y es responsable tanto de pequeños incrementos como decrementos del empleo formal en un elevado número de municipios rurales. Pero también contribuye a la importante caída del empleo en ciertos espacios urbanos y metropolitanos, bien como actor principal (ZM de Monterrey con municipios como Pesquería y San Nicolás de los Garza; o capitales estatales como Durango, Morelia y Colima), pero sobre todo como la segunda o tercera actividad con mayores pérdidas, caso de las zonas metropolitanas de Guadalajara, Cancún, Querétaro, Tampico, Mérida o León. En municipios petroleros su dinámica es claramente negativa (Tampico-Ciudad Madero-Altamira, Tula, Coatzacoalcos-Minatitlán, Salina Cruz o Ciudad del Carmen) con la excepción de Paraíso, donde se desarrolla la nueva refinería de Dos Bocas.

Mención especial merecen las tres grandes zonas metropolitanas del país, las cuales presentan como rasgo común una mayor afectación de sus actividades terciarias en sus áreas centrales, turismo en la Ciudad de México y municipio de Guadalajara, y servicios profesionales y técnicos en el municipio de Monterrey. Si bien es notorio el impacto de la pérdida de empleo manufacturero en las periferias de las ZM de Monterrey (Guadalupe, García y Apodaca) y Guadalajara (Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque y El Salto), este impacto queda limitado en la ZMVM a su periferia noroeste (Tlanepantla, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán) debido a una mayor desindustrialización. Esta distinta estructura económica se refleja claramente a nivel metropolitano, donde el sector manufacturero es el más afectado en la ZM de Guadalajara mientras en la ZM de Monterrey el mayor impacto recae en la construcción, particularmente en los municipios periféricos de Pesquería y San Nicolás de los Garza. En la ZMVM la mayor caída se vincula al turismo por el peso de la Ciudad de México en el total metropolitano, mientras su periferia presenta una dinámica más diversa dada su mayor extensión y complejidad. A las pérdidas manufactureras de la periferia noroeste se suma la destrucción de empleo en el comercio tanto en la periferia oriental (Chalco, Nezahualcóyotl y La Paz) como occidental (Tepozotlán, Huixquilucan y Atizapán de Zaragoza). A su vez la dinámica de la periferia noreste aparece vinculada a los servicios, que por un lado impulsan las pérdidas de Coacalco (servicios profesionales y técnicos) y Ecatepec (servicios educativos), y por otro lado las ganancias de Texcoco (comunicaciones), que se convierte en el municipio con mayor incremento de empleos formales del país.

En definitiva, la pérdida de empleos es generalizada en la mayoría de los municipios del país, más allá de mínimos incrementos o decrementos propios de pequeños municipios rurales. Ciertamente existen algunas excepciones, pero son mínimas: Texcoco (impulsado por las comunicaciones), Tijuana (aparatos eléctricos y electrónicos), Paraíso (construcción), Dolores Hidalgo (agropecuario), Rosario (industria de alimentos), Umán (comercio), Mulegé-Comondú (agropecuario) y Tula-Ciudad del Maíz (agropecuario). Solo 23 municipios ganan más de 500 empleos (de 500 a 2.6 mil) mientras aquellos que pierden más de 500 empleos (de 500 hasta incluso 30 mil) suman 229 municipios; entre estos últimos resaltan los casos de Monterrey (-35.8 mil) pero sobre todo Cancún (-71.2 mil), que pierde casi una ¼ parte de todo su empleo formal.

CONCLUSIONES

La presente investigación refleja el enorme impacto que la crisis sanitaria y económica ha tenido sobre el mercado laboral mexicano, impacto que presenta importantes diferencias tanto a nivel territorial como sectorial. Se sientan así las bases para políticas de recuperación que necesariamente deben ser espacialmente y sectorialmente diferenciadas, una recuperación que dependerá en gran medida de la remisión de la epidemia, y en función de ello, de la evolución de la propia demanda dada la profundidad de la crisis.

Los espacios turísticos surgen como los más duramente golpeados y quizás sean los que experimenten una recuperación más lenta dada su mayor dependencia de la evolución de la epidemia, tanto en los destinos como también en los orígenes, con posibles restricciones a los viajes, imposición de cuarentenas al retorno de estos viajes, o el temor al contagio por parte de los turistas. En relación a esto último, la posible aversión del turista hacia destinos masificados percibidos como más inseguros surge como un riesgo y como una oportunidad: un riesgo para un modelo turístico masificado de sol y playa que ha caracterizado a México; y una oportunidad para potenciar destinos alternativos menos masificados y más sostenibles basados generalmente en un turismo de interior, rural, de naturaleza y cultural, pero alejado de las grandes ciudades, por ejemplo, los denominados Pueblos Mágicos o espacios naturales protegidos.

Por otro lado, tradicionalmente el sostenimiento y/o recuperación inicial del sector turístico en tiempos de crisis se ha basado en el turismo nacional, una circunstancia que se agudizará en las circunstancias actuales mientras se mantengan las restricciones a la movilidad internacional. Por todo ello, áreas como Los Cabos y sobre todo la Riviera Maya (especialmente Cancún y Playa del Carmen), fuertemente dependientes del turismo internacional, pueden ser espacios cuya recuperación sea más lenta, mientras que el turismo en grandes ciudades (Ciudad de México, Guadalajara, Puebla) o incluso en cierto de destinos de playa menos masificados y/o menos dependientes del turismo internacional (Ixatapa-Zihuatanejo, Mazatlán o incluso Acapulco) pueden experimentar una mejoría más rápida. Todo dependerá de si la epidemia provoca un cambio duradero en las preferencias de los turistas, pero también de las estrategias de promoción que puedan implementarse desde los propios destinos turísticos, un aspecto donde los grandes centros turísticos tienen ventajas evidentes frente a destinos alternativos más pequeños.

En espacios cuya dinámica económica y laboral depende de las manufacturas (Bajío y frontera norte) el impacto ha sido menor y la recuperación estará ligada a la evolución en Estados Unidos a donde se exporta la inmensa mayoría de la producción automotriz y maquiladora. En este sentido, podría decirse que la dependencia del exterior es incluso superior a la del turismo, sobre todo en ciertas ramas y espacios industriales, pero con opciones a una más rápida recuperación en comparación con el turismo.

En otros sectores y espacios la recuperación dependerá de la demanda local, caso de la construcción en las grandes zonas metropolitanas (Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala, Toluca…), capitales estatales y grandes ciudades en general; con la excepción de aquellos espacios donde la construcción se vincula a sectores como el turismo o la industria petrolera, en cuyo caso su recuperación dependerá de estos otros sectores (Riviera Maya, Riviera Nayarit, Acapulco o Ciudad del Carmen y Altamira-Tampico-Ciudad Madero). A su favor está la reducción de las tasas de interés y, por tanto, del costo de las hipotecas; en contra, la contracción del empleo y de los salarios.

Ciertamente, las políticas adoptadas en México ante la crisis han sido cuanto menos diferentes: frente a las políticas de protección temporal del empleo vía subsidios en numerosos países, México ha optado por mantener sus programas sociales y ampliar el otorgamiento de créditos focalizados a micronegocios frecuentemente informales. Ello puede atenuar temporalmente el impacto de la crisis y sostener la capacidad adquisitiva de sus beneficiarios, lo que a su vez sostendría un consumo que puede fungir como un elemento que impulse la recuperación; sin embargo, esto es algo que pone en duda el descenso de la recaudación del IVA como indicador de la evolución de la demanda. Pero sobre todo, falta ver si estos microcréditos redundan en la creación de empleos estables dada la en general baja tasa de supervivencia de las microempresas; y si las políticas implementadas son sostenibles ante una muy probable reducción de los ingresos y del presupuesto federal.

En general, la situación actual no es halagüeña, con un mercado laboral menguado, salarios a la baja, un posible auge de la informalidad y una todavía elevada subocupación.