El objetivo del presente número de la revista Política y Cultura es captar los diversos procesos históricos y sociales en los que ha estado sometida nuestra actual Constitución Política y las repercusiones legales y formales propiciadas, desde su original forma, hasta las diversas transformaciones y aplicaciones que ha sufrido a la largo de cien años. Estos procesos reflejan la variedad de posturas, proyectos nacionales y condiciones históricas por los que han atravesado los diversos gobiernos y se han reflejado en las cambiantes formas del documento.

Como señala Javier Garciadiego, en un esfuerzo análogo al que realizamos en este número, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es, sin duda, el documento más importante, no sólo del proceso histórico que conocemos bajo el nombre de Revolución mexicana sino de la vida política e institucional de este país y de su futuro más cercano.¹. Las razones de esta afirmación son diversas: en primer lugar, representó -en su época de promulgación- la Constitución más avanzada del mundo al dotársele de un sentido social cuando el Congreso Constituyente incorporó las principales demandas revolucionarias (amplia distribución de la riqueza y recursos naturales en la población, mejores condiciones laborales, derecho a la educación, entre otras), las cuales giraron hacia el beneficio de los habitantes de la nación; en segundo, es importante mencionar que es la única Constitución en la historia contemporánea de México que ha durado un siglo,² lo cual ya nos da una idea de su solidez institucional. Y, finalmente, fue y sigue siendo un producto constante de la confluencia de las diversas fuerzas convergentes en la vida nacional, constituyéndose, al mismo tiempo, normativa y expresión de la actividad nacional; por ello mismo, no es un documento muerto ni aferrado dogmáticamente a sus orígenes sino, por el contrario, ha sido muchas veces interpretada y modificada para dar cabida a las realidades cambiantes.

Así, la importancia de generar una serie de balances como los que en este número se presentan, no se remite solamente a cumplir un deber patriótico o un homenaje cívico a una conmemoración con sabor oficialista sino, en contraste, se trata de aprovechar la efeméride para subrayar la valoración histórica de un documento de tal relevancia que, pese a todas las modificaciones de las que ha sido objeto, es incuestionable su vigencia como normatividad, conservando en lo general una esencia desde el momento de su creación, permaneciendo hoy como amalgama de visiones, proyectos y formas específicas de hacer la política, que dan cuenta de la multiplicidad histórica y social del país. Entender hoy la Constitución y sus recorridos es vislumbrar no sólo el pasado generador sino las posibles tendencias futuras y opciones sobre las cuales la nación tendrá que elegir los caminos a seguir.

Basados en estas premisas, este número se estructuró en torno a la idea de rastrear dichos desarrollos históricamente, privilegiando lo sucedido durante el proceso revolucionario y sus continuidades en las décadas siguientes al fin del conflicto armado, los procesos de mediana duración que vieron su génesis durante esta coyuntura y las aplicaciones concretas que la Constitución tiene en la realidad mexicana a la hora de ejecutar su mandato en casos concretos.

La primera sección, Nuevas lecturas del Congreso Constituyente de 1917, se centra en los procesos que le dieron vida a la Carta Magna, enfocados principalmente en las condiciones políticas y sociales específicas en las que se gestó el proyecto constitucional. De esta manera, en el artículo de Nicolás Cárdenas García y Enrique Guerra Manzo, “De revolucionarios a legisladores. El proceso político del Congreso Constituyente de 1916-1917”, se resalta la manera en la que en breves semanas dicho Congreso se transformó en una asamblea legislativa autónoma cuyos líderes colaboraron momentáneamente a la par, sin imponer sus lealtades personales; éstos se concibieron como representantes de la nación conscientes de tener el futuro del país en sus manos considerando algunas propuestas elaboradas por el Primer Jefe, Venustiano Carranza. Dicha actitud les permitió conformar una fuerza política como expresión de la soberanía popular.

Por su parte, el texto de Rhina Roux, “República y bienes comunes. La originalidad de la Constitución de 1917”, aborda la importancia de la Carta Magna como un instrumento jurídico que permitió alejar la tierra y los bienes naturales de los circuitos del mercado y colocarlos dentro del patrimonio público de la nación; un hecho peculiar en la tradición jurídica liberal.

En la sección Texto constitucional mexicano: historia y cambio, se destacan las transformaciones que a mediano plazo el proceso revolucionario abrió y que cobraron forma en las décadas posteriores al final del conflicto armado. Sobre esta idea se encuentra el artículo “El sufragio femenino y la Constitución de 1917. Una revisión”, de Ana Lau Jaiven y Roxana Rodríguez Bravo, quienes realizan un recuento de las diversas perspectivas políticas en torno al debate del voto femenino durante el primer cuarto del siglo XX. En este estudio se observa claramente cómo el movimiento revolucionario colocó en el espacio público a actores nuevos, quienes reivindicaron sus propios intereses y lograron posteriormente obtener un reconocimiento por parte de las instituciones en el poder, dando una muestra de la manera en la cual la Revolución mexicana fue verdaderamente plural.

La siguiente sección, La Constitución y su aplicación a la realidad mexicana, subraya la parte concreta de cualquier texto legislativo, es decir, el momento de su aplicación fáctica en la realidad nacional, lo cual implica no sólo la ejecución de las leyes sino todo el trabajo de interpretación de los escenarios desde donde se legitima cualquier decisión. Lo anterior se expresa en el artículo de Harim Benjamín Gutiérrez Márquez, “La desaparición de poderes en México y su puesta en práctica: los casos de Guerrero (1960-1961) e Hidalgo (1975)” cuyo planteamiento central se orienta hacia considerar la desaparición de poderes en nuestro país como una forma de intervención federal para resolver graves problemáticas en las regiones. Esto representa una muestra del tradicional autoritarismo de los gobiernos mexicanos en el siglo XX, pues su aplicación discrecional sirvió para remover actores políticos incómodos para el régimen.

El número cierra con la sección La Constitución de 1917 y sus implicaciones en el ámbito religioso, que contiene dos artículos. El primero es de Laura Alarcón Menchaca, versa acerca del fracaso de una serie de actores políticos jaliscienses, agrupados en torno al Partido Católico, quienes intentaron influir en el Congreso Constituyente de 1916-1917 a favor de la modificación de artículos referentes a la educación, el orden público, la libertad de cultos, entre otros, no habiendo visto materializadas sus aspiraciones en la legislación final. El segundo texto es de María Gabriela Aguirre Cristiani, “La jerarquía católica en el exilio frente al nuevo marco jurídico revolucionario de 1917”, quien explica que el conflicto revolucionario reavivó las tensiones religiosas a grado tal que buena parte de la jerarquía eclesiástica tuvo que abandonar el país desde 1914 y desde ahí, a raíz de la promulgación de la Constitución en 1917, realizar una serie de protestas pacíficas basadas en la redacción y firma de documentos de inconformidad y exigencia del derecho de libre culto.

Así, el número que el lector tiene es sus manos es un esfuerzo colectivo, desde distintos ángulos históricos que, sin duda, enriquecerán la discusión acerca de la génesis, desarrollo y futuro próximo de nuestra, ahora centenaria, Constitución Política. Esperamos que lo anterior signifique una contribución relevante y evite convertirse solamente en una celebración más.