El propósito

El artículo focaliza y discute el fenómeno de la desaparición de personas en Michoacán -grave problemática de violación de derechos humanos-, a la luz de los nuevos desafíos del tiempo presente que impone la disciplina histórica en el siglo XXI.

El concepto de “desaparición” involucra en primera instancia el desconocimiento fehaciente y continuado (en el tiempo) acerca de determinada persona. No saber dónde se localiza o encuentra por parte de su círculo más íntimo -pareja, hijos, padres, hermanos-, otros familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, conocidos, etc. La noción de desaparición

se hace posible cuando se produce una fractura entre un espacio concebido como “normal” (la ciudad, el pueblo, los ámbitos cotidianos, el resto de los ciudadanos) y un espacio “de desaparición” escindido del anterior en el que se logra que las personas cautivas y torturadas [ejecutadas] sean invisibles para los otros, y que a su vez no puedan percibir claramente dónde están ni comunicarse con el afuera.¹

Para dilucidar además el perfil analítico de lo que consideramos como la o el desaparecido, nos remitimos a la categoría propuesta por Jonah S. Rubin:

La ausencia que constituye el desaparecido […] implica un reto a su tratamiento como objeto de poder/conocimiento […]. El desaparecido está definido precisamente por su no presencia: la ausencia es lo que permite a esa categoría legal incorporar tantas experiencias diversas […], podemos describir el cuerpo ausente como el objeto más directo de las estrategias disciplinarias que hacen que un desaparecido pase a significar un cuerpo ausente […el análisis] debe centrarse en desentrañar los mecanismos que crean y sostienen esa identidad [del desaparecido] y sus efectos en el ámbito político, social y familiar, y considerar lo que significa clasificar esos cuerpos ausentes como desaparecidos en su propio entorno histórico y biográfico.²

El artículo revisa la gravedad de la detención-desaparición en Michoacán al concentrar su contenido a partir de 2006 con el inicio de la política de guerra contra el narcotráfico impuesta por Felipe Calderón (2006-2012), y que en el territorio michoacano afectó desde el primer momento con la puesta en marcha del Operativo Conjunto Michoacán, conceptualizado como la acción directa del Estado contra los cárteles del narcotráfico. La espiral de violencia generada, a partir de esta estrategia de guerra que expandió la militarización en el país, tuvo una conexión directa con el incremento de las desapariciones.

La indagación alcanza el año 2020, porque la intensificación del fenómeno de las desapariciones, a consecuencia de esa guerra declarada, continúa impactando a distintos sectores de la sociedad michoacana, aun cuando el cambio de régimen transitó hacia el priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), y, posteriormente, al morenista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Empero, la problemática de la desaparición es de larga data, y tiene vertientes muy complejas; baste recordar las desapariciones como parte de la represión focalizada contra la disidencia en los años sesenta y setenta del siglo XX. En el caso de Michoacán, se han denunciado y estudiado.³

A principios de 2020, el informe presentado por la Comisión Nacional de Búsqueda y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, reconoció el registro de 61 637 personas desaparecidas en México y 3 631 fosas clandestinas en todo el territorio nacional. De ese total de desapariciones, el 97% corresponde de 2006 a 2019, en tanto que 1.46% está relacionado con las desapariciones forzadas ocurridas durante la guerra sucia.⁴ En julio de 2020 se actualizó el “Informe sobre búsqueda, identificación y versión pública del Registro de Personas Desaparecidas” con un total de 73 201 personas de las que se desconoce su paradero. Un dato más: Michoacán se enlistó entre las diez entidades que concentraban hasta ese momento el 78% de las desapariciones.⁵

Ante estas cifras escalofriantes, y para tratar de dar un paso más en la comprensión de este fenómeno de gran magnitud, que se reactualiza de manera trágica en Michoacán, despliego un abordaje incisivo de la detención desaparición de personas mediante el paradigma argumental de la historia reciente.

La desaparición forma parte de una problemática cuyas genealogías se remontan a la violencia política y los conflictos persistentes insuflados por regímenes dictatoriales y autoritarios en el área latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX. Sus contextos más generales se relacionan con procesos traumáticos para sus sociedades como parte del entramado de la Guerra Fría.

Actualmente, la desaparición, como dislocamiento social, se encuentra en una agigantada cresta, pues ha tomado en México un vuelo de grandes proporciones a medida que avanza el siglo XXI; se identifica cada vez más con mayor impacto en la sociedad como parte de las atrocidades que campean en las sociedades contemporáneas globalizadas.

Por tanto, para esclarecer su dimensión, acudo a la historia reciente que me permite dilucidar los fundamentos sociopolíticos de la permanencia, la continuidad y la reconversión instrumentalizada de la desaparición como un acto prolongado de violencia ejercida por agentes del Estado o por particulares.

Engarzo este encuadramiento analítico con el segundo tramo del artículo que atiende la búsqueda de los desaparecidos en Michoacán con base en las acciones de los colectivos de los familiares. Y con acento de género destaco la praxis de las madres buscadoras. Planteo que, a partir de estos escenarios de movilización, la historia reciente puede alentar una lucha memorística contrahegemónica en resistencia.

Enfatizo, además, en la demanda permanente de justicia y de la aparición con vida, así como el anhelado reencuentro con los desaparecidos, suspendidos en un tiempo simbólico.⁶ La no reparación del daño a las víctimas y a sus familiares, y la ausencia de la garantía de no repetición extienden hasta ahora escenarios de impunidad.⁷

La función social de la historia está obligada a escuchar aquellas exigencias, explicarlas y amplificarlas en el espacio público. Por tanto, propongo el concepto de historias de vida abierta, que ya he referido en relación con las desapariciones durante la guerra sucia. Con la noción historias de vida abierta engarzo la construcción de memoria colectiva. Gámez Brambila complementa mi propuesta al sugerir “un análisis sobre la forma en que la violencia impacta en la memoria de los sujetos que se relacionan con ella en un entorno de guerra, así como la forma en que la violencia y la memoria se relacionan con la historia y cómo cambian en el devenir histórico”.⁸

El tercer bloque del artículo se refiere a los despliegues que el gobierno de Michoacán, en los últimos años, se ha visto forzado a concretar para dar respuesta (del todo insuficiente y con numerosas fallas) a la exigencia de justicia y la aparición de las víctimas. Sobre todo, bajo la presión de las asociaciones de familiares, de los organismos de derechos humanos nacionales y la obligatoriedad de los protocolos establecidos a nivel internacional. Se hace patente que la manera de registrar las desapariciones -desde las instituciones del Estado- tiene que ver con un uso político para restar responsabilidad al entramado de las violencias generadas, auspiciadas o toleradas con la complicidad o no de los agentes del gobierno.

En las consideraciones finales realizo un balance analítico de la desaparición en Michoacán, poniendo énfasis en la severidad que ha adquirido. Reitero la deuda histórica del Estado mexicano con respecto a este fenómeno. Desde la historia reciente apuesto, por ende, a mantener viva la esencia vital de las víctimas como uno de los elementos centrales de los combates memorísticos. Recuérdese que “La relación entre historia y memoria en cualquier sociedad, y especialmente en relación con los pasados traumáticos recientes, es siempre compleja”.⁹

Las fuentes utilizadas provienen, en su mayoría, de reportajes periodísticos que reproducen valiosos testimoniales de las familias en la búsqueda de los desaparecidos en Michoacán. La inserción de la problemática en el campo de la historia reciente se traduce en el diálogo que establecen los ejes del artículo para discernir sobre los fundamentos de dicha disciplina asentados en la literatura especializada disponible. Consulté la legislación y disposiciones locales y federales con respecto a la detención-desaparición de personas, y constaté sus magros resultados en su aplicación real.

La aproximación analítica de la desaparición desde la historia reciente

Si bien podríamos simplificar el objetivo de la historia reciente refiriéndonos a una narrativa de hechos acaecidos durante un pasado de cercanía con nuestro propio presente, la epistemología de la disciplina quedaría a la deriva e incompleta. De modo destacado, la historia reciente es un campo que, en términos disciplinares historiográficos (vinculados con “las implicancias metodológicas, éticas y políticas de su abordaje”), se asienta en el paradigma de la indagación analítica “de un pasado ‘vivo’, ‘presente’, ‘actual’, de lo que se deriva naturalmente tanto el rol preponderante de la memoria y los testimonios de ‘los protagonistas vivos’, como así también la necesaria implicación del investigador en el pasado que aborda y en las disputas sociales por sus sentidos”.¹⁰

El campo de la historia reciente tiene un origen que deviene de tradiciones de violencias convergentes y múltiples, así como de su imposición y naturalización: tiranías, regímenes autoritarios, gobiernos represivos a distintas escalas, genocidios, conflictos bélicos, políticas contrainsurgentes, terrorismo de Estado y desapariciones, entre otras. Atiende el hoy, lo actual, el presente, como parte de las incesantes experiencias sociales del tiempo histórico (por ejemplo, el trasiego social de las multitudes y la movilización y las acciones colectivas), y desdobla el pasado en un “pasado presente”, “que no termina de pasar”.¹¹ La historia reciente no tiene reticencias historiográficas “para ocuparse de objetos cercanos en el tiempo”, pues se nutre de “otras tradiciones disciplinares como la sociología o la antropología, siendo este carácter interdisciplinario un rasgo central del campo”.¹²

Lo ocurrido en el pasado reciente sigue interpelándonos en nuestro presente. Se entenderá entonces al pasado-presente de una manera más compleja, incluso recuperándolo como un pasado que lastra hasta el presente el trauma social producido por la catástrofe de las violencias. Son procesos históricos “cuyas consecuencias directas conservan aun fuertes efectos sobre el presente, en particular en áreas muy sensibles como el avasallamiento de los derechos humanos más elementales”.¹³

En este arco de repolitización del pasado que se asienta en el presente encuadro la marca específica del fenómeno de la desaparición, pues es “evidente la dimensión política del campo de la historia reciente”.¹⁴

Para situar a la desaparición en ese pasado vivo y violento, es decir, al historizar el pasado, recurrimos al repertorio de la violencia, definido por Pilar Calveiro como “un modo de castigo basado en un ciclo de desaparición-tortura-aislamiento-almacenamiento-desecho”,¹⁵ tanto la ejercida por el Estado y sus agentes, como la desencadenada por las bandas criminales -muchas veces ambas interconectadas o traslapadas-. Su operatividad se resume en estrategias de relaciones delincuenciales de poder y de dominación, legales y extralegales, de grupos con gran margen de maniobra para ejercer la violencia exacerbada, y más particularmente la práctica de la desaparición.

Los desaparecidos, por tanto, son personas que están a la deriva y han quedado en paradero desconocido. La complejidad del fenómeno afecta a miles de víctimas en sus “esferas biopsico-socio-histórico y culturales”.¹⁶ Priva la deshumanización en los marcos biopolíticos del poder, un poder absoluto, nos dice Calveiro, “e irrestricto sobre la persona -hacerle cualquier cosa, durante cualquier cantidad de tiempo”.¹⁷

Los estudios publicados en fechas recientes sobre la desaparición -vista como parte de entramados de violencias estructurales-¹⁸ aportan distintos elementos, como lo son nuevas periodizaciones, que ponen en jaque a los tradicionales cortes cronológicos de tipo político institucional; también la revisión analítica de escalas locales y regionales no incluida en análisis macros; y, desde luego, las ligaduras entre lo legal y lo ilegal, para visualizar de manera más certera la heterogeneidad de la desaparición.

Aunado a todo ello va la disección de las dinámicas estatales, que exhiben las dimensiones de la detención desaparición como un espacio fraccionado en tensión, con lógicas o sistemas diferenciados y disputas continuadas.¹⁹

Memoria, género y subjetivación en la búsqueda de las y los desaparecidos

Anne Pérotin-Dumon ha llamado la atención sobre las tareas asumidas por la sociedad civil, las asociaciones de víctimas, nacionales y locales, para activar la movilización con el fin de “descubrir la verdad de lo sucedido y reunir pruebas, reparar agravios y penalizar a los culpables, defender a las víctimas y asistirlas, asegurar el recuerdo de lo que pasó y preservar sus huellas tangibles”. Queda así expresado el sentido de búsqueda de los desaparecidos realizada por sus familias como una forma de lucha contra el olvido. Su razón de ser es imponerse al terror -violencia extrema que paraliza-, empoderarse ante la tragedia y ubicarse en el espacio público para denunciar la impunidad. Pero, además, también este trabajo “que la sociedad efectúa sobre su pasado constituye en sí mismo un activo campo de investigaciones en ciencias sociales al que se suele aludir con el término ‘memoria histórica’”.²⁰

La activación de esa memoria comprende “ese lugar de cruce entre pasado, presente y futuro, en el punto donde se cruzan los ‘espacios de experiencias pasadas’ con los ‘horizontes de expectativas’ futuras […]. En lo individual, la marca de lo traumático interviene de manera central en lo que el sujeto puede y no puede recordar, silenciar, olvidar o elaborar”. Este enfoque reconoce “los procesos subjetivos y […] los marcos culturales de la acción […], tomando en cuenta al mismo tiempo los sentimientos y la subjetividad de […los] actores”.²¹

Es así que, con una subjetividad personal conmocionada, y con sentimientos de impotencia, las familias de los desaparecidos se desplazan, mediante sus acciones colectivas, hacia una subjetivación política en permanente movilización;²² lo que “implica la existencia de una voluntad de poder que distingue lo activo de lo reactivo […]. La subjetivación no produce sujetos políticos, sino existencias con posibilidad para reconocer sus compromisos con fuerzas potentes y activas que los transforman”.²³

Mientras tanto, en medio de la experiencia traumática, mujeres y hombres empeñados en la indagación quedan marcados de por vida porque el olor a muerte que emerge de las fosas no se borra nunca. Soportar la desolación y la tristeza, comunicar su angustia, su rabia, su ira, es parte de la integración de las familias en los colectivos de búsqueda en un desarrollo de aprendizaje emergente, pues la tragedia compartida -enfrentadas a un duelo colectivo sui generis-, las une en una inesperada y nueva identidad -de víctima proactiva en acción colectiva- que las arropa y las cobija. Al procesar esa nueva identidad surge con fuerza su comunidad emocional, a la que se aferran en un proceso continuo de evocación de sus seres queridos. En esencia, aseguran, “buscamos nuevas formas de lucha” para hallarlos a todos y a cada uno.²⁴

También esa nueva identidad implica un fuerte proceso de interacción y de identificación colectivo, es decir, el mutuo reconocimiento de los familiares entre sí, “y a que se identifique a cada desaparecido con el familiar propio”. Y en esa necesidad de “buscar entre todos”, en la realidad “significa encontrar no a tu hija, sino a la hija de otro; no a tu hermano, sino al hermano de otro. Así, cada uno de los desaparecidos se va convirtiendo en el desaparecido de los demás” en un proceso complejo de búsqueda-adopción-encuentro: “las buscadoras hacen suyos a cada uno de los desaparecidos que se encuentran. Los adoptan. Los encuentran y los restituyen”.²⁵

Por ende, ante la expectativa del hallazgo de los desaparecidos, planteo la categoría historias de vida abierta como un imaginario simbólico donde los desaparecidos se muestran actuantes, activos y pensantes, con un aliento y una existencia propia y perviviendo en el tiempo histórico.²⁶ La memoria-historia-presente, campo de relación con el pasado como sinónimo de vida.²⁷ “Historias de vida abierta” explica, entonces, cómo desde la memoria social [sostenida por los familiares] “se desprende la representación de mujeres y hombres vivos y actuantes. Las historias de vida abierta nutren el imaginario como creación social mediante el cual el pasado se instituye y se proyecta en el presente como una forma de reconstrucción colectiva. Las historias de vida abierta traen al presente la dignidad y la subjetividad de las víctimas”.²⁸

La idea de la que parto es devolverles presencia a los desaparecidos en el espacio público, pero sobre todo retrotraerlos al presente, reactualizar su pasado, evocándolos y redimensionar su esencia vital para sus seres queridos.

Veamos más a detalle si es posible que este repertorio de resignificación memorística nos ofrezca vías de entendimiento para el caso michoacano.

En un primer momento, al desencadenarse la detención-desaparición, las madres, esposas e hijas y demás familiares llevan a cuestas una pérdida ambigua, pues no logran alcanzar un duelo cabal. Empero, aquí entra en escena el mecanismo psicológico de la resiliencia que les permite transitar hacia una praxis proactiva, es decir, a un empoderamiento personal e íntimo que los catapulta a la acción comunitaria de manera colectiva. Estamos hablando de una comunidad emocional dedicada a investigar y a poner en riesgo sus vidas “para tratar de recabar pruebas y encontrar a sus seres queridos”.²⁹

La periodista Marcela Turati explica cómo se articula este proceso intrincado que, a contracorriente, intenta desactivar una cultura de la violencia que pervive impune, criminal, muy enraizada en la estructura del Estado capitalista, con dominancia patriarcal y con grandes hoyos negros de ingobernabilidad:

Desde 2008 comencé a documentar las historias de las familias que primero recurren a oficinas de gobierno pidiendo que busquen a sus familiares llevados por la fuerza o sencillamente un día no llegan a casa. Pronto comencé a ver que esas familias habían empezado a encontrarse con otras y creaban grupos de familiares en búsqueda. Asistí a talleres educativos donde intercambiaban información […], aprendían técnicas de rastreo, hablaban sobre sus derechos y proyectaban acciones para hacerse oír ante las autoridades sordas. Registré los recorridos de las familias por el laberinto lleno de puertas falsas que es la burocracia y, como ellas, descubrí que la política de Estado es la impunidad.³⁰

En Michoacán, como en otras entidades de la república, se aglutinan varios colectivos de familiares de desaparecidos. Y como en el caso que nos narra Turati, también en estas asociaciones predominan las acciones y las voces femeniles, sobre todo, de madres de familia. Los fuertes lazos con sus hijas e hijos desaparecidos hablan de una maternidad reconvertida y en resistencia activa, pero también arraigada en su rol tradicional de madres establecido por un sistema heteronormativo hegemónico; pues se pronuncian insistente y de manera directa durante las festividades del 10 de Mayo, realizando marchas y acciones públicas para exigir el regreso de sus vástagos.³¹

Destaco esta presencia con perspectiva de género porque por lo general en los estudios y análisis sobre los desaparecidos no se explica ni se dan las referencias de por qué son las mujeres, primordialmente, las que reelaboran sus emociones y tramitan sus pérdidas para dar paso a intervenciones de memoria activa, acuciante y urgida para proceder con actitud resistente y constante en las interminables labores de búsqueda.³²

Mercedes Ruiz González -de la asociación Familiares Caminando por Justicia- asegura en su testimonio, “que son ellas quienes asumen esta responsabilidad mientras sus maridos deben trabajar, […aunque] hay un gran número de madres cabezas de familia que de alguna manera se las arreglan para permanecer en la búsqueda de sus seres queridos”.³³

Paradójicamente, el dolor las impulsa para sacar de lo más hondo de su ánimo la fuerza para salir al espacio público y emprender un sinnúmero de pesquisas. Se transforman en buscadoras de una esperanza inacabable.

En Michoacán destacan varios organismos de familiares en cuyo seno el activismo, la agencia y el liderazgo mayoritario femenil es impresionante: Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que aglutina a nivel nacional a más de 50 colectivos, entre ellos, dos pertenecientes a Michoacán: Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, sede Michoacán “Alzando Voces”,³⁴ y Red Eslabones por los Derechos Humanos-Eslabones Michoacán; Familiares Caminando por Justicia (FCJ); colectivo Familiares en Tu Búsqueda Michoacán, sedes Morelia, Zamora, La Piedad, Apatzingán y Uruapan; colectivo ¿Dónde Están los Desaparecidos?, sedes Lázaro Cárdenas y Morelia; Fundación Iris; Comité Ciudadano de Búsqueda de Personas Desaparecidas, entre otros, como la organización Hasta Encontrarlos.³⁵

Desde mediados de 2018 ha aumentado en todo el territorio de la república mexicana el trasegar de la Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que incluye colectivos nacionales y de Centro y Sudamérica. También se han integrado grupos de búsqueda nacionales a partir de 2016, cuando se instituyó la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Ambos organismos han refinado su metodología especializada: búsqueda en vida y exploraciones de personas fallecidas. Estos largos recorridos van acompañados por personal de derechos humanos y de protección y seguridad, incluso por psicólogos y otros especialistas, así como de voluntarios de acompañamiento. Antes de iniciar la ruta elegida y de cómo funcionará su logística, revisan sus fichas de búsqueda, realizan análisis de seguridad y planean la coordinación entre colectivos.

Sería muy prolijo documentar aquí todos los recorridos realizados en Michoacán. Ilustraremos sus dinámicas con el caso de la Quinta Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, efectuada del 28 de abril al 11 de mayo de 2019, que aglutinó a 25 organismos nacionales y un colectivo proveniente de Ecuador. La asociación michoacana anfitriona fue FCJ. Además, la caravana tuvo el acompañamiento de autoridades, estudiantes y profesionales en derecho, antropología, defensa de derechos humanos, periodismo, fotografía, psicología y miembros del clero católico.³⁶

Su trayecto, bajo la divisa “Buscando Encontraremos”, incluyó siete municipios michoacanos: Morelia, Los Reyes, Sahuayo, Zitácuaro, Huetamo, Lázaro Cárdenas y Aquila. En algunas de estas localidades se presentaron públicamente para visibilizar sus objetivos y demandas de verdad y justicia mediante pláticas, marchas y entrevistas en escuelas y universidades, centros comunitarios, iglesias y plazas públicas. Se cubrieron la boca con mascarillas con leyendas que exigen la aparición de las víctimas. Llevaron consigo pancartas con fotos de sus hijas e hijos y de otros familiares desaparecidos, y bordaron servilletas con sus rostros. Su intención también fue sensibilizar a la población sobre esta catástrofe nacional -hacer conciencia porque la ignorancia conduce a la gente a apostrofar a los caravaneros con insultos-, y acercarse a familiares de víctimas para registrar nuevos casos, que en esa ocasión fueron un total de cuarenta.³⁷

Los resultados de este peregrinar arrojaron 17 casos de posibles positivos, de los cuales 11 fueron documentados en Zitácuaro, tres en Sahuayo, dos en Huetamo y uno en Los Reyes. Pero ahí no termina todo. El procesamiento de la información y su constatación llevará meses alargados por los trámites burocráticos.³⁸

En contraste, los buscadores han adquirido habilidades y conocimientos especializados en materia forense y realización de pruebas de ADN, así como en el desarrollo adecuado de los rastreos y las excavaciones. Saben remover y cribar la tierra con mucha precisión para el hallazgo y reconocimiento de huesos y restos humanos, fragmentados, o cuerpos completos. Hidratan con destreza un tatuaje. Aprenden la compleja terminología científica para identificar instrumentos y herramientas. Manejan adecuadamente un dron. Conocen los tipos de suelo y las posibles escenas de búsqueda, etcétera. Su actuación, por momentos, supera con mucho al personal de los servicios periciales.³⁹

Justo se constata este conocimiento en los integrantes de la Quinta Caravana Internacional, en mayo de 2019, cuando se realizó el hallazgo de una fosa clandestina en la comunidad de Tizupan, Aquila, municipio nahua de la región Sierra-Costa, “con más de 43 restos óseos”, prendas de vestir y casquillos de rifle AK-47.⁴⁰

El recuento de los hechos -narrado por el periodista Heriberto Paredes- es muy elocuente de cómo los agentes del Estado -al no realizar en la forma debida su trabajo- abonan a la impunidad y al olvido:

Antes de iniciar el traslado al punto de búsqueda llegaron 32 peritos de la Fiscalía Estatal, junto con la directora de la Unidad Médica de Servicios Periciales, la doctora Mariana Ponce, quien encabezó la revisión de los expedientes del Semefo […]. También llegó el coordinador de esta área, Pedro Gutiérrez […]. Llegando a la primera fosa en donde se buscaría, el personal de la Fiscalía se colocó los tyveks [prendas especiales], consideró un perímetro y lo señaló con cinta amarilla y comenzó la búsqueda. Una hora y media después, este equipo de peritos había encontrado restos grandes: un zapato, un machete, algunos casquillos, pero nada de posibles restos óseos. Embaló sus hallazgos y comenzó a retirarse de la escena sin decir nada […]. Cuando salen los peritos y entran las familias a buscar, no pasaron ni 20 minutos cuando Tranquilina Hernández […] encontró el primer fragmento óseo, señalado por una antropóloga física independiente, que acompañó la caravana, como un posible resto humano, una falange. Tranquilina […] se ha vuelto una experta en búsqueda y ha participado en caravanas y brigadas hasta obtener una experiencia y un conocimiento que deberían tomarse en cuenta por parte de las instituciones del Estado […]. El personal de la fiscalía miraba con caras largas cómo este grupo de familias de personas desaparecidas lograba lo que ellos no pudieron o no quisieron […]. El coordinador de Servicios Periciales me dice frente a la grabadora que se trata de un trabajo conjunto, que ellos salieron de la escena de búsqueda para que la Caravana entrara e hiciera su propia búsqueda, pero suena a una falsa explicación improvisada al momento.⁴¹

A consecuencia de este tipo de obstrucciones, la Quinta Caravana exigió y logró que el Servicio Médico Forense (Semefo) estatal abriera sus archivos para la revisión de expedientes de personas no identificadas. El examen fue realizado durante su estancia en Zitácuaro. Se proyectaron más de 200 fotografías y a la par se realizó el llenado del mismo número de fichas de identificación post mortem. Esta labor dio como resultado la identificación positiva de una persona.⁴²

Las pesquisas en vida y en muerte se realizan en todo tipo de terrenos baldíos y vallados, cerros, barrancas, ranchos, huertas, canales, lagos y ríos. También en áreas urbanas: viviendas, bodegas, hospitales, psiquiátricos, centros de reclusión, rehabilitación y reinserción, asilos, centros comunitarios, tiraderos de basura, incluso cementerios que albergan fosas comunes,⁴³ etcétera.

Con respecto al manejo que las autoridades hacen de las fosas comunes, las familias han manifestado repetidamente su malestar:

Señalaron que los cuerpos al no ser identificados, son enviados a la fosa común, en donde se esperaría que fueran tratados de manera digna, sin embargo, los colectivos […] pudieron observar que esto no es así, […], ya que los cuerpos son tratados de manera indigna, ya que en una fosa juntan varios cuerpos apilados o amontonados en cada fosa […]. Es importante saber que los cuerpos que son enviados a la fosa común ya se les tomó el ADN y Semefo debe tener pruebas genéticas en su base de datos, a fin de que, si algún familiar acude a tratar de identificar el cuerpo de su ser querido, se puedan cotejar los ADN entre el familiar y el cuerpo.⁴⁴

Por su parte, la quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos se llevó a cabo en febrero de 2020.⁴⁵ Hasta esas fechas no se tenía precisión del número de fosas clandestinas, pero se presume que han rebasado el número de ochenta en todo el territorio michoacano. Sobre todo las localizadas hasta ahora se hallaban en la regiones de Tierra Caliente, Sierra-Costa y en su colindancia con Guerrero; y Bajío, en municipios colindantes con Jalisco y Guanajuato. Zonas, todas ellas, identificadas por la violencia endémica.

Cuatro fosas descubiertas, en noviembre de 2019, que albergaban restos de tres personas, se ubicaban en el bajío zamorano, en la municipalidad de Jacona, comunidad de El Platanal, predio de La Guenumera. El hallazgo fue realizado por el Comité Ciudadano de Búsqueda de Personas Desaparecidas.⁴⁶

En enero de 2020, otra fosa clandestina fue ubicada en Potrero de la Hacienda, municipio de Sahuayo, de donde se rescataron tres cuerpos más.⁴⁷

Además, los colectivos ya tienen identificados los municipios con más alta incidencia de desapariciones en la entidad: Morelia, Zitácuaro, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Aquila, Uruapan y Zamora.⁴⁸ Algunos de estos casos han trascendido a la opinión pública, como el de la periodista Esther Aguilar, desaparecida el 11 de noviembre de 2009, en Zamora; y el del también comunicador, Ramón Ángeles, del que no se sabe más desde el 6 de abril de 2010 cuando fue desaparecido en Paracho.⁴⁹ Otro periodista desaparecido y luego asesinado fue Salvador Adame, por las autoridades municipales de Múgica, el 18 de mayo de 2017, en Nueva Italia. “A Salvador se lo llevaron como a tantos otros en Michoacán, en plena avenida principal, con testigos, sin la necesidad del sigilo o la complicidad de la noche, a fin de cuentas, impunidad y miedo son siempre los mejores aliados en estos casos”.⁵⁰

Estas condiciones de impunidad persisten y se confirman en el caso de Zenaida Pulido Lombera, integrante de FCJ -buscaba a su hermano desaparecido en Aquila, de donde eran oriundos-. Fue ejecutada, en julio de 2019, en el tramo costero La Huahua-Pichilinguillo, luego de recibir amenazas por haber denunciado a quienes cometieron la desaparición de su hermano, y “por ayudar a personas que estaban en la misma situación y habían permanecido en silencio”.⁵¹

Hasta agosto de 2019, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNDPED) enlistó mil 269 personas no localizadas en territorio michoacano, de las cuales 54 casos se consideran como delitos del orden federal. Pero los activistas michoacanos cuestionan estas cifras porque no exhiben tal cual “la realidad de uno de los estados más golpeados por el crimen organizado y las propias fuerzas del orden, mediante las desapariciones forzadas”. Las estimaciones -asientan- podrían calcularse en “más de 3 mil personas desaparecidas”.⁵²

Patricia López Rodríguez -integrante del grupo Familiares en Tu Búsqueda Zamora- asegura que la problemática

Está cada vez peor, creo que se está desbordando cada vez más y cuando nosotros salimos a buscar, salimos con ese temor […]. Cuando nosotros estamos buscando a nuestros hijos, no estamos buscando pleito con nadie. A veces somos agredidas o recibimos amenazas. En la última caravana hubo mucha amenaza, mucho hostigamiento, por parte de los municipios donde fuimos pasando. Es mucho miedo, pero tenemos que trabajar porque simplemente nosotros buscamos a nuestros hijos y no estamos haciéndole mal a nadie.⁵³

Por su parte, María Teresa Fuentes Hernández, quien forma parte del grupo ¿Dónde están los Desaparecidos?, reitera que en Michoacán no se cuenta con un registro exacto de desapariciones, debido, sobre todo, a que una importante cantidad de aquéllas no se hacen del conocimiento de las autoridades: “nosotros estamos haciendo un llamado para invitar a las personas que tengan una persona desaparecida a que pongan la denuncia, porque ya es tiempo de no estar callados, porque mientras más pasemos callados menos vamos a saber”.⁵⁴

Y, efectivamente, el objetivo de la michoacana María Herrera Magdaleno, de 71 años, perteneciente a Familiares en Tu Búsqueda, es no callar ante las desapariciones de cuatro de sus ocho hijos en Guerrero y Veracruz entre 2008 y 2010. Al no silenciar su voz sigue exigiendo justicia.

A las autoridades no les importa el sufrimiento de las personas. Nos dicen que ya están buscando, que tendrán una respuesta sobre lo ocurrido; pero son indolentes con nosotros. Ya pasaron tres gobiernos y nadie nos ha ayudado a aliviar este dolor […]. No me quiero morir sin saber dónde están mis hijos. Cada vez me quedan menos fuerzas, me cuesta más trabajo salir a buscarlos y sé que tal vez no me quede mucho tiempo, pero no me quiero ir de este mundo sin saber la verdad, sin tener justicia.⁵⁵

La familia Orozco Medina también exige justicia. De 2008 a 2019 ha vivido al filo del terror cotidiano. María Elena Medina Vargas, originaria de Nuevo Zirosto, no ha parado de buscar a su esposo, Leonel Orozco Ortiz, desaparecido el 3 de julio de 2008:

Inmediatamente después [de la desaparición] mi familia fue despojada de sus propiedades por personas desconocidas que se encontraban fuertemente armadas. Posteriormente, mi hijo, de 17 años de edad, Leonel Orozco Medina […] desapareció el 18 de abril de 2009 […]. Tres años después, otro de mis hijos, Moisés Orozco Medina, de 27 años, quien se encontraba en la búsqueda de su padre y su hermano, también desapareció un 22 de mayo de 2012. Con dolor, tristeza y rabia tuve que salir de la comunidad con mis hijas, constantemente amenazadas por criminales y paramilitares […]. El 11 de enero de 2018, mi hijo José Iván Orozco Medina sufrió un atentado cerca de Peribán por parte de militares […], en diciembre de 2019 falleció. Las madres no queremos estar en esta lucha, pero los gobiernos nos obligan a seguir en la exigencia hasta que tengamos justicia, y eso es lo que hago, no me cansaré hasta encontrarlos.⁵⁶

Mercedes Ruiz González -de FCJ- rastrea a su hijo Guillermo Alejandro Ortiz Ruiz, quien desapareció junto con Vianey Heredia Hernández, su socia en su despacho de abogados, el 29 de noviembre de 2010 en el tramo carretero Lázaro Cárdenas-Apatzingán; iban en camino de atender un caso relacionado con las minas en el puerto. Después de dos años de su desaparición, a fin de cuentas Mercedes Ruiz tuvo acceso al expediente, en cuyo contenido se reportan llamadas telefónicas realizadas desde la Zona Militar de Apatzingán: “Y es por eso que sabemos que en su desaparición estuvieron involucrados los militares. Y aunque he denunciado por todos lados y en todas las instituciones, no me cansaré de pedir justicia hasta ver a los responsables en la cárcel”.⁵⁷

Éstos y otros valiosos testimonios confirman que

la producción de la narrativa de la violencia implica una relación social de reconocimiento y, desde la mirada de las víctimas, de constitución o fortalecimiento de sus cualidades de sujetos políticos y sociales […]. El objeto textual que denominamos narrativa se ve complementado, expandido y activado por un objeto social -una práctica- que llamamos memoria.⁵⁸

Esta práctica puede entenderse como cultura de la memoria, porque se vincula a “fenómenos de terror masivo, genocidios y masacres” y fija “su atención en las víctimas: los perseguidos, los expatriados, los desconocidos, los asesinados, los anónimos”:⁵⁹ los desaparecidos.

Las insuficientes respuestas de las instituciones de gobierno ante el fenómeno de la desaparición

De acuerdo con un diagnóstico de investigación publicado en 2019⁶⁰ sobre el estado de Michoacán en materia política, todavía en pleno siglo XXI son muchas las carencias y limitaciones en cuanto a una cultura política democrática de la que pueda abrevar la población michoacana, pues permanecen estructuras del antiguo régimen corporativo y autoritario. Las ideas democráticas y su transversalidad en la praxis política no se han filtrado mayoritariamente y prevalece el analfabetismo político, amén de la pervivencia de una severa desigualdad socioeconómica. La población michoacana, en su mayoría, vive en los límites de la pobreza. Una minoritaria, pero poderosa oligarquía, concentra el poder económico luego de décadas de políticas neoliberales. Todo ello obstruye el acrecentamiento de una ciudadanía libre, propositiva y democrática.

La alternancia política en Michoacán se realizó con limitaciones a partir de los años noventa del siglo XX, y ha dejado numerosas asignaturas por completar en materia de pluralismo y competencia política. Esa transición formal a un sistema más incluyente y equitativo ha quedado inacabada, y está plagada de obstáculos impuestos por los grupos de poder político y económico en el estado, aglutinados en redes complejas y mafiosas de beneficio mutuo. Los recursos públicos se siguen distribuyendo con inequidad y sin transparencia. Los derechos a la información, la salud, la cultura, la vivienda, la educación, etc., son constantemente atropellados; las políticas públicas son débiles y sin continuidad.⁶¹

Todo ello ha tenido un impacto de dimensiones negativas en la vida social, económica y política del estado, y se ha traducido no sólo en prolongadas desventajas y desigualdades sino, lo que es peor: en una violencia estructural persistente -a veces subterránea y sutil, en muchos casos, explosiva y extrema-, que de distintas maneras afecta a la sociedad en su conjunto, dividida y desorganizada. Todas las formas de violencia están incubadas y filtradas en los cimientos y estructuras del sistema societario del estado de Michoacán.⁶²

La espiral virulenta aún no ha cerrado su ciclo en 2020. A la fecha, y en este marco, el gobierno de Michoacán ha atendido con gran precariedad la catástrofe de los desaparecidos. Las instituciones del estado son muy débiles, burocratizadas, y muchos de sus componentes se han desempeñado consuetudinariamente en escenarios de corrupción. Todo ello impide una justicia expedita y el seguimiento de protocolos rigurosos y con transparencia para encontrar a los desaparecidos.

Las organizaciones de familiares han insistido ante las autoridades estatales en la necesidad de especializar a los servidores públicos (pues es evidente la falta de antropólogos forenses, médicos legistas, agentes del ministerio público, todos con experiencia en el manejo adecuado y el seguimiento ante una detención-desaparición), y capacitarlos en derechos humanos y con perspectiva de género.

A pesar de haberse instituido diversos organismos estatales, los resultados no satisfacen en modo alguno a los familiares de las víctimas, pues son escasos y frustrantes: Fiscalía General del Estado; Fiscalía Especializada para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; Servicio Médico Forense de Morelia y de los municipios restantes en donde se asientan servicios forenses; Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán -establecida como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, apenas el 23 de abril de 2019-;⁶³ y Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

Al revisar sus actuaciones, salta a la vista un objetivo -implícito, alevoso y oblicuo- que se transfunde en todas ellas. Me refiero a la consecuencia primordial derivada de las formas o técnicas de registro de la desaparición de personas. Ovalle y Dorantes ya han explicado que:

desde las formas del registro se hacen explícitas las lógicas de administración política de la violencia. El registro no es exterior al ejercicio de la violencia, sino parte de ella […]. El desdibujamiento de los conceptos y el registro difuso y la falta de certeza en las cifras articulan una finalidad política de control social que pretende deslindar al Estado de responsabilidad. La ausencia de certeza sobre lo ocurrido, que caracteriza a la desaparición forzada y a la desaparición cometida por particulares, se hace extensiva a la forma en que el Estado la documenta.⁶⁴

Las organizaciones de familiares constatan este fundamento. Coinciden en que el fenómeno de los desaparecidos en Michoacán es una realidad falseada en las estadísticas oficiales, pues los hechos les demuestran “una realidad alterna, maquillada o con cifras grises”; además, numerosos casos “no se denuncian por temor, desconocimiento o amenaza”.⁶⁵ Por tanto, al no haber un padrón o base de datos oficial sobre personas no localizadas, desapariciones cometidas por particulares y desapariciones forzadas, existe un vacío en donde las cifras no acaban por cuadrar. “Por ejemplo, en otras administraciones [estatales] los delitos fueron clasificados de manera distinta, pues no todos los casos se acreditan como desaparición, sino como secuestro o privación ilegal de la libertad”.⁶⁶

Además se da la impreparación de los servidores públicos que no integran correctamente las carpetas de investigación o de plano se niegan a levantar las denuncias que exigen los familiares. En no pocos casos, los muertos duran meses sin ser reconocidos porque no hay en Michoacán protocolos ni registros oficiales de víctimas o se han realizado con precariedad. Laura María Orozco Medina -integrante de FCJ- reitera en su testimonio que

los casos documentados por los colectivos de Michoacán no están dentro del registro nacional, […] el gobierno federal tiene […] una labor titánica para unificar todos los registros. Mucha gente no denuncia por temor y porque en la misma Fiscalía del Estado son amenazadas las familias. Se les infunde mucho miedo, o también son perseguidas para que no continúen con el proceso penal.⁶⁷

Increíblemente, además, la Fiscalía General del Estado, en esta misma lógica de ocultamiento y desvanecimiento de la responsabilidad estatal, confunde a la opinión pública asegurando que: “Las principales causas de las desapariciones son los problemas familiares, seguido de conflictos en relaciones de pareja, relaciones personales y, por último, las enfermedades mentales” [sic]. En esta versión adulterada de la realidad michoacana, sólo las desapariciones ocurren en los espacios privados y en las relaciones familiares; por ende, el Estado no tiene culpabilidad alguna.⁶⁸

En noviembre de 2019, los colectivos michoacanos denunciaron los escasos resultados sobre la búsqueda de desaparecidos y la falta de responsabilidad de la Fiscalía General, que no cumple con las normas de búsqueda ni con la identificación de cadáveres ingresados al Semefo. Nada más por poner un ejemplo, entre agosto y noviembre de aquel año, el Comité Ciudadano de Búsqueda de Personas Desaparecidas localizó a tres personas en fosas comunes. A pesar de que con anterioridad se habían levantado las denuncias por desaparición en los tres casos, las autoridades los turnaron a la fosa común sin verificar dichas denuncias ni revisar sus expedientes. Se exigió, por tanto, que el Semefo realizara su trabajo de modo adecuado, con una metodología bien definida y sin dilación, y que además intercambiara información de las bases de datos de su banco de adn con otros estados de la república, “para agilizar los procesos de búsqueda y que las familias no tengan que deambular por otros estados para conseguir información que les lleve a sus familiares”.⁶⁹

En febrero de 2020, nuevamente, numerosos colectivos nacionales y locales alzaron su voz en la capital del estado para denunciar los repetidos entorpecimientos de las autoridades en materia de justicia en casos de desaparición. Durante la realización del XIX Encuentro de Organizaciones que Acompañan Casos de Personas Desaparecidas en México, cuestionaron la falta de una política consistente a nivel nacional y denunciaron

el proceder de autoridades michoacanas competentes en este tipo de casos […] por faltas al debido proceso legal, entre las que enlistan el ocultamiento de expedientes de denuncias presentadas; el impedimento de acceso a las familias a conocer las averiguaciones; la falta de seguimiento a las carpetas de investigación; y que la clasificación de los delitos por casos de desaparición no se remite a las áreas de competencia, como la Fiscalía Especializada para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.⁷⁰

Ante todos estos señalamientos, se confirma que el fenómeno de la desaparición muestra que

la forma en la que el Estado [la] registra […] es una extensión misma de la propia lógica de la violencia. El registro con conceptos vagos y cifras imprecisas que tienden a contabilizar menos casos de los que realmente ocurrieron son estrategias utilizadas para que el fenómeno pase desapercibido y evitando que el actuar del Estado sea cuestionado […], y sin que sea posible identificar que exista una estrategia estatal de represión sistemática […]. El registro documental de las violencias es un índice de la lógica de la propia violencia del Estado, pero también el soporte para el discurso de la negación y la continuación de la impunidad.⁷¹

Además, en aquel Encuentro se acusó “la falta de voluntad política del gobierno del estado para erradicar la problemática de la desaparición y garantizar los derechos de las víctimas”. Las instituciones estatales no siguen con rigurosidad los estándares especificados en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.⁷²

En síntesis, se adujo: “el titular y demás personal de la Comisión Local de Búsqueda no cumplen con el perfil” señalado precisamente en la Ley General, y “no cuentan con experiencia y capacidad para la búsqueda y localización de personas”. Todo ello agravado por la falta de una ley estatal,⁷³ “donde se garantice la participación y satisfacción de colectivos de familiares de personas desaparecidas”, así como su derecho a atención psicológica y necesidades garantizadas por las secuelas emocionales ante la pérdida de sus seres queridos. Por tanto, tampoco se ha garantizado -conforme a los protocolos internacionales- la seguridad de quienes buscan a los desaparecidos en Michoacán, de acuerdo con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas.⁷⁴

Familiares de víctimas coinciden con las afirmaciones de Mercedes Ruiz González, en el sentido de que servidores y funcionarios públicos los criminalizan, pero “no nos van a callar. Les decimos a quienes gobiernan que estamos indignadas, ofendidas, lastimadas, pero no pararemos hasta encontrarlos, no importa cómo”.⁷⁵

En marzo de 2020, integrantes de organismos de familiares de personas desaparecidas en Michoacán sostuvieron una reunión en Morelia con el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) (creada en junio de 2019) y con otras autoridades estatales y federales. Los acuerdos fueron calificados de provechosos, pero su materialización quedó en el aire a consecuencia de la contingencia sanitaria. No se concretaron la organización, la logística ni la coordinación de una campaña mensual itinerante en municipios con alto impacto en desapariciones, con la finalidad de recabar muestras y formular una base de información visual (con prendas, objetos y tatuajes de los cuerpos localizados). Tampoco, hasta ahora (último cuatrimestre de 2020), las autoridades han convocado a las asociaciones de familiares para trabajar conjuntamente en un protocolo homologado en materia de desaparición.⁷⁶

Empero, la resistencia de los buscadores es extraordinaria y mantienen en alto su objetivo. En agosto de 2020 lograron ubicar una fosa más en la localidad de Coahuayana, en la costa michoacana, en donde se encontraron restos óseos de al menos tres personas.⁷⁷

Consideraciones finales

Ante un escenario lleno de obstáculos de todo tipo, es muy incierta la posibilidad de que el gobierno de Michoacán cumpla, en lo que resta de la actual administración de Silvano Aureoles Conejo (2015-2021), la responsabilidad política, ética y moral de localizar a miles de desaparecidos. En última instancia, también es una deuda de gran calado que tiene el Estado mexicano con la ciudadanía, y, en primer término, con las familias de las víctimas.

Las sobrecogedoras cifras manejadas no son la expresión fidedigna de la realidad que las supera con mucho. Marco Antonio Hernández Zaragoza, actual Comisionado de Búsqueda de Personas en Michoacán, afirmó, en enero de 2020: “de 2006 a la fecha se reportaron tres mil 980 desapariciones”.⁷⁸ La calamidad de la desaparición, además, se ha agudizado en los últimos tiempos a causa de la pandemia mundial.⁷⁹

El anhelo de los colectivos de familiares por la aparición de las víctimas se ve constantemente vulnerado por los continuados golpes de la burocracia, la incertidumbre y la ineficacia. Queda expuesta la poca capacidad institucional para atender el fenómeno. Por ende, las familias de los desaparecidos se ven expuestas a la revictimización y a la violación de sus derechos humanos cuando toman la ruta de los caminos de Michoacán en la indagación del paradero de los que ya no están.

El día a día de los buscadores resultan experiencias extremas y dolorosas, pues están enmarcadas en un estado persistente de violencias. Tienen ante sí el desafío de insuflar vida (al buscar y rebuscar en fosas) a quienes no aparecen por un acto de crueldad y exterminio.

El reto que nos impone esta execrable crisis humanitaria, desde la historia reciente, es poder enfocar las historias de vida de mujeres y hombres, su personalidad e individualidad únicas, presas en un tiempo oscuro, subterráneo, ígneo. Es un pasado vivo, pues

Es el que forma parte de los recuerdos de muchos y que su carácter dramático convierte en un problema moral duradero para la conciencia nacional. Se trata de hechos violentos y moralmente graves que […] provocaron sufrimiento [...]. Ese pasado no sólo vive en los recuerdos íntimos y en la memoria de círculos restringidos, sino que es parte del recuerdo social.⁸⁰

Al introducir el concepto de historias de vida abierta, redimo, desde la memoria, la posibilidad de enlazar el pasado en el presente. Las voces, los rostros y la filiación de los desaparecidos -recordados sin cesar, día a día- resultan ser juegos de espejos que logran retrotraer el pasado al presente, perfilando su esencia humana.

La rememoración constante de las familias de las víctimas es el sostén y el disparador simbólico que alimenta la prefiguración y la corporalidad de los ausentes. Por ende, sus exigencias por la presentación de los desaparecidos, son evocadores trabajos memorísticos insertados en una lucha memorial del tiempo presente.