Estado

 

Jalisco: democracia electoral con déficit de legitimidad política¹

 

Marco Antonio Cortés Guardado* y Ismael Ortiz Barba**

 

* Profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara. México. mcortes@cencar.udg.mx

** Alumno de la Licenciatura en Sociología, CUCSH-Universidad de Guadalajara. México

 

Fecha de recepción: 26 de julio de 2006
Fecha de aceptación: 16 de agosto de 2006

 

Resumen

En este artículo se explora la configuración del sistema electoral de Jalisco, analizando las consecuencias institucionales y políticas de las reformas electorales y el reacomodo en las relaciones de poder. Particularmente, saca a la luz una aparente paradoja: mientras más competida y equitativa es la competencia electoral, y más equilibrada la representación política, crecen también los sentimientos de desafección de los jaliscienses en relación con la política y sus componentes. La modernización política del estado, acompañada de mayor democracia, redunda curiosamente en una legitimidad menguante, en mayor desconfianza hacia la política, así como en índices decrecientes de participación electoral.

Palabras clave: reforma electoral, comportamiento electoral, representación política, desafiliación política, legitimidad menguante.

 

Abstract

This article examines the configuration of the electoral system of Jalisco, analyzing institutional and political consequences of the electoral reforms and the readjustment in the power relations. Particularly, it brings an apparently paradox to light: the more competed and equitable the electoral competition and the more balanced the political representation are, the more Jalisco people's opposition grows in relation to politics and its components. Political modernization of the state, accompanied by greater democracy, curiously redounds in a decreased legitimacy, more distrust towards politics, so as a decrease in the electoral participation.

 

Introducción

Los sistemas electorales tienen como propósito fundamental formar gobiernos a partir del voto ciudadano. En este trance, buscan procurar la legitimidad de los liderazgos y del sistema político. Para alcanzarla, todo sistema electoral debe colmar dos objetivos clave: a) establecer una proporcionalidad lo más exacta posible entre votos y representación política, y b) constituir mayorías claras y consistentes que garanticen la gobernabilidad (Hurtado, 1999; Nohlen, 1994; Bosch y Vallés, 1997). Todo ello encuadrado en un sistema de gobierno particular que, junto con variables históricas y sociales determinadas, configuran un sistema de partidos que "es un factor decisivo respecto a los resultados que exhiben y las apreciaciones valorativas que merecen los elementos institucionales" (Nohlen, 1996: 84).

En el diseño de un sistema electoral determinado, nada garantiza que se alcance un ajuste exacto de la representación a la fuerza electoral de los partidos políticos, que se alcancen las condiciones óptimas para la gobernabilidad o que la legitimidad del sistema esté completamente garantizada.

El sistema político electoral de Jalisco ha venido cambiando como su homólogo nacional o el resto de las entidades federativas, más o menos al mismo ritmo y en la misma dirección. Este cambio ha sido gradual pero consistente, aunque permanece incompleto y en varios aspectos desfigurado. De la misma manera, la transición democrática se ha venido hilando, como en el resto del país, alrededor del voto ciudadano, por medio del rediseño progresivo de las reglas del juego electoral y con la finalidad concreta de permitir la participación equilibrada de los distintos partidos con presencia electoral en el estado.

A más de una década de las principales reformas, cabe preguntarse por los saldos de la democratización política en la entidad, cuáles son positivos y cuáles revelan nuevos problemas. En lo que sigue, habremos de intentar responder a esas interrogantes analizando las dimensiones de la competencia y competitividad, su incidencia en la formación del sistema de partidos, la proporcionalidad entre niveles de votación y cargos de elección obtenidos, la participación cívica y la legitimidad política. Como veremos, el balance es de claroscuros: algunos saldos son satisfactorios y otros no tanto.

 

Reformas electorales y consecuencias institucionales

En virtud de que el voto ha sido el catalizador del cambio político, y que alrededor de las elecciones se ha ido articulando el proceso de transición y consolidación democrática en Jalisco —como en México—, es menester centrar cualquier análisis del cambio institucional en las reformas constitucionales de índole electoral y en los ajustes llevados a cabo en las instituciones reguladoras correspondientes.

Consideramos que en la evolución de la normativa electoral se plasma la relación de fuerzas, la perspectiva política de los actores y un aprendizaje colectivo previo y en curso. Por medio de la acción legislativa, las reglas electorales pueden ser vistas como el fruto de una elección social (Colomer, 2001)² que en el estado se ha ido constituyendo de manera intermitente, a veces acumulativa y otras tantas de forma inarticulada. A grandes rasgos, se trata de una forma de elección en la que han pesado mucho los intereses tanto del partido en el gobierno como de los partidos y la clase política en general.

Sin lugar a dudas, el sistema electoral de Jalisco es hoy más democrático, equitativo, competido y transparente. No obstante, subsisten algunos vacíos, deficiencias y anomalías bastante significativas, debido principalmente a que las reformas sucesivas han seguido una ruta accidentada, realizadas prescindiendo de una concepción coherente y estructurada, y porque han cancelado la posibilidad de una genuina evolución jurídica progresiva.

A lo largo de las últimas dos décadas se han dado cinco reformas electorales importantes en Jalisco. Nuestro punto de partida es la ley electoral vigente hasta 1979. A partir de ella, y con el proceso de reforma federal de las normas y las instituciones electorales, se observan, de acuerdo con el ritmo, tres tipos de reformas en el estado: atrasadas, en tiempo y anticipadas.

La primera reforma electoral significativa en el estado (1980) fue la que, siguiendo tardíamente la iniciativa federal en la materia (16 años después), introdujo la figura de los "diputados de partido"³ (seis de un total de 26). Posteriormente, en 1989 estos diputados son sustituidos, otra vez a destiempo, por los de representación proporcional (RP) y su número se incrementó a 14, conservando los 20 de mayoría vigentes desde la ley anterior. La lógica de empezar cediendo cuotas de poder a la oposición política partidista, en vez de abrir el sistema electoral a la impronta ciudadana, marcó el destino del sistema electoral tanto federal como de los estados de la República. Esta primera elección de partida marcaría el sentido de la evolución posterior del sistema electoral en Jalisco, como en México (Sánchez Susarrey, 2005).

Esa lógica se mantuvo, aunque de manera menos evidente, en la siguiente reforma realizada en Jalisco en 1994. Al contrario de las dos anteriores, ésta se llevó a cabo en tiempo y abarcó un amplio rango de cuestiones. Por su amplitud, ella le imprimió un giro importante al sistema político de Jalisco, tanto que esta vez las reformas y adiciones incorporadas permiten hablar de una cirugía mayor, aunque sin cancelar por completo el legado genético de la especie legal originaria ni modificar la impronta de las primeras reformas.

Para ese año cabe destacar los siguientes cambios: la calificación de la elección y la resolución de impugnaciones y querellas dejó de ser una atribución del Congreso local, para ser adjudicada a un organismo jurisdiccional recién instituido, el Tribunal Electoral. La organización del proceso y la jornada electoral pasó a manos de un Consejo Electoral ciudadanizado.⁴ La nueva ley contempló el registro de partidos políticos estatales y se actualizó la normatividad en materia de coaliciones electorales. En el ámbito de la representación política, se introdujo la figura de los regidores de RP en los ayuntamientos de Jalisco y los diputados de RP en el Congreso del Estado se incrementaron hasta 17 escaños (con la permanencia de 20 de MR). Estos cambios permitieron constituir el marco jurídico e institucional adecuado para la elección del año siguiente, la cual marcó un punto de inflexión en la historia política del estado. Se trató de reformas acordadas en el tiempo y la circunstancia adecuados.

A partir de 1997,⁵ a raíz de la obligación contemplada en la reforma constitucional federal del año anterior, se han venido aprobando iniciativas de distinto calibre.⁶ Varias de ellas han sido importantes, como la utilización de la credencial de elector y el listado nominal con fotografía, o más recientemente la modificación del calendario electoral (en 2002), para dar lugar a la concurrencia de la elección local con las elecciones federales. También se redujo el tiempo de campañas a tres meses y se estableció la prohibición de propaganda y promoción gubernamental 30 días antes de la elección.

Otras reformas, por su parte, han significado anticipaciones y avances con relación a la legislación federal. La ampliación del número de diputados de RP en 1994 incrementó el peso relativo de éstos en el Legislativo local, hasta 45.9% de las diputaciones, contra 40% que a nivel federal ha permanecido sin cambio. La posterior reforma de 1997, ya con los panistas en el gobierno, ampliaría más este porcentaje, hasta empatar el número de escaños de RP y de MR, con 50% para ambos principios, en un congreso compuesto por 40 legisladores. De hecho Jalisco es, hasta hoy, la única entidad federativa que tiene esta relación equilibrada entre diputados de MR y RP.⁷

Jalisco también se anticipó al resto del país (con la salvedad de Chihuahua y San Luis Potosí) al aprobar el establecimiento de las tres figuras de la democracia directa más socorridas: iniciativa popular, referéndum y plebiscito.⁸ También fue el primer estado en el que se presentó una iniciativa ciudadana para legislar en torno a la violencia intrafamiliar.⁹

A pesar de las limitaciones del proceso aquí compendiado, cabe reconocer que al buscar garantías de imparcialidad, equidad y proporcionalidad, los partidos abrieron también un círculo virtuoso de generación de derechos políticos de los ciudadanos, y de garantías cada vez más precisas para que la voluntad ciudadana expresada en las urnas se respetara. Estas garantías le dieron fuerza a la "insurgencia cívica" de 1995¹⁰ que aceleró el proceso de alternancia en cascada en los diferentes niveles y órdenes de gobierno.

 

Saldos electorales

Competitividad electoral

Uno de los principales saldos favorables de la evolución del sistema electoral de Jalisco ha sido la realización de procesos electorales cada vez más reñidos y competidos, lo que ha incrementado a su vez la incertidumbre típica de una elección democrática. La competitividad creciente es una sana señal de que el marco institucional en Jalisco ha venido propiciando procesos electorales crecientemente abiertos, imparciales y equitativos.¹¹ Revela una transformación importante del sistema de partidos y es también un indicador, en principio adecuado, de la formación de ofertas políticas relativamente influyentes, sometidas a la evaluación ciudadana, así como de electores más atentos y con una amplia libertad para elegir la opción de su preferencia, o elegir ninguna.

Al observar el cuadro 1, lo primero que salta a la vista es el diferencial de partida en la competitividad electoral de Jalisco comparada con el índice correspondiente al país en elecciones federales. Para 1982, las elecciones locales de Jalisco eran considerablemente más competidas que las elecciones federales, tanto las de gobernador, comparadas con las de presidente, como las de diputados locales, comparadas con la elección de diputados federales.¹²

En segundo término, es evidente que los índices de competitividad electoral correspondientes a Jalisco han superado los nacionales en la mayoría de las elecciones (salvo en las de 2006, donde se observó mayor competitividad en las elecciones federales). Esto sugiere que en Jalisco, al menos a partir de 1982, se empezaron a constituir enclaves opositores a una velocidad mayor que a nivel federal, y ello contribuye a explicar por qué Jalisco fue el cuarto estado de la república con un gobernador surgido de la oposición.

En el periodo se observan dos saltos importantes en la evolución de la competitividad: los que ocurrieron en las elecciones de 1995 y luego en las del año 2000. La reforma electoral de 1994 rindió frutos evidentes en el corto plazo, pero no por ello significó la caída de un partido hegemónico para dar lugar al arribo de otro del mismo signo.¹³ Por ello las elecciones han ganado en competitividad, incluso con mayor intensidad después de 1995. A partir de este año, por otra parte, se abrió una dinámica de alternancia política de ida y vuelta en el orden municipal y en los comicios legislativos, mientras que en el ámbito de la elección de gobernador el margen de victoria con que el PAN ha refrendado la gubernatura en 2000 y en 2006 se redujo significativamente, en comparación con 1995.

 

Alternancia de ida y vuelta

La alternancia en el poder sin rupturas institucionales, que es lo propio de un régimen democrático, constituye otro de los saldos más connotados de la evolución electoral de Jalisco.¹⁴ Esto permitió que el partido antes hegemónico aprendiera de la derrota y se adaptara a la nueva circunstancia democrática, mientras que enseñó a la oposición cómo arribar al poder, cómo ejercerlo, cómo conservarlo y también cómo perderlo civilizada y pacíficamente. La alternancia en Jalisco ha seguido un curso bastante peculiar, probablemente atípico, en cuestión de alternancia política. Mientras que en la titularidad del Ejecutivo del estado el PAN se ha erigido vencedor por tres ocasiones consecutivas, se trata de una entidad federativa con procesos ininterrumpidos de alternancia de ida y vuelta en lo que toca al Congreso estatal, movimiento que parece estar iniciando también en la elección de munícipes. Existe un comportamiento pendular donde el PAN logra predominar cuando se elige gobernador, mientras que el PRI predomina en las elecciones intermedias (cuadros 2 y 3).

Hasta 1995 el PRI no tenía contendiente en la elección de gobernador, ganaba los 20 distritos electorales y casi la totalidad de los 124 ayuntamientos de Jalisco. Para ese año el PAN le dio un vuelco al panorama político de Jalisco pues ganó la gubernatura junto con 17 de los 20 distritos de mayoría, y aunque no ganó la mayoría de los ayuntamientos, se quedó con 51 de ellos. En 1997 el PRI tuvo una recuperación espectacular: logró el triunfo en 11 distritos electorales de mayoría, arrebatándole ocho distritos al Partido Acción Nacional, que se alzó con el triunfo en los nueve restantes. En las elecciones municipales el PRI se reafirmó como partido mayoritario, ganando 57% de los ayuntamientos, y dejando al PAN apenas 32% de las presidencias municipales (mientras que el PRI recuperó siete alcaldías para llegar a 71, el PAN obtuvo 11 menos, para quedarse con 40). En las elecciones de 2000, sin duda bajo el influjo del proceso electoral federal, el escenario de Jalisco da otra voltereta y reedita lo acontecido en 1995. El PAN refrenda, aunque en forma muy apretada, la titularidad del Ejecutivo del estado, y además gana 14 distritos de mayoría (tres menos que en 1995, pero cinco más que en 1997) y 50 ayuntamientos. El PRI se queda con seis distritos (cinco menos que en 1997, pero tres más que en 1995), y con el mismo número de municipios que ganó en 1995 (64). En las elecciones intermedias (y concurrentes con las elecciones federales, por primera ocasión en Jalisco) del año 2003 se da otro nuevo vuelco a favor del PRI y en desmedro del PAN, pero esta vez concentrado el movimiento en la elección de diputados locales. Como el PAN en el año 2000, esta vez el PRI obtuvo la victoria en 14 distritos, mientras que Acción Nacional debió conformarse con triunfar solamente en los seis restantes, el número más bajo en todo el periodo que va de 1995 a 2003. En la elección de munícipes el PRI conservó una mayoría relativa de los ayuntamientos, a pesar de que perdió tres; el PAN mantuvo los mismos 50 conseguidos en el año 2000. Confirmando la tendencia aquí descrita, el PAN se recupera en las elecciones de 2006, incluso superando el récord obtenido en las elecciones seminales de 1995. El PAN ganó la gubernatura con una diferencia porcentual mayor a la que obtuvo en 2000, arrasó con 19 distritos de mayoría, al tiempo que le arrebató al PRI, por primera vez, el liderazgo en cuanto a número de municipios se refiere (63 contra 46).

 

Enclaves electorales

El relativamente intenso movimiento de alternancias entre 1995 y 2006 no implica la inexistencia de enclaves electorales más o menos firmes para los principales partidos políticos de Jalisco. Lo interesante, en todo caso, consiste en observar que mientras el PAN tiene un mayor número de enclaves firmes en las elecciones legislativas, el PRI los obtiene en las elecciones municipales.

El PAN ha ganado en todos los distritos alguna vez al menos, y se ha levantado como triunfador en cuatro distritos todas las elecciones para diputados locales verificadas desde 1995 (cinco ocasiones), mientras que ha ganado cuatro elecciones en otros tres distritos. Por su parte, el PRI no ha ganado ningún distrito por cinco ocasiones consecutivas, pero a cambio se ha levantado con el triunfo dos veces en siete distritos.

El PRI compensa esta circunstancia con una presencia más sólida en un mayor número de municipios. Este partido ha ganado todas las elecciones, desde 1988, en cuatro municipios y ha ganado otros 22 ayuntamientos en seis ocasiones cada uno: 29 en cinco, 34 en cuatro y 20 en tres ocasiones (véase cuadro 5). EL PRI ha perdido todas las elecciones desde 1995 en sólo dos municipios, contra 17 perdidos por el PAN en todos los procesos electorales del periodo.

 

Saldos institucionales: pluralismo moderado con tendencia al bipartidismo

El análisis de las consecuencias institucionales del régimen electoral de Jalisco es importante en un punto especial: el de sus efectos en el plano de la configuración de la representación política y en las condiciones que ella ofrece para la gobernabilidad democrática.

El análisis anterior ha empezado a delinear otra característica importante del sistema electoral de Jalisco: su moderado pluralismo y una tendencia bastante nítida hacia el bipartidismo. Si esta última tendencia no ha cristalizado definitivamente es gracias a los límites institucionales que la ley electoral de Jalisco le impone, particularmente en el rubro de la representación proporcional, pero en parte gracias también a la volatilidad electoral que ha caracterizado a Jalisco en el periodo aquí analizado. Subsiste una tensión manifiesta en el estado entre los factores que jalan hacia un mayor pluralismo y los que refuerzan la tendencia bipartidista.

La fórmula electoral¹⁵ prevaleciente en Jalisco, es decir, el sistema mixto de representación, fue diseñada para garantizar espacios a la pluralidad política y, al mismo tiempo, producir mayorías claras y contener los riesgos de ingobernabilidad. No debemos olvidar que Jalisco tiene el sistema mixto más equilibrado del país, pues distribuye en un 50/50 los escaños de MR y RP. Pero tampoco debe pasarse por alto que es uno de los 10 estados de la República que mantienen vigente la cláusula de gobernabilidad. Por otra parte, la legislación electoral ha oscilado entre flexibilizar o endurecer los requisitos para el registro de partidos políticos o el umbral electoral para acceder a las diputaciones. En la actualidad Jalisco tiene reglas que se sitúan en un punto medio con un umbral estipulado de 2%.¹⁶

Como se observa, Jalisco ofrece condiciones más o menos adecuadas para alentar el pluralismo, producir equilibrios en la representación y disminuir los riesgos de ingobernabilidad. Cabe preguntarse, de todos modos, ¿cómo ha funcionado este diseño electoral? ¿Refuerza el pluralismo político? ¿Cómo influye en la configuración del sistema de partidos? ¿Facilita la proporcionalidad en la distribución de cargos?

Atendiendo al pluralismo político en primer término, medido por el número efectivo de partidos electorales (NEPE) y parlamentarios (NEPP), vemos que en lo que toca al primer indicador (NEPE), Jalisco oscila entre el bipartidismo en unas elecciones y el tripartidismo en otras; mientras que en lo correspondiente al segundo (NEPP) se observa un constante crecimiento, lo que significa una tendencia más consistente hacia el tripartidismo, confirmada en las elecciones de 2006,¹⁷ cuando por primera ocasión el PRD contó con cuatro diputados en el Congreso local.

Las nuevas condiciones electorales en Jalisco están configuradas por la evolución reciente de la competitividad y el número de partidos, pero también por otro indicador importante: la fragmentación electoral y parlamentaria.¹⁸ La fragmentación electoral y parlamentaria del estado se ubica en un rango medio, comparada con la del resto de los estados de la República (Hernández Norzagaray, 2003). Hasta cierto punto, la fragmentación en Jalisco permite corregir la concentración del voto y las tendencias bipartidistas evidenciadas en la entidad, y aunque teóricamente ello podría dificultar la gobernabilidad (Hurtado, 1999), éste no ha sido un problema grave en la entidad.

Como se observa en el cuadro 6, la creciente competitividad política en el estado se ha venido acompañando de un crecimiento paralelo de la fragmentación electoral, aunque no simétricamente. Un crecimiento más pronunciado, y hasta cierto punto más simétrico con el de la competitividad, es el que se observa en la evolución del índice de fragmentación parlamentaria (IFP), que pasó de 0.391 en 1980 a 0.606 en los comicios del año 2006. Cabe aclarar que los índices de fragmentación parlamentaria están por debajo de la electoral por efecto de varios factores: el umbral mínimo para acceder a la repartición de escaños, la cláusula de gobernabilidad y el número cerrado de diputaciones proporcionales.

Obviamente la gobernabilidad ha tendido a complicarse por esta circunstancia, pero, como señalamos, visto que no es una fragmentación muy alta, tampoco han producido condiciones netas de ingobernabilidad en la última década. La consecuencia ha sido más bien la de un Ejecutivo estatal acotado, que está obligado a negociar continuamente con el Poder Legislativo. En todo caso, también es cierto que ello ha dado pie para que distintos proyectos importantes para Jalisco se politicen en extremo y los partidos intenten capitalizar sus apoyos guiados por objetivos netamente partidistas.

Con todo y las ventajas comparativas que pareciera tener el régimen electoral de Jalisco, hay barreras políticas e institucionales que impiden traducir mejor los votos en escaños. Una de las más importantes es sin duda la "cláusula de gobernabilidad", que funciona más como un factor de distorsión de la fórmula electoral, y por tanto de desproporcionalidad que como lo que se supondría que es: una herramienta instituida para garantizar la formación de mayorías parlamentarias claras. Hasta ahora, tan sólo en la Legislatura LYI, y en la próxima LVIII, el PAN ha logrado esa mayoría. Aunque se observa una clara tendencia hacia su disminución, la sobrerrepresentación subsiste como una constante en el Congreso local.

Hasta antes de 1995 el partido más beneficiado por la sobrerrepresentación parlamentaria fue evidentemente el PRI, mientras que a partir de 1995 el beneficiario ha sido PAN (salvo en la LVII Legislatura). Los partidos minoritarios han tenido siempre índices de subrepresentación, y éste es también el caso del PRD, partido que sólo en la LIII Legislatura consiguió una relación de proporcionalidad favorable a su causa.

En fin, en los datos aquí presentados se pueden advertir el acomodo, a veces fortuito, de tendencias que a primera vista parecen contradictorias. La ley electoral vigente no permite una proporcionalidad más adecuada, más exacta entre porcentajes de votación y porcentaje de escaños legislativos, pero tampoco produce una desproporcionalidad exorbitante. Por otra parte, la tendencia al bipartidismo ha sido, a su vez, un contrapeso contra la desinstitucionalización que podría derivar de la alternancia tan intensa junto con la volatilidad y la fragmentación electoral que le acompañan. Al mismo tiempo, la subsistencia persistente de un pluralismo moderado ha impedido la polarización política de Jalisco.

Es evidente que se trata de equilibrios hasta cierto punto precarios. Lo más inconveniente, sin duda, son los intersticios y anomalías políticas que se abren y multiplican en esta circunstancia, y que entre otros aspectos estimulan la politización constante de los principales temas de la agenda pública del estado, la supervivencia de zonas donde priva la discrecionalidad política y la falta de apego a la legalidad en unos casos, y en otros a una ética pública más conveniente; en general propician la incertidumbre en varios aspectos de la vida política del estado y en otros dan pie para el chantaje y la corrupción.

 

Consecuencias políticas: legitimidad menguante

Es difícil establecer un balance conclusivo entre los cambios institucionales y los saldos electorales positivos del sistema electoral de Jalisco, por una parte, y los vacíos y contradicciones jurídicas existentes, por otra, pero se puede establecer que este sistema es indudablemente más equitativo, transparente, competido y, en suma, más democrático. En pocas palabras, se han obtenido ganancias significativas con el régimen electoral vigente en el estado. No obstante, algunos indicadores importantes permiten inferir que la democratización no se ha visto acompañada, en el mediano plazo, de una mayor legitimidad de las instituciones, los actores y los procesos electorales. Más bien pareciera estar ocurriendo lo contrario.

 

Apoyo a la democracia

Pero antes de pasar al análisis de esos indicadores, es menester dejar establecidos algunos rasgos sobresalientes de la identidad política de los jaliscienses. Independientemente de las creencias y opiniones que éstos tengan acerca del funcionamiento del sistema político electoral, existen actitudes muy claras, suficientemente sedimentadas en la psicología política de la ciudadanía, a favor de la democracia como forma de gobierno.

Prácticamente las tres cuartas partes de los jaliscienses concuerdan con que la democracia es la "mejor forma de gobierno". Considerando la última década (periodo de democratización más intensa en el estado), el apoyo a la democracia se ha mantenido en ese nivel, aunque tuvo una caída sensible en 1999, cuando de todos modos sumaba las dos terceras partes de los entrevistados. Una encuesta realizada en 2005 revela que el apoyo a la democracia tuvo una recuperación considerable, llegando hasta 72.3%, que prácticamente se situó al mismo nivel que el año 1997 (75.3%). Considerando la serie de datos del cuadro 8, podría establecerse que éste es con toda probabilidad un umbral mínimo que sería difícil de rebasar, salvo quizá en circunstancias excepcionales. El apoyo a la democracia tiene un consentimiento del 71% promedio de la ciudadanía durante el periodo 1997-2005. Se trata, hay que subrayarlo, de un soporte mayor que el correspondiente al país en su conjunto. En México los porcentajes de quienes consideran a la democracia la mejor forma de gobierno sumaron tan sólo 52 y 57% en 1990 y en 2000, respectivamente (Cortés Guardado, 2005), de acuerdo con la Encuesta Mundial de Valores. Por su parte, el Latinobarómetro reporta porcentajes de apoyo a la democracia del orden del 52, 51 y 53% para 1997, 1998 y 2004, respectivamente.

Es preciso dejar establecido lo anterior, porque es bastante probable que las secuelas de la operación del sistema electoral en términos de su legitimidad política, no necesariamente socaven, o no directamente al menos, las convicciones democráticas de la ciudadanía.¹⁹ La distancia entre el ideal normativo que estaría en el imaginario ciudadano y el desempeño efectivo de los distintos componentes políticos del régimen político-electoral, más democrático, indudablemente, pero con fallas de funcionamiento, sería un rasgo persistente en el imaginario político de los jaliscienses.

No obstante, existe un campo de las actitudes de los jaliscienses donde es evidente un deterioro progresivo de la legitimidad del sistema electoral que se ha venido construyendo en la década pasada. Hay que insistir en que los cambios positivos que lo han caracterizado son innegables, lo mismo que las consecuencias institucionales no deseadas. Pero el deterioro mencionado no parece corresponderse con el movimiento progresivo de reformas ni con la democratización de fondo del sistema, a pesar de los defectos en el diseño existente. Estos problemas de legitimidad se hacen evidentes cuando se analizan las dimensiones que a continuación abordamos.

 

Sentimientos de eficacia política

Los sentimientos de eficacia política constituyen una dimensión fundamental, y nos interesa destacarla en el análisis subsiguiente porque ella influye decididamente en diversas actitudes de los ciudadanos hacia el sistema político-electoral. Pensamos que estos sentimientos influyen en el grado de disposición a participar en los asuntos públicos, en la identificación partidaria y en la confianza que les otorgan a las autoridades gubernamentales.

La eficacia política se puede definir como los sentimientos y las creencias que tiene el individuo, en el sentido de que: a) puede influir en el gobierno por medios adicionales al voto, y b) que las autoridades públicas son sensibles a sus reclamos y la escuchan.²⁰ El primer sentido se denomina "eficacia interna", mientras que el segundo se etiqueta como "eficacia externa" (Abramson, 1987).²¹

En el cuadro 8 se reporta la evolución que han tenido los índices de eficacia política de los jaliscienses entre 1997 y 2005.²² A grandes rasgos, se puede decir que los jaliscienses tienen una eficacia política media baja; estamos hablando de una media aritmética de 0.846, pero se sitúan en un nivel más o menos cercano al punto medio de la escala (esto es al 1, en la escala de 0 a 2). No es una eficacia desproporcionadamente reducida, si se considera la que caracteriza a otros países con democracias más consolidadas (Montero, Gunther y Torcal, 1999), y que ronda unos índices bastante similares. Como sea, se puede constatar que el sentimiento global de eficacia política se fortaleció en el año 2005, llegando a un nivel ligeramente superior al índice correspondiente a 1997, y luego de haber descendido considerablemente en los años 1999 y 2002. Las variaciones en el índice agregado se explican principalmente por las variaciones más que marcadas en lo que corresponde a la "eficacia externa", toda vez que las respectivas variaciones de la "eficacia interna" fueron mucho menos pronunciadas.

Además, como se observa, si por una parte la "eficacia interna" descendió de 0.845 en 1997 hasta 0.827 y 0.809 en 1999 y 2002, respectivamente, luego se levantó hasta un nivel superior al primer año de registro para llegar a una media de 0.934; con la eficacia externa ocurrió precisamente lo contrario: la eficacia externa cayó de 0.806 en 1997 a 0.638 y 0.620 en 1999 y 2002, respectivamente, y también se recuperó en 2005, pero lo hizo a un nivel marcadamente inferior al de 1997. Este último dato, como veremos, es bastante significativo.

¿Cómo interpretar estas cifras? Creemos que una respuesta se puede obtener refiriendo sumariamente las causas que promueven los sentimientos de eficacia política. Un ciudadano se siente influyente como fruto de circunstancias sociales o atributos psicológicos. La socialización política inicial (durante la infancia y la adolescencia), el grupo social de pertenencia, la posición económica o la subcultura a la que se adscribe, son factores sociales que pueden incidir en la formación de sentimientos de eficacia política. En este mismo sentido pueden operar factores de otra índole, como la educación del sujeto, la inteligencia, los intereses de vida o la experiencia política previa.²³

Pero a nosotros nos interesa destacar la influencia de los factores políticos, a los que consideramos fundamentales para explicar la baja eficacia política externa de los jaliscienses. De singular importancia nos parece la relación percibida del ciudadano con distintos elementos de sistema político-electoral. En este sentido, las virtudes o deficiencias del sistema electoral, como marco institucional de la experiencia política ciudadana, constituyen factores que promueven u obstaculizan los sentimientos de eficacia política. De cualquier manera, lo que resulta evidente es que el proceso de democratización en Jalisco pudo haber producido un salto inicial en los sentimientos de eficacia política de los ciudadanos, pero luego de este salto esos sentimientos disminuyeron notoriamente para recuperarse luego, pero no mucho más allá del nivel que tenían en el primer año de registro. La clave para encontrar la causa más probable de este fenómeno radica en la diferencia que existe entre los niveles de eficacia interna y los correspondientes a la eficacia externa. Como se observa, la menor distancia entre ambos ocurrió a dos años de la primera alternancia en Jalisco (las elecciones de 1995), cuando la relación entre ambos tipos de eficacia fue casi de uno a uno. Posteriormente la distancia entre ellas se ahonda: la distancia observada en 1997 (0.039) se multiplica por 6 en 1999 y 2002 (0.189), y luego por 5 en 2005 (0.154).

Es bastante probable que el entusiasmo propio de la "insurgencia cívica" en 1995 persistiera hasta 1997, para decaer en los años posteriores y hasta la fecha. Además, fueron los años de mayor legitimidad del nuevo gobierno, encabezado por un político joven, con un peculiar carisma y un estilo personal fresco y a veces campechano de ejercer la política. Su gobierno no fue del todo eficiente, pero sí fue un gobierno con el que se identificó la población y al que sintió cercano y accesible. Cabe recordar que a la mitad del sexenio de Alberto Cárdenas que la distancia entre la eficacia interna (el sentimiento de que se puede influir) y la eficacia externa (el sentimiento de que el gobierno reacciona a la influencia de uno) fue la más baja del periodo.

El endémico sentimiento de alienación y distanciamiento político del ciudadano en relación con el gobierno reapareció casi al final del sexenio de Cárdenas y se mantiene vigente hasta la actualidad, incluso a pesar de que los ciudadanos de Jalisco se sienten hoy políticamente más competentes. La democracia no ha dotado a Jalisco de una mejor clase política ni de un gobierno más eficaz y responsable, y ello se refleja en las competencias ciudadanas de súbdito, para llamar de otra manera a la eficacia externa (Almond y Verba, 1970; Cortés, 2005).

 

Importancia de la política y participación cívica: del desafecto a la abstención electoral

Los síntomas de una deslegitimación política en curso del sistema electoral de Jalisco, no se agotan ciertamente en la percepción de que los funcionarios públicos no toman en cuenta al ciudadano o que aquéllos son impermeables a la capacidad de influencia política de éste. La política misma está sujeta a un proceso de desvalorización que, como se verá, puede considerarse un verdadero motivo de alarma.

Luego de alcanzar un nivel más o menos aceptables en 1997, la importancia que los jaliscienses conceden a la política cayó drásticamente para el año 2005. Considerando solamente a quienes la consideran "muy importante", de una suma de 15.2% en 1997, la "intensidad" de la importancia de la política descendió hasta 8.1% en el 2005. La profundidad de esta caída se suaviza un tanto si se suman quienes la consideran "muy importante" e "importante", segmento que pasó de 50 a 37.6%; esto es, un descenso menos pronunciado, pero no por ello menos espectacular. En conjunto, el índice de importancia de la política descendió, en 2005, casi a la mitad del índice correspondiente a 1997 (de 1.03 a 0.61). La responsabilidad de esta caída corresponde al descenso combinado de quienes la consideran "muy importante" junto al alza abrupta de quienes la consideran "nada importante".

Por más improbable que pareciera, todavía más impresionante es, sin embargo, la caída del "interés" de los jaliscienses en la política, en el lapso de apenas tres años. La disminución es tanto en intensidad como en volumen, por decirlo de alguna manera. Quienes manifiestan "mucho interés" por los asuntos políticos pasaron de sumar 19.5% en 2002, a 10.4% en 2005, una reducción a casi la mitad del total correspondiente al primer año. Más amplia fue, sin embargo, la disminución de quienes tienen "bastante interés", al sumar en 2005 apenas la tercera parte del porcentaje correspondiente al año 2002 (11.3% contra 31.7%). En total, quienes manifiestan tener "poco y nada" de interés se elevaron de 48.7% en 2002 a 71.2% en 2005, un crecimiento descomunal para efectos prácticos (con el "poco" siendo el principal responsable del ascenso).

Como es de suponer, los sentimientos de eficacia influyen palmariamente en la importancia que se le concede a la política en Jalisco, sobre todo de manera más aguda en el caso de la eficacia interna. La política es importante en mucho mayor grado para quienes tienen una alta eficacia interna (65%) que quienes la tienen baja (44.5%); estamos hablando aquí de una diferencia de 21 puntos porcentuales.

No es ése el caso de la eficacia externa, que aunque influye evidentemente, lo hace en menor medida. La diferencia entre el segmento bajo y el alto es, en este caso, de apenas 11 puntos porcentuales. Queda patente, también, que en los segmentos medio y alto de eficacia interna es mayoritario el número de quienes consideran importante la política, mientras que en los tres niveles de eficacia externa son minoritarios quienes le atribuyen alguna importancia. Es decir, la eficacia interna es una variable determinante para incubar, o no, interés y atracción por la política.

Como consecuencia, no es difícil inferir que nos encontramos frente a un claro fenómeno de desafección hacia la política por parte de los ciudadanos de Jalisco, que se expresa en una importancia menguante dentro de los intereses vitales de las personas y en un desinterés craso por ella. Se trata de un fenómeno que, ciertamente, no es ajeno a prácticamente ninguna de las democracias en el mundo. Pero las magnitudes que observamos para Jalisco son, a nuestro juicio, excepcionales. Estamos hablando de una sociedad que protagonizó una fase de "insurgencia civil" bastante llamativa hace apenas una década, y que hoy da muestras claras de fastidio, insatisfacción e incluso alienación política, pero no, ciertamente, de falta de convicciones democráticas.

El problema no sería quizás mayor si el desafecto se mantuviera al nivel de las apreciaciones ciudadanas. Pero hay otros indicios que obligan a pensar que se está afectando también el comportamiento cívico de los jaliscienses.

El año 1995 marcó también un hito en materia de participación electoral en Jalisco. En cuanto al lapso de las dos últimas décadas, en ese año se dio la votación más abundante. Es patente que en todas las elecciones previas para elegir autoridades locales el abstencionismo superó 50%, mientras que en las elecciones posteriores el abstencionismo se sitúa por debajo de ese porcentaje. En promedio, el abstencionismo en las tres elecciones legislativas previas a 1995 aquí consideradas sumó 57.4%, mientras que en las tres elecciones posteriores a ese año alcanzó 42.1% en promedio. No obstante, después de 1995 el abstencionismo se ha venido acrecentando de manera tersa pero consistente. Es probable que en 2003 el abandono de las urnas no fuera más pronunciado gracias a que por primera vez la elección local fue concurrente con la federal. De la misma manera, la concurrencia de la elección presidencial y de diputados federales y senadores, con la elección de gobernador, diputados locales y alcaldes en 2006, operó indudablemente para contener algo la caída de la participación, pero no al grado de revertir la tendencia implícita. No obstante, a pesar de la concurrencia mencionada la elección local de 2006 tuvo un abstencionismo apenas ligeramente menor al del año 2000, cuando no hubo elecciones concurrentes.

 

Desafiliación política

Este déficit de legitimidad no se explica por el funcionamiento del régimen electoral en sí mismo. Para explicar el fenómeno de más democracia con legitimidad menguante, se precisa hurgar en otras esferas de la política; se requiere, en suma, atender otros elementos mediadores, otras variables "intervinientes", por decirlo de alguna manera. No parece difícil encontrar ese elemento. En este contexto, el desempeño de los partidos políticos, los funcionarios públicos —entre éstos especialmente los legisladores, que son los más desprestigiados— y, en general la clase política, puede ser entendida como la "interfase" entre el régimen electoral y su funcionamiento, y las percepciones y opiniones del ciudadano común. De esta manera, cabe atribuir la responsabilidad por los problemas de legitimación al comportamiento de la clase política,²⁴ comportamiento que, de todas maneras, no es ajeno a las inconsistencias, vacíos y desperfectos del régimen electoral, cuya arquitectura se ha venido dibujando con ciertos tropiezos.

Pero, a su vez, no puede obviarse que la "interfase" clase política está marcada por el contexto político-organizativo del sistema electoral de Jalisco. Un ejemplo: el monopolio de la representación otorgado a los partidos políticos les ha conferido a éstos un poder desmesurado, poder que se reproduce expansivamente gracias a que: los diputados de mayoría no hacen campaña y entonces le deben su cargo al partido; asimismo, aunque los diputados de mayoría tienen que hacer campaña, la candidatura se otorga dentro del mismo sistema de reglas no escritas, además de que están sometidos a la misma disciplina partidaria férrea. La democracia de partidos que ha creado la legislación electoral es la fuente de muchas contrariedades. Los partidos en Jalisco, como en México, debilitan los poderes públicos, distorsionan la agenda de gobierno, partidizan las decisiones, fragmentan la voluntad política y menosprecian el interés público. Por su parte, los funcionarios de gobierno agregan a su inexperiencia y falta de oficio, la irresponsabilidad y la arrogancia. Sometidos a un escrutinio público cada vez más severo, en vez de procurar una conducta éticamente correcta muchos de ellos optan por el cinismo o se burocratizan.

En una década de experimentación democrática, los alineamientos políticos de los jaliscienses se han desdibujado, por ello, progresivamente. En el párrafo anterior se mencionaron algunas causas probables. Cabe agregar a ellas otras variables propias de los procesos electorales mismos. La alternancia tan continuada en un segmento importante de los ayuntamientos, y más amplia en los distritos de mayoría, pone ya de manifiesto cierta laxitud en las lealtades partidistas.

En la misma dirección apunta la volatilidad electoral en Jalisco, que si bien no es de las más pronunciadas de México, de todas maneras ha tenido un comportamiento irregular y ésta es precisamente la cuestión. Durante las dos décadas pasadas la volatilidad electoral en Jalisco se ha ubicado en el rango medio y ha tenido variaciones poco abrutas a lo largo del periodo, con la salvedad de las elecciones de 1995, donde se alcanzó un rango alto de volatilidad. Esta variable ha favorecido, o perjudicado, a los dos partidos principales, PAN y PRI, entre los que se concentra el voto y se distribuye el mayor número de espacios sometidos a la alternancia. Pero también ha favorecido, aunque considerablemente menos y principalmente en el nivel municipal, a terceros partidos como el PRD y el PVEM.

La volatilidad, en lo particular, trasluce las preferencias electorales cambiantes de los jaliscienses, e incluso las lealtades partidarias del mismo signo, pero no da cuenta de la verdadera filiación partidaria de la población en edad de votar, ni mucho menos de la magnitud y la velocidad en que estas filiaciones se han venido deteriorando en el estado.

Sobre este tema cabe hacer notar que en apenas ocho años se ha verificado un cambio evidente en las identificaciones partidarias de los jaliscienses. En este proceso todos los partidos políticos han padecido deserciones, pero sin lugar a dudas los más perjudicados han sido el PAN en primer lugar, y el PRD en segundo. En el periodo considerado, 19972005, el PRI perdió 2.2 puntos porcentuales de alineados a su causa, el PRD 2.3 puntos, mientras que el PAN sufrió una merma de hasta siete puntos porcentuales. En 1997 el PAN sumaba el contingente más amplio de alineados, con 18%, y en 2005 el PRI le arrebató la primera posición en el mismo rubro, sumando apenas 13.5% de adeptos. Evidentemente, el partido que mejor mantiene sus adeptos duros es el PRI, a pesar de haber perdido algunos de ellos, mientras que el partido con menor capacidad para la retención de adeptos ha sido, lógicamente, Acción Nacional. En 2006 el PAN, con una diferencia que sigue siendo baja, movilizó más cambiantes que el PRI²⁵ Y EL PRD incrementó su votación.

Pero lo que más debe destacarse es que, de 40% de ciudadanos que decían identificarse con un partido político en 1997, se pasó a 29% con identificación partidaria en 2005. Esta identificación empezó a dar señas de debilitamiento en los años 1999 y 2002, pero es desde este último año hasta 2005 que ocurre un salto hacia abajo en el alineamiento político. De esta manera, en la actualidad la cifra de los apartidistas se aproxima a las tres cuartas partes de los ciudadanos de Jalisco.

La deslegitimación política sigue un curso lógico. De las disfunciones del sistema y las anomalías en el actuar de la clase política se sigue una pérdida del sentimiento de eficacia política, principalmente en la expectativa de los ciudadanos de que el gobierno y los funcionarios reaccionen a sus demandas e influencia. De aquí a la disminución del interés y la importancia de la política entre las prioridades personales solamente hay un paso. Y del desinterés al desalineamiento político otro de similar magnitud. La deslegitimación tiende a coronarse con una verdadera crisis de los partidos y en su capacidad de establecerse como instancias valederas de representación y de gobierno.

 

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Notas

1. Una versión anterior de este trabajo fue presentada en el Coloquio Internacional las Ciencias Sociales en el Nuevo Siglo, en la mesa de trabajo "El comportamiento electoral en el centro-occidente de México", Universidad de Guanajuato, León, Guanajuato, 10 de noviembre de 2005.

2. "La elección de un sistema electoral siempre supone optar por privilegiar algunos I objetivos, considerar secundarios otros y hasta desechar algunos aspectos de la vida política que aparecen como valiosos, pero incompatibles con el logro de los que se plantearon como prioritarios en ese momento. Esto hay que tenerlo muy claro al momento de elegir, porque normalmente no se pueden lograr en un mismo sistema todas las situaciones deseables" (Perina y Leiva, s/f).

3. Véase Molinar Horcasitas, 1991.

4. Por primera vez el Consejo Electoral se integró con consejeros ciudadanos designados por el Congreso del estado y posteriormente se les denominó consejeros electorales (1997).

5. Según decreto publicado el 22 de agosto de 1996, la Constitución Política de I los Estados Unidos Mexicanos obligaba a los estados a regirse por los principios establecidos en la reforma del artículo 116.

6. Cf. Marván (2000) y Valdez (1998).

7. Veracruz es el estado que más se acerca al equilibrio del Congreso jalisciense con una relación 53%/47% (24 de MR y 21 de RP), mientras que San Luis Potosí tiene una relación de 56% y 44% (15 diputados de MR y 12 de RP). Por otra parte, el estado con mayor desproporción en su relación MR/RP es Baja California Sur, con 15 diputados de MR y tan sólo seis de RP (71% y 29%).

8. Cf. Hurtado (1998a, 1998b).

9. Véase Alatorre (2001).

10. Que se combinó con varios factores, como el "error de diciembre" y la crisis subsiguiente, una ruptura importante en la red de alianzas sociales y políticas del PRI, el desprestigio del gobierno de Guillermo Cosío Vidaurri y su sustituto, Carlos Rivera Aceves, el descontento de un amplio sector del empresariado y las clases medias de Jalisco, el contexto nacional y la expectativa de que un candidato opositor podía efectivamente alzarse con el triunfo (Valdez Zepeda, 1998; Cortés Guardado, 2000).

11. "Los sistemas de partidos competitivos —que pueden ir desde el bipartidismo a la atomización— son fruto de sociedades democráticas en las que existen dispositivos legales e institucionales que permiten el juego limpio y equitativo entre los participantes en una contienda electoral" (Hurtado, 1998c: 73).

12. "Debido a esta presencia y a la lucha persistente y tenaz, los panistas fueron sistemáticamente avanzando en materia electoral y ocupando los vacíos políticos que el partido oficial ya no pudo llenar, transformándose con esto de 'oposición leal', al partido en el poder". Desde 1988 y hasta 1992, la votación obtenida por el PAN en elecciones federales se situó alrededor del 30%, para elevarse hasta 40% en los comicios federales de 1994 (Valdez Zepeda, 1998).

13. Y no porque el PAN no lo haya intentado, sino porque confundió las prioridades de la agenda pública de Jalisco y, en lugar de enfocarse en resolver los problemas de inseguridad, desempleo y combate a la corrupción, se distrajo en intentonas moralizadoras de la sociedad, concitando el rechazo inmediato de amplios sectores de la población de Jalisco (Cortés Guardado, 2000).

14. La primera alternancia en un gobierno municipal en Jalisco se registró en 1946, cuando se le reconoció al PAN su primer triunfo electoral en El Grullo (Alonso, 1993: 23).

15. Esto es, el procedimiento que permite traducir votos en escaños o cargos de elección.

16. Jalisco es uno de los nueve estados con ese mismo porcentaje; ocho estados tienen un umbral menor a 2%, y los 15 restantes otro mayor.

17. Si bien a nivel nacional —de acuerdo con los resultados electorales de 2006— se está configurando un tripartidismo cada vez más consolidado (Loaeza, 2002), tal vez en un futuro se vea reflejada esta configuración partidista en la entidad.

18. Dispersión del voto entre los partidos contendientes y de las curules entre los partidos congresionales. Si el índice de fragmentación es de 0, es un sistema de partido único; 0.5 es un sistema bipartidista, y valores entre 0.5 y 1 será multipartidista.

19. "En los últimos años se ha logrado dotar de una fuerte base empírica ese conjunto de percepciones, que algunos han definido como un fenómeno de desafección de los ciudadanos hacia los actores e instituciones políticas de cada país. No se trataría tanto de un alejamiento en relación con la democracia como sistema de gobierno (aspecto éste en el que no se detecta, sino al contrario, una reducción de legitimidad), sino un acusado descenso de la confianza pública en la forma de operar y en el rendimiento de las instituciones representativas. No hay signos de preferencias por alternativas de gobierno no democráticas o autoritarias, pero sí se constata que las actitudes públicas hacia partidos, parlamentos o gobiernos, expresan más y más desconfianza" (Subirats, s/f: 3).

20. Un ciudadano competente desde el punto de vista político es el que piensa i que es capaz de influir en el gobierno y el que piensa que desde el gobierno se atiende a su opinión y necesidades (Almond y Verba, 1970; Abramson, 1987; Muller, 1970). Es el ciudadano que se siente influyente, capaz de hacer sentir su opinión en el curso de la política, por más mínima que sea esta influencia. Dicho sentimiento es importante a la hora de agregar un sentido colectivo de eficacia política, lo que supone, obviamente, que es importante el grado en que existe a nivel individual. Aún más: es una virtud capital, porque el gobierno democrático es el gobierno de ciudadanos por ciudadanos, como señalan tanto el postulado de la igualdad intrínseca como el de la igualdad categórica de Dahl. Precisamente la eficacia política es indicativa de esta capacidad de los ciudadanos para gobernarse a sí mismos, pero experimentada como un sentimiento subjetivo de capacidad de influencia. El ciudadano influyente en un sentido subjetivo es una cara de la moneda de la igualdad intrínseca. La otra cara la forman las condiciones institucionales que le otorgan al ciudadano una influencia real en el gobierno" (Cortés Guardado, 2005).

21. La eficacia interna "es la creencia del individuo de que tiene a su disposición los medios para influir", mientras que la eficacia externa "es la creencia de que las autoridades o el régimen son sensibles al intento de influir" por parte de los ciudadanos (Balch; citado en Abramson, 1987)" (Cortés Guardado, 2005).

22. Para obtener estos índices se agregaron las respuestas dadas, en términos de acuerdo o desacuerdo, a los siguientes enunciados: "La política y los asuntos del gobierno son cuestiones tan complicadas que una persona como yo realmente no puede entenderlas", "El voto en las elecciones es el único medio por el cual alguien como yo puede influir en lo que hace el gobierno", "Las personas como yo no tienen ninguna participación en lo que hace el gobierno", "No creo que a los funcionarios públicos les importe mucho lo que piensa la gente como yo" (Cortés Guardado, 2005).

23. Abramson ha estudiado algunos de estos factores. Vid. 1987.

24. Cabe mencionar que los diputados son la figura pública más desprestigiada. Ocupan la última posición en la escala de confianza que los jaliscienses le confieren a distintas instituciones, las que por orden de mayor a menor confianza, se alinean así: la Iglesia, las fuerzas armadas, las grandes empresas, el sistema de seguridad social, el sistema jurídico, la prensa, la televisión, el sistema político mexicano, los sindicatos, la policía, y los diputados.

25. Lo cual puede estar relacionado al efecto en cadena de una mala candidatura presidencial de este partido.