Introducción

A comienzos del nuevo milenio, se estableció en Sudamérica una nueva agenda de cooperación multilateral (^{Sanahuja, 2008}, ²⁰¹²; ^{Briceño Ruiz, 2006}, ²⁰¹³)¹. Se introdujeron tópicos novedosos, como infraestructura física, integración energética, nuevas institucionalidades democráticas y otros, que reconfiguraron el discurso sobre integración latinoamericana (^{Irusta, 2010}).

Es en el marco de estas disputas político-discursivas que se inscriben las experiencias sobre la dimensión física de la integración que se analizan en este trabajo. Desde la Cumbre de Brasilia del año 2000 hasta las Cumbres de la UNASUR, entre el 2008 al 2015, se produjeron las condiciones de posibilidad para la emergencia y estructuralidad de dos posiciones identitarias de integración de infraestructura física: la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planificación de la Unión de Naciones Suramericanas (COSIPLAN-UNASUR).

En este escrito, la noción de identidad se aborda desde una perspectiva sociopolítica. Se entiende toda constitución identitaria como una relación posicional y estratégica que permite dar cuenta de su complejidad topográfica. Por ello es central el análisis de las prácticas discursivas y de las relaciones entre actores, instituciones, intereses y proyecciones en torno a la integración física. La producción contemporánea sobre la cuestión de la identidad y su centralidad en las problemáticas sociopolíticas de las sociedades contemporáneas rechaza las lecturas esencialistas. Así, los estudios culturales anglosajones (^{Hall y Du Gay, 1992}), la perspectiva postestructuralista (^{Laclau y Mouffe, 2004}; ^{Laclau, 1996}, ²⁰⁰⁰; ^{Aboy Carlés, 2001}) y el programa decolonial latinoamericano (^{Quijano, 2000}; ^{Escobar, 2007}) han aportado herramientas teórico analíticas que permiten dar cuenta que los procesos de identificación son históricos y contingentes y atraviesan las luchas por el poder en las sociedades capitalistas (^{Irusta, 2016}). Asimismo, se tienen en cuenta los aportes realizados por las lecturas constructivistas de las relaciones internacionales que sostienen que las identidades colectivas se instituyen a partir de la cooperación de los Estados y se materializa en las normas, prácticas y acciones coordinadas de la comunidad (^{Wendt, 2005}).

Por tanto, con este artículo se pretende realizar un aporte a la comprensión de los dispositivos ideológicos-discursivos que operan como legitimadores de los procesos de integración física en Sudamérica en las primeras dos décadas del siglo XXI. Este estudio se realizó a partir de un corpus discursivo conformado por documentos oficiales que fueron recolectados de la página web oficial de IIRSA-COSIPLAN. Se trabajó con categorías propias del análisis del discurso socio semiótico (^{Verón, 1987}; ^{Goldman, 1989}; Armoni, 2005; ^{Sigal y Verón, 2010}; ^{Angenot, 2012}) que brindan herramientas para una descripción de los sistemas de significación, desplazamientos de sentidos y operaciones de performatividad del discurso. Además, se incorporaron elementos del análisis político postestructuralista² que permiten dar cuenta de la dimensión contingente de los procesos históricos, las formas de estructuración precarias y relacionales de sentido de esos procesos sociopolíticos y los límites ontológicos de la realidad social.

En tanto, la literatura existente sobre integración física sudamericana se divide en dos tipos de estudios. Por un lado, están aquellos que analizan y debaten desde la economía política internacional, la geografía política y la geopolítica crítica, la inserción de la región en la economía mundial y la manera en que las obras de infraestructura física contribuyen a sostener un patrón colonial, dependiente y subordinado a los intereses de los países centrales (^{Ceceña, Aguilar y Motto, 2007}; ^{Rascovan, 2016}; ^{Álvarez, 2017}; ^{Escalante Moreno, 2018}; ^{Mansilla Quiñones, Panez Pinto y Ponce-Hille, 2019}). Y, por otro lado, están aquellos estudios de la sociología política que se centran en el papel que la infraestructura física juega en el debate sobre el desarrollo, sus impactos medio ambientales y las resistencias sociales que generan en la región (^{Svampa, 2006}; ^{Gudynas, 2009}; ^{Milson Betancourt, 2014}; ^{Rey, 2015}; ^{Jiménez Cortés, 2015}).

En este sentido, se entiende que ambos grupos se concentran en la discusión sobre las formas que adquiere el capitalismo en Sudamérica. Por ello, se considera imprescindible avanzar en el análisis no sólo de las formas y contenidos que este asume en la periferia del sistema, sino también sobre los sentidos que se instituyen a partir de la integración física y que operan como dispositivos de legitimación de los actuales patrones de poder en la región (^{Quijano, 1993}).

Asimismo, los estudios sobre el regionalismo sudamericano revelan que desde la asunción de los gobiernos post-liberales (^{Arditi, 2009}) de Lula, Chávez, Kirchner, Tabaré Vázquez, Correa, Morales y Lugo se dio un cam-bio en la visión y estrategia de integración al abandonar paulatinamente el regionalismo abierto y al transitar hacia un regionalismo postliberal (^{Briceño Ruiz, 2006}; ^{García Aponte, 2014}; Sanahuja, et at.; ^{Riggirozzi, 2012}).

El trabajo se organiza en cuatro apartados. En primer lugar, se presenta el discurso de la IIRSA como un discurso fundante de la integración de infraestructura física. En segundo lugar, se identifica un momento de transición en la constitución identitaria, marcado por procesos que tensaron la relación del significante “infraestructura física” con el campo del regionalismo abierto. Se analizan aquí los desplazamientos de sentido que permiten identificar elementos que se rearticulan en un nuevo campo significante. En el tercer apartado, se aborda ese nuevo campo significante denominado en la literatura como regionalismo postliberal y la inscripción de COSIPLAN en él. Este tercer momento de constitución de la identidad regional se identifica como el momento de construcción hegemónica³. Por último, se exponen algunas reflexiones finales.

IIRSA: discurso fundante de la dimensión física de la integración sudamericana

Esta iniciativa vio la luz a través de la I y II Cumbre Suramericana de Jefes de Estados en Brasilia y Guayaquil en los años 2000 y 2002, respectivamente⁴. El surgimiento de la IIRSA se dio en el marco del Consenso de Washington y de los Tratados de Libre Comercio en el continente.

En ese momento histórico, existía pleno consenso entre los gobiernos sudamericanos acerca de la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) propuesta por Estados Unidos en 1994 durante el gobierno de George Bush. Contemplaba la liberalización del comercio entre todos los países del continente americano en un plazo de diez años, a partir del 1 de enero de 2005. En este sentido, ^{Zibechi (2006)} afirma que desde su inicio “IIRSA aparece estrechamente vinculada al ALCA, al punto que puede decirse que son dos caras de una misma moneda” (p. 24).

Sin embargo, en la IV Cumbre de las Américas, los países sudamericanos bajo el liderazgo de Brasil y Argentina, paralizaron la puesta en marcha de este proyecto continental. El “No al ALCA” representó un punto de inflexión para el intento de definición de una política autonómica de integración latinoamericana⁵. A partir de ese momento, se fortalecieron los proyectos regionales existentes como Mercosur y Comunidad Andina de Naciones (CAN), que facilitaron la conformación de la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN) en 2004, convirtiéndose en UNASUR durante 2008.

La relación entre autonomía y desarrollo como vectores de la integración regional, para proyectar a la región en el escenario internacional con una participación activa y no subordinada al sistema interestatal capitalista y sus relaciones asimétricas y desiguales, ha estado presente en la Escuela Latinoamericana de la Autonomía, cuyos principales exponentes fueron Carlos Puig y Helio Jaguaribe⁶. En la última década, sus aportes han sido recuperados para analizar los actuales procesos de integración sudamericana⁷. En vista de ello, los procesos de integración física de la región pueden ser indagados a partir de las posibilidades de márgenes de maniobra autónomas de los Estados a partir de sus políticas exteriores en relación a la infraestructura.

El cuestionamiento a la conformación del ALCA provenía de la búsqueda por parte de los países del llamado “bloque progresista” de estrategias de inserción en el sistema mundial que no pasaran por la subordinación a los intereses de los Estados Unidos. El ALCA, tal como estaba concebido, se interpretaba por diversos sectores como una pérdida de posibilidad para un modelo de desarrollo autónomo y una política industrial sustentable. Se preveía un gran impacto en las economías y en el empleo de Argentina, Brasil, y en la del MERCOSUR en su conjunto, ya que los Estados Unidos además de ser una potencia industrial es el gran competidor agrícola de la región (^{Escalante Moreno, 2018, p. 85}).

En tanto, otros analistas sostienen que IIRSA surge como una iniciativa de Brasil con el interés de mantener una posición dominante en la región. Esta visión se plasma en la direccionalidad y financiamiento de los proyectos de infraestructura, que benefician no sólo al estado brasileño como potencia emergente sino también a sus empresas constructoras al posibilitarles la oportunidad de convertirse en trasnacionales (^{Couto Freitas, 2006}; ^{Borges, 2011}; ^{Zibechi, 2013}; ^{Bernal Meza, 2015}; ^{Moreno Escalante, 2018}).

Sin embargo, esta lectura sobre el papel de Brasil no es incongruente con aquellas que postulan como puntapié inicial los intereses de Estados Unidos de imponer en la región acuerdos de libre comercio. En todo caso y, como se describe a continuación, la posición subimperialista brasileña⁸, a comienzos del nuevo milenio, es funcional a la histórica Doctrina Monroe norteamericana bajo la cual se fomentó la construcción del ALCA.

En este contexto, IIRSA resultó ser un mecanismo institucional de coordinación de acciones intergubernamentales con el objetivo de construir una agenda común para impulsar proyectos de integración de infraestructura física en transportes, energía y comunicaciones en el territorio sudamericano, al complementar las iniciativas promovidas por Estados Unidos como ALCA, Plan Puebla Panamá (actualmente denominado MesoAmérica) y Plan Colombia (^{Ceceña, Aguilar y Motto, 2007}).

Por tanto, IIRSA como discurso fundante de la integración física sudamericana emerge como objetivo-interés de las políticas exteriores de los doce países sudamericanos, que se alinean a los intereses de la potencia hegemónica, representada por los Estados Unidos.

Del análisis de los documentos oficiales surgidos de las Cumbres Presidenciales que produjeron la iniciativa, se identifica en el discurso político una red verbal⁹ que marca las acciones de los presidentes y que permiten construir su imagen como sujetos de hacer y poder¹⁰.

En la palabra institucionalizada de los presidentes se plasma la posición de los países sudamericanos sobre integración. En alusión a esto, Víctor ^{Armony (2005)} propone el estudio de la palabra presidencial como manera de evidenciar el poder que este discurso tiene en la construcción de lo que él llama, en términos gramscianos, una “hegemonía ideológica”. Por ende, se considera que estudiar la palabra presidencial en las cumbres regionales posibilita el análisis de las constantes de sus enunciados, pero también de sus mutaciones, de sus puntos de densidad en torno a los cuales todas las otras significaciones se entrelazan. Esto permite dilucidar a través del análisis del discurso cómo se constituyen las lógicas legitimadoras de las decisiones que se toman en estas cumbres regionales y su carácter performativo.

Reafirmaron, enfatizaron, acordaron, respaldaron, tomaron, ratificaron, son los verbos que condensan el lugar de enunciación de los jefes de Estados¹¹. Estos usos verbales permiten visualizar que las acciones instituyentes de los doce presidentes sudamericanos que gobernaron en la región durante la etapa entre la 1ª Cumbre Suramericana hasta el 2003, son la principal fuente de legitimación de la integración entre los países de la región, y produce un efecto de refuerzo de la creencia en torno al proyecto hemisférico del ALCA. El apoyo, el compromiso, la participación son el fundamento de la acción presidencial. La palabra presidencial autoriza, propone y designa. De este modo, la integración hemisférica, continental, es el horizonte de sentido de principios del siglo XXI en Sudamérica como estrategia de inserción en el comercio internacional y, además, es donde se articula la visión física sobre la integración de la región¹².

Los presidentes de los países de América del Sur reafirmaron su apoyo al proceso de expansión y profundización de la integración económica en el hemisferio. (Comunicado de Brasilia, 2000).

(…) reafirmaron su compromiso con la construcción progresiva de un área de libre comercio en las Américas (…) (Comunicado de Brasilia, 2000).

Los presidentes acordaron, en lo que respecta a la participación de los países con pequeñas economías en las negociaciones del ALCA (…) (Consenso de Guayaquil, 2002).

La dinámica de los textos analizados permite distinguir un repertorio de temas, entre ellos la ampliación del espacio económico, la modernización, el desarrollo, el mercado internacional y la cooperación regional; de igual manera, permite identificar problemas, tales como las dificultades geográficas, el mejoramiento de la competitividad internacional y el enfrentamiento de los desafíos que suponen la globalización en la agenda de la región. Expandir, profundizar, construir, acceder, considerar, implementar, son todos imperativos que describen una visión sobre la integración: insertar a la región en el mercado global a partir de la extracción y exportación de bienes primarios. La dimensión física posibilita la integración entre los países de la región y de estos con el comercio internacional. Integración e infraestructura surgen como tópicos estructurantes del discurso político del desarrollo sudamericano a partir de estas Cumbres.

Se observa en el corpus, también, la designación diferenciada de los países de la región: países pequeños, países con diferentes niveles de desarrollo, países con economías pequeñas. Esta estrategia discursiva de diferenciación entre los países permite fundar la imagen de una región con actores de disímiles capacidades políticas y necesidades económicas. Por tanto, los planes, las sugerencias, las propuestas de infraestructura física debieran contemplar esa realidad, y para ello el discurso tecnocrático posibilita la división de la región en ejes de actuación¹³.

(…) sugerencias y propuestas, con un horizonte de diez años, para la ampliación y la modernización de la infraestructura física de América del Sur, en especial en las áreas de energía, transportes y comunicaciones … (Comunicado de Brasilia, 2000).

(…) con la finalidad de configurar ejes de integración y de desarrollo económico y social para el futuro espacio económico ampliado de la región, teniendo presente, en particular, la situación de los países que enfrentan dificultades geográficas para tener acceso por vía marítima a los mercados internacionales. (Comunicado de Brasilia, 2000).

Los jefes de Estado reafirmaron la vigencia e importancia estratégica de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA), como instrumento viable para la integración multisectorial (…) (Consenso de Guayaquil, 2002).

Del análisis de estas zonas textuales se vislumbra una topografía de elementos que permiten fundar la identidad de IIRSA¹⁴: se postula como la solución ante las barreras, dificultades y problemas de la inserción de los países de la región en el mercado internacional y alcanzar el desarrollo económico y social. La modernización, entendida como un proceso socio económico de industrialización y tecnificación, es el parámetro sobre el que se erige el discurso sobre la necesidad de infraestructura física.

Esta conformación discursiva dominante a principios de los años dos mil se inscribe en la doxa del regionalismo abierto¹⁵ (interdependencia, apertura, desregulación, competitividad) al articular los elementos comercio, mercado mundial, exportaciones, bienes primarios, bajo un lenguaje utilitarista y tecnocrático que ofició de fuerza simbólica y dotó de sentido el accionar de los gobiernos de la región¹⁶.

(…) reconocieron que la interrelación entre infraestructura y desarrollo debe ser explorada según una visión estratégica sudamericana, bajo el principio de regionalismo abierto, condicionada a los resultados del análisis de cinco principios básicos: a) perspectiva geoeconómica; b) sostenibilidad social; c) eficiencia económica; d) sustentabilidad ambiental; y, e) desarrollo institucional. (Consenso de Guayaquil, 2002).

En este párrafo vislumbramos la circulación de ideologemas¹⁷ (geoeconomía, sostenibilidad, sustentabilidad, eficiencia) que permiten establecer reglas de sentido capaces de definir la estructuración contingente y precaria del campo discursivo del regionalismo abierto donde se inscribe el discurso sobre la dimensión física de la integración.

El discurso hegemónico¹⁸ ha sostenido este principio narrativo y argumentativo: la necesidad de construir mercado interno (espacio común ampliado), bajar costos (competitividad) y disponer de los recursos naturales (estrategia geoeconómica) como posibilidad del desarrollo sostenible.

Es a través de la infraestructura física y de la nueva regulación institucional de las relaciones entre los Estados y mercado que se posibilita el desarrollo. En los documentos oficiales de ambas cumbres, la dimensión física aparece como complemento del desarrollo sostenible de la región (sostenibilidad social y ambiental). De este modo, los significantes integración, desarrollo e infraestructura se articulan en un discurso fundacional que permite identificar a los actores involucrados en este proceso: gobiernos, organismos financieros y sector privado. La propuesta de los organismos de financiamiento sólo se torna legítima a partir de la habilitación que produce la palabra presidencial.

(…) la financiación de los proyectos de infraestructura de integración deberá ser compartida por los gobiernos, por el sector privado y por las instituciones financieras multilaterales. (Comunicado de Brasilia, 2000).

(…) reafirmaron los principios orientadores establecidos en dicha Reunión dirigidos a facilitar e incentivar la participación del sector privado en la IIRSA, la que deberá concertar políticas y acciones con los entes nacionales promotores de la inversión privada de manera que se facilite el desarrollo de proyectos vistos en un contexto regional. (Consenso de Guayaquil, 2002).

Desde su inicio, la IIRSA tuvo el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Cooperación Andina de Fomento (CAF), y del Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA)¹⁹. Como se expone en este trabajo, el discurso de los gobiernos habilita como principal actor de planificación de la infraestructura física al sector privado y los organismos de financiamiento externo. Los documentos que acompañan la Declaración de los Jefes de Estados en la Cumbre de Brasilia fueron elaborados por estos organismos regionales e internacionales, entre el 2000 y 2004. En ellos es posible identificar la trama de sentidos asociados a la dimensión física de la integración sudamericana. La relación entre infraestructura, desarrollo, inversión y producción se articula en un lenguaje economicista ligado a la doxa neoliberal: productividad, competitividad, modernización.

El objetivo general del programa es contribuir a dar oportunidades de acceso a mercados más amplios a los productores de la región, promover el desarrollo de las actividades productivas y mejorar las condiciones de vida de la población. (BID, 2000a).

El estudio representa un nuevo aporte a la reafirmación del compromiso del BID en relación con el desarrollo de la infraestructura regional como una de las claves de la competitividad de los países de América del Sur, así como a la consolidación de los procesos de integración y cooperación en nuestra región. (BID, 2000b).

De modo que, desde sus inicios, la Iniciativa estuvo sujeta a los intereses de organismos multilaterales de crédito que plantean una mirada de la región como bloque geoeconómico, al postular a la planificación del futuro productivo del subcontinente con base en preceptos de competitividad e integración al comercio global (^{Rascovan, 2016}).

Del material textual de estos organismos financieros multilaterales se despliega un universo de creencias sobre la relación entre la dimensión física de la integración y el desarrollo sudamericano: esta es la clave de la competitividad de los países de la región. Los organismos de financiamiento multilateral se presentan como agentes de promoción, mejoramiento y compromiso con los productores y la población en su conjunto (destinatarios) para facilitar, a través de la infraestructura, el acceso a mercados más amplios y por consiguiente al desarrollo económico y social.

El concepto de eje de integración y desarrollo intenta plasmar un enfoque de planeamiento más moderno e integral, en el cual la infraestructura no está aislada, sino que forma parte de un conjunto de acciones en el territorio, vinculando la inversión física a la dimensión social y ambiental del desarrollo y propiciando el aprovechamiento de sinergia entre los diversos tipos de infraestructura. (BID, 2000b).

Se buscará que las obras de infraestructura generen la mayor cantidad posible de impactos locales de desarrollo, evitando ser sólo corredores entre los mercados principales. (BID, 2000b).

La infraestructura es nominada como un conjunto de acciones sobre el territorio, en donde se resalta la vinculación con lo social y lo ambiental; de igual manera, esta se propone como la posibilidad de producir impacto local de desarrollo. Así, el territorio es configurado como espacio económico. En esos términos, se plantea una relación de intercambio/expropiación con/ sobre la naturaleza y las poblaciones humanas. Esta perspectiva propuesta por BID representa la lógica dominante en los documentos de los organismos de financiamiento que, en el período 2000-2005, acompañaron a las acciones de los gobiernos sudamericanos.

Durante sus cuatro primeros años, la IIRSA funcionó en torno a establecer los parámetros principales de los proyectos, y a partir de 2005, comenzó a ejecutar los proyectos de infraestructura. Este plan intenta ser el más ambicioso de gobiernos, empresas multinacionales y organismos financieros regionales e internacionales, para conectar los recursos naturales de la región al mercado mundial. De esta manera, la IIRSA representa la disputa más importante por los cuatro recursos naturales estratégicos que posee la región y que la economía mundial demanda para sostener su dinámica depredadora: hidrocarburos, minerales, biodiversidad y agua (^{Zibechi, 2006}).

Momento de transición, ruptura y continuidades: del regionalismo abierto al regionalismo postliberal

En diciembre de 2004, y en el marco de la III Cumbre de Presidentes de Suramérica, se conforma la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN). El fruto final de la cumbre fue la denominada “Declaración de Cuzco sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones”, que se erige en documento constitutivo de la misma.

La CSN encarna un nuevo momento en los procesos de integración sudamericana, dado en un contexto de transformación de las directrices políticas e ideológicas originadas por los nuevos gobiernos postliberales llegados al poder desde 2003. Pero también coincide con un nuevo ciclo de acumulación en la región, que según ^{CEPAL (2008)}, sostuvo un nivel de crecimiento anual del 5% en promedio y un PBI per cápita superior al 3 % anual.

Este crecimiento estuvo vinculado a la generalización de un modelo extractivo-exportador, en donde operará por parte del capital el redescubrimiento de América Latina, como continente rico en materias primas, minerales y vegetales, agua y biodiversidad. La generalización de este modelo se vio expresada en el crecimiento de la explotación minera, el avance de la explotación agropecuaria, el lugar central que ocupan los hidrocarburos, y los monocultivos de exportación. América Latina se comenzó a perfilar como una región productora de commodities a partir del crecimiento de los volúmenes exportados y, especialmente, de sus precios que contribuyeron a asegurar importantes saldos favorables en la balanza comercial y las cuentas públicas. (^{Navarro Rocha, 2015, p. 8}).

Este crecimiento económico, ligado a la reprimarización de las economías, reforzó el rol de la integración y particularmente de la infraestructura física como posibilitadoras de las actividades extractivas orientadas al comercio internacional.

Diversos académicos de las relaciones internacionales sostienen que la CSN es producto de la diplomacia de las cumbres, lo que implica una modalidad de multilateralismo regional que intenta estratégicamente converger en el ámbito institucional una serie de intereses y expectativas de los países que no necesariamente suponen una visión compartida (^{Jarque, Ortiz y Quenan, 2009}).

En este sentido, la CSN como espacio económico resultó ser una convergencia entre CAN y MERCOSUR a través de un área de libre comercio suramericana (ALCSA) (^{Sanahuja, 2013}), con la concurrencia de Chile, Guyana y Surinam, al posibilitar la liberalización comercial entre estos grupos de países en casi un 90 %. Los resultados no fueron los esperados y se debió en parte a que las relaciones comerciales se reorientaron a dar respuesta a la demanda de bienes primarios de los países emergentes de Asia. Frente a estas dificultades en las arenas económicas y comerciales, otros campos de intereses fueron los que predominaron en la agenda de este esquema de integración, al postular la cuestión de infraestructura y de energía como uno de los tópicos principales. De hecho, durante la Cumbre en Cuzco fue presentada una lista de 31 proyectos prioritarios de infraestructura física que fueron definidos en el ámbito de IIRSA.

Se observa en el documento constitutivo de la CSN que la cuestión de la infraestructura aparece enunciada como uno de los ejes centrales, así como legitimada por la palabra presidencial que reafirma, respalda, rubrica ese proceso y lo torna aceptable y verosímil:

La integración física, energética y de comunicaciones en Sudamérica sobre la base de la profundización de las experiencias bilaterales, regionales y subregionales existentes, con la consideración de mecanismos financieros innovadores y las propuestas sectoriales en curso que permitan una mejor realización de inversiones en infraestructura física para la región. (Declaración de Cusco sobre CSN, 2004).

Reafirmamos nuestro pleno respaldo a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) y nuestro respaldo a los avances registrados en esta iniciativa, en particular la referida a la Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010 y la cartera de proyectos IIRSA. En este sentido, acogiendo la propuesta formulada en la Sexta Reunión del Comité de Dirección Ejecutiva, rubricamos el mapa que contiene los proyectos incluidos inicialmente en dicha Agenda. (Declaración de Ayacucho, 2004).

La Agenda de Implementación Consensuada es el documento oficial de IIRSA que postula los megaproyectos de infraestructura física regional (conjunto de grandes vías, hidrovías, hidroeléctricas, represas, puertos y gasoductos). Estos planes se llevarían a cabo en el período 2005-2010, por parte de capitales públicos-privados, y fueron acordados en la etapa anterior (2000-2004) por los gobiernos sudamericanos que siguieron las propuestas presentadas por BID y los demás organismos multilaterales participantes.

Se observa nuevamente, que los actores definidos en esta nueva etapa del proceso de integración de infraestructura física siguen siendo los actores gubernamentales y los actores tecnocráticos de las agencias multilaterales. Asimismo, la legitimidad de dichas políticas de infraestructura radicó en dos tipos de fuentes: los fundamentos políticos que sostuvieron las relaciones entre los países (bilaterales, regionales y subregionales) y, los fundamentos tecnocráticos de las propuestas realizadas por los equipos técnicos tanto de los gobiernos como de los organismos multilaterales (mejorar inversiones, innovar en mecanismos financieros, atender en propuestas sectoriales). En este sentido, se postula que la creación de un nuevo mecanismo para institucionalizar la integración en la región como es CSN, profundizó los sentidos articulados en la dimensión física como promotora del desarrollo al habilitar únicamente actores gubernamentales y tecnocráticos como sujetos del hacer y el poder en la definición de un modelo de desarrollo.

En este sentido, se convirtió en el impulso inicial para un cambio en la cartografía de la integración latinoamericana. También se identifican en este período tensiones constitutivas de un nuevo marco de posibilidad de comprensión sobre la dimensión física de la integración y el modelo de desarrollo que potenciaría en la región. De hecho, y a pesar de la crisis en la que se encontraban en este período tanto MERCOSUR como CAN²⁰, los nuevos gobiernos postliberales comenzaron a vislumbrar procesos de redefinición de los mapas y modelos de integración que se relacionan con los cambios internacionales que se avizoraron, como la estrategia de Estados Unidos y la Unión Europea hacia los acuerdos bilaterales, tras el fracaso de los tratados de libre comercio regionales.

En diciembre de 2005, en el marco de la I Cumbre de Presidentes de la CSN, se visibilizan las diferencias entre Brasil y Venezuela sobre la orientación que debía tener este nuevo mecanismo de integración. ^{Sanahuja (2007)} señala que:

Chávez se resistió a firmar el texto final, alegando que la CSN debería sustituir al Mercosur y la CAN, debido a su diseño “neoliberal”. Tampoco se logró un acuerdo sobre la futura zona de libre comercio y la propuesta de Chile de que se estableciera en 2010. Finalmente, se decidió crear una “Comisión Estratégica de reflexión” sobre la integración sudamericana, integrada por 12 representantes de los países miembros de la CSN, que ha presentado su informe en la II Cumbre Presidencial de la CSN, celebrada en Cochabamba (Bolivia) en diciembre de 2006. (p. 97).

En el Documento Final de la Comisión Estratégica de Reflexión, creada a fines de 2005 por los presidentes sudamericanos para elaborar propuestas sobre un nuevo modelo de integración, se ratifica a la IIRSA como parte fundamental.

Estas divergencias en las visiones sobre los modelos de integración generaron la posibilidad de que los nuevos gobiernos postliberales plantearan alternativas al regionalismo abierto, que había dominado desde los noventa la perspectiva y el horizonte de las políticas de integración en Sudamérica. Como revela ^{Couto Freitas (2006)}:

En realidad, el propósito es asegurar que los proyectos no se conviertan en grandes corredores de exportación, y que puedan generar desarrollo en sus áreas de influencia. Antes de concretizarse una conexión interoceánica por medio de la integración de infraestructuras en América del Sur, se focaliza en la importancia que esos proyectos pueden tener en el estímulo del desarrollo en el interior del continente que, lejos de la costa, esta poco conectado a los flujos regionales. (p. 16) (traducción propia).

De modo que, en la etapa fundacional de la dimensión física de la integración, la identidad IIRSA juega un papel fundamental en tanto propone pensar a Sudamérica como territorio disponible para su incorporación al mercado internacional, a través de la exportación de sus bienes. En este segundo momento, surge la idea de que la dimensión física no sólo posibilitaría un desarrollo hacia afuera, sino también produciría un impacto positivo en el territorio regional al generar las condiciones para resolver problemas estructurales. Esta nueva postura sobre la dimensión física de la integración se profundizará con la experiencia de COSIPLAN‑UNASUR.

Sin embargo, estos desplazamientos de sentido en relación con la visión sobre el regionalismo no estuvieron exentos de tensiones. Si bien la CSN responde a un momento político regional donde la agenda de integración estuvo dominada por gobiernos progresistas, los intereses de proyección internacional de Brasil, sumado a la cuestión energética y los intereses de los países productores de gas y petróleo (Venezuela, Bolivia y Perú) frente a los consumidores (Brasil, Chile, Uruguay), tornaron la cuestión de la infraestructura física en una prioridad dentro de la agenda política de la CSN.

Así, los presidentes de la Comunidad Sudamericana de Naciones deciden:

La dinámica del discurso presidencial revela nuevamente la construcción de los enunciadores (presidentes) como sujetos de poder: deciden, impulsan e interpelan a otros sujetos del discurso (organismos de financiamiento, secretaría Pro tempore). A diferencia del primer momento de emergencia de la IIRSA, en esta etapa de transición aparecen identificados nuevos actores (Estados, bancos e instituciones nacionales de desarrollo) que compartirán con organismos financieros regionales (BID; CAF y FONPLATA) esta fase de la dimensión física de la integración.

Emerge claramente un enfoque político sobre la cuestión de la infraestructura que había estado ausente hasta el momento en el debate sobre la IIRSA en las cumbres presidenciales. Se identifica al Estado como el actor predominante para la toma de decisiones (capacidad regulatoria y autonomía decisoria), al relegar a un segundo plano a los organismos financieros multilaterales como sujetos del discurso.

Las reuniones en el área de la infraestructura promoverán la implementación de la agenda consensuada de proyectos prioritarios de la IIRSA, entre otros tomando en cuenta los planes de desarrollos nacionales, bilaterales y regionales, contando con la participación de las comunidades involucradas y protegiendo el medio ambiente. (Declaración sobre la convergencia de los procesos de integración en América del Sur-I Reunión de Jefes de Estado de la CSN, 30 de septiembre de 2005).

De manera paralela, se identifican otros intereses legítimos para la implementación de proyectos de infraestructura: los intereses nacionales, bilaterales y regionales de los países; y, además, aparecen nominados nuevos destinatarios discursivos: comunidades involucradas.

En la Segunda Cumbre de Jefes de Estado de la CSN en Bolivia (2006), ya es posible observar en los documentos varios desplazamientos de sentido. Si en las cumbres anteriores se advertía que el desarrollo estaba asociado a la cuestión comercial (intercambio entre países de la región y/o con el mercado internacional), a partir de ahora el desarrollo será presentado bajo un nuevo contexto discursivo ligado a la agenda global sobre el cambio climático, la biodiversidad y la relación con el medio ambiente. Esta nueva trama de sentidos establece una red de relaciones discursivas entre desarrollo sostenible, obras de infraestructura, energía y medio ambiente que permanecerá constante en la etapa de emergencia de COSIPLAN‑UNASUR.

Armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible garantizando que las preocupaciones de carácter ambiental y las referidas al cambio climático, estén presentes en todas las iniciativas de desarrollo regional, fundamentalmente en las obras de infraestructura y energía, preservando el equilibrio de los ecosistemas y a la protección de la biodiversidad, con reconocimiento y valoración de los conocimientos tradicionales. (Declaración de Cochabamba, 2006).

La dimensión física del proceso de integración es enunciada como parte de los objetivos regionales que suponen acciones de impacto inmediato a los problemas identificados. Surge una racionalidad histórica (apelación a un pasado épico de luchas por la libertad, la soberanía y la democracia sobre la que se configura la identidad regional) como estrategia de legitimación del nuevo modelo, que acompaña a la racionalidad instrumental que aparecía como única posible en los momentos anteriores. Esta racionalidad reconoce nuevos elementos (pueblos, ecosistemas, conocimientos tradicionales) que articula bajo un repertorio de temas (conectividad, redes) al establecer una topología discursiva diferente a la que sostenía en un principio la IIRSA.

Infraestructura para la interconexión de nuestros pueblos y la región: promover la conectividad de la región a partir de la construcción de redes de transporte y telecomunicaciones que interconecten los países, atendiendo criterios de desarrollo social y económicos sustentables para acelerar el proceso de integración, preservando el ambiente y el equilibrio de los ecosistemas. (Declaración de Cochabamba, 2006).

Los presidentes, reunidos en la II Cumbre de Jefes de Estado de la CSN, convencidos de la importancia de la integración física para lograr el fortalecimiento de nuestra unión y el desarrollo de nuestros pueblos, así como también en la reducción de las asimetrías y de la necesidad para lograr dichos objetivos, de optimizar la infraestructura física y armonizar las normas que faciliten su ejecución y operación. (Acuerdos adjuntos a la Declaración final, 2006).

En este momento de transición (2004-2008), se identifican varias reconfiguraciones de los tópicos y las reglas discursivas que permiten dar cuenta de un cambio de visión sobre el regionalismo latinoamericano. La dimensión física aparece como medio y fin de los procesos de desarrollo en la región. Como señala ^{Angenot (2012)}, “el conjunto de los ‘repertorios’ y reglas y la topología de los ‘estatus’ que confieren a esas entidades discursivas posiciones de influencia y prestigio, y les procuran estilos, formas, microrrelatos y argumento que contribuyen a su aceptabilidad” (p. 30), es la lógica hegemónica bajo la cual el discurso sobre la dimensión física de la integración impone y difunde una única manera de concebir el desarrollo en Sudamérica.

COSIPLAN-UNASUR: reorganización institucional de la política de integración territorial sudamericana y construcción hegemónica

Contrariamente a la IIRSA, COSIPLAN emergió en un contexto disímil marcado por la centralidad del Estado y la enunciación política de una agenda de desarrollo para la región que desplazó las anteriores demandas ligadas a una visión netamente comercial de la integración. Sin embargo, como ya se señaló, estos procesos no estuvieron exentos de tensiones y contradicciones, producto de los distintos modelos de integración en disputa; así como tampoco lo estuvieron del papel de Estados Unidos y de los capitales trasnacionales en la región.

La constitución de UNASUR en 2008, articuló en su seno dos grupos de países que representaban posiciones ideológicas opuestas, aunque conjugaron un mismo proyecto de infraestructura física: por un lado, los países alineados geopolítica y económicamente a los intereses estadounidenses (Colombia, Perú y Chile), y por otro, los países en que desde 2003, accedieron al poder gobiernos populares/progresistas con una fuerte retórica autonómica de la región (Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Paraguay). En este sentido:

el debate por la orientación de la infraestructura regional se articuló al de los lineamientos políticos que definirían el posicionamiento de América del Sur frente al orden económico global. Por eso la UNASUR se plantea como una de sus prioridades el desarrollo de infraestructura para la interconexión de la región. (^{Cortés Jiménez, 2015, p. 9}).

La transición de un regionalismo abierto a uno postliberal resultó en un desplazamiento en los significados sobre la dimensión física de la integración y en los sentidos sobre el desarrollo y el rol del Estado en esas experiencias. Como afirma ^{Sanahuja (2012)}), “UNASUR redefine, geográfica y simbólicamente, la integración latinoamericana en el marco sudamericano” (p. 57).

En 2009, en el marco de la Tercera Reunión del Consejo de Jefes y Jefas de Estado de la UNASUR, se crean los doce Consejos Ministeriales y Sectoriales que cuentan con este esquema de integración. COSIPLAN es uno de ellos y, en junio de 2010, la IIRSA se tornó el órgano técnico del Consejo al pasar a recibir directrices políticas de los gobiernos, lo cual redujo de esta manera la influencia que había tenido hasta entonces la tríada BID-CAF-FONPLATA.

En el Tratado Constitutivo de la UNASUR (2008) queda plasmada la posición de los líderes políticos acerca de esta nueva etapa de la integración sudamericana:

APOYADAS en la historia compartida y solidaria de nuestras naciones, multiétnicas, plurilingües y multiculturales, que han luchado por la emancipación y la unidad sudamericana, honrando el pensamiento de quienes forjaron nuestra independencia y libertad a favor de esa unión y la construcción de un futuro común (…).

AFIRMAN su determinación de construir una identidad y ciudadanía sudamericanas y desarrollar un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura, para contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe (…).

La recuperación de una memoria histórica ligada a eventos épicos y a dispositivos axiológicos representan en este momento una estrategia argumentativa a partir de la cual se inscriben los nuevos repertorios temáticos y los estatus que se les confiere en esta narrativa. Así, el reconocimiento de la diferencia y de la pluralidad aparece como marca constitutiva de la identidad sudamericana (naciones multiétnicas, plurilingües y multiculturales).

La unidad condensa una centralidad en el discurso que permite articular los demás elementos dispersos hasta el momento en el campo político sudamericano (lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético e infraestructura), efecto de las políticas neoliberales que habían dominado la agenda regional la década anterior.

La unión pasó a ocupar en el discurso de los líderes latinoamericanos un lugar que contrastó con la primacía de las relaciones bilaterales en el ámbito regional de la década anterior. Esto se relaciona con los contenidos específicos de la promesa: la institucionalización del proyecto de integración a través de la creación de la UNASUR que ofrece un principio de lectura de la realidad y busca dominar las demandas y expectativas desde el campo político. (^{Irusta, 2010, p. 117}).

Desde su constitución, la UNASUR reinscribe la dimensión física a partir de un nuevo dispositivo de enunciación que propone un tipo diferencial de articulación entre estado, sociedad y mercado. En este sentido, la construcción enunciativa de los destinatarios pueblos y Estados ayuda a comprender los desplazamientos de sentido. Prevalece una lógica política que desplaza los elementos económicos en la nueva articulación hegemónica.

La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados. (Tratado constitutivo de la UNASUR, 2008).

Si bien el elemento infraestructura todavía mantiene centralidad constitutiva en el discurso de la UNASUR, ahora es asociado a otras unidades significantes a partir de asociaciones semánticas positivas como ambiente, participación, soberanía y democracia; y a oposiciones semánticas como desigualdad socioeconómica y asimetrías, que le permite desplegar una estrategia textual diferente, estableciendo un lazo relacional de cercanía con los colectivos pueblos y Estados.

Si en el discurso fundante de la IIRSA, la dimensión física emergía como posibilidad de relación de la región con el mercado global mediante la articulación de elementos propios de una doxa económica, a partir de la constitución de UNASUR la infraestructura es construida discursivamente como principio de conectividad entre los colectivos pueblos, Estados y países.

(…) el desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la región y entre nuestros pueblos de acuerdo con criterios de desarrollo social y económico sustentables (…) (Tratado constitutivo de la UNASUR, 2008).

Además, a partir del uso semántico de estas unidades se identifica a la infraestructura como resolución a los problemas estructurales de la región (pobreza, desigualdad).

Se observa en los documentos fundadores del COSIPLAN que la lógica política nomina las formas del proceso de integración de infraestructura: consulta, evaluación, cooperación, planificación, coordinación, articulación como los nuevos elementos del lenguaje que define la dimensión física de la UNASUR.

(…) es una instancia de discusión política y estratégica, a través de la consulta, evaluación, cooperación, planificación y coordinación de esfuerzos y articulación de programas y proyectos para implementar la integración de la infraestructura regional de los países miembros de la UNASUR. (Estatuto COSIPLAN, 2009).

A través de la enunciación de principios constitutivos, COSIPLAN se produce como un espacio de acción política, en donde el desarrollo se define en relación con la naturaleza y los pueblos de Sudamérica. Aquí se produce el primer desplazamiento de los sentidos asociados al desarrollo a partir de políticas de integración de infraestructura física.

El papel del Consejo es obtener un importante respaldo político para las actividades y proyectos que generen desarrollo económico y social sustentable para América del Sur. (…) En el marco del COSIPLAN, se dará prioridad al desarrollo interno de la región, con el fortalecimiento del vínculo entre los países miembros. (Plan de Acción Estratégica 2012-2022, 2012).

De esta forma, aparece como mandato imperativo la cuestión del desarrollo endógeno de la región bajo una nueva concepción de la relación entre desarrollo y medio ambiente.

Otra de las cuestiones fundamentales ha sido la definición de los actores decisores: el COSIPLAN está conformado por “los titulares de los Ministerios de las áreas de infraestructura y/o planeamiento de los Estados miembros de la UNASUR o sus delegados” (Reglamento de COSIPLAN, 2009). De esta manera, se produce un cambio institucional fundamental que produce una resignificación sobre los actores legítimos en el proceso decisorio. Aquellos actores fundantes de IIRSA, la triada BID-CAF-FONPLATA que había sido el motor ideológico y financiero, son desplazados por funcionarios políticos que responden directamente a los Ejecutivos Nacionales de los doce países integrantes de UNASUR.

UNASUR aplica un nuevo organigrama para la infraestructura de integración regional, en el que IIRSA queda subordinada al COSIPLAN, que finalmente tiene la responsabilidad política de las obras, mientras las Coordinaciones Nacionales asumen mayor protagonismo en su relación con los organismos financieros que forman el Comité de Coordinación Técnica. (^{Cortés Jiménez, 2015, p. 10}).

Como se había señalado anteriormente, IIRSA fue incorporada a COSIPLAN como foro técnico. Esta modificación en el papel de IIRSA y de los organismos multilaterales reconfigura el papel de los Estados sudamericanos en estos procesos.

^{Moreno Escalante (2018)} sostiene que COSIPLAN,

(…) mantuvo sus rasgos fundamentales a pesar de los cambios institucionales experimentados desde su formulación, lo que parece estar relacionado con la continuidad de la dinámica de acumulación basada en la extracción y exportación de materias primas. Lo que ha cambiado principalmente han sido los actores implicados, tanto institucionales como financieros, y los discursos con lo que se ha legitimado. (p. 106).

La experiencia histórica de los gobiernos populares sudamericanos durante el período 2003-2015, modificó sustancialmente los índices de pobreza y desigualdad a través de políticas macroeconómicas y sociales, que bajo una matriz ideológico-discursiva de redistribución y justicia social reconfiguró el rol del Estado y de los gobiernos en el proceso histórico. Paradójicamente, el patrón de acumulación de capital a través de la exportación de materias primas se reforzará en este período, y las políticas de infraestructura física de COSIPLAN serán cruciales para ello. La configuración de esta nueva identidad tornará inteligible y aceptable el modelo regional de desarrollo neoextractivista²¹ que posibilitó como actor legítimo al Estado en el proceso de apropiación de excedente (^{Escalante Moreno, 2018}). En este sentido, UNASUR como identidad regional se ancla en el discurso neodesarrollista que se había tornado hegemónico a partir de 2007.

Con la llegada al poder de gobiernos postliberales (^{Arditi, 2009}), resurge con fuerza el discurso hegemónico del desarrollo como crecimiento indefinido, como la nueva posibilidad de incorporar el progreso y la modernidad a la región bajo una retórica neodesarrollista. Luiz Carlos Bresser-Pereira y Aldo Ferrer son dos de los economistas más importantes representantes de esta línea de pensamiento económico. Ambos autores sostienen que el neodesarrollismo es una alternativa al neoliberalismo reinante y al viejo desarrollismo cepalino. Es presentado como un tercer discurso que se centra en reformas institucionales y en políticas macroeconómicas de corte keynesianas.

En suma, en el marco de un nuevo ciclo de acumulación, América Latina parece haber retomado este mito fundante y primigenio, que en el contexto actual vuelve a alimentar la ilusión desarrollista, expresada en la idea de que, gracias a las oportunidades económicas actuales (el alza de los precios de las materias primas y la creciente demanda, proveniente sobre todo de China), es posible acortar rápidamente la distancia con los países industrializados, a fin de alcanzar aquel desarrollo siempre prometido y nunca realizado de nuestras sociedades. (^{Svampa, 2015, p. 31}).

La cuestión del desarrollo latinoamericano ha sido uno de los grandes tópicos de disputa en la región desde mediados del siglo XX. En los últimos años ha habido una reactualización de las lecturas sobre los nuevos procesos de acumulación que se dan en la región a partir de los modos y formas en que se inserta internacionalmente a partir de las dinámicas que asume el sistema capitalista. En este sentido, ^{Quijano (1993)} señala que las dos lecturas dominantes (neoliberalismo, neodesarrollismo) postulan que la “situación actual de América Latina en la economía mundial es, en lo fundamental, resultado del desplazamiento de sus recursos en favor del “centro” o “norte”, como parte normal del comportamiento de la economía, en la versión neoliberal; o, en la versión neodesarrollista, como imposición del poder” ^{(1993, p. 45)}. Pero lo importante para el autor es destacar que esta situación se explica a partir del patrón de poder que la relación europeo-no europeo impuso.

Sin tal colonialidad del poder no sería posible entender y explicar la paradójica historia de las relaciones de América Latina dentro del mundo, ni del mundo de las relaciones sociales dentro de América Latina, ni sus recíprocas implicaciones. En otros términos, la historia del poder, de la cual hace parte la del “desarrollo”, sería ininteligible en América Latina (^{Quijano, 1993, p. 51}).

La integración física fue presentada en esta investigación como un elemento de disputa central entre los modelos de desarrollo (neoliberal vs. neodesarrollista) y regionalismo (abierto vs. post-liberal) dentro de ese patrón de poder colonial que atraviesa la historia de América Latina.

Reflexiones finales

En este artículo se estudian las condiciones de emergencia y estructuralidad de dos identidades regionales que han sobredeterminado los procesos de infraestructura física en la integración sudamericana entre el año 2000 y 2015. Para ello se han expuesto las condiciones histórico-políticas que instituyeron las relaciones entre actores, instituciones, intereses y proyecciones a partir de lo cual estas identidades se estructuraron. Asimismo, se analizaron las prácticas discursivas al identificar tres momentos de constitución de las lógicas políticas de las identidades IIRSA y COSIPLAN.

Un primer momento, que en este escrito se denomina fundante (2000-2004), estuvo marcado por las políticas neoliberales de apertura a la economía mundial, desregulación del mercado y privatización de los bienes públicos que desde los años noventa implementaron los Estados latinoamericanos; las propuestas de interdependencia económica, competitividad de los países y economía internacional abierta que pregonaba el regionalismo abierto en la región; y, un tercer elemento, fueron los tratados de libre comercio, como ALCA, que respondían a los intereses en la región de la potencia hegemónica (Estados Unidos). Estas condiciones sobredeterminaron las relaciones que instituyen a IIRSA como el proyecto de interconexión terrestre de la región que posibilitaría su inserción internacional a partir de la extracción y exportación de bienes primarios al responder a los patrones de poder establecidos por la división internacional del trabajo en la fase actual del capitalismo.

Además, a través del análisis de las practicas discursivas, se expuso que las fuentes de legitimación de este proyecto habían sido los doce gobiernos latinoamericanos que lo promovieron y ejecutaron durante los tres primeros años con la asistencia y el financiamiento de organismos financieros multilaterales regionales e internacionales BID, CAF y FONPLATA.

El segundo momento, que se identifica como momento de transición (2004‑2008) entre la institución de IIRSA y la creación de COSIPLAN‑UNASUR, estuvo marcado por distintas disrupciones que desplazaron los sentidos políticos articulados a la integración física regional: la inauguración en 2003 de un ciclo de gobiernos postliberales con nuevas agendas en política exterior que reconfiguraron las relaciones regionales y de estos países con los centros de poder mundial; el No al ALCA; la reconfiguración de los Sistemas de Integración Regional (MERCOSUR, CAN, UNASUR, CELAC); la predominancia de lo político‑ideológico en las directrices de los gobiernos progresistas de Sudamérica a partir de 2007; y, un nuevo ciclo de acumulación regional (2003-2012) que posibilita la consolidación de un modelo extractivista‑exportador de recursos naturales para la región.

En este segundo momento, se identifican disputas entre los países de la región (Venezuela-Brasil) por la imposición del modelo de integración a seguir. En este sentido, la integración física comienza a verse como posibilidad no sólo de inserción internacional sino también como eje del desarrollo endógeno regional. Por tanto, hay en esta etapa una resignificación de IIRSA como dispositivo político-ideológico en los procesos de integración física.

En este nuevo contexto emerge COSIPLAN como una identidad que hegemoniza el campo discursivo de la integración física sudamericana desde 2008 hasta 2015. Esta nueva identidad articula una red de sentidos, tópicos y doxas que otorgan legitimidad y aceptabilidad a nuevos actores e instituciones. Se expuso a través del análisis político del discurso que esta identidad va a estar constituida relacionalmente a partir de ciertos tópicos significantes como Estado, pueblos, países y conectividad que posibilitan y tornan verosímil el modelo de desarrollo extractivista a partir de su inscripción en la doxa neodesarrollista de los gobiernos populares llegados al poder a partir de 2003.

Por último, es necesario señalar que con este trabajo se pretende realizar un aporte al estudio de los procesos de integración física sudamericana, a partir del análisis de los sentidos y sistemas de significación que operaron en la construcción de la región como espacio de disputa de poder en la fase actual del sistema capitalista.