La fosa de agua es un libro periodístico que recopila las historias de niñas mexicanas desaparecidas y asesinadas en el Estado de México durante los años 2011 y 2013. Presenta a los lectores los relatos y las conversaciones con sus madres, padres, amigas, compañeras de escuela, y las torpes investigaciones judiciales que, vistas en su conjunto, destapan un sistema misógino que normaliza la violencia y se niega a la búsqueda de las víctimas. Se puede ver cómo, a los ojos de las instituciones patriarcales y el criterio de los funcionarios públicos que deben proteger y garantizar la seguridad, una niña desaparecida no merece ser buscada porque “tenía muchos novios”, “consumía droga”, “se escapó con el novio y de seguro regresará con premio”. Lydiette Carrión exhibe la inconsistencia y los esfuerzos mínimos del poder judicial en el país.

Tras su investigación, la autora demuestra las diversas relaciones que tiene el Estado con bandas criminales, que en ocasiones puede ser represiva, pero coludida y cómplice en otras. De igual forma expone el poco empeño por parte de los ministerios públicos en dar el correcto y debido seguimiento a los expedientes y las supuestas complicaciones que limitan la búsqueda de niñas y mujeres mexicanas con la finalidad de evitarse líos políticos e incomodidades. El resultado es la falta de capacidad y una profunda resistencia a proteger y brindar justicia.

La autora refuerza la tesis sobre la crisis de violencia contra las mujeres, como lo muestran claramente las lamentables estadísticas, entre ellas se encuentra el informe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que informa que tan solo en enero y febrero del 2021, se han reportado 110 mujeres desaparecidas, de las cuales la mayoría se encuentra en el rango de edad de 15 a 19 años (^{RNPDNO, 2021}).

Entre ellas se encuentra Bianca, Yenifer y Diana Angélica, todas menores de edad. Niñas que fueron revictimizadas una y otra vez con los comentarios machistas e inoportunos de las autoridades. Las víctimas eran “malas”, con ese argumento se excusaron para no realizar su trabajo y negarse a abrir un expediente, para resistirse a buscarlas y mencionar que era inútil porque ya estaban muertas.

Más allá de mostrar y resaltar la ineficacia de las instituciones mexicanas, se debe de poner atención en cómo estas niñas estaban relacionadas con la comunidad, la colonia, y los sujetos violentos, que también eran niños.

Carrión narra en su libro que en Héroes de Tecámac, lugar donde sucedieron las desapariciones y feminidios, existía una gran cantidad de vecinos que eran policías estatales o municipales asignados al municipio o a municipios vecinos. Si bien se podría abrir el debate de si la existencia de cuerpos policiacos brinda más seguridad o un aumento en la percepción de esta, el libro demuestra que a pesar de esa presencia, existían pandillas en la comunidad que se juntaban a modificar motos y realizar otras actividades delictivas. La realidad de este municipio es la misma que en muchas otras partes de México, jóvenes viviendo en zonas sin áreas de esparcimiento, seguridad ni acceso a cultura y, en general, forzados a vivir en el presente sin muchas perspectivas claras hacia el futuro. Sin embargo, yo cuestionaría si esos son los únicos factores que empujan a ser y aprender a ser violento.

Citando a la autora, “no se necesita una enfermedad mental para volverse criminal, es una actividad aprendida” (p. 193). Lo que se necesita para volverse un actor violento es un sistema que lo permita e incentive. Esto se ve reflejado primordialmente con una acción: la impunidad. La investigación de Carrión lo muestra en el texto desde el inicio, exponiendo la renuencia de las autoridades a abrir expedientes de búsqueda y reportes de mujeres desaparecidas, seguido de la constante revictimización de las víctimas y familiares. También con el desdén y desvalorización manifiestos hacia las niñas por parte de las autoridades. Se las cree “descuidadas” al suponer que se escapan por causa de un embarazo no deseado, porque es más importante que una niña se cuide de no embarazarse que detener a un asesino o violador. Asimismo, se reluce la complicidad de los servidores públicos como agentes violentos y feminicidas, que quedan impunes, mostrando que el pacto patriarcal se encuentra institucionalizado. No importa si es trabajador del ministerio público, policía municipal o estatal o un hombre que trabaje fuera de una institución gubernamental, la impunidad es un común denominador para los agresores en México.

La raíz de toda esta maraña de crimen e impunidad es la cultura machista y misógina que, de manera pertinaz, entiende que las niñas y las mujeres se deben mantener en lo privado y solo servir para cuidados del hogar; que estudien, tengan aspiraciones, una vida sexual activa y actividades fuera del hogar las convierte en merecedoras de violencia y muerte. Lydiette Carrión cita a la Silvia Federeci, quien menciona que cuando los hombres crecen en entornos de violencia se sienten cómodos con ejercerla, pero también desempoderados, por lo que intentan recuperar su masculinidad al costo de la vida de las mujeres: “no saben más que relacionarse emocional y afectivamente con las mujeres por medio de la violencia física” (p. 194)

La lucha feminista siempre tendrá un sabor agridulce. Dulce por encontrar a mujeres con las que puedes compartir experiencias por medio de la resistencia y el cuidado, pero agrio porque solo nosotras entendemos las violencias que conlleva vivir siendo mujer. La fosa de agua: desapariciones y feminicidios en el Río de los Remedios es un libro lleno de lamentos, injusticias y rabias que logra recuperar el recuerdo de las víctimas por medio de los relatos compartidos de sus seres queridos. Al mismo tiempo, demuestra la ineptitud y misoginia de las instituciones del sistema judicial en México.

Por un lado, queda claro que debemos dejar atrás la idea dicotómica sobre víctimas y victimarios cuando se trata de cualquier agente violento y tratar de entender qué factores detonan el instrumento de la violencia desde una perspectiva feminista. Y por otro, la urgencia de una reestructuración del sistema penal y judicial del país para que tome acciones que dejen de minimizar, revictimizar y subestimar a las niñas y mujeres desaparecidas. En todo caso, nada al costo de la vida de niñas y mujeres. Nunca más. Ni una menos.