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INTRODUCCIÓN
La literatura sobre la migración internacional tiende a definirla como un fenómeno fundamentalmente económico, pasando por alto que es, antes que cualquier otra cosa, un hecho político (Brubaker, 2010, 2015). Esto se explica porque las personas traspasan los límites territoriales y producen una alteración de las membresías políticas esperadas por los Estados nación. Estos estudios, normalmente situados dentro de la sociología económica, sostienen el planteamiento de que el capitalismo global y las estructuras financieras, en general, y las empresas intensivas en mano de obra, en particular, son las instituciones que asignan y distribuyen los lugares que ocupan los migrantes internacionales en los sectores económicos y las posiciones sociales de los Estados nación (Golash-Boza, 2015). Más aún, recurren al argumento central de que la movilidad internacional de personas pertenecientes a grupos obreros y campesinos constituye esencialmente una estrategia para la acumulación de recursos monetarios con el objetivo de sobrepasar las condiciones de vulnerabilidad que se viven en las comunidades de origen. En esta literatura la influencia del Estado es apenas analizada (Hagan y Wassink, 2020).
Sin embargo, la base empírica de los estudios migratorios contemporáneos entre México y Estados Unidos demuestra que el papel del Estado es central en la vida de los migrantes, especialmente si se observan las consecuencias derivadas de las políticas de integración o rechazo desplegadas por las diversas instituciones que brindan servicios públicos. Esto explica por qué la complementación de enfoques teóricos, metodológicos y analíticos de la sociología política con la sociología económica de la migración internacional abre la puerta para analizar los cambios en las estructuras a nivel nacional y regional que producen cambios migratorios a gran escala y las respuestas institucionales frente a la presencia de migrantes internacionales, que se desenvuelven en distintos cuerpos políticos a lo largo de su vida.
En este sentido, el presente artículo reúne algunas de las contribuciones de la sociología política de la migración internacional para el estudio de un subcampo específico: la exclusión escolar de niñas, niños y adolescentes migrantes internacionales en México. Y tiene el propósito de mostrar el valor analítico de esta sociología para estudiar los distintos caminos que toma el acceso a los servicios públicos. En estos procesos ha quedado demostrado que la ciudadanía, el goce de derechos políticos y la circularidad entre varios Estados representan elementos clave para la migración contemporánea.
La principal fuente de información presentada es producto del análisis resultante de la tesis doctoral del autor en donde se analizan las prácticas burocráticas institucionalizadas en escuelas públicas de México que provocan el abandono escolar de alumnos, quienes vivieron parte de su vida en Estados Unidos. La mayoría de ellos nacieron en EE. UU. con derecho a una doble nacionalidad, mientras que el resto son menores mexicanos que retornan después de haber estudiado en escuelas estadunidenses (Carrillo, 2023). De forma adelantada, se anuncia que las instituciones educativas en México provocan ingresos obstaculizados a la escuela, por las decisiones tomadas por las autoridades, que terminan por inducir al rezago educativo y el regreso a Estados Unidos, en el caso de alumnos binacionales, para continuar con la escolaridad obligatoria o superior.
Este texto inicia con una síntesis de las contribuciones de la sociología política de la migración internacional para el caso de la reciente migración de Estados Unidos a México, seguida de una vinculación entre la exclusión escolar y política de las instituciones públicas hacia los menores de edad en el país, provocada por la responsabilidad legal y moral que ostentan. Más adelante, se presentan extractos narrativos de entrevistas con madres migrantes que retratan los argumentos y las prácticas empleadas por directores de escuelas primarias y secundarias de México para no admitir a sus hijas e hijos migrantes internacionales. Finalmente, las conclusiones retoman algunos planteamientos en torno a la relevancia de la dimensión política de la migración internacional para el estudio de la exclusión escolar en el contexto actual del tránsito binacional de niñas, niños y adolescentes retornados y con derecho a una doble nacionalidad.
ALGUNAS IMPLICACIONES POLÍTICAS DE LA MIGRACIÓN ACTUAL DE ESTADOS UNIDOS A MÉXICO
El escenario demográfico de la migración internacional entre México y Estados Unidos ha estado experimentando transformaciones inéditas desde hace más de 15 años. En Estados Unidos, la población mexicana -que históricamente ha representado el grupo más grande de inmigrantes- ha venido adelgazándose desde el 2007, provocando un saldo migratorio negativo en la migración binacional. Este saldo revertido es producto de que el volumen de individuos que se mudan a México es superior al que se dirige hacia Estados Unidos (Passel et al., 2012). En este sentido, es destacable observar que la literatura sobre migración internacional sostiene que México, además de ser una fuente de emigración, se ha ido convirtiendo en las últimas décadas en un territorio de destino para personas provenientes de Venezuela, Estados Unidos y algunos países centroamericanos. Sin embargo, la población de origen mexicano constituye el contingente de mayor volumen en el país y ha seguido de cerca las transformaciones estructurales, económicas y políticas ocurridas en Estados Unidos en distintos periodos históricos. Por ejemplo, en este flujo participan adultos retornados, por vía voluntaria o por deportación; jóvenes mexicanos que crecieron, estudiaron y trabajaron en Estados Unidos, comúnmente catalogados como la generación 1.5; y menores de edad, que se mudaron con sus familias mexicanas y componen un grupo de niñas, niños y adolescentes mexicanos retornados y nacidos en Estados Unidos que llegan a México por primera vez. En estas familias conviven múltiples trayectorias de vida, que se van desarrollando según el país de nacimiento, la edad al migrar y su estancia en uno o varios sistemas escolares (Waldinger, 2008).
En medio de este entramado, los migrantes internacionales hacen sus vidas, ocupan lugares de trabajo que se acoplan a su situación legal en el país y a sus destrezas laborales, forman vínculos amorosos y familiares, se integran al sistema educativo y construyen amistades y redes de apoyo. No obstante, tanto los factores que explican los cambios demográficos antes mencionados, como las posibilidades que tienen las personas para transitar dentro de las instituciones y la sociedad de cada país están empujados en mayor medida por las fuerzas estructurales y no por sus elecciones personales. Dicho de otro modo, los Estados, a través de los órdenes institucionales vinculados a la distribución de los puestos de trabajo a los que pueden acceder estas personas; las políticas de identidad, que vinculan una membresía con el goce de derechos; los mecanismos de persecución a migrantes internacionales y, en menor medida, los programas sociales, entre otros aspectos a considerar, motivan y aprovechan la movilización de personas entre países y las acomodan en los lugares en donde los migrantes pueden construir sus vidas, en ocasiones, a los márgenes de lo público e institucional.
Todo esto conduce al reconocimiento de que la migración internacional es un fenómeno político. Cuando un migrante cruza las fronteras geopolíticas, se convierte en un extranjero despojado de la membresía y el estatus más legítimo para su integración en el Estado al que llega: la ciudadanía. Esto, por cualquier lado, altera la fórmula clásica de sociedad, gobierno y territorio porque la coherencia política sobre la prestación de servicios para ciudadanos en un territorio soberano se desajusta ante la presencia de habitantes que no son reconocidos políticamente como tal (Waldinger y Soehl, 2013; Faist, 2004; Waldinger, 1998).
Es en estas circunstancias en donde se presenta con mayor nitidez que la ciudadanía incluye a unos y excluye a otros, y que, en el contexto de la migración internacional, esto ocurre por lo menos en dos circunstancias. En primer lugar, los países de origen no logran gobernar muy bien a ciudadanos que están fuera de su territorio, mientras que los países de destino niegan derechos a individuos que no pertenecen al cuerpo político. No obstante, en países de migraciones masivas y antiguas es posible sostener el vínculo moral y simbólico que los emigrantes y sus descendientes tienen con las comunidades de origen. México es un caso ejemplar de esto. Para ilustrar la primera situación basta con observar la falta de reciprocidad que hay entre la condición de “trabajador” y “beneficiario” para observar una circunstancia en el acceso inequitativo a servicios públicos vinculados con la recaudación de impuestos. En 2019, los migrantes internacionales en Estados Unidos aportaron cerca de 500 000 millones de dólares en impuestos y, en específico, la contribución de la población sin autorización oficial para trabajar representó 6.2 % de la recaudación total (Mueller, 2019).
Una buena parte del gasto público está asignada presupuestalmente a instituciones que ofertan servicios educativos y de salud a nivel local, estatal y federal, pero la realidad es que apenas una pequeña parte de la población indocumentada logra acceder a programas estatales como Social Security y Medicaid, solo los ciudadanos y los residentes, en determinados casos, pueden gozar de los beneficios de ese tipo de programas. Millones de personas sin autorización oficial para trabajar contribuyen con el pago de sus impuestos por medio del Individual Taxpayer Identification Number (ITIN), un número de identidad fiscal que el Estado brinda para asegurar el pago de impuestos aun sin contar con un número de social security. De esta forma, esta población aporta anualmente a la recaudación de impuestos por vías legítimas del Estado, sin embargo, el ITIN no es una vía para destrabar el acceso a programas y beneficios públicos vinculados exclusivamente con el número de social security. En estos casos, tal correspondencia está determinada por la membresía política.
Volviendo a la segunda situación, el vínculo que puede construir un Estado con los ciudadanos que viven fuera de sus límites geopolíticos es muy frágil por diferentes motivos, tomemos por ejemplo, la red consular mexicana en Estados Unidos, que además de proporcionar trámites en calidad de registro civil para la expedición de documentos de identidad, también se ha extendido mediante la participación electoral fuera de México desde 2006 con el apoyo del Instituto Federal Electoral (actualmente Instituto Nacional Electoral) (Guerrero Aguirre, 2013). El primer ejercicio de elecciones presidenciales de México con el voto de mexicanos viviendo en otro país en 2006 aporta información en este aspecto. Para facilitar el sufragio se tuvieron que modificar reformas para reglamentar el voto en el extranjero y crear una administración nueva entre el Instituto Federal Electoral, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Servicio Postal Mexicano. Si bien, la demanda del voto desde el extranjero se remonta a diferentes momentos del siglo XX, fue hasta el inicio de la primera década del siglo XXI cuando se realizaron los primeros intentos de participación política en el extranjero.
El resultado del ejercicio de 2006 reveló que menos de 1 % de los mexicanos fuera del país votaron, a pesar de que el pronóstico era más alentador. Al final, el voto por vía postal, en medio de un entorno de tecnologías digitales más accesibles provocó, en buena medida, que no se incentivara la participación por lo confuso y poco práctico del trámite (Guerrero Aguirre, 2013). Este caso ilustra que los países de destino conceden a los países de origen, y sus instituciones de política exterior, el permiso de efectuar prácticas políticas de baja intensidad, aunque estas difícilmente se posicionan como temas prioritarios en la agenda pública. En consecuencia, es muy probable que el vínculo logre erosionarse con el paso del tiempo (Waldinger y Soehl, 2013; Waldinger, 2008). Con estos ejemplos se pone de manifiesto la isomorfa relación entre sociedad, territorio y nación, que se trastoca en el contexto de la migración internacional, y que la condición de ciudadano, como de migrante internacional, juega un papel clave en el análisis de las respuestas institucionales que ofrecen los Estados a la población migrante, así como la formación de cursos de vida resultantes de esta relación con el Estado.
Lo que demuestran parcialmente estos ejercicios de ciudadanía transnacional (Vilches Hinojosa y Aguilar López, 2022) es que la protección brindada por el Estado hacia sus miembros que viven en otro país permanece acotada en la realidad. Esto se debe a que el carácter coercitivo del poder político de los Estados de destino termina por imponerse. Por ejemplo, los mexicanos en EE. UU. están obligados, por un lado, a mostrar una conexión legítima con el cuerpo político estadunidense para acceder a bienes y derechos en aquel país y, por otro, a mantener su vínculo con México para desenvolverse en actividades políticas y aprovechar los servicios consulares (Bauböck, 2008). Dicho de otra manera, las afiliaciones políticas de los migrantes internacionales yuxtaponen las normas consagradas en las leyes del país de destino, con la vigencia y el mantenimiento de su membresía con el país de origen.
LA EXCLUSIÓN ESCOLAR ES POLÍTICA
Aun cuando son más los mexicanos y los nacidos en Estados Unidos que regresan a México que los que emigran hacia el norte, esta dinámica enfatiza lo que ha ocurrido durante décadas y que seguirá acentuándose en el futuro: que los dos países comparten una buena proporción de sus habitantes, ciudadanos, trabajadores y, para el caso que aquí interesa, alumnos. Dicho de otra manera, el grupo de origen extranjero más grande en Estados Unidos está conformado por más de 11 millones de mexicanos que residen en el país (U.S. Census Bureau, 2021), mientras que en México el grupo más grande de personas nacidas en otro país se constituye por más de 1.2 millones de personas provenientes de Estados Unidos. La estimación oficial en 2020 reportó que más de 750 000 niñas, niños y adolescentes nacidos en Estados Unidos vivían en el país, mientras que el grupo de mexicanos menores era más reducido y estaba compuesto por poco más de 90 000 personas (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [INEGI], 2020). De esta nueva estructura demográfica surgen dos cuestiones importantes: 1) la nueva migración hacia México es fundamentalmente infantil, por lo que se vincula estrechamente con la inclusión educativa, y 2) las instituciones estatales se enfrentan a la llegada masiva de ciudadanos y extranjeros.
Así, la presencia numéricamente significativa de niñas, niños y adolescentes procedentes de Estados Unidos trae consigo nuevos dilemas en el acceso a la educación obligatoria que recientemente se han observado en México. A diferencia de otras generaciones ordenadas conceptualmente en los estudios migratorios, como la generación 1.5 o la segunda generación, las niñas, niños y adolescentes que ahora se encuentran en México experimentan una socialización con contradicciones y tipos de fragmentación diferentes a los que pueden llegar a experimentar menores que nunca han vivido en otro país (Zúñiga y Giorguli, 2019). Esto se debe a que la edad importa mucho al momento de migrar (Waldinger, 2008). La acción educativa toma un papel central en el aspecto sociológico, especialmente porque la población de menores retornados está conformada principalmente por jóvenes entre los 10 y 14 años. A todas luces, es fácil asumir que este grupo transitó por el sistema escolar de Estados Unidos y, como consecuencia, internalizó en mayor o menor medida afiliaciones con la sociedad de aquel país.
La nomenclatura acuñada para las niñas, niños y adolescentes consagrados en este artículo recibe el título de generación 0.5. Los planteamientos centrales de esta categoría consisten en que estos menores han estado llegando al país para iniciar o continuar con sus estudios durante una edad escolar, de tal forma que no logran ser atravesados por experiencias subjetivas de ilegalidad y deportación en Estados Unidos como regularmente suele señalarse en estudios sobre la generación 1.5. Además, los menores nacidos en aquel país no logran adecuarse a los criterios que identifican a las niñas, niños y adolescentes de segunda generación puesto que han viajado a otro país antes de la mayoría de edad y en ocasiones, según lo observado, circulado entre los dos países. Por lo tanto, la socialización escolar, lingüística y social han ido desarrollando comunidades sociolingüísticas diferentes y en contextos institucionales en diferentes Estados (Zúñiga y Giorguli, 2019). Así, desarrollan habilidades académicas y sociales que les permiten negociar significados y desarrollar complejos sentimientos de pertenencia, en conclusión, de múltiples lealtades.
En este contexto, el poder moral y político que tiene la escuela destaca en estos casos porque es la institución encargada de incorporar a los nuevos integrantes de la sociedad como miembros del cuerpo político (Zeigler y Peak, 1970). Y, en el caso de los migrantes internacionales, su función es todavía más crucial porque con el paso del tiempo tiene el propósito de atenuar las diferencias con que se enfrentan al ser migrante o no-migrante. Los menores que llegan a México y que tienen iniciada una socialización escolar en un sistema educativo de otro país, se insertan en un mundo social, educativo, lingüístico y simbólico que rivaliza con el contexto internalizado previamente en plena infancia (Panait y Zúñiga, 2016). El enfrentamiento es radical y político. Las niñas, niños y adolescentes tienen legalmente el derecho a la educación laica, obligatoria, integral, inclusiva, equitativa y de calidad1 sin prestar atención al estatus migratorio, si han estudiado en otros sistemas escolares o su dominio del español académico.1 Además, como se trata de una población de origen mexicano, quienes nacieron dentro del territorio adquieren la nacionalidad por derecho de suelo, mientras que los que nacieron en Estados Unidos pueden acceder a la nacionalidad mexicana por derecho de sangre.2
En este punto cabe señalar el planteamiento de que la membresía al cuerpo político constituye un factor clave en la inclusión o exclusión de los migrantes internacionales y los menores que llegan a México no son la excepción. No obstante, ostentar la nacionalidad mexicana no es la única condición que entra en escena, también es importante señalar que esta población está en edad escolar y que son niñas, niños y adolescentes que cruzaron la frontera entre ambos países. En otras palabras, en estas personas conviven múltiples condiciones políticas: pueden ser ciudadanos o extranjeros, alumnos o “desertores”, migrantes de retorno o de primera llegada y todo antes de cumplir la mayoría de edad.
Investigar en torno a las tensiones que surgen de este encuentro entre niñas, niños y adolescentes e instituciones públicas de México, en particular con escuelas de educación obligatoria, es un campo de estudio reciente en el país y se interesa en mostrar los múltiples nexos entre la migración internacional y la exclusión escolar. Revisando la literatura al respecto, es notable observar que los procesos burocráticos para la inscripción escolar presentaban retos complicados de superar por parte de sus madres y padres. De forma sintetizada, este proceso de inscripción no siempre se presenta con procedimientos claros o fáciles de seguir (Román, 2017), el derecho a la educación se encuentra limitado (Jacobo Suárez et al., 2022), es más largo para migrantes internacionales que para menores sin experiencia migratoria (Valdez Gardea et al., 2018) y tiende a producir el desánimo para continuar los estudios (Vargas y Camacho, 2015).
FUENTES
Este artículo muestra parte de los hallazgos realizados en una investigación situada en los estados de Jalisco, Morelos, Nayarit y Sonora entre 2018 y 2021, con madres migrantes que experimentaron obstáculos para inscribir a sus hijas e hijos retornados y binacionales en escuelas primarias y secundarias públicas. Para conocer las prácticas burocráticas y condiciones institucionales que producen la desvinculación escolar de niñas, niños y adolescentes migrantes internacionales es preciso recurrir a procedimientos metodológicos que permitan reconstruir las trayectorias escolares y migratorias de actores sociales que se caracterizan por movilizarse continuamente y que, al hacerlo, experimentan rupturas y malentendidos simbólicos, culturales, sociales y académicos en los lugares a los que llegan. En este sentido, la migración internacional de menores de edad supone profundos cuestionamientos sobre los retos institucionales que tienen los Estados para incorporarlos como miembros de la sociedad.
En este campo, los protagonistas son actores transnacionales que participan en contextos locales poco familiarizados con dinámicas migratorias entre varios países. Los hijos de las madres consagradas en esta investigación son: migrantes internacionales por primera vez al viajar a México, migrantes de retorno siendo menores de edad, migrantes temporales que estudian o trabajan en Estados Unidos, y que visitan a sus familias en México durante periodos vacacionales, migrantes de retorno a Estados Unidos, entre otras modalidades. Los testimonios retratan las complejas decisiones que atraviesan las madres de familias migrantes con hijos mexicanos y binacionales para lidiar con la unión y separación familiar y la gestión de su escolaridad y futuro laboral. La limitación temporal de este estudio solo incorpora un episodio más de su vida migratoria, es decir, el que ocurrió en México cuando llegaron con hijos menores de edad, pero observa en retrospectiva los motivos por los cuales llegaron al país y también captura algunas de las trayectorias que forjarán el futuro. Asimismo, a pesar de que el desarrollo del trabajo de campo se sitúa en México, las narrativas capturan las experiencias subjetivas que revelan procesos históricos y estructurales en los dos países.
Los estudios sobre escolaridad de alumnos transnacionales tienden a centrarse en el discurso de los directores de escuela y el de los propios alumnos incorporando accidentalmente la perspectiva de las madres, padres y tutores. Cada uno de estos actores aporta información singular de la desafiliación escolar y política, sin embargo, lo hacen con respecto a la posición que tienen en el sistema escolar y con el lugar que ocupan en la migración internacional. De esta manera, los directores aportan información sobre la aplicación de protocolos, los argumentos para permitir aceptar o negar la incorporación escolar y la postura oficial ante la llegada de alumnos con escolaridad en otro país; en pocas palabras, se trata de los operadores de la expulsión sistemática (Zúñiga y Carrillo Cantú, 2020; Valdez Gardea et al., 2018). La literatura sobre alumnos, por otro lado, narra desajustes lingüísticos, diferencias pedagógicas entre las escuelas en las que estudiaron, construcción de sentidos de pertenencia transnacional, desarrollo de habilidades transculturales, entre muchas cosas más, y estos son los afectados de los procesos anteriores (Román, 2017).
Las narrativas presentadas están acomodadas por categorías según las experiencias que tuvieron las madres con servidores públicos en oficinas de instituciones de educación en las entidades de estudio. La elección de este método responde a la importancia de restituir las voces maternas en torno a la exclusión escolar, que enfrentan sus hijos migrantes internacionales en el país. En términos generales, la investigación narrativa como la que aquí se presenta tiene la virtud de mostrar un análisis de la experiencia humana (Blanco, 2011), en específico de las madres, que permite retratar dos circunstancias esenciales para la comprensión de la exclusión escolar, por un lado, estas narraciones permiten acceder indirectamente a prácticas concretas de autoridades educativas, que si bien son interpretadas y narradas de forma determinada por ellas, logran ser visibilizadas, y por otro lado, capturan los juicios morales que establecen las madres en situaciones concretas de injusticia social y registran las estrategias para sobrepasar obstáculos y revelan planes a futuro. En pocas palabras, este enfoque narrativo trata sobre el análisis de la experiencia escolar.
Las madres ocupan un lugar especial en estos procesos y son, a la vez, relatoras y partícipes que interpretan las justificaciones que tienen los operadores de la exclusión y elaboran estrategias con los conocimientos que tienen a la mano y los capitales sociales, económicos y afectivos para lidiar con la interrupción de los planes educativos, laborales y migratorios que esperan para sus hijos. Son “mediadoras de la cultura” (Kral y Reyes, 2021) en el sentido de que ellas afirman que apoyan a sus hijos en el proceso de llegada a un país nuevo con el propósito de incorporarse lingüística, social e institucionalmente para que logren credenciales y destrezas que les permitan asegurar un futuro con mayores oportunidades laborales y de movilidad internacional.
ENTRE LA AFILIACIÓN POLÍTICA Y LA ESCOLARIDAD: LOS CASOS EN CUATRO ESTADOS DE MÉXICO
En una de las primeras visitas al Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM) de Morelos en 2020 fue posible conversar con su coordinadora estatal. El interés de ese encuentro se centró en conocer el punto de vista de varias autoridades educativas en torno a las normas escolares de 2015.3 La entrevista abordó circunstancias sobre el proceso de inscripción cuando la madre, padre o tutor no cuenta con documentos de identidad y sobre la revalidación de estudios en otro país porque este trámite solo aplica si el alumno es inscrito entre el sexto año de primaria y el tercer año de secundaria. A pesar de que las normas escolares habían entrado en vigor cinco años atrás de esa conversación y de que el equipo del PROBEM capacitaba a directores en todos los municipios de Morelos, seguían acudiendo madres para denunciar que sus hijas e hijos habían sido rechazados en la escuela que les asignaba el PROBEM. Estas situaciones generaban el descontento de la coordinadora estatal porque para ella “la escuela se debe encargar de la educación y el registro civil de la identidad”. Resumió que la justificación común para que esto ocurriera era que los directores no podían registrar a los alumnos en su escuela debido a que el formato oficial de inscripción continuaba solicitando como requisito obligatorio la Clave Única de Registro de Población (CURP) del alumno y los documentos de identidad de su madre, padre o tutor. Algunos recibían a los alumnos en sus escuelas para que no perdieran clases, pero les informaban a las madres de hijos nacidos en EE. UU. que eso no significaba que estuvieran realmente inscritos, a menos que presentaran un acta de nacimiento mexicana.
Este argumento ha sido retratado en estudios con directores de escuelas primarias y secundarias de Sonora (Román González y Valdéz Gardea, 2021; Valdez Gardea et al., 2018) y muestra que los alumnos en esta condición nunca están inscritos oficialmente mientras no exista una CURP que sea ingresada al sistema estatal de inscripciones (Medina y Menjívar, 2017). La interrogante que derivó de tal explicación fue que si un alumno llega hasta el final de su primaria o secundaria en ese estado “provisional” de inscripción, ¿qué sucedía cuando se graduaban? Por lo tanto, el siguiente paso fue conversar con un funcionario del área de certificación y expedición de diplomas escolares en la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Morelos y su respuesta fue la siguiente:
La verdad es que no se puede saber [en el sistema] quién es [alumno] extranjero, pero te puedo decir que no se hacen distinciones: si entran a la escuela tienen derecho a terminarla […] -¿Y si entraron sin CURP? -Pues no se le niega el derecho a nadie, se le da un certificado de primaria o secundaria, según el caso, pero no se puede saber quién viene de otro país. Pero sí se debe de tener CURP porque si no, no se puede dar un documento que les sirva para que sigan estudiando. Se les dice a los papás que tienen hasta el último año de primaria para entregar los papeles para que les salga el certificado de primaria. O sea, el alumno puede estar toda la primaria con papelería pendiente, pero sí se le dice a la familia que entreguen todo para cuando son las fechas de graduación. Pero eso que ahora sí depende del director de escuela (Susana, Morelos, 8 de septiembre de 2019).
En este párrafo se puede interpretar que, desde la perspectiva institucional, el acceso a la educación se garantiza, sin embargo, los alumnos deben cumplir una condición esencial: ser mexicanos administrativamente. El predicamento de las autoridades educativas es que pueden recibir a todos los alumnos que llegan a la escuela sin documentos de identidad o escolaridad previa, pero al llegar al cambio de nivel escolar se demuestra que nunca estuvieron formalmente inscritos en el sistema escolar. Uno de los desenlaces más desalentadores de estas circunstancias es que, en lo que respecta a las trayectorias escolares, el vínculo entre documentos de identidad y expedición de credenciales escolares afecta de manera desigual a alumnos transnacionales. Este sería un caso de “desigualdades horizontales” (Solís, 2013) que tiene consecuencias importantes en el curso de vida. Es complicado predecir el futuro para los alumnos que se encuentran en esta situación, pero según lo observado, es muy probable que si asisten a clases sin estar inscritos formalmente, para cuando lleguen al final del nivel escolar no podrán obtener credenciales escolares que les permitan seguir estudiando la secundaria y el bachillerato. Dicho en pocas palabras, todos los años en la escuela habrán servido oficialmente para nada.
Enredos jurídicos en la inscripción escolar por la falta de la CURP
Ahora bien, para muchas madres obtener la CURP de sus hijos nacidos en Estados Unidos no es una tarea sencilla. La única forma de tramitarla es por medio de un acta de doble nacionalidad emitida por el registro civil en México o la Secretaría de Relaciones Exteriores en cualquiera de los consulados mexicanos fuera del país. Como se explica más adelante, muchas de las madres entrevistadas tenían entre sus planes seguir viviendo por muchos años más en Estados Unidos, así que no habían tramitado este documento para sus hijos nacidos en aquel país (en caso de que supieran que existe el trámite), así que cuando se vieron obligados a retornar a México de manera abrupta por la deportación del padre (o para evitarla), no logran migrar teniendo estos papeles en mano.
La abuelita de Luis, un adolescente nacido en Estados Unidos, podría enfrentar algunos problemas en la secundaria de Tlacotepec si él decidiera quedarse, debido a que solamente tiene el acta de nacimiento de Minnesota. Al parecer ambos ignoraban el procedimiento para realizar este trámite en el momento en que se realizó la entrevista. El modelo que ella tiene en mente es el siguiente y es el que ha estado presenciando al cuidar a otros nietos: Luis es ciudadano de Estados Unidos, fue criado adecuadamente por su abuela, así que, llegado el momento, tendrá que irse a Estados Unidos en donde debe vivir su vida. Quedarse en México teniendo la nacionalidad estadunidense no está en el menú de opciones de sus abuelos. Si embargo, el problema que impide iniciar el trámite de la doble nacionalidad es que hay un error en el nombre de su padre: en lugar de aparecer “Óscar”, lo registraron como “Oscarino”. En consecuencia, si el error no se corrige en Minnesota, no procederá el trámite.
Cuando Luis llegó con su familia a México, intentaron inscribirlo en la escuela, pero pronto se percataron de que había errores de dedo, cambio de nombres y alteraciones en el orden del apellido paterno o la omisión del materno en el acta de nacimiento estadunidense. El asunto es que la fórmula del nombre en las actas de nacimiento de los dos países es diferente; habitualmente en Estados Unidos es “nombre(s) + middle name + apellido paterno”, y en México es “nombre(s) + apellido paterno + apellido materno”. Este tipo de errores fue el más recurrente entre las fallas legales que experimentaron las madres y para muchas de ellas la falta de documentos de identidad entorpeció los planes que tenían para sus hijas a hijos.
Tanto el acta de doble nacionalidad como la CURP son credenciales que facilitan el acceso a la educación en México y que representan los recursos más importantes que las madres necesitan concretar para llevar a cabo el plan que tienen para sus hijos en los dos países. Como Luis llegó a Tlacotepec teniendo 6 meses de edad, no logró vivir la transición de escuela de un país a otro como otros menores sí la experimentaron por haber llegado en plena edad escolar. De hecho, Hilda afirmó orgullosa que “nunca reprobó nada, [y que] estuvo solamente un año de kínder y lo pasaron [de nivel] porque ya sabía leer y escribir ‘es que le enseñaba su abuelito’” (Hilda, Morelos, 14 de marzo de 2020). Él ha sido un alumno muy exitoso y ha estudiado todo el tiempo en escuelas de Morelos y todo esto lo ha logrado a pesar de que el único documento que tiene para identificarse ha sido su acta de nacimiento de Minnesota.
Aun así, Hilda ya había iniciado los arreglos necesarios para que Luis se mudara a vivir con su padre. Viajó hasta la Ciudad de México para renovar el pasaporte estadunidense de su nieto y tramitar la visa de turista para ella; Luis estaba seguro de que, a pesar de no saber inglés, el plan le agradaba. Para el momento de la entrevista, Óscar, su padre, estaba en espera de que le autorizaran la green card en Estados Unidos y, si esto no ocurre, él tiene pensado regresar a Morelos. Solo el tiempo mostrará el camino futuro de Luis y Hilda, pero si sucede en México, va a ser necesaria la corrección en el acta de nacimiento de Luis para que pueda tener la doble nacionalidad y, de esta manera, evitar los embrollos jurídicos que pueden presentarse por no tener la CURP.
Como se señaló anteriormente, este trámite es la clave para que las niñas, niños y adolescentes que nacieron en otro país puedan acceder a los servicios públicos. Para las madres, tenerlo ha marcado la diferencia entre recorrer fácilmente el proceso de inscripción de sus hijos o enfrentarse a obstáculos y la interrupción de su escolaridad. Los errores en los documentos de identidad pueden haber ocurrido al momento de capturar el nombre del padre en Estados Unidos o por la falta de registro en México.
Aun así, madres como Nelly hacen todo lo posible por hacer las correcciones de estos documentos sabiendo que el trámite puede resultar costoso y desgastante porque implica numerosas visitas a oficinas de gobierno. Sin embargo, a la larga resulta mejor esto que vivir solamente como estadunidenses en México. Después de pagar los trámites y conseguir los documentos, Nelly finalmente obtuvo el acta de nacimiento mexicana de Joy y Pol, sus hijos, pero se percató de que en las actas aparecían dos apellidos en lugar de uno. Durante varios años no realizó la corrección de las actas porque temía que el cambio implicara destinar más tiempo y dinero para hacerlo. No erró en su suposición. Acto seguido, sus hijos continuaron su escolaridad en Tepic. Pero no fue hasta un viaje de Joy a Estados Unidos en diciembre del 2020, que Nelly decidió retomar el proceso para la corrección de las actas. Añadió que, cada vez que sus hijos llegaran a México tendrían que pagar una suma de dinero por ingresar como estadunidenses y que era mejor que tuvieran pasaporte mexicano para estos casos. Pero como los nombres en ambas actas de nacimiento (la estadunidense y la mexicana) no coincidían no pudo tramitar el pasaporte mexicano para ambos. Bromeó al decir que “ahora sí mis hijos no van a tener madre” (Nelly, Nayarit, 14 de enero de 2021) porque el apellido tendría que eliminarse del nuevo documento. Acudió a las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y presentó las actas de nacimiento estadunidenses de Joy y de Pol, su acta de matrimonio para corroborar los apellidos de sus hijos y pagó más de 1800 pesos por cada rectificación. Sin embargo, la corrección de todos los documentos no había terminado para el momento de la entrevista con Nelly en enero de 2021.
Durante la conversación, no quedó claro si Nelly se refería a un acta de nacimiento mexicana o al acta de doble nacionalidad, pero es importante señalar que tener dos actas de nacimiento es una práctica poco común que no es fácil saber hasta qué punto es promovida por gestores de migración, conocidos de la familia o funcionarios de gobierno. No obstante, para madres como Ileana tener este documento apócrifo sirvió para facilitar el acceso a la escuela recién habían llegado a México, aunque, conforme van progresando en sus estudios, termina por perjudicarlos. Actualmente su hija Susy tiene 15 años, terminó tercer año de secundaria y está iniciando la preparatoria en un CECyTE. “Como padre de familia es otro proceso, muchos se cansan de dar vueltas y los niños pueden perder hasta un año escolar entero. Para mí es súper importante la escuela, mi principal problema era el horario escolar, quería que la cambiaran al turno matutino” (Ileana, Sonora, 20 de noviembre de 2019). Respecto a la documentación, Susy tiene un acta mexicana. Ileana reconoce que no fue la mejor idea sacarle un acta “falsa”, pero que fue lo que se les facilitó, además de que no sabían que podían tramitar un acta de doble nacionalidad. En Estados Unidos la escuela es muy diferente, “se enfocan mucho en conocer al niño, cualquier cosa que haga, luego les hablan a los padres, aquí los maestros no aprenden a conocer a los niños” (Ileana, Sonora, 20 de noviembre de 2019).
Cuando estos menores nacidos en Estados Unidos llegan a México, pueden entran en un limbo legal: algunos son legalmente turistas que estudian en escuelas mexicanas, otros son extranjeros para las instituciones mexicanas, aunque tengan derecho a la ciudadanía mexicana, y unos más tienen enredos más complicados que los asemejan a menores apátridas. En cualquiera de estos escenarios, la falta de la CURP conlleva a la desprotección legal.
Un caso singular fue el de Ana, que sintió el miedo de la deportación, pero estando en México. Federica no ha podido tramitar la doble nacionalidad de su hija Ana porque el acta de nacimiento emitida en California presenta un error en el nombre de su padre. Él ha intentado varias veces corregir el error, inclusive pagando a un abogado, pero no ha tenido éxito. En marzo de 2019, Ana vivía en Guadalajara como una niña estadounidense (entró a México con su pasaporte de Estados Unidos) y con un permiso para residir como turista. Lo que nos detalló es que fue a las oficinas de “migración” en Guadalajara y que ahí le advirtieron que ya había vencido el permiso de su hija y que por tal motivo era acreedora de una multa, además de ser sujeta de deportación. Federica estaba muy preocupada porque le dijeron “Señora, usted va a tener serios problemas” (Jalisco, 8 de marzo de 2019). Estos sucesos nosotros se los narramos, vía telefónica, a la delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Jalisco y la funcionaria negó toda la historia, para ella eso era imposible.
Lo inaudito fue que una autoridad amenazó con deportar a una menor de edad que, por ley, tiene derecho a ser ciudadana mexicana y que había estado viviendo en México con un permiso de turista. Aunque las madres no lo expresen de esta manera, cuando acuden a realizar algún trámite para sus hijos nacidos fuera de México saben que las instituciones públicas no los consideran mexicanos realmente hasta no tener un reconocimiento oficial. Esto plantea una discusión legal muy pertinente en el terreno del acceso a derechos fundamentales en el país porque, aunque Ana es mexicana por derecho de sangre, hasta no tener la doble nacionalidad para los funcionarios del registro civil y del Instituto Nacional de Migración ella seguirá siendo una extranjera y se le tratará políticamente de esa manera. Así, el Estado ejerce su poder de manera diferencia de manera desigual por la condición migratoria (Bloemraad, 2018).
La contradicción en este tipo de circunstancias es tal que los derechos políticos de las niñas, niños y adolescentes están establecidos en las leyes mexicanas, pero, en la práctica, los obstáculos administrativos no garantizan estos derechos. En consecuencia, tanto la ciudadanía como el número o cédula de identidad son credenciales que se utilizan para navegar espacios institucionales (Jacobo y Jensen, 2018). Peor aún, el discurso de defensa de la niñez en México se ha edificado de tal manera que los testimonios de las madres resultan falsos para los funcionarios públicos porque asumen que los marcos normativos y los procedimientos administrativos operan de manera eficiente en cuanto se vuelven ley. Una forma de explicar esta lógica es que el Estado debe asegurar un mínimo de cohesión entre los diferentes grupos sociales por medio de las normas y leyes, y los burócratas consideran que esto ocurre de manera absoluta (Castel, 1997).
Desprotección legal por falta de identidad jurídica
En medio de estos entramados de complicaciones institucionales relacionadas con la identidad jurídica y la integración escolar se encuentran las madres como Federica. Ellas terminan por convertirse en defensoras y gestoras en la búsqueda de la doble nacionalidad para que sus hijos puedan seguir estudiando cuando llegan a México. Los casos más dramáticos son los que no tienen una ciudadanía sustantiva. Esto son un cierto tipo de migrantes apátridas. En el primer tipo se encuentra Gustavo y representa el caso más drástico.
Logramos estimar que Dalia y Manuel vivieron en Los Ángeles poco más de 3 años y, en ese tiempo nació Gustavo (1988). En lo que ambos insistieron fue en el hecho de que no tenían ninguna intención de que su segundo hijo naciera allá; para ellos ese estatus como estadunidense era irrelevante. Gustavo llegó a Guadalajara en una edad en la que todavía no podía entrar a la escuela, luego inició su escolaridad y nunca tuvo problemas en preescolar y primaria, aunque solo tenía el acta de nacimiento de California. Sin embargo, al intentar entrar a secundaria, el director les puso la condición de que llevara en 15 días un acta de nacimiento mexicana, de lo contrario no lo iba a admitir. Para que Gustavo pueda obtener su doble nacionalidad necesita primero apostillar un acta de nacimiento vigente (la cual no tiene y no puede conseguir) para luego obtener un pasaporte estadunidense. El proceso para Dalia y Manuel, cuando lo intentaron hace casi 10 años, era confuso y le exigían los servicios de un abogado. A sus 20 años, Gustavo no ha logrado obtener un empleo atractivo, en parte porque solamente tiene un certificado de primaria (Dalia y Manuel, Jalisco, 9 de marzo de 2019).
Como el acta de nacimiento estadunidense de Gustavo “venció” y presenta errores de dedo registrados en California no han podido tramitar un documento válido. Además, Dalia y Manuel no tienen forma de regresar a California -aunque tienen familiares que siguen viviendo en Estados Unidos- para realizar la corrección del nombre, así que es básicamente imposible que Gustavo tenga la CURP en México. En consecuencia, es un joven que nació en Estados Unidos y que ha estado viviendo en México sin documentos de identidad vigentes.
Un caso a la inversa fue el de Darío, un niño mexicano que vivió en Estados Unidos y que, al retornar a Morelos, vivió durante un año sin ningún tipo de acta de nacimiento. La familia de Zuly llegó en octubre de 2018 a Morelos. Ella supo que existe el PROBEM por la búsqueda que hizo en internet antes de salir de Estados Unidos. Fue por ello que supo que en la escuela podrían pedirle el acta de doble nacionalidad de sus hijos. Vio que si no presentaba ese documento tendría que mostrar otros, pero apostillados razón por la cual creyó que iba a regresar a Los Ángeles a hacer el trámite personalmente: “Sí tengo familia, pero no tan cercana como para que tengan el poder de sacar un acta […] busque aquí en México y luego vi que no pedían apostille” (Zuly, Morelos, 30 de octubre de 2019). Estos eventos ocurrieron a un año del fuerte sismo de 2017 que tuvo su epicentro en Jojutla, muy cerca de Anenecuilco. La recuperación había sido lenta y los servicios públicos no estaban reestablecidos cuando llegó la familia. Tres semanas antes de este estudio pudo conseguir la doble nacionalidad de sus tres hijos:
El problema con Darío, el menor, es que como me lo llevé chiquito no lo registré; no tenía acta y siendo él mexicano también fue muy difícil sacarle el acta. Tenía [que hacer] vueltas a Cuernavaca y que checar si no tenía registro aquí [en México], [me tenía que asegurar] que [Darío] no fuera robado […] Solo tenía el certificado de nacimiento del hospital y con eso [me presenté], pero dudaban [en el Registro Civil] si era falsificado el papel o si era robado. (Zuly, Morelos, 30 de octubre de 2019)
Por eso Zuly tuvo que mostrar recibos médicos, registros y credenciales escolares, huellas dactilares y un acta de inexistencia para que sirvieran de cotejo y descartar que no hubiera otro niño igual a Darío. Al final, se tardaron seis meses en darle el acta mexicana.
Zuly no precisó la razón por la cual Darío no había sido registrado ante el registro civil cuando nació, pero afortunadamente guardó durante todos estos años el certificado de nacimiento que le dieron en el hospital de Morelos. Esto hizo que fuera más fácil obtener el acta de nacimiento mexicana, pero también fue un documento esencial mientras vivió en California. El caso de su retorno es muy lamentable. Vivió hasta los 14 años en Estados Unidos, sacaba excelentes calificaciones en su escuela y se estaba entrenando como boxeador profesional, pero tristemente, un día después de cumplir los 15 años, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos eliminó el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) por lo que no pudo postularse para ser dreamer y permanecer en el país, Zuly narró este infortunio con bastante detalle:
Allá estaban dando ayuda para los dreamers, pero cuando [Darío] iba a cumplir 15 [años], faltaba un día y quitaron el dreamer. Iba a meter la solicitud. Cumplió años el 4 de septiembre y lo quitaron el 5 de septiembre de 2017: era de los 15 [años] para arriba y haber estado en Estados Unidos mínimo por tres años y él tenía 14 años. Yo se lo quería sacar para que no lo sacaran [del país], pero ya no alcanzó, también por eso nos vinimos [a México]. A Darío no le daban muchas ayudas, por eso nos lo trajimos, creíamos que por ser de aquí [nos] iba a ir mejor (Zuly, Morelos, 30 de octubre de 2019).
Ambos sabían que si Darío no lograba entrar al programa, su meta de ser boxeador iba ser prácticamente irrealizable por las complicaciones que acompañan a los adolescentes y jóvenes que no son dreamers. Narró que tan solo para viajar de Victorville a San Francisco debía mostrar una identificación y no podía viajar en avión, por ejemplo, a Washington o Miami. Darío es un adolescente estadunidense que fue criado y se educó en California solo que su membresía política no coincide con su afiliación cultural y lingüística. Su plan es regresar a Estados Unidos, pero sabe que como mexicano es muy complicado volver. Aun así, tiene la esperanza de conseguir una visa de turista en el futuro porque sabe que, si entra al país sin documentos y es detenido por las autoridades migratorias, le impondrían una sanción de 10 años para solicitar una visa; en sus palabras, “quiere tratar de hacer las cosas como se deben hacer”.
Hasta este momento, los fragmentos narrativos presentados aportan experiencias concretas de la exclusión escolar a la que están expuestas las niñas, niños y adolescentes que nacieron, vivieron y fueron a escuelas en Estados Unidos por medio de su encuentro con autoridades educativas, especialmente con funcionarios de la SEP y directores de escuelas primarias y secundarias, y planteles de bachillerato. Las escuelas imponen fronteras (Orellana, 2016) en forma de filtros administrativos que simbólicamente se asemejan al papel que tienen las aduanas para decir quién sí y quién no puede entrar al país, pero también por medio de prácticas cotidiana en el salón de clase que terminan por desalentar a los alumnos y catalogarlos como “problemáticos”, “tontos” y “con déficit” (Dubet, 2009). Visto de manera estructural, las madres son las primeras en darse cuenta muy pronto que las escuelas actúan en contra de sus propias reglas (Lipsky, 1980) cuando entorpecen la incorporación de sus hijos en la escuela y el asunto es peor cuando esto es experimentado por los que nacieron en México.
En este aspecto, los menores deben resguardarse con la máxima credencial que comprueba su membresía al cuerpo político en México, la CURP, para que puedan ir a clases. Además, la contradicción entre procesos estandarizados de inscripción y la vocación de servicio e igualdad en la educación en México produce que los directores y maestros no siempre sepan cómo resolver de la manera más provechosa la circunstancias con las que se topan al recibir alumnos transnacionales. En la mayoría de los casos les toma por sorpresa tener alumnos que vivieron y se educaron en otro país, que tienen como primer idioma el inglés y que pertenecen a familias transnacionales. Y, como la escuela es asimilacionista y nacionalista, los mecanismos de inscripción, los planes y programas de estudio y los métodos de enseñanza y las formas de evaluación de las escuelas están diseñadas sistemáticamente para recibir mexicanos y producirlos (Jacobo, 2017). En pocas palabras, los directores y maestros son agentes sociales que intentan hacer lo que pueden con la capacitación y formación que tienen a la mano.
En consecuencia, según lo que se planteó a lo largo de este trabajo de investigación, las madres y sus hijos experimentan la exclusión social y educativa como un despojo de su historia y de los conocimientos y habilidades lingüísticas y académicas que lograron adquirir en Estados Unidos. Sienten un rechazo particular hacia ellos que termina por expulsarlos de la escuela en México y además experimentan descalificaciones y humillaciones por su español escrito. De tal forma que los hijos de las madres de quienes se explicaron los casos anteriormente optan por ocultar que saben inglés o que son diferentes, no dicen que vienen de Estados Unidos, prefieren salir de la escuela porque reciben un trato injusto hasta que, finalmente, terminan por tener una postura en la que ya no quieren aprender en México (Valdés, 2001; Boudon, 1987).
CONCLUSIONES
Las entrevistas en Jalisco, Morelos, Nayarit y Sonora comparten algunas circunstancias similares. Las madres atestiguaron que el proceso de inscripción es económicamente costoso, emocionalmente desgastante y administrativamente confuso y arbitrario. Los directores de escuela normalmente acuden a prácticas discrecionales (Lipsky, 1980), que no están reglamentadas en la normativa escolar para lidiar con casos de alumnos transnacionales con los que tienen poca experiencia. Algunas de estas prácticas consisten en solicitar la CURP de los menores, aun cuando hay personas que no tienen un acta de doble nacionalidad. A partir de este elemento decisivo es que se producen otras formas de exclusión, como que “no hay cupo” en la escuela más cercana al domicilio de las familias, que la inscripción oficial no ocurra y, en los casos más injustos, que los menores no sean recibidos en ninguna escuela.
Además, quienes logran entrar de manera atropellada se enfrentan a formas de rezago inducido por las propias escuelas tomando la forma de una asignación arbitraria de grado escolar y de segregación espacial y por turno escolar. Muchas de estas prácticas ocurren de forma bien intencionada por parte de los directores y funcionarios públicos dado que tienen que resolver casos fuera de sus capacidades administrativas y de formación ante la presencia de alumnos transnacionales. Algunos argumentos para justificar estas acciones consisten en aspectos técnicos. Por ejemplo, con que los sistemas estatales de inscripción siguen solicitando obligatoriamente el registro de una CURP para inscribir formalmente a los alumnos, a pesar de la eliminación de cualquier obstáculo legítimo consagrado en las Normas escolares de 2015.
Según los planteamientos expuestos en este artículo, la migración internacional involucra el traspaso de las jurisdicciones territoriales de ambos países, es un asunto político que desarmoniza la triada de sociedad, territorio y nación, que caracteriza a las democracias liberales y contemporáneas. Es política, en tanto que se cruza el límite geopolítico de un país para llegar a otro; límite que garantiza la soberanía de los Estados, permitiendo el control de las personas que habitan en el territorio; pero, también lo es porque la migración transforma las instituciones de la política y, en consecuencia, las concepciones convencionales de la membresía tanto en los países de origen como de los Estados receptores. Más aun, consiste en un fenómeno transnacional porque en los migrantes conviven y se traslapan pertenencias, derechos y prácticas en comunidades situadas en diferentes territorios soberanos.
