Preámbulo

En febrero de 2017, se abrió el primer curso de educación superior en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, Jalisco. ¹ De los diez estudiantes privados de su libertad inscritos en el curso, cuatro tenían estudios previos de nivel licenciatura, pero solo uno había accedido a ellos dentro del sistema penitenciario.

Este texto relata el esfuerzo de un hombre para estudiar en reclusión, cómo utiliza la educación para su superación personal y el efecto profundo que esto ha generado en su vida y en su entorno. La historia de Pancho tiene lugar en una prisión del sistema federal; en el ámbito estatal, Inside-Out es el único programa de educación superior en la historia del sistema penitenciario jalisciense. Este testimonio muestra el valor de la educación para las personas privadas de su libertad y sus procesos de reinserción social. Las palabras de Pancho inspiran admiración por su perseverancia y determinación a estudiar, y evidencian la necesidad de ampliar las ofertas académicas para las personas privadas de su libertad. La educación es sin duda una de las mejores herramientas para promover la justicia, disminuir la desigualdad social y combatir la delincuencia generada por las múltiples violencias estructurales de nuestra sociedad.

El 19 de abril de 1990, a los 20 años de edad, fui detenido en un enfrentamiento con la Policía de Guadalajara y enviado a la sala de detenidos del Hospital Civil debido a una herida de bala en la arteria femoral. Al estar bien de salud, me trasladaron al Reclusorio Preventivo de Guadalajara. Tres años después, fui sentenciado a 32 años y 8 meses de prisión por homicidio, y trasladado al Centro de Readaptación Social (CRS) No. 1 del Estado de Jalisco. No duré mucho tiempo allí, ya que el 17 de octubre de 1994 fui ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 2 Occidente, un penal de máxima seguridad. Allí estudié la primaria, la secundaria y la preparatoria; eran los estudios con los que contaba el Centro Federal Occidente cuando llegué.

En 1997, la Universidad América Latina comenzó a ofrecer las carreras de Psicología, Historia, Administración de Empresas y Comercio Internacional a personas privadas de libertad en el CEFERESO No. 2. Cuando terminé la preparatoria, en 2001, solicité beca para estudiar la licenciatura, pero la universidad solo cubría 25% del costo, y por ende, no pude ingresar.

Tenía ganas de seguir con mi formación académica y decidí solicitar material bibliográfico a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para estudiar leyes. Mi solicitud fue aprobada y me fue enviando todo el material que necesitaba. De esta forma, el Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fomentó mi estudio independiente durante dos años, con el envío de libros y otros documentos sobre las leyes que rigen la nación.

En 2003, la Universidad América Latina, con el CEFERESO No. 2 Occidente, comenzaron a ofrecer la Licenciatura en Derecho para las personas privadas de libertad que no podían solventar los gastos de la carrera y nos proporcionaron los estudios de manera interinstitucional, es decir, la universidad aportaba el material bibliográfico y los exámenes al departamento educativo del CEFERESO. Era un sistema abierto en el cual los internos estudiaban por su cuenta y el departamento Jurídico del CEFERESO aplicaba los exámenes de cada módulo.

Comencé con el tronco común, cursando las materias de Metodología del Aprendizaje, Taller de Readaptación, Antropología Filosófica, Psicología Social, Sociología, Fundamentos de Administración, Método Científico, Metodología de la Investigación e Inglés I, II y III. Después estudié todas las materias restantes,² hasta terminar la Licenciatura en Derecho en el año 2008. Al mismo tiempo, seguí estudiando el material bibliográfico que me enviaba la Suprema Corte en los temas de Juicio de Amparo, Penología y Ciencias Forenses. Este material complementaba el plan de estudios de la Universidad Latinoamericana y me permitía profundizar mi comprensión de las leyes y el sistema judicial del país.

En cuanto terminé el programa de estudios, comencé a practicar con mi propia situación jurídica. En ese tiempo tenía varias sentencias que sumaban 70 años de prisión y estaba etiquetado con un perfil criminológico alto que me hacía imposible salir de un Centro Federal. Mi primer escrito fue un incidente no especificado, en donde solicité al juez la adecuación de la pena, es decir, que se aplicara la ley más favorable al reo. Me fue negado pero no me rendí. Posteriormente interpuse un amparo ante un juez de distrito por la misma solicitud y logré la libertad en este proceso.

Algunos compañeros del Centro Federal Occidente, al ver lo que había logrado, me pidieron ayuda. Solicité a los tribunales información jurídica de sus casos, realicé adecuaciones de pena e interpuse amparos directos e indirectos, según el trámite que correspondía a su asunto, y logré el triunfo en 32 casos que me habían pedido el favor, al grado que el Centro Federal me hizo firmar un escrito en el que me comprometía a no defender a mis compañeros en su situación jurídica, no por lo que corresponde a sus sentencias sino a lo administrativo. En otras palabras, pude seguir apoyándoles con sus casos, pero no pude presentar más amparos en contra del CEFERESO con solicitudes para mejorar la calidad de vida dentro del penal.

Yo ingresé a prisión el 19 de abril de 1990. Cuatro años y medio después, me enviaron al CEFERESO sin ninguna esperanza, pero cuando me enteré que podría ingresar a la escuela me propuse estudiar. Dieciocho años después de perder la libertad alcancé mi objetivo de concluir una licenciatura. Ahora, este logro está en los registros de mi Expediente Único a cargo del CEFERESO No. 2 Occidente y del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social en el Distrito Federal.

De 70 años de prisión que sumaban las diversas sentencias, me quedé con una sentencia de 32 años y ocho meses, después de agotar las líneas de amparo directo. A la par, he seguido utilizando mi conocimiento en el campo para mejorar mis condiciones de vida, a pesar de estar privado de mi libertad. Metí una solicitud para ser traslado desde el Centro donde estaba preso a otro reclusorio. Me fue negado e interpuse un amparo, el cual también me fue negado con el argumento de que tenía un perfil criminológico alto y que, por lo tanto, debía permanecer en un centro de máxima seguridad.

Yo ya llevaba 16 años internado en ese lugar y, por tal circunstancia, respondí cuestionando el modelo de readaptación del Centro Federal. Con tantos años allí ¿por qué supuestamente no lograba readaptarme? Solicité los argumentos del Centro Federal respecto a porqué no había bajado mi perfil criminológico, y dijeron que psicológicamente era antisocial. Solicité a los tribunales que me dieran terapia psicológica grupal con reconstrucción de valores y mi petición fue aprobada. Participé en el programa terapéutico durante seis meses y presenté a los tribunales el estudio que me hicieron al final; con él logré mi traslado a un centro de mediana seguridad.

A partir de este amparo, comenzaron a impartir terapia grupal con reconstrucción de valores a todas las personas internadas en los Centros Federales. Posteriormente, en la Suprema Corte de Justicia se ganaron cinco amparos más en este tema y se convirtió en jurisprudencia, una ley que se aplica a todos los centros de readaptación. Actualmente, este sistema de terapia psicológica se lleva a cabo en todos los centros federales, tanto para los presos como para los servidores públicos que laboran en los tribunales, y está considerado en la ley para contribuir a una mejor reinserción social.

Gracias a las oportunidades de educación en el CEFERESO No. 2, que aproveché, pude promover este amparo, así como su realización a favor de la readaptación de las personas privadas de su libertad.

Ingresé al Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, Jalisco, el 2 de febrero de 2016. Mi calidad de vida cambió al tener un mejor trato y nuevas oportunidades para estudiar y seguir cultivándome. Después de 27 años en prisión, espero mi libertad. Actualmente yo llevo mi defensa en los estudios de beneficio. Si me los dan, salgo libre; si me los niegan, seguiré la lucha mediante amparos, pues la reinserción social solo se logra dando los medios para lograrlo. Mi sueño es salir y litigar los casos de internos que no cuenten con una defensa adecuada, para que sean defendidos conforme a derecho.