Cambio agrario en la transición de siglos XX y XXI

Los estudiosos de las ruralidades reconocen como aspectos claves del cambio agrario contemporáneo los tratados de libre comercio, la financiarización de las commodities agrícolas, el dominio de corporaciones transnacionales, la expansión de fronteras tecnológicas y físicas, así como el condicionamiento de productores y consumidores (^{Bernstein, 2010}; ^{Weis, 2007}). Frente a este panorama, desde los años de 1990 surgieron varios enfoques analíticos. El enfoque de la nueva ruralidad atendió los cambios en la relación campo-ciudad, las políticas de desarrollo rural y la pluriactividad y multifuncionalidad de los hogares rurales (^{Kay, 2008}). También se acuñó el término desagrarización para enfocar el desplazamiento de la agricultura y el mayor peso de las actividades asalariadas (^{Carton de Grammont, 2009}). La noción de soberanía alimentaria señaló la dependencia alimentaria de las poblaciones a las corporaciones y ha impulsado la agroecología y la organización campesina a distintas escalas y contextos (^{Altieri, & Nicholls, 2008}). Quienes han investigado la agricultura corporativa y los llamados ‘gobiernos progresistas’, han hablado de acaparamiento de tierra y despojo (^{Borras et al., 2012}), así como de agronegocios (^{Vergara-Camus, & Kay, 2017}). Recientemente se ha acuñado el concepto agroextractivismo, considerando las tendencias corporativas en torno a ‘cultivos flexibles’ y la marginalización socioambiental (^{Mckay, Alonso, & Ezquerro, 2021}).

Entre los enfoques resaltados, las preguntas ¿quiénes son los campesinos? y ¿asistimos al fin del campesinado en el capitalismo agrario del siglo XXI?, aun cuando aparecen sugeridas, nos remontan a los debates de la cuestión agraria de los años de 1960 y 1970 (^{Hewitt, 1988}; ^{Roseberry, 1993}). Concretamente, cuando hay quienes consideran la “desaparición” del campesinado como consecuencia de la ampliación del capitalismo agrario, mientras que otros enfatizan la resistencia y persistencia en los modos de vida campesinos frente al avance capitalista. En este sentido y, guardadas las proporciones, la escisión entre descampesinistas y campesinistas sigue presente en los estudios rurales contemporáneos (^{Akram-Lodhi, & Kay, 2009}). De hecho, como sucedía en años pasados, esta disyuntiva sigue develando las respectivas influencias del análisis de clases de Lenin, así como de la noción diferenciación demográfica de Chayanov (^{Bernstein, 2009}).

Por ejemplo, el propio Bernstein ha manifestado que “no hay ‘campesinos’ en el mundo de la contemporánea globalización capitalista” (2014, p. 1044) y plantea que la cuestión agraria actualmente corresponde al acceso a trabajo (2004), por lo que invita a considerar a los actores rurales como particulares componentes de ‘classes of labour’ (2014, p. 1044). Por otra parte, Devine, Ojeda y Yie invitan a pensar al campesino como “un sujeto en permanente tensión con el capital, porque encarna moralidades, ontologías o relaciones sociales diferentes (e incluso opuestas) a las que posibilitan su reproducción” (2020, p. 11). Las reflexiones del primero son valiosas por su realismo y porque ayudan a visualizar las tendencias generales de nuestra época, aquellas de las autoras son interesantes porque apuntan a la reactivación discursiva de la categoría campesino en distintas arenas de discusión. Sin embargo, estas posturas siguen esencializando el carácter campesino de la vida rural. Bernstein ha supeditado lo campesino al trabajo de la tierra (farming), sin considerar la dinamicidad de los condicionamientos y las trayectorias materiales, políticas y culturales de los actores rurales. Por otra parte, pensar lo campesino esencialmente en tensión con el capital, puede llevar a ignorar los consentimientos y acomodamientos que también han caracterizado los mundos rurales, así como a obviar que la resistencia no es una cuestión de elección, dado el carácter de las contradicciones y dilemas vividos por muchos campesinados (^{Li, 2009a}; ^{Bernstein, 2014}).

Es posible trascender la disyuntiva legada por campesinistas y descampesinistas, al poner en cuestión la idea de una oposición entre los campesinos y el capital. Como planteó Roseberry, se trata de pensarlos como “producto de los mismos movimientos históricos que crearon las condiciones para el capitalismo y el surgimiento del proletariado” (1989, p. 209). Sin desconocer el valor del concepto acumulación primitiva, es preciso hacer un análisis histórico-cultural que permita abordar los campesinados “como productos diferenciados de un proceso histórico mundial unificado, pero de desarrollo desigual” (1989, p. 215). En lo que sigue, esto significa comprender la heterogeneidad procesual y espacial observada entre los actores rurales del sureste chiapaneco, y considerar sus trayectorias históricas, los dilemas que enfrentan y el emprendimiento o no de acciones colectivas como parte de específicos campos de poder.

Un ejercicio gubernamental para “hacer vivir”

…El proyecto pone entonces la muestra de lo que debería ser toda una política de estado, construir una modernidad alternativa antineoliberal… Creo sinceramente que el nuevo gobierno surgido de la decisión cauta y bien intencionada de más de 30 millones de mexicanos se irá perfilando conforme pase el tiempo… se trataría de diseñar integralmente una política que… garantice los elementos vitales: aire, agua, energía, alimentos, materias primas y un hábitat seguro y digno. Nadie en su sano juicio puede estar en contra de una política por la vida, de una biopolítica, de una ecopolítica… Con este proyecto que hoy se anuncia, se inaugura una vertiente novedosa que puede situar al país a la vanguardia de las naciones. Sembrar Vida es hacer historia con la naturaleza…

Víctor ^{Toledo, 8 de octubre 2018}, [33:39-35:44 min]

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=NLjTw8b6kro

Con estas palabras Toledo cerró su intervención en la primera presentación pública del SV. La referencia a los “más de 30 millones de mexicanos” que eligieron el gobierno actual hace alusión al tipo de fuerzas sociales que pueden ser movilizadas en específicos momentos para “hacer vivir” ciertos sectores de población. No obstante, el despliegue del SV se produce en un campo de lucha en torno a lo que debe ser la “correcta disposición” de ruralidades humanamente precarias y ecológicamente diversas, y acerca de cómo debe invertir el estado en ello. Aquí no es mi objetivo hacer una etnografía del programa, sino referirme a sus condiciones de posibilidad y los cuestionamientos que lo rodean en el ámbito gubernamental y en el debate público⁴ donde se reactualizan y circulan distintas imágenes del campo y los campesinos.

En este sentido, es preciso abordar la relación histórica⁵ del SV con los programas Apoyos Directos al Campo (Procampo), Oportunidades⁶ y Pago por Servicios Ambientales (PSA), desplegados desde los sectores productivo, social y ambiental, respectivamente. Desde su inicio en 1994, el Procampo pretendió amortiguar en los productores rurales de todo el país los efectos de la apertura comercial derivada del TLCAN (^{Winters, & Davis, 2009}), mediante transferencias condicionadas para trabajar anualmente dos ciclos agrícolas en superficies de 5 y hasta 10 has. El Oportunidades (2002-2012) se distinguió porque las transferencias estuvieron condicionadas, no a un título agrario, sino a la corresponsabilidad de las mujeres, en la atención de la educación, la salud y la alimentación entre familias en situación de pobreza (^{Agudo, 2010}). En el PSA (2003-pre­sente), las transferencias están condicionadas a los derechos de propiedad sobre superficies forestales superiores a las 250 has, con el fin de mitigar la deforestación (^{Carabias, De la Maza, & Cadena, 2015}).

Frente a estos tres programas, el SV se presenta como una política que se contrapone, al proponerse atender sus equívocos. Plantea enfrentar pobreza, degradación ambiental, insuficiencia alimentaria y migración rural, señaladas como consecuencias de las políticas neoliberales (^{Secretaría de Bienestar, 2020}). Argumenta su idoneidad porque no separa, sino que ensambla las finalidades de protección social y ecológica dentro de una perspectiva de desarrollo rural integral (DOF, 2019). Con este t­enor, el actual gobierno concluyó la última versión del Oportunidades y, aunque no cerró el PSA, optó por alojar el SV en el sector social y no en el ambiental. En este movimiento, adicionalmente, al sector productivo le fue desprendido el ‘sujeto agrario’ en situación de pobreza, histórico bastión electoral en regiones de altos y muy altos niveles de marginación.

Por esta reconfiguración gubernamental, el SV ha estado rodeado de cuestionamientos que pueden entenderse haciendo referencia a cómo éste plantea alcanzar metas sociales y ambientales. El programa promueve el cultivo de la tierra con una perspectiva agroforestal, con el objetivo de transitar a un contexto de autosuficiencia, en el entendido de que gran parte de la población rural se encuentra en una situación de dependencia alimentaria. También con la finalidad de establecer plantíos frutales, maderables y/o agroindustriales que incrementen coberturas arbóreas, ingresos monetarios y empleo rural, al considerar la pobreza rural y la migración, consecuencias de la deforestación y sobreexplotación de los entornos. Bajo esta lógica se define a propietarios o poseedores de parcelas de 2.5 has en localidades rurales de ingresos inferiores a la línea de bienestar como los beneficiarios de transferencias por un valor de 5 mil pesos mensuales, bajo los condicionamientos de ahorrar 5% de esta cantidad, cumplir con planes de trabajo y participar en Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC).

Como el SV condensa aspectos de organización productiva, social y ambiental, su operacionalización es provocadora porque ha afectado los presupuestos de las “dependencias” ambiental y productiva. La concentración presupuestal, suscita cuestionamientos y denuncias de los partidos de oposición, gremios, entre otros (^{Coparmex, 2021}; ^{Ferro; 2021}). Los cuestionamientos también provienen de ONG ambientales (^{World Resources Institute, 2021}; ^{Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambient, 2018}) que manifiestan inquietudes sobre el manejo y gestión de las parcelas agroforestales, aunque es la alusión a riesgos de deforestación la que más reverbera en el debate público (^{Sanders, 2021}; ^{López, 2022}). Un tercer frente de cuestionamientos procede de organizaciones como La Vía Campesina porque se considera que el SV desvirtúa y copta la lucha, al retomar las reivindicaciones sobre la agroecología, la soberanía alimentaria y el potencial político-cultural de los campesinados, pero sin confrontar el modelo agroalimentario capitalista (^{Vía Campesina, 2021}). Entonces, el debate público expone lo que está en juego: el presupuesto para gobernar las ruralidades, la perspectiva técnica para modelar la relación entre poblaciones y entornos, o bien la legitimidad de la lucha frente al capital y el estado.

Además, las controversias reactualizan y ponen a circular distintas imágenes del campo y los campesinos. Hay quienes se preocupan por señalar que el campo no sólo se integra por poblaciones empobrecidas (^{Diario Presente, 2021}), mientras que otros denuncian la reducción de las “ayudas” para las ruralidades desagrarizadas (^{Hernández, 2021}). Algunos argumentan la necesidad de una ‘adecuada’ intervención gubernamental, y reproducen la imagen de la sobreexplotación de los recursos, por causas directa o indirectamente relacionadas con los modos de vida campesinos (^{Carabias, 2021}), mientras que otros reproducen la imagen de los campesinos como lo opuesto al capital y al estado (^{Vía Campesina, 2021}).

Este panorama de los cuestionamientos al SV, aunque no es exhaustivo,⁷ da una idea de las luchas en torno a cómo atender a los campesinados en situación de pobreza. También ayuda a advertir que la complejidad condensada en la marginación rural no es precisamente el resultado de un plan rector, sino un proceso donde distintas políticas públicas se superponen y donde confluyen en tensión redes de expertos, burocracias, actores político-electorales y corporativos. El seguimiento de las controversias además permite identificar a quienes valoran el SV como una muestra más del paternalismo y populismo de un estado anclado en el neoliberalismo; a aquellos que lo consideran una acción bienintencionada, pero con grandes imprecisiones en materia gubernamental, y a los que ven en él una forma de institucionalización, cooptación y disciplinamiento de los llamados saberes y las ontologías campesinas e indígenas.

No obstante, una manera distinta de entender este ejercicio gubernamental supone, como sugiere Li, acercarse a los específicos ensambles sociales, políticos y culturales a través de los cuales el SV adquiere materialidad en lugares y cotidianeidades específicas. Desde esta perspectiva descriptiva, lo que interesa de estos ensambles no es determinar su idoneidad o si son simulados, sino el modo en que pueden “fragmentar y reensamblar” (^{Li, 2009b, p. 80}). Es decir, cómo detonan dinámicas que suelen ser inesperadas o no calculadas y cómo suman nuevas aristas a las contradictorias realidades rurales, haciendo de las aspiraciones gubernamentales algo frágil, inacabado y sujeto a contingencias. Es, entonces, con esta perspectiva que abordaré la experiencia frente al cambio agrario y al SV entre algunas agrupaciones del sureste chiapaneco.

Campesinados y Sembrando Vida en tierras de selva y de frontera

Hacia finales de 2018, San Isidro, Nuevo Orizaba y Nuevo Veracruz,⁸ en el sureste de la Lacandona, se incorporaron al SV. En el primer caso hay 104 beneficiarios entre una población de 814 personas; en el segundo, 130 de 1383 habitantes, y, en el tercero, 145 entre 941 residentes. La relevancia de los casos radica en que coinciden con contrastantes imágenes acerca de los campesinados. San Isidro, en la zona centro, es reconocido regionalmente como ‘comunidad indígena’, así que se asocia con una economía de subsistencia, a la que se suma la imagen de ‘nativos ecológicos’ por la cobertura de selva que allí se conserva. Ambos aspectos podrían dar la idea de que sus pobladores forman un campesinado con un ‘presente ordenado’, es decir, no trastocado por la expansión capitalista contemporánea y ajeno al escenario de una inminente desaparición de las formas de vida campesinas. Por otra parte, Veracruz y Orizaba, en la zona fronteriza sur, son reconocidos regionalmente por hacer parte de la ‘gente mestiza’ y por haber acogido ampliamente el monocultivo de la palma de aceite, lo cual se suma a la imagen de ‘colonos negociantes’, debido al tránsito informal de mercancías que allí se da, al colindar con Guatemala. Estos aspectos podrían dar la idea de que se trata de poblaciones cuyo carácter campesino ha sido fuertemente trastocado por la expansión capitalista y donde ‘factores externos’ como la monetarización y la dependencia agroindustrial producen un ‘presente desordenado’.

Si asociamos estas dos imágenes contrastantes con la lógica argumentativa del SV, podría pensarse que en San Isidro el programa fortalecería la autosuficiencia alimentaria, ampliaría las coberturas forestales y construiría la “modernidad alternativa antineoliberal” sugerida por Toledo. En Orizaba y Veracruz, hipotéticamente, el SV se contrapondría a las economías de plantación y daría mayores posibilidades a la autosuficiencia alimentaria y a la recuperación de la sustentabilidad ambiental y campesina. Ahora bien, si se toman en cuenta los recelos que despierta el SV, al respecto de San Isidro podría surgir la duda de si se trastocará su ‘presente ordenado’, si se lo involucrará en dinámicas paternalistas o si pondrá en riesgo la selva conservada. Al respecto de Orizaba y Veracruz, las dudas apuntarían a si el SV desincentivará las plantaciones agroindustriales o si profundizará más la expansión y sujeción capitalista.

No obstante, si dejamos de lado estas imágenes, podemos prestar atención al ‘desorden’, es decir, a las contradicciones y desigualdades que han atravesado las relaciones de estas poblaciones con el capital y el estado, tanto en su pasado, como en su presente. Así, también es posible abandonar las imágenes que proyectan a los campesinos fundamentalmente en una posición de resistencia o exclusivamente en una trayectoria de proletarización o despojo. Con esta perspectiva, a continuación, retomo momentos claves de las historias locales hasta antes del SV y evidencio particularidades de sus experiencias frente al cambio agrario contempo­ráneo. Posteriormente, abordo algunas mediaciones campesinas que se dan con la entrada en escena del SV, y reflexiono sobre los frágiles ensambles socioambientales y sociopolíticos que allí toman cuerpo.

Del pasado al presente ‘desordenados’

Aunque podría asociarse a la población de San Isidro con la imagen de ‘comunidad indígena’, ésta no es una agrupación monoétnica, como tampoco lo fue antes de su llegada a la región en 1979. Entre 1940 y 1978, sus fundadores eran peones “acasillados” en el nororiente de Chiapas e hicieron parte de los actores rurales que soportaron la producción de café enviado al extranjero. En este sentido, su plurietnicidad remite a ese pasado en el que las fincas capturaron tres o cuatro generaciones de tseltales, choles y tsotsiles que se emparentaron y se hicieron políglotas bajo el dominio de sus patrones. Ellas y ellos experimentaron el cambio de su condición “acasillada” a campesina, como el paso de una vida de explotación a una vida en libertad. Sus primeros años en la selva podrían dar la idea de un momento de fuga o ‘refugio’ de las relaciones capitalistas; sin embargo, en la práctica hicieron parte de la expansión capitalista que propició el estado mexicano al destinar el sureste de la Lacandona a la ampliación de la frontera agrícola (^{Cano, 2021a}). Este proceso se internalizó en las tierras apropiadas a partir de 1994, a me­dida que llegaron otros colonos indígenas que dieron cuerpo a economías domésticas orientadas a circuitos comerciales de maderas preciosas y de ganadería vacuna (^{Cano, 2018b}).

Hacia 2005, en la mayoría de las familias primaban prácticas de subsistencia, el jornaleo regional y la salida prolongada de parte de los jóvenes, mientras que una minoría de familias tenían dinámicas económicas en torno a la ganadería. La organización colectiva expresaba discontinuidad y fragmentación, lo cual propiciaba la venta de tierras a habitantes de localidades vecinas. Esto, a su vez, dejaba en evidencia una preferencia generalizada por la obtención de ingresos monetarios para resolver necesidades básicas, pero también suntuarias, lo que coincidió con la llegada de transferencias condicionadas del Procampo (1995), el Oportunidades (2002) y el PSA (2010). Así entonces, el cambio agrario contemporáneo se ha vivido como un periodo de circulación monetaria que activó el consumo de mercancías, pero también la ampliación de las actividades agropecuarias, entre familias indígenas diferenciadas socioeconómicamente entre sí.

Sin embargo, al prestar atención a las diferencias históricas entre la población, la desigualdad en las experiencias se pone en relieve y revela realidades contraintuitivas. Por ejemplo, entre los hijos de los “exacasillados” varios venden su fuerza de trabajo para sobrevivir, mientras que entre los hijos de padres campesinos muchos forjan economías agropecuarias orientadas al mercado. Por otra parte, entre las mujeres de más de 40 años destaca la posición de una minoría caracterizada por haber quebrantado la dominación masculina y ser las administradoras del patrimonio agrario de economías familiares entre campo y ciudad; mientras que, entre las jóvenes menores de 25 años, hay una minoría que retornó a la localidad, aunque no necesariamente a vivir de la tierra. De esta ejemplificación resulta interesante cómo el contraste en las trayectorias masculinas hace difícil hablar de ‘una’ identidad campesina o ‘una’ identidad indígena. Las trayectorias femeninas seleccionadas, por otra parte, son claves para interrogarse acerca de la dificultad para generalizar acerca de la incidencia de la condición de género en las experiencias frente al cambio agrario, más aún, cuando los cambios en las relaciones de género no pueden asociarse automáticamente a diferencias generacionales o al paso por contextos urbanos.

Ahora bien, aunque las poblaciones de Veracruz y Orizaba podrían asociarse a la imagen de ‘mestizos negociantes’, no se trata de agrupaciones ajenas a lo campesino. Entre los palmicultores hay micro (1-4 has), pequeños (5-9 has), medianos (10-20 has) y productores especializados (30-50 has) (^{Cano, 2021a}). Buena parte de ellos no son los fundadores de estas localidades, aunque proceden del norte, noreste y costa de Chiapas, entre quienes se encuentran varias familias choles y tseltales. En su mayoría, arribaron a la fronteriza sur a partir de 1994 y accedieron a sus tierras mediante compra, mientras que quienes llegaron desde 2009, lo hicieron específicamente en el contexto del anclaje de la palma de aceite en la región. Aunque la heterogeneidad es significativa, la minoría de los fundadores, llegados en 1983, así como los no fundadores, tienen en común un pasado pluriactivo que abarca hasta tres generaciones, antes de su asentamiento en tierras de selva. Éste suele incluir experiencias campesinas y obreras (rurales y urbanas), a las que se puede sumar la migración (rural y urbana) a Estados Unidos. Si bien se trata de una historia de intensa movilidad, para estas agrupaciones el mundo rural ha sido una base y un ámbito de proyección, mientras que la experiencia jornalera u obrera es considerada temporal.

Así, su instalación en la fronteriza sur respondió al interés de hacerse de un pedazo de tierra, de acceder a más tierras o de obtenerlas a un menor precio. Si la subsistencia fue obligada en un principio, la articulación con mercados rentables ha sido una búsqueda constante: en los años de 1980 con la venta de madera y el cultivo de chile; en los de 1990 con las plantaciones de hule y la ganadería, y desde 2005 con la palma de aceite (^{Cano, 2021a}). En este proceso, la venta de tierras y la migración internacional han sido las vías privilegiadas para salir definitiva o temporalmente de la zona. A este escenario también se sumaron las transferencias condicionadas del Procampo (1995), el Oportunidades (2002) y, más recientemente, del PSA (2011 y 2015), las cuales han sido valoradas como “ayudas”. No obstante, según el nivel de crecimiento económico buscado, éstas pueden ser consideradas fundamentales, buenas o, sencillamente, insuficientes.

Ahora bien, para comprender mejor sus experiencias frente al cambio agrario contemporáneo, me refiero a su relación con la palma de aceite. En un sentido llano, puede decirse que el acceso gratuito a las plantas, en el marco del financiamiento obtenido del gobierno de Chiapas, sumado a su arraigada orientación a cultivos comerciales contribuyeron a su amplia acogida. No obstante, esto no ha redundado en un escenario de proletarización ni despojo corporativo, a pesar de ser ésta la tendencia del lado este de la frontera con Guatemala (^{Cano, 2021b}). De modo que, en un sentido profundo, allí se ha configurado una relación de poder que se asemeja más a un acoplamiento, que a una dominación de tipo enclave (Cano, 2021a). A continuación, hago referencia general a cómo se produce esto y a la heterogeneidad en las experiencias.

La mayoría de los productores en estos asentamientos cuentan con palmares de 5 a 20 has y tienen la misma estrategia frente al monocultivo. Complementan en sus economías las plantaciones de palma, con las de hule, y combinan el trabajo familiar y el contratado temporalmente.⁹ Así, se distribuyen inversiones y trabajo en distintos frentes, se garantizan ingresos todo el año y se amortiguan pérdidas por malos precios, mal tiempo o falta de cortadores. Este proceder también alude a una capacidad limitada de capital y a una mayor cantidad de necesidades básicas y suntuarias. Esto los diferencia con la minoría de productores especializados, quienes, en su estrategia, quedan sujetos a la disponibilidad de mano de obra contratable; mientras que la diferencia con los microproductores radica en que éstos son hogares precariamente pluriactivos que combinan la agricultura, el jornaleo y oficios no agrícolas (^{Cano, 2021a}). Aunque el acoplamiento es heterogéneo, es importante el peso ejercido por las mayorías de medianos y pequeños productores en cada localidad, cuyas dinámicas son un freno a la proletarización y a la expansión corporativa, como explico sintéticamente a continuación.

La estrategia de complementación de actividades productivas redunda en la tendencia a “trabajar a lo que la palma dé”, es decir, incurriendo mínimamente en gastos como fertilizantes o mano de obra. Así, con un precio estable (1 500 pesos/tonelada), el cultivo favorece a hogares en situación precaria, mantiene a pequeños y medianos productores y evita la migración laboral. No obstante, esta tendencia entra en tensión con la de aquellos que buscan dejar la sobrevivencia, es decir, con los especializados y algunos productores medianos que procuran hacer eficiente la actividad, productiva y comercialmente. De modo que, en la relación de fuerzas de estas dos posturas, los especializados encuentran límites a sus expectativas de expansión, mientras que las mayorías con su forma económica de trabajar la palma ponen límites a las presiones de productividad y calidad exigidas por las empresas privadas que acaparan su producción y se instalaron en la región en el 2016 (^{Cano, 2021a}).

Teniendo en cuenta la complejidad y los contrastes de las experiencias frente al cambio agrario en San Isidro, Veracruz y Orizaba, es claro que la historia de las relaciones capitalistas en todos los casos es larga y que la expresión de la desagrarización, la semiproletarización o la proletarización es desigual, no sigue necesariamente un único sentido y revela cambios contraintuitivos. Sin embargo, dicha historia heterogénea, ‘desordenada’, en la que estos campesinados se encuentran en una relación de desventaja, no indica la falta de movilización de intereses, ni de expresiones de protesta. No obstante, considero que esto último tampoco corresponde a una relación de oposición con el capital y el estado.

Retomo dos expresiones de acción colectiva recientes entre estas poblaciones para ejemplificar puntualmente lo que considero como la reconfiguración de procesos relacionales. En el caso de Orizaba y Veracruz hablo de su participación en el bloqueo que hicieron en junio de 2019 gran parte de los palmicultores de la región a las empresas procesadoras, debido a la caída del precio de la fruta (1 100 pesos/ton) (^{Pérez, 2019}). En el caso de San Isidro hablo de la participación de algunos creyentes católicos en las peregrinaciones animadas por los representantes de la Iglesia Católica en la región, en contra de dichas empresas, al argumentar afectaciones ambientales, siendo la última en febrero del 2022 (^{Swissinfo, 2022}). Por restricciones de espacio no me es posible ampliar la descripción, aunque puedo decir que, en la cotidianeidad, estas localidades no tienen relaciones directas, y que palmicultores y católicos no necesa­riamente se conocen. Por tanto, su participación en estas acciones colectivas no entraña conflictos intercomunitarios, pero sí revela su inserción, por vías y redes sociales distintas, en el inter-escalar campo de poder donde se confronta la hegemonía del régimen agroalimentario neoliberal.

Al retomar estos procesos también quiero referirme a la apropiación de dos imágenes de lo campesino por parte de estas poblaciones, ya que dan una idea de las paradojas que entrañan su inserción en este campo de poder. Por un lado, está la imagen del ‘nativo ecológico’ en una relación esencial con ‘la madre tierra’; por otro, se encuentra la imagen del ‘campesino colono’ que “sale adelante” a pesar de las adversidades de la frontera y el “abandono gubernamental”. Para las y los católicos de San Isidro, la primera imagen contribuye a valorar negativamente el cultivo de la palma de aceite y a ver al capitalismo como algo ajeno y externo, sin que hombres o mujeres adviertan una contradicción con su pasado y presente de relaciones capitalistas. Para los palmicultores de Orizaba y Veracruz, la segunda imagen permite el reconocimiento colectivo de la dominación ejercida por el sistema productivo de la palma y favorece una cohesión entre productores especializados, medianos y precariamente pluriactivos. Sin embargo, al calor de las diferenciadas aspiraciones capitalistas, este sentir campesino tiende a ser frágil y temporal.

Mediaciones campesinas en el Sembrando Vida

Con base en la anterior lectura del pasado y el presente de estos campesinados, así como de la identificación puntual de dos acciones colectivas frente a las relaciones capitalistas, ahora concentro la atención en lo que para ellos ha implicado el despliegue del SV. Así entonces, al hablar de mediación, me interesa resaltar el carácter relacional y no oposicional de sus interacciones con el estado.

Una básica mediación que hace posible la concreción del SV es aquella que se produce a medida que los hogares hacen distintos ajustes para corresponder con el sujeto beneficiario que estipulan los lineamientos del programa y a medida que los equipos técnicos¹⁰ ajustan las disposiciones generales a las particularidades locales y regionales. Como se verá a continuación, por el tipo de programa que es el SV, es la condición agraria la que pauta principalmente la inclusión y la exclusión. Sin embargo, son la disponibilidad de mano de obra y de capital las que influyen en la decisión de incorporación al programa.

Cabe precisar que el número de beneficiarios en estas localidades fue definido por los equipos técnicos del programa, donde prima la idea de incorporar como mínimo 100 “sembradores” por localidad, pero también se incentiva la inscripción de mujeres y jóvenes. Esta cantidad corresponde a poco más de 10% del total de habitantes en cada localidad y se suma al condicionamiento de acceso o propiedad de la tierra. De modo que en las tres localidades gran parte de los beneficiarios del SV son propietarios de las 2.5 has requeridas por el programa, por el hecho de tener derecho sobre parcelas de 20 has, según lo estipularon las resoluciones gubernamentales del periodo de colonización (^{Cano, 2018b}). Para aquel entonces, en la región se tendió a incorporar a las esposas dentro de las listas de solicitantes de tierras, así que actualmente varias beneficiarias del SV tienen parcelas de 20 has. Entre los “sembradores” que figuran como posesionarios dominan hijos y, en menor medida, hijas de “derecheros agrarios”, esto porque se prefiere ceder la parcela destinada al SV entre parientes directos. Sin embargo, entre los beneficiarios también se encuentran algunas personas que, por relaciones de alianza matrimonial o reciprocidad con sujetos agrarios, han podido ingresar al programa como posesionarios. La población no beneficiada corresponde a quienes viven en las localidades en calidad de avecindados, y entre ellos se encuentran familias en situación económica precaria, ya sea porque se trata de matrimonios jóvenes emparentados con “derecheros”, se han instalado recientemente en las localidades, o viven en situación de pobreza desde hace varios años.

Ahora bien, puesto que el programa implica considerable cantidad de tiempo y esfuerzo físico, no todas las composiciones familiares, ni todas las economías domésticas pueden ensamblarse con el programa. En este sentido, las familias extensas con mayor disponibilidad de mano de obra masculina joven son las idóneas, por lo que entre los beneficiarios, el trabajo asociado del padre o hermano mayor propietario y el hijo o hermano posesionario suele “funcionar bien”. En San Isidro y en Veracruz esto incentivó el retorno de varones solteros y casados que trabajaban en centros urbanos como Comitán o Playa del Carmen. No obstante, muchos hogares no tienen tales atributos, de modo que hay quienes prefirieron no ingresar al programa, a pesar de renunciar a ingreso monetario valioso, mientras que otros ingresaron después de prefigurar el arreglo organizativo que les permitiera sostener los compromisos productivos y de cooperación en las CAC. Entre estos últimos resaltan las posiciones de las mujeres propietarias, así como quienes cuentan con más dinero. Entre las mujeres con derechos agrarios, el “sembrando vida”, es decir, la parcela agroforestal, se trabaja con el apoyo de un hombre que puede ser un hijo o un pariente, a cambio de su manutención, además de los jornaleros que se contratan, particularmente, en momentos previos a la verificación de las metas de siembra. En Veracruz y Orizaba quienes contratan mano de obra para sus huleras o palmares, también emplean trabajadores para sus “sembrando vida”. Aunque se considera que a estos beneficiarios no les hace falta el dinero del programa, varios accedieron a incorporarse, porque de lo contrario la “ayuda” se iría para otro lugar. Bajo esta lógica, algunos además argumentan que, a diferencia de quienes “se lo toman”, es decir, que emplean el dinero transferido para el consumo de bebidas alcohólicas u otros gastos suntuarios, ellos “sí lo saben trabajar”, es decir, lo usan como indica el programa.

Una vez que se ajustan los requerimientos gubernamentales y las configuraciones familiares, las mediaciones que entran en juego son aquellas que materializa el SV en los espacios y tiempos cotidianos, en función de las estrategias de subsistencia y de las relaciones capitalistas en las que los hogares beneficiarios siguen inmersos.

Al respecto, es el tipo de arreglo agroforestal predominante en los paisajes de cada localidad el que revela las mediaciones concretadas por estos campesinados en sus relaciones con los equipos técnicos. En San Isidro tales arreglos están dominados por especies maderables tales como cedro y caoba, a las que se suman naranjos y, en menor medida, agroindustriales como el achiote. A ello pueden añadirse, o no, milpas de maíz criollo y pequeños plantíos de piña, yuca, plátano, entre otros alimentos, según el momento del año y el trabajo dedicado por el o la “sembradora”. En Orizaba y Veracruz, por su parte, los arreglos agroforestales están dominados por especies agroindustriales como el hule, el cardamomo, el cacao, el achiote, a las que se suman naranjos y limones y, en menor medida, maderables como cedro. Las milpas de maíz criollo o híbrido no son numerosas, pero sí dominaron los “sembrando vida” en su etapa inicial, cuando los árboles eran pequeños, y siguen presentes cuando la o el “sembrador” encuentra utilidad en dedicarse a ello.

La preferencia por las especies maderables en San Isidro no corresponde necesariamente a la imagen de ‘nativos ecológicos’, sino que remite al pasado de extracción de madera preciosa del que varios hogares obtuvieron dinero durante la colonización. Aquella orientada al hule y demás especies agroindustriales en Orizaba y Veracruz, se explica por sus experiencias como huleros, pero también se relaciona con el hecho de que el SV no considera la palma de aceite dentro de las especies agroindustriales por incentivar. En ambos casos, adicionalmente, los grupos de beneficiarios procuraron defender sus elecciones frente a los técnicos, teniendo en mente “lo que vale”, es decir, que pueda representarles ingresos monetarios. Este razonamiento prima para varios en San Isidro, sin importar que sean sus hijos quienes percibirán en un futuro los ingresos; mientras que, para varios en Veracruz y Orizaba, prima esta lógica al considerar un menor tiempo de retorno de la inversión de trabajo.

Las mediaciones frente al SV también resultan interesantes, si se observan los alrededores de las parcelas agroforestales. En San Isidro, el trabajo en los “sembrando vida” aunque demanda considerable tiempo y energía, no supone un abandono de las actividades productivas que los vinculan a los mercados, como lo es la ganadería, particularmente entre las familias que ingresaron tardíamente a la localidad. Tampoco lo es así entre las familias de Veracruz y Orizaba, quienes claramente ponen a las plantaciones de hule y palma en el centro de sus economías, a pesar de reconocer los desfavorables términos de incorporación a estos sistemas productivos. Así, para estos campesinados, el SV es valorado como una “ayuda” que a diferencia del Procampo sí “cuesta trabajo” (debido a los procedimientos de verificación a los que están sujetos los “sembradores”), pero que al final de cuentas no sobra, e incluso llega a generar distinto tipo de oportunidades.

Entonces, es posible observar que, aquellos en una situación económica desfavorable empleen las transferencias del SV para pagar cortadores de palma de aceite, o bien la mano de obra de otros trabajos agropecuarios. En la fronteriza sur, en el contexto del bloqueo a las empresas privadas, pude observar palmares derrumbados y destinados a transformarse en “sembrando vida”. Aunque también encontré productores que “metieron” maíz híbrido en sus “sembrando vida” y adquirieron desgranadoras, pensando en abastecer de granos a las tortillerías a las que acuden avecindados y “derecheros”. En San Isidro, aunque el maíz criollo de los “sembrando vida” también ha favorecido la accesibilidad a alimentos básicos dentro del conjunto de la población, puede decirse que dicha accesibilidad precede al programa y que, entonces, es el SV el que media con la cotidianeidad de la población. Si algunos pensaran que estos últimos aspectos son evidencias de una ‘economía moral’ entre estos campesinados, lo consideraría errado. Básicamente porque la agricultura de subsistencia y el SV encuentran límites en los condicionamientos agrarios que reproducen la heterogeneidad y la diferenciación social. En este sentido, en las tres localidades son las familias avecindadas las que están más supeditadas a las dinámicas de marginalización del capitalismo contemporáneo, a pesar de estar emparentadas con propietarios y posesionarios.

Ahora bien, aunque las mediaciones emprendidas en el contexto del SV buscan optimizar sus circunstancias, no todo se vive como una oportunidad. De manera semejante a los previos programas de transferencias condicionadas, estos campesinados viven el SV con la misma contradicción fundamental. Por un lado, entendiendo que cada gobierno sexenal “trae su propia política” y que en cada caso puede cambiar la “ayuda” que se les da y aquello que se les demanda. Por otro, sabiendo que su subsistencia y/o sus deseos de “lograr algo” no pueden estar sujetos a los virajes gubernamentales, sobre todo porque así lo impone la lejanía y la marginalización de esta región de frontera en la que han logrado esta­blecerse. En este sentido, es a través de su inmersión en esta neoliberal cultura de estado (^{Nuijten, 2003}), desde donde se reconoce el paternalismo, “al papá gobierno”, aunque su comprensión y posicionamiento dentro de esta relación de poder no necesariamente se reduce a ello.

También es posible encontrar narrativas disidentes que revelan las distintas experiencias, redes de relaciones y perspectivas que atraviesan a estos campesinados. En San Isidro, por ejemplo, al platicar con Domingo,¹¹ católico de 45 años de edad, encontré el discurso activista que cuestiona al SV por considerarlo una vía de cooptación gubernamental y a través del cual él explicaba su rechazo al programa. No obstante, él lo hacía sin aludir en su argumentación a la ganadería, actividad que le da un margen de maniobra distinto al de mujeres y jóvenes dentro y fuera del programa. Contrastantemente, en Veracruz, Esteban, protestante de 57 años, beneficiario y crítico del SV argumentaba en otros términos su posición, cuando platicábamos sobre las perspectivas frente a la palma de aceite:

Mirándolo a futuro, pues yo pienso que hemos encontrado [en la palma] una fuente más o menos de no verme obligado a salir a migrar afuera… no tenemos otra alternativa. Las tierras no están para. A menos que hubiera buenos planes de gobierno en decir: Bueno, vamos a hacer estas tierras productivas, mecánicamente y técnicamente y toda la cosa. Que se vea que sí vamos a salir a adelante, no para entretenernos como ahorita vemos el programa éste [Sembrando Vida]. ¡Porque es para entretenernos nada más! Yo prefiero dejarlo tirado a dejar tirada la plantación… [SV] es un programa que en cierta forma ayuda, porque es una ayuda más que nada. Pero, ¿que sea un motor para vivir? No lo creo.

(26 de julio 2021.)

Este heterogéneo contexto, por otra parte, da pistas acerca de cómo se concibe la relación de los entornos y acerca de los límites del SV frente a los dilemas ambientales que caracterizan la región. Entre estos campesinados, no se desconoce el valor ecológico de la selva (^{Cano, 2018b}), ni la importancia ambiental de las parcelas agroforestales del SV. No obstante, la intensa transformación ambiental en la región no necesariamente se percibe como una degradación, menos aún cuando la sobrevivencia depende de llevar más lejos los límites ecológicos de suelos de baja fertilidad. Esta percepción sesgada se mantiene a pesar de 25 años de políticas de conservación y de servicios ambientales previas al SV. En este sentido, más que riesgos de deforestación, el programa enfrenta el mismo reto de sustentabilidad socioambiental que las políticas ambientales precedentes. Esto sin considerar el desafío de cambiar la tendencia de neoliberalización de los entornos, a través de la cual la selva de San Isidro y los relictos forestales de Veracruz y Orizaba se conectan con la economía trasnacional de la conservación ecológica (^{Cano, 2021a}).

Este sintético panorama de lo que defino mediaciones campesinas permite dar una idea del carácter inacabado e incluso frágil de los ensambles correspondientes al SV en esta región. Inacabado, puesto que las parcelas agroforestales aún están tomando cuerpo y hace falta tiempo y trabajo para saber si las composiciones de especies elegidas “van a prosperar” y funcionar, sin que esto signifique que los “sembradores” y los equipos técnicos visualicen de la misma manera sus finalidades ecológicas y económicas. Dichos ensambles, por otra parte, son frágiles porque, aunque el cumplimiento de metas de siembra y de formas de manejo individual y colectivo esté sujeto a periódicos mecanismos de verificación, las variables por controlar, tanto en el comportamiento de los y las “sembradoras”, como en el comportamiento ecosistémico de los “sembrando vida” pueden multiplicarse o complejizarse.

En este proceso, adicionalmente, objetivos como la autosuficiencia alimentaria no necesariamente se alcanzarán únicamente por la vía del programa, o sencillamente pueden no lograrse por las particularidades de las relaciones capitalistas asociadas a las economías domésticas. Aunque en este panorama no abordé los propósitos de organización colectiva y lo que sucede en las localidades, puedo decir que en gran medida deben su fragilidad a que son percibidos como artificiales, e incluso redundantes para las pragmáticas formas y ritmos con las que se acostumbra a trabajar. Es así que este ejercicio gubernamental para “hacer vivir” devela sus límites frente a lo inesperado o no calculado. Es decir, frente las mediaciones emprendidas por los campesinados para movilizar sus propios intereses y proyectos, aunque siempre e indudablemente, de manera desigual.

Conclusión

La complejidad de las experiencias de cambio agrario en el sureste chiapaneco permite captar mejor el romanticismo del propósito de construir “una modernidad antineoliberal” a través del SV. Lejos de prejuiciar o enjuiciar dicho propósito, he procurado contextualizar las circunstancias y las fuerzas sociales que han hecho del SV el principal programa rural del actual sexenio, sin desconocer la relación histórica que éste expresa con anteriores políticas públicas desplegadas para gobernar específicas poblaciones y territorios.

Desde esta perspectiva, también he evidenciado cómo este ejercicio gubernamental toma cuerpo en un campo de luchas, donde los actores confrontados (expertos, funcionarios, partidos de oposición, gremios) y los públicos (ciudadanos con inquietudes socioambientales, habitantes urbanos, electores) a quienes se dirigen, generalmente no están en contacto directo con lo vivido en las ruralidades, sino que se movilizan empleando diferentes y contrastantes imágenes del campo y los campesinos.

El análisis del SV también ha puesto en relieve la mediación y, por lo tanto, los límites de este ejercicio gubernamental, entre las poblaciones y los territorios ‘objetivo’. Lo anterior, con atención a lo no calculado, lo inesperado, lo contingente, en tanto que elementos clave para comprender los campos de poder en los que están inmersos los campesinados, no sólo por ser sujetos de políticas públicas y de procesos capitalistas, sino porque es en ellos donde históricamente las poblaciones campesinas han emprendido, con resultados diversos, sus propios proyectos económicos, políticos y culturales.

Así, destaco que la revisión de experiencias históricamente situadas frente al cambio agrario ha sido fundamental para cuestionar las lecturas que asumen el carácter campesino de la vida rural contemporánea como lo opuesto al estado y el capital. Al respecto, es importante precisar que no sólo me he interesado en señalar los límites de estas perspectivas, sino que he procurado ofrecer pautas de cómo hacer una lectura más aguda de las ruralidades contemporáneas. Es decir, dar espacio a un análisis histórico-cultural que no sea simplemente un contexto o un antecedente (^{Cano, 2021b}), sino que funja como un lente retrospectivo que contribuya a darnos luz frente a las contradicciones, las paradojas y los matices con las que se libran las vidas rurales en el marco de tendencias económico-políticas que, indudablemente, forjan procesos estructurales.

En la apuesta investigativa, inspirada en trabajos que no pierden actualidad (^{Hewitt, 1988}; ^{Roseberry, 1993}), he apuntado a la necesidad de reconocer cómo y por qué los estudios rurales contemporáneos también están atravesados por específicas imágenes del campo y los campesi­nados. Si nos remitimos al antecedente más próximo en el tiempo, dichas imágenes, de hecho, cumplen la función de reactualizar lo que se llamó la cuestión agraria en los años de 1960 y 1970. Aunque es de reconocer que la reconstrucción genealógica y el análisis histórico cultural de éstas probablemente nos remontaría al periodo de formación de los primeros estados y a discusiones suscitadas en el siglo XVIII. Ahora bien, este esfuerzo de reflexión retrospectiva también ha procurado señalar la importancia de trascender las modalidades esencializantes para entender el carácter campesino de la vida rural. Así entonces, a través del reconocimiento de las imágenes que pueden ser asociadas a los campesinados aquí retomados, de aquellas que se apropian y movilizan localmente, pero también de los desfases entre imágenes y prácticas concretas, he apostado por una reflexión procesual y situada, mas no ontológica, que atiende a la pregunta: ¿quiénes son los campesinos en el capitalismo agrario del siglo XXI?