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Introducción
Una de las aristas más visibles del ciclo de transformaciones de corte neoliberal en Chile, impulsado por las autoridades cívico-castrenses del régimen militar (1973-1990), fue la búsqueda por privatizar las principales empresas públicas que habían sido creadas o servido de sostén durante el ciclo de industrialización por sustitución de importaciones (isi), el cual se desarrolló desde la década 1920 y hasta 1973. Ese proceso distó de ser homogéneo en cuanto a las estrategias instauradas para materializar dichas privatizaciones. Una de las modalidades fue el capitalismo popular, el cual, en su acepción más simplificada, consistió en la venta de acciones a un gran número de compradores, cada uno de los cuales adquiría un número acotado de valores, contra una serie de garantías o facilidades para adquirirlas.
Paradójicamente, pese a que el capitalismo popular fue objeto de una utilización sustantiva como mecanismo de privatización en la década de 1980, lo que se tradujo a su vez en la participación como accionistas de miles de trabajadores de diversas empresas públicas al privatizarse, constituye un fenómeno que ha recibido escasa atención como objeto de estudio disciplinar.1 Este artículo busca representar un paso adelante en la problematización de esta experiencia histórica.
Si bien la participación de trabajadores en el capitalismo popular se produjo en diversas empresas privatizadas a lo largo de la década de 1980, este artículo se focaliza en el caso de la Compañía de Aceros del Pacífico (cap), y de modo más específico en la Siderúrgica Huachipato (dependiente de la cap). Junto con las oportunidades de focalización que ofrece el estudio de caso, el motivo de esta elección se basa en la existencia de fuentes y estudios previos que facilitan su observación.2 Además, en relación con el fenómeno en sí, la tasa de trabajadores que participó de la compra de acciones en Huachipato superó 90%, lo que permite aseverar que distó de tratarse de una experiencia marginal dentro de la usina; aunque en este aspecto no se trató de la única empresa en la que se registraron tasas de adherencia sustantivas.
En suma, el propósito de este artículo es analizar las fuerzas que incidieron en la alta tasa de participación que alcanzó el capitalismo popular entre los trabajadores de Huachipato en el marco de la privatización de la cap. Al respecto, se propone que en dicho fenómeno confluyeron procesos de naturaleza propiamente coyuntural −es decir, enmarcadas en el proceso mismo de privatización− con otros asociados al arraigo de una cultura laboral previamente edificada y diseminada entre los trabajadores de Huachipato. Dentro del orden coyuntural, se propone que, en paralelo a la búsqueda de privatizar la cap, se desarrolló la alternancia de un notorio deterioro de las remuneraciones de los trabajadores de Huachipato junto con un aumento explosivo (en cantidad y valor) de las acciones ofrecidas en el mercado bursátil, lo que pudo incentivar a los trabajadores a participar en la compra de acciones. Adicionalmente, se plantea que la participación de los trabajadores en la privatización también pudo estar influida por algunas experiencias previas −como la de un historial previo de altos ingresos y capacidad de consumo−, las cuales pudieron facilitar la confluencia de los trabajadores con algunos preceptos ideológicos insertos en el marco del capitalismo popular, como la defensa de la propiedad privada como motor de justicia social y libertad individual, así como de mecanismo eficiente para el aseguramiento del acceso al consumo.
Las secciones subsiguientes de este artículo se organizan del siguiente modo: en primer lugar, se discute la noción misma de capitalismo popular, tanto en Chile como en casos emblemáticos como el thatcherismo británico. A continuación, se analiza brevemente la historia de la cap, con énfasis en su privatización. Posteriormente, se examinan las transformaciones en materia de ingresos de los trabajadores de Huachipato con base en la evolución de los salarios reales, así como del comportamiento de las acciones de la cap en el mercado bursátil. A continuación, se aborda la presencia de patrones culturales entre los trabajadores de Huachipato que pudieron coadyuvar en su adhesión a la modalidad de capitalismo popular practicada en la cap. La última sección presenta las conclusiones.
En el campo de las fuentes, este artículo representa un esfuerzo por ofrecer una interpretación del fenómeno del capitalismo popular en Huachipato integrando diversas variables que, a la fecha, nunca habían sido consideradas de manera conjunta. Como se verá más adelante, algunos estudios han abordado la cuestión del capitalismo popular desde la percepción de los trabajadores, pero obviando del todo la evolución de sus condiciones económicas y viceversa, o bien, dejando de lado el papel de los mercados bursátiles. Con todo, este artículo no se limita a la mera presentación conjunta e integrada de evidencias, sino que también busca avanzar en la generación de otras nuevas, mediante procedimientos tales como la estimación de una nueva serie de salarios reales3 representativa del conjunto de ingresos percibidos por un trabajador de Huachipato o la exploración de publicaciones sensibles en el campo de la construcción de identidades laborales, como lo fue la revista Metalito.
Conceptualización y experiencias de capitalismo popular
Como mecanismo de privatización, el capitalismo popular generalmente se ha caracterizado por un sistema de flotación masiva de acciones, así como por la presencia de mecanismos para limitar la proporción de acciones controladas por un único grupo o actor. Adicionalmente, promueve que los propios trabajadores de la empresa privatizada, o bien actores no vinculados tradicionalmente a la compra de valores bursátiles, se conviertan en controladores de una parte de las acciones, disponiendo para ello de instrumentos financieros (como modalidades de acceso crediticio) con la finalidad de facilitarles la adquisición (Avishur, 2000; Valenzuela, 1989).
Posiblemente la experiencia de capitalismo popular, la cual adquirió mayor visibilidad y trascendencia a escala mundial, al ser sindicada como modelo de referencia (Avishur, 2000; Béland, 2006, 2007; Edwards, 2017; Parker, 2012), corresponde a la desplegada por el conservadurismo británico bajo el liderazgo de Margaret Thatcher entre 1979 y 1990. Uno de los sellos de su administración como primer ministro fue una férrea defensa de ideas económicas de corte liberal y monetarista (asociada también al neoliberalismo, como una de sus precursoras, desde la popularización del concepto), dentro de cuya agenda se posicionó un ambicioso programa de promoción de la propiedad privada, lo que se tradujo en la privatización de empresas públicas, así como en la desestatización de áreas clave del sistema de bienestar, como los servicios previsionales y de vivienda.
En ese marco, una de las consignas utilizadas por Thatcher para popularizar su programa de reformas fue el capitalismo popular, cuyo contenido promovía la idea de que la relación entre la gente corriente y el acceso a la propiedad privada debía convertirse en una cuestión ordinaria; es decir, asequible para el común de los británicos (Edwards, 2017, p. 210). La formulación implicaba que el ciudadano transmutado en inversionista por la vía del acceso a la propiedad privada, encontraría los medios para asegurar su propio bienestar, a la vez que adquiría la experticia y sensibilidad financiera necesaria para tomar decisiones económicamente responsables, lo cual lo "liberaría" de la dependencia de un poder central "como el Estado", dándole el poder para "tomar el control" sobre su propia vida (Colvile, 2019; Edwards, 2017).
En ese marco, algunas de las políticas que adquirieron ribetes emblemáticos fueron el "derecho a comprar" (right to buy) −que supuso la privatización del sistema de viviendas públicas mediante la venta a sus ocupantes−, o la Social Security Act de 1986, la cual representó una privatización parcial del sistema de pensiones. En el área de la privatización de empresas públicas en clave de capitalismo popular puede destacarse el caso de la British Gas bajo el eslogan publicitario "If you see Sid, tell him".
En suma, la experiencia histórica e internacional del capitalismo popular señala la necesidad de considerarlo no sólo como un mecanismo de privatización, sino también como un vehículo de promoción ideológica. En ese sentido, Nieto de Alba (1980) sintetiza la dimensión ideológica del capitalismo popular como la creencia de que la generación de vínculos profundos y extendidos entre los individuos y la propiedad privada crearía sociedades más justas y cohesionadas, al transformar a la propiedad privada en una cuestión ordinaria y accesible para todos los individuos, eliminando con ello diferencias tales como aquellas argüidas por la tesis marxista de la lucha de clases.
El principio de justicia articulado como principio del capitalismo popular se alcanzaría por medio de la dispersión del capital (de ahí que se dispongan mecanismos que limiten el número de acciones al que puede acceder cada comprador). Dicho principio de dispersión se basa en la idea de que cualquier forma de concentración de la propiedad en pocas manos (como las del Estado) negará el derecho de los individuos de acceder a ella y gozar de sus beneficios (Colvile, 2019; Nieto de Alba, 1980; Redwood, 1988).
Más allá de las consideraciones ideológicas y los diversos mecanismos de implementación del capitalismo popular, es importante mencionar que ha sido objeto de un intenso debate. Entre sus detractores, a modo de ejemplo, se señala que la política del right to buy habría originado una crisis inmobiliaria en Inglaterra, misma que inclusive hoy dificulta significativamente el acceso a la vivienda.4
En el caso de Chile, la entrada en escena del capitalismo popular se produjo en el marco del proceso de privatización impulsado en la década de 1980 −particularmente durante la segunda ola de privatizaciones, en la segunda mitad de dicha década− por las autoridades cívico-castrenses del régimen militar como parte del paquete de reformas de corte neoliberal desplegado en aquella época. Para dicho efecto, en 1985 se dictaron las leyes 18.401 y 18.398, las cuales sentaron las bases legales sobre las cuales se desarrolló el capitalismo popular en Chile. Inicialmente, y tal como revelan las jurisprudencias que le dieron forma, el capitalismo popular apuntó a dos blancos específicos, las administradoras de fondos de pensiones e instituciones financieras que se habían visto afectadas luego de la crisis de 1982-1983. En ese sentido, la idea era que el capitalismo popular actuase como un polo de recapitalización por la vía de la reprivatización. Sin embargo, prontamente el mecanismo se expandió a otras entidades, como a la cap (Marcel, 1989; Valenzuela, 1989). Con la finalidad de facilitar la compra de acciones, se ofrecieron instrumentos financieros tales como créditos otorgados por la Corporación de Fomento y Reconstrucción (Corfo), o al interior de las propias empresas privatizadas mediante una modalidad de crédito que implicaba el pago por adelantado de indemnización por años de servicio (Cámara de Diputados, 2004; Marcel, 1989; Valenzuela, 1989).
Junto con su instauración como mecanismo de privatización, el capitalismo popular también fue utilizado por las autoridades como un instrumento de promoción ideológica de sus reformas económicas. En ese sentido, el gobierno estimuló la participación de los trabajadores vía compra de acciones, aduciendo que ello les permitiría formar parte de sus empresas como propietarios e inclusive ocupar posiciones en las instancias directivas de las empresas (Gárate, 2014). Tal como en el caso del thatcherismo, se propuso que a través del capitalismo popular la gente corriente accedería a la propiedad privada y los beneficios del mercado bursátil (Gárate, 2014; Huneeus, 2001). En ese contexto, ganaron notoriedad algunas frases de las autoridades del régimen, como la que señalaba que su intención era construir "una nación de propietarios, no de proletarios".
Cabe mencionar que el capitalismo popular en Chile ha sido objeto de fuertes cuestionamientos en cuanto a la legitimidad de su aplicación, así como de sus resultados. En dos informes de la Cámara de Diputados (1993), 2004) se denunció, entre otras prácticas, la participación de los propios controladores de las empresas en calidad de trabajadores para acceder a los beneficios ofrecidos, la creación de empresas de papel (también conocidas como empresas o sociedades de fachada) o un nulo impacto real en la vida de los trabajadores participantes; ejemplos claros de una serie de prácticas que habría conllevado a que las promesas del capitalismo popular no se cumplieran.
Historia de la Compañía de Aceros del Pacífico-Huachipato, función pública, la privatización y la participación de los trabajadores
En 1946, la creación de la Compañía de Aceros del Pacífico (cap) fue concebida como uno de los pilares que sustentaría el programa industrializador impulsado por la Corfo, creada en 1939. Mediante la cap se buscaba resolver la necesidad de iniciar un incremento sustantivo de la producción de acero para sostener el crecimiento industrial de Chile. De este modo, los primeros planes de desarrollo industrial fijaban la intención de aumentar la producción acerera nacional en 140 000 toneladas anuales, lo cual permitiría superar la dependencia de las importaciones, lo que era de vital importancia en un momento en que las divisas escaseaban. Por ello, en 1943 la Corfo decidió emprender el camino hacia la creación de una acerera de gran escala por medio de la realización de estudios ingenieriles que involucraron a profesionales chilenos y estadunidenses, así como la creación de un Comité del Acero en 1944, de responsabilidad gubernamental y encabezado por Arturo Matte como ministro de Hacienda, con la finalidad de estudiar las condiciones técnicas y financieras para dar vida al proyecto acerero. Gracias a esas iniciativas se creó la cap en 1946, la cual fue concebida como una sociedad anónima de carácter mixto, es decir, con participación de capitales públicos y privados. A la larga, la cap alcanzaría amplia trascendencia, llegando a ser considerada como una de las realizaciones más emblemáticas de la Corfo (Echenique y Rodríguez, 1990; Nazer, Camus, y Muñoz, 2009).
Como parte del proyecto acerero de la cap, en 1947 comenzó la construcción de la planta siderúrgica Huachipato en la comuna de Talcahuano, provincia de Concepción (Nazer, Camus, y Muñoz, 2009), iniciando sus operaciones en 1950, convirtiéndose rápidamente en la principal fuente acerera de la cap, así como en un emblema de industrialización y motivo de orgullo para Chile, tal como lo planteó el presidente Gabriel González Videla (1950).
La mayor parte de los capitales invertidos en la construcción de Huachipato provinieron de Eximbank, cuya negociación fue responsabilidad de la oficina de la Corfo, con el propio Estado como aval (Echenique y Rodríguez, 1990, 1996; Monsálvez, Jaña, y Ruiz, 2014; Nazer, Camus, y Muñoz, 2009). La presencia de Eximbank no se redujo a la mera inversión de capitales, sino que también influyó en las modalidades de construcción y operación de Huachipato, lo que se tradujo, por ejemplo, en la necesidad de que toda la maquinaria utilizada en Huachipato fuese adquirida en Estados Unidos.
Pese a dicha influencia, el sector público (principalmente por intermedio de la Corfo) mantuvo una presencia sustantiva en su estructura de propiedad, lo que sólo concluyó al momento de su privatización en la década de 1980. Así, al momento de la creación de la cap, el sector público mantuvo 50% de las acciones bajo su control y aumentó su participación a 70% a inicios de 1960 y a 100% en la década de 1970 (con la excepción de mediados de los sesenta, cuando retrocedió al 50% original). Inclusive, durante la mayor parte del régimen militar de Pinochet, la propiedad de la cap se mantuvo principalmente bajo el control de la Corfo hasta que se logró concretar su privatización.
La historia de Huachipato y la cap como empresa de sello público comenzó su conclusión hacia 1981, cuando se determinó convertir a la cap en un holding, a lo que prosiguió la creación del giro comercial Compañía Siderúrgica Huachipato, S. A., a inicios de 1982. El propósito fue facilitar el proceso de privatización mediante la división de la cap en empresas subsidiarias para facilitar su transacción en el mercado bursátil. Si bien la cap se sostuvo como una empresa de capitales mixtos, mantuvo una participación pública igual o superior a 50% (véase gráfica 1); tal conformación cambió de forma irreversible junto con la decisión de privatizar, lo cual finalmente se concretó en 1987. En ese sentido, se trató de una de las últimas empresas estatales en ser privatizadas durante el régimen militar, lo que podría explicarse en términos de las altas ganancias generadas durante la mayor parte de su vida operativa (Nazer, Camus, y Muñoz, 2009). Dentro de los mecanismos utilizados para asegurar la privatización, la cap dispuso fuertes incentivos para que sus trabajadores adquirieran acciones de la empresa (Cámara de Diputados, 2004), lo que se tradujo en que, hacia 1988, una vez alcanzado el proceso de privatización, los trabajadores de la cap controlaran 37.4% del valor total de las acciones y figurasen como el mayor accionista de la empresa. Lo anterior, en términos de participación en la compra de valores bursátiles, puede considerarse como un caso exitoso de capitalismo popular. Dicho porcentaje no sólo fue relevante en referencia a la composición accionaria de la empresa, sino también en relación con el número de trabajadores que integró (véase gráfica 2).
Fuente: elaboración propia con base en Echenique y Rodríguez (1996).
Gráfica 1 Porcentaje de partición del sector público y privado en la constructora de propiedad de la Compañía de Aceros del Pacífico, 1946-1995
Fuente: elaboración propia con base en Hachette y Lüders (1992).
Gráfica 2 Número de trabajadores que participaron en la compra de acciones de la Compañía de Aceros del Pacífico, 1985-1988
En la mayor parte de las empresas en las que se practicó esta modalidad de privatización, se incentivó un modelo de compra de acciones en el que se vendían acciones a los trabajadores contra el adelanto de indemnización por años de servicio; sin embargo, en este aspecto la cap también marcó un contrapunto, pues estableció otros mecanismos, como la asignación de créditos en unidades de fomento sin interés pagaderos con los propios intereses de las acciones adquiridas. Los trabajadores adquirientes de la cap, previo prepago del crédito asignado, podían acceder inmediatamente al control de sus acciones (Echenique y Rodríguez, 1996, p. 43).
El protagonismo de los trabajadores de Huachipato no se redujo únicamente a su participación en la privatización de la cap, se le sumó una notoria trayectoria sindical. Al tiempo que se creaba la cap en 1947, se organizó el Sindicato Industrial, el cual perduró hasta 1971. En paralelo al Sindicato Industrial, desde la década de 1950 comenzaron a emerger diversos sindicatos profesionales, los cuales actuaron negociando separadamente del Sindicato Industrial hasta 1961, año en que comenzaron a actuar en coordinación a través de la presentación de pliegos paralelos de peticiones. Hacia 1971, todas las organizaciones sindicales acordaron su fusión en un único organismo, el Sindicato Único Profesional Mixto de la Compañía de Aceros del Pacífico, el cual alcanzó gran trascendencia durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973), lo que se tradujo en su participación directa en la gestión de la empresa (Errázuriz, Fortunatti, y Bustamante, 1989).
Tras el golpe de Estado de 1973 se inició una época de fuertes restricciones hacia las organizaciones sindicales. El Sindicato Único fue despojado de sus atribuciones en materia de dirección de la empresa, así como de la facultad de celebrar comicios para escoger directivas sindicales; sin embargo, se permitió que la directiva sindical en ejercicio −electa apenas cinco días antes del golpe de Estado− se mantuviera en funciones, lo que en la práctica la convirtió en una de las excepcionalidades del mundo sindical en dictadura, al no verse cesada su existencia en ningún momento. Así, hasta 1980, cuando se reinició la realización de elecciones sindicales, el organismo se mantuvo bajo la dirección del demócrata-cristiano Pedro Briceño. A partir de entonces, tal como se expone en detalle en el apartado dedicado a la cultura laboral de Huachipato, se consolidaron diversas directivas sindicales que evidenciaron claras divisiones entre los trabajadores entre las fórmulas de continuidad al legado de Briceño y los grupos de oposición5 (Errázuriz, Fortunatti, y Bustamante, 1989).
La participación de los trabajadores de Huachipato en el capitalismo popular
Una aproximación desde la evolución de las remuneraciones y el mercado accionario
Como se ha expuesto, el capitalismo popular implicó algo más que un mero mecanismo de privatización; promovió también un conjunto de ideas que buscaban allanar el camino para impulsar el sector privado, mediante consignas y promesas que aseguraban que los beneficios de dichas operaciones serían accesibles para todos. Al tratarse de un proceso que involucró a miles de trabajadores sería extremadamente difícil escrudiñar en las motivaciones que tuvo cada uno para participar en él. ¿Se trató de una genuina recepción e integración de las consignas ideológicas del capitalismo popular? ¿Fue el fruto de una participación forzada ante la escasa falta de alternativas que implicó su desarrollo dentro de un contexto dictatorial?
Las generalizaciones, en este punto, deben ser ponderadas con cautela, pues si bien el mundo del trabajo en dictadura atravesó algunos desafíos en común, también se compuso de un universo de contextos diversos donde la evolución de las condiciones contractuales internas, el tipo de empresa, o las trayectorias organizativas previas, marcaron diferencias sustantivas en relación con la situación y horizonte de expectativas de sus trabajadores. En el caso de Huachipato, como se expondrá a continuación, un primer factor que podría explicar la alta tasa de adhesión que provocó la compra de acciones puede tejerse desde la intersección entre la particular trayectoria descrita por las remuneraciones en Huachipato y el comportamiento bursátil de sus acciones en el marco de la implementación del capitalismo popular. Resulta importante señalar que este es el primer estudio que pone estas dos variables en paralelo −la evolución de los ingresos y de los valores bursátiles de la cap ofrecidos a los trabajadores− como marco analítico para entender el momento económico en el cual los trabajadores se adhirieron a la compra de acciones. Por ejemplo, los exhaustivos trabajos de Errázuriz, Fortunatti, y Bustamante (1989) y de Echenique y Rodríguez (1996) entregan invaluable información en materia de ingresos salariales, pero ninguna referencia a la evolución del valor de las acciones y de los beneficios económicos que proyectaban en el momento mismo en que se abrió la opción de compra de acciones a los trabajadores. De modo más reciente, Ayala (2016) también ha abordado la cuestión del capitalismo popular en Huachipato, pero desde una perspectiva que alterna instrumentos testimoniales y de memoria histórica.
Uno de los rasgos que distinguió a los trabajadores de Huachipato hasta finales de la década de 1960 fueron los altos salarios que percibieron, tanto a escala regional, sectorial e incluso nacional (Errázuriz, Fortunatti, y Bustamante, 1989). La gráfica 3 sintetiza la evolución de las remuneraciones base de los trabajadores de Huachipato, esto es sin otras formas de beneficios o asignaciones, en términos de salarios reales para el periodo 1960-1987. Desafortunadamente no ha sido posible acceder a un registro de la evolución de este indicador año tras año, dependemos aquí de los cálculos realizados por Errázuriz, Fortunatti, y Bustamante (1989), quienes estimaron este indicador distinguiendo dos periodos: 1960-1973 y 1974-1987, lo cual implica la imposibilidad de registrar las variaciones anuales a lo largo de estas décadas. Pese a dicha limitación, la información disponible permite graficar la trayectoria general que describieron los salarios reales, que no fue otra que un deterioro significativo en el largo plazo, lo que se tradujo en que en el periodo 1974-1987 los salarios reales fueran apenas 35% del nivel descrito entre 1960 y 1973.
Fuente: elaboración propia con base en Errázuriz, Fortunatti, y Bustamante (1989).
Gráfica 3 Evolución del Promedio de los Salarios reales de los obreros y empleados de Huachipato, 1960-1987 (Índice 1970=100)
Disponemos de datos con una periodicidad más detallada a partir del año de 1970 (véase gráfica 4), información que tiende a confirmar la imagen de un dramático deterioro de los salarios reales desde la década de 1970. En concreto, 1970-1976 surge como un periodo de deterioro, proseguido por un ciclo de estancamiento que se extiende hasta la década de 1980. Si se compara con el comportamiento del resto del sector siderúrgico nacional, es posible apreciar que este magro desempeño no sólo se verificó en términos relativos a la propia experiencia de Huachipato, sino también en un sentido absoluto. De ese modo, el resto de la industria del acero también experimentó un deterioro a inicios de la década de 1970, precedido por un ciclo de estancamiento hasta 1980, cuando se registró un nuevo incremento, y luego otro ciclo de estancamiento hasta 1985, y tras este una nueva caída. Sin embargo, pese a demostrar una evolución de salarios reales inestable, los del sector industrial siempre se mantuvieron sobre los niveles de Huachipato desde la primera mitad de la década de 1971, inclusive en los momentos de peor desempeño del resto de la industria acerera.
Fuente: elaboración propia con base en Errázuriz, Fortunatti, y Bustamante (1989).
Gráfica 4 Salarios reales de Huachipato y del resto de la industria siderúrgica nacional, 1970-1987 (Índice 1970=100)
El deterioro de los salarios de Huachipato podría tomarse como una corrección de mercado de unos salarios que previamente se habían caracterizado por ser altos. En ese sentido, cabe recordar que, ya en los programas ministeriales de 1975 y 1979, las autoridades del régimen militar sentenciaron que debía ser el mercado y no el gobierno el motor regulador de los salarios (Hachette y Lüders, 1992). De ese modo, aunque la privatización como tal sólo se concretaría en los años ochenta, ya desde los primeros años de la dictadura la cap fue forzada a operar como una empresa privada, lo cual incluyó un reajuste de los salarios a niveles de mercado.
En este sentido, cobra relevancia una serie de factores externos que afectaron a la industria siderúrgica −como variables en el deterioro de los salarios−. Así, 1973 no sólo marcó el inicio de la dictadura militar en Chile, sino también el de la crisis petrolera. El precio del barril se cuadriplicó entre 1973 y 1974, y luego se triplicó a finales de los años setenta. Ese impacto externo incrementó dramáticamente los costos de producción de la industria del acero en todo el mundo, mientras que la demanda de productos siderúrgicos disminuyó significativamente. Este shock coincidió con el periodo de mayor disminución de los sueldos en Huachipato, lo cual posiblemente se debió a una decisión de la directiva de la cap de abaratar costos conforme a la decisión de operar bajo criterios de mercado. Este mismo escenario de crisis acarreó la decisión de disminuir la fuerza laboral de la cap, lo cual se tradujo en numerosas desvinculaciones; en 1973 había 6 210 trabajadores, mientras que, en 1980, 4 848. Con todo, los salarios de Huachipato se mantuvieron estables en la década de 1980, pese a la severa crisis económica que azotó a Chile durante la primera mitad de esa década. Efectivamente los salarios reales, ya deteriorados, no cayeron en una nueva espiral recesiva en Huachipato, mientras que los del resto de la industria acerera mostraron un comportamiento mucho más irregular. Huachipato fue más estable, pero se trató de una estabilidad marcada por la precarización, inclusive respecto del resto de la industria del acero.
Junto con las medidas que afectaron a los salarios, la directiva de la cap durante la dictadura decidió establecer otro tipo de adecuaciones tendentes a incrementar la productividad laboral, los procesos de gestión, el uso de recursos financieros y la eficiencia en general. En esa línea se creó la división de ingeniería de procesos, así como una superintendencia de procesos y una de producción. Pero quizá lo más notable fue el acuerdo de colaboración entre la cap y la firma japonesa Nippon Kokan KK, la cual debía ayudar técnicamente a la cap a mejorar sus procesos de producción, mientras se introducía nueva maquinaria de fabricación japonesa y se capacitaba a los trabajadores de Huachipato en Japón (Compañía de Aceros del Pacífico, 1978-1979). En 1978, la Nippon Kokan elaboró una serie de recomendaciones (Echenique y Rodríguez, 1996) que llevaron a la adopción de un sistema de producción japonés, como lo referían los trabajadores de Huachipato, quienes percibían que la carga de trabajo iba en aumento mientras se mantenían los salarios (Errázuriz, Fortunatti, y Bustamante, 1989).
En la línea de las empresas creadas desde la década de 1940, Huachipato contaba con otra serie de incentivos económicos que deben contemplarse para proporcionar un cuadro completo de la evolución de los ingresos de sus trabajadores. Entre los incentivos se encontraban bonos de vivienda, gratificaciones, bonos escolares y navideños, los cuales se analizan a continuación.
Las gratificaciones (véase gráfica 5) eran bonificaciones que recibían los trabajadores tras las negociaciones entre el sindicato y la junta, y se acordaban como un porcentaje de su salario en efectivo. La evolución del pago de gratificaciones como porcentaje del salario total aumentó durante la breve presidencia de Allende, de igual manera ocurrió durante los primeros dos años del régimen de Pinochet para declinar y permanecer constante en torno a 50% durante el periodo de la privatización (véase gráfica 5). Puesto que los salarios reales en efectivo estaban disminuyendo, en términos absolutos, también lo hicieron los pagos nominales asociados a las gratificaciones, toda vez que su aumento y posterior estancamiento en términos relativos no alcanzó a compensar la abrupta caída de los salarios reales en efectivo.
Fuente: elaboración propia con base en (Errázuriz, Fortunatti, y Bustamante, 1989, p. 101).
Gráfica 5 Gratificaciones de los trabajadores de Huachipato (como porcentaje del salario mensual)
La evolución de otros beneficios dependía en gran medida del número de hijos del trabajador, el nivel de educación de sus hijos y de si el trabajador era cabeza de familia o no (véase cuadro 1). Los años 1971 y 1972 fueron dorados para los trabajadores de Huachipato, bajo el régimen socialista de Salvador Allende; nunca antes y nunca después, los trabajadores de Huachipato recibieron niveles tan altos de beneficios. Los dos primeros años de la dictadura de Pinochet evidencian una caída dramática de estos beneficios, mientras que durante la década de 1980 hubo una mejora importante en comparación con mediados de la década de 1970 (e incluso finales de la década), pero no lo suficiente como para alcanzar los niveles registrados durante el gobierno de Allende (véase cuadro 1).
Cuadro 1 Otros beneficios percibidos por los trabajadores de Huachipato, 1969-1987 (En pesos de diciembre de 1987)
| Periodo | Beneficios de vivienda, por mes | Beneficio por nacimiento de hijo, pago único | Beneficios escolares, pago anual | Bono de Navidad, pago anual | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefes de hogar | Todo el resto | Parvularia | Educación básica | Educación media y universitaria | |||
| 1969-1970 | 5 135 | 2 567 | – | 4 576 | 18 762 | 24 940 | 4 563 |
| 1971-1972 | 12 740 | 6 370 | 29 976 | 5 561 | 19 463 | 27 804 | 4 513 |
| 1973-1974 | 2 544 | 1 436 | 6 291 | 2 574 | 7 850 | 11 840 | 782 |
| 1981-1983 | 7 049 | 5 097 | 11 749 | 12 342 | 19 077 | 28 776 | 1 412 |
| 1985-1987 | 7 384 | 5 339 | 12 303 | 12 799 | 19 781 | 29 835 | 903 |
Fuente: elaboración propia con base en Errázuriz, Fortunatti, y Bustamante (1989, p. 101).
Para ilustrar la evolución agregada de todos estos beneficios, supóngase que el trabajador promedio de Huachipato era cabeza de familia y que tenía dos hijos que asistían a la educación primaria. Bajo este supuesto, es posible sumar el beneficio de vivienda para esta familia, el beneficio escolar y el bono de navidad (véase gráfica 6) de forma anual. Como puede observarse, los beneficios totales así calculados en la década de 1980 fueron superiores a los de finales de los sesenta y muy superiores a los de los primeros años de la dictadura de Pinochet. Durante el periodo de privatización, aunque los salarios en efectivo permanecieron estancados, los beneficios de los trabajadores aumentaron de manera importante en comparación con la década de 1970, y aunque fueron más bajos que durante la presidencia de Allende, fueron aún más altos que antes de su mandato presidencial.
Fuente: elaboración propia con base en cuadro 1.
Gráfica 6 Beneficios anuales percibidos por un trabajador de Huachipato en la condición de Jefe de Hogar y con dos hijos recibiendo educación básica (pesos de diciembre de 1987), 1969-1987
Sin embargo, estos beneficios no fueron suficientes para compensar los menores salarios base. Para ello, se ha estimado el ingreso total mensual promedio para un trabajador regular, es decir, salario base, gratificaciones y beneficios (véase gráfica 6), cuyo resultado se proyecta en la gráfica 7. El antecedente del sueldo base promedio corresponde a Errázuriz, Fortunatti, y Bustamante (1989), quienes proporcionan el dato mensual para lo que se define como un trabajador promedio de Huachipato en 1986. Sobre dicho antecedente se agregaron las gratificaciones y los beneficios mensuales definidos en la gráfica 6 para ese trabajador promedio.
Fuente: elaboración propia con base en Errázuriz, Fortunatti, y Bustamante (1989).
Gráfica 7 Estimación de un ingreso total mensual calculado para un trabajador promedio (incluye sueldos base, gratificaciones y otros beneficios) para años seleccionados 1970-1987 (pesos de 1987)>
Las estimaciones sobre el ingreso mensual promedio total muestran la misma tendencia exhibida en la gráfica 4 para los sueldos base, esto es, una caída dramática en la década de 1970, seguida de un estancamiento que actuó como perpetuador de unos salarios visiblemente precarizados. Si en 1987 los sueldos base eran 30% del nivel de 1970, el ingreso total (incluidas gratificaciones y otros beneficios) en 1987 era 38% del nivel de 1970. De ese modo, si bien el comportamiento de los beneficios amortigua en parte la caída de los sueldos vistos como ingreso total, esta sigue siendo pronunciada. En suma, con base en nuestras nuevas estimaciones, es posible afirmar sin duda que para cuando se concretó el proceso de privatización, los trabajadores de Huachipato estaban atravesando una suerte de normalidad precarizada en materia de remuneraciones, lo cual en la práctica implicaba que en poco más de una década habían transitado de ubicarse en una posición privilegiada, a estar inclusive debajo del promedio de ingreso de un trabajador del sector siderúrgico; fue en ese contexto que se presentó a los trabajadores de Huachipato la oportunidad de participar del capitalismo popular.
Según los datos proporcionados por Valenzuela (1989), la inversión en acciones proporcionó un ingreso adicional sustancial para los trabajadores, al menos durante el corto periodo en que se practicó la modalidad de capitalismo popular en la segunda mitad de la década de 1980. Se estima que el trabajador promedio que invirtió en acciones ganó alrededor de 7 000 por mes en dividendos, lo que equivale a 14% adicional sobre sus ingresos totales durante 1985-1987. Esto significa que el trabajador promedio que invirtió en acciones a finales de la década de 1980 logró obtener, tomando en cuenta todos los ingresos, alrededor de 50% del ingreso total que a los trabajadores de Huachipato les fue pagado durante los mejores momentos de la década de 1970, bajo la presidencia de Allende. Esto es sustancialmente mejor que el 30% descrito en la gráfica 4, la cual considera sólo los salarios en efectivo.
Además, los precios de las acciones de la cap vieron incrementado su valor en la coyuntura misma de la privatización (véase gráfica 8). Los trabajadores que compraron acciones no sólo obtuvieron buenos dividendos, sino que su riqueza también aumentó tan pronto como los precios de las acciones comenzaron a subir. En junio de 1989, los precios de las acciones de la cap eran 23 veces más altos que en marzo de 1985. Es decir, los trabajadores que compraron acciones en 1984 y 1985 obtuvieron una ganancia sustancial sobre el capital así invertido, y muchos de ellos finalmente vendieron sus acciones (Nazer, Camus, y Muñoz, 2009).
Fuente: elaboración propia con base en Hachette y Lüders (1992).
Gráfica 8 Índice de precios de las acciones: Compañía de Aceros del Pacífico vs. Índice General de Precios de Santiago, marzo de 1985 a septiembre de 1989 (1985=100)
En conclusión, el cuadro económico que se articuló en el momento en que se ofreció a los trabajadores de Huachipato participar del proceso de privatización por medio del capitalismo popular, tuvo las siguientes características: en primer lugar, un dramático descenso de las fuentes de ingreso tradicional por concepto de contrato de trabajo, cuya espiral descendente se produjo en la década de 1970, proyectándose hacia 1980 como una nueva normalidad precarizada, dejando fuera del alcance de los trabajadores aquella posición de privilegio económico que había marcado su trayectoria histórica previa. Todo parecía apuntar en la dirección de que los salarios no volverían a los niveles previos. Tal como lo señalan Echenique y Rodríguez (1996), así como Ayala (2016), los beneficios potenciales que se pudieron obtener mediante operaciones tales como la venta de las acciones compradas en el momento de mayor incremento de su valor en la bolsa, fue lo suficientemente espectacular como para hacer posible, o en este caso sostener, el acceso a altas expectativas de consumo.
Así, bajo la volatilidad del mercado bursátil, el capitalismo popular se presentó como una alternativa para recuperar en parte la situación de privilegio que, por la vía de los ingresos tradicionales, se había desvanecido en el horizonte. Visto de ese modo, no parece ser fruto del azar que las curvas de participación de los trabajadores y valor de las acciones (véanse gráficas 2 y 8) tiendan a describir una curvatura similar. En un momento en que los salarios tradicionales no ofrecían una perspectiva positiva, los trabajadores siguieron las promesas de beneficio que se proyectaban desde el mercado bursátil, aunque ese movimiento, visto en el largo plazo, asumió más los contornos de una forma de morigerar el desempeño negativo de Huachipato como fuente de ingreso, que el salto hacia una nueva forma de enriquecimiento.
La construcción de una identidad de clase media
Como se propuso antes, el capitalismo popular no sólo constituyó un mecanismo de privatización, sino también una modalidad de promoción ideológica con un contenido y premisas propias, donde la figura de los trabajadores adquirió un papel central. En ese sentido, existen indicios para barajar la posibilidad de que la participación de los trabajadores de Huachipato en el capitalismo popular no se trató sólo de una cuestión pragmática y coyuntural, sino de la confluencia de una cierta cultura laboral previa con algunos de los preceptos publicitados por el capitalismo popular (Rivas, 2018).
Desde el estudio de Di Tella et al. (1967) hasta los más modernos trabajos de Brito y Ganter (2014, 2015) o Ayala (2016, 2018), existe consenso al identificar una serie de prácticas empresariales al interior de Huachipato que apuntó a forjar profundos lazos de identidad y dependencia entre el trabajador y la empresa, a través de mecanismos que abarcaron desde el bienestar material, como el emblemático caso de la Villa Presidente Ríos (Brito y Ganter, 2015) o la construcción del Hospital de Talcahuano en 1970 −a partir de una donación de terrenos de la cap−, hasta la creación de diversos dispositivos de cohesión sociocultural como el club deportivo Huachipato (1947), Artistas del Acero (1958), el Centro de Madres Villa Presidente Ríos (1954). Lejos de tratarse de experiencias extraordinarias, la historiografía se ha servido del concepto de paternalismo industrial para visibilizar en este género de evidencias un programa de modelamiento laboral más bien concreto y de amplio espectro.
Sintéticamente, es posible comprender el paternalismo industrial como la puesta en práctica de una serie de dispositivos que persiguen la producción del productor; es decir, el modelamiento del trabajador bajo las exigencias del entorno laboral capitalista, a la vez que la construcción de una imagen ideal del mundo del trabajo como una suerte de entorno familiar, con el empleador como padre, y los trabajadores −y sus familias− como hijos (Álvarez, 2006; Fuentealba, 2020; Muñiz, 2007; Sierra, 1990; Videla, Venegas, y Godoy, 2016). Tal como lo demuestran trabajos como los de Venegas (2015) y Videla, Venegas, y Godoy (2016), se trató de una práctica con suficiente presencia en contextos laborales chilenos como para ser considerada dentro de las formas de modelamiento laboral ejercitadas en el país. Más allá de las fronteras nacionales, pero aun en el contexto siderúrgico, casos como el de Volta Redonda, en Brasil (Dinius, 2013), permiten sostener que el paternalismo industrial también tuvo cierta presencia dentro de la rama de actividad económica de la que formaba parte Huachipato.
La presencia de una trayectoria de paternalismo industrial como rasgo histórico en Huachipato implicó que, hacia la década de 1980, los trabajadores ya contaran con un extenso proceso de construcción identitaria a cuestas. Un proceso que, no obstante, adquirió algunos contornos propios y decisivos, particularmente en lo referente a una autopercepción de privilegio socioeconómico. El estudio de Di Tella et al. (1967) lo concluyó así al contrastar las visiones de los trabajadores de Huachipato y Lota sobre su propia condición, y al señalar que los primeros se percibían a sí mismos como parte de la clase media.
Resulta importante señalar que buena parte de los trabajadores que formaba parte de Huachipato durante el proceso de privatización había tenido alguna participación en los años dorados en materia de ingreso (Echenique y Rodríguez, 1996). De ese modo, los trabajadores que asistieron a la privatización de la empresa no eran recién llegados. En suma, la aspiración de ingresos altos y un cómodo acceso a oportunidades de consumo material se configuraban en ese contexto como la recuperación de un viejo estatus, difuminado tras el magro comportamiento de los ingresos salariales desde la década de 1970. Por lo demás, la práctica del paternalismo industrial en sí misma no desapareció del todo luego de que la empresa adoptase un modelo de toma de decisiones propio de una empresa privada. Así, organismos como el servicio social de Huachipato o los artículos de opinión publicados en la revista Metalito se encargaron de mantener una suerte de vínculo entre la esfera propiamente familiar y la de la empresa (Rivas, 2018).
La trayectoria sindical refuerza la percepción de que ciertos códigos del paternalismo industrial mantenían vigencia en vísperas de la privatización. Al respecto, ilustrativas fueron las figuras de los dirigentes Pedro Briceño y Juan Sanhueza, con décadas de presencia sindical en los ochenta. Ambos encarnaron un estilo de dirigencia donde la preocupación por el tipo de beneficios y relaciones que habían formado parte de los años dorados de Huachipato y de su modelo paternalista ocupaba un lugar central. En la campaña electoral para la directiva sindical de 1984, el diario El Sur señalaba que: "Briceño, Díaz y Toledo forman parte del Grupo Pirámide. Este es su símbolo y su base sólida la seguridad laboral […]. Su gran carta es la obtención de 206 casas durante la gestión y la promesa de continuar el plan habitacional hasta completar un total de mil 200 casas."6 Por su parte, el mismo año, Sanhueza no tenía reparos en ser tildado de asistente social, aseverando que "Cuando uno ocupa el cargo de director solamente, tiene mucho tiempo para dedicarle a esa función [asistente social]. Puede estar con la gente y solucionar problemas puntuales. Ahí, como usted dice, realiza una labor de asistente social". 7
Resulta significativo que ambos hayan marcado extensas trayectorias de dirigencia sindical, inclusive durante la privatización, demostrando que representaban a una parte importante del sentir de los trabajadores de Huachipato. Tal como lo destaca Ayala (2018), este tipo de dirigencia (políticamente próxima al gremialismo) se caracterizó por mantener posturas de colaboración con la empresa, y de abierto apoyo a la privatización, una vez que entró en escena el capitalismo popular como estrategia.8
Así, aristas vitales del capitalismo popular tocaron aspectos que no eran novedosos dentro de las relaciones laborales en Huachipato, como la aspiración a la propiedad, o la construcción de lazos de identidad con la empresa. Por ello, existieron bases para que los trabajadores no sólo sintonizaran con aquellas promesas relativas a los beneficios materiales inmediatos, sino también con los de identificación con la propiedad privada y el compromiso con la marcha de la empresa (Rivas, 2018). Por medio de entrevistas, Ayala (2016, 2018) recoge una percepción retrospectiva similar sobre la participación de los trabajadores en el proceso de capitalismo popular, destacando que no sólo se trató de una cuestión de beneficios económicos, sino también de la convicción de que el capitalismo popular daría a los trabajadores control sobre la propiedad y marcha de Huachipato; dicha aspiración era el resultado, en buena medida, de la preexistencia de importantes vínculos identitarios con la empresa.
Conclusión
En este artículo se han analizado diversas condiciones materiales y subjetivas que formaron parte del proceso de implementación del capitalismo popular entre los trabajadores de la siderúrgica Huachipato en el marco de la privatización de la Compañía de Aceros del Pacífico en la década de 1980. De dicho análisis se puede concluir que en tal proceso convergieron elementos de diversa naturaleza que pueden contribuir a explicar la alta tasa de adhesión que manifestaron los trabajadores de la empresa en la compra de acciones. En primer lugar, la oportunidad de verse favorecidos económicamente con los beneficios bursátiles de la privatización, gracias a una coyuntura favorable de las acciones de la cap en el mercado de valores, en un periodo marcado por un deterioro significativo en los ingresos remunerativos de los trabajadores, o que constituía un aspecto sensible en una empresa donde los trabajadores habían desarrollado un perfil histórico marcado, entre otras cosas, por una situación privilegiada en materia económica.
Junto con las motivaciones monetarias, la convergencia de elementos identitarios también debe ser considerada: el capitalismo popular en sus diversas versiones siempre ha promovido un programa de propaganda ideológica en la cual el fomento de la propiedad privada, el individualismo y el compromiso personal con el bienestar desempeñan un papel central. En ese sentido, el capitalismo popular encontró en Huachipato a una comunidad de trabajadores donde esos códigos no eran extraños y, por el contrario, se encontraban en su horizonte de expectativas, ya fuese por políticas previas que habían promovido la constitución del trabajador como propietario (un ejemplo emblemático lo constituyeron las iniciativas habitacionales), o la vinculación identitaria del trabajador con la empresa, lo cual empalmaba con la promesa del capitalismo popular de que podrían, en calidad de propietarios, formar parte activa de la administración de la empresa.
Si dichas promesas se cumplieron o no, es materia de debate, aunque los estudios preparados por la Cámara de Diputados (1993), (2004) parecen señalar que no fue el caso. Es parte de otra historia igualmente problemática, la de los resultados a mediano y largo plazos del capitalismo popular.
