Introducción

En la actualidad, la arqueología tiene un papel fundamental en la toma de decisiones políticas, ya sea generando información sobre las transformaciones sociales del pasado; identificando especies de plantas nativas; evitando daños a los sitios patrimoniales por la construcción de obras civiles; generando fuentes de empleo en proyectos de investigación; restaurando y abriendo nuevos sitios culturales para el turismo. Desde El Colegio de Michoacán (Colmich) apoyamos la creación de áreas de conservación ambiental, promovemos la participación social en el manejo del patrimonio cultural y ponderamos las identidades y valores locales frente a los intereses hegemónicos sean políticos o académicos. Al mismo tiempo, la institución mantiene sus particularidades, trabaja para lograr resultados académicos importantes, identificando formas de organización sociopolítica, tecnologías agrícolas del pasado; contribuyendo a reconstruir la historia ambiental regional; y, esencialmente, formando nuevos investigadores. Por si esto fuera poco, la arqueología como disciplina lucha constantemente por superar las barreras institucionales, obtener permisos y concursar en condiciones poco transparentes¹ por los recursos para la investigación.

A pesar de estas profundas circunstancias políticas, el mayor problema de la arqueología es una clara separación de enfoques y objetivos: diversas disciplinas como la antropología social, arqueología, geología, biología, química y geofísica, por mencionar sólo algunas con las cuales se tienen frecuentes acercamientos, deberían colaborar de manera cercana. Compartimos con otras ciencias el objetivo transdisciplinar de explicar los cambios y transformaciones en las sociedades antiguas y actuales, bajo este enfoque podemos tener una perspectiva de larga duración en la reconstrucción de la historia ambiental, anticipando -por ejemplo- las consecuencias sociales de un mayor deterioro ambiental.

Para lograr proyectos y resultados de mayor significado teórico y relevante para las sociedades actuales, es necesario proyectar desde un enfoque integral. En este texto hablamos de una arqueología biocultural como estrategia teórico-metodológica para estudiar las transformaciones sociales y ambientales, como resultado de la relación sociedad y naturaleza, detectando los factores de cambio social y procurando el uso sustentable de los bienes culturales y naturales. Siguiendo a ^{Boege (2008)} y ^{Toledo y Barrera-Basolls (2008)}, retomo tres aspectos del término biocultural: primero, como un término adecuado para ubicar los espacios de diversidad ambiental y social; segundo, como la expresión material de la memoria natural y su relación con las transformaciones culturales de nuestros pueblos; y, tercero, como argumento central para fomentar la participación social en un esquema de corresponsabilidad. Enfatizo que se trata de una orientación con implicaciones políticas y académicas que en la práctica busca una relación sustentable y democrática con mayor participación social, proponiendo crear los mecanismos de corresponsabilidad patrimonial.

Si volteamos la mirada al pasado reciente, a las cuestiones medulares de la antropología, notaremos que la triada sociedad-naturaleza-arqueología aparece con gran fuerza en la obra de Manuel Gamio, La población del valle de Teotihuacán. Su trabajo incluyó cuestiones paleoambientales, arqueología, historia y antropología de la región. La participación de aquella Dirección de Antropología en aspectos educativos y en actividades concretas para beneficio social fue un gran momento de la antropología mexicana y fuente de inspiración para nuevas políticas de trabajo.

Los sesenta marcó una serie de cambios en la vida política en México, los movimientos sociales expresaron el gran desgaste del sistema político. El pensamiento crítico y la búsqueda de mayor participación social alcanzó a la arqueología en los setenta. Aparecieron entonces estudios y publicaciones como La arqueología oficial mexicana, tesis que Manuel Gándara presenta en la ENAH el 4 de julio de 1977 y se publica por el INAH en 1993.

En 1979 aparece publicado el artículo de Panameño y Nalda, "Arqueología ¿para quién?", donde los autores y maestros de la ENAH en aquel momento, mencionaban que la arqueología al hacerse desde el presente, bajo una perspectiva personal o institucional, tiene implícita una connotación política y social. Años más tarde, en 1989, el arqueólogo inglés, Christopher Tilley señala que "la arqueología constituye una forma de acción sociopolítica en el presente". Retomando estas implicaciones políticas, es importante reflexionar en torno a la pregunta ¿cuáles son los objetivos y la relevancia del quehacer arqueológico en el mundo actual? Aunque la respuesta principal resulta evidente: ser parte activa en el desarrollo social, estudiando, registrando y protegiendo los sitios de interés patrimonial (aquellos lugares o elementos del paisaje donde se combinan los valores académicos y el reconocimiento social), la arqueología en México nace y se desarrolla como una actividad oficial, orientada hacia las tareas técnicas y legales de conservar, proteger y difundir el legado cultural de la nación, dejando la investigación en segundo lugar.

Gándara (1993, 17) destaca que la arqueología mexicana está en crisis al menos desde 1968 y sus principales problemas son: la incapacidad para cumplir como disciplina científica; colocarse a la altura de los estándares internacionales; incapacidad para preservar el patrimonio cultural y para regresar o revertir a la sociedad los conocimientos generados. Actualmente estos problemas no se han superado, los datos oficiales muestran gran rezago, por ejemplo, el reducido número de zonas arqueológicas abiertas al público, los pocos casos de Declaratorias Presidenciales de Zonas de Monumentos, el reducido presupuesto que se asigna a los proyectos de investigación y la baja productividad editorial. Las cifras oficiales son desalentadoras, por ejemplo, el Inventario Nacional Arqueológico es impreciso, fluctúan entre 32,222 y 44,000 sitios arqueológicos,² de los cuales cerca de 200 son zonas abiertas al público y sólo un poco más de 70 tienen Declaratoria Presidencial de Zona de Monumentos,³ es decir, la enorme mayoría de los sitios carece de algún tipo de protección y su futuro es incierto. Esto demanda mayor atención institucional, mayor número de proyectos de investigación que permitan evaluar y conservar los lugares de mayor significado, sea por su antigüedad, originalidad, alto valor didáctico, información sobre la historia ambiental e historia de la tecnología, o simplemente, por su potencial turístico.

Hasta ahora podemos asegurar que los arqueólogos "oficiales" intentan firmemente cumplir su compromiso, aunque no siempre tienen objetivos de investigación claramente establecidos y los apoyos necesarios son limitados. El mayor financiamiento del Estado se queda en el pago de la nómina, por lo cual sólo mínima parte del presupuesto se destina a proyectos de investigación.⁴

Frente a esta situación de una arqueología institucionalizada y de clara tendencia conservacionista,⁵ se encuentran otras necesidades que deberán ser atendidas. Más allá de la conservación, protección y restauración de zonas arqueológicas o la creación de museos, hay espacios y temas donde la arqueología servirá como eje de articulación institucional y social, me refiero a seguir generando nuevos conocimientos; promoviendo la participación social en tareas de salvaguarda, conservación de los bienes culturales y naturales; obteniendo los insumos necesarios para la planeación y el ordenamiento territorial; y, en su expresión más amplia, posicionando su aportación disciplinaria hacia un desarrollo social sustentable. Pero la situación es más complicada de lo que parece, para incorporar estos objetivos a la práctica cotidiana debemos ampliar las capacidades jurídicas e institucionales y convencer a los colegas y funcionarios para aplicar una visión integral (investigación y salvaguarda patrimonial) creando los mecanismos de corresponsabilidad en los tres órdenes de gobierno y la sociedad. Una posibilidad inmediata que nos permitiría avanzar hacia estos objetivos sería promover en el marco normativo actual de investigación -a través del Conacyt- una serie de demandas específicas de proyectos, identificando escenarios de participación social; promoviendo y ejecutando investigación básica, proyectos productivos, programas de conservación ambiental; y acompañando a las organizaciones sociales hasta su consolidación.

Un tema fundamental es la transformación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en una entidad incluyente, incorporando a sus competencias, la visión de corresponsabilidad y mayores capacidades en los temas bioculturales. Proponemos integrar como áreas protegidas a los sitios arqueológicos y su entorno natural, promoviendo el uso sustentable de los bienes naturales y culturales. Recuperando lo que ^{Toledo y Barrera-Bassols (2008)} llaman la memoria biocultural,⁶ podemos estudiar las transformaciones del paisaje en la historia antigua mesoamericana. Sabemos que se trata de un cambio estructural difícil de lograr políticamente y aunque los propios arqueólogos -oficiales y no oficiales- expresan serias inconformidades con el esquema de trabajo actual, es difícil imaginar una transformación "desde arriba" hacia objetivos sociales. No obstante, nuestra responsabilidad como académicos es identificar estas posibilidades de crecimiento disciplinar hacia objetivos sociales tangibles.

La mayor expectativa dependerá de la arqueología "académica", aquella que se desarrolla en las universidades y centros de investigación,⁷ los docentes investigadores deben tener un papel determinante, aportando nuevos conocimientos y formando nuevos investigadores, al dotarlos de capacidades y entrenamiento suficiente que les permitan incorporar los temas sociales y ambientales a la arqueología. En México se necesita un proceso de transformación, los centros de estudio e investigación podrían ser aliados cercanos para el INAH,⁸ sólo que el propio Instituto debe reconocer y delegar responsabilidades; por su conducto, el Estado mexicano deberá atender demandas añejas, me refiero específicamente a delegar las atribuciones sobre los bienes culturales.

En suma, una transformación política de nuestra especialidad "desde abajo" dependerá de la formación de cuerpos colegiados, que reconozcan las diferentes orientaciones y objetivos y, al mismo tiempo, construyan sobre similares bases teóricas, metodológicas y técnicas. En la práctica, la separación de funciones entre el trabajo oficial y la arqueología académica no debe existir, sólo hay una disciplina con un objetivo común: explicar las transformaciones sociales, el desarrollo tecnológico y las formas de organización política de las sociedades antiguas. Como conclusión anticipada podemos decir que la fórmula que equipara la arqueología al turismo de la que se preocupa actualmente el INAH, no es la única ni la mejor, en cambio, la combinación sociedad-naturaleza-arqueología enmarcada dentro del concepto de arqueología biocultural es la única combinación posible para potencializar las capacidades institucionales y sociales.

A continuación se analizan varios proyectos con objetivos, resultados, ritmos y alcances diferentes, pero donde se ha buscado el equilibrio entre investigación básica y la vinculación entre la proyección institucional y la participación social. Estos proyectos son interesantes pues desde su planteamiento han visualizado este proceso de transformación política y académica de la arqueología en México.

Investigación y vinculación social

Los objetivos centrales de la arqueología son la generación de nuevos conocimientos, las explicaciones de los procesos de transformación social y política en la antigüedad, así como la contribución a los procesos educativos y la proyección internacional de una arqueología mexicana con objetivos distintivos, dotada de un cuerpo teórico, metodológico y técnico particulares. Otras actividades como la restauración y la protección legal de los bienes culturales son metas de segundo orden, dependen de la importancia de la antigüedad y de los significados histórico y social y, por lo general, son actividades de competencia casi exclusiva del INAH.

Los depósitos culturales existentes en el subsuelo son un gran registro estratigráfico e histórico de hechos, conocimientos y procesos de cambio cultural que deben estudiarse y conservarse,⁹ sin embargo, es tal la cantidad de sitios arqueológicos existentes en México, que debemos establecer prioridades, ubicar los sitios y monumentos que son ejemplares para la reconstrucción histórica y relevantes para las sociedades actuales. Por lo tanto, debemos optimizar el trabajo de los investigadores, atendiendo esas prioridades y combinando en los proyectos los tres principales ejes de interés patrimonial: lo arqueológico (originalidad, antigüedad, singularidad, alto valor educativo de la cultura material), la biodiversidad y la heterogeneidad social. El trabajo institucional debe transitar de los conocimientos básicos generados hacia un determinado sentido social, de esta manera podríamos replantear los fines de la arqueología social y hablar de una arqueología participativa.

Contrario a la visión popular del arqueólogo como un científico estudioso del pasado, debe subrayarse que este oficio siempre tendrá implicaciones políticas.¹⁰ Dichas implicaciones suelen ser de índole diversa, en un esquema amplio, son consecuencia del marco y objetivos institucionales desde donde se realiza la investigación y, en menor proporción, nuestras publicaciones tienen implicaciones y usos sociales distintos. En México, el INAH es un ejemplo muy ilustrativo por ser la instancia normativa y la que concentra el mayor número de arqueólogos, aquí el financiamiento de proyectos de investigación, restauración y museográficos se decide y asigna desde instancias centrales; se establece una relación insoslayable entre arqueología y turismo; se privilegia el estudio de las elites del pasado, el Templo Mayor es el mejor ejemplo; los proyectos oficiales suelen tener mayor presencia en los medios, esta situación se refleja en sus financiamientos. Existe entonces una cierta contradicción, por una parte, podemos hablar de libertad de investigación, pues, las personas deciden los objetivos de sus proyectos, pero, por otra, la indisponibilidad de apoyo para temas de investigación básica limita las orientaciones científicas. Habría que anotar que esta problemática no es exclusiva del INAH, en otras instancias como el Conacyt, el Colmich o la UNAM, la situación no es diferente. En general, se adolece de una política de investigación y fomento al desarrollo social.

En el contexto internacional, los bienes patrimoniales culturales y naturales se ubican en dos polos institucionales totalmente opuestos. Por una parte, la UNESCO y los Estados miembros firman convenios para la salvaguarda de los lugares de gran significado para la humanidad. Mientras tanto, en el polo opuesto, los grupos sociales que conviven directamente con los bienes patrimoniales (que incluso pueden ser propietarios o usufructuarios de la tierra) tienen una participación limitada o, bien, son excluidos de los procesos de patrimonialización.

A pesar de la naturaleza del trabajo arqueológico que involucra una interacción continua con las comunidades, la arqueología mexicana sigue siendo una práctica mayormente institucional, casi excluyente. Aunque esta interacción es indudablemente compleja y nuestro trabajo no siempre logrará convencer e integrar a los distintos grupos sociales de una determinada región o sitio, el arqueólogo promotor de proyectos bioculturales deberá reconocer y quizá mediar entre conflictos de intereses, al interior de las comunidades mismas, entre comunidades o grupos sociales, promoviendo la participación equitativa de las colectividades, pero, sobre todo, encabezando las gestiones frente a las autoridades estatales y federales.

Dos problemas principales que deben superarse para iniciar esta orientación en la arqueología y lograr la corresponsabilidad, por una parte, deben crearse o fortalecerse los mecanismos de organización social y, por otra, debe fomentarse la vocación por el trabajo colectivo de interés comunitario.

Varios proyectos arqueológicos han demostrado que la participación social no sólo es posible, sino deseable. Uno de los primeros lo desarrolló Angelina Muñoz en Tarapaca, Bolivia. La arqueóloga logró convocar a la población para organizarse a favor del estudio y el rescate de la destrucción del sitio arqueológico (^{Muñoz 2006} ). Esta magnífica experiencia debe ser estudiada para conocer las metas alcanzadas, pero, también, las circunstancias y debilidades de un modelo de organización social a favor de un sitio arqueológico en una comunidad indígena.¹¹

Otro ejemplo interesante es el proyecto "Sustentabilidad patrimonial en la cuenca del río Tepalcatepec". Notable por su capacidad de convocatoria que integró a 30 académicos de diversas instituciones, tuvo como estrategia identificar y estudiar los monumentos y sitios de interés patrimonial existentes en la cuenca de río Tepalcatepec, Michoacán, para darlos a conocer entre los pobladores de las localidades inmediatas de cada sitio y alentar a los grupos sociales como encargados de promover la conservación, restauración y aprovechamiento de sus recursos culturales o patrimoniales. Como lo han señalado sus promotores (^{Barragán et al. 2007)}, el punto débil ha sido la poca participación de la población en los primeros pasos, pues, los talleres informativos no lograron atraer el interés colectivo por las propuestas de intervención en sitios históricos, arqueológicos y paleontológicos.¹²

En varios sitios arqueológicos del Occidente mexicano donde he participado directamente como Teuchitlán, Peralta, Curutarán y Zaragoza (véase mapa 1), los objetivos se han vinculado a la docencia,¹³ la investigación, la preservación de los recursos naturales y culturales y se identificaron las posibilidades de participación social. Cada proyecto inició con el reconocimiento de las circunstancias políticas y educativas de la población tomando en cuenta la actitud de la población hacia el sitio arqueológico. Aunque no es una conducta general, hemos notado que el trabajo colectivo y el interés comunitario es poco frecuente en ciertas localidades rurales, esto es consecuencia de los conflictos internos, la política paternalista y los bajos niveles educativos. Nuestra actitud debe tratar de revertir estas circunstancias y apoyar una estructura social más democrática y participativa en el entorno social.

Fuente: elaboración de Marco Antonio Hernández Andrade

Mapa 1 Mapa de ubicación de los sitios arqueológicos estudiados por El Colegio de Michoacán 

Desafortunadamente, el marco normativo institucional federal actual ofrece poco apoyo en este sentido, no hay una manera claramente establecida para incorporar a las asociaciones y patronatos como entidades "coadyuvantes" del INAH.¹⁴ De este hecho jurídico deriva una actitud políticamente excluyente y contradictoria por parte de las autoridades en materia de patrimonio cultural, argumentan frecuentemente como labores exclusivas la conservación, protección y difusión del patrimonio cultural, pero también suelen reconocer la incapacidad institucional para atender las necesidades en todo el país. Es claro que mientras no se articulen las necesidades institucionales con la participación social, los pequeños lugares históricos, las áreas de conservación de la biodiversidad, los lugares con vestigios de culturas antiguas y los sitios paleontológicos, seguirán destruyéndose. Bajo la visión institucional actual, sólo los sitios de "mayor monumentalidad" seguirán figurando como prioridad y como parte del patrimonio cultural, que ponderan el turismo como parte de una estrategia económica en detrimento de la investigación básica.

El trabajo arqueológico tiene múltiples implicaciones. La propuesta aquí expresada mira hacia una arqueología biocultural con la participación social, implica una primera etapa para identificar los valores culturales y naturales de un sitio o región, mediante la realización de investigaciones arqueológicas sistemáticas, lo que permitirá entender los eventos y procesos sociales que resulten relevantes o singulares en la historia prehispánica local, regional o nacional. Este tipo de lugares deben protegerse mediante su incorporación en los Programas de Ordenamiento Territorial Municipal, Estatal y Federal, la sociedad deberá saber de su existencia, sea con su apertura al público, conformando un museo regional o comunitario, o bien, en el más modesto de los casos, con la difusión de estos conocimientos en revistas, libros y video documentales. Paralelamente los académicos -con el apoyo decidido de nuestras instituciones- debemos gestionar los apoyos necesarios y proponer políticas públicas de colaboración e inversión como parte de los programas de gobierno.

En una segunda etapa de trabajo los trabajos de investigación y restauración de los bienes culturales y naturales se complementan con proyectos ambientales y productivos ligados con las áreas o reservas de preservación. En esta etapa los resultados de los proyectos son tangibles para la sociedad y para la población ubicada dentro o en las inmediaciones de las áreas bioculturales, que generan el pago por servicios ambientales, empleos temporales y algunos permanentes. Hay un claro beneficio al ambiente mediante programas de reforestación y conservación de la biodiversidad, que detonan la construcción de infraestructura social como caminos o clínicas del sector salud; fomentan el trabajo colectivo para lograr que las fricciones internas en las localidades rurales cedan su lugar a una mayor interacción y armonía en esas "comunidades".

Es importante anotar que la estrategia de trabajo para desarrollar estas iniciativas no depende del origen del proyecto "académico" u "oficial", sino del nivel de participación social que logremos construir, al definir claramente los alcances y creando convenios para el manejo de las áreas bioculturales. Bajo una modalidad institucional, los proyectos se dirigen desde los cuerpos académicos ubicados en las universidades, centros de investigación y en oficinas de gobierno. En una modalidad de participación social se buscaría una relación armónica entre sociedad y gobierno, se pretende mayor capacitación a los grupos de la sociedad debidamente constituidos, organizados y capacitados para ser entidades -como lo dice la Ley Federal de 1972- coadyuvantes en las tareas de investigación, conservación, protección y difusión de los bienes patrimoniales. Ambas maneras se parecen, coinciden en lo general, se generan fuentes de trabajo, se rescatan monumentos y sitios patrimoniales, se promueven las costumbres y tradiciones culturales, se impulsa la conservación ambiental y la oferta turística como opciones para el desarrollo social local en comunidades alejadas o de alta marginación. No obstante, hay gran diferencia entre estas maneras de abordar un sitio patrimonial, hablamos de promover un equilibrio de responsabilidades; de provocar en las localidades la conservación de los monumentos, costumbres y tradiciones sin cambiar los sistemas tradicionales de organización social; de mantener la responsabilidad en los ejidos, asociaciones civiles con el respaldo y la asesoría de las instancias jurídicas normativas y académicas, habrá que ser enfáticos en que este procedimiento está permitido de acuerdo con la Ley Federal de 1972, por lo tanto, no debe existir impedimento para establecer una responsabilidad compartida entre los propietarios de un sitio patrimonial y las instituciones de gobierno. De hecho, esta fórmula parte de reconocer el beneficio colectivo, ambiental, social y educativo, debe mantener el régimen de propiedad de la tierra, sumar los apoyos económicos necesarios para alcanzar las metas, llegar a acuerdos concretos y determinar los compromisos.

Comparando las circunstancias, problemas y resultados obtenidos por los proyectos donde El Colegio de Michoacán ha encabezado los intentos por vincular investigación, docencia y divulgación, podemos trazar algunos lineamientos básicos para alcanzar la participación social. Aunque el camino es complicado, los factores decisivos están de nuestro lado: dependemos de una iniciativa académica que reconozca los valores de un determinado lugar y de la voluntad inicial de parte de las personas que viven o poseen los terrenos donde existen los bienes patrimoniales y colectivos bajo la rectoría del Estado.

Es una obligación académica insistir hasta obtener el respaldo oficial hacia una política incluyente. ^{Luis Vázquez (2003)} señala que hay una serie de factores que permiten la convivencia entre arqueólogos "académicos" y "oficiales", como: a) ser egresados de la ENAH; b) compartir la misma orientación teórica centrada en el concepto de Mesoamérica; c) se reconocen las implicaciones sociales y políticas de su disciplina; y d) se preocupan por alcanzar objetivos comunes. La arqueología en el futuro inmediato debe seguir el ejemplo de Manuel Gamio, ser un factor impulsor del mejoramiento de las comunidades que viven en las áreas y sitios con bienes bioculturales. Toca a sus profesionales (académicos y oficiales) mediar entre sociedad y gobierno, para convertir estas propuestas en política pública.¹⁵

Proyecto los guachimontones de teuchitlán, jalisco (1999-2000)

Con el proyecto de formación del Centro de Estudios Arqueológicos del Colmich en el año 1999, Carlos Herrejón, Phil Weigand y un servidor iniciamos los trabajos de excavación en el sitio arqueológico conocido localmente como "Los Guachimontones" en el Municipio de Teuchitlán, Jalisco. Los trabajos dirigidos por ^{Weigand (2004)} fueron encaminados a definir la antigüedad del sitio y conocer la historia de este importante asentamiento cuyo sello distintivo es la arquitectura de trazos circulares. Desde el inicio se trabajó con la anuencia del Consejo de Arqueología del INAH y los apoyos financieros del Gobierno de Jalisco, del Municipio y del propio Colmich. Este proyecto buscaba objetivos básicamente académicos, particularmente, reconocer los sistemas constructivos, la variabilidad arquitectónica y precisar los aspectos cronológicos. Durante la primera temporada, siendo jefe de campo, acompañé al matrimonio Weigand en sus gestiones para obtener recursos. Las implicaciones políticas del trabajo arqueológico estuvieron presentes desde el primer momento, se habló con la población interesada, con los propietarios de los predios, con las autoridades, pero también afloraron ciertas diferencias con el Centro INAH Jalisco. Después de 10 años de excavación y restauración de las edificaciones mayores, el sitio se abrió al público y se creó un Centro Interactivo administrado por un fideicomiso donde participan el Gobierno del Estado y el INAH. Este proyecto arqueológico ha logrado resultados importantes en docencia, investigación e impacto social. Podemos concluir que pocas veces se presentan estas coincidencias de intereses entre el liderazgo personal e institucional, con la actitud de los funcionarios estatales y con la sociedad local interesada en temas patrimoniales.

Zaragoza, La Piedad, Michoacán

El segundo proyecto arqueológico propuesto por El Colegio de Michoacán, inició en 2001. Bajo mi responsabilidad, se iniciaron el mapeo, la identificación de estructuras y espacios constructivos. Se obtuvo financiamiento del Fondo Mixto Conacyt-Gobierno de Michoacán, que contó con la colaboración de los biólogos Ignacio García y Jaime Nava del CIIDIR-IPN Jiquilpan, quienes realizaron el inventario de plantas, una propuesta de reforestación y proyectaron la creación de un jardín botánico. Los resultados fueron interesantes, descubrimos una cancha para juego de pelota y tres basamentos, cerca de 200 petrograbados, 75 hectáreas de terrazas prehispánicas de cultivo y espacios habitacionales (figura 1). Años más tarde se llegó a un acuerdo con los propietarios y se pagaron cerca de 28 hectáreas, que ahora son propiedad estatal. El Gobierno del Estado de Michoacán, en la administración de Lázaro Cárdenas Batel, apoyó dos temporadas de exploración, fue Eugenia Fernández-Villanueva la directora del proyecto. Nuevos apoyos del INAH, entre 2011 y 2013, mediante el Programa de Empleo Temporal de la SEDESOL, permitieron avanzar en el cercado perimetral y en las excavaciones y restauración parcial del sitio. Actualmente es un proyecto bajo la responsabilidad del Centro INAH Michoacán y tiene el apoyo cercano del Colmich y del Municipio de La Piedad.

Fuente: foto del autor

Figura 1 Fotografía aérea del sitio arqueológico de Zaragoza 

Desde su concepción, este proyecto propuso objetivos de investigación y de vinculación con la población local (cabecera municipal y ranchos colindantes al sitio arqueológico, como Zaragoza, Acuitzio y la Unión de Guadalupe). Lo atractivo del paisaje y los valores culturales posibilitan la creación de un museo en el sitio donde el eje temático sea el arte rupestre, talleres educativos y un parque botánico.

Desde el principio hemos expuesto la necesidad de instrumentar un modelo de administración conjunta bajo la figura de una Asociación Civil o un Patronato, donde participen Municipio, Estado, INAH, Colmich y la sociedad. Ahora que las exploraciones prácticamente se han detenido por falta de recursos, por lo que es necesario insistir en este esquema de colaboración con la participación de los grupos sociales organizados de La Piedad. Contrariamente al proyecto Teuchitlán, no hemos logrado convencer a las autoridades locales y estatales, incluso el INAH no tiene este proyecto entre sus prioridades.

Proyecto Peralta, Abasolo, Guanajuato

Peralta se localiza en el municipio de Abasolo en la porción sur del estado. El proyecto inició con la invitación que recibí del Centro INAH Guanajuato para efectuar un diagnóstico del sitio arqueológico, definir su potencialidad para la investigación, restauración y elaborar un programa de trabajo que llevaría a su apertura al público. Entre 2003 y 2008 exploramos y restauramos los conjuntos arquitectónicos ubicados en el área nuclear, donde destacan el conjunto de Doble Templo y El Recinto de los Gobernantes (figura 2). Se exploraron parcialmente los espacios habitacionales y se delimitaron las áreas terraceadas del cerro Peralta.¹⁶ Algunos de los resultados son varias tesis de arqueología de licenciatura, maestría y doctorado. Los estudios de los objetos y piezas recuperadas en las excavaciones continúan en los laboratorios y se orientan a fechar y caracterizar los lugares de procedencia de las materias primas usadas en época prehispánica. El objetivo final del proyecto intenta demostrar la existencia de una serie de comunidades autónomas políticamente y enlazadas socialmente al compartir un mismo sistema de creencias y prácticas culturales, que establece relaciones de parentesco, pero sobre todo, que depende de un sistema regional de intercambio de materias primas y bienes de consumo.

Fuente: foto del autor

Figura 2 Fotografía aérea de Peralta, destaca en el paisaje el conjunto de Doble Templo y patio hundido y el Recinto de los Gobernantes con la estructura circular a la izquierda del patio hundido 

Peralta es uno de los sitios arqueológicos más grandes y atractivos del estado de Guanajuato, fue el centro de poder político de una región que abarcó lo que ahora son los municipios de Abasolo, Pénjamo, Huanímaro y Valle de Santiago. La antigüedad de sus construcciones, fechadas entre los años 300 y 900 d. C., lo sitúa como uno de los ejemplos más significativos de lo que fue un desarrollo cultural característico del Bajío.¹⁷

El primer año de trabajo, los ejidatarios que tenían alguna parcela en el área nuclear del sitio aceptaron el pago de sus predios, de esta manera pudimos iniciar las excavaciones intensivas que permitieron ubicar y restaurar los muros de los basamentos y construcciones prehispánicas. El sitio fue abierto al público el 4 de diciembre de 2008, es el primer sitio arqueológico que el INAH ha delegado para su custodia a una entidad estatal y de manejo compartido. Se construyó el Centro de Atención al Visitante donde se incluyen servicios básicos y la construcción de un museo de sitio. Otros aspectos destacados del proyecto fueron los siguientes: se logró el estudio integral de los bienes naturales y culturales; se promovió la participación conjunta de los tres niveles de gobierno; y logró obtener apoyos del FIARCA.¹⁸

Un balance de los trabajos del proyecto en la localidad obliga a reflexionar sobre el papel de las poblaciones cercanas a los sitios arqueológicos, la primera es que se trata de poblaciones muy heterogéneas y, por lo tanto, ese concepto de comunidad tendría que ser muy amplio para poder integrar a personas diversas, muchas veces enfrentadas a raíz de problemas cotidianos; ejidatarios, agricultores con terrenos de riego, propietarios de terrenos de temporal y agostadero, trabajadores del campo, que son la mayoría, y familias que viven de las remesas de los migrantes a Estados Unidos, todos ellos viven realidades distintas. La existencia de pocos profesionistas en la localidad y un nivel de escolaridad de quinto año de primaria caracteriza a una población con pocas expectativas de desarrollo. La participación en trabajos colectivos es poco frecuente, un caso ejemplifica esta actitud, en la temporada de lluvias de 2008, el bordo del río Lerma se estaba rompiendo y requería la ayuda de la gente para evitar que el hueco se hiciera más grande y se inundaran las parcelas cercanas. Trabajadores del Ayuntamiento de Abasolo solicitaron ayuda a las personas que siempre están cerca de la cancha de futbol y la respuesta fue categórica: no era de su interés, pues, las parcelas que se inundarían no eran de ellos. Lo mismo pasa con los incendios del cerro; a poca gente le importa.

Otro ejemplo de falta de organización social fue el taller de alfarería. Con motivo de la apertura al público del sitio arqueológico, a través del proyecto Peralta, Conaculta-INAH obtuvieron los primeros apoyos para la creación de un taller de alfarería, arrancó con 120 personas motivadas y deseosas de aprender un oficio y terminó con menos de 25, con grandes disputas y con mucha gente separada del grupo inicial. Insistimos en la falta de un liderazgo y la carencia de una vocación por el trabajo colectivo. Esto terminó con las intenciones del proyecto Peralta de sensibilizar a la población para formar proyectos productivos y aprovechar la oportunidad que genera un proyecto de esta naturaleza. El beneficio que la población recibió fueron trabajadores un poco mejor remunerados que los jornaleros agrícolas. En el futuro, el sitio arqueológico les permitirá brindar servicios al turista; crear talleres artesanales diversos que les proporcionarán capacitación; y la venta directa de sus productos. El compromiso entre las instituciones y la población debería ubicarse en ese espacio de servicios al turista; la gente debe desarrollar sus habilidades y las instituciones brindar su apoyo y compromiso.

En resumen, podemos asegurar que no todas las intenciones de trabajo arqueológico son viables dentro de una estrategia de trabajo comunitario; en Peralta, de no ser por la vía institucional y con el contrato de trabajadores, la magnitud del trabajo y el tiempo que se requería para comenzar a tener resultados hubiera terminado por cansar a los participantes y el proyecto se hubiera abandonado. En el futuro podrían trabajarse otros espacios arqueológicos ubicados en terrenos del ejido Peralta, sólo que para esta nueva oportunidad, la fórmula de trabajo deberá ser distinta, hablamos de una colaboración cercana con la sociedad organizada y con el apoyo de las instituciones. El problema más grave en este proyecto fue que la documentación oficial del proceso de compra-venta de los terrenos desapareció de las oficinas municipales y el proceso tuvo que realizarse de nuevo, esto nos habla de una falta de seguimiento a los procesos jurídicos y de actividades ilícitas en el manejo de la documentación oficial.

Curutarán, reserva patrimonial

El conjunto cultural que delimitamos en el año de 2006 como "Cerro Curutarán", incluye cuatro sitios arqueológicos de distintas épocas, integrados en un mismo espacio: El Opeño, El Platanal, Cerro Curutarán y Puerto de Lucas (figura 3). Este proyecto busca integrar los conocimientos arqueológicos generados por investigadores como Eduardo Noguera y Arturo Oliveros con la información botánica e histórica que se recuperó en el Proyecto Curutarán financiado por el Conacyt entre los años 2005 y 2006. Se ha propuesto una delimitación de los espacios reservados para la investigación y la conservación de los bienes culturales y ambientales. Pretendemos que este proyecto se materialice en la protección del área, reactivando la figura jurídica llamada Reserva Patrimonial (RP), figura considerada en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo hasta el año de 2005. Parte sustancial y social de esta propuesta traería consigo la creación de un museo de sitio y la construcción de la infraestructura para abrir al público algunos de estos espacios. Una de las implicaciones más importantes de este proyecto es su impacto social, hemos comprometido resultados tangibles para demostrar que los temas y proyectos relacionados con el manejo de los temas de patrimonio biocultural abren una posibilidad para pensar en un desarrollo sustentable en determinadas regiones del estado con la participación de las poblaciones aledañas en los sitios de biodiversidad. Para lograr estos objetivos debemos incidir en los ámbitos académicos y políticos, hasta promulgar la figura de Reserva Patrimonial Biocultural (RPB) en la legislación estatal, acompañada de la creación de un fondo o fideicomiso federal, estatal y municipal para apoyar proyectos específicos. Una circunstancia sumamente favorable es la participación del Ejido Jacona, propietario de la mayor parte del Cerro Curutarán, quien ha expresado su anuencia para destinar el área de uso común del ejido para los fines de investigación, conservación, reforestación y aprovechamiento sustentable de los recursos culturales y naturales. El reto inicial es laborioso; académicos, ejido y grupos sociales debemos convencer a los funcionarios para apoyar este proyecto y nuestro principal argumento se sintetiza en lo siguiente: difícilmente podemos imaginar mejores condiciones para un proyecto integral sustentado en la biodiversidad patrimonial.

Fuente: foto del autor

Figura 3 Vista aérea del cerro Curutarán 

A partir de la existencia de los manantiales como el principal valor ambiental, podemos entender la presencia del hombre desde épocas muy antiguas: los restos arqueológicos de El Opeño con una antigüedad de 3,500 años, son un caso único en la arqueología nacional y mundial; las notables expresiones astronómicas y simbólicas talladas en las rocas nos remiten a los años 600 y 900 d. C.; restos de cerámica y enterramientos humanos en el Cerro Curutarán nos hablan de la presencia de poblaciones de filiación purépecha hace 800 años; diversas muestras de arquitectura histórica, el entarquinamiento como sistema agrícola tradicional y sustentable, así como saberes y prácticas culturales tradicionales, conforman un acervo patrimonial natural y cultural de notables significados. Aunado a esto, se cuenta con la decidida participación del Ejido Jacona en el estudio, restauración y uso sustentable de estos bienes culturales.

En El Opeño nace una tradición cultural de arquitectura funeraria, el profesor Oliveros se refiere a ella como "tradición de tumbas de escalera y bóvedas", tiene una antigüedad de 3,500 años (^{Oliveros 2004}). Estas tumbas son la máxima expresión y constituyen el antecedente de las "tumbas de tiro" que siglos más tarde logra extenderse hacia lo que ahora son los estados de Colima, Nayarit, Jalisco y Sinaloa.¹⁹ La arquitectura funeraria muestra el uso de arco y bóveda como sistema constructivo. Las ofrendas y entierros humanos ahí depositados han mostrado evidencias de juego de pelota (figura 4). Los materiales líticos nos hablan de una población con gran comercio, destaca la presencia de turquesa de Nuevo México, pirita, concha y diversos objetos de obsidiana y cerámica. El Opeño es sin duda el motivo central de nuestras atenciones (véase ^{Oliveros 2004}).

Fuente: dibujo cortesía de José Arturo Oliveros, Hacedores de tumbas en El Opeño, Jacona, Michoacán (Zamora: El Colegio de Michoacán, H. Ayuntamiento de Jacona, Michoacán, 2004).

Figura 4 Figurilla de barro del sitio El Opeño, Jacona, Michoacán 

El Cerro Curutarán presenta un centenar de petrograbados y pinturas rupestres ubicados por primera vez por Fernando Horcasitas y Francisco Miranda en 1970 (véanse ^{Horcasitas y Miranda 2004}), áreas de terrazas y restos de antiguas casas, plataformas y un pequeño basamento construido en la parte más alta del cerro. En torno al patrimonio histórico existe una serie de manifestaciones de excepcional riqueza. Salta a la vista entre éstas la práctica agrícola del entarquinamiento, la cual aprovecha ciertas condiciones como la presencia de lluvias torrenciales, la riqueza y estructura del suelo y los conocimientos tecnológicos regionales que han perdurado a través de los siglos. Actualmente, Jacona es uno de los pocos lugares donde es posible ser testigos de la supervivencia de la práctica del entarquinamiento.

Los sitios de El Platanal y Puerto de Lucas que hemos integrado a esta propuesta de investigación y conservación tienen evidencias de arte rupestre, en ambos casos existen pinturas y grabados en bloques pétreos y en los frentes rocosos. En El Platanal destaca la presencia de un marcador solar y hay testimonios de personas que aseguran la existencia de tumbas en el subsuelo.

Los trabajos del proyecto Curutarán en 2006 se canalizaron a estudiar y recolectar los insumos, es decir, los conocimientos, valores y justificantes necesarios para promover la declaratoria del Cerro Curutarán como Reserva Patrimonial, según la legislación vigente del estado de Michoacán.

El modelo de gestión patrimonial del Proyecto Curutarán resulta novedosa al proponer la conservación integral de nuestro legado cultural y natural bajo una perspectiva de corresponsabilidad y participación social. Se han logrado avances significativos, el principal de ellos ha sido que el Ejido Jacona respalda las propuestas del proyecto académico cediendo el uso de los terrenos de uso para los fines que se propusieron: la conservación de los humedales y terrazas prehispánicas, apoyar la conservación y protección de las pinturas rupestres y reforestar los espacios de uso común ejidal. Desafortunadamente otros factores, como el cambio de gobierno estatal y la ausencia de una política clara en materia de bienes culturales ha frenado las investigaciones y los proyectos de impacto social se han quedado en promesas.

En conclusión

Una primera conclusión resulta fundamental. Con esta información estamos realizando una serie de gestiones diferentes a los mecanismos que tradicionalmente sigue el INAH para intervenir los sitios arqueológicos. Los proyectos aquí analizados denotan un cambio de rumbo en el estudio, exploración y administración de los bienes culturales nacionales, la formula detrás de estas acciones ha sido la incorporación de algunas universidades y centros de investigación en los temas patrimoniales. La corresponsabilidad ha sido central, ligando los intereses de las autoridades estatales y municipales. Los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán han respaldado en distintos momentos los proyectos de investigación, lo deseable será traducir estas buenas voluntades -muchas veces personales- en una política de trabajo institucional. En un esquema de corresponsabilidad, la participación del INAH seguiría siendo fundamental, reconocemos un cambio de actitud mostrado hasta ahora al respaldar proyectos externos y permitir que los estados administren aquellos sitios arqueológicos que consideran significativos para la historia regional y los eventos identitarios locales. Delegar no significa que la federación dejará de atender sus responsabilidades, destacamos que la suma de voluntades políticas, académicas y sociales constituyen el esquema de trabajo y gestión que augura mejores resultados.

Una segunda conclusión es impostergable, diseñar una política y programas de trabajo por estados o regiones para promover y traducir la riqueza biocultural en un beneficio social. Para ello necesitamos ampliar y precisar el Inventario Nacional Arqueológico y Nacional Forestal, definir las medidas necesarias para asegurar la investigación y preservación de los sitios históricos, arqueológicos y paleontológicos. Aunque no hay fórmulas mágicas aplicables de igual manera en un país tan diverso, debemos atender una recomendación central, orientar los esfuerzos garantizando el uso sustentable de los recursos bioculturales y ponderando su carácter educativo y social.

La tercera conclusión es que sólo hay una arqueología, las palabras académica, universitaria, comunitaria o institucional, sólo enfatizan un aspecto en nuestras posiciones laborales. Aunque hay diferentes atribuciones legales entre las arqueologías académica y oficial, el camino por seguir es investigar, identificar las prioridades integrales sociales y desarrollar esquemas de participación y corresponsabilidad patrimonial.