Crítica de libros

 

Ellos y nosotros: las bases materiales de la polarización social y electoral en México

 

Fabiola Escárzaga*

 

Ana Alicia Solís de Alba, Max Ortega, Abelardo Mariña Torres y Nina Torres, Balance del sexenio foxista y perspectivas para los movimientos sociales, Itaca, México, 2007.

 

* Universidad Autónoma Metropolitana–Unidad Xochimilco, Departamento de Política y Cultura.

 

A partir de un abanico amplio de temas, abordado por 16 autores de otros tantos textos, el libro nos ofrece una perspectiva vasta y puntual de las transformaciones neoliberales operadas hasta ahora en el Estado mexicano y en la sociedad: los procesos de expropiación de la riqueza social generada durante décadas, su privatización y la colocación de la población trabajadora y la económicamente dependiente en condiciones de absoluta indefensión jurídica, social y política por la conculcación de los derechos sociales: trabajo, salud, educación, vivienda, seguridad social y jubilación.

Es relevante el recuento pormenorizado realizado por los autores en distintos ámbitos porque nos permite observar y analizar el carácter gradual de este proceso en México, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, donde el mecanismo fue la implantación de dictaduras sangrientas, de acciones expropiatorias drásticas y en el contexto de un acelerado reemplazo de los ámbitos productivos de articulación al mercado mundial. El mecanismo gradual operado en México sin duda contribuyó a suavizar la transición, a legitimar los cambios impuestos, a desarticular la respuesta popular en su contra y a impedir la toma de conciencia sobre las consecuencias a largo y mediano plazo.

Algo que caracteriza el enfoque de los autores es partir de la centralidad del Estado, más que de la sociedad civil o los movimientos sociales, perspectiva que tiene que ver con los antecedentes militantes en el ámbito sindical de la mayoría de los autores y de la manera en que éste visualizó al Estado mexicano como el interlocutor único o privilegiado, que era la manera particular en México de presentación del conflicto social antes de la implantación del neoliberalismo. El resultado es que el espectro social que se abarca fundamentalmente en la mayoría de los trabajos es el que estaba incluido en el viejo Estado de bienestar, el que formaba parte del pacto posrevolucionario integrado por el movimiento obrero, campesino e indígena, los burócratas y los maestros, sectores todos ellos corporativizados. La contraparte era una clase gobernante que no era directamente el empresariado, ni el capital trasnacional, sino su representación en un Estado mediador entre las clases antagónicas.

Pero, en la medida en que el Estado mexicano ha sido recortado en su dimensión y en sus funciones, se va incorporando a él de manera más directa la representación del capital nacional y trasnacional, los empleados públicos y los trabajadores van siendo expulsados de sus empleos formales y despojados de sus medios de producción, disminuyendo la capacidad de negociación de los que mantienen el empleo y los sectores expulsados se van convirtiendo en otra cosa, van adquiriendo otras condiciones e identidades sociales, se convierten en un espectro amplio y complejo que no está suficientemente identificado y considerado en los trabajos desarrollados en el libro. Tal vez, en alguna medida, en el texto sobre las mujeres y en el de los indígenas se incorpora a una parte de ellos.

De lo que no hablan los textos es de la transición del Estado de bienestar al Estado neoliberal —representante directo de los intereses del gran capital nacional y trasnacional—, iniciada desde el propio Estado de bienestar —el PRI–gobierno— y por la clase política dueña de ese Estado, en un proceso de autoreducción, auto–contracción estatal y de guerra intestina dentro del PRI, ocurrida entre 1982 y el 2000. A partir del gobierno foxista, el sector empresarial y su representación directa se ha apropiado de ese Estado para continuar su proceso de desintegración.

En los textos se acentúa la continuidad en el modelo neoliberal en el periodo 1982 al 2006, dejando de lado los elementos de ruptura o el cambio cualitativo introducido por el foxismo —el primer gobierno de la derecha panista—, diferencia que es relevante en términos de las perspectivas para los movimientos sociales. También es importante buscar el cambio que representa el gobierno de Calderón respecto al de Fox, aunque esta cuestión la abordaremos más adelante.

 

¿Derechos sociales por derechos políticos?

Los autores reseñan el proceso de expulsión del paraíso estatal de los sectores enumerados anteriormente, que eran sin duda mayoritarios entre la población económicamente activa y entre el conjunto de la sociedad mexicana. Lo característico del proceso mexicano es, como señalamos antes, la gradualidad de los cambios y la invisibilidad de los mismos, se cambiaron las cosas sin decir demasiado para evitar despertar al león dormido y la estrategia ha resultado eficaz. Por eso en el balance que nos ofrecen los autores, los cambios operados resultan sorprendentes por su profundidad y extensión.

La aceptación de los cambios por los afectados se facilitó, también, porque el cambio de modelo económico se procesó de manera paralela y complementaria a la supuesta democratización del sistema político, se nos sometió a condiciones más brutales de explotación a cambio de la libertad de elegir a nuestros gobernantes. Se construyó una escenografía y coreografía democráticas que permitieron transformar las leyes para modificar radicalmente al Estado sin cambiar la Constitución. Operaron la transformación en nuestras narices sin que nos diéramos cuenta de las implicaciones de sus actos, y hablo al nivel de las masas corporativizadas, no tanto de sectores reducidos de militantes que advirtieron sobre la amenaza pero no lograron la convocatoria necesaria para resistir el proceso de manera más activa y contundente. Bajo la coartada de la democratización del régimen político, que se limita a un esquema de "transparencia" electoral muy fácilmente enturbiable si es el caso —como lo fue en 2006— y un sistema de partidos —excluyente de otras formas de acción política popular— que permitió y legitimó la llegada de la derecha al poder.

Como propone Enrique Montalvo, la transición que hemos vivido recientemente, no es la transición a la democracia, es la transición a la derecha en el poder que representa la consolidación e irreversibilidad del modelo neoliberal. Ello facilitó la normalización de la caída continua de las condiciones de vida de la población, la pérdida de los derechos laborales de los trabajadores, la satanización y aislamiento de las luchas por la recuperación de los viejos derechos así como su criminalización, como hemos visto en los casos más destacados de la represión ejercidos en 2006 (Atenco y Oaxaca).

Pero también se evidencian en los datos que nos ofrece María Guadalupe Juárez, en su texto sobre los trabajadores del apartado B, los mecanismos para el cambio drástico en las condiciones de trabajo de los empleados públicos: masivos recortes de personal, disimulados bajo la figura de los retiros voluntarios, que son en realidad despidos forzados a partir de la sistemática hostilidad, persecución y criminalización de la lucha de esos sectores, acciones que se invisibilizan entre el caudal de gestiones contra los empleados públicos, que la autora recupera de las pequeñas notas de la prensa y hace su recuento estremecedor.

La mayoría de los cambios en los ámbitos productivos estratégicos, privatización y reestructuración productiva del sector petrolero y eléctrico, se han operado ya en la práctica aun sin que Fox contara con el consenso y la capacidad de negociación con los partidos de oposición en el Congreso, necesarios para establecer las reformas constitucionales definitivas. La evidente incapacidad presidencial no impidió las transformaciones de facto más aceleradas que fueron realizadas durante su gobierno.

 

La hegemonía ideológica neoliberal

Un elemento que subyace a los acontecimientos reseñados, pero que no es suficientemente explorado en los textos, es el cambio en las mentalidades de las mayorías del país, sobre todo entre los jóvenes, sometidos de manera implacable a las nuevas condiciones laborales, más indefensos que otros sectores en tanto carecen de los referentes del pasado y de expectativas claras para el futuro; el cambio ideológico operado es una parte central de este proceso de transición que ha permitido legitimar esos cambios; es la capacidad para presentarlos no sólo como inevitables, sino como necesarios, lo que ha permitido el éxito de la empresa; los medios de comunicación y la escuela han sido los puntales en este proceso.

No es casual que la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, sea la operadora política más importante en el proceso electoral de 2006 y el puente privilegiado entre la vieja clase priísta y los panistas, ella es la memoria viva del viejo corporativismo que pone al servicio de los nuevos amos y la articuladora de los nuevos mecanismos de la dominación, su alianza con Salinas, su participación en grupo San Ángel y, sobre todo, en tanto cacique de los maestros, acuerda y decide con los secretarios de Educación —o por encima de ellos— los nuevos contenidos educativos que impone a los maestros, los encargados de formar en la nueva visión del mundo a los niños y jóvenes. Con su aval los maestros han aceptado la modernización educativa, que es no sólo el cambio en las relaciones laborales, sino la modificación de los contenidos educativos acorde a la visión del mundo neoliberal ya dominante.

Parte de la eficacia del proyecto y discurso neoliberales es hacernos creer que nosotros estamos a salvo, son otros los afectados por la pérdida de derechos, los ineficientes, los improductivos, los faltos de iniciativa, los poco preparados, los caducos, los viejos, los que merecen su exclusión. La atomización inducida por la estrategia de aplicación de los cambios, la afirmación del individualismo, lleva a asumir como correcto el diagnóstico neoliberal.

Es relevante la forma en que la mayoría de la población ha sido convertida en los hechos y no sólo en el discurso y la planificación gubernamental en población residual, que como apunta Martha Cota, es la concepción del Banco Mundial, somos pobres sin derechos sociales y colectivos, sujetos de programas focalizados, pobres que no tienen derechos sino que aspiran a una calidad de vida —no se especifica cuál— y privados de la capacidad para decidir sobre sus propias vidas y mucho menos para decidir sobre la cosa pública. La marginación se ha convertido en la condición de la mayoría de la población.

Recordemos la campaña realizada por los medios de comunicación en contra del movimiento de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2005, por defender sus derechos laborales contra la Ley del IMSS; se habló de los "privilegios" que disfrutaban los trabajadores frente a otros sectores mayoritarios, y de la justeza y necesidad de igualar hacia abajo las condiciones de trabajo.

Desde la otra parte, la capacidad para responder el discurso dominante, para construir uno alternativo y difundirlo ha sido muy limitada. Ello tiene que ver con el hecho de que centremos la perspectiva en los sectores que gozan todavía de un trabajo formal —"condición de privilegio"— y no atendamos o consideremos seriamente la circunstancia ya mayoritaria de pobreza y falta de empleo, y los mecanismos y posibilidades de interpelar a esos sectores y encontrar la manera de hacer una alianza sólida entre los que siguen estando dentro, los que han sido expulsados y los que nunca entraron ni entrarán en el mercado de trabajo: informales, desempleados, jubilados, migrantes, estudiantes sin futuro y jóvenes sin escuela, etcétera.

 

¿Hacia dónde y con quiénes?

Es sugerente la caracterización que propone Guillermo May Correa de una clase dominante —neoliberal— con un sistema de partidos integrada por el PAN, el PRI y el PRD. El PRI se autodestruyó al reducir el aparato estatal y eliminar los resortes de sus mecanismos corporativos, que garantizaban la subordinación política de los sectores trabajadores a cambio de los beneficios del Estado paternal. Salinas diseñó la estrategia de su desintegración y reemplazo y pareciera ser quien mantiene los hilos del proceso.

El PAN ocupa ahora el gobierno asesorado por expriístas, pero lo hace de manera muy torpe y en compensación a esa incapacidad fortalece exponencialmente el aparato represivo en manos de la ultraderecha, que pareciera ser el único medio de gobernar que la derecha entiende y aprecia, todavía falta saber si puede hacerlo de manera "eficaz" con esos recursos.

El PRD por su parte, renuncia a la formulación de un proyecto alternativo al neoliberalismo y a una estrategia que vaya más allá de lo electoral. Este partido recicla de manera precaria los viejos mecanismos corporativos del priísmo sin desafiar el modelo neoliberal, asumiendo de hecho la racionalidad neoliberal y manteniendo los vicios de las izquierdas que lo integraron. Su eslogan de campaña en 2006, "Por el bien de México. Primero los Pobres", y su práctica de gobierno en el Distrito Federal, subrayan la concepción común a la neoliberal del gobierno mexicano y de los organismos internacionales, la aplicación de programas focalizados de atención a la pobreza y los mismos mecanismos de control a través de asociaciones civiles, aunque entre sectores diferenciados respecto de los programas federales —viejitos, madres solteras, indígenas, parches a los sistemas de salud, etcétera— pero con el mismo sentido electorero y el mismo irrespeto por los derechos de sus trabajadores.

No obstante, es necesario preguntarnos si será indistinto que uno u otro de los tres partidos ejerza el poder. Creo que la polarización de los resultados de la elección presidencial y la respuesta popular a la convocatoria a luchar contra el fraude nos obliga a esta reflexión, no por la autoridad moral de los convocantes, por su capacidad para defender "sus" votos o para demostrar el fraude, por la estrategia o el discurso desplegados en las movilizaciones, menos por el supuesto carisma del caudillo, sino por la percepción de los votantes por el PRD y los participantes en las concentraciones masivas que vieron en la disputa electoral de 2006 una oportunidad para decidir un cambio de rumbo en la forma de gobernar el país, incluso sólo para imponer una diferencia en los matices y el estilo de administrar el neoliberalismo.

Es imposible volver atrás y creo que aunque a veces pareciera, no es la propuesta de los autores que integran el volumen, pero es necesario abrirse a las realidades de los otros sujetos sociales que hasta ahora parecen desconocidos y pensar en la manera de articular sus intereses y sus formas de expresión, organización y acción en las luchas del futuro que deben ser conjuntas.

Experiencias como la de Oaxaca muestran algunos elementos que en la lucha contra el neoliberalismo en México debemos aprovechar: la articulación de diversos sectores rurales y urbanos, mestizos e indígenas, trabajadores, comerciantes, profesionistas y estudiantes inicialmente en torno a una movilización de un sector particular: los maestros del SNTE, motivada en reivindicaciones salariales a partir de su sindicato, movilización que fue creciendo como alud y desplegando formas heterogéneas, novedosas y viejas de articular una movilización prolongada en el tiempo en torno a la demanda de salida del gobernador.

El cuestionamiento o deslinde que May Correa muestra, ha sido hecho por el Congreso Nacional Indígena respecto del zapatismo —hacia el verticalismo en la toma de decisiones estratégicas y la imposición de ellas al movimiento indígena—, nos parece necesaria y oportuna, pero creo que se queda corta. La Otra Campaña centró su cuestionamiento al proceso electoral en uno de los contendientes: el PRD, y contribuyó así a una polarización del campo popular en un momento poco oportuno, el proceso electoral, lo que terminó debilitando a la izquierda y fortaleciendo a la derecha. Las razones del cambio de rumbo no resultaron del todo claras y coherentes —¿la traición del 2002 del PRD al movimiento indígena?, ¿el desacuerdo con el candidato?—, los mecanismos de discusión sobre los mismos y las instancias de decisión no parecieron ser muy democráticos y, sobre todo, el sentido de la nueva estrategia no ha sido claramente planteado y menos ha sido decidido colectivamente, su capacidad de convocatoria hacia otros sectores no resultó la que esperaban.

Cuando la otra parte, el PAN, mostraba abiertamente su juego, un juego sucio: intromisión en el sindicalismo minero, encubrimiento y complicidad con las formas negligentes, corruptas y homicidas de la gestión de empresas mineras, acciones represivas para defender los intereses de las mismas empresas, venganza contra Atenco, protección al gobierno de Ulises Ruiz y acuerdo en muchos campos con el PRI y, sobre todo, un despliegue reiterado de acciones represivas decididas al más alto nivel, rebasando los límites históricos del país —como fue la violación por elementos de la PFP de las mujeres detenidas en Atenco—, acciones que eran presentadas como parte central de la propaganda electoral y por lo visto en sus resultados fueron muy eficaces, ya que mostraban la disposición al uso arbitrario de las fuerzas represivas del débil candidato panista.

En los tiempos aciagos se anuncia, represión y más represión, ruptura virtual del estado de derecho —como lo muestran las condenas a 67 años de cárcel a los dirigentes de Atenco—, ocupación militar de enormes regiones del país, bajo el pretexto de la guerra contra el narco y que serán oportunidad de represión y control de los sectores descontentos. Condiciones que marcan una escalada de la represión y mayor vulnerabilidad de los sectores populares, derechos humanos violentados y descrédito de las instancias que los defienden, mayor desempleo y pobreza, etcétera. Hay más preguntas abiertas que respuestas satisfactorias, pero este libro nos ayuda a conocer cómo han sido las cosas, cómo los prestidigitadores del neoliberalismo nos han expropiado casi todo y no nos dimos cuenta cuándo lo hicieron.