Introducción

Las primeras dos décadas del siglo XXI han atestiguado un espectacular crecimiento del movimiento global conocido como deporte para el desarrollo y la paz (SDP, por sus siglas en inglés), especialmente a raíz de que la ONU declarara a 2005 como Año Internacional de la Educación Física y el Deporte. Actualmente, resulta incorrecto referirse a ese modelo como novedad. Si se limitan los criterios de búsqueda en la Web a “deporte para el desarrollo” y al campo de resumen/abstract, en el International Review for the Sociology of Sport existen 363 resultados al 8 de junio de 2022. Y si la búsqueda se acota a “sport for development”, es decir, en inglés, hay 60 resultados; término del que Taylor & Francis nos ofrece 6149 desde el año 2000. Más allá de la academia, tres plataformas globales líderes en la materia registran miles de organizaciones: Sportanddev.org: 1027; Beyond Sport Network: 2820 proyectos en 154 países, y Laureus Sport for Good: 279 programas.

A pesar de esas centenas de artículos académicos y las miles de organizaciones, hay autores (^{Hartmann & Kwauk, 2011}; ^{Pringle & Falcous, 2018}) que cuestionan la eficacia y los impactos de las intervenciones del SDP. Entre el largo listado de problemas que este movimiento enfrenta, ^{Añorve (2022)} ha identificado cinco tendencias: i) predominio del futbol; ii) estrechez lingüística y geográfica en el mundo del SDP; iii) la escisión Norte-Sur; iv) que este movimiento se dirige en especial a “intervenciones” sobre grupos marginalizados, y v) la falta de conexión entre las agendas globales -como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Plan de Acción de Kazán- y las agendas y/o legislaciones locales. Respecto a los ODS, ^{Añorve & Flores (2021)} consideran que su presencia dentro del deporte para el desarrollo y la paz (^{Guilianotti et al., 2019}) es más retórica que fáctica.

Algunos autores han desenmascarado el gran mito del deporte (GSM, por sus siglas en inglés) (^{Coakley, 2015}; ^{García, 2021}), el cual ha dominado el discurso que rodea al deporte para el desarrollo, partiendo de una convicción cuasi mágica de sus per se propiedades curativas/regenerativas. Como respuesta a tal mito (^{Lindsey & O’Gorman, 2015}; ^{Waldman & Wilson, 2017}; ^{Giulianotti et al., 2019}), otros investigadores consideran que el diseño e implementación de las iniciativas SDP son elementos centrales en los posibles beneficios que podrían generar, lo cual significa que no es el número de iniciativas/programas/proyectos, sino la calidad de estos lo que puede o no producir beneficios y cambios en las poblaciones intervenidas.

Este artículo se divide en cuatro apartados: el primero repasa los aspectos clave de la metodología propuesta a partir de la literatura sobre el SDP, como la discapacidad, los deportes/juegos autóctonos, los derechos humanos (específicamente en México), los ODS, pero, en especial, el deporte para el desarrollo y las metodologías para su diseño e implementación. El segundo apartado identifica y analiza ocho dimensiones presentes en 35 organizaciones SDP identificadas en México, según Sportanddev.org, Beyond Sport Network y Laureus Sport for Good, contrastando y complementando los resultados obtenidos con los hallazgos para México de ^{García (2021)}. En el tercer apartado se analizan las metodologías de las organizaciones SDP que operan en México. Por último, en el cuarto apartado, se detalla el proceso coparticipativo entre estudiantes y profesores de la Universidad de Guanajuato (UG) y la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato (BCENOG), lo que llevó a la creación en 2020 de la organización Tiro en Braille y posteriormente, en 2022, al desarrollo de la metodología VECTOR-I, como producto de acciones desarrolladas durante la pandemia del covid-19.

Hay varias preguntas que orientan el artículo: ¿qué dice la literatura en México acerca de los elementos centrales de la metodología VECTOR-I: discapacidad, enfoque de derechos humanos, ODS, deportes y juegos autóctonos, y metodologías desarrolladas por organizaciones SDP?, ¿cuáles son las características más comunes de las metodologías SDP en México? Con base en los hallazgos, ¿qué características y componentes en el diseño podrían llevar a una metodología que logre aterrizar localmente las grandes agendas globales, de forma inclusiva y sostenible, que pudiesen ser susceptibles de replicarse y/o adaptarse en otros espacios geográficos locales y regionales?

Partimos de varios supuestos de investigación: existe una escasa literatura en torno a los elementos fundamentales de la metodología VECTOR-I. Los elementos centrales de lo que, se anticipa, serán escasas las metodologías SDP se caracterizan por ser verticales, poco participativas y dar lugar a una “inclusión excluyente” y no sostenible, además de que su adhesión a los ODS es más retórica que real. Finalmente, el diseño semiflexible de la metodología VECTOR-I es factible de emulación en otras geografías locales y/o regionales, en particular en formaciones sociales similares a la mexicana.

La discapacidad, los deportes/juegos autóctonos, el enfoque de derechos humanos, los ODS y las metodologías dentro del SDP

Es abundante la literatura sobre el SDP, un campo de sello distintivo y fuertemente institucionalizado en la actividad internacional para el desarrollo y la sociología del deporte (^{Giulianotti et al., 2019}).

Recientemente, ^{Añorve (2022)} ha identificado cinco agravantes en el Sportland: a) el desmedido uso del fútbol; b) la estrechez geográfica del trabajo académico para el SDP; c) la escisión Norte-Sur; d) la acotación de los grupos beneficiarios del SDP, debido a que se destina a niños de la calle y jóvenes en condición de vulnerabilidad, niñas, personas con problemas cognitivos, refugiados y/o comunidades violentas, y e) la desconexión entre las agendas globales y las agendas y/o legislaciones locales (^{Añorve & Flores, 2021}). No obstante, la literatura que traza conexiones del SDP con las leyes locales y/o las agendas nacionales es escasa, sobre todo en cuanto a su relación con los ODS. En México hay condiciones para trazar estos vínculos, pues, como señala ^{Muñiz (2015)}, el deporte es un derecho constitucional desde 2011, año en que se promulgó la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD). Si sumamos que México se ha adherido a la Agenda 2030 y los 17 ODS resultantes, más el papel central que el Plan Nacional de Desarrollo (PND, 20192024) le otorga al deporte al incluirlo para todos (^{Presidencia de la República, 2019}), la conclusión es que las condiciones nacionales y globales están puestas, pero falta su maridaje. Adicional a los cinco agravantes mencionados, la literatura sobre el SDP poco aborda determinados temas.

La discapacidad. De acuerdo con ^{Schulenkorf et al. (2016)}, la discapacidad es uno de los asuntos desatendidos en la sociología del deporte. ^{Giulianotti et al. (2019, p. 427)} incluso sugieren la necesidad de popularizar o volver central la discapacidad en las organizaciones que componen el Sportland. Allende las fronteras mexicanas, pueden encontrarse esfuerzos encomiables que, como podremos observar, son muy similares a la propuesta de la metodología VECTOR-I, como la playdagogy¹, trabajada por Play International en Francia y, posteriormente, en Cambridge House de Reino Unido (^{Sandford et al., 2021}). La idea es que, a través del juego y con adaptaciones como el uso de antifaces -así sucede en Tiro en Braille- o con la introducción de barreras u obstáculos, pueda crearse la visibilidad y conciencia acerca de la discapacidad. Al igual que en Tiro en Braille, existen los componentes de educación, investigación y deportivo y la finalidad es que se juegue y existan interrelaciones conjuntas, es decir, no se espera la inclusión mediante la creación de ligas, categorías o juegos separados. La playdagogy, sin embargo, reconoce no haber tomado en cuenta suficientemente las voces de las personas con discapacidad, por lo cual llama a una mayor construcción conjunta (^{Sandford et al., 2021, p. 15}). Otra iniciativa SDP interesante de una actividad integrada -para todas las capacidades o deporte unificado- es Baseball 4 All (^{Cunningham & Warner, 2018}), a causa de que puede generar beneficios tanto para participantes convencionales -incremento en la conciencia social-, como para participantes con discapacidad -incremento en competencias sociales, habilidades atléticas y desempeño atlético y reducción de problemas de conducta-. Como ha ocurrido en Tiro en Braille, ^{Cunningham & Warner (2018)} identifican patrocinadores y aliados en las ciudades y donaciones de pymes para pagar uniformes y refrigerios. Baseball 4 All rompe con el formato competitivo al no contar las carreras, el que cada jugador puede batear en cada entrada, que no se cuentan las bolas y strikes, que puede batearse una pelota sin que esta sea arrojada con soportes (tees), etcétera (^{Cunningham & Warner, 2018, p. 5}).

En México, la ^{Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (2017, p. 3)} tiene el objetivo de establecer instalaciones deportivas apropiadas en escuelas, espacios públicos suficientes, amigables, cercanos a las comunidades, que permitan el acceso a las personas con discapacidad, en línea con lo que mandata la Constitución de la Ciudad de México y el marco jurídico nacional e internacional; más aún, hay un entendimiento amplio de la discapacidad, al asegurar que esta incluye a la discapacidad intelectual (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2017, p. 39). No obstante, respecto al SDP mexicano, de 33 organizaciones que ^{García (2021, p. 118)} analiza, solo identificó una enfocada en la discapacidad.

Deportes/juegos autóctonos. Ciertamente, el término autóctono, entendido como equivalente de lo que en inglés se conoce como indigenous, presenta retos lingüísticos, dependiendo del idioma y contexto geográfico referido. Para fines de este artículo, se entiende lo autóctono como sinónimo de local, nativo o propio de un territorio. De acuerdo con la revisión bibliográfica de ^{Dart (2014)}, la literatura sobre deportes autóctonos es escasa. Existen diversos trabajos sobre el tema, pero desvinculados del SDP. En Europa, ^{Callède (1993)} da cuenta de la difusión de la pelota vasca allende las fronteras españolas, generando atención e interés en al menos cuatro países, con lo cual se evidencia un fuerte espíritu comunitario y un transnacionalismo cultural. De Indonesia, ^{Palomares et al. (2018)} dan cuenta del resguardo y salvaguarda de los juegos tradicionales locales, y de, como Tiro en Braille, la necesidad de incluir los juegos tradicionales en los programas universitarios, de documentarlos e inventariarlos. Hay un estudio relevante sobre los Laikipia Highlands Games en Kenya, los cuales, además del deporte moderno, incluyen juegos autóctonos (^{Levermore, 2011}). En Canadá, ^{Dubnewick et al. (2018)}, ^{Heine (2013)} y ^{Forsyth (2007)} estudian las experiencias deportivas autóctonas, aunque no lo hacen propiamente desde el SDP, sino como una crítica al proceso de asimilación forzada y como resistencia a las prácticas deportivas dominantes; o bien, como ^{Blodgett et al. (2011)} sugieren a través de la investigación participativa, romper con paradigmas eurocéntricos.

En México, ^{Zurita et al. (2008)} publicaron una compilación de cerca de cien juegos y deportes tradicionales, evidenciando que la actividad deportiva mesoamericana excedía por mucho al juego de pelota. Aunque no dentro del SDP, ^{Quechua (2016)} aborda las redes establecidas entre las personas afrodescendientes y las indígenas, mediante la pelota mixteca, poniendo de manifiesto la relevancia y entendimientos propios del desarrollo, en la Costa Chica de Oaxaca. ^{Aguilar (2015)}, por medio de un grupo de investigación basado en California, analiza los significados sociales y los contextos culturales de la ulama de cadera, cuya actual práctica en diversos países da cuenta del contexto “transnacional” de esta actividad genuinamente panmesoamericana. Existe pues suficiente literatura en diversos países sobre deportes y juegos autóctonos; sin embargo, resulta evidente que propiamente dentro del movimiento SDP es un tema marginal. La meta 4.7 del ODS 4 plantea potenciales vínculos (de forma indirecta) con los juegos y deportes autóctonos al señalar (Dudfield & Dingwall-Smith, 2015):

4.7. Para 2030, asegurar que toda persona que aprenda, adquiera el conocimiento y habilidades para promover el desarrollo sostenible, entre otros, a través de una educación para el desarrollo sostenible y estilos de vida sustentables, derechos humanos, igualdad de género, promoción de una cultura de la paz y la no violencia, una ciudadanía global y el aprecio por la diversidad cultural y las contribuciones de la cultura al desarrollo sostenible.

En México, el artículo 88 de la Ley General de Cultura Física y Deporte (Cámara de Diputados, 2013, p. 34), tras su modificación del 19 de enero de 2018, establece que:

Los juegos tradicionales y autóctonos, así como la charrería serán considerados como parte del patrimonio cultural del país. La Federación, las entidades federales, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, dentro del ámbito de su competencia deberán preservar, apoyar, promover, incentivar y estimularlos, celebrando acuerdos y prácticas de colaboración con las Asociaciones Deportivas Nacionales y los estados, los municipios y la Ciudad de México.

El deporte como derecho humano. El derecho humano al deporte ha sido tipificado desde el siglo XX. ^{Coalter (2010)} enumera diversos instrumentos internacionales que hacen referencias al derecho al deporte y la educación física: la Declaración de la ONU de 1959 sobre los Derechos de los Niños; la adopción por parte de la Unesco de la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte (1978); el reconocimiento del derecho de las mujeres al deporte y a la educación física por medio de la CEDAW (1979); y la adopción por medio de la Convención sobre los Derechos de los Niños de la ONU (1989), que refuerzan el derecho de todo niño al juego. ^{Sandford et al. (2021)} añaden la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006.

Pese a los numerosos instrumentos internacionales que abordan al deporte, el problema, según ^{Coalter (2010, p. 301)}, es que las expectativas de los donantes no siempre han sido claras, es decir, no todos los donantes han patrocinado directamente proyectos deportivos, sino que muchas organizaciones SDP dependen de financiadores con agendas de desarrollo muy específicas, y que, producto del dominio del neoliberalismo en muchas naciones occidentales industrializadas, ha crecido el escepticismo sobre los argumentos basados en derechos, buscándose que las iniciativas SDP tengan impactos medibles en agendas que poco tienen que ver con el deporte como lo son el capital humano, el logro educativo, la reducción del VIH/sida, el desarrollo económico o la reconciliación regional y la paz, exigiéndose logros extradeportivos a las organizaciones y proyectos SDP. Para ^{Giulianotti et al. (2019, p. 419)}, la teorización del desarrollo dentro del Sportland debiera partir de aspectos multipolares y multidimensionales del desarrollo y comprender las diversas formas en que este se entiende y experimenta, especialmente en el Sur Global. Para acometer esto debe avanzarse en una posición normativa centrada en la justicia social y derechos humanos, así como en el empoderamiento y la reducción de las desigualdades. ^{Darnell & Dao (2019)} proponen recuperar el enfoque basado en capacidades de ^{Nussbaum (2011)}, en lugar de la obsesión con las evidencias de cumplimientos de puntos de referencia, con la incidencia directa, inmediata y medible que rige a muchos programas SDP, cuyo enfoque neoliberal se basa en el rendimiento deportivo. El enfoque de capacidades está a favor de entender la calidad de vida no desde referentes universales, sino dentro de contextos locales específicos. Por lo tanto, se considera que existe la necesidad de crear y proteger las capacidades medulares, solo que estas se hallan más allá del ámbito del individuo, con lo cual se espera poner fin a la discriminación y marginalización (^{Nussbaum, 2011}). Para conseguir lo anterior, no solo se precisa de justicia social, sino también de derechos políticos y sociales (^{Darnell & Dao, 2019}). ^{Darnell & Dao (2019)} sostienen que el enfoque de capacidades podría reducir la instrumentalidad del deporte, al tiempo que este se convierte en un componente esencial del desarrollo social en lugar de un vehículo para alcanzar el desarrollo. En esta lógica, el deporte dejaría de ser una “herramienta” para el desarrollo, toda vez que sería un elemento de un desarrollo holístico (^{Darnell, 2019}).

En México, ^{Soriano (2021, p. 73)} señala que cuando los derechos humanos se han materializado en normas de derecho, surge la doble posibilidad de que el individuo los exija y de que el Estado los garantice. Este mismo autor permite ver que el derecho es relativamente amplio, pues en México no se limita al deporte -con el entendimiento acotado que este podría tener-, sino que dentro del sistema constitucional mexicano se habla, expresamente, del derecho a la cultura física y la práctica del deporte. Soriano considera, en línea con ^{Castilla (2015)}, que el deporte ha dejado de ser un derecho integrante de otros derechos -como el de la salud y el de la educación- para convertirse en uno autónomo, si bien reconoce su interrelación con otros más; de hecho, ^{Flores (2019, p. 200)} afirma que, más allá del derecho al acceso al deporte y la educación física, ese derecho es importante para la consecución de otros que le precedieron en su incorporación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Por lo tanto, argumenta que su plena exigibilidad trasciende al deporte per se, ya que está interrelacionado con otros derechos humanos, de modo que representa un medio para la consecución de algunos derechos: salud, educación, reinserción social, pleno desarrollo de la personalidad, derecho a una vida digna, etcétera. Lo mismo sucede con los ODS, pues a pesar de que estos no hablan en ningún momento del deporte, se infiere que del acceso a este dependerá la consecución de varios ODS, entre ellos el 3, 4 y 5. El derecho al deporte no es un fin en sí mismo -debería serlo como derecho constitucional-, pero es un vehículo para la consecución de otros.

^{Soriano (2021)} invita a no celebrar acríticamente, pues el reconocimiento del deporte como un derecho humano es apenas el punto de partida mas no el de llegada. En este mismo sentido, ^{Flores (2019, p. 187)} advierte: “En efecto, las normas con las que suele positivizar este derecho, por lo general, son remisiones a valores, principios y cláusulas generales, sin concreciones específicas”. Sin la debida concreción, ^{Soriano (2021)} y ^{Flores (2019)} observan la dificultad de que el Estado pueda proteger, garantizar y promover, además de volver efectivo este derecho social.

Los ODS. En realidad, la vinculación del SDP, o lo que desde 2019 Giulianotti et al. llaman Sportland, no es nueva. Desde la Declaración del Milenio con los resultantes ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) ya existían estudios que tejían conexiones entre el SDP y los ODM (^{United Nations, 2003}; ^{Añorve, 2014}). En noviembre de 2003, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución afirmando su compromiso para que el deporte fuese un medio para promover la educación, la salud, el desarrollo y la paz, y para incluir el deporte y la educación física como herramientas para coadyuvar a cumplir con los ODM. Por lo que toca a las Agenda 2030 y los diecisiete ODS, ^{Hatton (2015)} advierte que el SDP contribuye al menos a siete de ellos: 3, 4, 5, 8, 10, 11 y 16, y probablemente al 17. ^{Hatton (2015, p. 8)}, por su parte, asegura que el deporte no se da en un vacío y que debería estar relacionado estrechamente con la salud, la educación, la justicia penal, y viceversa. Una de las principales contribuciones de este autor refiere a la posibilidad de escalar las iniciativas SDP, por ejemplo, llegando a un mayor número de beneficiarios y/o ampliando su ámbito geográfico. También ilustra lo que se podría lograr usando el caso de Comic Relief, organización que más que dedicarse al deporte per se, plantea un método o herramienta para el cambio social. Esta organización atiende la demencia a través del deporte, al tiempo que llama a tratar el sida de forma conjunta (educación, deporte y salud), más que enfocarse en asuntos que solo lidian con el deporte, partiendo de un enfoque plus sport.²

^{Lindsey & Darby (2019)} advierten sobre la escasez de trabajos académicos que relacionen el deporte con los ODS. Estos autores aseguran que, contrario a lo que sucedía con los ODM, que estaban dirigidos al Sur Global, los ODS se conciben como un conjunto de aspiraciones universales, diseñados para ser relevantes en el mundo entero e impactar lo mismo en países desarrollados que en desarrollo (^{UNGA, 2015, p. 3}). El furor con los ODS ha conducido a abusos y despropósitos, pues cuando se les incluye en las palabras clave (^{Svensson et al., 2019}) de las publicaciones científicas, al realizar una lectura profunda no se entiende la forma concreta en que se toca, incide o evalúa su cumplimiento. ^{Lindsey & Darby (2019)} sugieren que los tomadores de decisiones y los investigadores utilicen el concepto de coherencia en las políticas para identificar factores que puedan potencializar las contribuciones del deportes a una cierta gama de ODS. Con el fin de dar mayor claridad analítica a las múltiples alianzas y patrocinadores interesados que generalmente suelen confluir en el deporte para el desarrollo y la paz y que suelen incluir actores gubernamentales y no gubernamentales, ^{Lindsey et al. (2020)} identifican seis potenciales configuraciones de relaciones entre actores estatales y no estatales asociados dentro del Sportland: 1) iniciativas centradas en el Estado, 2) implementación complementaria, 3) coproducción, 4) iniciativas no centradas en el Estado, 5) regulaciones lideradas por el Estado, y 6) apoyos antagonistas no liderados por el Estado. ^{Lindsey et al. (2020)} ven tanto una oportunidad como un desafío en la proliferación de actores (estatales y no estatales) presentes tanto en el mundo del SDP, como aquellos que buscan el cumplimiento de los ODS. Advierten, asimismo, una serie de problemas prácticos: fragmentación de los esfuerzos, duplicación de los esfuerzos, y competencia entre actores. Incluso señalan que en ciertos países puede darse una tensión entre ONG presentes en el SDP y las instituciones gubernamentales, lo cual puede llevar a que los actores no estatales persigan agendas, independientemente de los esfuerzos y agendas estatales.

^{Lindsey et al. (2020)} observan cómo la Agenda 2030, ODS particulares y metas específicas dentro de diversos ODS y documentos de políticas transnacionales en el deporte ya están alineados, por ejemplo, el Plan de Acción de Kazán. Y aseguran (2020, p. 4) que la Agenda 2020 otorga un énfasis significativo a la propiedad nacional al momento de determinar los prioridades y la implementación de los distintos ODS que tiene cada país y sus gobiernos. Además nos recuerdan que ya se ha admitido que los ODS no pueden ser cumplidos exclusivamente por los gobiernos, sino que se requiere de alianzas y de un enfoque de gobernanza. La ventaja de la implementación no centrada en el Estado es que puede ser mucho más específica -atender demandas y necesidades muy puntuales-, pero se corre el riesgo de una disparidad geográfica -atender ciertas zonas o tipo de poblaciones-, no generar beneficios universales, y duplicar esfuerzos respecto a lo que hacen los actores estatales en la materia.

Metodologías. Desde luego, el repaso de los componentes en este primer apartado cobra sentido en su (no) aplicación dentro de las metodologías por parte de organizaciones SDP, pues, como se puede ver en ^{Coakley (2015)}, ^{Giulianotti et al. (2019)} y ^{García (2021)}, el deporte por sí mismo no genera cambios ni es una panacea para el desarrollo. Lo que puede producir impactos es el diseño de iniciativas y no la actividad deportiva per se. Cabe destacar que no hay una gran producción académica acerca de las metodologías. Y entre la que aborda este tópico, está, por un lado, la que revisa no la actividad deportiva en sí, sino que es una reflexión de la práctica misma de los profesionales capacitados -los que se conocen en inglés como practitioners- (^{Forde, 2015}; ^{Chawansky, 2015}; ^{Young & Okada, 2016}). Es una literatura que representa una auténtica mea culpa respecto a prácticas de dominación ancladas en la “blancura” (whiteness), la masculinidad y el colonialismo. ^{Svensson & Levine (2017)} reflexionan el enfoque de capacidades de Sen, un marco referencial anclado en el desarrollo humano, el cual, sin embargo, no presenta una metodología concreta o aplicada. ^{McSweeney & Van Luijk (2019)} analizan el potencial de la etnografía institucional desarrollada por Dorothy Smith, una socióloga feminista, como un enfoque metodológico y teórico dentro de la investigación SDP. Una vez más, no se propone una metodología concreta y aplicada. ^{Válková (2021)} analiza dos programas diferentes SDP que abordan asuntos de juventud queer en Sao Paulo, Brasil, partiendo de la teoría queer y la metodología etnográfica. La idea de esos programas es la concepción y compromiso para generar espacios inclusivos LBGT.

En español, el trabajo de ^{Pardo & García (2011)} difícilmente podría considerarse como una metodología SDP, pues lo que expone es un modelo de responsabilidad elaborado por alguien más, i. e., Donald Hellison, a manera de serie de estrategias y metodologías para el desarrollo de aspectos psicosociales en jóvenes en situación de desventaja social, a través del baloncesto. Si algo hay que rescatar de ^{Pardo & García (2011)} es el recordatorio de que la actividad física-deportiva no produce resultados automáticos por sí sola, sino que los beneficios dependen del diseño de los programas. Otra metodología tiene por objetivo incrementar la educación y la conciencia medioambiental, a través de su diseño para competencias de pista y campo en Colombia (^{Redondo et al., 2020}). En Ecuador, ^{Barroso et al. (2016)}, a partir de las escasas investigaciones sobre la actividad física adaptada, proponen una metodología para el desarrollo de programas adaptados; sin embargo, en realidad se trata de una especie de ciclo de políticas públicas en cinco fases: identificación del problema, estado del arte, diseño, ejecución y evaluación. Es cierto que hay principios importantes para el funcionamiento de la metodología, por ejemplo, el enfoque inclusivo, la flexibilidad, la interdisciplinariedad y el aprendizaje; no obstante, su problema es la falta de contenidos y la sustancia concreta.

^{Darnell et al. (2018, p. 141)}, al analizar la revisión hemerográfica de ^{Schulenkorf et al. (2016, p. 35)}, reflexionan el “potpourri de enfoques y métodos de investigación”, concluyendo que predominan los enfoques y métodos cualitativos y mixtos. Comentan, asimismo, las dificultades para la “transferibilidad” o habilidad para generalizar resultados en poblaciones y contextos más amplios. Estos mismos autores consideran que esto es una preocupación legítima, en especial cuando hay políticas de desarrollo basadas en las evidencias. Así, reconocen la tensión entre la tendencia a hacer estudios de caso y la necesidad creciente del mundo SDP de transitar hacia la estandarización. Esto es algo que se tiene en mente al desarrollar la metodología VECTOR-I, la cual, por un lado es culturalmente específica y enraizada en un contexto social específico, pero que por otro, se ha concebido y diseñado para ser transferible y adaptable en otras geografías.

Como se advierte, los pocos trabajos propiamente sobre metodologías no se enfocan en el diseño y propuesta de nuevas metodologías, sino que tienden a analizar programas a través de metodologías y/o enfoques teóricos existentes. Esto es precisamente lo que diferencia a este artículo. En tal sentido, ^{De Armas Ramírez et al. (2003)} nos ofrecen un trabajo valioso que presenta los componentes medulares para el desarrollo de una metodología: 1) un objetivo central; 2) delineación de las bases; 3) los componentes de la estructuración de la metodología, y 4) la metodología, entendida como un proceso con pasos, etapas, procedimientos, técnicas y medios. Esto conlleva el desglose de etapas: preparación, ejecución, comunicación y validación.

Una revisión de 35 organizaciones SDP mexicanas

La literatura mexicana sobre la sociología del deporte es escasa; de hecho, la revisión global del tema de ^{Young (2016)} no incluye estudio alguno de México. Una revisión específica en México arroja un puñado de trabajos especializados (^{Gómez & Cortés, 2020}; ^{García, 2021}; ^{Añorve & Flores, 2021}; ^{Añorve, 2022}). Es interesante que, pese a su enorme población y considerable economía, México no sea un líder regional en la sociología del deporte. Lo anterior es grave, toda vez que la falta de práctica de la actividad física y el deporte es preocupante en este país. No solo la práctica es escasa, sino que ha declinado en los últimos 7-8 años, según explica ^{García (2021, p. 111)}. El estudio más completo en relación al SDP en México es el de ^{García (2021)}, el cual abarca: la ubicación geográfica de las organizaciones SDP; la temporalidad de dichos programas; las temáticas principales de las iniciativas; el tipo de deporte usado; la población objetivo y los asuntos sociales atendidos; la información pública disponible y las fuentes de financiamiento. ^{García (2021, pp. 111-112)} analizó 33 organizaciones hallando que el 87% de las organizaciones SDP entraron en funciones entre 2007 y 2017. Identifica también que el 44% de ellas recibe algún tipo de apoyo gubernamental; que el 34.4% afirma recibirlo de una o más agencias de financiamiento internacional y que el 34.4% lo recibe de compañías privadas. ^{García (2021, p. 114)} reporta que solo dos de las 33 organizaciones llevan a cabo programas en áreas rurales y que el 88% están domiciliadas en el país: 12.5% lo están en Estados Unidos, Reino Unido y Chile. Otro hallazgo es que operan sobre todo en el área metropolitana de la Ciudad de México y en capitales estatales.

Entre las temáticas cubiertas por el SDP mexicano, se asegura que 14 organizaciones se enfocan en la violencia doméstica y/o organizada; 9 atienden la vulnerabilidad; 9 ponen énfasis en la pobreza, bajos ingresos o recursos escasos; 7 trabajan con la adicción a drogas; 6 con la marginalización; 6 con poblaciones en riesgo; 5 con delincuencia; 3 con abuso de alcohol; 2 con deserción escolar, pandillas o gente sin hogar; 2 con la exclusión social; finalmente, migración, lugares recónditos, fobias y abandono social son atendidos, cada uno, por una organización (^{García, 2021, p. 116}). Este mismo autor (2021, p. 117) observa que solo el 18.2% de las organizaciones asegura trabajar con ODS, en su mayor parte con el 5 (igualdad de género). Respecto a los deportes usados, ^{García (2021, pp. 117-118)} halló que 35.7% de las organizaciones usa varios deportes; 32% el fútbol; 10.7% el boxeo, y 7.1%, las artes marciales. El resto, el 14.3% usan el baloncesto, el ajedrez, el circo o el rugby. Solo una organización usa deportes autóctonos.

Patrones y características de 35 organizaciones SDP mexicanas y sus metodologías

Para complementar el estudio de ^{García (2021)}, entre mayo y julio de 2022 se identificaron las organizaciones registradas en México en tres plataformas globales: Sportanddev.org, Beyond Sport Network (BSN) y Laureus. Inicialmente, se reconocieron 72 organizaciones y/o proyectos: 62 en BSN, 7 en Sportanddev.org y 3 en Laureus. Después de eliminar registros repetidos y las que no operan, se identificaron 35 organizaciones (3 en Laureus, que también se incluyen en BSN); 30 en BSN y 7 en Sportanddev.org (dos de las cuales también aparecen en BSN). Beyond Sport Network informó que desde 2018 no ha registrado nuevas organizaciones mexicanas, pues su interés se centra en Reino Unido y Estados Unidos. Hay una serie de consideraciones que se empalman con el trabajo reciente de ^{García (2021)}, por lo cual no profundizaremos en ello. Lo analizado, de forma complementaria, incluye: 1) el tipo de organización: asociación civil, gubernamental, iniciativa privada, universitaria; 2) deporte usado, concretamente, si se plantea usar un deporte alternativo/no existente; 3) población destinataria: deporte para todos, para un segmento específico o para poblaciones universitarias; 4) modalidad de juego: separados hombres, mujeres, discapacitados, inclusión de personas con discapacidad, modalidad todos los géneros y modalidad todas las capacidades (o deporte unificado); 5) fundamento normativo nacional: CPEUM, LGCFYD, PND; 6) fundamento normativo internacional: ODS, Plan de Acción de Kazán; 7) en cuanto a los patrocinadores, se incorpora a las pequeñas y medianas empresas, y 8) determinar si se cuenta o no con una metodología propia.

Respecto al primer rubro, 24 organizaciones son una asociación civil (68.57%), 9 (25.71%) son privadas, 3 (8.57%) son gubernamentales y 2 (5.71%) corresponden a universidades, una de estas basada en Estados Unidos. Cabe destacar que no siempre es clara la distinción entre una asociación civil y la iniciativa privada, tal es el caso de Fundación Televisa y la Federación Mexicana de Fútbol, que en estricto sentido son consideradas asociaciones civiles, pero en la práctica obedecen a criterios empresariales/corporativos. Respecto al segundo rubro, el deporte usado, solo 3 organizaciones usan un deporte alternativo y/o no existente previamente: Educación para Compartir (juegos en general), la Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes A. C. y Tiro en Braille, lo cual representa el 8.57% de las organizaciones. En el tercer rubro, 12 organizaciones (34.39%) usan un enfoque de deporte para todos, mientras que 21 (60%) lo hacen para segmentos específicos (^{García, 2021}), y 3 ( 8.57%) centran su atención o mencionan expresamente la población universitaria. En cuanto al cuarto rubro, 11 organizaciones (31.43%) promueven la práctica deportiva separada (hombre, mujeres y/o personas con discapacidad); 11 (31.43%) incluyen a personas con discapacidad; 9 (25.71%) fomentan la actividad en modalidad todos los géneros, y 5 (14.26%) promueven la actividad en modalidad todas las capacidades (deporte unificado). En relación con el quinto rubro, solo 2 organizaciones (5.74%) -Tiro en Braille y el Instituto Municipal de Deportes de Chihuahua- toman en cuenta el marco normativo de la CPEUM y de la LGCFYD y solo Tiro en Braille (2.86%) menciona algún plan nacional de desarrollo como inspiración. En el sexto rubro, 7 organizaciones (20%) toman en cuenta la Agenda 2030/ODS, solo Tiro en Braille (2.86%) el Plan de Acción de Kazán, y 2 (5.71%) algún otro marco normativo. Sobre el séptimo rubro, 3 organizaciones (Proyecto Cantera, Iluminemos de Azul y Tiro en Braille), es decir, el 8.57% de las organizaciones reciben apoyos de pymes. Finalmente, en el octavo rubro, fundamental para este artículo, 14 organizaciones (40%) implementan una metodología, pero solo 6 de ellas (17.14%) cuentan con una metodología propia. ^{García (2021)} asegura que cuando no se tiene una metodología, las organizaciones SDP suelen partir/reforzar el gran mito deportivo, es decir, se consolida la idea de que el deporte, se practique como se practique, generará beneficios, cuando la investigación sostiene que el diseño e implementación es fundamental (^{Coakley, 2015}).

El Cuadro 1 presenta una síntesis de las 13 organizaciones (sin tomar en cuenta Tiro en Braille, organización propia) que cuentan con una metodología, sea esta propia o ajena.

El diseño de VECTOR-I por parte de Tiro en Braille

Antes de explicar la metodología VECTOR-I desarrollada por la organización Tiro en Braille, revisemos observaciones hechas por ^{García (2021, p. 117)} :

un área de oportunidad dentro del campo de Sportland en México es la inclusión de programas destinados a otros grupos, tales como personas indígenas, aquellos con discapacidad mental o física y personas de edad avanzada en los esfuerzos de los programas SDP. Adicionalmente, se requiere de mayor investigación para identificar qué intervenciones funcionan mejor para atender a esas poblaciones; más aún, la evidencia disponible no indica si las organizaciones trabajando en programas SDP en México logran identificar las necesidades locales y así diseñar programas para atender esos asuntos particulares.

Las consideraciones de ^{De Armas Ramírez et al. (2003)} son valiosas y ayudan a explicar el proceso que desembocó en el diseño de la metodología VECTOR-I. Respecto al objetivo central, a partir de la revisión de la literatura global de sociología del deporte en materia SDP, al analizar las metodologías existentes en México y con base en la exposición de las actividades inclusivas de Ultimate Frisbee (^{Griggs, 2011}) y después de conocer la metodología de Futbol 3 Tiempos (F3H) (^{Segura et al., 2018}), se buscaba que, lo que a la postre (a partir de 2020) iba a ser nuestra organización (Tiro en Braille), contara con una metodología propia que permitiera desarrollar una o más actividades deportivas, tan inclusivas como fuera posible, alineadas significativamente con normatividades y agendas nacionales y globales.

El segundo componente, de acuerdo con ^{De Armas Ramírez et al. (2003)}, sería delinear las bases. Previo al inicio de la pandemia covid-19, se ofertó un curso durante el semestre agosto-diciembre de 2019, en el cual alumnos y tutores habrían de sumar esfuerzos para proponer actividades deportivas inclusivas y basadas en normatividades y/o agendas nacionales y globales, pero respondiendo a problemáticas concretas del entorno universitario en el cual se desarrolló la actividad. Para dicho fin, el profesor estableció los criterios como parte de una convocatoria: al menos el 50% de los participantes debían ser mujeres; la actividad diseñada debía ser susceptible de ser jugada por personas con alguna discapacidad; si no hubiese el interés o no hubiera participantes con discapacidad para jugar, los participantes convencionales jugarían con alguna adaptación que desarrollase concientización de lo que dicha discapacidad implicaba; la actividad deportiva diseñada debía inspirarse (y adaptarse) a partir de al menos un juego/deporte autóctono mexicano (^{Zurita et al., 2008}); los insumos de juego debían provenir de materiales reciclados y/o desperdicio, evitando expresamente materiales hechos con base en energía fósil; la actividad no debía requerir edificar nuevas instalaciones ad hoc; de hecho, sería preferible una actividad susceptible de ser jugada en diversos espacios y tipos de superficie; inspirado en Ultimate Frisbee (^{Griggs, 2011}), la actividad deportiva diseñada debía cerrar la brecha de velocidad y fuerza que podría darse entre hombres y mujeres, por un lado, y por otro, entre personas convencionales y personas con discapacidades. Finalmente, la propuesta debía ser acompañada por una carta de intención de apoyo por parte de una pyme local.

El tercer elemento medular (^{De Armas Ramírez et al., 2003}) hace referencia a los componentes que intervienen en la estructuración de la metodología. Esta tiene tres: a) el educativo, al ofertar una asignatura con valor curricular con contenidos propios de sociología del deporte, derechos humanos, teorías del desarrollo, cooperación internacional para el desarrollo y deporte para el desarrollo y la paz. b) El diseño de la actividad propiamente deportiva; la actividad ganadora es elegida por un panel de seis árbitros, quienes, con base en una rúbrica de evaluación, determinan al ganador. c) La investigación/evaluación; la mejor forma de conocer qué funciona y qué no, qué incidencia se tiene en valores, conductas y actitudes, el impacto en la visibilidad de temáticas, el empoderamiento de actores participantes, la recuperación de tradiciones, la capacidad de innovación, y de la inclusión, es a través de los resultados de la investigación. Con este fin, se aplican cuestionarios, previo y al término de la experiencia. Todas las preguntas se basan en una o más de las normatividades locales (CPEUM, LGCFYD, PND) o globales (ODS y Plan de Acción de Kazán). Los alumnos y tutores participan como coautores en libros y artículos de investigación.

El cuarto componente mencionado por ^{De Armas Ramírez et al. (2003)}, a manera de cierre, consiste en presentar la metodología entendiéndola como un proceso (con pasos y etapas), los procedimientos, las técnicas y los medios (en nuestro caso los cuestionarios). Posteriormente, para el semestre febrero-julio de 2021, la experiencia habría de replicarse en la BCENOG, institución que, al participar su Licenciatura en Inclusión Educativa, habría de compartir puntos de vista valiosos sobre las realidades que experimentan las personas con discapacidad. Los puntos de vista y recomendaciones de la BCENOG fortalecieron a Tiro en Braille como organización y a VECTOR-I como metodología. Cabe destacar que este artículo abarca el proceso de preparación de la metodología, del diseño de la actividad deportiva inclusiva y el diseño de los instrumentos de investigación. La ejecución, evaluación, comunicación y validación de los resultados serán presentadas en otro artículo que dará cuenta de la celebración del primer torneo interuniversitario de Tiro en Braille 2022.

Para transitar desde un enfoque de desarrollo hacia uno de derechos humanos/capacidades (^{Nussbaum, 2011}; ^{Darnell & Dao, 2019}), es necesario asegurarse que los beneficiarios sean conscientes de que el deporte/la actividad física es un derecho constitucional, lo cual difícilmente se logrará sin poner un énfasis en la visibilidad. Bajo este enfoque de derechos humanos, el SDP ya no podría considerar la práctica del deporte como un obsequio o privilegio para quienes, en otras iniciativas, normalmente deben “calificar”. Esta calificación desaparece toda vez que las intervenciones SDP no están ya condicionadas a resultados/desempeño o a alcanzar ciertos umbrales. En relación con esto, VECTOR-I puede promover y coadyuvar al Estado mexicano en su obligación de garantizar el acceso igualitario a la práctica deportiva e implementar acciones positivas en beneficio de grupos vulnerables, removiendo obstáculos que impiden el ejercicio real y efectivo del derecho (^{Flores, 2019, p. 204}). VECTOR-I, en todos sus componentes, pero especialmente en la V, E, I, coadyuva a otras de las obligaciones identificadas por ^{Flores (2019, p. 211)}: “crear las condiciones para una práctica regular de actividades físicas, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y mejorar así la calidad de vida de los gobernados, e implementando, en su caso, acciones positivas para ofrecer mayores oportunidades a grupos vulnerables”. En el caso de Tiro en Braille, en tanto como deporte y como organización, existe el compromiso con dos grupos vulnerables (mujeres y personas con discapacidad) y con uno que también experimenta problemáticas propias (deserción, estrés y suicidio). A través de V, E, VECTOR-I coadyuva expresa y decididamente a la obligación de promoción del derecho en cuestión.

El componente R de VECTOR-I tiene un doble propósito: informar y documentar la experiencia de Tiro en Braille, evitando así caer en el gran mito deportivo. ^{Flores (2019, p. 210)} considera que, para alcanzar la efectividad del derecho en cuestión, el punto de inicio es importante, y para determinar puntos de partida y avances, se debe contar con diagnósticos. A través de la R (Resultados e Investigación), VECTOR-I permite documentar avances, retrocesos y mejores prácticas. La metodología conecta con la LGCFYD en su artículo 88, a través de la letra T (juegos/deportes tradicionales) y acerca del papel que el deporte para todos tiene dentro del PND 2019-2024. Adicionalmente, los estudiantes se pueden beneficiar al aprender sobre cómo sus propias prácticas, participación y empoderamiento pueden hacer contribuciones concretas a agendas globales, como la Agenda 2030 y sus 17 ODS, o el Plan de Acción de Kazán. ^{Darnell et al. (2018)} permiten saber que la generalización de los resultados no es imposible. Ellos reconocen que por medio de métodos cualitativos rigurosos, a través de conocimientos sociales y políticos desde los niveles micro (individuos, relaciones y perspectivas) y meso (grupos y comunidades), los resultados pueden orientar resultados sobre la forma en que las personas experimentan sus vidas dentro de grupos e instituciones. Estos entendimientos pueden tener conexión con las vidas cotidianas en aspectos más amplios del deporte, del desarrollo y del SDP. VECTOR-I comparte con ^{Schulenkorf et al. (2016)} la necesidad y la deseabilidad de cocreación del conocimiento entre investigadores, practicantes de campo y participantes como el siguiente paso dentro del paradigma de investigación SDP. Vale la pena destacar que VECTOR-I, basado en un entendimiento como derecho humano, tiene el potencial de viajar regionalmente. Al respecto, ^{Soriano (2021)} y ^{Flores (2019)} observan que varios países americanos, como Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, Venezuela, Paraguay y México, reconocen constitucionalmente al deporte.

Conclusiones

El deporte para el desarrollo y la paz o Sportland está ya consolidado globalmente, no así en México. El SDP ha sido dominado por el fútbol y algunos otros deportes establecidos, por actores del Norte Global y ha tendido a ver al Sur Global como receptáculo de programas diseñados desde el Norte. Hay temáticas importantes que han sido marginales dentro del Sportland: la discapacidad, los deportes/juegos autóctonos, el enfoque de derechos humanos y la intersección entre las agendas globales y las locales. Dentro de la abundante literatura sobre el SDP poca atención reciben las metodologías, aunque paradójicamente, sin estas, este tipo de deporte parece condenado a nutrir el GSM, sin que dé lugar a cambios socioeconómicos. En México, existen 35 organizaciones SDP registradas dentro de las grandes plataformas globales. Menos de la mitad cuentan con una metodología y la mayoría de las que sí la tienen replican alguna ajena; más aún, exceptuando a cinco organizaciones, que conducen iniciativas para toda capacidad (deporte unificado), la mayoría destacan por una “inclusión excluyente”, dado que parcelan la partipación de los diferentes segmentos de la población, lo cual dificulta hablar de un SDP inclusivo. Durante el impasse de dos años por la pandemia covid-19, Tiro en Braille, a través de dos instituciones de educación superior en Guanajuato, México, estudió las contradicciones del SDP mexicano y diseñó la metodología VECTOR-I que intenta sobreponerse a las anteriores contradicciones, ofreciendo un maridaje entre instrumentos normativos y agendas mexicanas y globales en materia de SDP. Por su diseño semiflexible, VECTOR-I tiene la capacidad de replicarse en diversas geografías de México y América Latina.