Femicidio y feminicidio: una discusión vigente

El término “femicidio” significa, literalmente, el asesinato de una mujer. Debido a su contexto, es posible entender que este concepto tiene un sustrato misógino ya que su formulación se aleja de palabras neutras como “homicidio” o “asesinato”. Este término proviene del habla inglesa femicide, enunciado por primera vez por Diana Russell en 1976 en el contexto del Tribunal Internacional de crímenes contra mujeres celebrado en Bruselas. Durante los años 90 el concepto se desarrolló de manera más amplia por la autora, en conjunto con Jane Caputi y Jill en el libro Femicide: The Politics of Woman Killing (1992)³, que recopila diferentes trabajos que abordan la especificidad de este término.

Si bien el término inglés femicide se traduce al español como “femicidio”, hay diferentes investigadoras que prefieren el uso de la traducción “feminicidio”. La distinción entre estas expresiones es objeto de una extensa discusión a nivel latinoamericano, por lo que un gran número de estudios y publicaciones sobre este tema dedican una sección a la diferencia entre ambas denominaciones (^{Toledo, 2009}). De acuerdo a esto, México fue el primer país donde se propuso la tipificación del delito de feminicidio (^{Toledo, 2009}; ^{Gutiérrez, 2019}) gracias a la antropóloga y política Marcela Lagarde⁴ quien decide traducir directamente femicide como “feminicidio”con el propósito de que el género de las víctimas no sea solo un dato y que el término también sea capaz de denominar el conjunto de violaciones a los Derechos Humanos contra las mujeres.

Este último punto respecto a las prácticas sociales generalizadas y normalizadas es lo que diversas autoras destacan: hay condiciones para los crímenes feminicidas cuando el Estado y sus instituciones no brindan las garantías suficientes y no crean condiciones de seguridad que garanticen la vida de las mujeres; desde este punto, es posible entender el feminicidio también como un crimen de Estado. La impunidad derivada de la inacción, insuficiencia y/o complicidad del Estado con la desigualdad genérica contribuye a la violencia feminicida y constituye una violencia institucional (^{Lagarde, 2008}; ^{Toledo, 2009}). A partir de esto, el hecho de entender la construcción de la violencia hacia las mujeres como un problema público está ligado a la lucha de reconocimiento de las mujeres como sujetos de derecho (^{Incháustegui, 2014}), En cuanto sujetos sociales y políticos que merecen visibilidad. La tolerancia a la violencia y la falta de voluntad política en la investigación de estos crímenes se traducen en culpabilizar a las víctimas de su propia muerte y, con ello, la responsabilidad del asesino se difumina (^{Monárrez, 2009}); así, los feminicidios son posibilidades definidas por la cultura (2000) y las estructuras sociales.

Parte de las tensiones emergentes en el feminismo contemporáneo se concentran en la definición de los asesinatos de mujeres: es una herramienta estratégica debatir sobre la especificidad de estos crímenes, pues es necesario demarcar e introducir en los medios de comunicación, instituciones y en el sentido común la idea de que hay transgresiones cuyo sentido solo puede ser distinguido en el contexto del poder patriarcal estructural (^{Segato, 2006a}). Esto reafirma la necesidad de nuevas tipificaciones y un refinamiento de las definiciones para entender la especificidad de las muertes de mujeres; en este caso, el concepto de feminicidio ha permitido desarticular términos como homicidios, sacrificios o crímenes pasionales en pos de evidenciar la posibilidad de entender por qué algunas mujeres son sujetos desechables (^{Monárrez, 2019}). El hecho de tipificar y refinar definiciones significa, también, construir una herramienta analítica para entender los asesinatos y la dimensión simbólica de esta violencia, ya que los feminicidios -particularmente los de Ciudad Juárez- pueden entenderse como crímenes expresivos que inscriben un discurso de odio y poder en el cuerpo secuestrado, mutilado y violentado (^{Segato, 2006a}; ^2006b). Para abordar el caso específico de estos crímenes perpetuados a lo largo de las últimas décadas en Ciudad Juárez, ^{Julia Monárrez (2009)} propone la especificación de “feminicidio sexual sistémico”⁵, término que abarca de una manera holística los elementos culturales, políticos y económicos que confluyen para que se dé un tipo específico de feminicidio:

El feminicidio sexual sistémico es el asesinato de una niña/mujer cometido por un hombre, donde se encuentran todos los elementos de la relación inequitativa entre los sexos: la superioridad genérica del hombre frente a la subordinación genérica de la mujer, la misoginia, el control y el sexismo. No solo se asesina el cuerpo biológico de la mujer, se asesina también lo que ha significado la construcción cultural de su cuerpo, con la pasividad y la tolerancia de un Estado ausente. (p. 11)

Así, los conceptos se van adaptando de acuerdo con la realidad en la que se estudian, sobre todo en este caso, ya que la violencia de género en Juárez es un elemento estructural complejo y multifactorial, por lo que es necesario una profundización de este contexto.

Feminicidios en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez es la provincia más poblada dentro del Estado de Chihuahua, México, y se caracteriza por ser un poblado fronterizo que colinda con El Paso, Texas, Estados Unidos. Su ubicación geográfica es un elemento clave para comprender lo que ahí ocurre y para ello es necesario tener presente sus condiciones: por un lado, Juárez es una ciudad inserta en una disputa permanente por parte del crimen organizado debido a su ubicación estratégica; por otro lado, es una urbe que ha desarrollado la proliferación de la industria maquiladora, lo que atrae un gran número de población migrante y trabajadores. Ambos puntos se unen a una desatención histórica de la provincia por parte del Estado, lo que se traduce en una pobre infraestructura urbana y un desarraigo social creciente (^{Juárez, Botero y Grisales, 2020}).

Asimismo, la organización del poder político refleja la situación fronteriza de este poblado, lo que significa la participación en un sistema globalizado de criminalidad con redes internacionales en las que predomina el lavado de dinero, tráfico de personas y narcotráfico. Precisamente, la guerra establecida por el gobierno contra el narcotráfico y los cárteles provocó una militarización de la zona que, lejos de disminuir el peligro, aumentó la violencia drásticamente, lo que significó la articulación de un marco ideal para invisibilizar el aumento de los crímenes feminicidas contra mujeres y niñas (^{Juárez, Botero y Grisales, 2020}) en pos de la preocupación por el tráfico de drogas. A partir de esto, Ciudad Juárez adquirió rápidamente la mala fama de ser una de las ciudades más peligrosas del mundo; sin embargo, el foco del Estado y sus instituciones fue puesto en recuperar la reputación de la ciudad como centro económico más que investigar los factores de crímenes contra la mujer. Así, la guerra por el control de Juárez opaca los campos de reconocimiento de la violencia de género estructural, lo que convierte a las mujeres asesinadas en cuerpos olvidados sistemáticamente (^{Segato, 2006b}).

A pesar de que el Estado mexicano no impulsó investigaciones, las cifras de asesinatos violentos y desapariciones no fueron indiferentes para todos. En 1993 se comenzó a realizar un conteo del número de mujeres asesinadas y sus características gracias a la activista Esther Chávez Cano (1933-2009) quien comenzó a tomar nota de las informaciones entregadas por la prensa, iniciativa a la que se fueron sumando académicas y movimientos de mujeres. Al organizar esta información, fue posible identificar puntos en común de este tipo de crímenes: dónde trabajaban las víctimas, dónde fueron encontrados sus restos, qué marcas tenían, cómo habían sido asesinadas, etc. (^{Monárrez, 2000}; ²⁰⁰⁹). Muchas de las víctimas de la década de los noventa eran mujeres jóvenes que trabajaban en la industria maquiladora cuyos cuerpos, luego de desaparecer, fueron encontrados desnudos o semidesnudos en terrenos desérticos baldíos (2009). Este proceso inicial significó la localización de codificadores sociales (clase social, actividad económica) que confluyen con los factores estructurales que desencadenan la violencia (2019).

En esta línea, en el año 2005 se creó el Sistema de Información Geográfica para el Feminicidio (SIGFEM)⁶, una base de datos tipo relacional y georeferenciada con la información de asesinatos ocurridos entre 1993 y 2005. Gracias a esta herramienta, el análisis de los indicadores socioeconómicos y territoriales indica que la distribución espacial del feminicidio en Ciudad Juárez tiene una relación significativa con zonas urbanas de niveles socioeconómicos bajos y déficit de infraestructura -particularmente agua potable, drenaje, luz eléctrica-. De acuerdo con ^{Monárrez (2009)} esto podría significar que por medio del asesinato de mujeres marginales se construyan identidades de género para las demás, es decir, el tipo de víctima del feminicidio sexual sistemático fragua en un estereotipo de pobreza y vulnerabilidad; esto, en su máxima expresión, se traduce en un contenido prejuicioso y, según ^{Lagarde (2008)}, la marginalidad de las mujeres asesinadas se toma en cuenta para señalar la culpa de las víctimas y así las instituciones eluden investigar y profundizar en la condición de género de las niñas, mujeres y agresores que no solo significa un desequilibrio de derechos y reconocimientos, sino que también afecta las circunstancias de vida en las que se encuentra inserta un porcentaje importante de la población.

La investigadora ^{Ivonne Ramírez (2018)} acusa que no ha existido un trabajo continuo de prevención ni políticas públicas con resultados efectivos en torno a la violencia feminicida tanto en Ciudad Juárez como en el resto de México: se opta por alertar a las mujeres con medidas que ellas deben tomar para no ser víctimas. Sin embargo, gracias al proceso de documentación hemerográfica, a los datos que permiten profundizar el análisis clasificatorio y la visualización de esta problemática, la sociedad comienza a tomar conciencia de la violencia de género que sufren las mujeres en Ciudad Juárez (^{Monárrez, 2000}) lo que formula un nudo importante, pues aún se desconoce el alcance de las profundas heridas que causa la violencia extrema no solo en las familias, sino también en el tejido social (^{Ramírez, 2018}). Considerando esto, es necesario continuar ampliando el horizonte de esta información en la sociedad para que el sistema geográfico de datos se transforme en una herramienta no solo para organizaciones e instituciones -ya sean policiales, académicas u ONG- sino que tenga un mayor alcance para la población en general y se transforme en un instrumento de conocimiento democrático de libre acceso. Es desde esta vereda que surgen los proyectos cartográficos autogestionados que recopilan la información de los feminicidios en distintos lugares de Latinoamérica.

Cartografías y memoria: los feminicidios que dibujan la frontera mexicana

^{Julia Monárrez (2019)} en una de sus reflexiones recientes, menciona el sufrimiento como hermenéutica social respecto a la violencia de género y los feminicidios, lo que se ha constituido como una herramienta de trabajo para las agrupaciones de mujeres. Como respuesta a un Estado indolente que no se preocupa por buscar a las desaparecidas y que, por lo tanto, no otorga ningún tipo de justicia a las víctimas, son las y los familiares quienes recuperan la memoria de sus muertas y se hacen presentes mediante técnicas opuestas al poder: la puesta en escena del dolor privado en lo público es una estrategia de las oprimidas.

A partir de esto, diversos colectivos y agrupaciones se han organizado en pos de la visibilidad de las víctimas de feminicidios en Ciudad Juárez. Dentro de las más conocidas están Voces Sin Eco, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Justicia Para Nuestras Hijas, Las Mujeres de Negro y Mesa de Mujeres. Son grupos de mujeres conformados por madres, familiares, amigas, profesoras cercanas y/o activistas sensibilizadas por lo que ocurre en el estado de Chihuahua; tienen dentro de sus principales objetivos acompañar y orientar a las familias cuyas hijas han desaparecido, reclamar justicia jurídica y social, impulsar revisión de artículos de ley, difundir y elaborar propuestas que incidan en políticas públicas para lograr el cumplimiento de los Derechos Humanos de las mujeres (Mesa de Mujeres).

Para abordar y analizar los lugares de mayor peligro de un territorio, surge el concepto de “geografía feminista” o “geografía de género” (^{Karsten y Meertens, 1991}). Esta noción propone entender el espacio que se habita de manera dialéctica: el hábitat urbano es una construcción social que refleja una estructura de poder que articula clase y género. El diseño de una ciudad ejerce influencia sobre el orden social, petrificándolo y obstaculizando la generación de nuevas divisiones que permitan modificar la correlación de fuerzas existentes; esto es posible observarlo, por ejemplo, en los sectores habitacionales versus los espacios dedicados para el trabajo y el comercio, en las comunas periféricas donde generalmente pernocta gran parte de la fuerza laboral que debe desplazarse en largos trayectos durante la madrugada o noche para llegar a su lugar de trabajo. A partir de esto, la disposición de la ciudad desarrolla una contradicción entre la cotidianeidad femenina y el hábitat urbano: con la creciente segregación aumentan las distancias, el déficit de transporte público y, por lo tanto, la inseguridad social, lo que se transforma en un gran obstáculo para la participación de la mujer en el espacio público.

La geografía feminista se interesa por incluir el enfoque de género dentro de la cartografía de las ciudades y plantea la pregunta sobre la relación mujer-espacio. Este trabajo se ha replicado en Latinoamérica durante la última década. Desde Medellín las investigadoras ^{Juliana Toro y María Ochoa (2017)} proponen estudiar la ciudad a partir de su arquitectura, equipamiento y servicios, ya que la (in)seguridad se relaciona a condiciones objetivas de lugares y las consecuencias de habitarlos pueden significar el desarrollo del temor que tiene secuelas en la forma de pensar y habitar. Las luchas feministas y la introducción de la perspectiva de género en la concepción de la ciudad han permitido entender cómo los espacios públicos están enmarcados en lógicas masculinas.

Desde estas ideas nacen iniciativas como el “geoactivismo”, que toma forma a través de cartografías de feminicidios, cuyo propósito es recopilar información y entregarla a la comunidad para su propio conocimiento y autocuidado. Dentro de este tipo de trabajo, destaca la iniciativa de la geofísica María Salguero Bañuelos, quien implementa en línea, en la plataforma de Google Maps, el Mapa Nacional de Feminicidios en México: un amplio trabajo que rescata nombres, edades, relación con los agresores, fechas y estadísticas de asesinatos de mujeres y niñas. Gracias a la información obtenida desde instituciones judiciales y gubernamentales, en conjunto con las notas y reportes de prensa, Salguero logra establecer una cartografía digitalizada de los feminicidios ocurridos a lo largo del país desde 2016 hasta la fecha. Este trabajo de geolocalización ha alcanzado un gran reconocimiento tanto nacional como internacional, inspirando iniciativas del mismo tipo.

En este contexto geoactivista, y para términos de esta investigación, propongo analizar particularmente el trabajo realizado por Ivonne Ramírez Ramírez en la plataforma Ellas Tienen Nombre: una cartografía digital iniciada en 2015 que muestra la ubicación geográfica donde fueron asesinadas, abandonadas y/o encontradas algunas de las niñas y mujeres víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez desde 1993 a la fecha⁷. En su página web, Ramírez destaca que: “Este proyecto feminista de cartografía online es una iniciativa personal y no cuenta con ningún tipo de fondo y/o apoyo económico” (Ellas Tienen Nombre), indagando un poco más mediante una entrevista vía correo electrónico el 10 de septiembre del 2019, la activista reafirma esta postura como una “decisión personal política” que surge desde una motivación íntima por visibilizar los acontecimientos que ocurren en su ciudad. Asimismo, Ramírez destaca que ninguna entidad políticoinstitucional se ha acercado ni ha demostrado interés en este proyecto y lo que significa, y de acuerdo con estos lineamientos no ha postulado a ningún tipo de financiamiento; no obstante, ha notado que algunas diputadas han mencionado a Ellas Tienen Nombre para exigir e impulsar el quehacer con la alerta de género en el Estado de Chihuahua.

El trabajo de monitoreo y mapeo de feminicidios de la plataforma digital mencionada ha sido construido en dos partes. En el primer caso la investigadora recopiló información entre 1993 y 2014 tomando datos oficiales de las dependencias del gobierno, fiscalía, organizaciones no gubernamentales, prensa, agrupaciones de mujeres y activistas que anteriormente ya habían recuperado información. En segunda instancia, esta labor de compilación e investigación contempla desde el año 2015 al 2019. Durante este periodo Ramírez se ha encargado personalmente de monitorear y registrar diariamente los feminicidios cometidos en Juárez a través de herramientas de prensa digital y escrita, destacando particularmente el aporte de las redes sociales. De acuerdo con esto, me parece relevante destacar la experiencia de Ivonne Ramírez sobre esta parte de su trabajo:

Lo primero que pensé fue acercarme a Fiscalía para tener acceso a las carpetas y los casos archivados. Me di cuenta que eso sería muy problemático. Fiscalía pone muchas trabas y hace que el proceso de solicitud para acceder a esa información sea muy laborioso, pesado y lento y yo no estaba dispuesta a esperar ni a malgastar mi tiempo así. Ya bastante tiempo le estaba dedicando a este trabajo así que decidí no seguir con esa burocracia absurda, desorganizada y corrupta. Lo que hice en cambio fue tomar todos los archivos de Fiscalía ya disponibles en línea que son los de los feminicidios cometidos principalmente antes del año 2000. También tomé toda la bibliografía que pude de investigaciones que ya se habían hecho en donde profundizaban en casos específicos de feminicidios o donde hacían una lista de las víctimas. Además, por supuesto que anexé las investigaciones y monitoreo que grupos de mujeres, organizaciones civiles y feministas ya habían estado recopilando desde el año de 1993 cuando comenzaron a documentarse los feminicidios en mi ciudad. Otra cosa importante para Ellas Tienen Nombre son las voces de las mamás de las niñas y mujeres asesinadas. He trabajado con algunas de ellas desde hace 14 años así que también me he acercado con ellas para conocer los casos de cerca. Ahora, las redes sociales son otra herramienta importante. Algunas personas ahí me han contactado para enviarme reportes de sus familiares víctimas de feminicidio. Y, lo que es extraño y diferente, es que me he enterado de datos de las víctimas y de feminicidios que no reportan los medios de comunicación ni Fiscalía. (10 de septiembre de 2019)

Gracias a esta observación, es posible entender las diferentes etapas -e impedimentos- del proceso de investigación, pues destaca y denuncia el carácter corrupto y engorroso propio del poder judicial y las instituciones estatales. Asimismo, se aprecia una suerte de mixtura entre una labor individual y colectiva puesto que Ramírez aúna su propia tarea de recopilación con el monitoreo comunitario, realizado previamente por agrupaciones feministas, y el trabajo de base con las madres de niñas y mujeres asesinadas cuya información resulta mucho más enriquecedora que lo que aporta la prensa y fiscalía. Este último punto también refleja un vínculo de cercanía y confianza que la investigadora ha construido con las familias afectadas, lo que puede explicarse a partir del genuino interés que demuestran las agrupaciones y activistas feministas por los crímenes irresueltos que afectan a su comunidad en contraste con la inacción, desinterés y pasividad de los poderes gubernamentales.

De acuerdo con el trabajo desarrollado por Ivonne Ramírez, sus reflexiones se complementan e incorporan con las realizadas por las demás estudiosas de estas temáticas. Ramírez en tanto investigadora y activista juarense, considera necesario generar este trabajo cartográfico para dar cuenta de la urgencia de los crímenes misóginos, entendiendo esta iniciativa como un compromiso personal. A su vez, dentro de la relevancia del mapeo, la investigadora destaca que, si bien se han realizado diversos e importantes trabajos de monitoreo sobre feminicidios en el estado de Chihuahua, estos se encuentran principalmente en libros y bibliografía física:

[M]e parecía importante que estos datos y la magnitud de esta problemática estuviera accesible y visible para todas las personas que cuentan con internet y que pudieran ser leídos y vistos fácilmente sin tener que ser especialistas del tema, así que decidí aprovechar las herramientas que nos brinda la tecnología hoy día y “liberar” esa información. (Ramírez, 10 de septiembre de 2019)

Este punto resulta clave para lograr el objetivo de la toma de conciencia, por parte de la sociedad, sobre la violencia de género en Ciudad Juárez (^{Monárrez, 2000}); la cartografía como una herramienta de (re)conocimiento de libre acceso se transforma en un instrumento relevante no solo para una democratización de la información y del trabajo de investigación, sino también como un recurso para visibilizar y comprender el control territorial de la violencia y la impunidad (^{Segato, 2006b}) que perpetúan los crímenes de género.

Sin embargo, dentro del contexto precarizado de gran parte de Ciudad Juárez es necesario cuestionar los posibles límites del geoactivismo en línea: la brecha digital que determina el acceso y manejo de tecnologías de la información carece de homogeneidad ya que, por ejemplo, no toda la ciudadanía cuenta con los insumos necesarios para visualizar este tipo de investigación. Este impedimento, si bien afecta el impacto y alcance que pueda tener en la población donde acontecen dichas violencias, puede ser subsanado a partir de otro tipo de iniciativas que realizan un trabajo de carácter territorial con base en la información entregada por las cartografías digitales: la implementación de talleres comunitarios en los que se presenta información sobre feminicidios y violencia de género ocurridos en Juárez, para luego ser conversada y problematizada, son propuestas de carácter abierto a la población a la que pueden acceder tanto mujeres como hombres y disidencias. En el último apartado de este artículo se desarrolla una de estas propuestas en particular.

El trabajo cartográfico de la memoria

Las cartografías de feminicidios se construyen como una herramienta concreta para el reconocimiento de víctimas, para comprender la conformación de la ciudad desde un enfoque de género, para dar cuenta de la cantidad alarmante de crímenes y así dimensionar la magnitud de una problemática que entiende a la mujer como un cuerpo desechable. Al pensar la ciudad como un espacio configurado por una violencia compleja y multifactorial, es imperativo trazar en ella márgenes de la memoria; en este sentido, resulta interesante comprender el mapeo también como un recurso para la memoria.

“Memoria” es la facultad para recordar. “Recordar” significa tener algo o alguien en mente o en consideración (RAE); si bien esta definición se plantea en singular, también puede entenderse desde un punto de vista colectivo. La memoria colectiva tiene como desafío superar las repeticiones, los olvidos y abusos políticos, promover el debate y la reflexión activa sobre el pasado y su sentido para el presente y el futuro (^{Jelin, 2001}); de esta forma, el uso crítico de las cartografías apunta a generar instancias de intercambio colectivo de información en pos de la elaboración de narraciones y representaciones (^{Ares y Risler, 2015}) que rescaten y conecten hechos de importancia significativa como lo son, en este caso, los crímenes misóginos de Ciudad Juárez. Así, el mapeo de feminicidios se construye a partir de la memoria de las experiencias de cuerpos desaparecidos, asesinados y abandonados en diferentes lugares del desierto de la frontera mexicana; de acuerdo a esto -y como se mencionó anteriormente-, el trabajo de Ellas Tienen Nombre puede entenderse como un trabajo de memoria colectiva ya que rescata múltiples relatos a partir de diferentes fuentes en contacto directo con aquellos grupos que sufren las consecuencias de los asesinatos como lo son las familias e, incluso, la comunidad misma.

Asimismo, es necesario enfatizar que la conformación de esta memoria colectiva se ve favorecida por el uso de internet en conjunto con el trabajo compilatorio ejecutado por iniciativas e intereses de actores externos a la memoria oficial hegemónica, como es -por ejemplo- la labor de la ya mencionada Esther Chávez Cano, quien desde el año 1993 comenzó a reunir la información de prensa para crear un archivo sobre los feminicidios de Ciudad Juárez. Es decir, antes del auge de internet, redes sociales y otras tecnologías de la información, la memoria colectiva en torno a estos crímenes se configuraba a partir de la voluntad de agentes lejanos a las instituciones, estableciendo un correlato paralelo necesario para mantener el recuerdo de los acontecimientos que han fracturado a la comunidad juarense.

Elizabeth Jelin en Los trabajos de la memoria (2001) destaca la característica laboriosa del recuerdo pues la capacidad de trabajar se constituye como un rasgo distintivo de la condición humana que instala a los sujetos en un lugar activo y productivo como agentes de transformación. De acuerdo a esto, las cartografías de feminicidios y las agrupaciones autogestionadas de mujeres que luchan por la investigación y el correcto ejercicio del poder judicial, configuran este rol de esfuerzo y ocupación capaz de visibilizar una problemática latente para la sociedad; en este sentido, la búsqueda por la justicia y la permanencia del recuerdo de las mujeres asesinadas se articula como un ejercicio que trasciende a lo largo del tiempo en tanto actúa como un proceso de recuerdo que se enriquece a partir de aportes colectivos: en otras palabras, la memoria de diferentes actores, que comparten un pasado o hechos en común, se va reforzando y complementando a partir de un trabajo en conjunto, pues los múltiples sujetos piensan, recuerdan y graban fielmente todo lo que pueden de sus vivencias a partir de sus perspectivas personales (^{Halbwachs, 1995 [1968]}).

De esta forma, la memoria colectiva puede entenderse como una corriente de pensamiento continua que conserva aquello que es capaz de perdurar en la conciencia de la comunidad que la mantiene; es decir, la memoria es una serie de hechos soportada en un grupo que se extiende hasta que este conjunto va desapareciendo, entonces ¿qué pasa con el recuerdo colectivo? Continuando la idea planteada por ^{Halbwachs (1995 [1968])}, cuando la memoria de una serie de hechos ya no tiene como sustento un grupo -que estuvo implicado o que sufrió consecuencias o que asistió o recibió un relato vivo de los primeros actores y espectadores- el único medio de salvar estos recuerdos es fijarlos por escrito en una narración ordenada: si las palabras y pensamientos mueren, los escritos permanecen; y, en este sentido, las cartografías de feminicidios de Ciudad Juárez articuladas por el trabajo de Ivonne Ramírez actúan como una suerte de nuevo soporte colectivo digital a libre disposición para continuar su construcción y trascender en la memoria de la comunidad. En esta línea, también es posible comprender este proceso considerándolo como una de las formas en que se configura la memoria cultural (^{Assmann, 1995}), pues a partir de las memorias compartidas de una comunidad se articula un conocimiento obtenido a través de generaciones que han padecido la misma problemática de crímenes feminicidas. En este caso, la memoria cultural se distingue de la memoria colectiva puesto que existe un cambio cualitativo, un grado de objetivación producto del distanciamiento temporal del día a día, de la institucionalización de los recuerdos -mediante monumentos y memoriales, por ejemplo- y la experiencia interactiva lograda mediante el uso de internet -redes sociales y diferentes medios de comunicación- y la expansión de información que esto significa. Es así como esta memoria colectiva a través del tiempo y el trabajo por mantenerla activa se transforma, a su vez, en una memoria cultural del feminicidio.

Señalar que la memoria implica un “trabajo” significa que ésta se incorpora a un quehacer que genera y transforma el mundo social (^{Jelin, 2001}); estos últimos puntos resultan esenciales ya que en tanto los feminicidios continúan ocurriendo, su información se anexa al mapeo que sigue dibujando una ciudad donde habita la impunidad: los trabajos de la memoria de los feminicidios de Ciudad Juárez se esfuerzan por recuperar, recopilar, ordenar, inmortalizar los rostros, edades, trayectos, historias y experiencias de niñas y mujeres asesinadas. En este sentido, es necesario destacar la observación que realiza Ramírez respecto a esta labor:

Aunque son importantes los datos, las cifras, saber cuántos feminicidios se cometen, en dónde, cómo, por quién, si hay detenidos, etc. Es importante de igual manera resaltar que ellas no son cifras, estamos hablando de niñas y mujeres asesinadas, niñas y mujeres con una historia, con familia. Se habla y se habla de cifras y los titulares de los periódicos hacen de sus notas un espectáculo amarillista y así la sociedad se acostumbra a esa degradación, a la normalización de la violencia feminicida, olvidándonos de que las víctimas tienen nombre. En Ellas Tienen Nombre, el Nombre es como una sinécdoque: un nombre implica una vida y una vida implica una serie de experiencias que conforman a una persona. Esa es la intención entonces. (10 de septiembre de 2019)

Sin duda, este trabajo cartográfico no solo se constituye a partir de datos y elementos cuantitativos, sino que también se encarga de recuperar los relatos de las ausentes en pos de proyectar y comprender la repercusión de las heridas producto de los asesinatos que impactan no solo a las familias sino también al tejido social de una ciudad marcada por una violencia multifactorial. La conservación de la memoria en tanto ejercicio colectivo y cultural devela el rol activo de las personas que construyen una sociedad y mantienen la circulación de relatos que reflejan continuidades históricas capaces de transformar la violencia y el horror en realidades tangibles y que, por lo mismo, la resistencia a su olvido debe mantenerse vigente en pos de la búsqueda de justicia y la desarticulación de la impunidad permanente.

Lineamientos finales: sobre el mapeo colectivo y narraciones críticas

El trabajo cartográfico y las tensiones de la memoria son elementos que pueden ser abordados de manera conjunta, en tanto el mapeo se entienda también como una acción que incentive el recuerdo y señale experiencias desde una mirada crítica y articuladora en pos de socializar información necesaria para construir un diagnóstico territorial. En el caso de Ellas Tienen Nombre -como se ha señalado anteriormente- Ramírez recoge aquellas experiencias que forman parte de la memoria colectiva juarense y (re)modela el mapa de la ciudad, recopilando no solo lo que se entiende por crímenes misóginos sino también las vivencias traumáticas que padece una comunidad.

A grandes rasgos, los mapas más allá de representaciones geográficas pueden ser entendidos como propuestas ideológicas encargadas de señalar disposiciones jerárquicas presentes en un territorio. De acuerdo con esto, el colectivo Iconoclasistas -conformado por Pablo Ares y Julia Risler- propone que

[l]a confección de mapas es uno de los principales instrumentos que el poder dominante ha utilizado históricamente para la apropiación utilitaria de territorios (…) los mapas que habitualmente circulan son el resultado de la mirada que el poder dominante recrea sobre el territorio (2015, p. 5).

Es por ello que el mapeo como iniciativa y producción comunitaria se entiende como una dinámica a través de la cual se va construyendo y potenciando la difusión de nuevos paradigmas para interpretar la realidad, ya que son las historias, las narraciones críticas experimentadas por la pluralidad de los y - por sobre todo- las habitantes, lo que va (re)configurando y amoldando un nuevo trazado y, con ello, una nueva comprensión de la ciudad: el mapeo es también un proceso creativo que altera el clásico lugar de enunciación para desafiar los relatos dominantes sobre los territorios a partir de los saberes y experiencias cotidianas (^{Ares y Risler, 2015}).

En consideración de las ideas aquí propuestas, es posible comprender la cartografía como una estrategia narrativa que potencia la memoria y se establece como una herramienta de análisis crítico, una mirada bajo la que pueden señalarse y entenderse las prácticas y crímenes contra las mujeres en tanto sujetos que habitan un territorio determinado. Asimismo, mientras el trabajo de mapeo se ejecute como una labor colectiva significa potenciar la identificación de ideas afines, visualizar inseguridades comunes y, así, conectar hechos de importancia significativa que pueden repetirse y que, al datarse y reflexionar sobre ellos, se puede abordar la problematización de territorios sociales, subjetivos y geográficos (^{Ares y Risler, 2015}). El trabajo de taller cartográfico permite la apertura de un espacio de discusión y creación que funciona como un punto de inicio que puede ser retomado por otros y otras, que potencia la organización de base y permite la elaboración de alternativas que permitan pensar la autonomía de sujetos que han sido sometidos por la violencia de sus territorios; pues, como mencionan ^{Toro y Ochoa (2017)} vivir con miedo respecto al espacio en que se habita tiene consecuencias profundamente negativas en las formas personales y colectivas de pensar y desarrollarse en la ciudad.

A modo de reflexión final, me parece importante plantear qué otro tipo de repercusiones o trabajos pueden configurarse a nivel comunitario a partir de las cartografías de feminicidios Ellas Tienen Nombre pues, a nivel de reconocimiento de memorias y experiencias, articula diferentes factores de manera clara y fluida, ya que Ramírez trabaja con familiares, colectivos y una profunda recopilación hemerográfica; precisamente es por este tipo de labor que diversas activistas y personas se inspiran para trazar sus propias iniciativas a partir de la propuesta de Ramírez -y de las cartografías en general-. En este caso, destaco la idea de Jane Terrazas -oriunda de Ciudad Juárez al igual que Ivonne Ramírez⁸- quien ha tomado la información de Ellas Tienen Nombre para realizar un proyecto textil a partir de las cartografías de feminicidio. Esta tarea se ejecuta en un formato de taller comunitario donde las personas van a bordar y conocer la información disponible sobre los feminicidios, compartiendo sus propias experiencias, discutiendo relatos y las problemáticas que les rodean.

Jane Terrazas Islas (1985) es una artista multidisciplinaria que propone la investigación del trabajo textil como una metáfora social con enfoque de género⁹; a partir de esta premisa, dentro de sus diferentes proyectos plantea iniciativas de producciones comunitarias en torno a los crímenes feminicidas “con la finalidad de abrir un diálogo sobre la historia de los abusos a los derechos de las mujeres [y] compañeras Trans, en los últimos 25 años en esta frontera” (^{Terrazas, 2017}). Dentro de los objetivos de la artista permanece una latente intención por recordar y discutir los feminicidios que dibujan la frontera juarense, transformando un espacio de conversación también en una instancia de trabajo manual a través de la realización de una pieza textil colectiva¹⁰ y, así, denunciar el homicidio sexual sistemático (^{Monárrez, 2009}) de mujeres y niñas en Ciudad Juárez: en palabras simples, la propuesta de Terrazas consiste en tomar parte de las cartografías de feminicidios de Ellas Tienen Nombre y bordarlas en un espacio de taller colectivo. En este espacio, Terrazas agradece constantemente a las y los participantes por su interés en hablar sobre la crisis de Derechos Humanos que se vive en México, entendiendo -además- el gesto metafórico de esta pieza comunitaria de arte textil, ya que el bordado electrónico les permite, literal y figuradamente “encender una luz en memoria de la vida de las mujeres que fueron asesinadas” (^{Terrazas, 2017}).

A partir de estas iniciativas en torno al trabajo cartográfico ya sea digital o textil, es posible observar una constante disputa por mantener vigente en la memoria colectiva a las mujeres y niñas víctimas de crímenes misóginos sistemáticos -muchas veces irresueltos-. La búsqueda constante por la justicia y el recuerdo impulsan una permanente labor comunitaria gracias a diferentes organizaciones. En este caso, es importante entender los proyectos aquí analizados no como un trabajo estático, que pueda realizarse y presentarse una vez, sino como una herramienta crítica multifuncional y continua que puede utilizarse y ejecutarse de diferentes maneras en pos de perpetuar su propósito de conservar de manera activa el recuerdo colectivo a partir de un trabajo comunitario.