Introducción

Según los últimos datos de la Endireh (^{Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016}) la prevalencia de violencia en México entre las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida asciende en 2016 a 66.1 %. en 2011 a 62.8 %, y en 2006 a 67 %. De 2006 a 2011 la prevalencia de violencia bajó de 67 a 62.8 %, pero en la más reciente encuesta este índice ha subido a 66.1 %. Todos los datos son altísimos pues esto indica que seis de cada 10 mujeres han tenido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

Ante esta situación, México ha suscrito tratados internacionales que apoyan la eliminación de cualquier tipo de discriminación y violencia hacia las mujeres, como “La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,” ratificada en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Estado Mexicano tiene por tanto la obligación de proveer los recursos y las acciones necesarias para eliminar esas formas de discriminación en el país.

Nuestro país se ha comprometido a salvaguardar los derechos de las mexicanas y ha promulgado leyes que protegen su vida y sus derechos: la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (publicada en 2006), la ^{Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007} y que luego fue ratificada por los estados que integran la República Mexicana.

De igual forma, en el Estado de Guanajuato, en 2010, se publicó la Ley de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia y, recientemente, en marzo de 2013 se firmó la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, después de un debate en las diversas regiones con las mujeres y Organizaciones no Gubernamentales en el estado.

La ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia contra las mujeres como: “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público.” ^{Izquierdo (2011: 37)} define la violencia de género como la “que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”.

La Organización de las Naciones Unidas propuso los Objetivos de Desarrollo del Mileno (2001), entre los que se propone la eliminación de las diferentes formas de discriminación hacia las mujeres, niñas y muchachas, y los gobiernos se comprometen a “promover la igualdad de género y el fortalecimiento de las mujeres como formas efectivas de combatir la pobreza, el hambre y la enfermedad, y de estimular el desarrollo que sea verdaderamente sostenible” (Citado en ^{Maceira, Alva y Rayas, 2007: 60}).

En países donde la desigualdad de género tiene una amplia brecha, las mujeres y las muchachas tienen serios problemas para permanecer con vida. En este sentido donde hay mayor desigualdad de género podrían presentarse formas de violencia hacia las mujeres, tales como la preferencia hacia los hijos varones en el acceso de comida y salud, lo que trae como consecuencia mayores índices de mortalidad femenina. Una forma de discriminación asociada a la violencia es “el descuido letal de las hijas” en regiones de la India (^{Kabeer, 2006}).

En las sociedades patriarcales y autoritarias las mujeres pueden padecer episodios crecientes de violencia, incluso que pongan en riesgo sus vidas; la vulnerabilidad de mujeres y muchachas puede ser mayor debido al contexto en el que viven, es decir, “caracterizado por la ignorancia, la pobreza y el aislamiento; la predominancia de sistemas patriarcales que norman despóticamente las relaciones matrimoniales, la ausencia de figura paterna para brindarle algún tipo de protección, la presencia de una madre que le impone una relación degradante, su transformación en una víctima permanente a merced de un marido golpeador, el desprecio y la desatención que acaba en su muerte y que ni los hijos, ya grandes, pudieron detener” (^{Marroni, 2004: 210-211}).

En los países donde se les niegan sus derechos y oportunidades a las mujeres y se las relega a papeles desiguales ellas tienen menos expectativas de vida, menos salud y es posible que padezcan más episodios de violencia.

La violencia hacia las mujeres está fuertemente ligada con la desigualdad entre los sexos que existe en las sociedades, “en cómo se construyen los modelos de masculinidad y feminidad y las relaciones sociales entre hombres y mujeres, que implican la subordinación de estas últimas” (^{Torres, 2004}).

Los efectos de la violencia vistos en multiplicadores sociales (que tienen que ver con el impacto en las relaciones sociales y en la calidad de vida) son la transmisión intergeneracional de la violencia, el deterioro de la calidad de vida, la erosión del capital social e, incluso, la menor participación en procesos democráticos (^{Morrison y Loreto, 1999}).

El objetivo de este artículo es presentar, a través de un caso, las posibilidades que tienen las mujeres, primero de ser apoyadas desde instancias gubernamentales, y luego las posibles dificultades para que ellas denuncien a sus agresores y mantengan la denuncia, porque la mayor parte de las mujeres, sobre todo casadas, no denuncia, y muchas veces no sabemos y, por prejuicios de género, podemos hacer suposiciones falsas.

La violencia hacia las mujeres en México

En México la violencia hacia las mujeres y niñas se extiende por todo el país; son mundialmente conocidos los casos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, pero además en otros estados de la República esta situación va en aumento. En un estudio en el Estado de México se encontró que el grupo de mujeres con edades comprendidas entre los 16 y 40 años presenta un mayor riesgo (^{Arteaga y Valdés, 2010}), es decir, están en edades productivas y reproductivas.

^{Delgadillo (2010)} afirma que en México las más violentadas son las que trabajan fuera de su hogar, pero también aquellas que se encuentran en proceso de empoderamiento o empoderadas pueden tener mayores riesgos de sufrir violencia.

En Chiapas se han documentado los casos de mujeres que desde muy niñas han sido violentadas, padeciendo incluso olvido y descuido vital por parte de sus padres por el solo hecho de haber nacido mujeres, lo que llevó a mujeres y niñas a la muerte (^{Freyermuth, 2003}).

^{Freyermuth (2007)} realizó un estudio y analizó las causas de la muerte de mujeres indígenas de Chiapas y observó que en varios casos no habían sido atendidas por las dolencias que presentaban y que finalmente llegaron a morir a los hospitales. De igual modo, identificó que en los casos de suicidios de mujeres, ellas habían presentado con anterioridad violencia intrafamiliar, lo que las llevó a tomar tal decisión; sin embargo, las autoridades de salud omitieron los antecedentes de violencia y no anotaron las causas exactas de estas y otras muertes de mujeres, incluyendo los casos de homicidio. Los casos que ^{Freyermuth estudió (2003} y ²⁰⁰⁷⁾ presentan la característica de que las mujeres muertas supuestamente de parto habían sido golpeadas en numerosas ocasiones por sus esposos y suegras, además de que a varias de ellas se les había negado el acceso a tratamiento médico y alimentos.

En Michoacán las mujeres indígenas presentan altas tasas de violencia, comparadas con las mestizas, pero las estadísticas oficiales no evidencian tal hecho, ya sea porque las mujeres de pueblos originarios no responden adecuadamente los cuestionarios que ha hecho el INEGI, debido al monolingüismo, la desconfianza o a otras causas (^{Huacuz y Rosas, 2011}). Sin embargo, la Endireh muestra los siguientes datos alarmantes:

Esto es lo que afirman las estadísticas oficiales en Michoacán, en relación con las mujeres indígenas, pero en entrevistas ellas han mencionado que estos porcentajes se quedan cortos y que la violencia que ellas sufren inicia desde pequeñas a manos de sus familiares y continúa cuando se casan (^{Huacuz y Rosas, 2011}).

La violencia hacia las mujeres en el país es alarmante y va en aumento. La violencia de género no es privativa solamente de ciertas clases sociales; atraviesa clase social, etnia y nivel de escolaridad. Es decir, es un fenómeno que afecta a todas las mujeres del país en general, aún a aquellas que afirman que nunca han sido víctimas de violencia pues la violencia simbólica persiste en todos los niveles sociales e instituciones públicas y privadas.

La violencia hacia las mujeres en el Estado de Guanajuato

En la reciente encuesta de ^{Endireh (2016)} se midió la prevalencia de la violencia hacia las mujeres mayores de 15 años, es decir, la que han sufrido a lo largo de su vida. Las cifras para el estado de Guanajuato son las siguientes: en 2016 fue 63.2 %; para 2011, 56.2 %; y en 2006, 58.8%.

Al igual que a nivel nacional, en 2011 parece que este índice de violencia bajó, pero repuntó en 2016. Es decir, seis de cada diez mujeres mayores de 15 años en el estado de Guanajuato han padecido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Además, este aumento de la violencia hacia las mujeres se relaciona con el aumento de los feminicidios en el estado.

La violencia puede originarse en diversos contextos: en la familia, en la escuela y en espacios públicos o comunitarios. A nivel comunitario, 40 % de las mujeres que contestaron la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (^{Endireh, 2006}) afirmaron haber sufrido algún tipo de violencia. De este grupo, 31 % sufrió abuso sexual en sus comunidades y el resto (69 %) se sintió intimidado en el ámbito comunitario; de ahí la vulnerabilidad de las mujeres en nuestro país. Estas cifras son ligeramente más bajas en el estado de Guanajuato, donde 35 % de las mujeres entrevistadas afirmaron padecer violencia dentro del ámbito comunitario. Esta cifra es muy importante ya que refleja que las mujeres del estado no se sienten seguras en sus comunidades y es muy probable que no quieran o no sepan a quienes denunciar por los hechos de violencia por los que pasan o han pasado. Una tercera parte de quienes afirmaron sufrir violencia en ámbitos comunitarios, han pasado por episodios de abuso sexual.

Las estadísticas sobre violencia hacia las mujeres en el estado continúan siendo alarmantes. El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) a través de la ^{ENDIREH 2011} informó que 24 % de las mujeres guanajuatenses de 15 años y más han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses, mientras que 28 % de las mujeres casadas o unidas dijeron que en los últimos 12 meses su pareja había ejercido violencia hacia ellas. A continuación se muestran los tipos de violencia. Cabe aclarar que los porcentajes no suman 100 %, dado que ellas manifestaron más de un tipo de violencia (Figura 1).

Fuente: elaboración propia con datos de la ^{Endireh, 2011}.

Figura 1 Porcentaje de mujeres de 15 años y más en Guanajuato, según tipos de violencia hacia ellas por parte de su pareja padecida en los últimos doce meses. 

^{Castro (2012)} afirma que las encuestas lo que miden es la violencia situacional de pareja, donde hay episodios violentos hacia mujeres, sin llegar a la violencia extrema, como ocurre en los casos de terrorismos íntimo¹. Por eso se reportan menos incidentes de violencia física hacia las mujeres.

¿Dónde se denuncia la violencia?

Es alarmante que la mayor parte de las mujeres que han sufrido violencia no acuden a ninguna instancia, al menos no a las que el INEGI presenta; a la que más acuden es al Ministerio Público y luego al DIF municipal. Los resultados de la ^{Endireh (2011)} no dicen o en todo caso no se recabaron datos si las mujeres acuden a una ONG a solicitar apoyo (Cuadro 1).

Aunque las mujeres sí acuden a la policía, es un porcentaje relativamente bajo y además no hay garantía de ayuda por su parte, debido a que no están capacitados en derechos de las mujeres ni en la perspectiva de género para poder atender esta problemática de manera adecuada.

En el municipio de Salvatierra, Guanajuato, durante una visita a la agencia del ministerio público, se pudo constatar que la persona encargada minimiza las palabras de las mujeres, no atiende de manera profesional sus quejas y los casos son ampliamente comentados a manera de cotilleo. La agente se refirió al caso de una joven violada como “otra violadita,” con lo que pudiéramos pensar que ella no cree lo que las mujeres denuncian y minimiza los hechos. La violencia sexual tiene ya de por sí graves consecuencias, tales como depresión, desórdenes de ansiedad, problemas nerviosos, angustia, problemas del apetito, entre otros (^{Luna, 2009}), pero además se debe sumar la revictimización de las víctimas por parte del aparato judicial, quienes deberían brindar protección y seguridad. ^{Luna (2009)} afirma también que es difícil que las mujeres denuncien, sobre todo a sus parejas, y máxime si son mujeres que han padecido violencia sexual por parte de sus parejas “…sobre todo porque para las afectadas esto implica comprobar que ellas no consintieron a agresión sexual, cualquiera que sea su naturaleza” (^{Luna, 2009, p. 281}).

Las mujeres que nunca han estado unidas acuden en mayor medida al apoyo de sus familiares (15.5 %), a diferencia de las mujeres casadas o unidas o las que alguna vez lo estuvieron.

Como se observa en el cuadro anterior, las principales instituciones gubernamentales a las que acuden las mujeres en busca de ayuda o buscando justicia son: Ministerio Público, DIF municipal, la policía, la Presidencia Municipal o la delegación y, finalmente, el Instituto de las Mujeres.

Resalta entonces las importancia de tener un conocimiento preciso de las instancias gubernamentales que ofrecen o pudieran ofrecer apoyo a las mujeres que viven una vida con violencia, pero que además las pueden apoyar en otras áreas de su vida como la educativa, la económica, entre otras.

De igual manera, se torna imperativo que las instancias gubernamentales a las que acuden las mujeres tengan una mayor sensibilización de género o que incorporen dicha sensibilización a sus procedimientos. Por lo que se requiere:

Los diferentes niveles de gobierno tendrían que tener entre sus objetivos el acortamiento de las brechas de género, que se definen como “las diferencias de condiciones y tratamiento entre hombres y mujeres, que conllevan a una desigualdad en la distribución de los costos y beneficios, en el acceso a los servicios y a los recursos, en la capacidad de control y en la participación e intervención en la toma de decisiones” (^{Massolo, 2004: 18}).

Materiales y métodos

Para fines de la investigación y analizar las acciones de las instancias gubernamentales municipales se realizaron ocho entrevistas a profundidad a mujeres rurales de distintas localidades del municipio de Salvatierra, Guanajuato.

Se presenta la entrevista de una mujer rural, ya que ella sí llevó a cabo numerosas acciones para terminar con una relación que cada vez era más violenta; la llamaremos María para proteger su identidad. Tomamos este caso por esa razón porque, a diferencia de otras mujeres, ella sí denunció de manera reiterativa ante diversas instancias hasta que logró separarse del esposo violento. Fueron de suma importancia los datos cuantitativos de la ^{Endireh 2006}, ²⁰¹¹ y ²⁰¹⁶. Sin embargo, es fundamental la aportación de la metodología cualitativa para la construcción de este trabajo y sobre todo el enfoque feminista, ya que devela “que el sujeto de conocimiento es un individuo (sic) histórico particular, cuyo cuerpo, intereses, emociones y razón están constituidos por su contexto histórico concreto y son especialmente relevantes…” (^{Guzmán y Pérez, 2005: 643}). Es decir, a partir de la percepción de esta mujer podemos entender las situaciones y motivaciones que pueden llevarla a no denunciar la violencia que sobre ella se ejercen o, una vez hecha la denuncia, perdonar al agresor.

Resultados y discusión

María es una mujer de 38 años, con dos hijas y un hijo. No tiene un empleo fijo, es vendedora de frituras y completa el gasto con lo que le otorga el programa gubernamental de combate a la pobreza. Ella afirma que vivió relativamente bien con su esposo hasta que empezó a migrar a los Estados Unidos. Al igual que muchos guanajuatenses, él se iba por una larga temporada y luego regresaba un tiempo a su pueblo. La segunda vez que se fue y regresó comenzaron los problemas.

Pues ya cuando estaba aquí se enojaba por todo, no sabía hacer nada, me gritaba, me decía cosas, a los niños les gritaba también y pues así ya fue la última vez que vino, después se fue de vuelta y ya esta última vez que regresó ya empezó pior.

Ella supo que él tenía otras mujeres, le hizo varios reclamos y sobrevinieron los golpes; además, su esposo la acusaba de loca:

Me golpeaba (sollozos), me aventaba patadas y trompadas, enfrente de los niños me gritaba muchas cosas: estúpida, huevona, no sabes hacer nada. Yo no le platicaba nada de esto a mi mamá porque yo no quería que se diera cuenta, hasta que un día las niñas fueron y le dijeron: abuela mi pá le pegó bien feo a mi mamá. Mi mamá me dijo: por qué no me habías dicho, por qué te quedas callada, en qué te podemos ayudar.

Al igual que muchas mujeres casadas que son golpeadas por sus parejas, ella no acudió a solicitar ayuda de su familia. Las mujeres casadas o unidas son las que menos ayuda solicitan; no solamente a su familia, tampoco acuden a otras instancias. Según la ^{Endireh (2011)}, ninguna de las mujeres que encuestaron acudió a solicitar ayuda de su familia y 8.5 % acudió al ministerio público, en tanto que 7.7 % fue al DIF (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia). Los porcentajes son similares en las que alguna vez estuvieron unidas o casadas. Aunque, como se verá más adelante, tampoco las instancias gubernamentales apoyan a las mujeres que sufren violencia.

María decidió no soportar más el maltrato; en este caso ella solamente señala los golpes, pero generalmente en la violencia que pueden sufrir las mujeres se encuentran todos los tipos: psicológica, física, sexual, económica. Ella afirma que el marido la golpeaba y engañaba con otras mujeres, que tenían una serie de pleitos y él le decía que ella no sabía hacer nada. Además, sostiene que el la violó y denunció el hecho a las autoridades “Sí, también lo denuncié y me hicieron estudios con un doctor, quien le dijo que estaba bien, que no tenía rasgos de violencia”; además, dudaron de su palabra. ^{Torres (2004)} afirma que uno de los principales obstáculos que se tiene en las organizaciones gubernamentales son los prejuicios y las nociones tradicionales de género que permea la aplicación de las leyes porque no se cree a las esposas que ellas puedan ser violadas por sus maridos (o por otras personas porque se cree que son ellas quienes “seducen” a los hombres o “permiten” la violación).

Finalmente, tras peleas, insultos y golpes, aunque ella lo minimiza pues afirma que “nomás llego a golpearme como unas tres veces, pero esta última vez fue cuando me golpeó más feo,” luego de esa ocasión ella se decide e informa a sus familiares que pedirá el divorcio, quienes le dijeron que lo pensara, pero que si se quería divorciar lo hiciera, que ellos la apoyarían. Ella acudió al ministerio público a demandarlo porque, además de la violencia física, ya no le daba dinero para la manutención de sus hijos. Sin embargo, a pesar de la demanda por la pensión alimenticia el esposo no cumplió. Ella acudió a demandarlo y en el ministerio público le dijeron que podía permanecer en la cárcel o pagaría una multa de seis mil pesos. Ante esta situación comenzaron las presiones para que ella quitara la denuncia, tanto de parte de su esposo como de sus familiares. Ella no lo hizo.

En otros estudios realizados (^{Huacuz y Rosas, 2011}), los agentes de seguridad pública se quejan de que ellos apresan a los hombres golpeadores, pero luego son las mismas mujeres quienes levantan la denuncia y les otorgan el perdón y los dejan libres. Afirman que ante tal situación ellos no hacen mucho caso de estas denuncias. El problema es que los agentes de la seguridad y en el ministerio público no están conscientes de todas las presiones por las que pasan las mujeres, tanto de sus propias familias como de las de los esposos o de sus parejas; es difícil soportar las presiones y amenazas, y muchas de ellas terminan quitando la denuncia.

En el caso de María, además de la presión para que levantara la denuncia, ella tuvo presiones de los familiares del esposo cuando manifestó su deseo de divorciarse de él:

Se enojó su papá de él, dijo: pues piénsale porque si te divorcias te voy a echar fuera de la casa, me dijo, y le dije pues hágale como quiera, yo me voy a divorciar porque eso que está haciendo él es mucha burla para mí y para mis hijos (llanto). Y él contestó: te divorcias y te me sales luego, luego con toda tu raza dijo.

Ella, preocupada por tal situación, decide consultar con su abogado, quien le informa que no es posible que a ella la saquen de su casa. Estas y otras amenazas hacia las mujeres que deciden terminar con una situación de violencia, como el caso de María, hacen muy difícil que se atrevan a concluir con ello; socialmente se les ve como fácilmente cambiantes de parecer, como que “les gusta que les peguen,” y no se entiende esta difícil situación, de ahí que se minimicen las denuncias y no se les haga caso. Asimismo, se hace responsable a ellas sobre la situación de violencia que viven a manos de sus parejas.

Por otro lado, María dijo en el ministerio público que ella quería divorciarse, pero los agentes le dijeron que por qué si el esposo dice que está a gusto con ella. En este caso, el marido no quería divorciarse. Como afirma ^{Izquierdo (2011)}, la infraestructura doméstica les facilita a los hombres realizar sus labores remuneradas, disponibilidad laboral y de movilidad, siendo sus esposas las socialmente responsables de las labores domésticas; por eso, el marido de María no quería divorciarse pues perdería el apoyo doméstico de su esposa.

En el caso que analizamos podemos afirmar que vivió el terrorismo patriarcal (y lo continúa viviendo seguramente). María no solamente es amenazada por su esposo, el suegro y otros familiares, sino que su esposo es apoyado por el sistema jurídico que debió protegerla. Incluso ante las golpizas y humillaciones a las cuales la sometió.

^{Lagarde (2012)} afirma que existe discriminación gubernamental del trato hacia las mujeres, ya que al acudir a solicitar ayuda y protección a las instituciones del Estado Mexicano, son presionadas para desistirse de sus denuncias.

Cuando María solicitó apoyo para la pensión alimenticia, este le fue negado, y cuando se presentó al DIF municipal no le creyeron sobre los abusos del esposo, como claramente indica en su testimonio:

Dijo el licenciado: pero usted es la que quiere el divorcio, no él. Entonces como él dice que trabaja en el campo y a veces trabaja y a veces no, él nada más le va a poder dar doscientos pesos por semana; si está de acuerdo, si no pos hágale como pueda.

Al DIF ya había ido otros años antes y allí me dijeron también que porque yo no tenía pruebas de que él anduviera con otra persona y que no podían hacer nada. Nada más me dijeron: es que usted nomás dice que anda con otra mujer y que no le da dinero y la maltrata, pero queremos pruebas. Y hasta les dije: ¿qué quiere que venga yo bien golpeada o cómo? Y contestó que tampoco eso, pero que necesitaban pruebas.

Sin pruebas para que la ayudara el DIF, sin apoyo por parte del Ministerio Público, María decide acudir con un abogado particular, quien ya había apoyado a una prima suya en un caso similar, y solicitar el divorcio.

^{Lagarde (2012)} afirma que se desestima la importancia social de la violencia de género con los argumentos de que la sociedad en general es violenta y que hay más violencia hacia los hombres, que hay más muertes de hombres que de mujeres. Además, afirma que hay un sub registro de los casos de violencia hacia mujeres, pero también hay pocas denuncias, sobre todo porque se minimiza el problema por la cultura misógina que existe en las instituciones y “por la exclusión legal de las mujeres, y porque las leyes y el aparato jurídico y judicial han sido usados contra las mujeres como instrumentos de dominación de género” (^{Lagarde, 2012:194}).

Luego del divorcio el ex esposo se va de la vivienda familiar, pero no da ninguna pensión alimenticia a las hijas e hijo. María y los niños sobreviven con lo que le otorga el programa gubernamental de apoyo a la pobreza y con un pequeño negocio de venta de alimentos en la puerta de su casa.

Además de la precariedad económica, ella debe enfrentar los reclamos de su hijo mayor, quien no está de acuerdo con su divorcio, además de reclamar parte de lo que otorga el gobierno a María y porque ahora su padre ya no le da dinero.

Ya sabía todo, pero no decía nada (el hijo). Nada más una vez que su papá no le quiso dar dinero, me dijo: ya ves ma, tú tienes la culpa de que mi pa ya no me dé dinero, y le digo. ¡Bah!, yo por qué tengo la culpa, pues por andarte divorciando de él, tú tienes la culpa.

El hijo se ha negado a acudir a las citas médicas al centro de salud del poblado, por lo que ha perdido la beca gubernamental y afirma que su madre recibe mucho dinero y que ese dinero debe ser de él. Las hijas, por su parte, como vieron las golpizas que le propinó su padre a su madre, sí estuvieron de acuerdo con la separación. A pesar de que el padre golpeó a la madre, la humillaba y no le daba dinero, el hijo forma una alianza con él.

Por otro lado, además de haber pasado por situaciones de violencia por parte de su ex esposo y por pobreza, María actualmente es acosada por amigos de su ex marido, quienes al verla libre la persiguen de manera sistemática para obtener de ella favores sexuales.

Muchas mujeres no solamente son maltratadas en el seno de sus familias, sino que en el ámbito comunitario y social sufren agresiones e, incluso, en el medio laboral; a estas formas Izquierdo las llama el síndrome de la mujer maltratada (^{Izquierdo, 2011}).

En la construcción social existen relaciones, prácticas e instituciones que generan y preservan el poder y los privilegios masculinos sobre la desigualdad y subordinación de las mujeres (^{Lagarde, 2012}). Por ello se afirma que la cultura efectivamente enmarca, nombra y da sentido, legitima, traduce y reproduce, en parte, dicha organización social. No la genera, aunque actúe dialécticamente con la sociedad. La educación es solo una dimensión de la cultura. Aunque se transformen los contenidos educativos y la educación tenga como contenido la democracia genérica y los derechos humanos, si no se modifican la sexualidad, el papel y la posición de los géneros en las relaciones económicas, las estructuras e instituciones sociales, las relaciones en todos los ámbitos sociales, la participación social y política de las mujeres, las leyes y los procesos judiciales, no se eliminará la violencia contra las mujeres. Y, desde luego, si no se modifica radicalmente la condición de género de los hombres, la violencia contra las mujeres continuará (^{Lagarde, 2012: 201}).

Conclusiones

La situación de María, quien pudo escapar a la violencia del marido, ejemplifica las dificultades por las que las mujeres pasan cuando denuncian estas situaciones. Una de las constantes preocupaciones feministas es que se atiendan las necesidades estratégicas de las mujeres, es decir, aquellas que les den poder de decisión sobre sus vidas y que les permitan salir de este tipo de problemática. Sin embargo, María solamente estudió la primaria, no tiene un empleo fijo y no tiene prestaciones sociales, y es parte de las estadísticas de la pobreza femenina, pero a pesar de ello pudo salir de esta situación.

El apoyo que recibió de parte de las autoridades municipales fue prácticamente nulo, pues si bien se le tomó la declaración en el ministerio público y multaron a su marido, no tuvo otro apoyo y fue presionada para no divorciarse. En el DIF municipal no creyeron en sus denuncias y pidieron pruebas para hacer algo a su favor. Entonces no son de extrañar las estadísticas iniciales de denuncia, donde se muestra que hay pocas denuncias de violencia.

Su caso, como el de otras mujeres de su pueblo, solamente fue anotado por parte del Centro de Salud como una estadística más, pero no fue canalizada a una instancia competente para recibir apoyo, aunque cabe la duda de si existen de verdad instituciones oficiales competentes en la región de estudio. Si como afirma la directora del centro de salud, como trabajadores de la salud están obligados a preguntar a las mujeres que acuden a consulta si han sido víctimas de violencia, muchas de ellas lo niegan a pesar de los golpes. La directora solo lleva un registro y, en caso de violencia sexual hacia menores, debe denunciar al ministerio público pues la ley la obliga, pero no conoce qué pasa con los casos. En el centro de salud solamente se limitan a curar las heridas físicas de las mujeres y las enfermedades que se derivan de la violencia, como las de origen sexual. En ocasiones, a quienes aceptan las envían al psicólogo de la cabecera municipal, pero muchas veces los centros de salud se han visto rebasados por el número tan grande de mujeres que tienen que atender.

En este caso, y en muchos otros, se obliga o se pretende obligar a las mujeres a no denunciar o a levantar las denuncias que ellas hicieron, hay presiones sociales, institucionales y familiares que pueden apoyar la impunidad de los casos de violencia, y esta impunidad puede llevar a peores casos de violencia feminicida.

La violencia de género hacia las mujeres tiene que ver con sus derechos, reconocidos o no. En este caso se normaliza la violencia y no se reconoce el derecho a vivir una vida libre de ella, incluido el derecho a la vida, pues la violencia crece y puede llegar al asesinato de las mujeres. Para que se ejerzan los derechos, como los mencionados, las instituciones gubernamentales deben ser capaces de formular acciones de gobierno que tiendan a proporcionar a las personas más pobres y vulnerables (como muchas mujeres), tales como acceso a los alimentos, al cobijo, al trabajo, a la atención sanitaria, a la educación, a la movilidad y a la expresión, y a la protección contra los daños y contra la opresión; y mujeres como María no han tenido o casi no han tenido porque se le negó a ella y a sus hijas e hijo dinero para la comida, no tiene trabajo y no tiene protección de ningún tipo por parte del Estado.

Si las mujeres pobres, un grupo excluido de muchos derechos, no tienen acceso a la alimentación, el trabajo y los servicios de salud, entonces no tienen las condiciones adecuadas para que sus vidas sean protegidas: son vidas que pueden ser desechadas porque quienes imponen las reglas del juego las han excluido. Son vidas en los márgenes y vidas fácilmente desechables.

Dentro del grupo de los pobres, las mujeres pobres tienen una vida aún más precaria por el hecho mismo de ser mujeres. Entonces, ser mujer pobre es casi pertenecer al grupo de las “no personas”, pero ser pobre, mujer e indígena es aún más precario y peligroso para la vida de dichas mujeres, se “esfuman”, como nos relata ^{Freyermuth (2003)} en su libro Mujeres de Humo.

En este caso, al ser una mujer rural se espera que tenga aun menos herramientas para salir de esta situación de violencia, pero en su caso sí contaba con redes familiares de apoyo que fueron muy importantes para que ella decidiera y pudiera dejar al esposo violento. En las comunidades rurales de la región no existen instituciones que apoyen este tipo de procesos, por lo que este caso cobra especial relevancia.

Al igual que otras estudiosas del tema, afirmamos que las instituciones gubernamentales aún presentan graves anomalías para atender a las mujeres en situación violencia. Primero, a pesar de las leyes aprobadas, aún atienden a las mujeres con un enfoque de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, y no con un enfoque de igualdad de género y derechos humanos; segundo, la mayoría de los jueces no conocen o no les interesa la nueva legislación; los institutos de las mujeres no registran de manera sistemática el número de casos de violencia machista hacia las mujeres, además de que sus acciones son muy limitadas; en el Caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a pesar de que cuenta con un área de violencia de género, en algunos casos se ha desvirtuado y se comporta de manera ambivalente ante los denunciados; además, las comisiones de derechos humanos en los estados no han asumido los casos de violencia de género como propios de sus instancias o los asumen de manera muy precaria.

A pesar de las consideraciones estructuralistas sobre la violencia, que convienen a la parte gubernamental donde las mujeres son atendidas como entes individuales, la violencia de género contra las mujeres forma parte del orden social establecido, por lo cual este fenómeno muchas veces pasa desapercibido incluso para ellas mismas.

Finalmente podemos afirmar que aun cuando se aprobaron las leyes que pretenden proteger la vida de las mujeres, como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Guanajuato (esta última aprobada en 2013), quienes se encargan de aplicar las leyes como los policías, agentes del ministerio público, jueces o juezas, parten primero de la idea de que las mujeres mienten en estas situaciones. Tienen ideas muy tradicionalistas de los roles de género, lo que dificulta pensar en las mujeres como seres autónomos y detentoras de derechos. Así, aun con el avance de las leyes, la mentalidad tradicionalista y machista imperante dificulta apoyar a las mujeres que intentan salir de situaciones de violencia. Algunas de ellas incluso carecen de redes sociales que las apoyen, lo que suma una dificultad más.

Es indispensable la creación, en la región de estudio, de un centro de atención a los derechos de las mujeres que las acompañen ante las instituciones a donde acuden a denunciar hechos de violencia y que se cuide que las autoridades estén preparadas en derechos de las mujeres, los respeten, los hagan válidos, pero sobre todo que hagan su trabajo e impartan justicia.