Introducción

El presente artículo busca contribuir a la discusión sobre las técnicas utilizadas por el Estado mexicano en el siglo XX para enfrentar, controlar o destruir movimientos sociales (^{Evans, Rueschemeyer y Skocpol, 1985}; ^{Favela Gavia, 2006}; ^{López Leyva, 2008}; ^{Estrada Saavedra, 2014}). Para ello, nos basaremos en la propuesta de Foucault respecto a las tecnologías del poder (^{Foucault, 1999}, ²⁰⁰⁰, ²⁰⁰⁴). El trabajo analiza un conflicto social orientado a la defensa colectiva, el llamado Pacto Ribereño (1976-1983) (^{Velázquez Guzmán, 1982}; ^{Del Villar, 1970}; ^{Tirado, 1979}; ^{Simonian, 1995}; ^{Favela Gavia, 2006}; ^{Velázquez García, 2010}). Para realizarlo, me baso en un material poco explorado: los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad.

El objetivo principal del artículo es mostrar algunas de las técnicas usadas por el Estado mexicano durante una protesta social no sólo para escudriñar al grupo que realiza dicha acción colectiva, sino para establecer mecanismos de autocontrol y vigilancia hacia las distintas organizaciones y niveles del propio Estado. Para demostrar esto nos basaremos en las comunicaciones de la Dirección Federal de Seguridad respecto al Pacto Ribereño donde no sólo se reporta la acción de las personas que protestaban sino de las distintas agencias de gobierno involucradas; es decir, la vigilancia tenía múltiples propósitos, en este caso, no sólo la represión, sino colaborar en la autorregulación del funcionamiento en el propio aparato estatal.

A finales del siglo XX, dentro del creciente estudio de los nuevos actores que participaban en protestas sociales en México (fuera de los obreros y campesinos), una variable que conservó importancia para entender el desarrollo y la evolución de estas acciones colectivas es el Estado (^{Warman, 1976}; ^{Córdova, 1972}; ^{Reyna y Miquet, 1976}; ^{Muro, 1994}, entre otros). Este interés por el Estado fue acompañado de una revaloración respecto a los efectos y roles desempeñados por las distintas protestas sociales y los nuevos movimientos sociales que surgían en la sociedad mexicana. Los movimientos sociales que tenían objetivos no políticos (relaciones hombre-mujer, medio ambiente, prohibición de armas nucleares, etcétera) habían sido escasamente considerados en sus alcances, tácticas, efectos políticos, económicos y culturales (^{Lamas, 1997}). El papel desempeñado por distintos movimientos sociales en la democratización del país y la conformación de la sociedad civil comenzó a ser resaltado (^{Villalobos Grzybowicz, 1997}; ^{Olvera, 1999}). En el mismo sentido se comenzó a cuestionar cuáles eran las principales formas de interacción del Estado ante los movimientos sociales y las distintas formas de protesta y organización social independiente (^{Brachet-Márquez, 2001}; ^{Tanaka, 2004}; ^{Favela Gavia, 2006}; ^{Estrada Saavedra, 2014}). En los estudios sobre protestas sociales en México de las últimas décadas del siglo pasado se le dio un gran peso analítico a la represión como respuesta estatal ante los movimientos sociales, dejando de lado, por ejemplo, el análisis de aquellas experiencias de acciones colectivas no-políticas (movimientos feministas, ambientales, entre otros) que operaron con esquemas de cooperación e intervención directa dentro de estructuras gubernamentales (^{Petras y Veltmeyer, 2011}); un ejemplo de esto son los procesos de lucha y democratización dentro de sindicatos (^{Estrada Saavedra, 2014}; ^{Zapata, 1993}).

En México el interés por analizar el funcionamiento del Estado se contextualiza dentro de una serie de coyunturas políticas, económicas e incluso de seguridad que en las últimas tres décadas han hecho necesario revisar distintos aspectos de esta institución-organización social; por ejemplo, crisis económicas y políticas, así como el surgimiento de un levantamiento social como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por otra parte, el crecimiento en las cifras de secuestro, homicidios, robos, así como la presencia de bandas delictivas, ha llevado a cuestionar si el Estado mexicano ha perdido su viabilidad frente al progresivo poder militar y territorial de estos grupos criminales. A este respecto podemos mencionar los trabajos de ^{Tilly (1985)} y ^{Wennmann (2013)}. Una tercera vía de discusión sobre el funcionamiento estatal lo produjo el nuevo papel mundial desempeñado por las organizaciones internacionales, así como los movimientos sociales que trascienden un territorio nacional (ambiental, feminista, derechos humanos, indígenas, entre otros) que gracias al uso de los nuevos medios de comunicación y la aparición de instancias legales, políticas y económicas internacionales tienen facultades que rebasan algunas dimensiones de la soberanía nacional (^{Arteaga Pérez y Brachet-Márquez, 2011}; y Velázquez, 2012). En el caso de México, estos retos al funcionamiento del Estado mexicano generaron investigaciones que buscaban explicar los mecanismos que daban cimiento al orden social generado desde la Revolución hasta la época actual. Por ejemplo: ^{Estrada Saavedra (2014)}, ^{Favela Gavia (2006)}, ^{Brachet-Márquez (2001)}, ^{Cornelius, Craig y Fox (1994)}, y ^{Joseph y Nugent (1994)}.

Las explicaciones sobre la relación del Estado mexicano con los movimientos sociales han centrado su interés en los mecanismos por medio de los cuales ambos actores interactúan en la búsqueda de sus objetivos (^{Estrada Saavedra, 2014}; y ^{Arteaga Pérez y Brachet-Márquez, 2011}, entre otros). Estos análisis parten de modelar el funcionamiento del Estado (mexicano) como autoritario y corporativo, donde las leyes, las políticas públicas y los partidos políticos son algunos de los puntos de contacto de ambos grupos (^{Favela Gavia, 2006}; ^{Brachet-Márquez, 2001}; ^{Slater, 1994}; ^{Harvey, 1990}; ^{Nuijten, 2003}). Estos estudios constituyen sin duda un avance; por ejemplo, el modelo de ^{Favela Gavia (2006)} sobre autoritarismo interactivo presenta algunos de los puntos fundamentales mediante los cuales el Estado mexicano y los movimientos buscan influir en su interacción: 1) la distribución del poder entre ramas y niveles de gobierno; 2) el sistema electoral y de partidos; 3) la estructura de representación de intereses; 4) la legislación e instituciones relacionadas con la vigencia y control de las protestas; 5) la disponibilidad de aliados; 6) los alineamientos electorales; 7) la cohesión de la élite y; 8) las estrategias predominantes para la resolución de conflictos (^{Favela Gavia, 2006: 29}). Sin embargo, teorías como la anteriormente mencionada utilizan un modelo de interacción que enfatiza las acciones (estatales) orientadas hacia el entorno al restarle peso analítico a las acciones internas que las distintas partes de una organización (en este caso las agencias del Estado) realizan entre sí. El tomar en cuenta las interacciones internas del Estado resulta fundamental pues los intereses, normativas, capacidades y recursos diferenciados de las organizaciones y del personal, producen divergencias considerables en el momento de la implementación de los programas y políticas gubernamentales. Estas disparidades en la operación sin duda son un rasgo importante que debe ser considerado por el Estado, tanto para su propia reproducción como para su interacción con otros. En este sentido, el funcionamiento al interior del Estado no sólo es importante por constituir canales abiertos o cerrados a la participación de actores externos (^{Favela Gavia, 2006}), sino por ser prácticas de poder que delimitan el conocimiento y los sujetos mismos que constituyen al aparato gubernamental (^{Foucault, 2004}). Esto resulta fundamental si reconocemos que el Estado mexicano postrevolucionario fue constituido a partir de un conjunto de organizaciones, en muchos casos poco integradas en sus formas de funcionamiento, y con liderazgos regionales y locales que ejercían una interpretación propia de las tareas y los lineamientos provenientes del centro. El Estado tuvo que construir una serie de pactos y formas de funcionamiento (internos y externos) para lograr su consolidación (^{Estrada Saavedra, 2014}; y ^{Brachet-Márquez, 2001}). El presente artículo busca analizar el siguiente argumento: el Estado mexicano requería de mecanismos que le permitieran conocer, documentar y re-encausar las distintas prácticas de sus propias agencias gubernamentales. El objetivo es explorar y mostrar la importancia que tenían los controles internos para el funcionamiento del Estado mexicano. Como dijimos, el caso de estudio es el Pacto Ribereño, una protesta social que tuvo lugar en las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado en el estado de Tabasco, México. Para realizar esta investigación se utilizaron tanto fuentes primarias como secundarias: el Archivo General de la Nación (los archivos de la Dirección Federal de Seguridad), artículos periodísticos, libros, artículos de investigaciones y publicaciones electrónicas.

Tecnologías del poder de los estados

En el libro que recoge el curso impartido por Michel Foucault en el Colegio de Francia (1977-1978) titulado Seguridad, territorio y población, este autor presenta una propuesta de análisis de los mecanismos creados para sostener y re-crear el poder en distintos ámbitos, principalmente en la operación de los Estados frente a un territorio y una población. En este material, Foucault enfatiza la evolución y transformación que ha tenido en el tiempo los distintos medios utilizados para la operación del poder. Este autor denomina a los aparatos contemporáneos para el ejercicio del control estatal como mecanismos de seguridad (^{Foucault, 2004}).

Aunque en el texto antes mencionado Foucault se concentra en analizar los mencionados mecanismos de seguridad, el autor recuerda la existencia y complementariedad de tres distintos conjuntos de instrumentos de control y ejercicio del poder: legal-jurídicos, disciplinarios y de seguridad. El funcionamiento de ellos se ha ido transformando a través de los siglos. Sin embargo, la preponderancia de uno de ellos no significa que los otros desaparezcan o no están presentes sino únicamente que se le concede a uno u otro un mayor peso relativo de operación. Para este autor los tres conjuntos de mecanismos antes mencionados (legal-jurídicos, disciplinarios y de seguridad) corresponden a distintas etapas del funcionamiento del poder gubernamental: arcaicos, antiguos y modernos (^{Foucault, 2004: 21}). El primero funcionaba a partir de códigos binarios de lo prohibido y lo permitido; la aplicación de castigos se producía sobre aquellos que infringían las reglas. En el segundo, además de existir el código binario aparece todo un conjunto de herramientas policiales, médicas, psicológicas para la vigilancia y control sobre los individuos, así como la construcción social de un sujeto (culpable) respecto al cual se operaban estos nuevos aparatos estatales (^{Foucault, 2004: 20}). En el tercero, los mecanismos de seguridad, los acontecimientos que afectan o beneficiarían a la población (en tanto individuos o grupo) serán tratados dentro de una estimación de probabilidad, no de un código binario. Esta estimación no sólo partirá de calcular con qué frecuencia se presenta cada acto, sino cuáles son los efectos positivos o negativos que tiene. De tal forma que la presencia de un suceso será considerada dentro de un continuo y no de una prohibición binaria; la interrupción de un suceso se produce cuando éste rebaza un límite donde ya no se puede permitir que las cosas transcurran (^{Foucault, 2004: 21}). En los códigos de seguridad se busca que la población y los objetos que están dentro de un territorio se conserven y desarrollen. En este sentido el orden generado no se basa en un esquema de soberano-súbdito (donde lo más importante es encontrar la absoluta obediencia) sino en permitir el contacto entre los distintos elementos de la realidad para su reproducción y crecimiento (^{Foucault, 2004}).

En esta nueva lógica de seguridad, los Estados desarrollan nuevos instrumentos, extienden las aéreas de intervención donde busca dirigir o influir y generan nuevas relaciones con la sociedad y los diferentes componentes del territorio (^{Foucault, 2004}; y ^{Krain, 2000}). El control sobre cada individuo es dirigido, también, hacia los procesos intrínsecos de la vida como el nacimiento, la enfermedad, la muerte. En este sentido, estas tecnológicas generan formas de intervenir o influir en todo fenómeno global emergente: midiéndolo, definiéndolo, calculando sus posibilidades, relaciones, regularidades y con ello, posibles formas de intervención. Los mecanismos de seguridad buscan controlar desde el poder a fin de conservar o lograr formas de equilibro y continuidad en diferentes procesos; las viejas técnicas legal-jurídicas y disciplinarias cobran un papel determinante dentro de las tecnologías de seguridad pues a través de ellas se busca excluir o neutralizar aquellos fenómenos que sean considerados como una anomalía en el funcionamiento normal de la sociedad (^{Foucault, 2004}; ²⁰⁰⁰).

Michel Foucault presenta cuatro mecanismos de seguridad: espacios de seguridad, el problema del acontecimiento (tratamiento aleatorio), las formas de normalización y el poder pastoral (^{Foucault, 2004}). En términos generales todos estos buscan corregir y prevenir fenómenos que antes eran considerados como trágicos (dado que producían un daño que no podía ser evitado) mediante el despliegue de acciones legales, de políticas públicas, pero también de recolección de información y sanción (^{Krain, 2000}; ^{Foucault, 2004}; ²⁰⁰⁰).

En este artículo nos centraremos en los segundos dispositivos mencionados por Foucault: las formas de normalización. En este conjunto de mecanismos de seguridad el conocimiento constituye un elemento fundamental para la reproducción del poder. Con ellos Foucault hacía referencia a los procedimientos (estatales) utilizados para enfrentar y conocer los fenómenos, lograr determinar cuál es su funcionamiento regular (normal) o bien los diferentes grados con los que se presenta el suceso. Contienen tres elementos fundamentales: 1) El caso. La normalización de un acontecimiento se construye por medio de su identificación, cuantificación y racionalización en sus incidencias individuales; éstas como parte de un colectivo de sucesos similares. Esta construcción del caso particular requiere entonces de la medición del hecho o acontecimiento (por ejemplo, respecto a una protesta social el Estado requiere conocer el número de integrantes, los grupos que apoyan dicha acción colectiva, cuáles son las principales demandas, las fuentes de financiamiento, cuál es la presencia de la protesta en los medios, etcétera) y su clasificación (procedencia ideológica, origen de los líderes, tipo de demandas, formas de protestar, etcétera). 2) El riesgo. Es necesario conocer y calcular la regularidad con la que el caso se presenta. Por ejemplo, cuál es la frecuencia con que se produce este tipo de movilizaciones en un año, lugares de mayor incidencia, grupos (organizaciones políticas, sociales o de otro tipo que participan regularmente, tipos de liderazgos más comunes, etcétera). Esto permitirá determinar cuáles son los factores que lo desencadenan (subida de precios, nuevos impuestos, brutalidad policial, etcétera), es decir, determinar los elementos de riesgo. 3) El peligro. No en todas las circunstancias, ni en todos los individuos o colectivos existe la misma posibilidad de que se presente el caso; es decir, existen elementos que propiciarán su aparición (o la retardarán); es decir el peligro ^{(Foucault, 2004: 79-82}).

La normalización como mecanismo de seguridad no busca generar un conocimiento heurístico, sino producir información que permita influir en el desarrollo de un caso dentro una normalidad considerada como óptima. Como hemos visto, para lograr esto es necesario poder calcular los posibles riesgos y peligros. En el funcionamiento de las herramientas estatales, la operación óptima (la normalización) no sólo significará el control externo de los acontecimientos -la población y el territorio-, sino la misma observación de los componentes legales, operativos y humanos de las instancias gubernamentales relacionadas. Es por ello que el control y el conocimiento necesarios para el ejercicio del poder estatal no requieren únicamente de la vigilancia de lo externo, sino el propio conocimiento de las prácticas internas del Estado. Como explicamos antes en las investigaciones sobre la operación estatal frente a los movimientos sociales, se tiende a enfatizar la operación hacia afuera (^{Brachet-Márquez, 2001}; ^{Nuijten, 2003}; ^{Tanaka, 2004}; ^{Favela Gavia, 2006}); yo propongo que lo interno resulta igual de importante para el análisis del Estado ante acciones colectivas de protesta. A partir de lo anterior a continuación presentaremos un conjunto específico de prácticas relacionadas con la normalización de los movimientos sociales y sus prácticas internas por parte del Estado en México.

Los servicios de inteligencia como un mecanismo de normalización de los movimientos sociales en México

Los dispositivos que le permiten a un Estado saber cuándo y cómo surgirán nuevos levantamientos populares son un punto crucial para su estabilidad (^{Brachet-Márquez, 2001}). Este fue el caso del Estado mexicano, mismo que había sufrido durante los primeros 50 años de existencia diversas guerras internas e invasiones. Durante el periodo del gobierno de Porfirio Díaz (1876-1911) el Estado mexicano buscó construir un conjunto de mecanismos (formas de normalización) que le permitieran conocer y calcular el caso, el riesgo y el peligro de las distintas revueltas o protestas (^{Katz, 1986}). En este sentido, Porfirio Díaz fue el precursor de varias de las formas de normalización que usarán los gobiernos mexicanos hasta la actualidad (^{Estrada Saavedra, 2014}). Díaz creó y perfeccionó una red de información y espionaje. Con ellos logro obtener información constante para conocer y responder a distintos tipos de rebelión (^{Katz, 1986}; ^{Navarro, 2010}). Los servicios de inteligencia no son sin duda los únicos mecanismos por medio de los cuales un gobierno puede conocer los sucesos relacionados con un movimiento social, una protesta o una rebelión. Sin embargo, en un ambiente político y cultural donde las autoridades operaban con muy bajos niveles de confianza hacia los distintos componentes del mismo gobierno (de instancias gubernamentales provenía un importante número de actos de rebeldía), la existencia de mecanismos que proporcionaran información de primera mano resultaba fundamental.

En este sentido, como lo demuestra el trabajo de Aarón ^{Navarro (2010)}, los servicios de inteligencia mexicana postrevolucionaria fueron creados con el objetivo de proporcionar datos fundamentales para el Estado mexicano en su búsqueda por consolidarse e imponerse dentro de un ambiente de alta inestabilidad como fueron los años posteriores a la lucha armada. Venustiano Carranza creó el Departamento Confidencial (DC) en 1918. En 1925 se denominó como la Oficina de Investigaciones Políticas y Sociales y, posteriormente, el Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS) en 1938 (^{Aguayo Quezada, 2001}). En sus primeras etapas, los servicios de inteligencia mexicanos eran dirigidos totalmente por militares, pues se pensaba que sus funciones eran demasiado delicadas para ser dejadas en manos de civiles (^{Navarro, 2010}).

Los servicios de inteligencia mexicanos tienen una negra historia de corrupción, abusos, torturas, desapariciones forzadas y nexos con grupos criminales. El trabajo pionero de Sergio Aguayo: la Charola, es fundamental para entender el funcionamiento de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) (^{Aguayo Quezada, 2001: 17}). La DFS fue creada en 1947 dentro del contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. Esto hizo que este grupo no funcionara únicamente como un grupo de inteligencia, sino de vigilancia y control de población (^{Navarro, 2010}; ^{Aguayo Quezada, 2001}). Aguayo demostró la institucionalización dentro de la DFS de prácticas como la desaparición de oponentes políticos y tortura. La actividad de los agentes de la DFS no respondía a una planeación sistemática sino a los intereses políticos y personales de sus superiores: “la agenda de seguridad se formaba con los enemigos del presidente. Entre los que estaban opositores y miembros de la familia revolucionaria, a quienes seguían y espiaban con el afán de descubrir los pecados que confirmaran sus negras intenciones...” (^{Aguayo Quezada, 2001: 92}).

Respecto al funcionamiento de la DFS y su participación en actos de tortura y desaparición de enemigos políticos, no es el propósito de este trabajo tratar de negar o cuestionar hechos totalmente. Sin embargo, como lo mostró Max ^{Weber (1922)}, ningún fenómeno social tiene una única perspectiva desde la cual puede ser analizado. La complejidad de la realidad nos obliga a recordar que organizaciones como la DFS tenía más de una dimensión para su análisis. Entonces, no es la intención aminorar o cuestionar la gravedad de lo hecho a la sociedad mexicana por los servicios de inteligencia; sin embargo, es importante establecer que dentro de los mecanismos que le permitían al Estado mexicano administrar su poder, la organización que mencionamos (DFS) desempeñó un rol importante: proporcionar información. Al igual que ^{Navarro (2010)}, considero que es necesaria una visión un poco más amplia del funcionamiento de los servicios de inteligencia, pues la única comprobación de parte “negra” de su operación no nos permite entender las distintas tareas que esta organización prestó al ejercicio y consolidación del Estado mexicano moderno. Para analizar esto, veremos la cobertura que la DFS hizo sobre un movimiento social: el Pacto Ribereño.

El Pacto Ribereño

Durante los últimos dos años del sexenio de Luis Echeverría (1979-1976) y en el periodo presidencial de José López Portillo (1976-1982), tuvo lugar una acción conflictiva orientada a la defensa colectiva y que dada la conservación de su expediente dentro del archivo de la Dirección Federal de Seguridad, representa un ejemplo notable en el uso de las estrategias gubernamentales para controlar y coartar a los movimientos ambientales: el llamado Pacto Ribereño. Es importante notar que esta acción colectiva no buscó generar un desafió a la “historiografía ideal” (^{Nuget y Alonso, 1994: 212}) de la relación entre el Estado mexicano benefactor y los ejidatarios. Esta protesta era el intento de un grupo de campesinos y ejidatarios por recuperar el respaldo estatal ante un hecho que consideraban una injusticia (^{Touraine, 1981}).

El Pacto Ribereño tuvo lugar dentro de uno de los estados (Tabasco) que reproducía algunos de los rasgos característicos del autoritarismo mexicano: 1) ser una entidad gobernada por cacicazgos locales y estatales controlados por un hombre fuerte; 2) la corrupción y uso discrecional del aparato judicial y legislativo estatal; 3) la búsqueda del dominio sobre las organizaciones políticas, sindicales y los medios de comunicación estatales; 4) la dependencia del sistema de cacicazgos estatales (incluido el gobernador) frente al poder federal (^{Martínez Assad, 1979}). El conflicto se desarrolló dentro del gobierno estatal de Leandro Rovirosa Wade (1977-1982), quien apoyó durante la mayor parte del conflicto a la compañía paraestatal y al gobierno federal. El gobierno de Tabasco utilizó distintas herramientas legales y extralegales contra los campesinos; por ejemplo, agentes del poder judicial del estado fueron señalados como responsables de disparar contra manifestantes pertenecientes al Pacto Ribereño (^{Cámara de Diputados, 1983}).

A mediados de la década de los setenta la explotación petrolera se convirtió, para el gobierno mexicano, en la principal herramienta para sacar a México de sus problemas financieros y generar el desarrollo deseado (^{Favela Gavia, 2006}). En otras palabras, el petróleo era uno de los pilares fundamentales para el mantenimiento del sistema político mexicano y su partido en el poder (^{Velázquez Guzmán, 1982}; y ^{Favela Gavia, 2006}). La importancia que tenía la explotación de este recurso hacía que las posibles protestas y movilizaciones sociales en su contra constituyeran un riesgo importante. Los campesinos y pobladores locales constituirían el principal peligro; dejar de explotar el petróleo no era en ningún caso una opción aceptable desde la óptica estatal que buscaba aprovechar, desde su visión, el territorio y sus recursos.

Con el inicio de la actividad extractiva fueron visibles los problemas de contaminación en las tierras y los cuerpos de agua, pero también en el aire por los gases liberados (^{Favela Gavia, 2006: 148-149}). Estos efectos secundarios de la actividad realizada por la compañía para estatal mexicana encargada de la explotación petrolera Petróleos de México (Pemex), generaron una ola de manifestaciones de descontento por parte de los pobladores que rodeaban a las zonas petroleras. En un primer momento los reclamos se realizaron por medio de demandas legales. En 1976 se formó el Pacto Ribereño con la representación de delegados procedentes de los distintos lugares afectados por la contaminación de Pemex. Según la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (IPS) de la Secretaría de Gobernación esta alianza entre campesinos tuvo en su origen un interés jurídico, pues buscaba concentrar a los inconformes con un mismo grupo de abogados, y con ello lograr una mayor indemnización por los daños causados por Pemex.¹ Sin embargo, las denuncias legales de los pobladores eran pospuestas y re-encauzadas con la “muralla de papel” gubernamental (^{Velázquez Guzmán, 1982}); es decir, la existencia de una compleja red de procedimientos jurídicos, trámites y oficinas burocráticas encargadas de atender, desde el centro, el funcionamiento de la empresa paraestatal (Pemex) y los posibles reclamos (^{Favela Gavia, 2006: 141}). Estos mecanismos de control no tenían como principal objetivo cerrar la posibilidad de la protesta, sino reencauzar éstas por los canales, tiempos y el control de las estructuras burocráticas y políticas del Estado mexicano. Como lo propone ^{Nuijten (2003)}, estos trámites generaban una dependencia y al mismo tiempo la esperanza de que el Estado resolvería los problemas; siempre y cuando se mantuviera la lealtad y la paciencia.

El mecanismo de la muralla de papel es el siguiente: los grupos que presentaban una demanda de indemnización, en este caso contra Pemex, tenían que acudir a una oficina de servicios administrativos específica; en muchas ocasiones localizada en la capital del país. Después de realizar un largo viaje los quejosos recibían un turno dentro de un largo y lento orden de atención que bien podía demorar días. Una vez atendidos, la dependencia les informaba de la existencia de un procedimiento que estipulaba que deberían ser los mismos agraviados quienes demostraran que efectivamente se estaba produciendo el daño. Adicionalmente los procedimientos eran diferenciados si el uso del terreno por parte de la paraestatal era parcial o total (^{Favela Gavia, 2006}). Esta evidencia de afectación estaba sujeta a un formato de informe técnico diseñado por Pemex que implicaba la realización de extensos, complicados, largos y costosos estudios que debían hacerse por expertos. En pocas ocasiones la presentación de las pruebas cumplía los criterios de la oficina burocrática, por lo que la protesta no prosperaba. En el caso del Pacto Ribereño, instancias como la Comisión Dictaminadora del Estado de Tabasco (CDET) consideraron inválidos los reclamos por daño.² Pero aun en aquellos casos en que se demostraba la afectación, iniciaba un nuevo y largo procedimiento. Esta vez, para demostrar la propiedad de la tierra donde se producía el daño, lo que incluía presentar, por ejemplo, la resolución presidencial original de constitución del ejido, el plano de dotación (también original), el censo ejidal en el momento del percance y los certificados de derecho agrarios. La lista de requisitos de esta naturaleza crecían y variaban entre cada una de las oficinas gubernamentales. La falta o parcialidad de alguno de los documentos bastaban para mandar el caso a una nueva lista de pendientes nunca resueltos (^{Velázquez Guzmán, 1982}; ^{Favela Gavia, 2006}; ^{Velázquez García, 2010}).

La probabilidad de que estas demandas prosperaran era baja si consideramos, tal como lo muestra Favela (2002), las herramientas legales que el Estado mexicano había construido para favorecer y proteger la producción petrolera. Primero, convirtiéndola en una actividad exclusiva de competencia federal (sólo Pemex podía realizar la actividad en territorio mexicano). Dos, la generación de un ordenamiento de políticas públicas que hizo de esta industria una prioridad nacional por encima de cualquier otra. Tres, una reglamentación que permitía a Pemex utilizar y expropiar cualquier tierra para su actividad sin que esto constituyera un acto ilegal (^{Favela Gavia, 2006: 129}). Otro conjunto de herramientas estatales fundamentales eran las mismas organizaciones campesinas controladas desde el Estado mexicano (Confederación Nacional Campesina), mismas que fueron concebidas como “un instrumento de pacificación política...” (^{Favela Gavia, 2006: 145}) de aquellos grupos que protestaran contra decisiones de política.

Ante esta limitación en sus recursos para la protesta, el Pacto Ribereño utilizó distintos medios extra legales, como la toma de instalaciones gubernamentales, marchas, pero también las ya mencionadas instancias legales (demandas y peticiones de indemnización). Por su parte, el gobierno local, estatal y federal desplegó formas de presión, coacción y represión tanto a individuados aislados (líderes, miembros del movimiento, familiares o simpatizantes) como sobre toda persona involucrada en la protesta. Finalmente el día 11 de marzo de 1983 la DFS registró que se realizó el pago de las indemnizaciones. El evento fue realizado en instalaciones de la CNS, con la presencia de 100 campesinos de diferentes ejidos. En el evento estuvieron presentes representantes de Pemex que atestiguaron la entrega en los últimos cinco días de una cantidad total de 3 784 459.18 pesos.³

Formas de normalización del Pacto Ribereño

La Secretaría de Gobierno por medio de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales dio seguimiento al desarrollo del Pacto Ribereño. Para ello, esta agencia generó un conjunto de informes cotidianos y generales (^{Navarro, 2010}). Estos documentos buscaban: 1) proporcionar elementos que explicaran el origen del movimiento y permitieran identificar a los actores principales (tanto del lado de la protesta como por los distintos órganos de gobierno); 2) documentar las actividades de los manifestantes (reuniones, formas de protesta, consignas);⁴3) conocer los lazos que el movimiento podría establecer con otras organizaciones;⁵4) estar enterado de las acciones y respuestas de los representantes del gobierno a sus distintos niveles frente a los manifestantes;⁶5) detallar los procesos jurídicos y administrativos en proceso y; 6) ubicar políticamente a los oponentes.⁷En este artículo no se desarrollarán los dos últimos puntos mencionados por razones de espacio, pero todos los anteriores fueron parte del seguimiento de la DFS al Pacto Ribereño.

Proporcionar elementos que explicaran el origen del movimiento y su dirigencia

En el caso del Pacto Ribereño, existen al menos dos informes que daban elementos para entender las razones que originaron esta protesta. Es importante resaltar que dichos mensajes muestran una similitud muy grande con las explicaciones generadas desde la academia sobre esta acción colectiva, por ejemplo ^{Velázquez Guzmán (1982)} o ^{Favela Gavia (2006)}. Sin embargo, los documentos de la DFS proporcionan datos no conocidos sobre conflictos internos, o actos de corrupción dentro del mismo gobierno. Respecto a esto último, los informes demuestran que la autoridad central sabía con toda precisión que era la falta de atención por parte del gobierno estatal, municipal, las organizaciones obreras y campesinas de Tabasco y de Pemex lo que originó esta protesta:

Los ejidatarios y los pequeños propietarios, hicieron innumerables gestiones, ante los Superintendentes locales y Jefes del Servicio de aquel entonces en los Distritos Petroleros de Agua Dulce y Comalcalco, así como en la Jefatura de la Zona Sur en Coatzacoalcos, Ver., sin obtener ninguna respuesta favorable a sus demandas [...] Posteriormente buscaron el apoyo de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado, pero sus demandas no fueron resueltas, fue entonces cuando sus abogados relacionados con autoridades ejidales o pequeños propietarios les ofrecieron llevar adelante los trámites ante la empresa, quedando como sus representantes legales, por medio de un convenio. Con esta alianza entre abogados y campesinos se inicia una nueva fase en la que se formulan las demandas a la empresa y a la federación, unificándose ejidatarios, pequeños propietarios y avecindados en el grupo denominado “Pacto Ribereño”, que sienta las bases de una impugnación abierta...⁸

Como dijimos, la información proporcionada por la DFS buscaba conocer el caso: el tipo de liderazgos que encabezaban este conflicto social, las razones de su involucramiento, sus formas de pensar y sus metas. En el documento “Antecedentes del ‘Pacto Ribereño’ del Estado de Tabasco” la DFS investigó a uno de los abogados principales del movimiento (José Arturo Acosta Vega). En dicho documento se relata que esta persona cambió su domicilio de la Ciudad de México al municipio de Comalcalo, Tabasco, por su involucramiento sentimental con una mujer (Aurestilla Arce), quien se acota, se dedicaba a “la vida galante”, es decir la prostitución. Acosta Vega, al conocer los montos de las indemnizaciones que el gobierno había ofrecido a los campesinos por los daños causados por Pemex, les explicó que podían solicitar una cantidad mayor. Según el informe de la dfs, José Arturo Acosta Vega negoció recibir -por parte de los campesinos- hasta 40% del monto de las indemnizaciones. En varias ocasiones Acosta pidió a los campesinos diversos montos de dinero para seguir con el juicio. Esto significaba, desde la perspectiva del redactor del informe, que dicho abogado no estaba con el Pacto Ribereño por compartir su causa sino por un interés económico.⁹

El documento antes mencionado de la DFS, al generar información sobre las razones personales del involucramiento de este representante del Pacto Ribereño produce soluciones contingentes. En este caso, el interés económico del abogado lo haría una persona susceptible de acuerdos a espaldas de sus representados, tal como ocurrió; Acosta Vega logró un acuerdo con el gobierno, que favoreció a un grupo de campesinos y a él mismo. En un informe la DFS documenta que la persona antes mencionada cobró 4 millones de pesos que repartió entre los campesinos Ramón Juárez (ranchería Paraestatal), Maurilio López Cruz (Ejido Lázaro Cárdenas de Comalcalo), Ramón Reyes Osorio (Galeana), Inocente Trinidad García e Isabel de la Rosa Juárez (Aquiles Serdán) y un grupo de representantes no identificados del Ejido Trujillo de García.¹⁰ Como menciona ^{Nuijten (2003)} las formas en que son ejercitados los cacicazgos pero también los liderazgos sociales son variadas y contingentes en México. La información sobre el tipo de liderazgos que encabezaban una movilización es fundamental para saber qué herramientas estatales son necesarias para reencauzar una protesta o terminarla, en este caso las de cooptación.

El acuerdo del abogado Acosta Vega con representantes del gobierno generó un conflicto interno en el Pacto Ribereño y un alargamiento de las protestas. En una entrevista realizada a Eulogio Méndez Pérez (uno de los líderes de esta protesta) se le preguntó:

P. Teníamos conocimiento que tenía programada una manifestación para el día de ayer, consistente en bloquear carreteras y bloquear instalaciones de Pemex, ¿Por qué no se llevó a cabo? [...]

R. Yo no tenía ningún pensamiento de bloquear carreteras, ni de realizar un mitin agresivo, sólo el único fin que tenía era manifestar agradecimiento al gobierno federal, el propio del Estado, a los Presidentes Municipales, de que se cumplió un convenio de 60 días [...] donde Pemex se comprometió a través del Lic. HUMBERTO MORALES, a abrir las investigaciones en contra de Lic. Acosta, quien era asesor del Pacto Ribereño, quien fue el que cometió el fraude [...]

P. A cuánto asciende el fraude que le cometió el Lic. ACOSTA? [...]

R. Según tengo mis documentos a 4 mil millones de pesos...

P. Entonces eso quiere decir, que Pemex, ya le había liquidado al Lic. Acosta?

[…]

R. Le habían liquidado, pero indebidamente se volvieron a quedar el dinero, engañándonos a nosotros […]

P. Por eso el dinero se le entregó al Lic. Acosta, o fue simulado? [...]

R. Se le entregó, pero no llegó a manos de nuestros campesinos [...] (el Lic. Acosta) era un recepcionista legal, como Asesor Jurídico, porque así lo estipula la ley, pero solamente para demandas y transacciones, pero no para que tomara el dinero, entonces, solamente fue un simulacro [...] él indebidamente se apoderó de todo y de 1980 para aca (sic) empezó a engañarnos y traernos de aquí para alla (sic) y solamente con puras mentiras y mañas hasta el año de 1982, que ya rebase y le reclamé su mal proceder y fue cuando lo descubrí, de que ya había cometido el fraude...¹¹

Documentar las actividades de los manifestantes

Como explicamos, para la construcción del caso y el riesgo dentro de los mecanismos de normalización resulta fundamental conocer y cuantificar el fenómeno, por ejemplo el número de gente que participaba en las reuniones, la frecuencia con que éstas se producían y el tipo de consignas que lanzaban. Diversos reportes de la DFS hacen una puntual descripción de los participantes, líderes, número de personas reunidas y sus principales demandas. La veracidad de esta información resultaba clave pues con ello se generarían las estrategias generales de acción. El día 22 de julio de 1979 la DFS realizaba el siguiente resumen sobre una reunión de integrantes del Pacto Ribereño: “Hoy de las 11:00 a las 13:00 horas, en el ejido ‘El Golpe’ de este Municipio, se llevó a cabo una reunión a la que asistieron 90 campesinos del Pacto Ribereño (campesinos afectados por PEMEX) encabezados por ISAAC DE LA CRUZ ARÉVALO, GALILEO HERNÁNDEZ, LETICIA MORALES VDA. DE CARAVEO, ROMÁN JUÁREZ e INOCENTE TRINIDAD, los cuales protestaron en contra de Petróleos Mexicanos por la obstaculización del pago de sus indemnizaciones correspondientes...”¹²

En otro reporte se describe: “El grupo de 300 campesinos de los ejidos de Palo Mulato, Pico de Oro, Zapotal, Ogarrio, Huapacal y La Ceiba, encabezados por Manuel Hidalgo Correa continuaban obstaculizando el acceso a la zona de perforación de Petróleos Mexicanos y en posesión de maquinaria propiedad de esta empresa y de PROTEXA, exigiendo la indemnización por daños ocasionados a sus tierras y siembras [...] se hace notar que dichas reclamaciones por parte de los ejidatarios ha sido frecuente pero algunos periódicos han publicado artículos ‘sensacionalistas’ sobre el particular...”¹³

En uno de los momentos más álgidos de esta protesta (marzo de 1983), la DFS tenía conocimiento sobre cuáles serían las medidas de presión que el movimiento tomaría si, pasado el plazo establecido, la autoridad no pagaba las indemnizaciones reclamadas: “...no van a tomar las instalaciones de Pemex en Lázaro Cárdenas de Comalcalco, Tab., como la vez pasada; porque tienen conocimiento que elementos del Ejército estarán resguardando estas instalaciones [...] que en esta ocasión cerrarán los pasos de acceso a las áreas de Pemex...”.¹⁴

Conocer los lazos que el movimiento logrará establecer con otras organizaciones

Otra actividad generalmente reportada eran las posibles alianzas que el Pacto Ribereño pudiera establecer y que pudieran resultar peligrosas. Las reuniones de políticos opositores al PRI con miembros del Pacto Ribereño eran objeto de una constante vigilancia. El registro de la reunión de un excandidato por el Partido Acción Nacional para diputado local por el municipio de Cunduacán, Víctor Sol Casao, con 15 campesinos del municipio del ejido de “Dos Ceibas”. El reporte hace un resumen de las opiniones del excandidato cuando los campesinos relataron que fueron presionados por sus representantes legales para recibir pequeños montos de dinero como indemnización. Ante esto la respuesta del panista fue la siguiente según la DFS: “el Lic. VÍCTOR SOL CASAO indicó que había que ser muy bruto para no entender en qué país se vive y que los campesinos deben ser los primeros fusilados porque nunca han pensado en la liberación nacional; que el PAN ha vivido haciendo llamados a la conciencia política de los pueblos de México, para que no se dejen engatusar por la demagogia de los priístas y que, sin embargo, la respuesta siempre ha sido negativa; que en este caso, él no podía decir más que los campesinos deben tomar los machetes y hacer respetar sus derechos y que corran a sus líderes, porque son flojos que medran a costa del verdadero trabajador [...] Se hace notar que sobre la orientación que solicitaron dichos campesinos, el Lic. SOL CASAO no mencionó nada al respecto...”.¹⁵

En un informe se reporta la reunión de campesinos con el presidente de la República y su interés por seguir tratando directamente con él su problemática: “El Delegado del Ejido Aquiles Serdán, SEBASTIÁN ALOR DE LA CRUZ informó que existe un pacto ribereño, elaborado en Uruapan, Mich., entre el Presidente de la República, Lic. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ y los 27 ejidos del Estado de Tabasco, en el que se estipulan sus peticiones [...] se hace notar que en la madrugada del día de hoy, salieron de esta ciudad aproximadamente 200 campesinos de los Campos Otates y Ogarrios, con destino a Villahermosa, Tab. a fin de entrevistarse con el Presidente de la República y exponerle el citado problema...”.¹⁶

Otra reunión reportada se produjo entre el dirigente del Comité Estatal del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Aurelio Cordero Aquino y miembros de su partido. En la reunión -realizada el 8 de marzo de 1983-, el dirigente partidista informaba a sus correligionarios de una plática que él mismo había tenido con los campesinos del Pacto Ribereño un día antes. En la reunión, según la versión de la DFS, los campesinos resumieron la manera en que fueron estafados por José Arturo Acosta Vega con la complicidad de funcionarios federales y de Pemex. Los campesinos se dijeron dispuestos a defender sus derechos y seguir una tradición de lucha de la gente de esta zona del país: “ellos están dispuestos a defender sus derechos y que harán honor a su calidad de Chontalpanenses, descendientes de Gregorio Méndez y Andrés Sánchez Magallanes, héroes que defendieron a Tabasco de los soldados franceses [...] en vista de lo anterior el PMT ha ofrecido ayuda moral a los campesinos, porque considera que el gobierno y la empresa, están coludidos, perjudicando los derechos de los ejidatarios afectados, incitándolos a tomar decisiones más peligrosas [...] no hay que desaprovechar la oportunidad de orientar a estos campesinos, porque podrían ser el día de mañana, el núcleo más importante en contra de la corrupción...”.¹⁷

Los posibles contactos del Pacto Ribereño que resultan un peligro eran reportados por la DFS. En la información encontrada existen dos discursos de Eulogio Méndez Pérez donde él habló de contactos con grupos norteamericanos que le ofrecen armas para continuar su lucha. En un posterior discurso del mismo dirigente, éste dijo que tenía contacto con Fidel Castro Ruz (dirigente de Cuba) y que éste estaba dispuesto a proporcionarle armas en caso de que Pemex no cumpliera sus promesas: “Eulogio Méndez Pérez [...] dijo que [...] si a las 00:01 horas del día de (palabras borradas) del actual no le cumplían con lo pactado, iba a lanzar a la ‘perrada’ y a tomar medidas drásticas, para que supieran las autoridades quien es Eulogio Méndez Pérez, porque a él lo apoya Fidel Castro Ruz, el que le podía proporcionar armamento, para hacer un levantamiento, pero que por lo pronto podía tomar el Palacio Municipal de Comalcalco...”.¹⁸

Conocer las acciones y respuestas de los representantes del gobierno a sus distintos niveles frente a los manifestantes

Como dijimos antes, los mecanismos estatales no buscan únicamente prohibir sino regular y conocer el caso. En relación con el Pacto Ribereño, la autoridad central no sólo tenía interés en conocer y ordenar la acción de los campesinos, sino de las mismas autoridades que estaban involucradas para poder determinar las posibles zonas internas de riesgo; no sólo por mal funcionamiento, sino por aquellas formas de operación alejadas de los intereses del gobierno central. En los documentos del fondo de Investigaciones Políticas y Sociales es significativo el puntual seguimiento que se da a la acción de toda agencia gubernamental involucrada con la protesta, incluyéndose nombre y dependencia de las personas responsables de generar o cumplimentar cada decisión. Por ejemplo, respecto al pago de las indemnizaciones un informe resume lo siguiente: “el 27 de octubre de 1981, se inició la Operación ‘Pacto Ribereño’, interviniendo el Lic. ARTURO ACOSTA VEGA¹⁹ y equipo técnico de apoyo de la Procuraduría General de la República: Ing. Luis Pallas Ruiz, Coordinador técnico de la Operación, sancionada por el Lic. JOSÉ PIEDAD SILVA ARROYO [...] atendiendo un total de 1 367 reclamaciones, de las que resultaron procedentes 260 e improcedentes 1 107. A 56 pequeños propietarios les fueron pagadas la cantidad de $4 691 477.73 y a 204 ejidatarios $8590009.22, lo que el pago total suma $12750486.95...”.²⁰ Como dijimos, la DFS informó del pago a José Arturo Acosta Vega por 4 millones de pesos.²¹ Esta primera indemnización estatal no llegó a la mayoría de los integrantes del Pacto Ribereño sino sólo a los representados por este abogado. Incluso la DFS documentó el hecho de que el mismo abogado llegó a un acuerdo con autoridades federales y escapó de Tabasco con la mayor parte del dinero.²² Como podemos ver por lo anterior, esta actividad de vigilancia sobre los actos de dependencias gubernamentales por parte de la DFS no necesariamente significaba la corrección de actos que podrían constituir faltas, simplemente buscaba dejar constancia de ello. Otro ejemplo es un informe de la DFS sobre el pago de las indemnizaciones y donde se deja constancia de que existe un descontento entre los campesinos por los bajos montos del dinero con el que están siendo pagados los daños sufridos en sus tierras. El informe reconoce que estos montos no corresponden con la cantidad legalmente estipulada: “Cabe señalar que el cheque de que se trata en lugar de los 5 mil pesos cantidad por el que fue expedido, debería de haber sido por la cantidad de 66 mil pesos como pago correspondiente a 33% de sus hectáreas afectadas...”.²³

En los documentos de la DFS existen varias entrevistas donde Eulogio Méndez Pérez (líder del Pacto Ribereño) manifestó haber sido objeto de intentos de soborno: “llegaron los representantes del gobierno a intentar de sobornarnos, un representante del Lic. BARTLETT, muy discretamente me ofreció $7000000 y a mi secretario lo que pidiera, por abandonar el movimiento, no expresándolo abiertamente, pero al buen entendedor, pocas palabras...”.²⁴ Sin embargo, es necesario mencionar que un informe de la DFS señala que el líder del movimiento, Eulogio Méndez Pérez, recibió la protección de dos militares, el subteniente Miguel Ángel Jiménez y el sargento segundo Martín Guillén. Éstos habían sido comisionados por el coronel de infantería Ricardo Solares Sánchez y el general de brigada Mario Murillo Morales. Estos militares no sólo prestaban protección al dirigente sino que permitían al ejército estar directamente informado sobre la situación.²⁵

En este mismo sentido los registros encontrados en el Archivo General de la Nación consignan también un seguimiento a las reuniones intergubernamentales, esto permitía a la federación saber si se daba cumplimiento a las decisiones tomadas.²⁶ Por ejemplo, se controlaba y reportaba si Pemex estaba resolviendo el tema del Pacto Ribereño siguiendo los acuerdos tomados con la presidencia de la República.²⁷ En otras palabras la vigilancia no era únicamente un mecanismo de represión, sino de autorregulación y vigilancia interna.

Conclusiones

Los instrumentos y las formas con los que el Estado mexicano ha respondido a los movimientos o protesta sociales es cambiante, diversificada y con múltiples propósitos. Cambiante, porque el Estado va generando adecuaciones legales o de operación de sus distintas agencias a partir de lo sucedido con una protesta; diversificada porque los tipos de instrumentos y agencias involucrados en la respuesta gubernamental depende de los escenarios que el Estado preveían dependiendo del desarrollo de cada protesta y con múltiples propósitos porque no sólo buscaban el control de la protesta sino reforzar, por ejemplo, los controles federales sobre los grupos políticos estatales.

El presente trabajo corrobora el papel central que tiene el conocimiento para la operación de los mecanismos de poder. En el caso de los instrumentos estatales, este saber no puede ser únicamente de lo externo (la población y el territorio), sino del mismo aparato gubernamental pues ambos elementos son susceptibles de la observación y control. En el caso de la relación del Estado con una protesta social, está saber de lo externo y lo interno resultarán claves para permitir que el estado logre conservar su legitimidad y logre mantener su discurso ideológico como el predominante (^{Nuijten, 2003}).

Dentro de lógica de los mecanismos de seguridad de Foucault, que buscan el control y redirección de los acontecimientos sociales, el contar con información certera e inmediata, no sólo de lo hecho por los grupos que protestan sino de los actos de las autoridades locales, estatales y dependencias federales, resultaba indispensable. En este sentido, los órganos de inteligencia, concretamente la Dirección Federal de Seguridad, fue una herramienta fundamental para la construcción y consolidación del moderno Estado mexicano. Una de las conclusiones más significativas de este trabajo es que los servicios de inteligencia mexicana (la DFS) no tuvieron como objetivo únicamente la represión (aunque sin duda desempeñó un importante y doloroso papel en esta materia durante la última parte del siglo pasado), sino dotar de información al Ejecutivo sobre los actos de las dependencias propias (otros niveles o dependencias gubernamentales) y las organizaciones externas (las organizaciones independientes y los opositores políticos) durante el desarrollo de una protesta. Como vimos, durante el Pacto Ribereño los reportes de la DFS detallaron la forma en que eran llevadas a cabo o no las acciones comandadas desde la federación, así como los malos manejos de las autoridades. En este sentido, el presente estudio resulta un complemento a trabajos como el de Sergio Aguayo, La Charola, que presentó una faceta y una época en la operación de la DFS, plagada de corrupción, falta de preparación y enfocada a la represión y tortura de los enemigos políticos del gobierno, e incluso involucrada en el desarrollo de actividades ilícitas como el narcotráfico (^{Aguayo Quezada, 2001}). Sin lugar a duda, este tipo de problemas estuvieron presentes en el funcionamiento de la DFS; sin embargo, en el caso del Pacto Ribereño, la visión presentada por Sergio Aguayo sobre la función prioritaria de esta organización (la represión) y su forma de operar (ineficiente) resulta limitada. En el caso analizado, la DFS se muestra como una aceptablemente eficiente y operativa organización capaz de infiltrar y conocer las principales características y debilidades del movimiento social, pero también de los órganos de gobierno que por negligencia o por corrupción se negaban a restituir a un grupo de particulares por un daño evidente causado por Pemex.