a. Revolución Mexicana a la Chiapaneca

Al igual que en otras partes del país, Chiapas fue un espacio en el que los grupos de fuerza nacionales latentes durante la Revolución Mexicana se vieron replicados, pero con fuertes expresiones regionalistas surgidas en el aislamiento geográfico del estado que dificultaba su control por el poder central (^{Reyes Ramos, 1992}; ^{Gómez Martínez, 2016}).

El primer levantamiento “revolucionario” en Chiapas sucedió en marzo de 1911 con el triunfo de Madero. Un grupo de empresarios sancristobalenses, opositores a la iniciativa de abolir el sistema de mozos por endeudamiento, buscó enfrentar al Gobierno del Estado en Tuxtla Gutiérrez¹¹. Más tarde, aprovecharon la coyuntura de la revolución en 1914, pero no fue una lucha entre campesinos y terratenientes sino entre élites regionales (^{Benjamin, 1989}; ^{Reyes Ramos, 1992}).

Las fuerzas carrancistas llegaron meses después del segundo intento de ataque al gobierno central en Tuxtla para poner al general Jesús Agustín Castro quien, con acuerdo a las disposiciones legales de Carranza, promulgó la Ley de liberación de mozos o Ley de obreros el 30 de octubre de 1914. El decreto generó una guerra de casi seis años entre el ejército Constitucionalista y el gobernador Castro, por una parte, y un ejército formado por hacendados y finqueros por la otra, este último conocido como los mapaches (^{Reyes Ramos 1992}; ^{Gómez Martínez, 2016}).

A nivel nacional Carranza sentó las bases para el ciclo del agrarismo, el seis de enero de 1916 emitió el Artículo 3° que declara nulas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, y que pasaron a manos de privados a través de compañías deslindadoras amparadas en la ley de baldíos del 25 de junio de 1856. Acto seguido, en abril del mismo año los zapatistas irrumpieron en los alrededores de Tuxtla Gutiérrez con una brigada a cargo del General Rafael Cal y Mayor (^{Gómez Martínez, 2016}) sin lograr respuesta campesina y en 1922 depusieron armas (^{Benjamin, 1989}; ^{Reyes Ramos, 1992}).

El lento avance de los ideales agraristas en Chiapas, y el fuerte dominio de finqueros y hacendados, mantuvo a resguardo a los finqueros con propiedades en la vertiente del Grijalva de la SMCh por casi treinta años después del levantamiento armado a nivel nacional. Al parecer, los logros del Partido Socialista Chiapaneco¹² (PSCh) en 1922 en el Soconusco fueron la primera preocupación en ese grupo de terratenientes. Pero no fue sino hasta los años cuarenta, después del periodo de Lázaro Cárdenas (1934 a 1940), en el que se aplicaría realmente la constitución de 1917, debido a las medidas tomadas para evitar dentro de sus dominios la irrupción del agrarismo y su figura principal: el ejido.

El reparto de la tierra en Chiapas transcurrió también con lentitud, debido a la continua presencia de gobernadores favorables a los grandes finqueros, así como del grupo de choque de los mapaches. Y lejos de lo que se podría haber esperado, la primera ley agraria que se publicó en Chiapas en 1921 restauraba los privilegios de los terratenientes (^{Gómez Martínez, 2016}).

El fin de la Revolución Mexicana en Chiapas quedó marcado con la muerte de Carlos Vidal del PSCh. Al parecer, ese periodo sólo fue una coyuntura útil para librar luchas de otra índole entre los grupos de poder existentes. Los peones permanecieron como un grupo social subalterno que no demandó justicia distributiva.

b. De peones acasillados a “rancheros-campesinos”: el reparto dirigido y el nacimiento de los nacionaleros

b.1. Ni ejidatarios, ni propietarios: nacionaleros

En el caso de los peones y baldíos de las fincas de la vertiente del Grijalva de la SMCh, estos últimos eran campesinos que tenían la obligación de proporcionar una renta en trabajo o en especie al dueño de las tierras que ocupaban (^{Villafuerte et al. 1999, p. 71}), mismos que terminarían apropiándose de los terrenos baldíos¹³ localizados en las partes más altas de la sierra como un efecto de la consolidación de la política agrarista en el Estado, más que como un acto revolucionario per se.

Entre 1920 y 1970 los finqueros y rancheros repartieron entre sus trabajadores las áreas de montaña más alejadas e inaccesibles, que eran presuntos terrenos nacionales¹⁴. En la subregión Cuxtepeques y la Frailesca los finqueros repartieron la tierra para crear un cinturón de seguridad frente a los nuevos ejidos¹⁵ y para solventar las disposiciones de la constitución de 1917 sobre las demasías y extensión de las propiedades¹⁶.

Las fincas patrocinaron la colonización de los terrenos baldíos aledaños a sus propiedades en distintos niveles. Los peones de confianza formaron el cerco de seguridad alrededor de las fincas y el título de propiedad y los gastos de tramitación corrieron a cargo de los finqueros. Algunos entrevistados aseguran que no pagaron posteriormente por las fracciones de tierra, pero hubo otros casos en los que afirman lo contrario (ver ^{Paz Paredes, 2009}).

Por otro lado, los peones que ocuparon los terrenos más pegados a filos y a cañadas recibieron préstamos en efectivo y en especie, que pagarían después con café,

Le digo [nacionalera a su esposo], vete hablar con Don Martín si nos da maíz, nos da frijol, azúcar y sal le digo, como quiera se compra unos dos kilos, tres kilos y se lleva, pero principalmente esas cosas que queremos más. Dile que cuando saquemo’ el poquito de café le vamo’ entregar a él (Nacionalera, comunicación personal, 23 de septiembre de 2016).

Entonces, la redistribución de la tierra, correspondiente al Estado, fue asumida por los terratenientes de esas zonas. La coyuntura generada por el temor a los ejidos condujo a un proyecto de cerco agrario y de expansión de los cafetales a las áreas más inaccesibles. Por su parte, los rancheros de las partes bajas de la sierra que colinda con los llanos ocultaron el estatus de terrenos baldíos: extensiones importantes de lomeríos suaves y planadas que declaraban como propias ante peones de ranchos y fincas.

Los llamados nacionaleros fueron la segunda oleada de colonos en la vertiente del Grijalva de la SMCh y surgieron en el calor de la formación del Estado agrario como posesionarios asentados en tierras abruptas y poco aprovechables para el cultivo de milpa. En su calidad de peones, estos colonos mantenían redes de relaciones limitadas con autoridades de cualquier nivel y recursos económicos insuficientes para solventar viajes frecuentes a la capital del estado, mucho menos a la ciudad de México.

Algunos caporales de la finca Custepeques, acostumbrados a realizar encargos de los patrones ante espacios de la administración pública, brindaron orientación a algunos grupos de peones para la realización de trámites agrarios. Eso permitió que se realizaran un número importante de solicitudes a partir de 1940, que en su mayoría no fueron resueltas por ninguna administración, ni federal ni local, de la Reforma Agraria.

Más allá de las complicaciones burocráticas, la posesión de una fracción de tierra hizo que esos peones dejaran de considerarse sólo una herramienta más en la finca o en el rancho, dejaban de ser baldíos, como relata una nacionalera extrabajadora de la finca Custepeques, “Pero mira ¿Qué hacemos aquí de baldío?, le digo, sólo pa’ que coma la gente pa’ la que trabajamos, mejor allá en nuestro ranchito” (Nacionalera, comunicación personal, 23 de septiembre de 2016).

Esa posesión los hacía libres, los hacía “campesinos rancheros”, les permitía aspirar a establecer una relación activa con el Estado y a transitar de individuos a actores a través de la soberanía que pretendían establecer al tener una propiedad. Ya que, desde su fundación y hasta casi finales del siglo XX, como resultado del sistema de mozos que establecieron, las fincas llenaron el vacío de un Estado lejano con el que sólo se relacionaban los finqueros. A fines de 1990, las fincas decidieron retirar su tutorado por la crisis en los precios del café, por fenómenos naturales como huracanes y plagas, así como por una estructura social menos ventajosa en la que sus peones de planta ya no eran dependientes al 100% de ellos¹⁷.

El Estado al que apelaban estos posesionarios edificó su política agraria sobre el ejido. No hubo acuerdos oficiales con los solicitantes de terrenos nacionales que aspiraban a tener una propiedad privada en la vertiente del Grijalva en la SMCh. Los trámites individuales no permitieron generar una fuerza colectiva, además de las dificultades para su seguimiento por la falta de conocimiento con respecto a las gestiones. De acuerdo con testimonios de algunos nacionaleros, había que llevar dinero para los pasajes, para la comida y para comprarle un regalo a la secretaria de la Secretaría de Reforma Agraria (SRA) en Tuxtla, todo para que les diera noticias de su trámite. La burocracia, la falta de recursos económicos y la “cultura política” a la mexicana fueron elementos que entorpecieron los procesos.

El apoyo brindado por los finqueros para los trámites agrarios señalado líneas arriba, se limitó a su gente de confianza y a titular la tierra más cercana alrededor de la finca para cumplir con el objetivo de protegerla de invasiones por solicitantes de ejidos. Así, los solicitantes de estos terrenos nacionales no representaban una masa crítica a priorizar para el gobierno y, además, las tierras solicitadas eran tan lejanas de las fincas, que ya tampoco representaban motivo de interés para esos actores. El resultado: ni ejidatarios, ni propietarios, sino nacionaleros.

b.2. Rancheros campesinos: la apropiación del territorio

Este subapartado reconstruye el espacio vivido (Lefebvre, 1994) de los nacionaleros a partir de tres dimensiones de apropiación (^{Márquez Rosano, 2002, p. 33}): la subjetiva, la abstracta y la concreta. Posteriormente, se explica la categoría social de “ranchero campesino” a la que aluden los propios nacionaleros cuando se les pregunta cómo se identifican ellos mismos. Desde la visión de ^{Barragán et al. (1994)}, esta autodefinición se aborda como un “segmento sociocultural singular”, que se objetiva a través de sus códigos identitarios en torno al “rancho” (^{Di Méo, 2004}).

A. Dimensión subjetiva

Los nacionaleros del caso de análisis son descendientes de familias que provenían de las etnias tzotzil y tzeltal, organizadas en comunidades donde la naturaleza tenía un carácter activo, la tierra era proveedora, protectora y aleccionadora como lo podría ser una madre. En sus sitios de origen “hacían milpa”¹⁸ bajo una lógica de autoconsumo, y se dedicaban a la crianza de ganado menor y aves domésticas como base de su reproducción social. Ese saber hacer constituyó un recurso para la supervivencia cuando no pudieron comprar su tierra, despojada por la política agraria Rabasista en 1892.

De acuerdo con información de campo, los primeros nacionaleros del estudio de caso trabajaron entre 1900 y 1913 como mano de obra en los ranchos de Los Altos y de los Valles Centrales, donde algunos de ellos llegaron cuando eran niños. Ahí aprendieron sobre ganadería mayor. Después, alrededor de 1913, comenzaron a desplazarse hacia las fincas cafetaleras de la vertiente del Grijalva en la SMCh. En ambos casos, el sistema de baldíos les permitió labrar pequeñas parcelas de las tierras de los grandes propietarios para hacer la milpa familiar.

En las fincas, el entorno era muy distinto a las planicies frías y templadas por las que habían transitado los nacionaleros en Los Altos; una espesa vegetación cubría terrenos cada vez más accidentados, que ya no resultaban los más aptos para su saber hacer. Por ello, los recién llegados adquirieron nuevos conocimientos y habilidades para desempeñarse en las fincas, saberes que entre 1913 y 1930 sólo fueron reproducidos en ese espacio laboral.

B. Dimensión abstracta

A partir de 1940, cuando iniciaron los repartos controlados por los rancheros y los finqueros, los peones se constituyeron como posesionarios de las tierras marginales en torno a las fincas y a sus cinturones de seguridad. El personal que se instaló en ellos tenía instrucciones precisas de no hacer milpa, recibieron plantas de café por parte de los finqueros y establecieron cafetales. Los títulos de propiedad de esas parcelas se mantuvieron en poder de los finqueros como una forma de controlar el acceso a los recursos y la lealtad de sus trabajadores “beneficiados” con la posesión de nuevas tierras.

En el caso de los nacionaleros, cada familia estableció su milpa, ya que el control fue más complicado debido a la lejanía de sus terrenos con relación al casco de la finca. Respecto a los recursos forestales, el acceso se limitó a los terrenos bajo posesión de cada familia, sobre todo en el caso de madera y leña. Los acuerdos con respecto a la caza de animales silvestres fueron los mismos que para los recursos maderables.

Con respecto a la transferibilidad de la tierra, la carencia de título de propiedad los limitó en términos legales, pero, en los hechos, los primeros nacionaleros repartieron las tierras entre sus hijos varones. En algunos casos, el primogénito se nombró sucesor para dar continuidad al trámite interpuesto por su padre ante la SRA, pero en la práctica la tierra se fraccionaba entre los hermanos. Incluso hubo casos de venta de terrenos nacionales entre nacionaleros.

Con relación a su identidad, los nacionaleros eran hombres de campo, con apego a la tierra como emblema de justicia social y de libertad. Tener un rancho significaba gobernar sobre algo, igual que los ‘patrones’: “… es que en ejido es mucho problema, porque en un ejido tiene uno que estar mandado por él, por todo él [el ejido], bueno empezando con el representante de la colonia” (Nacionalero, comunicación personal, 12 de febrero de 2017).

El testimonio refleja la visión inducida por los finqueros y rancheros temerosos de expropiaciones, y muestra cómo el ideal agrario en realidad tuvo distintas representaciones que respondían a realidades regionales. En este caso, los nacionaleros parecen haberse convencido de que la vida ejidal tenía inconvenientes. De modo que, lejos de sus sociedades de origen adoptaron la fuerte individualidad característica de la identidad ranchera (^{Barragán et al., 1994}).

C. Dimensión concreta

Como un pliegue en el espacio (^{Santos, 1996}), es decir, como un elemento del pasado convocado en el presente con su particular carga cultural, el primer gesto de apropiación de los nacionaleros fue hacer su milpa. Acción que va más allá de un acto de sobrevivencia porque los regresa a su raíz campesina, a lo que eran en su espacio propio.

Los primeros nacionaleros seguían siendo campesinos milperos y fue lo que recrearon al sembrar maíz,

En ese entonces más era el maíz [pero] a través del tiempo, derivado por la cercanía a la finca más grande que es Custepeques, comenzaron a introducir o sembrar el café […] Esto fue en la época de mis abuelos, con mis papás se inclinaron más por el café (Nacionalero, comunicación personal, 11 de febrero de 2016).

La segunda generación fue testigo de la reconversión productiva. Poco a poco el cafetal sustituyó a la milpa, hasta ser el cultivo principal de las familias de nacionaleros. El abastecimiento de maíz y frijol comenzó a depender cada vez más de las fincas.

Por otra parte, la distribución del espacio de la tierra obtenida por los nacionaleros corresponde con la descripción básica del rancho que brinda la Real Academia de la Lengua Española, que lo define como “lugar fuera de poblado, donde se albergan diversas familias o personas, choza o casa pobre con techumbre de ramas o paja” (^{RAE, 2019}).

Estos ranchos se encuentran a varias horas de camino a pie desde las fincas y su distribución atiende a sus actividades productivas. Así, la primera estructura del rancho contaba con un jacal como casa-habitación, un techo o bodega de palma para guardar la herramienta de trabajo para las labores culturales del campo. Cerca del jacal se colocaban aves de corral y se sembraban árboles frutales, el resto se destinaba a la milpa, paulatinamente al cafetal, y, en ocasiones, al potrero para ganado vacuno. Esta última actividad se intentó introducir por algunos nacionaleros en la década de 1980. El resultado fue una fallida¹⁹ imitación de los rancheros establecidos en La Concordia, quienes llegaron a tener tanto ganado, que lo llevaron a las partes altas de la SMCh (comunicación personal con yerno de don Gabriel Orantes²⁰, 3 de julio de 2016).

Con el retiro de las fincas, los nacionaleros formaron parte de cooperativas de café y el rancho como espacio se reconfiguró a principios del siglo XXI para adaptarse mejor a la producción de ese grano. Los nacionaleros accedieron a créditos a través de las cooperativas y agregaron el patio de secado y el beneficio húmedo. Tal reconfiguración surgió como elemento de conquista, de independencia frente a los finqueros, y afianzó la apropiación del café como parte de la reinvención identitaria de los nacionaleros en su paso de “peones” a “rancheros-campesinos”.

Las dificultades geográficas y la lejanía física y virtual del Estado generaron condiciones de apropiación concreta precarias. Si bien los posesionarios y sus familias abrieron los caminos, muchos continuaron, al menos hasta 2018, sin la instalación de servicios básicos. No obstante, los nacionaleros se adaptaron a un estilo de sobrevivencia. Y más allá de tener la documentación que los acredite como propietarios, consideran que el trabajo hace suya esa tierra,

… estoy fanatizado con la ley de Emiliano Zapata, él sí fue nuestro gran general que dijo "Las tierras son de quienes las trabajan". Naturalmente que soy enemigo y soy contrario a invasión, pero esto no fue invasión, fue un reparto que hicimos, formamos y laboramos, concluimos, y el que no concluyó fue nuestro gobierno en aquel entonces (Nacionalero, comunicación personal, 30 de septiembre de 2016).

Los nacionaleros representan un mundo de vida construido en diálogo con su entorno ambiental, histórico y político, por lo cual ellos y su apropiación territorial no sólo son producto de sus propias decisiones, sino también de las tomadas por actores locales con poder económico y social, así como externos desde las estructuras del Estado. Muestran que la identidad como medio de integración espacial del cuerpo, “constituye una combinación social de sistemas ecológicos, técnicos y simbólicos” (^{Di Méo, 2004, p. 203}).

A. La territorialidad de la conservación

La cada vez mayor conciencia sobre los problemas ambientales en la segunda mitad del siglo pasado dio lugar, a finales de 1980, a una coyuntura ambiental mundial. Durante ese lapso se instauró el aparato institucional internacional de la conservación, que logró poner para el 2016 casi el 15% de la superficie terrestre bajo protección (^{United Nations Environment Programme - World Conservation Monitoring Centre [UNEP-WCMC] e International Union For Conservation Of Nature [UICN], 2016}). Para el 2020 se esperaba alcanzar una cobertura del 17% entre las partes adscritas al Convenio para la Diversidad Biológica (^{Convención de Diversidad Biológica [CBD], 2010}) (^{UNEP-WCMC y UICN, 2016.}), meta que casi se alcanza en el 2021.

En este contexto, México ocupa los primeros lugares a nivel mundial en la creación de ANP (^{United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization [UNESCO], 2014}) y Chiapas, que ocupa el segundo lugar nacional en biodiversidad, el primer lugar en ANP en el país (^{Comisión Nacional de Áreas Protegidas [CONANP], 2017}), siete de ellas son reservas de biosfera. Pero, por otro lado, es el estado de la república con mayor rezago agrario: alrededor de 14,000 solicitudes pendientes sobre terrenos nacionales en 2016 y cerca de 6,000 de ellas se encontraban en ANP (Comunicación personal con funcionario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano [SEDATU], Tuxtla Gutiérrez, 22 de septiembre de 2016).

Las contrastantes cifras de conservación y de solicitudes agrarias sin resolver en Chiapas se vinculan en el encuentro asincrónico de la política de conservación internacional y la de reparto agrario mexicana. En el caso de los nacionaleros aquí revisado, ese encuentro produce un escenario de anomalías (^{Torres-Mazuera, 2016}).

En los primeros años de la conservación en México, Chiapas fue pionero de los decretos de ANP en el país. Los decretos estatales de El Triunfo (1972) y del Área de Protección de Recursos Naturales La Frailescana (1979) localizadas en la región económica IV Frailesca, se hicieron en la década de los 70 sin efectos in situ al carecer de recursos humanos y financieros para operar. Ambas ANP son proyectos de apropiación territorial promovidos por el Estado que constituyen representaciones del espacio, entendidas como “los espacios concebidos que derivan de una lógica de saberes técnicos, un espacio conceptualizado” (^{Lefebvre, 1991, p. 99}).

Las ANP se ven a través de leyes federales y estatales de las que emanan, las definen sus decretos, sus polígonos geográficos y los términos especializados del campo de la conservación, una representación del espacio para la conservación desde la perspectiva de ^{Lefebvre (1991)}. El marco general que define a las ANP es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), desde la cual los territorios comprendidos dentro de La Frailescana y de la Reserva de la Biósfera El Triunfo (REBITRI) se leen como áreas “[…] que requieren ser preservadas y restauradas” (^{LGEEPA, 1988, Art. 3, II}). Estos espacios se fragmentan en sus representaciones geográficas en zonas núcleo y en zonas de amortiguamiento, que se subdividen en espacios funcionalmente diferenciados establecidos en la LGEEPA en su Artículo 47 Bis.

La materialización del contenido de la LGEEPA en el espacio sucede con acuerdo de los distintos niveles en la estructura institucional ambiental. La instancia rectora a nivel nacional, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), es responsable del diseño, coordinación, seguimiento y monitoreo de la política ambiental federal. Cada estado de la república cuenta con una delegación de ésta. Pero es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el órgano desconcentrado de la SEMARNAT que tiene la finalidad de administrar las ANP a nivel local. La CONANP fue creada en el año 2000, antes de ella, y desde 1995 era el Instituto Nacional de Ecología el encargado de operar las ANP. A partir de la creación de la CONANP, tanto en La Frailescana como en la REBITRI, comenzaron a generarse las acciones correspondientes a los decretos a través del personal asignado a cada una de ellas.

Ambas ANP se decretaron sin consulta previa a los habitantes de terrenos nacionales, y posteriormente ningún nacionalero de este estudio de caso fue convocado para ser informado de los decretos y de sus implicaciones, así como tampoco fueron convocados a participar de la elaboración de los Programas de Manejo, a pesar de que la ley así lo establece (^{LGEEPA, 1988, Art. 65}). La postura de las autoridades ambientales para compartir información con estos actores puede calificarse de reactiva, ya que algunos nacionaleros solo se enteran de las restricciones y normativas después de que las autoridades ambientales identifican que han transgredido alguna de ellas.

En La Frailescana se presentó un caso en 2017, cuando un nacionalero fue visitado por el director de dicha área para informarle que no podía continuar con la limpieza del “acahual” que estaba listo para la rotación de su cultivo. Que de hacerlo sería severamente castigado por la ley, ya que ese terreno había sido reportado como “zona restaurada”. El poseedor del predio respetó la indicación recibida, a pesar de parecerle injusta. Pero, de acuerdo con el Artículo 78 de la LGEEPA, las “zonas de restauración” son áreas sujetas a programas de restauración ecológica, que no fue el caso.

Los decretos de La Frailescana y de la REBITRI se hicieron patentes para los nacionaleros, y empezaron a formar parte de su imaginario cuando la antigua SRA, luego SEDATU (2013), les informó que sus predios no podían ser regularizados debido a que se encuentran dentro de ANP. Estos decretos propiciaron varias anomalías, la primera es que antes de éstos, los nacionaleros eran etiquetados como “solicitantes de terrenos nacionales”, lo que legalmente siguen siendo al mantener expedientes de denuncio y solicitud interpuestos ante las autoridades agrarias. Pero, después de los decretos la etiqueta cambió a la de “asentamientos irregulares”, denominación bajo la cual son tratados en la práctica debido a una interpretación, además de malthusiana, sesgada del Artículo 46 de la LGEEPA por las autoridades ambientales,

[…] la misma Ley General del Equilibrio Ecológico establece que no debe existir nuevos centros de población. Eso es muy importante, porque toda familia, todo ente, toda persona, pues tiende a crecer y en ese sentido hemos visto cómo las, los asentamientos van tomando o van comiendo prácticamente ese recurso natural que es vital para todos (Comunicación personal con Jurídico de CONANP, Tuxtla Gutiérrez, 8 de mayo de 2017).

La mayoría de las solicitudes de los nacionaleros de este estudio de caso fueron interpuestas antes de los decretos estatales de las ANP La Frailescana y la REBITRI. Al preguntar en 2016 al respecto, el responsable de Terrenos Nacionales en la delegación Chiapas de la SEDATU explicó que pierden jurisdicción sobre esas áreas,

[…] si están dentro de un área natural protegida ya no tenemos facultades para hacerlo [regularizar], debemos ponerlo a disposición de la CONANP […] El Artículo 63 de la Ley General del Equilibrio Ecológico nos lo prohíbe, ya no podemos legalizar, lo que tenemos que hacer es ponerlo a disposición de la CONANP para [su] administración. (Comunicación personal con responsable de SEDATU-Chiapas, 29 de agosto de 2016).

El Artículo 63 de la LGEEPA en realidad establece que el Ejecutivo Federal realizará los programas de legalización de la tenencia de la tierra en áreas naturales protegidas para dar seguridad jurídica a los propietarios y poseedores en ellas comprendidas. Lo anterior da lugar a tres posibilidades: primera, que existe un desconocimiento de parte de las autoridades agrarias de la LGEEPA; segunda, que es posible que éstas si la conozcan, pero la usen como justificación para deslindar responsabilidades frente a los solicitantes; y tercera, que exista un desequilibrio de poder entre autoridades ambientales y agrarias, donde las primeras son las dominantes a nivel nacional y estatal en este tipo de asuntos. Cualquiera de las posibilidades da lugar a la anomalía de “asentamientos irregulares”.

En lo que respecta a los programas de gobierno propios para la zona en la que se encuentran los nacionaleros, y que están enfocados a paliar problemas de uso irracional de los recursos naturales, las autoridades correspondientes consideraron conveniente excluir de ellos a los poseedores. Por ejemplo, las reglas de operación de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) determinan como “personas elegibles” para apoyos tanto de capacitación, como de infraestructura y manejo forestal, sólo a: “i) Personas físicas o morales propietarias o legítimas poseedoras de terrenos forestales y preferentemente forestales” (^{Diario Oficial de la Federación [D.O.F.], 26 de febrero de 2019, Quinta sección}).

Los nacionaleros podrían ser considerados “legítimos poseedores” sólo con una constancia de posesión expedida por el ayuntamiento de su municipio, sin embargo, los funcionarios de la CONAFOR delegación Chiapas asignan mayor puntaje durante la dictaminación de solicitudes a quienes ostentan la propiedad de la tierra.

En el caso del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) de la CONANP, aplica el mismo criterio de la CONAFOR ya que condiciona su apoyo a la posesión legal de la tierra y evita considerar predios “irregulares”. Lo anterior se suma a la poca presencia de la CONANP para informar a la población de sus acciones, lo que dificulta la creación de un contexto de colaboración. Y, de forma velada, la territorialidad de la conservación se hace presente sobre los nacionaleros con su exclusión de información y programas de financiamiento; siendo esta una forma de desconocerlos y de desautorizarlos como ciudadanos frente a las instancias forestales y de conservación.

B. Los nacionaleros y su configuración como “sujetos ambientales”

La conservación era un campo desconocido por los nacionaleros del estudio de caso, sus instituciones, sus leyes y sus tecnicismos les resultaban ajenos. Dentro de su imaginario la tierra tiene una función productiva, un terreno sin cultivos era “tierra ociosa”, es decir, símbolo de hombres que “no saben trabajar”. La declaratoria de ANP significó una intrusión en la soberanía que los nacionaleros pensaban tener sobre los terrenos que ocupaban.

El marco legal de las ANP representa una lógica distinta de relación sociedad-naturaleza a la comúnmente establecida entre los nacionaleros y esta lógica ha logrado permear poco a poco en el discurso y en la práctica de los habitantes de las zonas de conservación desde una perspectiva estratégica. De tal modo que su identidad “ranchero-campesina” pasa a coexistir con ingredientes de la de “sujetos ambientales”, que, en términos de ^Agrawal son “aquellos para quienes el medioambiente constituye un dominio de pensamiento y acción” (2005, p. 16).

Alrededor de 2005 algunos de los nacionaleros de la subregión Cuxtepeques fueron invitados a formar parte de la Asociación Regional de Silvicultores (ARS) “Valle y Montañas de los Cuxtepeques”, asociación de carácter forestal que se creó en el marco de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable de 2003. Con la creación de las Unidades de Manejo Forestal en 2003, las ARS sirvieron como figuras jurídicas, a través de las cuales el gobierno delegaría el acompañamiento técnico y la designación de recursos que asumía el Estado benefactor extinguido durante la última década del siglo pasado.

La Asociación Regional de Silvicultores tiene como uno de sus objetivos generar procesos de desarrollo sustentable a través de la silvicultura y en 2005 reunió, en un primer momento, a cerca de cien nacionaleros para trabajar alrededor de un proyecto de manejo forestal para la microcuenca del río Negrito en la UMAFOR 0704 Fraylesca. El líder de la ARS consideró pertinente apoyar la gestión de los títulos de propiedad de sus miembros para acceder a apoyos gubernamentales y manejar de forma integral la microcuenca. La ARS representó a los primeros nacionaleros organizados en el estado de Chiapas para la gestión colectiva de sus títulos de propiedad y les permitió penetrar el campo discursivo de la conservación.

El presidente de la ARS estableció un acuerdo con el responsable de Terrenos Nacionales de la SEDATU en 2006, mediante el cual se atenderían como paquete único las solicitudes de los nacionaleros adscritos a la asociación, reconociendo así una fuerza de gestión colectiva a través de la ARS. Entre 2007 y 2009 la SEDATU otorgó planos de deslinde a los nacionaleros que aún no los tenían; también se identificaron y georreferenciaron los predios dentro y fuera de las ANP de La Frailescana y de El Triunfo (Figura 2). Fue así como los nacionaleros tuvieron conocimiento de dónde se encontraban y, al mismo tiempo, se iniciaron pláticas con autoridades ambientales estatales y, eventualmente, federales; para quienes la ARS preparó la propuesta de crear en conjunto un plan de desarrollo sustentable, en el que los nacionaleros se comprometieran al uso, acceso y manejo adecuado de los ecosistemas que habitan.

Fuente: elaboración propia con base en ^{Camacho Bernal y Trench (2019)}

Figura 2. Localización de predios muestreados durante la investigación, solicitados y en posesión de los nacionaleros en La Frailescana y en la REBITRI 

La iniciativa de la ARS no prosperó entre las autoridades ambientales estatales, sobre todo el departamento jurídico de la CONANP (Comunicación personal, 08 de mayo de 2017), que mantenía una posición de desconfianza en la capacidad de los nacionaleros dentro de ANP para cumplir con su parte una vez obtenida la certeza jurídica,

… lo cierto es que también las personas que hoy en día puedan estar detentando estos terrenos, algunos, inclusive lo hagan con la mejor de las …, pues ¿Cómo llamarle? Argumentando querer conservar. Sin embargo, que todo ser humano, más nosotros los latinos, somos muy arraigados a la tierra al sentido de pertenencia y sería en el fondo, tal vez, el elemento que estarían persiguiendo (Comunicación personal con Jurídico de la CONANP, Tuxtla Gutiérrez, 08 de mayo de 2017).

Sin embargo, la dimensión productiva es irrenunciable para los nacionaleros analizados, ya que la producción primaria representa su principal medio de vida. Por ello, propusieron generar un proyecto de aprovechamiento sustentable alrededor de los programas de CONAFOR para el manejo de microcuencas a través de la silvicultura. No obstante, la legalidad de la tierra debería ser el primer paso, ya que, para poder manejar sus bosques de forma que les generen ingresos, los nacionaleros tendrían que invertir en árboles maderables y en mano de obra para las labores culturales forestales. Pero, incluso, para acceder al mercado forestal legal o a los subsidios de la conservación (pagos por servicios ambientales) requieren de título de propiedad.

Durante los años que los nacionaleros mantuvieron contacto con la ARS, su presidente trató de generarles interés real por la silvicultura y en sus gestiones ante las autoridades agrarias y ambientales consideró estratégico el manejo del discurso ambiental. Él insistía en la importancia de reconocer que “los tiempos han cambiado, y ahora el interés de gobiernos y organizaciones internacionales está en el manejo de los bosques y en aprovechar la vocación de la tierra que sí es forestal” (Discurso de líder de la ARS, reunión con nacionaleros, agosto de 2015).

A través de viajes apoyados por la CONAFOR, el líder de la ARS logró dar a conocer experiencias exitosas sobre la silvicultura en nuestro país a varios grupos de nacionaleros entre 2006 y 2018. Estas visitas incluyeron cursos de capacitación sobre el aprovechamiento de los recursos forestales y las posibilidades que brinda su manejo sustentable. Esto coadyuvó en la coproducción de una identidad necesaria para producir territorio que, de acuerdo con D’Aquino (2002, con base en George 1990), ésta debe pasar del sentido de pertenencia a una colectividad, definida parcialmente por su integración a un marco de vida, a la consciencia de que la identidad es activa porque es generadora de modos de vida.

Lo anterior, aunado a la entrada de organizaciones campesinas alrededor de la producción de café orgánico en la región a finales de los 90, dio pie a una ‘ecologización’ de las relaciones (^{Agrawal 2005}; ^{Cano 2014}) de los nacionaleros con agentes gubernamentales, ya que se pasó del discurso netamente agrario a uno que recuperaba los términos de “sustentabilidad”, “conservación”, “cambio climático”, “producción orgánica” entre otros.

Ya en 2015 los nacionaleros expresaban la importancia de cuidar el ambiente a través de su trabajo,

… desde el 2001 venimos trabajando, lo que es la producción orgánica […] sabemos que hay generaciones atrás, como son nuestros hijos y tenemos que heredarles algo, de lo cual también nosotros hemos sido partícipes en el trabajo ¿no? Y saber que el trabajo que se está haciendo a nivel organización, pues va en pro de la naturaleza (Comunicación personal con Nacionalero en cooperativa de café, 11 de febrero de 2016).

Sin embargo, la postura imperante es la exclusión, y algunos nacionaleros la viven como una injusticia,

… creo yo que hemos salvado lo que queda, entonces no lo veo justo que no nos tomen en cuenta, que no nos apoye el gobierno que no nos mire. Me da camorra pensar que el gobierno, o le informan mal o no le interesamos, o no le interesa el bosque que quieren conservar (Comunicación personal con Nacionalero integrante de brigada ciudadana contra incendios, 30 de septiembre de 2016).

Según el informe de actividades 2016 de la ARS “Valle y Montañas de los Cuxtepeques”, se promovieron acciones preventivas y se capacitó para el combate de incendios a los posesionarios de terrenos forestales en 2006, también se instaló una red de radios de comunicación con recursos propios que facilitara las acciones oportunas. Lo anterior dio como resultado una disminución del 95% de pérdida de cobertura forestal por incendios en el municipio de La Concordia, con beneficios directos para las ANP La Frailescana y la REBITRI (Informe 2016, ARS Valle y Montañas de los Cuxtepeques).

Para 2017 el presidente de la asociación civil consideró que las autoridades agrarias y ambientales no tenían voluntad política para resolver el caso de los nacionaleros dentro de ANP y tampoco la de los que estaban fuera²¹, que, en su opinión, si bien no se conseguirían títulos de propiedad, tampoco los sacarían de las tierras que tienen en posesión. Decidió que era tiempo de centrarse en objetivos relativos a la silvicultura. Para mantener el interés de los nacionaleros propuso intentar acceder a pequeños proyectos productivos otorgados por instancias como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), donde el título de propiedad no fuera requisito. Pero el objetivo de los nacionaleros era la gestión de la legalidad de la tierra, por lo que la mayoría decidió salir de la asociación y para 2016 quedaban solo 34 nacionaleros en la A.C.

La ARS fue una figura de representación que funcionó como conducto para hacer llegar el caso de los nacionaleros a instancias estatales y federales, les permitió convertirse en actor colectivo. Además, gracias a esa figura, los nacionaleros adoptaron una identidad estratégica en torno a la conservación y en cierta medida se reconfiguraron como sujetos ambientales. Sin embargo, ningún caso agrario fue resuelto al finalizar esta investigación en 2019 y el líder de la ARS no tuvo interés en transitar la vía de la demanda legal ante el tribunal agrario.

B1. Los nacionaleros y la noción de territorio confiscado

Como ya se ha dicho, el marco legal de las ANP implica una territorialidad que se sobrepone a otras previamente instauradas en determinados espacios. Desde una perspectiva espacial se podría decir que las ANP tienen la capacidad de re territorializar en diversos grados, determinados por la legitimidad y niveles de aceptación del proyecto conservacionista, además de su capacidad financiera e institucional reflejadas en sus acciones en el territorio.

En el caso de los nacionaleros de La Frailescana y de la REBITRI los códigos de la conservación se han concretado parcialmente, ya que, como anotamos anteriormente, la interacción de personal de la CONANP con los nacionaleros es reactiva. No reconocer a los nacionaleros y su derecho de ser propietarios es una forma discrecional de (re)territorializar y la conservación se concreta como un mecanismo de confiscación, en el sentido de la apropiación por el Estado del patrimonio total o parcial de un sujeto (^{RAE, 2019}).

En este caso, proponemos el concepto de territorio confiscado a partir de las reflexiones de ^{Blanchon et al. (2009, p. 11)}, quienes cuestionan la privación de bienes ambientales y se preguntan “¿Qué pasa con la confiscación de espacios incluidos en áreas protegidas: son las llamadas acciones de desarrollo establecidas en sus periferias suficientes para compensar el final de un ‘tipo de vida’ basado en el uso de estas áreas?”, lo cual, en este caso, conduce a preguntarse ¿Qué pasa cuando no sólo se priva de bienes ambientales, sino también del derecho a la propiedad legal y cuando esa privación limita el acceso al desarrollo sustentable?

Desde una perspectiva espacio-temporal, se propone hablar de territorio como lo confiscado porque las implicaciones de los decretos pueden trastocar las dimensiones socio-culturales, socio-ambientales y socio-económicas. A su vez que son una forma de apropiación del territorio generada por el Estado que afecta el trabajo, la inversión y las legítimas expectativas de los poseedores y/o propietarios (^{García de Beretta Godoy, 2010, p. 1}).

En el caso de los nacionaleros analizados, las limitaciones han estado relacionadas con interpretaciones sesgadas de la ley y un discurso moralista dominante. El caso del acahual reportado como “zona restaurada” (^{LGEEPA, 1988, Art. 78}), fue una confiscación de un espacio productivo, en fase de descanso, que afectó a la economía familiar y a la reproducción de un saber hacer. Y el hecho de clasificar a los nacionaleros como “nuevos centros de población” (^{LGEEPA, 1988, Art.46}) para negarles la legalidad, ignora su existencia previa -desde hace varias décadas- a la creación de las ANP y su derecho humano al desarrollo (^{Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1986}).

Las autoridades ambientales y agrarias desconocieron a los nacionaleros como sujetos agrarios frente a la preponderancia de la política ambiental, y como sujetos con derecho y capacidad para transitar a un desarrollo sostenible establecido en los objetivos de las ANP. La incertidumbre patrimonial y la inaccesibilidad a financiamiento como consecuencias de la no regularización en la tenencia de la tierra, aunado a la dispersión de sus viviendas, impactan directamente en su posibilidad de romper ciclos de pobreza. Y si bien, los nacionaleros pueden emprender algunas acciones de conservación en observancia de la autoridad de la CONANP o la LGEEPA, carecen de recursos y de la legalidad para realizar manejo forestal.

Se habla de un territorio confiscado por los decretos, por la forma en la que éstos se han materializado en La Frailescana y en la REBITRI, donde impactan, sobre todo, en la dimensión concreta de la apropiación territorial a través de restricciones cuestionables al uso y acceso de los recursos disponibles en los terrenos nacionales posesionados. Pero, sobre todo, en la dimensión subjetiva se violenta el derecho a la propiedad y al desarrollo de los nacionaleros.