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Imágenes de ONG ambientalistas en la frontera México-Estados Unidos

 

Environmental Non-governmental Organizations in the U.S.-Mexico Border Region

 

Miriam Alfie Cohen*

 

* Profesora-investigadora del Departamento de Sociología de la UAM-Azcapotzalco. Correo electrónico; malfie@tutopia.com.

 

Artículo recibido el 14 de agosto de 2001.
Artículo aceptado el 17 de octubre de 2001.

 

Resumen

El presente ensayo pretende analizar la constitución, clasificación, objetivos y fines que han adoptado las organizaciones no gubernamentales de carácter ambientalista en la frontera México-Estados Unidos a partir del Tratado trilateral de libre Comercio (TLC), tomando como punto de partida diferentes ciudades fronterizas: Ciudad Juárez, Matamoros y Tijuana. Como todo actor social, estas agrupaciones se encuentran en permanente cambio y conflicto; modifican sus acciones y metas. Por ello, trataremos de congelar imágenes de los momentos por los cuales la investigación ha cursado y detectar las transformaciones que estos sujetos sociales han vivido. Nuestra intención es mostrar cómo a partir de los problemas ambientales que se presentan en la frontera norte de nuestro país se empieza a visualizar un panorama de organización social novedoso, dinámico y audaz, que al mismo tiempo se enfrenta con antiguas estructuras y una cultura política arraigada en prácticas cotidianas.

Palabras clave: 1. ONG, 2. ambientalismo, 3. decisión política, 4. México, 5. región fronteriza.

 

Abstract

This article attempts to analyze the constitution, classification, objectives, and goals of environmental NGOs along the Mexico-United State border since the passage of NAFTA. Three border cities, Ciudad Juarez, Matamoros, and Tijuana, are taken as a point of departure, Like any other social actor, NGOs experience ongoing change and conflict, continuously modifying their actions and goals. Thus, we try to freeze images from moments during the research in order to detect transformations these social subjects have experienced. Our intention is to show that out of the environmental problems on the Mexico's northern border there has begun to appear a novel, dynamic, and bold social organization that must also confront old structures and politics tooted in daily practices.

Keywords: 1. nongovernmental organizations, 2. environmentalism, 3. political decision-making, 4. Mexico, 5. U.S.-Mexico border region.

 

INTRODUCCIÓN

Hacer un análisis de las organizaciones no gubernamentales ambientalistas es penetrar en un mundo heterogéneo y sumamente amplio, tanto por la temática que estas organizaciones plantean como por el auge que han cobrado en los últimos años. El impacto que este tipo de agrupaciones han tenido en la arena internacional en la exposición de problemas concretos y en la resolución de conflictos, repercute de tal manera que nos parece relevante explicar su constitución, programas, alcances, fracasos y nuevos retos. Lo cierto es que son un nuevo actor social que ha cobrado fuerza en los ámbitos nacional e internacional en los últimos 30 años (Carroll, 1992; Reilly, 1995; Edwards and Hulme, 1996). En la frontera México-Estados Unidos han jugado un rol determinante en cuestiones ambientales a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio (TTC).

Una comparación de las ONG ambientalistas en las diferentes regiones fronterizas nos permitirá profundizar en la capacidad política de estos actores, sus transformaciones internas y externas y los obstáculos y las críticas a los cuales se enfrentan. Concebidas como promotoras del desarrollo, estas organizaciones han colaborado en una nueva construcción de la política tanto en el ámbito nacional como internacional. Así, estableceremos una tipología que permita entender el papel que han desempeñado las organizaciones no gubernamentales en la conformación de la política ambiental fronteriza. Es indudable que el objetivo fundamental de cualquier ONG es buscar el acceso a la toma de decisiones no sólo en su propio país, sino extender su impacto en el ámbito trasnacional. Nos interesa destacar el perfil, acciones y estrategias que diferentes ONG han elaborado frente a la problemática ambiental que se vive en la región fronteriza entre México y los Estados Unidos. Son varios los instrumentos de análisis que hemos utilizado: encuestas a los actores de movilizaciones ambientalistas, percepciones sobre valores ambientales en la región, encuestas a trabajadores de maquila y entrevistas a líderes de movimientos ambientalistas y organizaciones no gubernamentales. Por lo tanto, nos interesa indagar, a partir de una clasificación preliminar, cuál ha sido la capacidad política de estos organismos en el acceso a la toma de decisiones y cuáles han sido las acciones más importantes de estos grupos para transformar su región y resolver los problemas ambientales que en ésta se presentan.

 

ONG: ESTUDIOS Y ANÁLISIS

El estudio y análisis de las organizaciones no gubernamentales es una inquietud muy reciente en el ámbito de la sociología o la ciencia política, pues la importancia e impacto de las acciones de estos grupos es reciente. Sin embargo, son cada vez más los teóricos que tratan de situar y conocer la capacidad, formas, tipos y fines de estas organizaciones en los ámbitos local y global (Thorup, 1991; Brecher and Costello, 1994; Frederick, 1994; Barkm, 1994; Cohen y Arato, 2000; Keohane y Nye Jr., 2000; Beck, 1998).

No existe ningún estudio sobre ONG que de entrada no enfrente la pregunta sobre cómo definirlas y clasificarlas. Las organizaciones no gubernamentales abarcan un rango que va desde la pequeña asociación de colonos a las más poderosas y bien financiadas instituciones internacionales. El término ONG incluye cientos de diferentes tipos de organismos y asociaciones pertenecientes a la sociedad civil. Las diversas actividades que las ONG realizan provocan que los interesados en el tema se acerquen a éste desde enfoques y perspectivas particulares y desarrollen su propia nomenclatura y criterios para definir, categorizar y evaluar las acciones de las ONG en las que centran su atención (Carroll, 1992; Korten, 1990; Wolfe, 1991; Drabek, 1987; Bebbington y Thiele, 1993; y Uphoff, 1996).

En nuestra investigación hemos encontrado tres corrientes principales de clasificación de las organizaciones no gubernamentales: la primera tiene que ver con sus acciones e identidad; la segunda las define de acuerdo con sus actividades y metas; y la tercera las reúne de acuerdo con el discurso que presentan. Es preciso mencionar que no existen etiquetas puras; en muchas ocasiones los lazos entre una y otra categoría se entrecruzan y mezclan. En el contexto mexicano, lo variado, heterogéneo y complejo de estas organizaciones dificulta la tarea de catalogación, análisis y reconocimiento de sus percepciones.

Operación e identidad

En esta primera corriente existen dos marcos de referencia en el estudio de las ONG : el primero tiene que ver con los rasgos operativos de las organizaciones y el segundo especificará asuntos de identidad y representación de las demandas de los sectores populares. El primer grupo de estudios pretende generar tipologías de las ONG y evaluar su impacto social y económico utilizando el criterio de éxito o fracaso. Se investiga así la capacidad de estas organizaciones para generar microempresas de desarrollo, asistencia técnica, servicio social y legal a la comunidad y contactos con redes. Destacan por sus estudios: Carroll, 1992; Bebbington, 1993; y Tendler, 1983. Carroll clasifica a las ONG sobre la base de la relación que éstas sostienen con la población que recibió los beneficios: a) las organizaciones de membresía (membership support organizations: MSO) y b) las de base (grassroots support organizations: GSO). Las MSO están constituidas por gente de fuera de la comunidad que se ha profesionalizado en el ámbito de gestión de las ONG, mientras los líderes de las GSO son de casa y provienen de organizaciones de base. El grado de institucionalización, el carácter privado, el autogobierno y el voluntariado son los criterios que se utilizan en esta clasificación.

El segundo grupo examina el papel de las ONG en la emergencia y fortalecimiento de la sociedad civil. Analiza el papel de las ONG como foro de organización de diversos movimientos sociales, resistencia popular y luchas por autonomía para determinar los cambios políticos y las transformaciones cotidianas en las relaciones sociales. Encontramos en esta vertiente a Slater, 1985; Fox y Hernández, 1989; Salazar, 1990; Álvarez y Escobar, 1992; Fisher, 1994; y Haber, 1996. Aquí, la evaluación de las ONG está en función de los movimientos sociales en los cuales participan. Las ONG pueden ser autogobernadas, con algún grado de actividad solidaria, estar orientadas a intervenir a favor de sectores discriminados o desposeídos de la sociedad; son mediadoras entre el Estado y las demandas de los sectores populares, y entre movimientos y organizaciones internacionales y las necesidades locales (Zabin, 1997).

Las investigaciones mexicanas sobre la materia han seguido este segundo enfoque, no sólo por la influencia y los contactos que diversas ONG han tenido con los movimientos sociales, tanto rurales como urbanos, sino por el potencial que como actores políticos se les ha otorgado en la democratización del país. Algunos politólogos explican las acciones e identidades de estas organizaciones. Estos autores coinciden en que la plataforma de acción de las ONG se basa en la posibilidad de intervenir en las decisiones sobre el desarrollo social y en la limitación del poder del Estado; destacan la capacidad que las ONG tienen para fortalecer las instituciones democráticas; sustentan las amplias posibilidades de libre asociación, que sustituye al clientelismo tradicional; además las consideran como portadoras de un discurso democrático que les permite denunciar la inoperancia y el ineficaz ejercicio de la clase política gobernante y sus instrumentos de gobierno.

Actividades e intereses

Una segunda clasificación de las ONG versa sobre sus actividades e intereses. Por un lado tenemos a las ONG de beneficencia, que despliegan su actividad fundamental en el campo de la asistencia y la promoción sociales. El eje de sus acciones es la ayuda a los pobres y a los sectores desposeídos y pueden estar vinculadas con la iglesia. Por el otro están las ONG políticas, que son un conjunto de organismos ligados para promover y organizar la participación sociopolítica e intervenir en los procesos de democratización. Estas organizaciones se conciben como agentes de cambio social y político dotados de cierta ideología y mantienen un contacto estrecho con movimientos sociales. Esta división es importante pues marcará el quehacer y la visión de las organizaciones frente a la diversa problemática. Asimismo definirá su identidad y discurso, y, en muchas ocasiones, el apoyo, las alianzas, las soluciones y los retos estarán condicionados (Ruiz, 1999).

Discurso

Un tercer enfoque sobre la clasificación de ONG estará en función del discurso teórico-político (Smith, 1999). El discurso ambiental surgió como una preocupación frente al deterioro al cual el hombre y diversas especies se vieron expuestos como resultado de una industrialización acelerada (Dryzek, 1997). El ambientalismo, nacido a fines de los años sesenta, incluye diversas corrientes: desde el catastrofismo (límites al crecimiento) hasta el crecimiento permanente y constante (respuesta de Prometeo); del racionalismo administrativo (resolución estatal) al económico (el que contamina paga); de la sustentabilidad (proteger y prever recursos) al radicalismo verde (utopía política) (Manes, 1997). Así, podremos encontrar organizaciones más apegadas a acciones conservacionistas, otras que apoyan el desarrollo sustentable o algunas más que hablarán de justicia ambiental (Dryzek, 1997).

Existe un universo heterogéneo de organizaciones, con grados distintos de experiencias y alcances, con recursos desiguales e identidades diversas. Intentar un análisis minucioso de cada una de ellas abre un abanico de posibilidades infinitas. Cada una de estas asociaciones cubre aspectos diversos de la realidad social; cada una está preñada por una concepción ideológica y, en algunos casos, política. Su labor abarca un amplio campo de sectores. La fuerza de estas nuevas agrupaciones tanto en la organización social como en su papel frente al Estado las coloca como uno de los nuevos sujetos de investigación social y política. Sus éxitos y fracasos, deben ser sopesados, lo cual deja abierta una serie de preguntas que van desde las fuentes de financiamiento; la profesionalización; su eficacia política; su relación con otros grupos, el Estado y los partidos políticos; los canales de comunicación con la comunidad con la cual trabajan; sus enlaces internacionales, etcétera.

SÍ bien es cierto que la mayoría de las investigaciones versan sobre las posibilidades que las ONG han abierto en el campo democrático y su creciente fuerza en el proceso de toma de decisiones, nuestra investigación tratará de profundizar en el campo de las ONG ambientalistas en la frontera norte. Un recorrido por los últimos ocho años nos permitirá desentrañar su desarrollo, sus cambios, contradicciones y conflictos, así como establecer una tipología que permita situar el quehacer social y político de estos sujetos sociales. Pretendemos analizar el impacto de estas organizaciones en la resolución de la problemática ambiental fronteriza, sus alianzas y objetivos, así como sus alcances y retos a futuro.

Lo cierto es que hasta 1985, las organizaciones no gubernamentales eran una fuerza con limitadísima influencia en la política nacional. A partir de entonces han ganado presencia de manera creciente en diversos foros locales, nacionales e internacionales. De ejecutar proyectos locales y construir redes temáticas o de afinidad ideológica pasan a proponer, tratar de incidir y elaborar políticas públicas alternativas. Algunas ONG han transitado de ser centro de apoyo a movimientos sociales, a espacios de articulación de intereses y grupos de cabildeo. Formadas por promotores, técnicos y profesionistas, sus acciones comprenden: la asistencia, filantropía, solidaridad de clase y cooperación. Sus principales actividades son: educación (79%), derecho a la información (71%), investigación (76%), capacitación técnica (64%) y obtención de fondos para otras ONG (9%).¹

Su financiamiento proviene de cuatro fuentes: el trabajo voluntario, los recursos que obtienen de fundaciones internacionales, las donaciones de mecenas nacionales y la venta esporádica de servicios y publicaciones.

 

LAS ONG AMBIENTALISTAS EN LA FRONTERA NORTE

Establecer cuál ha sido el papel que las ONG ambientalistas han jugado en la frontera norte de México nos remite no sólo a profundizar en la concepción y categoría de frontera, sino también a adentrarnos en la problemática ambiental fronteriza y en la influencia que diversos grupos estadounidenses han ejercido en la conformación e identidad de ONG mexicanas. Esto no debe dejar de lado la problemática interna de cada una de las regiones que trataremos de analizar, las características de cada zona, su infraestructura, las condiciones naturales, así como la cultura política. Las organizaciones y la participación social son elementos clave que nos permitirán establecer los cambios que las ONG ambientalistas en la frontera norte han ido presentando. Sabemos que ello requiere de un estudio detallado y profundo. Nuestra intención es esbozar algunos elementos que pueden servir de medio para iniciar una investigación comparativa entre estas diversas organizaciones.

La frontera que comparten México y los Estados Unidos es un espacio complejo que pone en relieve las diferencias y las formas de complementariedad entre economías del norte y del sur, máxime cuando los intercambios comerciales, humanos y culturales son experiencias que se viven de manera cotidiana. Estos intercambios obligan a la negociación permanente, fortalecen los vínculos y recrean el espacio regional. Hablar de frontera no es sólo referirse a límite o territorio. Esta tiene que ser entendida de acuerdo con el concepto de región, el cual engloba problemas comunes en zonas geográficamente muy parecidas; habitantes que comparten un territorio determinado con un conjunto de símbolos y significados que les confieren una identidad propia, pese a estar divididos por una línea política. En palabras de Frank Moulert:

La región no es tanto una categoría espacial, es una derivación lógica de fenómenos regulares y recurrentes e incluye ambos actores y materiales que de ella brotan, así como sus intercambios. Por tanto, el sistema social de cualquier región implica conflicto y competencia (Rosenthal, 1986).

Hablar de región implica la visión de un futuro compartido entre ambas localidades, la formación de alianzas estratégicas para solucionar problemas comunes y un híbrido formado por ambas culturas, que tienen como referente el contexto en el cual se desarrollan.

Es evidente que la región fronteriza que comparten México y los Estados Unidos se presta para establecer diversos tipos de negociaciones, pero también es generadora de múltiples conflictos. La frontera es una región viva, cambiante y conflictiva donde se comparten problemas comunes pero en dimensiones distintas, así como espacio geográfico, ambiental y cultural que da lugar a una relación complicada y asimétrica, puesta en juego todos los días. La frontera México-Estados Unidos ha sido foco de innumerables investigaciones. Destacan hoy dos corrientes en relación con la problemática ambiental: la primera tiene como sello la colaboración y la constante solución de conflictos en un panorama de integración permanente; la segunda marca el conflicto como rasgo primordial de la problemática ambiental fronteriza y los distintos obstáculos a los cuales se enfrenta.

Frontera y medio ambiente

La primera corriente plantea que, a partir del auge que cobra la globalización, las regiones fronterizas se convierten en polos dinámicos de crecimiento económico, pues en ellas se logran abatir los costos que provocan los intercambios trasnacionales y se obtienen ventajas económicas relevantes. Vistas desde esta línea de investigación, las regiones fronterizas pueden ser entendidas como áreas de colaboración cinegética en el contexto de un incremento de la competencia internacional. Es más, son vistas como áreas de colaboración de mutuo beneficio. Al intensificarse la competencia económica, las regiones fronterizas están forzadas a reafirmar los lazos de cooperación trasnacional con el fin de mantener las ventajas comparativas y su viabilidad económica. Para esta corriente, la frontera México-Estados Unidos es un claro ejemplo de cómo, a través del tiempo, este espacio pasó de ser hostil, asimétrico y conflictivo, a una región donde la línea divisoria es casi invisible, y donde los procesos de integración se incrementan y los conflictos tienden a desaparecer (Ganster, 1997).

Para Paul Ganster, la interacción y la interdependencia entre comunidades fronterizas de los Estados Unidos y México son sólidas. Los esfuerzos en el ámbito local han podido resolver algunos problemas transfronterizos. Este progreso del regionalismo ha podido desarrollarse a pesar de las terribles asimetrías socioeconómicas que caracterizan la frontera. Para este autor, las regiones fronterizas son la fase intermedia entre dos vecinos distintos, que por necesidad deben cooperar uno con otro. La frontera México-Estados Unidos es vista como una zona de eventual integración.

En este crisol pueden leerse también los problemas ambientales de la región fronteriza. Por un lado puede argumentarse que a partir de 1983 y el Tratado de la Paz, de manera conjunta, ambos gobiernos reconocen el terrible daño y deterioro ecológico que ha sufrido la región fronteriza. La firma de los Acuerdos Paralelos de Medio Ambiente, el establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef) y el Banco de Desarrollo de América del Norte (Bandan), así como los lazos entre diversas ONG mexicanas y estadounidenses nos hablan de un alto grado de compromiso y colaboración entre gobiernos y sociedad civil para resolver los severos problemas ambientales que afectan a las comunidades locales en ambos lados de la frontera.² En esta primera corriente se insertan una serie de trabajos, entre cuyos autores se puede mencionar a Mumme (1994), Ganster (1997) y Herzog (1999), los cuales destacan el papel primordial del Tratado trilateral de Libre Comercio en el fortalecimiento de la solución de los problemas ambientales en la región fronteriza. El crecimiento urbano e industrial de la región no sólo pone en contacto dos economías diferentes sino que también se comparten los patrones de asentamiento, las cuencas hidrológicas y los ecosistemas.

De 1980 a 1990 se presenta un cambio profundo en las formas en que los gobiernos mexicano y estadounidense actúan sobre la problemática ambiental fronteriza. Se abren opciones de colaboración y planeación en donde las instancias intergubernamentales juegan un papel relevante en la solución de conflictos. Dentro de esta misma concepción, Randy Willoughby matiza el planteamiento y establece que los estereotipos culturales en la región fronteriza siguen siendo una barrera fundamental que fomenta los conflictos y las contradicciones. La intolerancia y el resentimiento para con los inmigrantes mexicanos, la concepción de ineficiencia y el relajamiento de la vida mexicana se contraponen a las imágenes de agresividad y arrogancia que los mexicanos tienen de los estadounidenses. Así, mientras más intensas son las relaciones tras nacionales en la región fronteriza —y aunque algunos asuntos pueden llegar a negociarse en ciertos sectores hasta integrarse—, los problemas culturales y políticos siguen siendo una fuente de graves conflictos.

Por otro lado, la postura de Robert G. Varady establece que la frontera México-Estados Unidos es un espacio donde se confrontan dos naciones totalmente diferentes. El alto ritmo de industrialización, el crecimiento demográfico y el deterioro del ambiente son terribles focos de alarma en la relación bilateral. La colaboración y cooperación en materia ambiental ha sido casi imposible, pues sólo se ha favorecido la elaboración de leyes y organismos que han servido de paliativo frente a una problemática aguda que implica, ante todo, al ser humano. Así, las cuestiones ambientales fronterizas presentan cuatro problemas fundamentales:

a) Se separan los problemas de las soluciones; varios asuntos locales no han sido solucionados de manera efectiva y eficiente. Entre éstos destacan: la problemática del agua, la extinción de especies y el cuidado de ecosistemas.

b) Se crean oportunidades económicas perversas desde el punto de vista ambiental; la maquiladora ha aprovechado no sólo los recursos naturales escasos de la región sino que ha arrojado al medio ambiente infinidad de desechos tóxicos, lo que ha provocado serios problemas de salud pública.

c) La construcción de políticas nacionales margina los intereses de los habitantes fronterizos. Por lo general, el diseño de las políticas públicas sobre asuntos ambientales se da en Washington y el Distrito Federal, además de que el financiamiento a programas de construcción de infraestructura ambiental en la frontera proviene de los gobiernos federales.

d) Existen barreras legales infranqueables para las organizaciones ambientalistas locales. Las instituciones que nacieron del TLC han dado un foro limitado a las demandas que provienen de grupos de base. Éstos no tienen suficiente autoridad o control para decidir sobre acuerdos de cooperación que puedan negociarse, pues la política se sigue decidiendo en las altas esferas (Varady, 1996).

Dependiendo del criterio que se adopte, los problemas ambientales fronterizos podrán ser analizados desde el enfoque de la negociación, la bilateralidad y la integración; o, por el contrario, desde el conflicto, el poder y la contradicción. Desde nuestro punto de vista, estos dos argumentos son llevados al extremo. La problemática ambiental fronteriza fluctúa entre estas dos vertientes y hay etapas donde se vuelve ríspida y complicada, y otras donde los Estados y varios grupos provenientes de ambas sociedades se han unido en programas de cooperación y compromiso mutuo. Por ejemplo, si tomamos el TLC como referente (1993), podremos observar que algunos grupos ambientalistas estadounidenses empiezan a buscar interlocutores en las organizaciones mexicanas, para juntos ejercer presión sobre sus gobiernos para la solución del deterioro ambiental fronterizo y la firma de acuerdos paralelos. Posteriormente exigieron la constitución de instituciones bilaterales que tuvieran la responsabilidad de atender la problemática ambiental (Bandan y Cocef).³ En este caso hay un incremento tanto en los vínculos de cooperación gubernamental como en el acercamiento y colaboración de grupos binacionales de carácter no gubernamental.

Por otra parte se encuentra el caso del embargo al atún mexicano, medida que dio lugar a infinidad de protestas del gobierno de nuestro país. En este asunto, ninguna organización ambientalista nacional apoyó las acciones de grupos protectores y ambientales estadounidenses. Las controversias desatadas por la relación comercio-medio ambiente son el detonante del conflicto no sólo entre los dos gobiernos, sino también en el ámbito de ONG . La asimetría, el conflicto y las relaciones de poder económico marcaron un largo período en el cual la defensa de los delfines funcionó como protección de los intereses del mercado.

Puede decirse que los procesos de cooperación ambiental entre México y Estados Unidos son cíclicos. El punto clave es que los problemas ambientales en la frontera son atendidos y puestos a negociación cuando se convierten en focos rojos que alteran de manera visible y permanente a ambas comunidades o a una de ellas (Asarco, triángulo gris, atún, TLC, etcétera). El asunto radica en que no se tiene una planeación de largo alcance; se carece de proyectos y programas que modifiquen criterios y den lugar a propuestas concretas y viables. La prevención y la búsqueda de la sustentabilidad no son los postulados relevantes ni prioritarios. Las soluciones a los problemas ambientales de la frontera siguen estando determinadas por la asimetría de poder, que favorece a los Estados Unidos, y la diferencia de criterios, normas, valores y estándares relacionados de manera directa con la prioridad ambiental que cada uno de estos países tiene y su capacidad de invertir recursos económicos en la región fronteriza (Sánchez, 1990).

 

ESTUDIOS DE CASO: FOTOGRAFÍAS INSTANTÁNEAS

A partir de los enfoques de clasificación de las ONG y de la propia dinámica ambiental fronteriza, es importante destacar que estas organizaciones mantienen una labor constante y permanente en la región desde los años setenta. Se caracterizan, en un principio, por sus rasgos asistenciales y carácter religioso. En su formación, gran importancia tendrán las comunidades eclesiales de base, que inician una serie de acercamientos a la comunidad con el fin de promover acciones de desarrollo. Los años ochenta marcan un importante parteaguas político y social en la región: la influencia de partidos de oposición, los movimientos sociales de base, los fraudes electorales y las propias condiciones ambientales de la zona van gestando organizaciones propias, de carácter contestatario, que enfrentan a los gobiernos locales y denuncian atropellos: la violación a derechos humanos, los fraudes electorales y una incipiente defensa del medio ambiente.

Los movimientos populares y la experiencia que dejan las grandes coordinadoras (Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular —Conamup— y Coordinadora Nacional Plan de Ayala —CNPA—) son un aliciente para el desarrollo de nuevos tipos de organización social. Destacan, en este ámbito, las acciones en los estados de Chihuahua y Baja California. Así, estas agrupaciones adquieren fuerza a mediados de los años ochenta, y aun cuando el perfil asistencial sigue presente en algunas, hoy podemos observar también la evolución de ciertos grupos a posturas políticas y sociales muy complejas. A inicios de los noventa, es patente un cambio en su marco de acción: de ser netamente localistas, pasan a tener influencia en las relaciones binacionales, y algunas de ellas logran insertarse en organizaciones de nivel mundial.

En este contexto, es claro que la preocupación ambiental se unirá a otra serie de demandas y temas que van desde aspectos netamente económicos y exigencias de bienes y servicios hasta una posición política frente a la firma del TLC. Los grupos estarán representados por diversos sectores sociales; sin embargo, por sus propias características, son plenamente urbanos y, la mayoría de las veces, encabezados por el género femenino.

Si quisiéramos reconstruir la historia de las ONG ambientalistas en la región fronteriza nos remontaríamos a inicios de los años ochenta, pues una influencia muy importante serán las movilizaciones y organizaciones sociales que empiezan a cobrar auge en esos años en el sur de los Estados Unidos. Si en un principio la relación de grupos mexicanos con estas organizaciones tiene intereses netamente conservacionistas, el deterioro ambiental del agua, aire y suelo orilla a que muchos grupos del sur estadounidense empiecen a fijarse en la frontera compartida como un foco rojo de la terrible contaminación ocasionada por el crecimiento industrial y la falta de equipamiento y financiamiento de la región. Así, nuevos grupos se insertan en esta postura ambiental que empiecen con el Tratado de la Paz en 1983 y cobra su máxima expresión, ante la posible firma del TLC, en la unión de grupos binacionales que ejercen una fuerte y constante presión. El primer lustro de los años noventa marcará el auge indiscutible de la mancuerna y unión de grupos binacionales con miras a ejercer presión e incidir en las decisiones ambientales de la región. Allí encontramos grupos localistas regionales que combinan prácticas políticas en un híbrido de culturas, matices y expectativas. El resultado: la creación de Cocef y Bandan.

Un segundo momento será el impasse político, ideológico y financiero de algunas organizaciones ambientalistas durante el lapso de 1997 a 2000. Esto se debe a varios problemas que las ONG ambientalistas tienen que enfrentar. Entre éstos cabe señalar:

a) La difícil puesta en marcha de las instituciones creadas por el TLC. Los trámites para elaborar un proyecto de infraestructura regional y presentarlo a la Cocef llevaron a que pocos grupos tuvieran acceso y foro para sus demandas. Del presupuesto destinado al Bandan sólo se ha ejercido 10%.⁴

b) La escasez de fuentes de financiamiento, que hacen a las ONG dependientes de programas auspiciados desde el extranjero.⁵

c) La falta de continuidad en las acciones como resultado de la ausencia de un compromiso, programas y objetivos constantes, permanentes y cotidianos.

El auge de organizaciones binacionales en materia ambiental se viene abajo. Las diferencias financieras, culturales y de proyectos se hacen patentes, y las ONG mexicanas buscarán nuevos socios, cada vez más lejanos. El abismo entre el deterioro del ambiente y la solución de problemas se hace patente en esta etapa. A partir de los años ochenta, el daño ambiental en la región es resultado, por una parte, del intenso poblamiento ocurrido desde los años cuarenta (atracción de empleo y migraciones del centro al norte del país) y la expansión industrial de las últimas dos décadas. El crecimiento de la población y el modelo industrializador asumido, al estar localizados en un medio natural con limitados recursos, provocan un fuerte impacto ambiental.

Una tercera fase es la que va del año 2000 a la fecha, donde existe un reagrupamiento de funciones y organismos, temática y socios ambientales. En esta última etapa sobresale la acción de las ONG en la conformación de legislaciones estatales en materia ambiental, y se pasa de la exigencia del derecho a saber a la incorporación de sus criterios y opiniones en la creación de leyes locales. Si la protesta inicial de las ONG y grupos ambientalistas fue el derecho a saber, en los últimos años, existe un mayor interés de estos grupos en conocer y participar en la reformulación de las leyes ambientales emitidas por el Estado. Un enfoque novedoso es la exigencia que grupos como Greenpeace en México, Fronteras Comunes, Emisiones-La Neta y Presencia Ciudadana han planteado al Congreso mexicano para la elaboración de un registro de emisiones y transferencias contaminantes. Se pretende que las empresas deben ser obligadas legalmente a dar cuenta de los desechos contaminantes que vierten al aire, suelo y agua, y el público debe tener acceso a esa información. Este compromiso, derivado del TLC, sólo ha sido cumplido por Estados Unidos y Canadá. En el reporte se registra información específica por sustancia, industria y localidad. Para estos grupos es fundamental que la industria maquiladora de exportación cumpla con este requisito y se sujete a la verificación de la información otorgada, la cual deberá estar disponible y ser gratuita para todos los interesados (Reforma, 2001).

También esta última etapa se caracteriza porque sólo pocos grupos han logrado profesionalizarse, tener contacto con universidades y centros tecnológicos, ampliar sus horizontes y discursos ambientales e intervenir activamente no sólo en foros de la localidad y binacionales sino también establecer contactos con diversas organizaciones del mundo. Aquí notamos una conjugación entre intereses políticos y recursos financieros, grupos que cuentan con gran apoyo estatal y otros que están totalmente marginados, temática que habla desde la educación ambiental hasta problemas de salud o calidad de vida; en fin, un abanico que habrá que descubrir con paciencia y trabajo.

Cabe mencionar la variedad y el tamaño de ONG ambientalistas en la frontera. Eso dependerá del momento histórico, los objetivos planteados y los fondos económicos con los que cuenten para enfrentar sus diversos programas de trabajo. En este sentido, se puede establecer que hay una transformación paulatina de las acciones sociales ambientalistas, que van desde respuestas sociales inmediatas, organización de movilizaciones sociales, acciones binacionales hasta la conformación de redes y ONG ambientalistas.

Una hipótesis central en nuestro estudio es que la preocupación ambiental que se canaliza a través de estos nuevos grupos y organizaciones se da por una combinación interesante de varios elementos: el contexto sociopolítico de cada una de las zonas de estudio (los procesos de transición), los daños inminentes a la salud y calidad de vida de los habitantes de la región (resultado del modelo de desarrollo adoptado y de los diversos accidentes ambientales en las diferentes zonas de estudio) y las características económicas y culturales del espacio geográfico que comparten México y los Estados Unidos (el flujo de capitales, comercio, acciones conjuntas, gobiernos locales, combinación de prácticas políticas híbridas, etcétera). Por ello, las formas particulares de organización y apreciación del deterioro ambiental en Ciudad Juárez, Matamoros y Tijuana no sólo están cruzadas por el eje tiempo sino también por las propias condiciones que estos tres procesos adquieren en cada uno de estos lugares.

Cabe mencionar que la clasificación rigurosa de ONG sigue provocando un amplio debate, situado en la conveniencia de aceptar un solo criterio de análisis: acciones e identidad, actividades y metas; u orientarse a partir de los discursos emitidos. En este estudio pretendemos establecer una clasificación a partir de niveles de análisis que permitan clasificarlas por sus características y así enriquecer la discusión y clasificación de ONG ambientalistas en la frontera compartida con Estados Unidos. No pretendemos agotar u ofrecer un esquema cerrado de clasificación; ésta es sólo una guía que nos permitirá comparar, evaluar e interpretar las organizaciones presentadas en este estudio. Utilizamos cinco unidades de observación: a) organización (de base o de membresía), b) perfil (temas o asuntos), c) financiamiento (interior y exterior), d) acción (ámbito local, contactos binacionales o internacionales) y e) visión (discurso y fines). A partir de ello construimos varias categorías:

Organizaciones de base. Constituyen una comunidad, enfocada de manera directa a los problemas de salud ambiental. Por lo general se disuelven rápidamente, no persiguen un reconocimiento legal o institucional, están ligadas de manera directa a los movimientos sociales y se caracterizan por la importancia que dan a una labor desde abajo. Su lema, "la gente primero", refleja una preocupación sin fines de lucro y de trabajo comunitario.

Organizaciones profesionales. Tienen una orientación política propia. Participan en los foros, consultas y espacios públicos abiertos para la formulación de políticas ambientales. Aunque no descuidan su trabajo comunitario, se enfocan a promover y difundir la problemática ambiental. Su equipo está constituido por profesionales, y buscan asesorías con universidades e institutos. Recientemente participan en la política local en la formulación de legislaciones estatales. Además prestan servicios y juegan un papel defensivo. Aquí podemos encontrar grupos ligados a las bases o más desarrollados.

Organizaciones técnicas. Su orientación no es política. Tienen un fuerte compromiso con los pobres y marginados, ofrecen servicios, propuestas y programas en relación directa con proyectos de desarrollo.

Organizaciones oficiales. Dedicadas a la educación ambiental, se han apropiado de las formas del quehacer político medioambiental en la región fronteriza. Son las interlocutoras de los gobiernos locales y representan una fuerza de nivel nacional. Favorecen foros, convenciones y dinámicas de grupo para difundir información ambiental. Tienen grandes financiamientos.

Organizaciones paraguas. Son aquéllas que han logrado construir redes. Se constituyen en intermediarias para construir ligas entre unas y otras organizaciones. Facilitan la labor, el financiamiento y los programas de diversas ONG. Estas coaliciones pueden ser efímeras, duraderas, estratégicas o espirituales. Uno de sus fines es internacionalizar los problemas de la sociedad civil.

Algunas ONG pueden participar en más de dos tipos de las organizaciones antes señaladas. Éste no es un espacio cerrado; las transformaciones que viven los diferentes organismos hacen que éstos se muevan dinámicamente dentro de las categorías antes señaladas (véase el cuadro 1).

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Nuestro estudio comprende tres etapas y tres sitios: Ciudad Juárez-El Paso (1993-1997), Matamoros (1997-2000) y Tijuana (2000-2001). Consideramos que estas tres ciudades representan, de manera clara, la conjunción de factores fundamentales para el estudio de respuestas sociales de carácter ambiental: son polos de crecimiento económico de la industria maquiladora; atraen fuertes migraciones del centro del país; presentan limitados recursos naturales, falta de servicios públicos e infraestructura, y deterioro de la calidad de vida y salud de los habitantes de la región (Alfie, 1998 y 2000). Los tres momentos estudiados marcan el camino recorrido por las acciones ambientales. Además, se encontraron diversas formas de organizaciones, que van cambiando a lo largo del período estudiado en cada zona. El número de éstas varía en cada ciudad, dependiendo del grado de desarrollo de la organización social frente al deterioro del ambiente, y los cortes en el tiempo son la toma de fotografías de la forma y organización en ese momento específico.⁶

Ciudad Juárez-El Paso (1993-1997)

Estos años representan el climax de la organización ambiental en la frontera norte. Nuestra investigación se centró en el espacio de Ciudad Juárez-El Paso. Ciudad Juárez representa un espacio complejo donde las mismas condiciones ambientales de la región, el auge maquilador, la sobrepoblación, la deficiencia de servicios y la falta de recursos dan lugar a infinidad de manifestaciones de carácter ambiental que, unidas a un fuerte pasado de organización social, propician infinidad de grupos y organizaciones.

Gran peso tienen las movilizaciones sociales que se empiezan a generar en los años ochenta. La descomposición del Partido Revolucionario Institucional y las revueltas de desobediencia civil iniciadas por el Partido Acción Nacional dan pie a la apertura política, donde la competencia y la alternancia juegan un papel relevante y se crean y fomentan diversos ámbitos de participación social. El Comité de Defensa Popular, compuesto por varios sectores económicos y sociales, utiliza prácticas espontáneas y genera espacios de participación social que son el germen de posteriores formas de organización. Cabe señalar que, junto con estos factores, las comunidades eclesiales de base y la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular sientan un fuerte precedente en la sociedad juarense, que va acumulando experiencias participativas. Este cambio político estructural, transición que se vive no sólo desde el poder sino también por los de abajo, es el marco de acción de las subsiguientes acciones sociales.

Un detonador del deterioro ambiental fue el "accidente" ocasionado por la empresa minera Frisco en 1985. Ésta arrojaba al ambiente emanaciones de ácido sulfúrico, que afectaron a gran parte de la población. Se descubrió además, en un tiradero clandestino, una bomba de cobalto 60, lo que causó terrible indignación entre los habitantes del lugar. Si a ello sumamos el incendio de Pemex en 1986 y el constante deterioro provocado por ladrilleras a cielo abierto, parque vehicular antiguo y contaminante y la industria maquiladora, la situación era totalmente favorable para que, hacia finales de 1986, aparecieran las primeras organizaciones de defensa ambiental, que adquirieron, desde su inicio, un perfil pluritemático, comandado por mujeres, con gran injerencia de las comunidades eclesiales de base y organizaciones pro defensa de derechos humanos.

La mayoría de estas organizaciones se autodefinen a través del concepto de justicia social, que abarca cuestiones laborales, de género y dignidad, producto de los procesos de urbanización, el incremento del nivel de escolaridad, la integración temprana a la maquila y una ideología anticentrista y antiautoritaria. Estos grupos están conformados por miembros de colonias, barrios y gente de la propia comunidad. Son organizaciones de base, poco profesionales, de escasos recursos y pocos contactos con el exterior.

En la ciudad de El Paso, las mayores organizaciones ambientales se centraron en los años setenta y principios de los ochenta en el deterioro del aire y los contaminantes arrojados por la refinería Asarco, las emisiones de Chevron y las largas filas de automóviles en los puentes internacionales. Para los ochenta se presentó un suceso que cambió la organización ambiental: la posibilidad de construcción de un basurero tóxico en el condado de Sierra Blanca y un relleno sanitario en Sunland Park modificaron, de manera radical, la percepción y actuación de las organizaciones ambientalistas paseñas. De atacar la contaminación atmosférica pasaron a un discurso y acciones de justicia ambiental.⁷

La coyuntura del TLC favoreció de manera inmediata la unión de grupos de ambos lados de la frontera. Los lazos entre asociaciones ambientalistas se iniciaron a partir de que los estadounidenses empezaron a buscar a sus homólogos mexicanos para oponerse de manera solidaría al tratado. Elaboraron estrategias comunes y, por primera vez, a principios de los años noventa reconocieron que los problemas ambientales deben ser examinados, enfrentados y resueltos desde el ámbito regional. El caso del cobalto 60 se convirtió en el pivote de una serie de acciones conjuntas (se descubrió que los restos de este elemento se encontraron en varillas que tuvieron como destino final a los consumidores de Estados Unidos) y se pusieron en el tapete de la discusión el papel de las empresas maquiladoras y los perjuicios que han provocado al ambiente y a los habitantes de la región.

Se organizaron brigadas ciudadanas binacionales para combatir basureros clandestinos, se inició un intercambio de información ambiental entre grupos y una campaña en contra del racismo ambiental por la construcción de Sierra Blanca y Sunland Park. El rechazo a la firma del TLC favoreció la formación de la primera ONG binacional, la Alianza Ecologista del Bravo, integrada por el Consejo Ecológico de Ciudad Juárez, el Grupo Sierra Blanca y el Alert Citizens for the Environment de Nuevo México y El Paso.

Estas redes binacionales florecieron de 1993 a 1996, tomaron desprevenidos a los dos gobiernos frente a la firma del TLC y generaron un espacio amplio con poca posibilidad de ser absorbidos por alguno de los gobiernos; ampliaron la información no sólo de accidentes ambientales a los dos lados de la frontera sino que se convirtieron en vigilantes de la industria maquiladora. Además se unieron a diferentes movimientos de colonos en pro del cuidado y defensa del medio ambiente, donde la maquiladora es principal agente contaminante. La información, comunicación y arreglo de dificultades ambientales en la región quedaron atravesadas por nuevas formas de organización social: las diversas ONG de carácter binacional. Estas nuevas organizaciones fortalecieron a los grupos locales mexicanos; les confirieron no sólo un nuevo discurso sino una plataforma más profesional; v empezaron a allegarse financiamientos externos y a ser un actor político de relevancia estatal. Para los grupos estadounidenses, la experiencia conjunta brindó una nueva forma de hacer política, combinó prácticas de acción y fortaleció su presencia frente a sus representantes locales.

El caso de Ciudad Juárez-El Paso puede extenderse a lo largo de la frontera. La fotografía fijaría una imagen de confluencia de grupos donde cabezas de cabellos obscuros con cabelleras rubias se mezclan en una diversidad de demandas, prácticas y visiones, donde la frontera se borra, se funde, se hace una, frente al deterioro ambiental. Por ello, ése fue el momento de la cúspide, de las propuestas, de las acciones conjuntas reveladas. La experiencia binacional de ONG; fronterizas ejerció presión en la formulación de los Acuerdos Paralelos tanto con la toma de puentes internacionales —típica acción mexicana-como a través del tradicional cabildeo estadounidense. El espacio de información, las acciones sorpresivas frente a ambos gobiernos federales y locales y su constante activismo durante estos años las fortalecieron, enriquecieron y lograron un espacio abierto que les permitió empezar a participar en la toma de decisiones. Básicamente, su acción consolida no sólo los Acuerdos Paralelos, sino la conformación del Bandan y Cocef.

El auge de estas organizaciones no gubernamentales se hizo evidente en Ciudad Juárez, pues de 1993 a 1997 se formaron alrededor de 26 grupos con preocupaciones ambientalistas, dos binacionales y cuatro fundaciones. El impulso del contexto del TLC, la llegada de importantes fuentes de financiamiento y la posibilidad de ejercer presión en la toma de decisiones políticas depuraron grupos, algunos de los cuales optaron por relacionarse más con el gobierno y las empresas, crear instancias y coordinaciones más profesionales y burocráticas y extender programas a la educación ambiental y la legislación. Si bien algunas ONG siguieron trabajando cerca de la comunidad y con preocupaciones muy locales, otras optaron por ceder derechos a diferentes partidos políticos y negociar, desde dentro, presupuestos y acciones directamente ligados con bienes y servicios.

Lo cierto es que en esta época se dio un abanico que iba desde organizaciones de base, ligadas a la comunidad con algún senado religioso y tendencia a fomentar el desarrollo, con líderes locales recién incorporados a la lucha y temas diversos que abarcaban desde el trabajo, derechos humanos, género, hasta el medio ambiente (Organización Popular Independiente; Promoción Social Kolping, A.C.; Comité Independiente de Chihuahua Pro Defensa de Derechos Humanos; Comité Ecológico de Ciudad Juárez; Centro de Orientación a la Mujer, etcétera), a organizaciones altamente profesionales —más vinculadas con sus similares estadounidenses—, que lograron obtener financiamiento externo, buscaron negociar con gobiernos locales o empresas y tuvieron profesionistas con manejo de la legislación sobre el medio ambiente, además de iniciar una serie de transformaciones en el ámbito de educación ambiental y presión sobre la toma de decisiones de la Cocef o los gobiernos locales (Federación Mexicana de Asociaciones Privadas de Salud y Desarrollo Comunitario, A.C. -Femap-, Proyecto del Río, Sierra Madre Alliance Program, Alianza Internacional Ecologista del Bravo, Grupo Ecologista y Participación Ciudadana, Coalición Pro Justicia de las Maquiladoras, etcétera), hasta organizaciones que poco a poco se fueron profesionalizando y crearon vínculos más gerenciales con otros grupos en los ámbitos binacional o internacional.

De 1993 a 1997 se generó una gran expectativa, se despertó un enorme interés y se fomentó la posibilidad de ir resolviendo y limpiando los problemas ambientales de la frontera común entre México y los Estados Unidos. Las nuevas organizaciones no gubernamentales fungieron como un actor dinámico que inundó los espacios locales y binacionales proponiendo nuevas ideas, tácticas y estrategias de acción ambiental, que abrieron un abanico de posibilidades y posiciones políticas (El Cotidiano, 1994-95)(Alfie, 1998 y 2000).⁸

Matamoros-Brownsville (1997-2000)

Las fotografías e imágenes que capturamos en Matamoros-Brownsville sobre organización social orientada a asuntos ambientales difieren radicalmente de las encontradas en Ciudad Juárez-El Paso. Aun cuando Matamoros presenta un deterioro ambiental grave que se refleja, fundamentalmente, en el consumo de agua, la disposición de basura y la contaminación del aire, esto no ha provocado, como se pensaría, la movilización, protesta u organización permanente y constante para el cuidado del medio ambiente.

Matamoros es la ciudad fronteriza que menos agua consume y su relación con el condado de Cameron (Brownsville) es casi de dos a uno; mientras que en Cameron se consumen 573 litros al día por habitante, la cifra en Matamoros es de 216. Por otra parte, en la mayoría de los diferentes municipios fronterizos se dispone de los desechos en rellenos sanitarios; Matamoros concentra su basura en tiraderos a cielo abierto y, por supuesto, no tiene registro de las sustancias peligrosas —sólidos y líquidos— de origen industrial. Si a ello sumamos que en las fechas en que se realizó la investigación, el laboratorio ambiental Ciudadanos encontró en los canales, cerca de las maquiladoras, altos índices de materia tóxica (carcinógenos, tirógenos o sustancias cuyo uso se relaciona con la probabilidad de nacimientos de niños con graves defectos neurológicos), la situación ambiental de Matamoros es cada vez más apremiante. El modelo de crecimiento en esta ciudad ha deteriorado en gran medida las condiciones ambientales y afectado de manera determinante la salud de sus pobladores (Alfie, 2000: 203).⁹

Una gran diferencia entre Matamoros y Tijuana o Ciudad Juárez es que la transición democrática en la primera de estas ciudades aún no es real ni representa un ejercicio cotidiano para la sociedad tamaulipeca. Matamoros sigue siendo un bastión priísta; las elecciones, los candidatos y las formas de hacer política siguen utilizando las viejas y corruptas formas tradicionales, donde el compadrazgo, el clientelismo y la corrupción son hechos cotidianos. Nuestro trabajo de campo consistió en rastrear diversas fuentes de información (entrevista a trabajadores de maquila, funcionarios, hospitales, ONG y grupos ambientalistas), y nuestros hallazgos se sitúan en dos vertientes: a) el deterioro ambiental provocado por la industria maquiladora, y b) las movilizaciones ambientalistas y las organizaciones no gubernamentales.¹⁰

En cuanto al primer punto, desde fines de la década anterior, las maquiladoras de Matamoros producían una cantidad tal de desechos, en su mayoría tóxicos, que sobrepasaban ya la capacidad para deshacerse de éstos sin riesgo. A lo largo de la década de los noventa se incrementó el número de empresas maquiladoras, así como el volumen de desechos tóxicos industriales, generados por el uso de nuevas sustancias peligrosas con poca capacidad de control de sus residuos. El dilema de la industria maquiladora es sumamente complejo, pues instalar tecnología inocua para el medio ambiente resulta un alto costo que las empresas no están dispuestas a pagar. Una de las ventajas comparativas que nuestro país les ofrece es la mano de obra barata, sindicalizada y controlada, en el caso de Matamoros, por un solo sindicato; pero también las ventajas ambientales de una legislación sumamente laxa. La mayoría de los desechos tóxicos en Matamoros son arrojados al desagüe y canales que desembocan en el río Bravo. En mayo de 1991 se detectaron altos niveles de contaminación en las aguas del río compartido: naftaleno, xileno, ácidos, pentaclorofenol, clorido-metileno y etilbenzeno (Coalition for Justice in the Maquiladora, 1993).

En el caso de Matamoros, la maquila se ha especializado en el ensamble de autopartes e industria electrónica. Emplea 60% de la fuerza de trabajo, no hay gran rotación de personal y los salarios son más altos que en otras ciudades fronterizas. Más de 80% de las plantas importantes que operan en esta ciudad tienen o están en vías de lograr certificaciones de sistemas de calidad y son altamente competitivas.

De 1983 a 1990 se tienen registrados 23 casos de problemas ambientales y salud provocados por las empresas maquiladoras en el municipio de Matamoros. El riesgo permanente al que está sometida una parte considerable de la población, el deterioro de amplios ecosistemas, la constante migración en busca de empleos y la permanente oferta maquiladora convirtieron a Matamoros en un paraíso contaminado. Ante este panorama de deterioro y amenaza a la salud, tanto de trabajadores como de diversos colonos, parecería entonces que Matamoros tiene condiciones propicias para una amplia movilización social de índole ambiental.

Sin embargo, a diferencia de Ciudad Juárez o Tijuana, la organización y participación en problemas ambientales es casi nula. De las 174 entrevistas que realizamos con trabajadores de 41 maquilas en septiembre de 1998 y diciembre del mismo año, 81 pertenecían a las siete empresas más importantes de la región; 106 eran mujeres, y 58, originarios de Matamoros, con edad promedio de 18 a 25 años; 80% trabajaban en maquiladoras especializadas en tres grandes ramos: industria automotriz, maquinaria eléctrica e industria electrónica. De ellos, 105 tenían de uno a cinco miembros de su familia trabajando en esta actividad. Los encuestados reconocían los solventes, así como los adelgazadores, pero 82 de ellos desconocían los daños a la salud que los materiales utilizados les podían provocar; 104 destacaron el ruido, polvo, humo y vapores como elementos contaminantes en el área de trabajo; 107 ignoraban la disposición final de los desechos tóxicos; 70 trabajadores aseguraron que la empresa donde laboraban no reconocía enfermedades profesionales; 100% eran agremiados a la CTM y 165 recibían servicio médico en la empresa (Alfie, 2000).

Esta información nos muestra un abanico para una infinidad de estudios. Sin embargo, para nuestro caso, el dato más relevante es que tan sólo 10 trabajadores de esta muestra dijeron participar en alguna organización política o civil preocupada por el medio ambiente, y las ONG encontradas no sobrepasaban los 40 miembros. El análisis de nuestros datos, los resultados de las encuestas, las entrevistas y la observación directa presentan a Matamoros como un sitio de desorganizadas respuestas sociales frente a condiciones de deterioro. El atraso político y la modernidad económica maquiladora se unieron y crearon un fuerte desarraigo y desinterés social.

Existen casos aislados, de grupos o personas que se manifiestan, pero no pasan de ser demandas incidentales que difícilmente pueden considerarse movilizaciones sociales, no sólo por el número de participantes sino, sobre todo, por los fines perseguidos y los resultados alcanzados. El compromiso de los demandantes se da de manera individual; no existe una identidad colectiva, un todo que ligue a los participantes, que retiran sus demandas rápidamente. Junto a ello, sólo encontramos dos organizaciones no gubernamentales que abordan la problemática ambiental: la Comunidad Ecológica de Matamoros (CEM) y la Pastoral Juvenil Obrera (PJO). Esta última adopta la vertiente trabajo-salud-medio ambiente.¹¹

Las dos organizaciones pertenecen a la Coalición Pro Justicia de las Maquiladoras (CJM), unión de asociaciones de índole trinacional, preocupada por temas ambientales y laborales. La CJM abarca más de 200 organizaciones no gubernamentales, centra su interés en la relación maquila-medio ambiente y gran número de sus participantes estadounidenses provienen de órdenes religiosas. Aun cuando la CEM y la PJO participan en esta ONG, en el ámbito local no existen planes conjuntos entre ellas y más bien puede detectarse una lucha para lograr más adeptos de la comunidad a sus organizaciones. En lugar de unir esfuerzos se dan pugnas, divisiones y conflictos, que dificultan el combate de los graves problemas ambientales de Matamoros.

La CEM dedica 100% de sus acciones a cuestiones ambientales: fauna, flora e investigaciones sobre productos tóxicos. Su participación en la agenda ambiental cobra importancia a partir de su intervención en dos conflictos con industrias maquiladoras (Kemet y Química Flúor), donde participó con el Texas Center for Policy Studies, organización estadounidense que le facilitó ayuda logística y económica. Sus temas y preocupaciones crecen; la CEM señala, frente al municipio, los graves problemas que el desagüe a cielo abierto provoca en toda la ciudad; apunta la necesidad de un desarrollo industrial y urbano de Matamoros y se preocupa por demandar ante el Congreso estadounidense a empresas maquiladoras contaminantes. Sin embargo, sus acciones no son permanentes y se diluyen en una infinidad de temas.

Últimamente, la Comunidad Ecológica de Matamoros trata de incidir en la ley ambiental del estado y crea el Centro de Derecho Ambiental. Se puede decir que de ser una organización de base pasa a una profesionalización, ayudada por financiamiento de varias fundaciones estadounidenses y organizaciones no gubernamentales. Tiene relaciones estrechas con más de 60 grupos ambientalistas en el país, y si bien deja de colaborar con el Texas Center, se alía con la Coalición Pro Justicia de las Maquiladoras.

La Pastoral Juvenil Obrera tiene un origen religioso que proviene de la Juventud Obrera Cristiana. Utiliza una metodología participativa con los trabajadores y mantiene relaciones amistosas con la iglesia. Centra su interés en las condiciones de salud que la industria maquiladora ha provocado en los trabajadores de la región. Su labor se orienta a campañas informativas sobre el efecto de los productos tóxicos, en las que se capacita y entrena a los empleados para que cuenten con los conocimientos necesarios. Además, forma promotores de salud que provienen de las filas obreras. Su acción se concentra, desde hace 10 años, en la empresa Autotrim, maquiladora que no reconoce enfermedades profesionales. Ante la evidencia de deformación de los huesos y músculos del brazo y antebrazo en los procesos productivos, la PJO levanta una demanda internacional en la que culpa de negligencia a la empresa ante la enfermedad del túnel carpeano.

La PJO cuenta con 10 miembros. Su trabajo es totalmente de base y en los últimos años se ha asociado con la Maquiladora Health & Safety Nerwork (organización profesional y paraguas de otras asociaciones), compuesta por médicos, enfermeras, educadores sociales, entre otros, que apoyan a grupos con asesoría técnica sobre riesgos en el lugar de trabajo.

Estas dos organizaciones nacen con una referencia inmediata a las necesidades de la comunidad; sin embargo, notamos que la CEM ha logrado profesionalizar sus equipos, conseguir mejores fin andamientos, aunque es una organización pequeña y cambia constantemente de preocupaciones y focos de atención. La PJO es netamente una organización de base con muy pocos miembros, que realiza acciones casi clandestinas al interior de las empresas y básicamente su apoyo sería para trabajadores y colonos cuya salud ha sido perjudicada por consecuencias laborales. Ambas tienen un fuerte liderazgo asociado con la cultura política de la región, y las decisiones del grupo las toma una sola persona, que imprime su carácter personal a las tácticas y estrategias por seguir.

La fotografía de estos años en la cuestión ambiental es en blanco y negro; los avances de inicio de los años noventa no se continuaron en la región de Matamoros-Brownsville. Estos se silenciaron en una inercia donde la heterogeneidad, la fragmentación y la diversidad de la sociedad civil no pudieron encontrar un proyecto que aglutinara las demandas ambientales.

En esos años, las propuestas a la Cocef quedaron sólo en papel, y el ejercicio del presupuesto de Bandan fue mínimo, circunstancias que desmotivaron, de manera fundamental, a diversas organizaciones no gubernamentales que confiaron en los cambios institucionales. El trámite para la aprobación de proyectos de la comunidad en la Cocef implica una inmensa fila de pequeñas solicitudes, aprobaciones y demasiada burocracia. La CEM tenía un proyecto de infraestructura de una planta tratadora de agua, que hasta 2001 no había podido ser aprobada. Las faltas institucionales, las pugnas entre organizaciones ambientalistas, la poca participación social y el atraso político de Matamoros son factores que de alguna manera influyen en la posible respuesta social.

En el caso de Matamoros, el TLC no abrió las puertas a mayor número de organizaciones, y menos a la continuidad permanente de acciones sociales. Además el deterioro ambiental y los altos índices de problemas de salud no garantizan la participación de la sociedad ni el auge de su respuesta. Un factor fundamental para explicar la inacción, la inmovilidad y la falta de protesta debe leerse en la cultura política predominante en el estado tamaulipeco. El sindicalismo único y corporativo, la falta de alternancia y la verticalidad en las decisiones son elementos todavía palpables en las dos organizaciones ambientalistas encontradas. Sus lazos con el exterior constantemente se modifican, las dos pertenecen a organizaciones trinacionales, y la PJO, a una internacional, pero la falta de vínculos también las limita en sus financiamientos y oportunidades. Por ello, el movimiento impulsado, y en auge, de 1993 a 1996 entró en un período de calma, restricción, retraimiento y hasta retroceso en relación con las propuestas e iniciativas ambientales fronterizas. El resultado: la falta de acciones permanentes del movimiento ambiental de 1997 a 2000; el aislamiento de sus organizaciones y el alto poder de sus líderes.

Tijuana (2000-2001)

Al igual que en el resto de la región fronteriza, las manifestaciones de carácter ambiental aparecen en Tijuana-San Diego a principios de los años ochenta. Por ello puede decirse, en muchos sentidos, que la organización ambiental es joven y ha pasado por diversas etapas. En la región de Tijuana-San Diego, los movimientos y la participación ambientalistas inician entre 1980 y 1983, cuando aparecen los primeros grupos comunitarios que tratan de cuestionar y poner en evidencia los daños al medio ambiente, enfocados de manera fundamental a los problemas del agua. Una segunda etapa está dada de 1989 a 1992, cuando los grupos tienen un perfil dedicado a la educación, la difusión de la problemática ambiental entre diversos sectores, el conocimiento de diferente temática y la formación de infinidad de grupos impulsados por la coyuntura del TLC y las instituciones que nacen de éste. En la última etapa, de 1996 a 2001, encontramos grupos más profesionales, vinculados con redes internacionales.

Durante nuestra exposición hemos apuntado diversos momentos por los cuales ha transcurrido el ambientalismo en la región fronteriza. Tijuana, al igual que Ciudad Juárez y Matamoros, vivió un período de auge de 1993 a 1996. Cabe resaltar que de 1998 a 2000 también se presentó un impasse en las organizaciones, grupos y asociaciones. Lo que notamos en Tijuana desde 1999 es una reagrupación de asociaciones y organizaciones ligadas ya no a grupos estadounidenses (de manera exclusiva y característica de los inicios de los años noventa) sino conformando redes en el ámbito internacional con diversas preocupaciones y objetivos.

Se pasa de un think globally act locally a un think locally act globally, situación relacionada directamente con las demandas de los globalifóbicos frente a los organismos internacionales de comercio. Lo que constituye una gran atracción para la movilización de estos grupos es la fuerte influencia de problemas globales relacionados con la propuesta de un acuerdo comercial para todo el continente americano y la identificación de problemas de deterioro ambiental, salud y trabajo como parte de los procesos productivos de los grandes consorcios trasnacionales. Además, el uso de Internet se convierte en un arma clave de estas organizaciones. Su presencia en la conformación de la ley estatal de medio ambiente es un hecho que fusiona en un interés común a varios grupos e incide en las decisiones de política ambiental. Claro, seguirán existiendo los grupos comunitarios, de base y los profesionales. Lo interesante es la diversidad, heterogeneidad y multiplicidad de proyectos que se encuentran en la región.

Un asunto evidente es que esta misma pluralidad hace que grupos aparezcan y desaparezcan como por arte de magia; sólo pocos de éstos han seguido una acción permanente durante esos años, lo que se debe en gran medida a las fuentes de financiamiento, los contactos con organizaciones internacionales no gubernamentales y los apoyos internos que estos grupos vayan creando y fortaleciendo (Lara, 1999:155-185).

Es importante destacar que la permanencia del ambientalismo fronterizo tiene que ver con las condiciones propias de esta zona, la organización y la participación social y el deterioro de las formas de vida ocasionado por los problemas ambientales. La intervención de la sociedad en la problemática ambiental surge de la tradición de grupos de base que se fueron profesionalizando y la gran influencia de la organización binacional surgida del TLC. En realidad, la mayoría de estos grupos no tienen como preocupación única la defensa del medio ambiente. Esta será una exigencia más de una lista infinita de problemas de la región como: migración, salud, maquiladoras, trabajo, vivienda, servicios públicos, etcétera. Muchas de las demandas de los grupos analizados (encontramos más de 30 y entrevistamos a 17) se enfocan a una diversa problemática de carácter local, donde cuestiones como el calentamiento de la Tierra, el agujero de ozono o el efecto de invernadero ni siquiera son vistas o puestas como interrogantes, y menos aún se tiene una respuesta frente a esta problemática global.¹²

Es interesante que a lo largo de estos años de investigación sea evidente la falta de un discurso técnico-científico de los grupos ambientalistas mexicanos fronterizos. La gran mayoría carecen de contactos con las universidades e institutos tecnológicos, lo cual representa una fuerte desventaja frente a sus similares estadounidenses o internacionales. Es necesario hacer notar que la fotografía de los grupos ambientalistas en la región Tijuana-San Diego de 2000 a 2001 nos mostraría infinidad de colores, visiones y sujetos; una serie de imágenes en movimiento, donde hay grupos consolidados y fuertes, pero también, otros pequeños, débiles y enfermos. La ausencia de continuidad de proyectos, la falta de permanencia de acciones cotidianas y el cansancio de sus líderes (pues no hay rotación) son serios problemas a los cuales se enfrentan las ONG ambientalistas.

Nuestro trabajo de campo nos condujo a la distinción de cinco organizaciones no gubernamentales ambientalistas:

a) Organizaciones de base. Se distinguen por un discurso donde se defiende y enarbola la justicia ambiental y el derecho a saber (Shabecoff, 2000:29-49; Camacho, 1998). Se relaciona de manera directa el deterioro ambiental con problemas de salud y maquila y se inicia toda una campaña de difusión a través de promotoras que mantienen una relación estrecha con empleadas de maquila. Es un trabajo hormiga, pues es clandestino y muy mal visto por las maquiladoras de la región. La mayoría de las ocasiones es una labor personalizada y particular que va ganando poco a poco adeptos. Se habla de los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores de maquila y se inician foros de información sobre los efectos que determinados tóxicos causan en la salud. También enarbolan el derecho a tener un medio ambiente sano y contar con la información necesaria para enfrentar el deterioro a la salud y la exposición a ciertos productos tóxicos. Notamos que si bien estos grupos estuvieron ligados a redes estadounidenses de 1993 a 1996, se quejan del trato de sus homólogos y deciden buscar nuevos financiamientos de organizaciones de Europa o Canadá, pues dicen estar cansados de que los estadounidenses les digan el cómo y el cuándo y prefieren amigos más lejanos. Por ello encontramos en este grupo tres momentos distintos: el primero que nos habla de su nacimiento como organización de base ligada de manera directa con los problemas de trabajadores y colonos, de sus líderes —que surgen y se hacen de la experiencia de grupos eclesiales de base o movimientos de tipo popular—, y existe una relación directa entre líderes y miembros; un segundo momento, ligado al TLC y la experiencia con grupos estadounidenses de gran auge, motivación y movimiento, da pie a la formación de redes binacionales y abre la posibilidad de intervenir en Cocef Y Bandan, momento que culmina en 1998 con gran decepción y alejamiento de los grupos estadounidenses y de las instituciones creadas; y un tercer momento, donde se busca ampliar las relaciones con otros grupos, se establecen nuevos financiamientos y se fortalecen vínculos con redes internacionales donde se destaca la problemática y relaciones de grupos sur-sur y el alejamiento y rompimiento con grupos estadounidenses. En el ámbito local, estos grupos viven marginados en el interior de la propia organización ambientalista y tienen poca influencia en la toma de decisiones en su entorno. Sus temas abarcan salud, derechos humanos, trabajo, maquiladoras y migración. Y aunque cuestionan de manera directa la maquiladora, están conscientes de su importancia y la necesidad de seguir teniendo trabajo en la región, pero argumentan querer una maquiladora sana y limpia (A este tipo de ONG corresponden la Casa de la Mujer, Factor X y Cañón del Padre).

b) Organizaciones oficiales. Son agrupaciones que han sabido aprovechar, a partir de la coyuntura del TLC y las instituciones como Cocef y Bandan, los espacios que se han abierto. Su discurso está enfocado a la educación ambiental, información y conocimiento de los problemas de la región y su difusión a escuelas y organismos particulares. Son organizaciones que participan en la toma de decisiones en los ámbitos local y binacional, obtienen grandes presupuestos y financiamientos a través de organismos y fundaciones estadounidenses, son ampliamente consultadas y recientemente han comandado los cambios en la legislación ambiental del Estado. Carecen de un discurso técnico-científico y centran la problemática ambiental en hechos concretos, donde la educación es el pivote de cambio. No tienen contacto con movimientos sociales y su discurso carece de expectativas de cambio social. Representan la parte oficial de la problemática ambiental, y son ampliamente conocidas en varios núcleos de los Estados Unidos, la Cocef y los gobiernos locales. Sus líderes provienen de diversas disciplinas y han logrado mantener excelentes contactos con fuertes fundaciones que les proporcionan recursos, medios y foros para exponer sus ideas. El cabildeo e influencia son dos patrones que se siguen de manera constante (en este tipo de organización no gubernamental se clasifica Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental).

c) Organizaciones técnicas. Aquí encontramos grupos prestadores de servicios que abordan ciertos problemas, dan consulta y proveen servicios particulares en la región. Son básicamente técnicos y resuelven problemas muy concretos y especializados. Destacan también, en esta clasificación, las organizaciones paraguas, que han logrado atraer una infinidad de grupos, a los cuales les cobran una cuota para transmitir por Internet diversos mensajes, anuncios, comunicados o avisos. Es una red especializada en noticias ambientales, coordinadora de mensajes y encuentro de grupos. Estas organizaciones son altamente profesionales, cuentan con equipo de avanzada tecnología y básicamente proporcionan servicios que van desde información hasta cursos de conocimiento de tóxicos en la maquila y experiencias de otros grupos en diversos países, o financiamiento de algunos líderes locales para asimilar experiencias en países lejanos (a este grupo pertenecen Maquiladora Health and Safety Support Network, La Neta y MEBAC).

d) Organizaciones profesionales. Estas son las más escasas. Coordinan un discurso científico-técnico con la problemática social y ambiental de la región. Tienen pocos años en la zona y han sufrido ataques y amenazas. Han sido consultadas en la elaboración de la legislación ambiental estatal y han ganado credibilidad ante diversos sectores de la sociedad civil. La profesionalización de sus líderes es un aspecto relevante que les ha proporcionado apoyo ciudadano a partir de identificar problemas ambientales específicos. Se relacionan con grupos y redes de todo el mundo, participan en foros locales, binacionales e internacionales y se vinculan con la diversa problemática global. Su discurso combina la terminología legal con los problemas sociales y ambientales de la región. Sus vínculos se dan con grupos epistémicos y ONG binacionales e internacionales (ejemplo de este tipo de organización lo constituye Yeuani, A.C.).

e) Grupos conservacionistas. Son asociaciones que han surgido en los últimos años y tienen una fuerte influencia de grupos estadounidenses. Han ganado pocos espacios y se concentran en defender la fauna y flora de la región. Algunos promueven el ecoturismo. Su discurso es conservacionista y tratan de preservar la naturaleza sobre la condición humana. Sus vínculos se encuentran en los ámbitos binacional y local (tal es el caso del Grupo Ecologista Gaviotas, Playas de Rosarito, Pro Esteros y Pro Natura).

Así, queda claro cómo, a partir de esta perspectiva, se dibuja un panorama lleno de colores, imágenes y actores de diversa índole con tendencias y discursos específicos. Los grupos de base de la iglesia, las organizaciones oficiales que han obtenido fondos y foros, las incipientes organizaciones profesionales, los nuevos grupos conservacionistas y las asociaciones de carácter técnico son un ejemplo del abanico de grupos, tendencias y discursos que hoy inundan la región de Tijuana-San Diego.

 

CONCLUSIONES

Nuestra intención ha sido mostrar cómo, en estos 10 años, las ONG ambientalistas de la frontera norte han cambiado no sólo el panorama de la acción social sino la percepción y el combate al deterioro del medio ambiente. La infinidad y gama de discursos que inundan la región son reflejo de la diversidad y heterogeneidad de las organizaciones existentes. Hemos dado a conocer los diferentes momentos por los cuales ha atravesado el ambientalismo en la región fronteriza. Este es un momento clave de decisión y reorientación de prácticas, acciones y metas. La gravedad del deterioro ambiental en cada una de las regiones estudiadas, las constantes enfermedades y el deterioro de la calidad de vida de los habitantes de la región hacen cada vez más determinante la injerencia de nuevos actores sociales en la participación en decisiones de política ambiental.

Aunque al inicio de los años noventa, organizaciones mexicanas y estadounidenses realizaron esfuerzos por trabajar de manera conjunta los problemas ambientales fronterizos, esto es cada vez más difícil de concretarse. La riqueza de experiencias compartidas y acciones híbridas hoy se transforma en un choque cultural casi permanente. La falta de asesoría técnica y científica de las ONG mexicanas las pone en amplia desventaja frente a sus similares estadounidenses, que cada vez amplían más sus contactos con universidades y centros de investigación. El financiamiento se vuelve un obstáculo adicional; pocas ONG mexicanas pueden por sí mismas recibir presupuesto. Por lo general logran financiar proyectos cuando se coordinan con organizaciones estadounidenses.

Son pocas las relaciones binacionales que han perdurado a lo largo de estos 10 años. Tal vez la exigencia de una nueva imaginación, novedosos proyectos y relaciones entre iguales sea necesaria para refrendar el compromiso mutuo.

Los esfuerzos aislados casi nunca logran beneficios significativos. Trabajar de manera conjunta es el reto más importante. Existen la experiencia y la voluntad. Tal vez lo que hay que afinar es la dedicación, el discurso, la temática y los objetivos.

La región fronteriza, laboratorio de pruebas ambientales, es el mejor ejemplo de la diversidad y pluralidad de acciones. Concretar planes y programas conjuntos con los grupos estadounidenses se convierte en tarea fundamental frente al deterioro ambiental que viven ambas localidades. Aun cuando existen infinidad de vallas por librar, la experiencia conjunta de inicios de los noventa creó acciones sociales muy importantes que fueron elaborando una nueva forma de construir la política fronteriza.

Las ONG, con sus virtudes y defectos, pueden abrir un campo de innovación en asuntos clave como: educación ambiental, planes de seguridad laboral, registro de contaminantes generados por las empresas, y ayuda técnica y profesional. Sin embargo, hasta hoy, las organizaciones ambientalistas mexicanas de la frontera norte han experimentado muy poco en este aspecto y siguen visualizando los problemas ambientales desde un marco local inmediato, en donde la falta de una acción permanente y constante es su gran debilidad. Habría que promover nuevos enfoques, expectativas, capacitación, y una aguda democracia que empezara por las mismas ONG.

Este trabajo intenta esclarecer una tipificación de ONG ambientalistas en la frontera norte, sus tácticas y estrategias, sus metas y logros, pero también sus fracasos y retrocesos. Ampliar el estudio de estos temas puede abrir infinidad de vertientes de investigación y conocimiento de cómo ha funcionado el ambientalismo en México y la gran responsabilidad de darle solución a uno de tantos asuntos que compartimos con los Estados Unidos.

 

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Notas

¹ La mayoría de las ONG realizan más de una de las actividades señaladas. Datos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

² Instrumentos pensados para coordinar y captar fondos para la limpieza ambiental de la frontera, apoyar a las comunidades de ambos países y ejecutar proyectos de infraestructura ecológica en el marco legal del TLC. La Cocef acredita los proyectos que son propuestos por las comunidades, gobiernos locales o particulares; el Bandan otorga los fondos para ponerlos en práctica.

³ Estas dos instancias oficiales no han podido resolver serios problemas que hoy se presentan: la construcción de infraestructura ambiental altamente costosa, los criterios de selección de proyectos propuestos por la comunidad y la falta de visión precautoria, preventiva y sustentable que implica las políticas medioambientales. Los gobiernos de Estados Unidos y México se comprometieron a canalizar 3 000 millones de dólares para complementar los fondos existentes y promover una mayor participación del capital privado en estos organismos. Sin embargo, el error económico de 1994 en México y el recorte presupuestal a los programas fronterizos por parte del gobierno estadounidense aplazaron la limpieza, la disposición final de productos tóxicos y los proyectos de infraestructura ambiental.

⁴ E1 desgaste de los recursos naturales y la incapacidad de los gobiernos locales para dotar de infraestructura, servicios y equipamiento que respondan al acelerado crecimiento urbano, propició delicadas condiciones ambientales, que ni la Cocef ni el Bandan han podido resolver.

⁵ Muchos de los intereses de las fundaciones que patrocinan y dan apoyo financiero a las ONG mexicanas tienen que pasar por un aval estadounidense. Además, los fondos no siempre cubren las expectativas planteadas por las ONG ; los programas que son financiados están incluidos en los intereses que representa la fundación.

⁶ Se utilizaron varios métodos y técnicas en cada zona. En Ciudad Juárez-El Paso se aplicó una encuesta a los miembros de movilizaciones binacionales ambientalistas (150 cuestionarios), dos estudios de opinión (300 cuestiónanos), uno en 1993 y otro en 1997, y entrevistas a ocho líderes de ONG . En Matamoros se entrevistó a 175 trabajadores de maquiladoras y a cuatro líderes de ONG (allí se encuentra la menor organización social frente al del ambiente), y en Tijuana-San Diego se reconocieron 35 grupos ambientales, de los cuales entrevistamos a 17.

⁷ En esta etapa cobran importancia los movimientos de resistencia ante la disposición de basureros tóxicos en los barrios negros, indios y mexicanos, acciones conocidas como LULUS (locally unwanted land uses) y NIMBY (not in my backyard).

⁸ Acerca de este período pueden consultarse las entrevistas con líderes de movimientos ambientalistas e incipientes ONG, así como percepciones ambientales de los habitantes de la región, información publicada en esos años en la revista El Cotidiano, UAM-A, México, núms. 43 al 87, o en M. Alfie, op. at.

⁹ Cerca de la General Motors, se encontró zileno en un nivel 6 000 veces más alto de lo considerado como normal, y en la planta Stephen, el mismo solvente apareció 52 000 veces más elevado. Asimismo un cloruro de metalina considerado como fuerte carcinógeno fue encontrado en esos canales en cantidades de 215 000 veces más altas que los parámetros establecidos como normales en Estados Unidos.

¹⁰ Cabe mencionar que no toda la industria maquiladora contamina de igual manera. Lo cierto es que los problemas más graves se detectan en aquellas pequeñas y medianas empresas que se sitúan fuera de los parques industriales, y que no tienen permisos y carecen de disposición final de sus desechos tóxicos, además de no informar a sus trabajadores sobre los riesgos que representan para la salud ciertos productos utilizados en los procesos productivos.

¹¹ Aun cuando en la Guía de recursos de educación ambiental 2001 se registraron 27 grupos u organizaciones de perfil ambientalista, algunas de ellas son centros de educación superior; otras, dependencias de gobierno, y las últimas están dedicadas a otra temática. Lo cierto es que las dos organizaciones más serias y con mayor presencia fueron las consideradas en nuestro estudio.

¹² Realizamos estas entrevistas en abril de 2001 en la ciudad de Tijuana, B.C. El estudio es una investigación conjunta entre el Centro de Investigaciones para América del Norte (CISAN) de la UNAM y el Departamento de Sociología de la UAM-A.