Introducción

La minería ha sido catalogada como una práctica extractivista y patriarcal porque, como su nombre lo indica, implica extraer recursos naturales sin aportar beneficios a las mujeres que habitan en los territorios intervenidos. Su falta de control sobre la tierra, su menor acceso al empleo y su carga de trabajo no remunerado se incrementan cuando los ingresos por la renta de terrenos se concentran en manos masculinas, y cuando el agua escasea o se contamina por la presencia de minas en el territorio (^{Ulloa, 2016}; ^{Féliz & Migliaro, 2017}; ^{Rodríguez & Salazar, 2019}; ^{Vázquez et al., 2020}; ^{Calderón & Santiz, 2021}; ^{Romero et al., 2022}). El extractivismo minero vulnera en particular a las mujeres que dependen de áreas de uso común para la subsistencia, que suelen ser las más pobres (^{Busconi, 2018}).

El presente artículo estudia el conflicto socioambiental ocasionado por la minería de titanio en el Soconusco, Chiapas, desde el enfoque de género. Siguiendo la propuesta de la ecología política feminista (EPF), nos planteamos los siguientes dos objetivos: 1) identificar a los principales actores y actoras movilizadas, así como las razones que los/as orillaron a involucrarse en la defensa del territorio, y 2) analizar hasta qué punto el conflicto socioambiental ocurrido en esta parte de México dio apertura para transformar las relaciones de género existentes en la región.

El documento está dividido en seis secciones después de esta introducción. En la primera se desarrollan los conceptos utilizados en el análisis, en concreto, conflictos socioambientales, defensa del territorio, y EPF. En la segunda se describe la metodología y zona de trabajo, mientras que la tercera refiere las principales características de la minería en el Soconusco. La cuarta y quinta utilizan información obtenida a través del trabajo de campo para atender los dos objetivos planteados, mientras que la sexta presenta las principales conclusiones de la investigación.

Propuesta conceptual: defensa del territorio con enfoque de género

Desde finales del siglo XX, el incremento de minas operando a cielo abierto ha provocado el vaciamiento territorial, la destrucción de los ecosistemas y el saqueo de recursos del Sur global (^{Alimonda, 2011}; ^{Uribe-Sierra et al., 2022}). El modelo neoliberal vigente hoy en día apela a una supuesta vastedad de bienes extraíbles desde la lógica del optimismo tecnocientífico, minimizando el hecho de que los recursos son destinados a la exportación con un procesamiento mínimo que no beneficia a los países receptores de la inversión (^{Gudynas, 2013}).

Desde el punto de vista físico, el territorio es la yuxtaposición de distintas áreas que dan soporte material a cualquier forma de vida (^{Vargas, 2012}). Desde un punto de vista cultural, el territorio es el espacio de reproducción social donde se aprovecha un patrimonio biocultural compartido, el cual confiere sentido de pertenencia e identidad a los sujetos colectivos (^{Porto-Gonçalves, 2009}). Los conflictos socioambientales se presentan cuando las comunidades afectadas por prácticas extractivistas se movilizan para detener las afectaciones ocasionadas en el territorio. En palabras de ^{De la Torre (2020, p. 3)}, “una disputa socioambiental estalla cuando el espacio que guarda íntima relación con una comunidad humana -territorio- es invadido o despojado por actores externos con la finalidad de emprender grandes proyectos de […] inversión de capital público y/o privado, nacional o internacional […] del sector minero, turístico, energético, de hidrocarburos, agroindustrial y de construcción”.

La defensa del territorio se organiza a través de movimientos sociales que buscan combatir la transformación drástica, externa y no solicitada de las relaciones sociales, enfatizando el derecho a la identidad y a una visión propia de desarrollo (^{Escobar, 2000}; ^{Guzmán, 2022}). La defensa se articula a través de discursos que buscan preservar modos locales de subsistencia, a la vez que cuestionan y desacreditan las prácticas del extractivismo impuesto desde afuera (^{Paz, 2017}).

El enfoque adoptado en América Latina para estudiar los movimientos en defensa del territorio es la ecología política (EP). Algunos de sus principales representantes son Alimonda, Leff, Toledo, Escobar, Gudynas, entre otros/as (^{Guzmán, 2022}). El principal postulado de la EP es analizar las relaciones de poder configuradas históricamente por la mediación entre sociedad y naturaleza, integrando una crítica a los discursos de modernidad y desarrollo impuestos por el Estado. En el caso de México, el análisis se ha centrado en la defensa de la propiedad social (ejidos y comunidades agrarias) cuya forma de democracia es la asamblea ejidal/comunal y las autoridades que de ella emanan. Se argumenta que la defensa de la propiedad social contribuye a proteger la integridad del territorio y a fortalecer los derechos colectivos de las comunidades campesinas (^{Otros Mundos Chiapas, 2018}; ^{Concheiro & Rodríguez, 2018}).

Un reto para el análisis son las diferencias de acceso a la tierra al interior de ejidos y comunidades. La reforma del artículo 27 constitucional ejecutada en 1992 dio origen al Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) cuya finalidad fue dotar certeza jurídica a los y las dueñas de parcelas y solares. El resultado fue la fragmentación de la propiedad social con la creación de tres tipos de sujetos agrarios: ejidatarios/as, posesionarios/as y avecindados/as. Los/as primeros/as tienen dotación de parcelas, tierras de usos común, solares, y voz y voto en órganos de representación. Los/as posesionarios/as son dueños/as de una parcela adquirida por herencia o compra, pero no tienen representación ni voz ni voto en asambleas. Por último, los/as avecindados/as no tienen tierras de cultivo, sino únicamente el solar donde está su vivienda, y tampoco tienen representación, voz, ni voto en asambleas (^{Reyes, 2006}).

Estos tres tipos de sujetos agrarios coexisten en todos los ejidos y comunidades agrarias del país. La distinción entre ellos es el conjunto de derechos de los cuales goza cada uno en relación con el acceso a la tierra y la posibilidad de tomar decisiones en torno al presente y futuro del territorio que habitan; los/as ejidatarios/as son los únicos que tienen ambos derechos. En términos sociológicos, los dos factores que distinguen a los tres grupos son el género y la generación. En el país existen 79% ejidatarios y solo 21% ejidatarias; 73% posesionarios y 27% posesionarias; 71% avecindados y 29% avecindadas (^{Sedatu, 2021}). Además, posesionarios/as y avecindados/as suelen ser hijos/as de ejidatarios/as que difícilmente se convertirán en ejidatarios/as porque el derecho se trasmite a una sola persona, generalmente un hijo varón. Dicho en otras palabras, los derechos ejidales están concentrados en hombres de 65 años o más, al tiempo que los hombres jóvenes y las mujeres de todas las edades no tienen acceso a la tierra (^{Vázquez, 2016}).

Los distintos esquemas de propiedad agraria existentes en México nos obligan a reconocer los intereses diferenciados por género y generación que existen al interior de ejidos y comunidades agrarias, así como a cuestionar el supuesto de que al interior de estos existe democracia y solidaridad. En palabras de ^{Coba et al. (2022, p. 144)}, la ley favorece “la alianza entre varones colonizadores y colonizados”, es decir, entre empresarios/as y ejidatarios/as poseedores de la tierra y de los espacios de toma de decisiones, en detrimento del resto de las personas que viven en la localidad.

El presente artículo propone utilizar la ecología política feminista (EPF) para analizar estas diferencias. Sus principales autoras (^{Rocheleau et al., 2004}) sugieren utilizar las distinciones de género en torno a tres áreas: 1) saberes ambientales de mujeres y hombres, 2) derechos y responsabilidades de género sobre los recursos naturales, 3) participación femenina en movimientos ecologistas. La EPF tiene dos componentes fundacionales que son importantes de resaltar. El primero es el concepto de interseccionalidad de género propuesto por la feminista afroamericana ^{Kimberlé Crenshaw (1989) 1} para entender la discriminación de género ante la ley, así como el trabajo de la autora india ^{Chandra Mohanty (1984)} que critica el uso de categorías homogéneas que oscurecen las diferencias entre mujeres. Desde la perspectiva de ambas, no solo es importante estudiar las diferencias de género, sino también las de etnia, raza, clase, región y generación.

El segundo componente de la EPF es el potencial de emancipación que comienza cuando las mujeres deciden dejar el espacio privado para participar en movimientos ecologistas. La acción colectiva hace que las mujeres adquieran nuevos conocimientos e incursionen en nuevos espacios, orillándolas a cuestionarse la opresión que a lo largo de sus vidas han aceptada como dada. Las mujeres han dado importantes pasos para reivindicar no solo los derechos de la naturaleza, sino también los propios, es decir, sus intereses estratégicos de género (^{Catalán & Riojas, 2015}; ^{Romero et al., 2022}). Es importante investigar cuáles son las razones que movilizan a las mujeres, cómo participan en las organizaciones, y si logran o no transformar la desigualdad de género que impera en su vida cotidiana.

Estos dos componentes articulan los dos objetivos de la investigación. El artículo parte del concepto de interseccionalidad de género para identificar a los principales actores y actoras movilizadas en el Soconusco y las razones por las cuales se movilizaron. También explora el potencial de las movilizaciones para transformar las relaciones de género existentes en la región.

Metodología y zona de trabajo

Fueron tres las minas estudiadas en el presente artículo: Cristina, Casas Viejas y El Bambú. Las dos primeras se encuentran en el municipio de Acacoyagua y la tercera en Escuintla (Cuadro 1). La primera es propiedad de Ricardo Carraro Peñalosa, ligado a la minera canadiense Blakfire Exploration. Su representante en La Libertad fue Tristán Canales Reina, hijo de Tristán Canales Najjar, político priista y ejecutivo de Grupo Salinas (^{Mariscal & Guerrero, 2016}; ^{Alves, 2020}). Casas Viejas fue puesta en marcha por Valentín Zarate Marroquín; en 2016 la cedió a Grupo Minero El Puntal (^{Alves, 2020}). El Bambú fue operada por la empresa Obras y Proyectos Mazapa. Héctor Silva Camacho, su representante en Nueva Francia, fue candidato a la presidencia municipal de Motozintla (Sierra Mariscal) por el Partido Encuentro Solidario (PES) en 2021 (^{Ballinas, 2021}). Dicha región chiapaneca se caracteriza por su alta conflictividad en torno a la minería, destacando el asesinato del activista Mariano Abarca Roblero en 2009 (^{Domínguez, 2019}).

Para obtener la información se utilizaron entrevistas en profundidad, talleres y fuentes secundarias -documentos oficiales, informes de organizaciones civiles y artículos científicos-. A través de su revisión se documentó cerca de dos décadas de extractivismo minero en Chiapas (2003-2018) y las estrategias de las organizaciones para detenerlo. Las entrevistas y talleres se realizaron en diversas comunidades de Acacoyagua y Escuintla. El primero tiene una población de 17 994 habitantes (50% mujeres y 50% hombres); Escuintla tiene 30 896 habitantes (50.75% mujeres y 49.24% hombres) (^{INEGI, 2020}). La escolaridad es de 5.6 años cursados en promedio para Acacoyagua y 6 para Escuintla (^{PNUD, 2015}).

El trabajo de campo se dividió en dos fases con un año de distancia entre cada uno, debido a la pandemia ocasionada por el covid-19. La primera fue durante agosto y septiembre de 2020 y la segunda en septiembre de 2021 (Cuadro 2). En la primera participaron cuatro investigadore/as y en la segunda cinco.² La primera se centró en recorridos y entrevistas exploratorias a nivel estatal, regional y municipal, y en la segunda, se hicieron entrevistas en comunidades afectadas por la minería (Los Cacaos, La Libertad, Nueva Francia) y en aquellas donde se gestaron las movilizaciones (Jalapa, La Cadena, Santa Anita, Cintalapa, Independencia). En esta segunda fase también se hicieron tres talleres.

En las entrevistas participaron funcionario/as públicos, periodistas, académico/as, autoridades agrarias y municipales, integrantes de distintas organizaciones y ciudadano/as sin afiliación o cargo. Los temas tratados fueron: historia de los tres proyectos mineros; prácticas de resistencia; beneficios y daños de la minería; participación de hombres y mujeres en las movilizaciones. Los talleres tuvieron el objetivo de diagnosticar los efectos de la minería sobre el agua mediante la dinámica denominada “la ruta del agua” (^{Martínez et al., 2009}) que identifica fuentes, formas de distribución y uso del recurso diferenciado por género. También se realizó la actividad denominada “El tendedero de nuestras emociones” para recuperar la memoria colectiva del conflicto. Los talleres se realizaron en Jalapa, Independencia y Nueva Francia.

Las entrevistas y talleres fueron grabadas, transcritas y codificadas en Atlas ti. Los testimonios de los/as participantes son identificados con números de folio (Cuadro 3), dado que la mayoría solicitó resguardar su nombre para fines de seguridad, por lo latente del conflicto.

Minería en el Soconusco

Chiapas es un caso interesante para estudiar el avance del extractivismo en México, por formar parte de la tercera frontera minera que comenzó a expandirse a principios del siglo XXI, con la apertura de nuevos territorios en zonas donde antes no existía tradición minera (^{Sariego, 2009}). Cuando en 2003 se otorgó la concesión para la mina Cristina, existían oficialmente 16 concesiones en todo Chiapas, con una extensión de 86 214 hectáreas (1.22% de la cobertura estatal) (^{SGM, 2006}). Para 2019 la cifra se había incrementado, y tan solo en el Soconusco había 21 concesiones con una extensión de 51 000 hectáreas (^{Mendoza, 2019}). La mayoría se encuentran en cuatro de los 15 municipios que conforman esta región: Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán y Escuintla (^{Zúñiga, 2013}). Entre 2012 y 2014, se extrajeron y exportaron a China más de cien mil toneladas de titanio (^{Rodríguez, 2014}; ^{Ramírez & Martínez, 2020}).

El Cuadro 4 muestra los principales acontecimientos sucedidos durante los 15 años de actividad minera en el Soconusco. Resalta el hecho de que las tres minas se vieron obligadas a suspender actividades casi al mismo tiempo; mostrando la eficacia de las organizaciones que encabezaron la resistencia: el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) y el Movimiento Social en Defensa de la Tierra (MSDT), así como de las redes que estas lograron tejer con otras instancias: Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos, Red Mexicana de Afectados por la Minería, Otros Mundos Chiapas A. C. Una de las acciones más importantes fue la Declaratoria de Tapachula por los Territorios Libres de Represas y Minería, y la que convirtió a Acacoyagua en “Municipio Libre de Minería”. Esta declaratoria, firmada en 2016 por el entonces presidente municipal, convocó esfuerzos para que los “territorios dejen de ser explotados y despojados por la actividad minera” (^{Agua para Tod@s, 2015}). La declaratoria fue ratificada en septiembre de 2022 por el cabildo actual (^{Otros Mundos Chiapas, 2022}).

Como puede verse, los métodos de lucha fueron acciones legales (la declaratoria), esfuerzos de difusión y protesta (foros, manifestaciones) y bloqueos de vialidades por donde pasaban los carros con titanio. La participación en estas actividades varió según el género y la edad de las personas, como podrá verse en la siguiente sección.

Interseccionalidad de género en la lucha antiminera

El potencial de transformación de los roles de género

No todas las mujeres del Soconusco comparten la misma visión. Según ^{Vázquez & Peña (2022)}, solo la mitad (48.1%) de las mujeres de Jalapa (municipio de Acacoyagua) participaron de alguna forma en la lucha antiminera. La cifra es baja si se considera que fue ahí donde se instaló uno de los campamentos más importantes de la resistencia contra la mina Casas Viejas. Las mujeres colaboraron en guardias (84%), asambleas (76%), manifestaciones (48%) y actividades de difusión (4%). En el municipio de Escuintla destaca la comunidad de Independencia, donde el porcentaje de mujeres movilizadas fue menor (30.9%). En ambos casos, las mujeres acuerparon la defensa desde sus comunidades, y muy pocas participaron en campañas legales y de difusión a nivel de la cabecera municipal.

Los bloqueos duraron año y medio para el caso de Acacoyagua y más de cuatro meses para Escuintla. Las mujeres enfrentaron amenazas y otras formas de violencia en los campamentos, su principal espacio de lucha: “Nosotros andábamos con garrotes, andábamos con machete… Pusimos cadenas, pusimos lazos. Respetaron porque éramos más y corrimos a la mina. Nos venían a amenazar que nos iban a meter presos” (M09).

En algunas ocasiones las mujeres fungieron como bloque de contención para que los hombres no fueran agredidos:

Los hombres dijeron, no se arriesguen… nosotros nos vamos a enfrentar, a negociar, a ver qué es lo que quieren… Nos pusieron lazos en el camino… Muchos nos insultaban, nos gritaban y nosotros no nos rebajábamos, nos quedamos calladitas con tal de salir sin ser lastimadas de ahí, porque era mucha gente y llevaban a sus niños. Salieron los hombres a negociar… Nosotras nos pegamos detrás para que ellos no fueran a salir lastimados (M10).

Los bloqueos fueron fundamentales para lograr el cese de las minas. Fue necesario mantener activos los primeros que fueron instalados, incrementar el cierre de sitios por donde “los mineros” intentaban pasar, e incluso hacer bloqueos simultáneos. La gente debía permanecer noche y día en vela, por lo que se empezó a usar el término de “campamentos” para referirse al cierre de caminos: “Es una cosa que nos daña y por eso decidimos hacer un campamento, primero allá en un crucero donde pasaban, pero tapamos allá y pasaban acá y entraban. Luego ya nos venimos para acá con tal de que la contaminación no crezca” (M06).

Uno de los incidentes más tensos fue el bloqueo de 2016 en el crucero de Nueva Francia. El enfrentamiento se presentó cuando dos carros de “los mineros” fueron detenidos y vaciados de su contenido (titanio) porque “el empresario… no obedecía las órdenes… inclusive todavía tenía unas máquinas en el terreno” (H04). La gente que detuvo y vació los camiones fue atacada con piedras: “a varios les reventaron la cabeza… Ahora sí que nosotros nos estábamos defendiendo” (M11). Llegaron refuerzos de otras localidades para contener el ataque, los cuales fueron con golpes: “muchos le pegaban al carro con varas, con lo que tuvieran... Gracias a Dios, una señora nada más salió lastimada” (M10). M05 resume así su experiencia en este bloqueo: “para nosotros es ganancia que no haya habido muertos”.

Otra manifestación tensa fue la realizada frente a las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de la Ciudad de México para que Profepa ratificara la improcedencia de la mina en materia de cambio de uso de suelo: “Hasta ahorita existe el documento… desde entonces [la mina] está parada, ya tiene tres años... El secretario de Semarnat de aquí de Tuxtla y la Profepa dieron órdenes de clausurar la mina... Logramos la clausura total y definitiva” (H05).

Estas acciones demandaron gran esfuerzo, tuvieron un fuerte impacto en las comunidades, y, en ocasiones, trastocaron las normas de género. A continuación, se describen tres cambios que se presentaron en torno a esto: 1) el incremento en la movilidad física de las mujeres debido a la necesidad de mantener vivas las guardias, 2) el aumento de su carga de trabajo a causa de la obligatoriedad de asistir a ellas, 3) el papel de los campamentos como refugio para mujeres que sufren violencia de género, problema que no fue atendido por ninguna de las organizaciones a cargo de la lucha.

Conclusiones

El presente artículo se propuso analizar el conflicto socioambiental ocasionado por la minería de titanio entre 2003 y 2018. En lugar de asumir que hay una solidaridad generalizada al interior de las comunidades, el artículo se propuso identificar las motivaciones de cada actor/a movilizado/a, así como los efectos de la movilización en los roles tradicionales de género. Para tal fin se utilizó la propuesta de la EPF que coloca al concepto de género al centro del análisis.

Con relación al primer objetivo, resultó importante identificar no solo a los principales actores que intervinieron en las movilizaciones, sino también las diferencias de género y generación que existen entre ellos. Los/as ejidatarios/as accedieron a la presencia de la mina, forzados/as por la empresa y por la ley que los orilla a negociar. El incumplimiento de los acuerdos y la presión de otros actores hicieron que dejaran de ser, en distintos niveles, aliados de las empresas. Los avecindados/as, generalmente hombres, solicitaron recibir parte de los beneficios económicos, y, al no tener éxito, se organizaron para cerrar la mina Cristina. Los/as jóvenes de nivel medio superior aprovecharon su acceso a la información para convencer a sus padres y madres de que la mina Casas Viejas podría dañar su futuro, y se abrieron espacios en las asambleas ejidales. Cuestionaron las diferencias de poder al interior del ejido e hicieron frente a quienes tomaron decisiones sin consultarles, convirtiéndose así en agentes de cambio. Finalmente, la principal bandera de lucha de las mujeres de toda la región fue la defensa del agua y de la salud debido a la pérdida de alimentos y la creciente presencia de enfermedades relacionadas con la contaminación del agua. No es de sorprenderse que haya sido así, dado que históricamente las mujeres no han tenido derechos agrarios, no son reconocidas siquiera como residentes de los ejidos, y no han tenido acceso a espacios formales de educación.

Dicho en otras palabras, la pertenencia al ejido y, en consecuencia, la defensa del territorio, están atravesadas por diferencias de género y generación. La tierra y el poder de decisión están concentrados en hombres de mayor edad, mostrando así la relevancia del concepto de interseccionalidad de género en el análisis de los conflictos socioambientales. No se puede asumir que la solidaridad y la democracia son atributos naturales del ejido, institución que nunca ha sido abierta a la presencia femenina y que a lo largo de cien años ha envejecido junto con los hombres adultos que históricamente han concentrado la titularidad de la tierra.

Los cuatro grupos estudiados (ejidatarios/as, avecindados/as, jóvenes y mujeres) pueden reducirse a dos en lo que se refiere a sus principales motivaciones para movilizarse. Los hombres a cargo de una familia (ejidatarios y avecindados) respondieron a intereses económicos, al tiempo que las juventudes y las mujeres mostraron preocupación por preservar la vida en el corto, mediano y largo plazo. Las diferencias muestran nuevamente la importancia de adoptar un enfoque de interseccionalidad, sin asumir a priori que las comunidades afectadas por el extractivismo son homogéneas y que no existen diferencias de intereses en su interior.

Con relación al segundo objetivo, se concluye que las movilizaciones no significaron una experiencia emancipatoria para las mujeres. Muchas expresaron satisfacción por haber logrado cerrar las minas, pero pocas cuestionaron las normas de género que rigen sus vidas, a pesar de haber tenido breves incursiones en espacios colectivos donde la causa demandaba su presencia incluso de noche. Su jornada de trabajo se incrementó, y ninguna recurrió a sus esposos para compartir la carga. Los campamentos fueron un breve oasis para mujeres violentadas, cuya situación, sin embargo, nunca preocupó a las organizaciones convocantes. A esto hay que añadir las distintas formas de violencia que las mujeres experimentaron en los bloqueos, por ejemplo, amenazas de parte de “los mineros”, y tener que poner al cuerpo como escudo para proteger a los hombres.

Algunas de las entrevistadas expresaron preocupación por el silenciamiento de sus opiniones y por las contradicciones que existen al interior de sus familias y comunidades. En atención a sus palabras, queremos cerrar diciendo que en el caso del Soconusco se desaprovechó la valiosa oportunidad de visibilizar las experiencias de las mujeres que se movilizan contra del extractivismo. Es necesario hacer agendas más amplias y complejas, capaces de representar los intereses estratégicos de género y trabajar los derechos de las mujeres al interior de las organizaciones. Este es el único camino para avanzar en la ardua tarea de defender al territorio.