Introducción

^{Gramsci (2015, p. 281)} decía que la “crisis consiste precisamente en que muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo, y en ese interregno ocurren los más diversos fenómenos morbosos”. Este interludio podía extenderse por semanas, meses o incluso años. Un ejemplo de ello es la movilización social en Chile que ha llevado a este país a un momento de crisis, del cual podría derivar una nueva constitución y con ello un cambio en el modelo de contrato social. El terremoto que vivió Chile el 18 de octubre de 2019 -estudiante aventajado del modelo neoliberal- impactó con tal violencia sus estructuras sociales, económicas y políticas que si existe una premisa con la que es posible partir es que esta nación no volverá a ser la misma cuando el corrimiento de placas se detenga.

Como ya lo desarrolla ^{Pleyers (2018)}, durante el siglo XXI ha habido movimientos de protesta en diferentes latitudes contra los sistemas políticos y económicos que fueron profundizando el modelo neoliberal.¹ La particularidad de Chile es que aquí el proceso neoliberalizador resultó en dictadura (^{Moulian, 2017, p. 32}; ^{Garretón, 2012, p. 71}), sin posibilidad formal para la discusión o confrontación, de ahí la importancia e interés de su estudio tras el reciente estallido social. Hasta la fecha, el modelo había sobrevivido a la salida de la dictadura y se habría consolidado en democracia pareciendo inalterable.

El objetivo de este artículo es analizar, con base en las categorías conceptuales gramscianas, qué aspectos de la relación Estado-sociedad han entrado en una crisis sin precedente desde el final de la dictadura a raíz del estallido social del 18 de octubre. En concreto, se estudia cómo 1) el grado de aceptación del modelo de sociedad; 2) el proyecto de clase; 3) el Estado como instrumento; 4) la hegemonía como acuerdo transitorio, y 5) el modelo económico-corporativo nos permiten entender la envergadura de la actual crisis de autoridad en Chile. Este análisis, no obstante, quedaría incompleto si no se tienen en cuenta conceptos que amalgaman dichos elementos, esto es: el de clase dirigente y el bloque histórico, sin los cuales no se explica una posible fractura. En tal sentido, este trabajo se enmarca en las ciencias sociales críticas, en específico en la teoría política, que tiene entre sus objetivos reflexionar, a propósito del Estado, la relación de este con la sociedad, y comprender cómo se organiza la comunidad política. Aunque, en este caso, dicha teoría está pensada no solo como diagnóstico, sino también como acción política. Gramsci, probablemente el autor marxista más original de su época junto a José Carlos Mariátegui, reconocía al marxismo como una filosofía de la praxis, como una teoría eyectada hacia el quehacer emancipatorio. Y este artículo, que toma al sardo como referencia intelectual, apunta en ese mismo sentido, tratando de ser un análisis que se proyecta hacia la acción política.

El desgaste del proyecto hegemónico y de la crisis de autoridad en Chile se evidencia con fuerza el 14 de octubre de 2019, de allí la importancia de contribuir a reflexiones anteriores sobre la hegemonía en Chile recurriendo al prisma que nos ofrece esta movilización. En esa fecha, las organizaciones de estudiantes secundarios convocaron una semana de movilizaciones para responder a la subida de treinta pesos chilenos en el billete de metro.² Unos días antes, el 9 de octubre, el presidente Sebastián Piñera afirmaba que el país era “un verdadero oasis” en una “América Latina convulsionada”.³ Lo que ocurrió luego del 18 de ese mes es historia conocida. Santiago, y después todo Chile, ardían en llamas, veinte estaciones de metro eran quemadas y cientos de supermercados saqueados. Esta ira se resumía en una frase que contenía el total del malestar: “No eran treinta pesos, eran 30 años”.⁴ La respuesta del gobierno no se hacía esperar: declaración de estado de excepción, y los militares, que no pisaban las calles por razones políticas desde la dictadura militar, volvieron a ocupar Santiago y las grandes ciudades del país. Con ellos llegaban las muertes, las torturas y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.⁵ Por ello, en un sentido más general, este artículo rinde tributo en cierta forma a ese horizonte de utopía que se inicia con la célebre decimoprimera tesis sobre Feuerbach: “Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos; de lo que se trata es de transformarlo” (^{Marx, 2014, p. 502}).

El artículo incluye una crónica en directo, escrita en el mismo momento en que las fuerzas policiales del Estado chileno asesinan el 28 de enero de 2020 al aficionado de Colo Colo José Mora, “El Neco”, con lo que se alcanzaban 31 muertes desde el inicio de la crisis.⁶ Parte del valor del presente ejercicio reside en el lugar en el que se está produciendo el estallido: Chile, laboratorio del neoliberalismo (^{Morales, 2018, p. 155}) o de la revolución capitalista no burguesa (^{Moulian, 2017, p. 32}). La metodología utilizada se fundamenta en un trabajo hermenéutico de revisión de la obra de Gramsci, junto con la de algunos de sus herederos que, dijera Anderson, permiten un aterrizaje al contexto de Chile. Así, es posible proyectar algunos de los factores históricos⁷ que han acompañado y sustentado la superestructura política del país hasta el reciente estallido social.

Ciertamente, existen estudios previos de una crisis que ya se había manifestado en otros momentos. Entre ellos, con una visión sociológica, El derrumbe del modelo. La crisis de la economía de mercado en el Chile contemporáneo, de ^{Alberto Mayol (2012)}, quizá uno de los más relevantes pues tuvo su continuación y actualización en plena revuelta con Big Bang. Estallido social 2019. Modelo derrumbado, sociedad rota, política inútil (2019). También Gloria de la Fuente y Danae Mlynarz en El pueblo en movimiento. Del malestar al estallido (2020), trabajos que realizan una aproximación desde la idea de malestar.⁸ Con un enfoque histórico, ^{Mario Garcés (2020)} en Estallido social y una Nueva Constitución para Chile, y con una perspectiva periodística, ^{Patricio Fernández (2020)} en Sobre la marcha. Notas acerca del estallido social en Chile, abordan los acontecimientos previos al 18 y durante el 18. Por otro lado, los trabajos de Tomás Moulian Chile actual. Anatomía de un mito (2017) y Fracturas: De Pedro Aguirre Cerca a Salvado Allende (2006) son más próximos al presente ejercicio desde el punto de vista analítico, pues utilizan el enfoque sobre la hegemonía de Gramsci aunque centran su estudio en periodos anteriores. En una línea cercana a la de Moulian se encuentra Neoliberalismo corregido y progresismo limitado: los gobiernos de la Concertación en Chile 1990-2010 (2012), de Manuel Garretón, donde este autor hace un recorrido histórico-político de los acontecimientos en el país en esas dos décadas, pero no desde categorías gramscianas. Desde la sociología crítica, ^{Alexis Cortés (2022)}, en Chile fin del mito. Estallido, pandemia y ruptura constituyente, emprende una lectura que desborda la propia revuelta y se adentra en el proceso constituyente resultante. Desde la teoría del populismo, y por lo tanto en el campo de las ciencias políticas, ^{Cristóbal Bellolio (2022)} escribe El momento populista chileno. Mientras que, en el marco de la sociología de los movimientos sociales, ^{Indira Palacios-Valladares (2020)} publica Chile’s 2019 October Protests and the student movement: eventful mobilization? En tanto que ^{Carlos Ruiz (2020)}, en Octubre chileno: La irrupción de un nuevo pueblo, desarrolla un ensayo político sobre el actual quiebre social aproximándose a Gramsci, pero sin un apego riguroso conceptualmente. El estudio que se presenta a continuación pretende contribuir a este campo de investigación, aportando al análisis politológico.

Para facilitar su comprensión, el artículo se ha organizado de la siguiente manera. En un primer apartado se delimita teóricamente el concepto de hegemonía y se construye el marco desde el que se posibilita entrever grosso modo los brochazos del modelo chileno. En el segundo, se definen los contornos del bloque histórico que sustenta en lo ideológico y político la hegemonía existente hasta el 18 de octubre de 2019. En la tercera parte, se reconstruyen los elementos que muestran la tensión a la que se vio expuesto el modelo en esa afirmación-apertura (^{Errejón, 2015}) de negociación y ampliación constante hasta que las contradicciones en su seno lo llevaron, como si se tratara de una estrella al final de su vida, a implosionar. Finalmente, se presentan brevemente las conclusiones a propósito de todo este recorrido.

El concepto hegemonía y el caso chileno

Hay innumerables trabajos que abordan el estudio de la hegemonía. Desde que Gramsci (1891-1937) y Laclau (1935-2014) desarrollaran sus teorías en Cuadernos de la cárcel (1948-1951) para el primero, y Hegemonía y estrategia socialista (1987) y La razón populista (2005) para el segundo, han sido varios los autores que han reflexionado en el debate de estas propuestas. De hecho, el propio Laclau es un traductor de Gramsci a la sociedad de finales del siglo XX e inicios del XXI. Althusser, en La revolución teórica de Marx (1967) y Aparatos ideológicos del Estado (1974), generó una propuesta dentro de la corriente estructuralista de su época, recuperada años después por ^{Perry Anderson (1981}, ²⁰¹⁶, ²⁰¹⁷⁾ y que ^{Laclau & Mouffe (1987)} tradujeron al posestructuralismo. Asimismo, en el último cuarto del siglo XX, emergió desde las relaciones internacionales una corriente denominada neogramsciana que trasladaba la lectura del sardo al ámbito transnacional y que tiene en ^{Cox (1981}, ¹⁹⁸³⁾ a uno de sus impulsores. En los años recientes, ^{Thomas (2009}, ²⁰¹³⁾, ^{Williams (2020)}, ^{García Linera (2008)}, ^{Errejón (2012)} y ^{Balsa (2007)} han abordado la teoría de la hegemonía desde diferentes prismas. Stuart Hall elaboró una teoría próxima a la de Laclau desde la que interpretar el ascenso y consolidación del thatcherismo como forma de modernidad regresiva (^{Simon, 1999, p. 133}). Unas décadas antes de Hall, en la India, Ranajit Guha funda el Grupo de Estudios Subalternos que comienza una traducción de Gramsci a la realidad de los países coloniales (2019). Y más recientemente, ^{Errejón (2011}, ²⁰¹²⁾ ha aplicado estas propuestas que asocian hegemonía y teoría del discurso, emergidas en la Escuela de Essex, para interpretar dos movimientos tan diferentes como el de los indignados en España y el que llevó a Evo Morales al gobierno de Bolivia. En el caso de Chile, la figura de Gramsci tiene un largo recorrido, aunque inicialmente con escaso eco, que ha transitado desde una interpretación leninista previa a 1973, a una político-práctica posterior al golpe militar (^{Faletto, 1991}). Uno de los primeros fue Fernández⁹ (1971) y su Antonio Gramsci: Maquievalo y Lenin; otro que recupera la figura del italiano y lo aterriza a la realidad chilena es ^{Motta (2008)}. Pero, sin lugar a duda, en el último tiempo, por profundidad y detalle, es ^{Massardo (2011)} quien refleja de forma más certera la lenta entrada del pensamiento de Gramsci en el país. En ese sentido, este apartado busca contribuir a esta literatura y aportar algunas ideas desde las que interpretar los modelos de sociedad bajo el paradigma teórico de la hegemonía, en específico para este artículo, en el Chile previo al 18 de octubre de 2019.

El concepto de hegemonía, en sí mismo, cuenta con un largo recorrido en la teoría marxista. ^{Laclau & Mouffe (1987)}, ^{Anderson (1981, p. 24)} y ^{William (2020, pp. 89-90)} señalan que, antes que el italiano, fue la socialdemocracia rusa -en particular, Plejanov- la que introdujo el concepto como gegemoniye. Ello sucedió durante el último cuarto del siglo XIX cuando fue utilizado para referirse a la necesidad de que la clase obrera rusa diera el salto de las luchas económicas a las luchas políticas. Esta concepción embrionaria evolucionaría con los años y se convertiría en central en 1917. El término fue recuperado por Lenin durante la revolución fallida de 1905 y entonces él lo concibe como una sumatoria de actores que en una relación de alianza y, dirigidos por el más fuerte de ellos (la vanguardia), tiene la capacidad de derrocar y sustituir un determinado orden social por otro (^{Laclau & Mouffe, 1987}; ^{Anderson, 1981}; ^{William, 2020}). Lenin considera esta primera interpretación como una forma de yuxtaposición y una asociación cuantitativa de pareceres. “Pan, paz y trabajo” fue uno de los lemas más repetidos en aquellos años convulsos. Lo interesante de estas tres palabras es que recogen en su enunciación la propuesta táctica de alianza de actores sociales y clases. El pan interpelaba a los campesinos, la paz a los soldados -recordando que en 1917 Rusia estaba inserta en la Primera Guerra Mundial- y el trabajo a los obreros, es decir, se trata de una yuxtaposición, una sumatoria de actores. Por supuesto, el rol de vanguardia para el revolucionario ruso lo jugaba la clase obrera.

Esta evolución conceptual en apenas treinta años ya habla de un término naciente, primitivo, que requería de un mayor desarrollo teórico. Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano (PCI), fue representante del partido en la Komintern -la III Internacional-, y en esos espacios se vincula e incorpora el concepto. El intelectual sardo reconoce las diferencias históricas y políticas entre su Italia natal y Rusia, pero también sus parecidos, y es en ese contexto que rescata los aprendizajes de la experiencia soviética para traducirlos a su realidad particular. ^{Gramsci (2015)}, minucioso y detallista en la disección, diagnostica en su país una fractura estructural, entre un norte industrial avanzado, y un sur, el mezzogiorno, rural y atrasado. De ahí es que su propuesta teórica y política sea una especie de diálogo entre dos mundos, el campesino y el obrero, la ciudad y el campo. “El proletariado (en Italia) puede convertirse en clase dirigente y dominante […] en la medida en que consigue obtener el consenso de amplias masas campesinas” (^{Gramsci, 2015, p. 176}). Este análisis es trasladable a otros casos, en particular a Chile. La fisura es también apreciable y patente, no ya tanto entre clase obrera industrial y campesinado, sino entre el mundo urbano y el mundo rural. El país, extenso y enormemente centralizado en lo político y económico, se caracteriza por ello: focos urbanos insertos en la modernidad, terciarizados, que incluso alcanza a las históricas zonas mineras del norte¹⁰ y las rurales enormemente atrasadas en regiones como Chillán, y especialmente en la Araucanía, donde pervive el latifundismo. Como en el planteamiento de Gramsci, el estallido social ha sido eminentemente urbano, en las ciudades. En las zonas rurales ha tenido un impacto inusualmente alto,¹¹ pero a renglón de lo que los grandes centros de población han marcado.

De una forma más acabada, ^{Gramsci (2015, p. 370)} define a la hegemonía como:

la unidad intelectual y moral, planteando todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la lucha no ya en el plano corporativo, sino en el plano “universal” […] Ello crea […] la hegemonía de un grupo social fundamental sobre una serie de grupos subordinados. El Estado se concibe, sin duda, como organismo propio de un grupo, destinado a crear las condiciones favorables a la máxima expansión de ese grupo; pero ese desarrollo y esa expansión universal, de un desarrollo de todas las energías nacionales, o sea: el grupo dominante se coordina concretamente con los intereses generales de los grupos subordinados, la vida estatal se concibe como un continuo formarse y superarse de equilibrios inestables […] entre los intereses del grupo fundamental y los de los grupos subordinados, equilibrios en los cuales los intereses del grupo dominantes prevalecen, pero hasta cierto punto, no hasta el nudo interés económico-corporativo.

De este extracto se distingue una serie de elementos que permiten construir un marco teórico para el análisis del modelo chileno previo al 18 de octubre: 1) la hegemonía en Gramsci es una expresión de dirección, de conducción en el sentido de aceptación de un modelo de sociedad que se expresa en lo político y lo valórico. 2) Es un proyecto de clase, de grupo social desde el que se construye un universal, un horizonte de posibilidad que concentra las esperanzas y anhelos del conjunto de la población en una “voluntad colectiva nacional‐popular” (2009, p. 83), y que para Gramsci, no es sino el estadio último de una reforma intelectual y moral que supone la “forma superior y total de civilización moderna” (2009, p. 83). La consolidación de un sentido colectivo que orienta a una totalidad nacional. 3) El Estado no es el fin, sino uno de los medios, un instrumento, a través del cual el grupo optimiza y desarrolla todo su potencial. 4) La hegemonía es un acuerdo transitorio, es decir, exige reformulación y negociación constante en esa relación dirección-grupos subalternos (dirigentes-dirigidos) o, como lo expresa ^{Williams (2009, p. 155)}, “(la hegemonía) debe ser continuamente renovada, recreada, defendida y modificada”. Pero siempre dentro de los límites y los márgenes que el propio grupo social dirigente define, 5) esa negociación nunca puede superar el marco económico-corporativo lo que implica que, el elemento central se encuentra en las relaciones de producción y la propiedad. “En el modelo económico” (^{Anderson, 2016, p. 84}). Gramsci, como artífice de la teoría de la hegemonía, fue capaz de generar un corpus argumental que supera los debates de su época en lógica economicistadeterminista y se adentra en el estudio de las relaciones sociales, situando al Estado y a la sociedad civil como grandes vertebradores de las mismas. Es la radiografía de estos actores y su vínculo con lo que el marxismo denomina superestructura, lo que lo sitúa como autor de referencia para dar respuesta a la pregunta que anteriormente fue formulada.

Es importante no caer en el error extendido que considera que Gramsci construye toda su teoría en la lógica de entender el modelo capitalista. Y aunque es así, también es cierto que esto tan solo forma parte del diagnóstico desde el que piensa, por otro lado, la asunción de la clase obrera al poder y a la dirección intelectual, política y moral, a convertirse en hegemónica.

En el caso de Chile, al menos hasta que se produjo el estallido social del 18 de octubre, se intuía un cierto equilibro en tensión,¹² existía hegemonía y elementos que respondían a las características señaladas con antelación (^{Vivero & Alzueta, 2022}). A continuación se va a hacer un recorrido por cada una de ellas con base en el marco teórico gramsciano desarrollado en este apartado, cuyo eje vertebrador es la distribución de la riqueza en el país:

Por un lado, la continuidad de un modelo económico social heredado de la dictadura, […]. Por otro, la continuidad de una institucionalidad política que no permite cambios fundamentales en el modelo, aunque sí correcciones parciales, expresada sobre todo en la Constitución de 1980 y en el sistema electoral consagrado en ella, que le daba poder de veto a la minoría de derecha. […] Pero no solo la institucionalidad fue pensada para un país no democrático y para un modelo neoliberal, sino además todos sus elementos están concatenados.

Un indicador que ejemplifica el resultado de ello en términos redistributivos es la existencia de un Código de Aguas que privatiza el acceso al agua mucho antes que en otros países de Latinoamérica que también han adoptado el modelo neoliberal de gestión de los recursos públicos.

Es posible concluir, en ese sentido y siguiendo la definición gramsciana, que en Chile, hasta el 18 de octubre, existía esa voluntad nacional-popular: la reproducción del modelo social se producía por consentimiento, o al menos al estilo thatcheriano con su famoso “TINA (there is not alternative)” (^{Joseph, 2002, p. 199}). El consenso convivía con algunos momentos de dominación (violencia) que obligaba a las élites del país a negociar, cuando estos movimientos se extendían en el tiempo, como es el caso del movimiento por la educación del que ya se habló. Otros escenarios, como el del pueblo mapuche en la Araucanía o descontentos como el de la isla de Chiloé,¹⁷ por su posición periférica, alejada de los espacios de decisión, por el contrario, fueron resueltos sin negociación y con la decapitación del adversario¹⁸ (^{Gramsci, 2015, p. 434}).

La hegemonía y los conceptos que la gravitan: clase dirigente y bloque histórico

La hegemonía es expresión de unas condiciones concretas, de unas correlaciones de fuerza y unas relaciones de poder específicas en un momento determinado, que cristalizan en un contrato social. En palabras de ^{Poulantzas (1978, p. 154)}, se trataría de la “condensación material de una relación de fuerza entre clases y fracciones de clase, tal como se expresa, siempre de manera específica, en el seno del Estado”.

Si se parte de reconocer a la sociedad como magma vivo, como conflicto, tal y como se definía con antelación, es porque existen actores sociales que confrontan proyectos de sociedad de los que acaban emergiendo consensos y acuerdos para la convivencia. La clase dirigente, aquella que en ^{Gramsci (2015, p. 315)} se sabe conductora de un proceso histórico y cumple la función de “dar al movimiento una cierta orientación según determinadas perspectivas” “no solo económico, sino también político-moral” (^{Gramsci, 2015, p. 246}) es, por supuesto, el actor que ha sido capaz de canalizar en torno a sí la voluntad colectiva. Actor, que para ^{Laclau (2005}, ¹⁹⁹⁶⁾ cumple la función lingüística de la sinécdoque, en la que una de las partes logra asumir a la totalidad, permitiendo consolidar unas relaciones hegemónicas. En el caso de Chile, la clase dirigente la conforman las familias más poderosas del país, lo que se ha denominado en el imaginario colectivo “las 7 familias”.¹⁹ Pero estas por sí solas no serían capaces de construir esa argamasa que fija unas posiciones sociales y cristaliza unos imaginarios en torno al proyecto hegemónico. Por sí solas, estas familias podrían controlar al Estado como expresión represiva y violenta de la sociedad, pero les sería imposible construir una unidad entre cuerpo y alma, entre clase dirigente y dirigidos.

^{Gramsci (1971, p. 124)} señala que

si las relaciones entre intelectuales y pueblo-nación, entre dirigentes y dirigidos -entre gobernantes y gobernados-, son dadas por una adhesión orgánica en la cual el sentimientopasión deviene comprensión y, por lo tanto, saber (no mecánicamente, sino de manera viviente), sólo entonces la relación es de representación y se produce el intercambio de elementos individuales entre gobernantes y gobernados, entre dirigentes y dirigidos; sólo entonces se realiza la vida de conjunto, la única que es fuerza social. Se crea el “bloque histórico”.

Para ello se constituye una coalición entre diferentes grupos sociales, afines y próximos pero no iguales, que cumpliendo diversas funciones en el terreno económico, político, académico, comunicativo o religioso, constituyen la columna vertebral discursiva y orgánica del modelo. Esto permite un baño valórico e ideológico que impregna a los grupos subalternos²⁰ con la cosmovisión de los grupos sociales dirigentes. Estos grupos subalternos superan la noción tradicional de proletariado industrial y representarían algo más próximo a las clases populares -lógico para el caso de una Italia partida en dos: norte industrial y sur agrario-, pues, como indica ^{Thomas (2013, p. 31)}, “incluye todos los grupos oprimidos y consignados a los márgenes de la historia”. Es la consolidación del Estado integral (^{Williams, 2020}; ^{Anderson, 1981}) que, como el propio ^{Gramsci (2015, p. 258)} señala, es un “intento de crear la identidad entre el Estado y la sociedad civil, de unificar dictatorialmente los elementos constitutivos del Estado en el sentido orgánico y más amplio en una desesperada búsqueda de aferrar toda la vida popular y nacional”. Es decir, como la fusión de la dominación y la dirección en un solo cuerpo bifronte: “sociedad política + sociedad civil” (^{Gramsci, 2015, p. 261}).

El bloque histórico quizá sea el concepto más novedoso desarrollado por Gramsci pues contiene en su ser “una nueva síntesis el concepto de «hegemonía», que le viene del leninismo, y el concepto de «bloc», que le viene de Sorel” (^{Laclau & Mouffe, 1987, pp. 79-80}). Se refiere a la articulación de actores o blocs encabezada, para Gramsci, por la clase dirigente. Se trata de una amalgama de figuras que conforman la sociedad civil, como instituciones privadas, que son las artífices de confeccionar el concreto sobre el que solidifican valores, discursos, prácticas y sueños. Aquí aparece la Iglesia, la escuela, los medios de comunicación, las fábricas, etcétera, dando forma a lo que también se ha denominado Estado “ampliado” (^{Nogueira, 2003}; ^{Ortega Reyna & Pimmer, 2010}), equivalente a Estado integral. Dice ^{Gramsci (2015, p. 356)} que “las ideas y las opiniones no ‘nacen’ espontáneamente en el cerebro de cada individuo: han tenido un centro de formación, de irradiación, de difusión, de persuasión, un grupo de hombres o incluso una individualidad singular que las ha elaborado y las ha presentado en la forma política de actualidad”. Esta es la función del bloque histórico: producción, reproducir y normalizar ideas y valores que galvanicen a las mayorías. Son ellos los actores que permiten construir el puente que conecta y legitima las diferentes fórmulas de explotación en el capitalismo y los sentires de las clases subalternas, lo hacen a través de la ideología como “obra maestra política por medio de la cual una determinada clase logra presentar y hacer aceptar las condiciones de su existencia y de su desarrollo de clase como principio universal, como concepción del mundo […] [describiendo] en acto el desarrollo de un medio práctico de gobierno y de dominio” (^{Gramsci, 1986, pp. 131-132}). ^{Gramsci (2015, p. 330)} continúa señalando que se trataría de “la concepción del mundo que se manifiesta implícitamente en el arte, en el derecho, en la actividad económica, en todas las manifestaciones de vida, individuales y colectiva”. ^{Simon (1999, p. 68)} matiza: “una ideología no debe juzgarse por su verdad o falsedad sino por su eficacia para unir un bloque de elementos sociales diversos y para actuar como cemento o como agente de unificación social”.

Como se puede apreciar, es posible construir una columna vertebral que organiza la estructura hegemónica. El núcleo estaría compuesto por el sentido común de época, entendido como “la concepción del mundo difundido en una época histórica en la masa popular” (^{Gramsci, 1984, p. 327}). A continuación se encuentran los intelectuales, que como se señalaba, no solo son aquellos que piensan, sino que también cumplen funciones organizativas, que permiten naturalizar, a través de la cotidianidad, lógicas de subordinación y obediencia para fraguar una unidad inestable que, con la incorporación del grupo social dirigente, constituye el bloque histórico y consolida el proyecto hegemónico.

Graficar estas conceptualizaciones en un ejemplo ayuda a clarificar unos elementos imposibles de abreviar en una ecuación matemática. El mayor pegamento social para construir unidad siempre se sitúa en las festividades y celebraciones que vienen asociadas al folclore: en Chile, si existe un evento que es capaz de representar esa pasión que se funde en voluntad nacional y popular es la Teletón.²¹ Durante 24 horas el país se paraliza en un esfuerzo colectivo con el que alcanzar una meta económica que permita sostener y profundizar el proyecto. Un esfuerzo que año a año es mayor. Música en directo, bailes y experiencias de personas que son beneficiarias de la institución. Los centros educativos, todos los medios de comunicación, todas las empresas y fábricas, y las familias chilenas, se preparan durante meses para, llegada la fecha, poder entregar el mayor dinero posible al proyecto. Es una experiencia colectiva genuina del esfuerzo de todo un país, que se encarga de hacer frente a un área a la que el Estado no llega. El momento álgido del evento se concentra en el prime time del sábado noche, cuando todo el país se paraliza frente al televisor para sufrir hasta que se alcanza la tan ansiada meta. Es en ese momento cuando las siete familias de la clase dirigente tienen su alfombra roja y hacen sus tan necesarias donaciones para llegar a la cifra mágica. Terminado el evento, los datos siempre aportan claridad: el 74% del dinero viene de familias y el 26% de empresas.²²

¿Qué esconde todo esto? Por un lado se aprecia la exposición pública, el escaparate perfecto para las familias más poderosas del país, desde las que se muestran al conjunto de la ciudadanía como iguales en un esfuerzo desinteresado y filántropo, como miembros de una comunidad nacional. Esto funciona como hilo que conecta a las clases dirigentes con los grupos subalternos en el “todos somos chilenos”. En paralelo cada una de las organizaciones de la sociedad civil, con sus intelectuales, permite invisibilizar por un lado, y naturalizar por el otro, el fenómeno político e ideológico tras bambalinas: un rol del Estado como actor subsidiario y residual, menor, en lo que se refiere a la protección de su ciudadanía y sí un proyecto de responsabilización colectiva con base en la caridad y esfuerzo personal -del bolsillo de cada uno-. Normaliza la desigualdad, naturaliza una concepción del Estado pequeño, más parecido a un gestor que a un ente que protege y garantiza el bienestar de su población. Finalmente todo ello cae como torrente valórico e ideológico al conjunto de los sectores subalternos en forma de animación y música que esconde el proyecto nacionalneoliberal de las élites del país.

Basándose en todo lo anterior es posible comprender la hegemonía como una constelación conceptual y política que permite articular actores diversos, dirigidos por uno de ellos, la clase dirigente, con el objetivo de construir un proyecto colectivo. Implica que el ejercicio de articulación y encuentro genera una transformación cualitativa de cada uno de ellos para hacer emerger algo diferente. Es decir, en el proceso de construcción hegemónica, el grupo social dirigente renuncia a parte de sus posiciones construyendo una equivalencia, como dirá ^{Laclau (2005)} y ^{Laclau & Mouffe (1987)}, que le permite ampliar su radio de influencia, ampliando el número de sectores aliados construyendo la relación de dirección sobre estos próximos y de dominio sobre los ajenos y adversarios (^{Gramsci, 2015, p. 433}). De esta manera y siguiendo con ^{Gramsci (2015, p. 433)}, el grupo social que aspire a ser dominante “puede y tiene que ser dirigente ya antes de conquistar el poder gubernativo”, o en palabras de ^{Laclau & Mouffe (1987, p. 120)}, “no toma el poder del Estado, sino que deviene Estado”.

Crisis de autoridad, crisis orgánica y fractura hegemónica

Pero como se señalaba con antelación, el consenso hegemónico es transitorio, variables dinámicas del contexto social, político y económico provocan que en determinados momentos el modelo entre en crisis, que la relación nuclear entre los grupos sociales dirigentes y subordinados se resquebraje o fracture. Es en ese momento cuando emerge el Estado “como sociedad política (o dictadura, o aparato coactivo para configurar la masa popular” (^{Gramsci, 2015, p. 244}).

La crisis siempre termina por desembocar en la emersión de la parte animal del centauro, analogía utilizada por ^{Gramsci (1999, p. 124)}, retomando a Maquiavelo, en la que este dividía al poder, como se indicaba previamente, en un bifronte que contemplaba una cara amable y dialogante y otra violenta, represiva. “Fiera y humana, de la fuerza y del consenso”. Cuando la hegemonía como capacidad de los grupos sociales dirigentes para reproducir su modelo social a partir de la seducción entre aliados y grupos subalternos deja de cumplir la función de conducción política y económica, solo queda la reproducción con base en el sometimiento, coacción, y en el caso más extremo, aniquilación del adversario. A esto ^{Gramsci (2015, p. 281)} denomina crisis de autoridad afirmando que “si la clase dominante ha perdido el consentimiento, es decir, ya no es más ‘dirigente’, sino solo ‘dominante’, detentadora de la mera fuerza coactiva, ello significa que las grandes masas se han desprendido de las ideologías tradicionales, no creen ya en aquello en lo cual creían antes”.

Un ejemplo extremo de estos momentos de crisis sería el golpe militar de 1973 contra el gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende. El país se encontraba en estado de empate catastrófico en el sentido en que ^{García Linera (2008, p. 26)} lo plantea - cesarismo lo denomina ^{Gramsci (2009, p. 49)}-:

confrontación de dos proyectos políticos nacionales de país, dos horizontes de país con capacidad de movilización, de atracción y de seducción de fuerzas sociales; […] de dos bloques sociales conformados con voluntad y ambición de poder, el bloque dominante y el social ascendentes; y, en tercer lugar, una parálisis del mando estatal y la irresolución de la parálisis.

El tercero de los elementos que señala ^{García Linera (2008, p. 26)} es el que permite dar el salto al concepto de crisis orgánica. En este estadio se produce un colapso de todo el andamiaje estatal y productivo. La clase dirigente, además de perder su capacidad de dirección, ha perdido la capacidad de gestión del Estado. Es la crisis de la sociedad política y la sociedad civil, la inversión del Estado integral. ¿Podría darse una situación similar en Chile a partir de los acontecimientos del 18 de octubre? Y por lo tanto, ¿una fractura hegemónica?

Por su complejidad, la mejor forma de comprenderla es diseccionando la definición que el autor italiano hace del concepto, confrontándola a la realidad chilena actual, para de esta manera generar una panorámica completa del fenómeno: hegemonía, constelación de actores que la conforman, y finalmente, su crisis.

Comienza el pensador sardo (1999, p. 52) diciendo:

los grupos sociales se separan de sus partidos tradicionales, […] no son ya reconocidos como su expresión por su clase o fracción de clase. […] situaciones de oposición entre representantes y representados, que del terreno de los partidos […] se refleja en todo el organismo estatal, reforzando la posición relativa del poder de la burocracia (civil y militar), de la alta finanza, de la Iglesia y en general de todos los organismos relativamente independientes de las fluctuaciones de la opinión pública […] el contenido es la crisis de hegemonía de la clase dirigente.

En primer lugar lo que se expresa es una crisis de legitimidad, el vínculo que simbólicamente conectaba a las clases dirigentes con las subalternas se quiebra, esto tiene su correlato en el plano político-electoral de tal manera que la divisoria de aguas izquierdaderecha se rompe. Este fenómeno en Chile viene de lejos. Como ya se ha señalado previamente, el marco hegemónico lo redefine el plebiscito de 1989 situando la divisoria simbólica entre los actores que apostaron por el No a Pinochet ocupando el espacio electoral de izquierda y se materializará en la coalición de la Concertación. Por otro lado, se situarán los actores del Sí a Pinochet que ocuparán el espacio de la derecha y cristalizarán en la coalición de la Alianza.²³

Esta fractura es la primera que se hace patente en Chile, pues a pesar de tener voto obligatorio hasta 2011, los niveles de participación iban cayendo paulatinamente hasta el 35% en las últimas municipales de 2016 y el 46% en las presidenciales de 2017. Este desencanto viene motivado por la mimetización que se produce entre los dos proyectos que previamente estuvieron enfrentados, asumiendo y profundizando la Concertación el discurso y las políticas neoliberales impulsadas por la dictadura y alcanzándose un acuerdo entre las élites políticas (^{Moulian, 2006, pp. 273-274}). De tal manera que “lo que sí existió fue la alternancia pacífica en el poder de distintos partidos cuyo denominador común radicaba en el no cuestionamiento global del modelo económico de acumulación históricamente establecido” (^{Arrizabalo, 1992, p. 69}). Así como Thatcher afirmara que Blair y el nuevo laborismo eran su mayor orgullo (^{Errejón & Mouffe, 2015, p. 37}), el proyecto concertacionista sería la gran obra de la transición chilena, el adversario domesticado, aceptando los límites y marcos definidos por la Constitución de 1980. Era la consolidación de la pospolítica como proyecto que permite la alternancia en el gobierno sin lucha agonista entre diferentes proyectos de sociedad (^{Mouffe, 2019, pp. 31-32}; ^{Ranciere, 1996}) y que supone la recuperación de lo político por parte de las élites (^{Crouch, 2004}). A este elemento ideológico hay que sumarle uno práctico, los continuos casos de corrupción que han sacudido la política chilena, a ambos lados del tablero: caso Penta, caso Soquimich, caso Caval, Banco de Talca.²⁴ A la desazón de que votar daba igual porque no había diferencias en las políticas, se sumaba el todos son iguales referente a la corrupción.

Continúa ^{Gramsci (1999, p. 231)} afirmando sobre la crisis orgánica:

se produce ya sea porque la clase dirigente ha fracasado en alguna gran empresa política […] o porque vastas masas […] han pasado de golpe de la pasividad política a una cierta actividad y plantean reivindicaciones que en su conjunto no orgánico constituyen una revolución. Se habla de “crisis de autoridad” y esto precisamente es la crisis de hegemonía, o crisis del Estado en su conjunto.

A partir de 2006 comenzó a emerger un incipiente movimiento social, todavía primitivo, que abogaba por acabar con la educación como bien de mercado, solicitando otros mecanismos que permitieran la incorporación de sectores medios y bajos a la educación superior sin que ello implicara necesariamente el endeudamiento, pero que todavía no interpelaba a la estructura en su totalidad. Este movimiento fue el embrión de un proceso de acumulación de fuerza entre los sectores subalternos que a través de pequeñas batallas comenzó a resquebrajar el modelo hegemónico.

La demanda democrática (una sola) comienza su mutación en demandas populares (varias), conectadas por una relación equivalencial que las conecta (^{Laclau, 2005, p. 98}). Las masas, en palabras de Gramsci, comienzan su proceso de incorporación a la arena política. La mayoría de edad de este movimiento se alcanza en 2011 en la llamada “Primavera de Chile” encabezada por Camila Vallejo, en un contexto de pérdida de la iniciativa por parte del Ejecutivo y unos niveles de apoyo que alcanzaban el 80% de la población.²⁵ Por primera vez se escuchó la demanda de la asamblea constituyente, es decir, se apelaba al modelo en su conjunto. Ellos fueron los primeros en entender que la Constitución heredada de la dictadura era el nudo gordiano del modelo. Jaime Guzmán, auténtico arquitecto de la carta magna, llegó a afirmar durante su elaboración: “se trata de hacer una Constitución tal que incluso si gana el adversario, gobernaría de una forma muy similar a la que nosotros haríamos” (^{Errejón, 2015, pp. 36-37}). El movimiento estudiantil de 2011 evolucionó de la demanda económica a la política. La respuesta del gobierno, siguiendo a ^{Balsa (2007, p. 39)}, transitó de “la (1) negación, (2) desvalorización, en el sentido de un cambio de valencia, y (3) utopización, en la concepción negativa del término utopía, pues se las tacha de irrealizables”.

Concluye ^{Gramsci (1999, p. 231)}:

La clase tradicional dirigente, que tiene un numeroso personal adiestrado, cambia hombres y programas y reabsorbe el control que se le estaba escapando con una celeridad mayor que la que poseen las clases subalternas; hace incluso sacrificios, se expone a un futuro oscuro con promesas demagógicas, pero conserva el poder, lo refuerza por el momento, y se sirve de él para aniquilar al adversario y dispersar a su personal de dirección, que no puede ser muy numeroso ni muy adiestrado.

Estas palabras quedan perfectamente reflejadas en lo que ocurrió en Chile. La Concertación cambió de nombre por Nueva Mayoría en 2013 incorporando al Partido Comunista y con él a Camila Vallejo, y en 2015 la Alianza pasaba a ser Chile Vamos. El segundo mandato de Bachelet se hacía bajo un programa que prometía reformas de calado con la educación como gran promesa. El gobierno acabó en un profundo bloqueo entre sectores que apostaban por profundizar los cambios y los que pretendían frenarlos. La clase dirigente conservaba el poder; saliendo reforzada, neutralizaba a figuras como Camila Vallejo, Carol Kariola, Gabriel Boric o Giorgio Jackson y ganaba tiempo.

Fueron ocho años de interregno, en los que emergieron todo tipo de propuestas de sentido progresista y conservador, rupturistas y reaccionarias, a través de nuevos partidos y de movimientos sociales. Pero ninguno de ellos alcanzó a debilitar e incidir en el modelo como lo había hecho el movimiento por la educación en 2011. Hasta que llegó el 18 de octubre de 2019.

En otro pasaje, ^{Gramsci (2015, p. 367)} afirma de la crisis orgánica:

Producen una crítica histórico-social que afecta a las grandes agrupaciones, más allá de las personas inmediatamente responsables y más allá del personal dirigente. Es una crisis que a veces se prolonga durante decenios. Esa excepcionalidad significa que se han revelado en la estructura contradicciones insanables y que las fuerzas políticas que actúan positivamente para la conservación y la defensa de la estructura se esfuerzan para sanarlas y superarlas dentro de ciertos límites.

El estallido social abre una nueva coyuntura en la historia reciente del país. Como bien señala el pensador sardo, todo parece indicar que se prolongará por un tiempo, al menos durante todo 2020. Utilizando a William Walker (Marlon Brando) en Quimada (^{Grimaldi & Montecorvo, 1969}) “A veces puede ocurrir, que entre una época y otra […] pueden de pronto revelarse, las contradicciones de todo un siglo”. La pregunta que queda en el aire, hasta que los acontecimientos históricos la respondan, es si se está presenciado un proceso revolucionario que empuje un cambio de modelo hegemónico o, por el contario, se trate de una nueva crisis del modelo hegemónico existente que culmine en una forma de revolución pasiva.

Consideraciones finales

(1) El proyecto hegemónico chileno vigente hasta el 18 de octubre de 2019 emerge el 11 de septiembre de 1973 con el golpe militar contra el gobierno democrático del presidente Salvador Allende, y no durante la transición democrática. Como señalan ^{Mayol (2020)} y ^{Garretón (2012, p. 71)}, para Friedman, los cambios deben realizarse aprovechando momentos de crisis o de shock. Este se impuso inicialmente con violencia, desapariciones y desplazados, y por lo tanto por la vía de la dominación -dominación sin hegemonía (^{Guha, 2019})-. Comienza su proceso de mutación hacia la versión hegemónica, como consentimiento, con el trabajo ideológico que se materializa en la Constitución de 1980. El análisis del modelo en Chile visto a través de la teoría gramsciana permite identificar los elementos de la comunidad política que al entrar y acumular contradicciones conlleva una crisis de autoridad, como la que se ha evidenciado con el estallido social de octubre de 2019. Uno de los mecanismos de legitimación de dicho modelo, la Constitución de 1980, es ampliamente cuestionada por ser herencia de la dictadura y suponer el receptáculo sobre el que descansan las diferentes fórmulas desde las que se expresaba la desigualdad. Jaime Guzmán con la Comisión Ortúzar -encargada de elaborar la carta magna- fueron capaces de articular un artefacto que garantizara la lealtad al proyecto de los diferentes actores que sustentan la hegemonía desde la concepción gramsciana. Un bloque histórico diverso encabezado por la clase dirigente con capacidad para galvanizar ideológicamente a los grupos subalternos, asegurando con ello la pervivencia del proyecto de la dictadura aun sin la presencia del dictador. En un ejercicio de contorsionismo, la clase dominante de la dictadura²⁶ aceptó incorporar nuevas figuras, grupos e ideas al bloque histórico provenientes del exilio, modificando su apariencia para garantizar la supervivencia de la esencia. El proceso de ecdisis se consolidaba: la clase dominante era dirigente.

(2) Ningún régimen autoritario se proyecta como infinito, y la autodenominada Junta de Gobierno se sabía a sí misma como un proyecto transitorio, transformista en términos de ^{Moulian (2017)}. La salida de la dictadura se produce en un contexto internacional que permite a la clase dominante transitar hacia clase dirigente. Es decir, en 1989 cae el Muro de Berlín, y con él la posibilidad de imaginar un proyecto de sociedad al margen del triunfante capitalismo en su fase neoliberal. En el plano nacional, la presión social y la consolidación de unos grupos de resistencia armados, cada vez con mayor capacidad operativa, invitaban a buscar una salida “por arriba”, negociada. El bloque dominante de la dictadura y el bloque opositor acordaron una síntesis que se materializa en el modelo pospolítico vigente. La operación se expresa en el plebiscito del 88, una victoria popular incuestionable, pero que como consecuencia de la salida negociada supone el respeto de la Constitución de 1980, permitiendo, por ejemplo, que el dictador Augusto Pinochet siguiera ocupando el rol de Comandante en Jefe del Ejército²⁷ ocho años más.

(3) La teoría gramsciana no es construida tan solo como fórmula analítica, sino que, con un objetivo eminentemente político, de acción. Gramsci incluso dedica tiempo y esfuerzo en reflexionar a propósito de la XI tesis sobre Feuerbach y de ese ejercicio emerge el concepto de filosofía de la praxis. Es por lo tanto una invitación a pensar al adversario político en su complejidad, como raigambre económica, política y cultural, para, a partir de ahí, desbordar el conjunto de “fortalezas y de casamatas” (2009, p. 164) que la sostienen y convertir a las clases subalternas en grupos sociales dirigentes.

De esta forma, es posible concluir, con base en la propia teoría de Gramsci, que la hegemonía responde a un proceso de formación, maduración en una constante tensión dialéctica, que la obliga a reformularse constantemente, y finalmente, en algún momento, ser superada por otro modelo que la sustituye integrándola en parte. También, que esta hegemonía se encuentra insoslayablemente asociada a un grupo social dirigente, que a través de las organizaciones de la sociedad civil constituyen el bloque histórico capaz de bañar ideológicamente a los grupos sociales subalternos. De esta manera, la forma de comprender el mundo que les rodea condensa en un determinado sentido común de época, que normaliza instituciones, desigualdades y prácticas sociales, además de mantener al Estado y las instituciones como un instrumento. Por último, solo una concatenación de actores capaces de articular un horizonte intelectual y moral, político y valórico alternativo, estarían en condiciones de disputar y transformar esa capacidad directiva. Será necesario actualizar este análisis una vez que se solidifiquen las posiciones resultantes de la victoria del rechazo al nuevo texto constitucional en el plebiscito celebrado el 4 de septiembre. Pues, aunque la propuesta inicial no logró el respaldo para salir adelante, la demanda de una nueva Constitución sigue vigente. Solo entonces podremos estar en condiciones de explicar qué queda de lo viejo y qué se vislumbra de lo nuevo. Haría falta además poner en juego el marco teórico aquí utilizado para analizar casos similares, sobre todo en América Latina, para comprobar su utilidad en otros contextos.