La internacionalización del fenómeno

La promulgación en Estados Unidos de América de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977 (FCPA, por sus siglas en inglés) es uno de los primeros actos normativos que criminalizó los comportamientos relacionados con el soborno ocurrido entre empresas internacionales y servidores públicos. Esta ley surgió como consecuencia de las investigaciones encabezadas por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) en las que se relacionó el escándalo Watergate -durante la presidencia de Richard Nixon- con asuntos de lavado de dinero en países extranjeros y con la fusión de fondos para sobornar a funcionarios públicos aduaneros. La FCPA tenía dos objetivos principales: 1) tomar disposiciones contables para que cualquier compañía que haya negociado públicamente valores en Estados Unidos mantuviera los registros de las transacciones de la compañía y 2) volver ilegal el sobornar o intentar sobornar a un funcionario de gobiernos extranjeros.

Durante la primera mitad de la década de 1970, el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó varios esfuerzos para posicionar el tema anticorrupción en la agenda internacional, pero fue en el año 1975 cuando la Asamblea General de ese organismo adoptó una resolución enfocada a combatir la corrupción y el soborno en transacciones internacionales de comercio. A pesar de esto, solo después de dos décadas siguió una fase de intensificación del discurso anticorrupción, acompañada de acciones impulsadas por organismos internacionales.

Cronológicamente, estos dos eventos fueron seguidos de un periodo en el que las organizaciones internacionales desarrollaron un “silencio complaciente” (^{Bukanosky, 2006}). Cuando se emitió la FCPA, las empresas en Estados Unidos y en el mundo estuvieron inconformes con esta ley porque parecía afectar la competencia internacional de las empresas (^{Sampson, 2010}). Esta ley se percibía como una traba a las transacciones de comercio internacional que realizaban las compañías internacionales en ese tiempo. Sin embargo, es prácticamente nulo el registro de ac ciones que hayan conducido al combate de actos como el soborno. Es decir, duran te décadas los organismos internacionales como la ONU, el Banco Mundial (BM), el Fon do Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el De sarrollo Económicos (OCDE) mantuvieron una agenda poco activa sobre el tema.

Un discurso anticorrupción más intenso

El segundo momento importante sucedió en la primera parte de la década de 1990. En 1993 se fundó una organización no gubernamental (ONG) con presencia global llamada Transparencia Internacional (TI) -Peter Eigen, un ex funcionario del Banco Mundial, y varios de sus colegas especialistas en el desarrollo internacional, los negocios y la diplomacia impulsaron esta agencia (^{Sampson, 2010})-, cuyo objetivo central era mantener un “movimiento global, con una visión: un mundo libre de corrupción” (^{TI, 2015}). Además, en 1996, ocurrió otro suceso detonante de varias acciones institucionales de organismos internacionales y que es considerado el punto de partida de esta fase de intensificación del discurso anticorrupción. El presidente del BM, James Wolfensohn ofreció un discurso en el que señaló que la corrupción era un “cáncer” que debía ser eliminado; de este modo, “la agenda del desarrollo económico se vinculó con la efectividad del gobierno, lo que dio lugar a nuevas condiciones de los préstamos [del BM]” (^{Sampson, 2010: 274}).

A partir de ese momento, la intensificación siguió la siguiente ruta. La forma en la que se asentaron las bases internacionales para entender la corrupción identificó el foco de la metástasis del “cáncer” en el comportamiento de los servidores públicos. Esto se apoyó en una comprensión más filosófica de la palabra corrupción, la cual señala que la corrupción “tiene sus raíces en el sentido de una cosa que se cambia de su condición naturalmente sana, en algo insano, impuro, degradado, infectado, manchado, adulterado, depravado, pervertido, etcétera” (^{Philp, 1997: 445}). Para otros autores, como ^{Wedel (2012)}, en el discurso, la corrupción se comprendió al igual que corruptus (la palabra latina de la que deriva el término) que está moralmente cargado, que evoca fallas de conducta recta o integridad.

En el mismo año de 1996, la Asamblea General de la ONU adoptó una nueva resolución que llamaba a la cooperación para combatir el soborno, la cual se convirtió en una Convención anual para el seguimiento puntal del tema por parte de los miembros de la ONU (^{Bukanosky, 2006}). En 1997, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizó la primera Convención sobre el combate al soborno de servidores públicos en el extranjero en transacciones internacionales de negocios. Rápidamente, las acciones de la ONU, del BM y del FMI se encaminaron hacia finales de la década de 1990 a promover las condiciones institucionales que los gobiernos debían cumplir para estar a la vanguardia en la lucha contra la corrupción.

Por un lado, con la evolución de la industria anticorrupción, la conclusión era que las buenas condiciones de gobernanza -apertura, rendición de cuentas y transparencia en las relaciones entre los gobiernos y el sector privado (^{Sampson, 2010})- en los países eran una precondición para el desarrollo. En concordancia, ^{Bukanovsky (2006)} señala que, en las resoluciones adoptadas por la ONU, entre 1998 y 2002, los discursos anticorrupción evolucionaron de tal forma que lle varon el discurso hacia países con problemas de desarrollo, especialmente a sus gobiernos o sus servidores públicos.

La evolución del discurso dio un giro importante en la segunda parte de los años noventa. En primera instancia, las resoluciones de la ONU reconocían que los objetivos de desarrollo debían contar con una noción ética, tanto del gobierno como de los privados en sus relaciones comerciales internacionales (hasta aquí en la retórica parece haber igualdad de circunstancias entre actores públicos y privados). En segunda instancia, proponían que las leyes internacionales existentes, y las nuevas leyes, que criminalizaban el soborno de servidores públicos debían aplicarse a cabalidad. En tercera instancia, las resoluciones reconocían, firmemente, que las prácticas corruptas minaban la integridad y la credibilidad de las burocracias, poniendo así énfasis en el sector público. Por último, estas resoluciones exhortaban y pedían al sector privado convertirse en un aliado con la intención de cuidar los principios universales y las normas que planteaba la ONU.

Por su parte, después de 1995, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM reforzaron sus discursos en la misma vía que la ONU. El FMI señalaba que la corrupción sucedía en detrimento de la inversión y el desarrollo económico; además, para ese organismo era necesario que los gobiernos adoptaran políticas de gobernanza -acciones para mejorar sus leyes y asegurar su cumplimiento, mejorar la eficiencia y rendición de cuentas del sector público, así como abatir la corrupción- con el objetivo de generar estabilidad en las economías. Del mismo modo, a partir de 1997, el BM presentó una serie de informes que lo posicionaban como un organismo con la capacidad financiera para ayudar a los gobiernos que requiriesen de su soporte monetario en la lucha contra la corrupción (^{Bukanosky, 2006}). Es decir, el BM presentó a la corrupción como el problema que debía resolver la gobernanza y también definió las estrategias o paquetes de estrategias (^{Sampson, 2010}). Para lograrlo, el paquete buscaba: a) incrementar la rendición de cuentas del sector público, b) procurar acciones de participación de la sociedad civil (con la creación de filiales de TI en los países), c) hacer competitivo el sector privado, d) promover restricciones institucionales al poder, y e) mejorar la gestión del sector público (^{Bukanosky, 2006}).

Así, el discurso anticorrupción, comenzó a ser una vertiente que permitía vislumbrar (quizá entre sombras) que la corrupción subyace en un cúmulo de nociones y prácticas que han tendido a sesgarse hacia el sector público cada vez con mayor interés e intensidad. En la siguiente sección se presenta una serie de definiciones sobre la corrupción que han sido planteadas en diferentes momentos, por parte de organismos internacionales en la promoción del discurso internacional anticorrupción. Para facilitar la exposición se presenta el cuadro 1, en él se hace una síntesis de la evolución del concepto, de las definiciones del fenómeno que han propuesto distintos organismos internaciones, así como la investigación en ciencias sociales. Cabe aclarar que el cuadro no pretende ser exhaustivo en la recopilación de autores y definiciones que han aparecido en el tiempo sobre el fenómeno, sino ilustrar los posibles escenarios que ofrecen los enfoques analíticos que se desarrollan más adelante, también es importante hacer notar que estas definiciones no aportan elementos de índole más jurídico del concepto como las que se han abordado en ese enfoque y tradición como los que analizan ^{Zapatero (2007)}, ^{Carbonell (2010)}, ^{Diego (2009)}, entre otros autores con este otro enfoque.

Corrupción: Un concepto “paraguas”

El fenómeno de la corrupción ha tratado de ser conceptualizado para intentar comprenderlo, explicarlo y buscar alternativas de solución al fenómeno. En este sentido, diversas organizaciones nacionales e internacionales, no gubernamentales, investigadores y el propio aparato gubernamental han optado por una definición de este fenómeno que les permite, de cierto modo, simplificarlo y presentarlo como un asunto “universal” de fácil entendimiento, tal como sintetiza el cuadro 1. El ^{BM (1997)} sentó las bases para que la corrupción fuera entendida como el “uso indebido de un cargo público para beneficio privado” (^{BM, 1997: 8}). No obstante, las raíces de esta definición, ampliamente aceptada, se remontan a la década de 1960 con investigaciones de ^{Nye (1967)} y ^{Huntington (1968/2006)} -para autores como ^{Heidenheimer et al., (1989)} ambos autores acentúan el fenómeno como actos “centrados en la oficina pública”, aunque también podrían entenderse como centrados en el comportamiento que dictan las normas.

Además, por la naturaleza transaccional de los negocios internacionales que emanó de la FCPA, ^{Rose-Akerman (1978: 7)} señalaba que “esencialmente la corrupción [era] equiparada con el soborno”, sobre todo de oficiales públicos en las transacciones de comercio internacional. Todas estas distinciones provocaron que los análisis del fenómeno, en un inicio, se centraran en los costos y beneficios económicos que suponía la corrupción, asumida como un costo de transacción.

De este modo, igual de rápido que lo hizo el discurso, el concepto fue clave en los diagnósticos de gobernanza que siguieron a las acciones y estrategias internacionales, ya que la corrupción figuraba como una “captura estatal”, entendida como “el control ilícito de la política pública por parte de actores privados en la forma, por ejemplo, de influencia indebida o compra de jueces o políticos” (^{Sampson, 2010: 275}). En 1999, la Oficina de América Latina y el Caribe, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) retomó la definición del BM. Pero el concepto permitió identificar actos que abarcaban abusos unilatera les por parte de funcionarios públicos del gobierno, como la malversación de fondos y el nepotismo, así como el abuso que vincula tanto al sector público como al sector privado; por ejemplo, el soborno, la extorsión, el tráfico de influencias y el fraude. Un año más tarde, TI propuso que la corrupción era el uso indebido del poder otorgado para beneficio privado, la cual entraña conductas por parte de funcionarios en el sector público o sus allegados con las que se enriquecen indebida e ilegalmente mediante el mal uso del poder confiado en ellos.

En esa misma línea, TI optó por señalar que la corrupción podía ampliar sus explicaciones y clasificar los actos corruptos por su escala, la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se producen los actos, de este modo señaló que la corrupción podía ser a gran escala, corrupción de actos menores y corrupción política. La primera de ellas, la corrupción a gran escala, clasifica “actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común” (^{TI, 2009}). La segunda, los actos de corrupción menores (petty corruption), encuadra los actos de corrupción que consisten en el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos (^{TI, 2009}). Finalmente, la corrupción política, identifica la manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio (^{TI, 2009}).

Posteriormente, el BID continuó con la discusión y señaló que la corrupción abarca actos realizados por funcionarios que usan su posición con fines propios, o bien lo hacen a pedido de otros, a fin de obtener beneficios para sí mismos o para terceros. Al igual que otros organismos, el BID buscó identificar prácticas o actividades para operativizar la corrupción, en prácticas como: pedir, ofrecer o recibir sobornos; consideraciones o comisiones clandestinas; la extorsión, el uso impropio de información o bienes; o, el tráfico de influencias. Por su parte, la ONU -junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)- estableció en 2003 que la corrupción es el mal uso de los poderes públicos, cargo o autoridad para beneficio privado mediante el soborno, la extorsión, el tráfico de influencias, el nepotismo, el fraude, la extracción de dinero para agilizar trámites o la malversación de fondos. Así, la naturaleza transaccional con la que se comenzó a comprender a la corrupción (prácticamente como ,0posteriormente, en tipos de actos corruptos) centró gran parte de su atención en el sector público.

Enfoque económico

^{Rose-Ackerman (1978: 7)}, para muchos economistas, es una de las principales investigadoras que abrió las puertas para el análisis económico de la corrupción. Ella señala que “esencialmente la corrupción es equiparada con el soborno” . Añade, posteriormente que, en el marco del modelo de agente-principal, la parte del concepto más susceptible en los análisis económicos son los pagos monetarios a los agentes. Estos pagos están destinados a “inducir a los agentes a ignorar los intereses de sus principales y a favorecer a los sobornadores en su lugar” (^{Rose-Ackerman, 2006: xiv}). Según ^{Wedel (2012)} los focos típicos de investigación sobre la corrupción a los que se han dedicado los economistas señalan que son actividades generalmente ilegales, sobre todo cohecho, sobornos, extorsión, dinero rápido (pago no oficial para mover un tema a través de la burocracia), colusión y fraude; en los sectores, generalmente de compras gubernamentales o de prestación de servicios, de recaudación de impuestos, de agencias de aduanas y de vigilancia. En el mismo sentido, otros economistas señalan que la corrupción es una “enfermedad” o “enfermedad [con] muchas […] cepas y mutaciones” (^{Klitgaard, 1988: 7, 21}). “Las patologías en la relación agente/principal están en el corazón de la transacción corrupta” (^{Rose-Ackerman, 2006: xvii}).

El enfoque económico, generalmente, identifica al acto corrupto como un acto que surge de la posibilidad de que haya un uso inapropiado del servicio público para obtener beneficios materiales personales o privados (^{Noonan, 1984}; ^{Klitgaard; 1988}) en el que se encuentran identificados dos actores que se coluden, o se extorsionan. Además, sucede una relación en la que uno de ellos “ofrece incentivos o recompensas ilegales, dinero o regalos, para manipular la decisión o el juicio de un funcionario público en favor de su propio interés. El funcionario, a cambio, actúa en concordancia con la petición del sobornador” (^{Del Castillo, 2001: 276-277}).

El enfoque económico, regularmente, tiene como sustento teórico a la elección racional o la teoría del agente principal. Este tipo de análisis encuentra que los individuos calculan sus posibilidades (o probabilidades) de ser sorprendidos y ser sancionados -social o legalmente- para decidir si llevan a cabo un acto corrupto como el soborno o el cohecho. Además, de este tipo de análisis teóricos destaca que los agentes (privados y gobierno) y el ambiente económico toleran un nivel óptimo de corrupción para que las actividades económicas y gubernamentales funcionen de manera adecuada.

Generalmente, este enfoque analítico modela el comportamiento de dos individuos y los factores asociados a los actos de corrupción tienen que ver con los valores y normas de comportamiento de cada uno de ellos. Uno de los individuos, quien por lo general es un funcionario público, es el que calcula el riesgo que implica el acto corrupto, la importancia relativa de los beneficios que recibirá, el grado de discrecionalidad que puede poseer, así como la eficiencia de la rendición de cuentas que se le pida. Mientras que el otro individuo, quien ofrece el acto corrupto, calcula los factores que pueden incidir con sus valores y normas de comportamiento, la importancia relativa que le dé a los beneficios que obtendrá, la situación financiera que enfrenta y el cálculo de riesgos que le implica corromper al funcionario (^{Del Castillo, 2001}).

Asimismo, este enfoque centra su foco de análisis en el acto corrupto como si este fuese una transacción entre los agentes económicos y encuentra que, teóricamente, la corrupción sucede, pero depende de factores que están asociados al acto o decisión que se desea cometer: por un lado, la naturaleza del acto o decisión que desea corromper, la demanda que tiene el acto corrupto, el número de clientes o personas que se beneficiarán del acto corrupto; por otro lado, el acto corrupto se asocia con el número de puestos con capacidad de decisión que intervienen para que suceda el acto corrupto, por lo tanto, también el número de colaboradores que es necesario comprar para realizarlo, además del alcance del beneficio y el riesgo para el funcionario o quien está dispuesto a corromper (^{Del Castillo, 2001}).

En este sentido, en la literatura relacionada con este enfoque, se señala que la corrupción puede facilitar, en algunos casos, el crecimiento económico al ayudar a las empresas a eludir la carga del sector público o puede retardarla aumentando esta carga y reduciendo la eficiencia del gasto público que contribuye a la productividad (^{Dzhumashev, 2014}). Sin embargo, dependerá de la región y del grado de desarrollo de los países, el tamaño de las empresas y su actividad económica la forma en que el acto corrupto pueda tener incidencia. Al respecto, ^{Seker y Yang (2014)} encontraron que hay una relación negativa significativa entre empresas expuestas a actos de soborno y los niveles de ventas de las empresas (desempeño en la economía).

Enfoque politológico/organizacional

Este enfoque analiza la corrupción desde aristas que tienen que ver con conductas que se asocian con la violación de normas o deberes de las personas y representantes sociales, pero también con lo que sucede con las organizaciones públicas y privadas. Aunque el enfoque es más amplio, considera aspectos de la corrupción política, del clientelismo o del sistema de botín, que son prácticas para cooptar individuos o beneficiarse de los cargos políticos y públicos para el beneficio personal, familiar o de grupo. Desde el enfoque de las ciencias políticas, ^{Nye (1967: 419)} definió la corrupción como “el comportamiento que se desvía de los deberes formales de un rol público debido a las ganancias pecuniarias o de compensaciones privadas (personales, familiares cercanos, camarilla privada); viola las reglas contra el ejercicio de ciertos tipos de influencia privada”. En ese mismo sentido, ^{Huntington (1968/2006: 59)} definió la corrupción de manera similar como “el comportamiento de los funcionarios públicos que se desvía de las normas aceptadas para servir a fines privados,” mientras que ^{Heidenheimer (1989): 6)} señala que la corrupción es “una transacción entre actores de los sectores público y privado, a través de la cual bienes públicos se convierten ilegítimamente en ganancias privadas”.

En este enfoque, más relacionado con las organizaciones, la corrupción puede entenderse como una violación a los procesos legales para obtener ganancias privadas. Por ejemplo, el soborno es una creación burocrática en un contexto de organizaciones complejas del tipo racional-legal weberiano, es un tipo de “patología burocrática” derivada no sólo del intercambio de los individuos, sino del contexto organizacional donde sucede (^{Merton, 1968}; ^{Durkheim, 1987}), ya que, en sí mismo, un acto corrupto genera una especie de beneficio privado a costa de violaciones a los procesos, procedimientos, códigos o normas que rigen a la organización, ya sea de manera interna o externa.

La corrupción entendida desde el ámbito organizacional puede analizarse por el grado de extensión que tiene dentro de la organización. Es decir, la corrupción puede ocurrir en un grado tal, que solo afecte a pocos miembros de la organización (servidores públicos o gerentes), un departamento o, finalmente, afecte a la mayor parte o al total de la organización. La corrupción puede trascender desde casos eventuales hasta convertirse en una patología sistémica en la organización. En el mismo sentido, los actos de corrupción dentro de la organización pueden ocurrir de manera diferenciada en función del límite o rigidez que dictan las funciones y las normas de la organización. Por ejemplo, la rigidez de ciertos trámites burocráticos puede provocar el ambiente propicio para los sobornos en trámites cara a cara entre burócratas y quienes tramitan un servicio. Adicionalmente, la forma que tenga la estructura de la organización -dependiendo de su grado de centralización o jerarquía-, la forma en que se toman las decisiones (^{Simon, 1976}) y cómo sea el grado de profesionalidad o especialización técnica con el que opera la organización las probabilidades de soborno pueden variar. Así, “la corrupción desde este ángulo analítico es la decisión de un individuo en una transacción con otro individuo o individuos, aprovechándose (indebidamente, se insiste) de una posición determinada en esa relación o transacción” (^{Arellano, 2017}). Según ^{Torsello y Venard (2016)}, los investigadores de la organización utilizan muchas definiciones de corrupción que se pueden dividir en tres tipos:

En la primera tradición, la corrupción es sinónimo de cualquier mala conducta en las organizaciones […] En la segunda tradición, los académicos usan una acotada definición común entre los investigadores de la organización: el uso indebido del poder público para el beneficio privado [similar a la aceptada por Transparencia Internacional y el Banco Mundial] […]. El tercer tipo de perspectiva es más amplio en su alcance: “el uso indebido de una posición o autoridad organizacional para ganancia personal o ganancia organizacional (o subunidad), donde el mal uso a su vez se refiere a la desviación de las normas sociales aceptadas” (^{Anand et al., 2004: 40}) o la “búsqueda de intereses individuales mediante el desvío de recursos o la subversión de políticas o rutinas organizacionales” (^{Lange, 2008: 710}; ^{Martin et al., 2009}).

En esta vía de discusión, en mayor medida las organizaciones privadas han enfocado sus esfuerzos en identificar conductas dentro de las organizaciones que minan el desarrollo de las empresas y que se asocian con conductas de individuos en relaciones intra e interorganizacionales. Específicamente, las organizaciones privadas intentan proteger los intereses empresariales evitando que sucedan fraudes ocupacionales. “Los fraudes ocupacionales son aquellos en los que un empleado, directivo, funcionario o propietario de una empresa comete algún acto en perjuicio de esa organización” (^{ACFE, 2018: 1}). La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE, por sus siglas en inglés) ha desarrollado un mapa que busca la identificación más clara de los perjuicios que suceden en las organizaciones privadas. La clasificación del fraude ocupacional que usa la ACFE es llamada el árbol o esquema del fraude; esta se presenta en el esquema 1.

Fuente: Elaboración propia con base en ACFE. Para consultar el árbol completo, véase: https://bit.ly/2ObOFLa [fecha de consulta: 7 de mayo de 2021].

ESQUEMA 1 Esquema o árbol del fraude 

Generalmente, una organización tiene asociada una imagen de combate a la corrupción, la cual se refleja socialmente cuando hace evidente los actos corruptos de sus miembros. Si la organización alcanza una imagen social negativa, la probabilidad de ocurrencia se incrementa. En el mismo sentido, si las normas formales de la organización se violan de forma recurrente, puede crear en un ambiente psicológico (^{Simon, 1976}) en el que los individuos dentro de la organización encuentren en la corrupción una práctica sistémica que puede convivir, trascender, justificarse o normalizarse en la organización (^{Arellano, 2017}).

En otros textos, ^{Arellano y Hernández (2016)} han resaltado que la corrupción puede entenderse en las escalas (planteamientos teóricos) individual, organizacional y sistémica; desarrollaron esta clasificación asociando diferentes tipos de actos de corrupción tipificados como delitos y los clasificaron según la escala en la que estos actos suceden. Como resultado de esa clasificación encontraron que los actos corruptos se vinculan con características propias de cada planteamiento teórico, tipos de comportamiento (extorsivo o colusivo; es decir, que depende del número de personas que intervienen en el acto corrupto), conductas de los actores, medidas para confrontar los actos y el delito asociado.

Así, en el ámbito del comportamiento individual (más asociado al enfoque económico) se encuentran delitos como el soborno y el abuso de funciones con comportamientos de tipo extorsivo y con métodos para combatirlo como el monitoreo, la vigilancia y los castigos que superan los beneficios obtenidos. En la escala organizacional/relacional (de este enfoque, pero que también tiene elementos del sociológico) suceden actos colusivos como: el peculado, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, la obstrucción de la justicia, la conspiración/colusión para cometer corrupción, el uso ilegal de información confidencial y el nepotismo; para controlarla se necesitan acciones de investigación formales, capacitación respecto al marco formal y funciones de los miembros, modificar la sobrerregulación o falta de regulación, mejorar el trabajo de las unidades de control interno y, excepcionalmente, un actor externo puede intervenir para reducir el problema.

Por último, en la escala sistémica (más asociada al enfoque sociológico/antropológico, que veremos en el próximo apartado, pero que no se puede desprender del politológico/organizacional) se cometen actos colusivos que se convierten en delitos como el peculado, el tráfico de influencias, la obstrucción de la justicia, la conspiración/colusión para cometer corrupción, el uso ilegal de información confidencial o privilegiada y el nepotismo. A diferencia de la escala anterior, aquí intervienen redes, relaciones de reciprocidad e intercambio fuertemente arraigadas, procedimientos informales para actuar ilícitamente y una interacción entre los actores relativamente estable en el tiempo. Para combatir estos actos se requiere formación y capacitación respecto al fenómeno de la corrupción, unidades de investigación interorganizacional, un marco judicial robusto, estrategias para la implantación serias y programas específicos.

Enfoque sociológico/antropológico

A pesar de que el discurso de la industria anticorrupción parece estar sesgado hacia la noción de que la corrupción es el “cáncer” y el enemigo a vencer, los investigadores sociales han propuesto que no siempre debe concebirse a la corrup ción como perniciosa. Los análisis antropológicos buscan explorar perspectivas sobre las relaciones sociales entre personas que son raramente exploradas por otro tipo de análisis social, como el análisis económico o de características cuantitativas más que entender el fenómeno social.

El enfoque antropológico ha provisto información interesante acerca de la corrupción en distintas escalas, ideas y prácticas alrededor del mundo. La tendencia sobre su estudio ha evolucionado y profundizado en los debates vinculados con la relación entre el Estado y la sociedad, el Estado y el mercado, lo formal e informal, lo legal e ilegal, y las prácticas negras (grises) o blancas¹ (^{Torsello, 2011}). En general, el análisis de la corrupción en este sentido ha enfatizado el estudio de la corrupción como resultado de un proceso político e histórico (^{Scott, 1969}; ^{Lomnitz, 1996}) particular en diversas sociedades en desarrollo. De los temas clásicos en este sentido, son los procesos a través de los cuales la separación social y política entre lo público y lo privado se construye. La investigación antropológica también ha promovido discusiones sobre enfoques culturales perennes en el desarrollo de la sociedad y que se relacionan con el fenómeno de la corrupción (^{Haller y Shore, 2005}), sobre conflictos morales que ubican la discusión sobre la distinción de valores o conductas que ejemplifican lo complicado que es delimitar lo apropiado, de aquello que no lo es (^{Haller y Shore, 2005}). Además, la antropología ha provisto de información relacionada con el aporte del “poder de las palabras” en el fenómeno de la corrupción (^{Haller y Shore, 2005}; ^{Torsello, 2011}). Estos textos generalmente hacen análisis relacionado con las formas en que, a través de la comunicación o el lenguaje, las sociedades construyen relaciones entre individuos que reflejan conductas sociales vinculadas con el fenómeno.

El análisis etnográfico en este enfoque busca describir las costumbres y tra diciones de grupos de individuos en una sociedad en su propia dinámica comunicativa y de interacción. Desde el punto de vista lingüístico, se trata entonces de una lógica emic (punto de vista del nativo) en vez de etic (punto de vista del extranjero) (^{Olive, 2014}). Para el análisis de la antropología de la corrupción, la etnografía puede ayudar a cerrar una brecha que hay entre los análisis de gran escala o los análisis cuantitativos y las críticas sobre la efectividad que hay sobre ellos (^{Torsello, 2011}), como el uso de encuestas a gran escala o la investigación que recaba datos en sección cruzada de diferentes países -las que sin distinción de las nociones propias de cada región asocian ideas, valores o prácticas distintas de lo que significa un acto corrupto- a favor de las comparaciones internacionales.

La cercanía de este enfoque y su método con el objeto de estudio -individuos o comunidades- hace que el investigador se apropie de nociones, ideas, percepciones, prácticas y conductas que de otro modo no podrían ser documentadas. Por ejemplo, en el texto clásico de ^{Jason Ditton (1977)} sobre cómo los vendedores de pan en las calles de Londres adoptan una conducta de pequeños e “insignificantes robos” consensuados entre la empresa y el vendedor -como parte de su incorporación al trabajo de la empresa- y aún más, con el consentimiento de ese tipo de “robo moderado” por parte de los consumidores de pan. Más allá de esto, el estudio de Ditton es capaz de documentar la preocupación de los dueños de las panaderías para encontrar la forma en que este robo pequeño y aceptado no se convierta, sin embargo, en un relajamiento de la ética de los vendedores como para producir corrupción ahora en contra de la empresa. Esta distinción además es clave y poco entendida por la gran mayoría de los estudios sobre corrup ción: hay una gran diferencia entre corrupción a favor de la persona y la corrupción a favor de la organización.

La antropología llama “lidiar con el etnocentrismo” a tratar de evitar el sesgo que tienen los investigadores sobre su propia concepción de lo que consideran apropiado o no al observar un acto de corrupción, afectados por su desarrollo individual. Esto significa que los investigadores buscan aislarse de los aspectos morales y de los juicios de valor que suceden cuando se observan otras culturas (^{Torsello, 2014}; ^{Torsello y Venard, 2016}). Lo anterior evita, en palabras llanas, que el investigador juzgue las ideas, nociones, comportamientos o conductas -en un sentido negativo, ambiguo o positivo- y que, por su propia noción del mundo, le son ajenas o extrañas. Como antes se dijo, la antropología de la corrup ción ha denominado enfoque emic a esta propuesta metodológica que busca evitar que la corrupción se observe, interprete o analice en cualquier sentido moralista. Así, la sociología y la antropología justifican sus aportes basados en la idea básica de que la corrupción no es igualmente comprendida o asumida en diferentes latitudes geográficas, culturas, entornos, lapsos históricos o relaciones entre individuos en el mundo, inclusive, en distintas regiones o contextos al interior de un país o diversas sociedades, “el mismo concepto [corrupción] refiere a diferentes realidades al nivel de varias organizaciones y naciones y varias personas” (^{Torsello y Venard, 2016: 37}).

Los estudios etnográficos que se han realizado basados en el análisis del lenguaje son relativamente abundantes y crecientes. En el entorno internacional se han documentado prácticas, en sentidos de intercambio de regalos o favoritismo y relaciones de reciprocidad como el guanxi en China (^{Yang, 1994}; ^{Luo et al., 2011}) o el blat en Rusia (^{Ledeneva, 1996}; ¹⁹⁹⁸; ²⁰¹¹) o las nociones sobre corrupción captadas por el análisis semiológico de eufemismos en África (^{Blundo y Olivier de Sardan, 2001a}; ^2001b) o la palanca en el caso de México (^{Arellano, 2018a}, ^2018b).

A pesar de estas bondades, los problemas metodológicos del análisis antropológico de la corrupción se asocian con la imposibilidad de trabajar con una definición concreta y clara de corrupción (^{Torsello, 2014}; ²⁰¹¹), que es uno de los asuntos que evidenciamos en este texto. La antropología de la corrupción ha preferido evitar posicionar una definición para aminorar el riesgo que representa el etnocentrismo latente en la investigación etnográfica, lo cual en teoría posibilita las discusiones sobre la corrupción. Sin embargo, ^{Gupta (1995: 388)} señala que la corrupción “es una violación de las normas y estándares de conducta”, Olivier de Sardan menciona que la corrupción se refiere a:

una serie de prácticas ilícitas, técnicamente de la corrupción, todas las cuales, sin embargo, tienen en común con la corrupción su asociación con funciones estatales, paraestatales o burocráticas, y también contradicen la ética oficial de “propiedad pública” o “servicio público”, y asimismo ofrecen la posibilidad de enriquecimiento ilegal, y el uso y abuso a este fin de los puestos de autoridad (^{Olivier de Sardan, 1999: 26}).

Por su parte, ^{Jancsics (2014: 3)} propone que la corrupción sucede con intercambios informales en una transacción de intermediación, sobre todo con elementos importantes como los recursos organizacionales, las propias formas del intercambio (visible-oculto) y la estructura de relación (horizontal-vertical). En ese sentido, la corrupción son transacciones de “intercambios informales de recursos formalmente asignados. Es decir, recursos que pertenecen propiamente a una organización formal, pero no exclusivamente pública”.

Los estudios sociológicos de la corrupción discuten con un telón de fondo los valores que la sociedad ha construido como aceptables o apropiados y donde juegan las perspectivas que intentan diferenciar las conductas que están dispuestas a tolerar de aquellas que no son aceptables. Sin embargo, podría decirse que los estudios de la antropología de la corrupción han pasado de analizar las dicotomías “tradicionales” como telón de fondo, a plantearse análisis que contemplan más allá de los claroscuros dicotómicos de esas nociones, incluso intentan trasladar los análisis de la corrupción a zonas límite en la interpretación de lo que cada sociedad concibe como corrupción -zonas grises- (^{Tapia y Zalpa, 2011}; ^{Zalpa et al., 2014}). De este modo, la literatura sobre antropología de la corrupción en las últimas décadas ha estado aportando una visión propia del fenómeno de la corrupción: ideas, conceptos, prácticas y formas de comprender los actos que las sociedades, en contextos y con valores particulares, le otorgan a la noción de inapropiados o indebidos.

En síntesis, la corrupción es un concepto “paraguas” que tiene sumas complejidades para ser definido, comprendido y operacionalizado. En la genealogía en que el concepto ha sido desarrollado se encuentran las siguientes formas de discur so y enfoques: a) el discurso es retórico-discursivo, aquel que la industria anticorrupción ha propagado por el mundo como una noción cancerígena que debe erradicarse, una idea general sobre la corrupción, pero que se ha mostrado que pue de “vestirse” con muchos enfoques analíticos; b) el enfoque económico que, simplificando demasiado, permite que la corrupción se entienda como un cálculo individual “racional” de costos y beneficios en espacios que permiten transacciones indebidas e ilegales; c) un enfoque que, desde la ciencia política y el análisis organizacional, entiende a la corrupción como decisiones en una transacción entre individuos, en donde aprovechan (indebidamente, se insiste) una posición determinada en esa relación o transacción, se incumplen con roles o se violan normas y procesos, y d) el enfoque sociológico/antropológico que señala que la corrupción va más allá de las cuestiones morales y las cargas valora tivas sobre el acto corrupto en sí mismo para explicar cómo suceden las relaciones sociales.

Más allá de los enfoques revisados en este apartado, el argumento de partida señala que hay ideas, definiciones, enfoques de análisis y explicaciones sobre la corrupción que no están consensuados, y que al mismo tiempo permitan encontrar formas para asegurar que la corrupción pueda reducirse en un contexto de corrupción sistémica como el mexicano. Por ello, vale la pena comprender qué mecanismo se ha elegido en México para intentar combatir la corrupción: el Sistema Nacional Anticorrupción y su nueva perspectiva en un contexto de gobierno que en su discurso enaltece el combate a la corrupción, pero que en la práctica no deja claro su actuar.

¿Cómo se explica la política anticorrupción en México entre 2012 y 2021 con estos enfoques?

La construcción de la política anticorrupción en México ha virado a la par de los discursos de sus gobernantes en turno, de sus instituciones y, por lo tanto, de los ins trumentos de política que se utilizan para conformarla, así como de sus alcances por diseño. Es posible distinguir dos periodos claros donde la política anticorrupción de México ha tomado cause: 2012-2018 y 2018-2021. A continuación, se revisa la política anticorrupción en México desde los enfoques analíticos que hemos planteado previamente, ya que cada uno contribuye a la comprensión de la lógica con que han acontecido los sucesos que enmarcan tanto el discurso sobre la política, como las acciones de políticas que se han puesto en marcha. Las siguientes líneas son una síntesis de los eventos más importantes que provocaron efectos en la política anticorrupción de cada periodo, considerando el discurso (explícito o implícito), la noción de corrupción según el enfoque de análisis y los instrumentos de política pública por los que se optó en cada periodo. El cuadro 2 sintetiza los componentes de esta revisión en sus distintos periodos y enfoques analíticos.

Desde el año 2012, cuando en la agenda pública tomaba fuerza la puesta en marcha de una oficina o fiscalía anticorrupción especializada en el tema, y con más fuerza después de los escándalos de corrupción a los que se enfrentó el titular del gobierno federal, así como múltiples evidencias de corrupción de gobiernos estatales y municipales, la sociedad civil impulsó la creación de varias modificaciones legislativas en materia anticorrupción que se acompañaron de diferentes posicionamientos en el discurso público sobre la rendición de cuentas y la transparencia en las acciones de gobierno. En aquellos años se había dejado de lado la visión de una profesionalización del servicio público como el mecanismo de control de la corrupción política, el clientelismo y el patronazgo, y comenzaron a tomar mayor fuerza las nociones en favor de la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental.

El discurso anticorrupción en el periodo de 2012 a 2018 tuvo una noción sobre la corrupción cercana a la de Transparencia Internacional (“uso de recursos públicos para fines privados/personales/o de redes”), la cual ganó en el terreno de la política y logró posicionarse como una solución de políticas públicas: el instrumento propuesto, entre otras reformas administrativas, para aminorar los actos de corrupción se denominó Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). De este modo, el SNA, como mecanismo político, se integró como un experimento atrevido e innovador, sin embargo, su credibilidad dependía en gran medida de su capacidad para mostrar avances rápidos, focalizados y profesionales.

La explicación más común que ofreció el discurso anticorrupción abundaba sobre problemas administrativos ocasionados por la carencia de controles en las organizaciones públicas, la falta de transparencia (a pesar de que ya existía un marco normativo que regulaba la transparencia de las acciones de gobierno) y también de rendición de cuentas por parte de los servidores públicos en diferentes escalas del gobierno. A su vez, se mencionaba (sobre todo en la sociedad civil) que el servicio público estaba cooptado por intereses políticos y que en cierta medida la corrupción tenía diferentes escalas, pero prevalecía la corrupción sistémica y estructural (^{Merino, 2018}). También se detectó una fragmentación de las instituciones dedicadas a combatir la corrupción, así como poca capacidad institucional para identificar y corregir las prácticas sistemáticas de corrupción. En el fondo, pero sin resaltarse así en el discurso, se hablaba de que la sociedad y especialmente los servidores públicos debían apostar por la vigilancia entre individuos (instituciones) para evitar caer en actos de corrupción en la función pública. Por su parte, el discurso del gobierno se centraba en una discusión sobre la profundidad cultural del fenómeno anticorrupción (^{Alvarado, 2020}) y en el arraigo del problema social e histórico del fenómeno.

Siguiendo la lógica con la que se construía esa política anticorrupción, la noción sobre el fenómeno, en mayor medida, se identificaba de forma casi directa con las definiciones de un enfoque politológico/organizacional; es decir, con comportamientos desviados de la posición pública, de los deberes formales o de las normas, para obtener ganancias o ventajas (regularmente ilegítimas o indebidas) para fines privados. Pero también, en menor medida, se entendía con patologías burocráticas en las que prevalecían las violaciones a los procesos, procedimientos, códigos o normas que rigen a las organizaciones.

El instrumento diseñado fue un gran entramado institucional centrado en el Sistema Nacional Anticorrupción, que se acompañó de otros instrumentos legales como las reformas a la Constitución en su artículo 6°, a la Ley de Transparencia, la propia Ley General del SNA, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a la Ley de Coordinación Fiscal, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental; también reformas y adiciones al Código Penal Federal, en materia de combate a la corrupción. Finalmente, reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de control interno, y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR). Todas estas reformas tuvieron principalmente implicaciones organizacionales, sobre todo en las capacidades necesarias para implementar este mecanismo de coordinación.

El SNA pretendía funcionar con la intervención de diferentes organizaciones gubernamentales (con ciertas capacidades ya generadas) y un comité de participación integrado por miembros de la sociedad civil. La interacción entre ellos debía suceder con la operación de un comité coordinador (responsable de establecer los mecanismos de coordinación entre los integrantes del SNA) presidido por el Comité de Participación Ciudadana (CPC); además, interactúan en el sistema seis organizaciones públicas: la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), un fiscal anticorrupción de la Procuraduría General de la República (PGR) y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Las dimensiones y el funcionamiento del SNA fueron diseñados como un entramado institucional complejo que dependía de la actuación de tres órdenes de gobierno para su operación completa: federal, estatal y municipal.

Como metáfora de un sistema, el diseño del SNA requería la coordinación virtuosa de sus elementos para producir resultados, lo cual fue un factor de riesgo muy alto dadas las condiciones administrativas (y políticas) del país. El hecho de haber promulgado leyes anticorrupción no garantizaba que la coordinación interins titucional sucediera, ni espontáneamente ni por decreto (^{Hood, 2010}). En esencia, los analistas que emplean el enfoque económico llaman a este tipo de mecanismos sistemas de vigilancia con organizaciones traslapadas y funciones específicas (^{Ostrom, 1973}). Generalmente estos análisis ya habían dado muestras de éxito cuando los dilemas de acción colectiva podían controlar el tamaño del grupo que interactúa y el beneficio común era tan amplio que convenía la autorregulación del sistema. En este caso, también era notable el riesgo de incumplir los acuerdos de vigilancia, a pesar de las penas y castigos asociados con las reformas gubernamentales citadas. Aunado a esto, el SNA nació sin claridad sobre cómo construir sus capacidades técnicas, organizacionales y de gestión, las cuales le eran críticas para su éxito: capacidades de control interno, auditoría forense e investigación, y análisis criminal. Además de la inexperiencia para desarrollar capacidades de investigación, persecución, tratamiento legal y enjuiciamiento que pudieran reducir velozmente los altos grados de impunidad que sufrían los casos de corrupción.

Ante estos retos, el SNA debía buscar atender tareas concretas que le permitieran diferenciar los instrumentos de un sistema integral ¿qué se necesitaba entonces? Lo primero, era generar las capacidades organizacionales para que el SNA funcionara: las capacidades de un verdadero control interno que no persiguiera a la corrupción como fin, sino que profesional y sistemáticamente creara las condiciones de reducción de riesgos en las organizaciones gubernamentales y sus decisiones y procesos (^{Arellano et al., 2015}). Además, necesitaba capacitar a las personas y darles las condiciones organizacionales para realizar investigación sólida antifraude, anticorrupción. Asimismo, necesitaba integrar las capacidades de auditoría forense, investigación y análisis criminal como elementos sustantivos del sistema. Todo esto para armar los casos, no aislados, de las cadenas criminales y de colusión que instalan las dinámicas de fraude, soborno o desvío de recursos. También, era necesario mejorar la parte judicial, para que pudiera procesar con velocidad y profesionalismo todos los casos denunciados, con el fin de reducir la impunidad que en este tipo de casos ha reinado en el país.

Estas capacidades se requerían en diferentes partes del sistema y en diferentes organizaciones con sus especificidades propias, incluso pensando en las tres escalas de gobierno. Lo anterior ha sido uno de los principales retos que a la fecha se mantiene. La lógica del SNA era que cada elemento hacía su parte para que la interacción generara el resultado esperado: reducir la corrupción efectivamente y de manera pronta. Pero cada parte requería hacer muy bien su papel para que la interacción funcionara. Aun con el pasar de los años y el cambio de gobierno, no queda claro cómo cada parte puede generar las condiciones organizacionales mínimas indispensables para lograrlo, a pesar de que se supone experiencia en diferentes organizaciones para cada uno de los retos que se plantearon en su diseño. Tal vez sea más sensato partir de que la experiencia que se tiene hoy mismo sobre control interno, la investigación antifraude, el análisis e investigación criminal, el procesamiento de casos y el procesamiento ante la justicia es sumamente reducida e insuficiente. Es decir, prácticamente hay que partir de cero para crear estas capacidades organizacionales.

Hacia finales de 2020, la operación e importancia del SNA para combatir la corrupción seguía sin poder integrar al sistema de forma óptima y completa. Por un lado, seguía pendiente ratificar nombramientos para cubrir a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y cubrir el nombramiento del Fiscal anticorrupción, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado de la posibilidad de reducir las salas regionales especializadas en la materia adscritas al TFJA para que operen en conjunto con los otros miembros del sistema. Además, los recursos presupuestales para instrumentar la operación del SNA y de sus principales instituciones operarias han sido menores año con año -16 por ciento, equivalente a 1 508 millones de pesos- (^{Nuñez, 2021}; ^{Casar, 2021}).

Vale la pena resaltar que esta política anticorrupción y sus instrumentos adolecían de características relacionadas con el enfoque sociológico/antropológico. En síntesis, estos instrumentos omitieron la comprensión que este enfoque ofrece para resolver el fenómeno que se ocasiona por las transacciones o las prácticas de intercambios informales (sin noción clara de la frontera ética, legal o socialmente aceptada) de recursos o poderes formalmente asignados a una persona u organización, no exclusivamente públicos, de los cuales alguna de las partes reconoce la obtención de beneficios en diferentes escalas: personal o social. El supuesto detrás del instrumento era que con la vigilancia traslapada los individuos no tendrían incentivos para romper los acuerdos y las normas, pero no necesariamente sucedió así, como se documentó en la primera parte de este análisis. El motivo puede ser que las transacciones de individuos y las relaciones de intercambio son difíciles de revelar, una característica de estas relaciones de intercambio es la banalización del fenómeno, por lo tanto, la normalización de los actos y prácticas que producen la corrupción. El problema es que, a gran escala, esto tiene como consecuencia la corrupción sistémica (^{Arellano, 2018a}, ^2018b).

En el periodo 2018-2021 el discurso anticorrupción ha sido una de las principales herramientas que ha utilizado el titular del ejecutivo federal para señalar a la corrupción como uno de los principales problemas del país, incluso como causa de otros problemas de orden económico o social. El gobierno del presidente López Obrador señala con frecuencia que el modelo económico (neoliberalismo) generó las situaciones actuales de pobreza y desigualdad, y que esos factores son los causantes de la situación de corrupción del país (^{Casar, 2021}). Además, desde un enfoque politológico/organizacional se muestra una tendencia a señalar que los políticos de los gobiernos anteriores eran corruptos y, por lo tanto, ocasionaron la situación actual de corrupción; también suele decirse que la impunidad y la falta de castigo para los infractores son una característica de esos gobiernos. Tan solo en el primer año de gobierno la palabra corrupción (y sus derivados) fue empleada en las comunicaciones diarias y discursos del presidente de México 2321 veces (con 34 por ciento más que su segunda palabra más empleada: pueblo); hasta el segundo año de gobierno, corrupción fue la segunda palabra más empleada (acumulaba 4443 menciones, solo debajo de la palabra pueblo).² En el mismo discurso, al menos al inicio del periodo, era común escuchar las propuestas para castigar a los mandatarios anteriores y quitarles sus privilegios económicos (sus pensiones vitalicias). En la misma retórica la corrupción era una extensión de los gobiernos anteriores y se convirtió en una práctica administrativa (^{DOF, 2019}).

La implementación de la política anticorrupción del periodo 2018-2021 se ha caracterizado por impulsar un cúmulo de reformas y acciones de gobierno que, sin dejar de lado el SNA, tampoco le ofrecen posibilidad de generar elementos para demostrar que podría funcionar. A la fecha se han instrumentado los siguientes cambios y reformas con referencia a los tres enfoques que plantea esta revisión.

En torno a los elementos de eficacia y eficiencia que analiza el enfoque económico se han hecho cambios en los presupuestos anuales que asignan reducciones presupuestarias a proyectos que no están en la agenda de este gobierno (con cierta lógica de lograr objetivos y cumplir compromisos planteados en etapas de campaña política) y priorizan aquellos que son simbólicos para el gobierno actual. Se promulgó una ley de austeridad republicana que topa los sueldos de altos funcionaros y promueve en las organizaciones el ejercicio de sus presupuestos originalmente aprobados con apego a los calendarios y partidas aprobadas, se otorgan facultades al ejecutivo para dirigir los “ahorros” a programas prioritarios o a las de signaciones que se decidan desde la presidencia de la república. Asimismo, durante octubre de 2020 fue aprobada una iniciativa de reforma que eliminó 109 fideicomisos por un monto de 68 mil 400 millones de pesos con el argumento de que eran instrumentos opacos que generaban un riesgo latente de corrupción y daño a las finanzas públicas (^{Barrón, 2020}). A su vez, uno de los últimos mandatos en las leyes que dieron origen al SNA señalaba la obligación de realizar declaraciones juradas, patrimoniales y de intereses para más de 5 millones de servidores públicos aplicables durante 2020. Por su parte, se creó el padrón de integridad empresarial en agosto de 2019 con la intención de que los privados fueran partícipes de la política anticorrupción: este padrón es un registro que permite a las empresas obtener un certificado de buenas prácticas de integridad corporativa ante el gobierno federal.

En términos del enfoque politológico/organizacional el gobierno del presidente López Obrador ha procurado cuatro herramientas: 1) la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que por medio del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado pretende obtener recursos de los bienes asegurados por actos criminales y de corrupción; 2) el diseño del Plan Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, que en sí mismo expresa la visión de la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Oficina de la Presidencia sobre las causas y acciones para el control de la corrupción y la impunidad administrativa; 3) en 2019 se publicó la Política Nacional Anticorrupción, la cual es un diagnóstico sobre las causas y los efectos de la corrupción, y expresa la noción del SNA y de su comité coordinador en torno a las acciones para combatir el fenómeno en las diferentes instituciones del gobierno federal encargadas de enfrentar la corrupción; finalmente, 4) también en 2019, quizá como otro de los proyectos que se arrastran del modelo y de las leyes del SNA, la Secretaría de la Función Pública puso en marcha un sistema de denuncia anónima que busca facilitar la denuncia de actos de corrupción: el sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción; la idea es que este mecanismo logre promover más y mejor información para la detección e investigación de actos en las organizaciones públicas.

Por último, en torno a los instrumentos asociados con el enfoque de análisis sociológico/antropológico, en el periodo de 2018-2021 el discurso sobre la honestidad del mandatario, la eliminación del fuero para el presidente y la revocación de mandato del titular del ejecutivo, han sido instrumentos que se apegan a la delimitación de una noción de ética de lo público muy particular de este gobierno; sin embargo, durante este periodo de revisión tampoco se han considerado elementos relacionados con la lógica de intercambio que logren una mayor comprensión para limitar o encuadrar procesos como la palanca, el amiguismo o las redes de corrupción del país (^{Arellano, 2018a}, ^2018b).

¿Esta intensificación del discurso anticorrupción realmente implicó un cambio en la política anticorrupción que se distinguió en el periodo 2012-2018? El discurso anticorrupción actual sin duda comparte ideas generalizadas, y, en muchos sentidos, sistemas de creencias sociales sobre el deber ser de las acciones contra la corrupción, tiene una carga moral y ética que no parecía destacar antes, los posicionamientos e ideas sobre la corrupción han sido difundidos con intensidad por el gobierno en turno con la intención de crear sentido (probablemente legitimidad) en las personas, pero sobre todo en las organizaciones públicas que operan la política anticorrupción. Sin embargo, las nociones generales sobre el fenómeno siguen siendo las mismas: problemas de agencia (enfoque económico); patologías burocráticas (enfoque organizacional); y, aunque se posicionó un discurso ético-moral del fenómeno en el discurso, la noción sociológica/antropológica sigue sin ser un referente en las nociones que pueden explicar y generar instrumentos para entender y disminuir los actos corruptos. Por ejemplo, la “austeridad republicana” impulsada en el discurso de este periodo -basada (en parte) en recortes a salarios de altos funcionarios bajo el argumento de eficiencia para combatir la corrupción y eliminar los privilegios de altos funcionarios- “supone que el gasto ahorrado será reorientado para gasto de políticas sociales. No obstante, […] no se consideran elementos fundamentales como los efectos de los recortes en el funcionamiento de las operaciones de las organizaciones públicas, o bien, cómo afectan esos recortes a la provisión de servicios públicos” (^{Rojas, 2021: 4}).

Por la extensión de este texto es difícil relatar el total de contradicciones y acciones o sistemas incompletos y prácticas organizacionales aventuradas o destinadas a desaparecer que se han señalado de la política anticorrupción del periodo 2018-2021 (véase, por ejemplo, ^{MCCI, 2021}; ^{Barrón, 2020}). Sin embargo, la domínica discurso-reforma-efecto neto que señalan ^{Rojas (2021)} y ^{Arellano (2010)} se repite en cada uno de los “cambios” propuestos. El discurso del gobierno posiciona ideas, se impulsan reformas con cierto sentido de eficiencia que apoyan el combate a la corrupción, pero sus efectos e implicaciones sobre las organizaciones públicas, en muchos casos, es avasallador de los valores públicos, las prácticas, los presupuestos, y las prácticas y capacidades organizacionales anteriormente generadas.