La calidad del empleo regional: ¿un mecanismo para superar la pobreza?

 

Regional employment quality: a centralized mechanism for overcoming poverty?

 

Carlos E. Barba Solano y Fernando Pozos Ponce

 

Universidad de Guadalajara.

 

Resumen

En este artículo se realiza un análisis de la estructura del empleo en tres regiones de Jalisco con un importante componente rural. Los datos se comparan con los de las principales zonas urbanas del país al final de la década de 1990. El contraste muestra que la calidad del empleo y los niveles salariales son notoriamente más precarios fuera de las áreas urbanas. Esta constatación cuestiona el objetivo final del programa Oportunidades, pues la población rural que aumenta su capital humano tiene muy pocas probabilidades de superar su situación de pobreza extrema por medio del desempeño de un empleo del tipo de los existentes en sus localidades.

 

Abstract

In this paper it is analyzed employment structure at three regions in the state of Jalisco, Mexico, with an important rural component. A data comparison is made with major Mexican urban areas, in the late 90's. The results of this comparison show that employment quality and wage levels are quite precarious elsewhere the major urban areas. This debates the main objective of Programa Oportunidades, as rural population has little possibility of overcoming their severe poverty by means of having an occupation like those available at their location.

 

 

Introducción

Como es sabido, en 1997 se creó en nuestro país el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), que empezó a aplicarse en Jalisco en 1998. Dicho programa puede considerarse de segunda generación dentro de las redes de protección social recomendadas por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), toda vez que fue diseñado después del Informe Mundial de 1990 y responde en buena medida al diseño teórico de los programas elaborados para el desarrollo humano de la población más vulnerable. Desde el informe de 1990, el BM estableció la inversión en capital humano como una de sus prioridades fundamentales en la estrategia para reducir la pobreza, en lugar de seguir suministrando la infraestructura social como la que ofrecían los Fondos de Inversión Social (FIS).

Este cambio se produjo porque el BM empezó a considerar que la acumulación de capital humano permite mejorar directamente el bienestar y aumenta la habilidad de los más pobres para aprovechar las oportunidades de ingreso generadas por el mercado (Banco Mundial, 1990).

Progresa afectó directamente la economía doméstica por medio de transferencias directas de efectivo, suplementos alimenticios y dotación de servicios sociales, los cuales fueron otorgados a partir de dos criterios que el BM y el BID propusieron para lograr una buena focalización: la ubicación geográfica de las comunidades donde la pobreza es endémica, así como el género y la edad de la población objetivo. Por ello, el programa se dirigió a localidades con alta o muy alta marginación y a la población considerada más vulnerable: los niños en edad escolar y las mujeres, pues se consideró que invertir en ellos permite romper el círculo de transmisión intergeneracional de la pobreza (BID, 1998: 22-23).

El procedimiento de focalización del programa fue seriamente cuestionado porque excluía a la población extremadamente pobre que residía en comunidades donde la marginación no era alta o muy alta, especialmente en zonas urbanas donde la pobreza extrema es una realidad indiscutible (Cortés y Boltvinik, 2000). Esa crítica fue aceptada, lo cual llevó a que los operadores de Progresa iniciaran un proceso de ampliación de la acción del programa a comunidades urbanas.¹

Sin embargo, el programa sucesor de Progresa, denominado "Oportunidades" a partir de marzo de 2002, aún puede catalogarse como un programa que transfiere efectivo y servicios a hogares extremadamente pobres, ubicados en zonas de alta o muy alta marginación y que condiciona estas transferencias a que la familia beneficiada invierta en el capital humano de sus hijos mediante una mejor alimentación y la asistencia de éstos menores a centros de salud y educativos. El programa considera que esto incrementa las potencialidades de los niños y jóvenes en edad escolar para generar ingresos en el futuro.

En el año 2000, tras tres años de operación, Progresa fue evaluado favorablemente por el Instituto Internacional de Investigaciones en Políticas Alimentarias (IFPRI, por sus siglas en inglés). La evaluación se realizó en varios terrenos, como la identificación de beneficiarios, sus aspectos operativos, sus rendimientos en materia de salud, educación y alimentación, e incluso en su impacto a nivel comunitario. La conclusión del estudio, puesta en términos muy simples, fue que:

los niños mexicanos que habitan en las zonas rurales donde opera Progresa cuentan con más probabilidades de asistir a la escuela, están siguiendo dietas más balanceadas, reciben atención médica con mayor frecuencia y [están] aprendiendo que el futuro puede ser distinto al pasado (IFPRI, 2000).

Sin embargo, la evaluación realizada no consideró explorar cuál es el presente y, a corto plazo, el futuro de los mercados locales, particularmente del mercado laboral, donde los niños y jóvenes mejor calificados tratarán de obtener ingresos. Esta valoración nos parece crucial, en virtud de que de otra manera la única alternativa ofrecida a los beneficiarios de Oportunidades sería migrar a centros urbanos de mayor tamaño, como la zona metropolitana de Guadalajara o Estados Unidos, donde —como lo han mostrado diversos estudios— las condiciones laborales que enfrentan los recién llegados son precarias.

La pregunta que formulamos se fundamenta en una recomendación realizada por Amartya Sen (1997), quien señala que la evaluación de instituciones, políticas y programas sociales, en términos de justicia, debe centrarse en el análisis de la libertad real que confieren a las personas para elegir su modo de vida. En ese sentido, la posesión de mejores niveles de salud, alimentación y educación no debe tomarse mecánicamente como indicadores de mayor bienestar, pues básicamente son medios para alcanzarlo, recursos para conferir libertad y capacidad de elección para sus poseedores (Barba, 2000: 247).

En ese contexto, el presente trabajo se propone justamente analizar cuáles son las condiciones laborales reinantes en tres regiones de Jalisco, la región sur, la costa sur y la centro rural, cada una de las cuales se caracteriza por diversos niveles socioeconómicos² (Barba y Pozos, 2000) y en cada una de las cuales existen localidades de alta o muy alta marginación donde actualmente opera Oportunidades. Baste recordar que de acuerdo con datos de Progresa del año 2001, este programa cubre a 122 de los 124 municipios del estado de Jalisco, esto es, 98.4 por ciento, aunque su porcentaje de cobertura en términos de localidades es mucho más bajo, pues atiende a 2 473 de las 12 021 que conforman al estado, es decir, a 20.5 por ciento de ellas (Progresa, 2001). La elección de estas regiones también se funda en otros dos factores muy importantes, el primero es que no existe información detallada del funcionamiento de los mercados de trabajo fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, y el segundo es que la ampliación del programa Oportunidades no prevé incluir dicha zona.

El objetivo de este trabajo es, pues, averiguar si la opción de permanecer en las comunidades de origen, donde existen ataduras de carácter familiar y cultural, continúa abierta para los beneficiarios del programa, o si la única alternativa que se les ofrece es migrar. Si esto último es el caso, habría que señalar que Oportunidades no es suficiente para conferir libertad a su población objetivo.

Para realizar la tarea que nos proponemos haremos un análisis de la información generada por la encuesta sobre indicadores de empleo, bienestar social y pobreza aplicada en tres regiones del estado de Jalisco.³ La encuesta busca obtener información de tres regiones que por sus características sociodemográficas representan la heterogeneidad regional que existe en Jalisco. Dado que hay cuatro regiones con nivel socioeconómico medio, seis con nivel bajo y dos con nivel muy bajo; a excepción de la región centro-conurbada que, como señalamos arriba, cuenta con un nivel socioeconómico alto (Barba y Pozos, 2000: figura 2.6). En este sentido, todos los tipos de regiones están representados en las tres demarcaciones seleccionadas para ser encuestadas. Por supuesto, los resultados obtenidos mediante esta encuesta tienen el alcance de representar esta diversidad regional, pero padecen la limitación estadística de ser insuficientes para representar proporcionalmente a la totalidad de las regiones de Jalisco. El número de hogares incluidos en la muestra es proporcional a la magnitud de la población de cada región; en este sentido, las dos primeras regiones cuentan con 330 264 y 284 470 habitantes, respectivamente, y la tercera sólo con 149 536 personas, que es aproximadamente la mitad de la población registrada en cada una de las dos primeras regiones (INEGI, 1996).⁴ La muestra también se diseñó considerando las diferencias de la población, con base en sus características urbano-rurales y por la heterogeneidad socioeconómica de los municipios que conforman cada región. De tal forma que esta muestra fue sensible a las principales características de la distribución poblacional y socioeconómicas de cada región y, por lo tanto, representativa de esta población regional. En este sentido, esta muestra es estratificada, pero con una aplicación sistemática para garantizar la aleatoriedad de la selección de la unidad de análisis, que fueron los hogares.

Sobre las regiones seleccionadas para este análisis, es importante señalar algunas de sus características. La región centro-rural es la más grande en población y cuenta con los siguientes municipios: Acatlán de Juárez, Cuquío, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, San Cristóbal de la Barranca, Tlajomulco de Zúñiga, Villa Corona y Zapotlanejo. Su población es mayoritariamente rural (64.5 por ciento);⁵ sin embargo, en varias de las localidades se desarrollan actividades manufactureras de gran importancia, entre ellas resaltan El Salto, que ha sido reconocido como el municipio más densamente industrializado de Jalisco, y Zapotlanejo, donde se ha desarrollado una importante industria de la confección con un mercado que rebasa el ámbito estatal y regional (Alba y Kruijt, 1988).

Por su parte, la región sur, segunda en tamaño de población, cuenta con un componente rural muy importante (71.9 por ciento) y está compuesta por los siguientes municipios: Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Ciudad Guzmán, Gómez Farías, Sayula, Tapalpa, Techalutla de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres, Zapotiltic y Zapotitlán de Vadillo. En esta región las principales actividades son las agropecuarias; además, cuenta con una ciudad media de importancia regional que es Ciudad Guzmán.

La región costa sur tiene un componente rural relevante, aunque menor a la región sur, pues sólo 66.1 por ciento de su población está dispersa en este tipo de localidades. Los municipios que la componen son: Autlán de Navarro, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta y Villa Purificación. También en esta región las actividades agropecuarias son las más importantes, pues la región cuenta con grandes extensiones de tierras de riego en algunos de sus municipios, como Autlán de Navarro y La Huerta.

Para realizar los objetivos de este artículo lo dividiremos en varias secciones, la primera se abocará a presentar el contexto del mercado de trabajo de México en la última década del siglo XX, con énfasis en las zonas urbanas del país. La segunda se dedicará a realizar un análisis de los datos recabados por la encuesta arriba señalada en el ámbito del empleo en las tres regiones ya mencionadas. Finalmente, la sección de conclusiones se dedicará a redondear los propósitos analíticos de este trabajo.

 

Principales dinámicas del mercado de trabajo en México

El proceso de apertura económica y la aplicación de un modelo de desarrollo económico de carácter neoliberal y con un fuerte vínculo con el mercado internacional generaron transformaciones importantes en el mercado de trabajo nacional. En la década de 1980, T. Rendóny C. Salas (1993) identificaron cuatro cambios principales: la incapacidad relativa de la manufactura para generar empleos; estancamiento en la creación de empleos asalariados por las dificultades de las grandes empresas para sostener su crecimiento y competitividad; aumento de las actividades en establecimientos de pequeña escala, sobre todo en el comercio de las grandes ciudades, e incremento en la participación de la fuerza de trabajo femenina en el mercado laboral, debido en gran medida a la reducción del salario real, por lo que los hogares tendieron a incorporar más miembros al mercado de trabajo (Rendón y Salas, 1993).

En la década de 1990, algunas de estas transformaciones del mercado de trabajo se ampliaron y profundizaron. Aunque la industria manufacturera reactivó su capacidad para generar empleos, sobre todo en las maquiladoras que se instalaron en el país, fueron los micronegocios y los predios agrícolas los más dinámicos en la generación de empleos (García, 1999). Pero, en ambos casos, los puestos de trabajo que se creaban eran de baja calidad y sus niveles salariales también eran bajos; esto fue más marcado en los micronegocios, pues son establecimientos con reducidos niveles de inversión y productividad (Salas y Zepeda, 2003: 57).

Al frenarse el crecimiento de puestos de trabajo asalariados se potencializaron las formas de empleo como el autoempleo y la participación de familiares no remunerados en los micronegocios, sobre todo en el sector del comercio (García y De Oliveira, 2001: 654; Rendón y Salas, 2000: 559). Esto ha traído consigo un aumento de la informalidad en el mercado de trabajo, a tal grado que en 1988 los trabajadores que no recibían seguridad social alcanzaban 48.3 por ciento del total de la mano de obra y en 1996 este grupo sumaba 54.3 por ciento de los trabajadores (Hernández Laos et al., 2000: 30). Algo similar ocurre con los contratos de trabajo, pues han proliferado los contratos escritos temporales sobre los permanentes y en los micronegocios los contratos verbales tienden a ser la regla (Rendón y Salas, 2000: 560).

La participación de las mujeres en el mercado de trabajo se ha acentuado en la década de 1990, aunque hay diferencias significativas entre las tres metrópolis más grandes del país; así, Monterrey y la Ciudad de México registran tasas de participación económica femenina de 40 por ciento, mientras que en Guadalajara éstas alcanzan 48 por ciento; esto se debe en gran medida al impulso que han tenido el comercio y los servicios personales. Sin embargo, es necesario señalar también que en los momentos de inestabilidad o estancamiento económico son las mujeres y los jóvenes los más afectados por el desempleo (García y Oliveira, 2001: 660; Hernández Laos et al, 2000: 33).

Por supuesto, estas transformaciones del mercado de trabajo están acompañadas de reducciones en los salarios reales de los trabajadores, pues la tendencia es a que los salarios pierdan poder adquisitivo y, como consecuencia, a que se incremente paulatinamente el monto de trabajadores en condiciones de pobreza. Esto lo podemos constatar fácilmente, pues, en 1980, 39.7 por ciento de los trabajadores ganaban hasta dos salarios mínimos, mientras que en 1998 esta proporción llegó a 60.1 por ciento (Pozos, 2003: 212). De esta manera, el mercado de trabajo se ha segmentado de manera radical en lo tocante a salarios, pues los trabajadores no asalariados y menos calificados están en las posiciones más precarias del empleo, en tanto que el segmento de los trabajadores por cuenta propia no profesionales y los asalariados formales con nivel educativo más alto y empleados en grandes establecimientos ocupan los empleos de alta calidad y, por consiguiente, obtienen salarios más altos que el resto de la mano de obra (García y De Oliveira, 2001: 676; Salas y Zepeda, 2003).

 

La situación del empleo fuera de la zona metropolitana de Guadalajara

El propósito de esta sección es determinar la cantidad y calidad de las oportunidades de empleo que las economías regionales brindan tanto a trabajadores calificados como a trabajadores descalificados, para mostrar cuál es el escenario laboral al que es previsible que se enfrente la población trabajadora en general y la población que fue beneficiada por Progresa, tras haber obtenido una mayor dotación de capital humano.

Para configurar este escenario analizaremos una serie de datos que muestran, entre otras cosas:

1. Las estrategias de empleo utilizadas por las unidades domésticas pobres o muy pobres para hacer frente a los riesgos y la alta vulnerabilidad a la que son sometidas por catástrofes familiares o naturales, así como por fluctuaciones económicas severas.

2. Los niveles de participación laboral de grupos vulnerables en estas regiones.

3. Las características más notables de la oferta de empleo.

4. Los niveles de acceso a prestaciones sociales reinantes.

5. Los indicadores más relevantes en materia de calidad del empleo.

6. Las oportunidades de sindicación o capacitación que se generan en el marco del empleo regional, etc.

7. Los montos salariales que recibe la población ocupada de estas tres regiones.

Iniciaremos por analizar la estrategia de quienes no emigran para hacer frente a las adversidades económicas en las tres regiones mencionadas. Uno de los aspectos importantes a estudiar es la participación económica de la población, pues nos indica el grado de involucramiento de la población en el empleo. Lo primero que podemos señalar es que las tasas de participación económica de la mano de obra de las regiones estudiadas es más reducida que la registrada en las tres principales zonas metropolitanas del país, pues la participación de los hombres es de 69.2 y la de las mujeres de 31.3 por ciento, mientras que en las principales urbes estas tasas oscilan entre 75.5 y 81.5 por ciento para los hombres y entre 39.0 y 48.2 por ciento para las mujeres, caracterizándose la zona metropolitana de Guadalajara como la que cuenta con las tasas de participación más altas tanto en hombres como mujeres (cuadro 1). Es claro que las oportunidades para emplearse son significativamente más altas en las economías de aglomeración y más diversificadas que en las regiones donde se combinan ciudades medias, localidades urbanas y zonas rurales.

Otro aspecto importante por señalar en relación con la participación económica de la población es la participación de los jóvenes de 12 a 19 años en el empleo, pues 42.9 por ciento de los hombres se encuentran empleados, mientras que sólo 26.7 por ciento de las mujeres tienen empleo (cuadro 1). Esto es muy importante porque uno de los elementos centrales de Progresa y Oportunidades es que los niños y jóvenes se mantengan en la escuela y no sean absorbidos por el empleo; pero quienes no son beneficiarios no tienen razones para seguir educándose y son más proclives a incorporarse al mercado de trabajo o ayudar en el pequeño establecimiento familiar con el objeto de incrementar los ingresos del hogar.

Esto es más claro cuando notamos que 34.1 por ciento de la mano de obra ocupada está compuesta por hijos e hijas, aunque los varones son quienes participan de manera más intensa en el empleo (cuadro 2). A este fenómeno se le ha denominado densificación laboral y la Cepal ha demostrado en su Panorama Social 2000-2001 que es la estrategia predominante en el conjunto de América Latina (Cepal, 2001).

En cuanto a la posición en el trabajo que desempeña la mano de obra de las regiones estudiadas, encontramos que el empleo asalariado absorbe sólo a 34.3 por ciento de la mano de obra ocupada, siguiéndole en importancia el autoempleo, con 26 por ciento (cuadro 3). Estos datos son muy importantes, porque nos hablan del bajo grado de estructuración del mercado de trabajo de estas regiones, pues en las principales zonas urbanas del país el empleo asalariado absorbe a 74.0 por ciento del total de la mano de obra y en el caso concreto de la zona metropolitana de Guadalajara es del orden de 64.4 por ciento (Lustig y Deutsch, 1998: 5; Salas y Zepeda, 2003: 59). Este bajo porcentaje de mano de obra asalariada y la alta proporción de mano de obra que desempeña otras formas de empleo son reflejo de la relevancia de los micronegocios (donde laboran entre uno y cinco trabajadores) en las regiones de estudio, pues estos establecimientos absorben 98.5 por ciento de toda la mano de obra. Esto contrasta fuertemente con lo observado a nivel nacional, donde estos micronegocios absorben sólo 42.0 por ciento de la mano de obra (Salas y Zepeda, 2003: 62 y 63).

Las actividades productivas y de servicios que se desarrollan en los micronegocios de estas regiones son fundamentalmente agropecuarias, de construcción, procesamiento de alimentos y bebidas, confección de prendas de vestir, producción de calzado y artículos de piel, se prestan servicios de transporte, comercio al menudeo y servicios domésticos. Como podemos notar, la estructura productiva y de servicios de estas regiones son de productos al consumidor y de servicios distributivos y personales, que no requieren una fuerte inversión ni alta tecnología para operar.

En la misma línea de análisis, nos encontramos que existe una carencia relevante en términos de acceso a contratos de trabajo escrito, ya temporal como permanente, pues sólo 18.8 por ciento de la mano de obra de las regiones declaró contar con uno de este tipo. Mientras que más de la mitad de la mano de obra ocupada no cuenta con contrato alguno (cuadro 4). Este panorama del tipo de contrato de la mano de obra es congruente con el tipo de empleo que se desempeña en los micronegocios. De esta manera, por lo menos la mitad de la mano de obra de estas regiones carece de la protección contractual que le confiere una cierta seguridad y permanencia en el empleo que desempeña. En estas regiones jaliscienses estamos encontrando condiciones más precarias que en las principales zonas urbanas del país, pues si bien en estas ciudades la tendencia es a celebrar contratos temporales sobre los permanentes, por lo menos una proporción importante de la mano de obra cuenta con un documento que ampara su empleo (Rendón y Salas, 2000: 560).

Las actividades productivas y de servicios que se desarrollan en los micronegocios de estas regiones son fundamentalmente agropecuarias, de construcción, procesamiento de alimentos y bebidas, confección de prendas de vestir, producción de calzado y artículos de piel, se prestan servicios de transporte, comercio al menudeo y servicios domésticos. Como podemos notar, la estructura productiva y de servicios de estas regiones son de productos al consumidor y de servicios distributivos y personales, que no requieren una fuerte inversión ni alta tecnología para operar.

En la misma línea de análisis, nos encontramos que existe una carencia relevante en términos de acceso a contratos de trabajo escrito, ya temporal como permanente, pues sólo 18.8 por ciento de la mano de obra de las regiones declaró contar con uno de este tipo. Mientras que más de la mitad de la mano de obra ocupada no cuenta con contrato alguno (cuadro 4). Este panorama del tipo de contrato de la mano de obra es congruente con el tipo de empleo que se desempeña en los micronegocios. De esta manera, por lo menos la mitad de la mano de obra de estas regiones carece de la protección contractual que le confiere una cierta seguridad y permanencia en el empleo que desempeña. En estas regiones jaliscienses estamos encontrando condiciones más precarias que en las principales zonas urbanas del país, pues si bien en estas ciudades la tendencia es a celebrar contratos temporales sobre los permanentes, por lo menos una proporción importante de la mano de obra cuenta con un documento que ampara su empleo (Rendón y Salas, 2000: 560).

En cuanto a la jornada laboral de la mano de obra, tenemos tres grandes tendencias: aproximadamente un tercio de ésta se puede clasificar como subempleada, otro tercio cuenta con una jornada completa y lo más relevante es que otro tercio desempeña jornadas mayores a las 48 horas (cuadro 5). Esto contrasta un poco con lo reportado a nivel de las principales zonas urbanas del país, pues se identifican dos tendencias, por un lado una proporción importante de la mano de obra labora hasta 15 horas semanales y, por otro lado, es notoria la cantidad de mano de obra que está ocupada con jornadas mayores a las 48 horas. En el caso de las jornadas de hasta 15 horas, son las mujeres las que mayoritariamente laboran en este tipo de jornadas y se emplean principalmente en el comercio y en los servicios personales (Salas y Zepeda, 2003: 64). Tanto en estas zonas urbanas como en las regiones jaliscienses el que la mano de obra desempeñe jornadas superiores a las 48 horas responde a la necesidad de incrementar los ingresos que reciben los hogares.

Sobre el acceso de los trabajadores a la seguridad social vía el IMSS o ISSSTE, que es un elemento central para distinguir el carácter formal/informal del empleo, nos encontramos que sólo 19.8 por ciento de la mano de obra contaba con este derecho. Esto implica, por lo tanto, que 80.2 por ciento de los trabajadores de estas tres regiones son informales (cuadro 6). Esta cifra es muy alta, pues a nivel nacional se estima que 54 por ciento de la mano de obra carece también de la seguridad social (Hernández Laos et al., 2000:30; Barba y Pozos, 2000: figura 3.1). El carácter informal de la gran mayoría de la mano de obra regional tiene serias implicaciones, pues se encuentra desprotegida ante accidentes de trabajo, enfermedades y sin posibilidades de acceder a una pensión o jubilación. Vinculado a esta situación de informalidad de la mano de obra está el reducido acceso de los trabajadores a otras prestaciones sociales, tales como aguinaldo, reparto de utilidades y vacaciones (cuadro 7). Sin embargo, llama la atención que 22.3 por ciento de la mano de obra recibe servicios médicos por parte del empleador a través de instituciones privadas, lo cual viola la legislación laboral vigente y niega los derechos de pensión y jubilación de los trabajadores. Esta parece ser una práctica común en las regiones jaliscienses, donde para el empleador es más barato a corto plazo proveer este tipo de servicio médico que cubrir los costos de inscribir a sus empleados en el sistema de seguridad social.

En la misma tendencia se encuentra la participación sindical de los trabajadores, pues sólo 10.1 por ciento declaró que pertenece a una organización gremial, lo cual contribuye a precarizar aún más el empleo desempeñado en estas regiones (cuadro 8). La mayoría de los trabajadores que participan en un sindicato son trabajadores de instituciones públicas como la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y la Universidad de Guadalajara, pues son maestros, enfermeras e intendentes que laboran en oficinas de estas dependencias. En este sentido, los sindicatos correspondientes tienen un carácter diferente a aquellas organizaciones gremiales de tipo nacional, como la CTM.

Finalmente, analizaremos los niveles salariales a los que tiene acceso la mano de obra ocupada en estas regiones. Lo primero que llama la atención es la alta concentración de la mano de obra en los niveles bajos de salario, pues en el rango de cero a dos salarios mínimos se encuentra localizada más de la mitad de los trabajadores (cuadro 9). En el nivel medio (más de dos y hasta cinco salarios mínimos) se ubica 32.4 por ciento de la mano de obra ocupada y finalmente en los niveles altos (más de cinco salarios mínimos) se encuentra 8.8 por ciento de los trabajadores. Esta concentración de la mano de obra en los niveles bajos de salarios es resultado engranmedidadei tipo de establecimientos encuentra ocupada, pues los micronegocios tienden a pagar salarios bajos y a aprovechar la mano de obra familiar con y sin pago.

Esta polarización de la mano de obra regional en términos salariales es congruente con la tendencia nacional, pues sobre todo en la década de 1990 se incrementaron los salarios de los grupos de trabajadores de altos salarios, mientras las remuneraciones de los trabajadores manuales y poco calificados se mantuvieron sin cambios relevantes (Hernández Laos, 2003: 122). Así, por ejemplo, a nivel nacional se pueden calificar como salarios muy bajos los que reciben los trabajadores domésticos y los empleados en micronegocios, esta última categoría es en la que se localiza la gran mayoría de la mano de obra regional (Salas y Zepeda, 2003 67). Sólo los trabajadores con alto nivel educativo y empleados en establecimientos grandes son los que han tenido acceso a los niveles salariales más altos a nivel nacional y, por supuesto, también sería el caso de los trabajadores regionales que cumplen estas condiciones. Esto confirma en gran medida que la población que vive en la pobreza extrema se encuentra localizada principalmente fuera de las ciudades más importantes del país, sin que esto niegue que en las zonas metropolitanas se encuentran núcleos de pobreza extrema.

 

Conclusiones

El recorrido que hemos realizado a través de los datos generados por la encuesta realizada por el Grupo de Investigación sobre Desarrollo Social y Trabajo de la Universidad de Guadalajara en las regiones centro rural, sur y costa sur nos indica que un programa de desarrollo humano como Oportunidades es necesario en esta clase de regiones para modificar la estrategia familiar de densificación laboral, que reduce considerablemente las posibilidades de acumulación de capital humano para los niños y los jóvenes, al tiempo que redunda en una reproducción intergeneracional de la pobreza.

Sin embargo, nuestros hallazgos indican que un programa de esa naturaleza no basta para ofrecer a sus beneficiarios alternativas para permanecer en sus regiones de origen, ya que si no se realizan inversiones significativas en infraestructura física e inversiones productivas las expectativas de arraigo de la población a partir de la dotación de capital humano difícilmente se realizarán.

Los datos que hemos mostrado indican que la estructura del empleo y las oportunidades generadas por las economías de las tres regiones analizadas se caracterizan por niveles considerablemente mayores de precariedad, informalidad, demanda de empleo descalificado y predominio de subempleo de los que reinan en las principales zonas urbanas del país y particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Detrás de esta situación está sin lugar a dudas la alta desigualdad regional que cristaliza en bajos niveles de inversión pública y privada.

En esas condiciones la conclusión obvia es que el programa denominado Oportunidades probablemente agudizará en el mediano plazo la tendencia a la migración de los más capaces a centros urbanos mayores o a los Estados Unidos, a menos que se combine con programas regionales de inversión de gran envergadura. En ese contexto, la interrupción o el fracaso del esfuerzo de regionalización económica impulsado por el gobierno del estado de Jalisco durante el último sexenio del siglo XX alcanza proporciones mayores, pues quedó frustrado un proyecto que buscaba impulsar el desarrollo regional desde las necesidades específicas de cada región.

Queda aún por averiguar si la transformación de Progresa en Oportunidades permitirá resolver algunos de estos dilemas, ya que el nuevo programa prevé una serie de acciones que pueden ayudar a salir de este callejón sin salida, como el apoyo a programas productivos, el acceso a un sistema de ahorro y crédito popular y el acceso a programas de capacitación del trabajo para jóvenes y adultos. Los alcances de esta nueva iniciativa estarán dados por dos factores cruciales, a saber: el monto de los recursos que se destinarán a su operación y los niveles de cobertura del programa, que como vimos al principio de esta exposición aún son bajos.

 

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Notas

¹ En el estado de Jalisco solamente se deja a un lado la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG).

² La región costa sur es considerada de nivel socioeconómico muy bajo, la región sur de nivel socioeconómico bajo y la centro rural de nivel medio. Para una explicación detallada de los criterios empleados para realizar esta clasificación referirse a Barba y Pozos (2000).

³ Esta encuesta fue aplicada por el Grupo de Investigación sobre Desarrollo Social y Trabajo de la Universidad de Guadalajara en tres regiones Coplade de Jalisco (centro rural, sur y costa sur) durante el primer trimestre de 2001.

⁴ La muestra consta de 600 hogares distribuidos proporcionalmente en las tres regiones. Además de obtener información sobre cada hogar y sus condiciones socioeconómicas, se encuesto a todos los miembros de cada hogar de 12 años y más sobre su perfil sociodemográfico y laboral, lo que sumó un total de 1 890 cuestionarios. Agradecemos a la Delegación Jalisco del INEGI por su apoyo con los marcos muéstrales. La muestra se diseñó con base en la población registrada en el Conteo 1995, por no estar disponible todavía los datos del Censo del 2000.

⁵ Consideramos localidades rurales a aquéllas cuya población era menor a 5 000 habitantes.