Camilo Vicente Ovalle, historiador pionero en el estudio metódico y profundo de la desaparición forzada en México, publicó en marzo de este año Instantes sin historia. La violencia política de Estado en México. El libro, breve, pero con unas reflexiones que aluden a nuestro presente inmediato de la violencia, apareció en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, una institución que, con su gran calidad académica, está un poco alejada de los debates académicos sobre los problemas contemporáneos y presentes de la sociedad.

Instantes sin historia comienza con una anécdota del autor de 2014, cuando en una manifestación en Culiacán Sinaloa había dos demandas materializadas en pancartas y mantas con exigencias de aparentemente distintos tiempos, pero con un mismo sentido: la exigencia de aclaración de las desapariciones forzadas de personas cometidas por las instituciones represivas entre 1960 y 1990, y la recién entonces ocurrida desaparición de estudiantes de Ayotzinapa a manos de encargados de la seguridad y el crimen organizado. En apariencia, el grito “fue el Estado” indicaba una transhistoricidad de la violencia política y de Estado; sin embargo, para Camilo Vicente, esto debe ser problematizado. Historiar las violencias implica desnaturalizarlas, y para hacerlo, hay que problematizarlas desde su entendimiento teórico y práctico.

La actualidad de la violencia en México, circunscrita generalmente a la violencia ocasionada por el crimen organizado y su conflicto entre sí y con el Estado, es uno de los motivos para la elaboración del libro aquí reseñado. Ante este panorama, la responsabilidad atribuida y correspondida al Estado, puede dar por resultado que la exigencia “fue el Estado” se convierta en una perpetuidad de la violencia política y del Estado. No obstante, como señala Vicente Ovalle, “en un contexto marcado significativamente por violencias que no son directamente políticas” (p. 14) resulta necesario plantearse preguntas sobre los cambios en las prácticas y sentidos de la represión y la violencia del Estado.

De manera general, la historización de la violencia puede llevar a develar las estructuras y dinámicas de la represión que históricamente han tomado un papel más que coyuntural en el actuar y funcionamiento del Estado. Para indagar estas incógnitas, el autor parte de analizar las posturas negacionistas y excepcionalistas de la violencia del Estado, para después proponer una reinscripción de las violencias del Estado en la historia reciente y en la memoria pública.

En el primer capítulo el autor retoma la represión del movimiento estudiantil de 1968 como un parteaguas en la represión del Estado a la disidencia. Haber partido de la represión a ese movimiento no es fortuito, pues por mucho que parezca reproducir el mito del 68 como paradigma de la movilización social y la represión estatal, reconoce que la represión o la violencia del Estado habían aparecido antes de ese momento. La justificación estriba en que en torno al 68 hubo una negación explícita de la violencia política.

Lo anterior es fundamental, porque la negación no fue solo sobre la represión, sino sobre la existencia misma del conflicto entre el Estado y distintas organizaciones. Lo anterior implicaba negar el ejercicio represivo (con todas sus prácticas como la desaparición forzada, la tortura, el asesinato, etc.), así como de todo lo que implicaba la disidencia, como organización, solidaridad en la disidencia, etc. Esto ocasionaba que cualquier persona detenida o sometida a la represión del Estado fuera considerada como un delincuente común, lo que incluso borraba su particularidad como actor histórico.

Ahora bien, en el segundo capítulo el autor explora la construcción del excepcionalismo, la mayor muestra de negacionismo por parte del Estado. Para hacerlo retoma declaraciones de políticos nacionales y norteamericanos, así como ensayos de reconocidos académicos como Daniel Cosío Villegas, entre otros. Este proceso tuvo como eje central la consideración de que la violencia política perpetrada por el Estado era una excepción en el proceso de modernización política del país que ocurría bajo condiciones no estructurales.

Es decir que, durante el proceso posterior a la Revolución mexicana y la reconstrucción del Estado, esas interpretaciones vieron en la cooptación de la movilización social una forma de corrupción propia del proceso de modernización del Estado. De esa manera, cuando el Estado usaba la violencia contra la acción social ésta se debía a cuestiones meramente coyunturales. Retomando a distintos autores, Camilo Ovalle dice que “el régimen priista no sólo redujo el uso de la violencia directa del Estado, sino que también mediatizó y marginó las posibilidades de insurgencia social o violencia política de actores disidentes” (p. 38). Es cierto que el proceso de consolidación del Estado administró su violencia de tal manera que ésta se mostró como un recurso para el mantenimiento del orden; imagen que se reforzaba con el retiro de los militares de la élite gobernante.

En el tercer capítulo, el autor refiere a algunos de los autores que durante la hegemonía de la interpretación excepcionalista de la violencia política y de Estado criticaron esa postura. Desde Carlos Pereyra, Pablo González Casanova, Romain Le Cour, entre otros, propusieron pensar a la interpretación excepcionalista como una construcción discursiva del Estado liberal; o bien, como una manifestación de la cultura política mexicana. Además, desde sus distintas posturas, pensaron que la violencia del Estado no se debía tanto a efectos coyunturales, sino a estrategias diversificadas que, dependiendo de los actores a los que reprimía el Estado, hacían que la violencia del Estado se adaptara y actualizara.

En el cuarto capítulo el autor propone que analíticamente “los retos son integrar la violencia de Estado como un factor relevante en la configuración de ese régimen y mirar de nueva forma las violencias de Estado y políticas de nuestra historia reciente” (p. 55). Entender los cambios y continuidades en los mecanismos y lógicas represivas ayudará a comprender el papel de la violencia fuera de los límites pensados por el excepcionalismo.

Camilo Vicente identifica dos puntos centrales en la represión del Estado. La primera de ellas iría de 1940 a 1958 y estaría marcada por lo que Alan Knight llamó “el acuerdo de elites” en el que la clase dirigente llegó al acuerdo de disputarse el poder a partir de los mecanismos del partido y del Estado. En ese periodo, lo característico no es “la aparición y el funcionamiento de los aparatos y mecanismos autoritarios, sino el despliegue de la violencia que los impuso cotidianamente” (p. 56), en donde el corporativismo jugó un papel central en la desmovilización y el control social y político. Esta afirmación es por demás propositiva, pues amplía la manera de comprender la represión al incorporar mecanismos no necesariamente violentos.

El segundo periodo lo ubica entre los años 60 y 80, y estuvo marcado por la transformación rápida en el repertorio represivo del Estado, “desde la negociación bajo presión hasta el asesinato político, el amago con la represión o la masacre, desde el uso de la legalidad como justificación de la represión hasta la represión abierta como la única legalidad posible” (p. 62). En consecuencia, durante este periodo la represión del Estado se profesionalizó de la mano de organizaciones paramilitares (como los Halcones) que fueron coordinadas por la DFS, la SEDENA, y otras instituciones estatales.

En este punto el autor agrega un elemento central a su argumento: la represión del Estado puede manifestarse legalmente a través de programas asistenciales, “las definiciones de delincuencia y delitos nuevos” (p. 73) y cualquier política que mine el apoyo a las bases sociales de la disidencia. Esto muestra, entonces, que con la instauración del neoliberalismo en México a partir de los 80, no hubo una retroacción del Estado como suele asumirse, sino que más bien su instauración fue posible gracias a que en los años previos los mecanismos de control social y político se habían desarrollado con suficiente fuerza.

La propuesta de Camilo Vicente abre una nueva pauta para repensar la violencia política y del Estado como un proceso que, si bien ha sufrido importantes transformaciones, en el marco de la guerra contra el narcotráfico y la violencia alrededor de ésta, existe una vinculación “a un proceso de desarticulación de movilización social muy parecido a las estrategias contrainsurgentes” (p. 75). Por ello, considera que tanto la represión a los movimientos sociales de finales del siglo XX y principios del XXI responden a una misma lógica que la represión contra el crimen organizado.

Pero, para no caer en el anacronismo de pensar que entonces la violencia política y del Estado han sido siempre iguales, en los últimos dos capítulos propone una serie de temas que deberían abordarse para estudiar la complejidad del fenómeno. Y es en este punto en donde la ciencia histórica se plantea como insuficiente -como cualquier ciencia- para dar cuenta de todo esto.

Por ejemplo, la problematización en torno a si el Estado ejerce la violencia de manera excepcional nos permite cuestionar y repensar el supuesto monopolio legítimo de la violencia, y más bien dar un giro para pensar hasta qué punto el Estado ha sido un verdadero monopolizador de ésta. Además, permitiría repensar la supuesta pérdida de control político que ocurrió a finales del siglo XX y que supuestamente posibilitó la autonomía del crimen organizado. Es decir, si la represión del Estado ha sido una estrategia selectiva, podríamos pensar en otras formas de desarrollo del crimen organizado.

Al mismo tiempo, se deben separar analíticamente la violencia política y del Estado, sin separarlas empíricamente. Por un lado, nos permitiría pensar en la manera en que la acción colectiva se torna disidente, así como la forma en que los actores deciden tomar cierto tipo de acciones; pensar por qué y cómo algunas poblaciones apoyan a la disidencia o no. Por otro lado, nos permite pensar en que el Estado es histórico y se adapta bajo distintas circunstancias, modificando sus mecanismos de represión. Pero, sobre todo, podríamos pensar en la violencia política y del Estado ya no como situaciones coyunturales, sino como prácticas establecidas que permiten de una manera u otra el funcionamiento y fortalecimiento del Estado y de su control sobre la sociedad.

Del análisis histórico a la memoria pública, el recorrido de la investigación sobre la violencia política y de Estado puede llevar a trascender el dilema de la supuesta objetividad de la ciencia. Al final de cuentas, para Camilo Vicente, la historia, como vehículo entre el pasado y el presente, tiene una dimensión ética y política. De hecho, la misma investigación histórica, como muestra en el grueso del libro, constituye en sí misma “un campo de disputa política en sus propios términos o la continuidad, en el ámbito académico, de las batallas políticas del ámbito social” (p. 100).

La propuesta de Instantes sin historia va de lo académico a lo político, de lo histórico a lo interdisciplinar, y de la ciencia social a la memoria pública. El diálogo que propone es sin duda muy ambicioso, pero totalmente pertinente si lo que se busca es que la investigación vaya más allá de los espacios de especialistas. De hecho, el límite que tiene al entrar a lo interdisciplinario no es tanto un defecto de la obra, sino una pauta para comenzar nuevas rutas de trabajo.

No obstante todos los aciertos, el trabajo puede ser criticado. Por un lado, las fuentes utilizadas no son homogeneizadas al ser comparadas ni al llevar a cabo la reconstrucción del fenómeno, por lo que dan la impresión de estar hasta cierto punto disgregadas. Además, al utilizar sus fuentes a partir de periodos “sólidos”, dificulta observar cambios y continuidades dentro de las dos temporalidades propuestas.

Aunque el objetivo per se del libro no es realizar un análisis interdisciplinario de la violencia política y de Estado, la bibliografía retomada por el autor está entre distintas disciplinas como la ciencia política, la sociología política y la filosofía política. Redimensionar las aportaciones que desde cada área se hace permitiría ahondar más en las categorías y problemas de cada una que, si quieren ser llevadas a la historia, permitirán una historización más compleja -y por qué no decir completa- del fenómeno histórico de la violencia política y de Estado. Por ejemplo, desde la sociología política podríamos pensar a los sujetos de la represión desde lo que tienen en común: su carácter colectivo y disidente, aunque no necesariamente político. A su vez, se podría establecer una aclaración conceptual que permita distinguir la violencia del Estado de la represión; o en qué condiciones la violencia puede recibir el adjetivo de política.

De cualquier manera, estas críticas no reducen la aportación que esta obra tiene tanto para la disciplina histórica en particular, como para en las ciencias sociales en general. Instantes sin historia busca romper con su propio título para mostrar que aquello que se ha mostrado como algo instantáneo no lo es, y que aquello que parece no tener historia y ser natural a nuestra realidad política y social en realidad es un proceso histórico complejo. Así, las violencias viejas y nuevas podrán ser analizadas bajo nuevas preguntas y sus actores dejarán de ser vistos como actores monolíticos.