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1.- INTRODUCCIÓN
En México, a diferencia del resto de América Latina, las movilizaciones y protestas sociales más recientes no han estado vinculadas a una inconformidad generalizada ante reformas económicas o situación de inestabilidad política, tal como las suscitadas en Chile en torno al encarecimiento de la vida (2019), en Perú ante las declaratorias de vacancia y eventual destitución del presidente en turno por incapacidad moral para gobernar (2020), en Ecuador ante la eliminación de los subsidios a los combustibles (2019), o bien en Colombia en rechazo a la implementación de un nuevo esquema tributario (2021); aquí se sugiere en cambio que, no obstante estar focalizadas en ciertos sectores sociales y zonas del país, han sido objeto de una estrategia sistemática que combina la desacreditación de las causas que enarbolan y el ataque directo a su legitimidad democrática por parte del presidente de la República en su afán de combatir cualquier disenso ante su gestión de gobierno presuntamente dirigida a la transformación democrática de la vida pública en México, en el contexto de una gobernanza con partido hegemónico desde el inicio de su mandato (2018). El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), detenta en efecto mayoría absoluta en la Cámara de Diputados (51.4%) y junto con sus aliados electorales, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo, también en la de Senadores (54.7%), lo que le ha permitido modificar la legislación secundaria para imponer sus decisiones prácticamente sin contrapesos y controles institucionales, y de lo que se ha valido para ejercer presión política sobre el Poder Judicial y los órganos autónomos constitucionales. Así, varias de las medidas emprendidas por el presidente apuntan hacia una concentración y centralización del poder político en México.
En ese contexto, nos planteamos como problema indagar cómo se comporta un presidente que ostenta un cambio democratizador cuando su actuación y proyecto son contestados por ciudadanos movilizados por causas legítimas y que ponen en entredicho ese cambio, ante la carencia de una oposición partidista que pudiera hacerlo dentro de los cauces institucionales y la exclusión, desde el poder político, de organizaciones civiles como espacios de participación ciudadana. El objetivo es identificar algún patrón de comportamiento del presidente hacia el disenso político movilizado en tres movimientos sociales recientes de distinto tipo, que tienen en común basarse en el escrutinio ciudadano del desempeño presidencial. El análisis está centrado, en consecuencia, en los rasgos característicos de la postura gubernamental ante esos movimientos, considerando dos tipos de congruencia política: por un lado, entre lo comprometido como proyecto de gobierno en contraste con lo que demandan, vindican o contestan los movimientos en términos de eficacia de los resultados y, por el otro, entre la perspectiva del gobierno y la de los movimientos que hacen pública, respectivamente, ante los asuntos colectivos en cuestión.
2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Se recurrió a la perspectiva teórica sociocultural en el estudio de los movimientos sociales que nos parece más apta y plausible para explicar la acción colectiva contenciosa, la diversidad de sus formas concretas de acción y el sentido político intersubjetivo movilizados en ellos (véase Peña, 2021a, pp. 49-57), a partir de la dimensión simbólica de la comunicación política disruptiva con que se hacen presentes y manifiestan en la esfera pública, aspectos que no ocupan centralidad en los modelos macroestructurales basados en las perspectiva institucionalista histórica y tampoco en aquellos basados en la teoría de la elección racional, si bien recuperando de éstas asumir a los movimientos como “actores multidimensionales” (Tarrow, 1997, p. 166), cuyos repertorios de acción comportan elementos de los entornos paraelectoral y paraparlamentario (Tilly, 1995, p. 25), entendidos estos últimos como vías establecidas por los propios actores para plantear sus vindicaciones y reivindicaciones, a partir de la experiencia de luchas anteriores que varían de grupo a grupo, de región a región, y de periodo a periodo (Tilly, 1993, p. 86). Así, desde la perspectiva aquí vindicada, ese carácter multidimensional y esa centralidad en la dimensión simbólica cultural nos permite considerar en el análisis de los movimientos tres rasgos interrelacionados que dan cuenta de su papel como agentes transformadores del orden social: 1) la identidad, es decir, la definición que el actor se da a sí mismo a partir del conflicto con otros; 2) la oposición, que especifica los adversarios contra los cuales se disputan orientaciones generales de la vida social, y 3) la totalidad, entendida como visión del mundo y objetivo a alcanzar (Touraine,1995).
Por lo tanto, este análisis toma en cuenta que los individuos evalúan y reconocen lo que tienen en común y al decidir conjuntamente sus acciones movilizan los significados simbólicos que colectivamente construyen en las interacciones comunicativas hacia dentro y hacia fuera de los movimientos que protagonizan. A partir de tales significados se pone en juego la solidaridad, elemento constitutivo no siempre explícito en la identidad colectiva, el cual permite a los actores reconocerse a sí mismos y como parte de la trama de relaciones sociales. Por tanto, la acción colectiva contenciosa es también experiencia multiplicadora de significado simbólico, no está orientada solamente por criterios de eficacia y confronta la lógica de operación de los aparatos tecnocráticos-políticos, y puede llegar a cuestionar las bases del poder de estos, presionarlos a justificarse y publicitar su lógica y a la vez la debilidad de sus “razones” (Melucci, 1999, p. 105).
Desde este punto de vista, la acción organizada de movimientos sociales y de protesta puede ser analizada a partir de, por un lado, la concurrencia de campos fluidos, tal como desde la perspectiva de Bourdieu de 1998 argumenta Cadena-Roa (2016), en los cuales varios “jugadores” colaboran o bien compiten entre sí, cuyas interacciones devienen en cambios en la correlación de fuerzas entre ellos y, por el otro, de la construcción social del agravio, que es la significación que los grupos sociales atribuyen a las diferentes causas y a los responsables de la situación en la que se encuentran, y al mismo tiempo de la construcción política del reconocimiento en el ámbito de la política institucionalizada, lo cual permite referirse a quiénes son, en un momento dado, actores centrales o marginales, y cómo operan las relaciones y mecanismos de inclusión y exclusión social (Cadena-Roa, 2016, pp. 4 y 8). De esta manera, el análisis comprensivo de los movimientos atiende a los aspectos sociopsicológicos y culturales que simultáneamente interactúan con la estructura de recursos y oportunidades dando forma al comportamiento estratégico. Este enfoque permite dar cuenta de las maneras en que las condiciones materiales constriñen la construcción de significado y, a la vez, de la influencia que éste puede ser atribuido a la identidad y a las orientaciones de la acción colectiva (Oliver, Cadena-Roa, Strawn, 2003, p. 227).
3.- MÉTODO
En congruencia con esta perspectiva teórica, este estudio tiene un carácter exploratorio, con un enfoque cualitativo y basado en la combinación de técnicas de estudio de caso, observación documental de fuentes primarias para la caracterización de los movimientos de la sociedad civil seleccionados, y de análisis de contenido a nivel semántico para fundamentar las inferencias acerca de la estrategia que ante ellos despliega el gobierno nacional en turno, a partir de contrastar las acciones y mensajes de unos y otros, difundidos a través de sus respectivos blogs y páginas oficiales en Internet. Se utiliza el entrecomillado para documentar fragmentos textuales de tales mensajes.
Para documentar las posturas políticas de los actores, a partir de las declaraciones y/o documentos que publicaron, se recurrió al análisis de contenido manifiesto del texto. Para determinar las categorías de agrupamiento y clasificación, así como dar validez y fiabilidad a la codificación y a las inferencias textuales, se recurrió al modelo propuesto por Mayring (2000), que considera identidad del actor, mensaje o texto, situación de producción y efectos buscados en el destinatario; para la reducción semántica válida se recurrió al programa computacional (software) ProAnt, diseñado por Anthony (2013), el cual permite trabajar con grandes corpus a partir de palabras clave y relaciones de concordancia. Los ejemplares del corpus fueron identificados y clasificados a partir de tres categorías: actor, con la categoría de identidad política en contraste con identidad social; postura o punto de vista expresado o publicado, ya sea verbal o escrita, y acción emprendida según cinco subcategorías: afirmar, aludir, interpelar, replicar; discutir, en todos los casos delimitados por corresponder a la variable independiente, a saber, el asunto o tópico (Ruíz e Ispizua, 1989).
Así diseñado, nuestro esquema analítico permitió, por un lado, caracterizar los movimientos estudiados considerando como unidades de análisis: (a) el contexto de movilización (local, regional, nacional y transnacional) y, en su caso, su conjunción en el entorno multimediático de comunicación; (b) la identidad colectiva de los participantes, a partir de su autocategorización social y política (quiénes dicen ser); (c) las formas de organización y, en su caso, vinculación con otros actores relevantes; (d) la demanda, vindicación y reivindicación de los asuntos de que se ocupan (finalidades, intereses y motivaciones); (e) su dimensión coyuntural o histórica; (f) el cauce por el que transcurre la acción colectiva y sus formas expresivas particulares; (g) los mecanismos y recursos a través de los cuales proceden; (h) la eficacia de sus acciones políticas y comunicativas, todas ellas vistas en la dinámica de su interrelación y en prospectiva, según los rasgos peculiares por cada caso aquí documentado. Por otro lado, analizar la postura y la respuesta gubernamental considerando a la vez la dimensión política y comunicativa, centrados en la variable congruencia política, evaluada a partir de dos aspectos: aquello comprometido como proyecto de gobierno en contraste con las demandas, vindicaciones y la contestación que hacen los movimientos, en términos de eficacia de sus resultados y, por el otro, entre la perspectiva del gobierno en contraste con la perspectiva de los movimientos ante los asuntos colectivos en cuestión (orientación política o política pública) observadas en su respectiva comunicación política en el ámbito público.
Se seleccionaron tres casos de estudio porque ilustran experiencias diferentes y contrastantes de acción colectiva y movilización social, con identidades y vindicaciones heterogéneas entre sí, si bien tienen en común deslindarse de los partidos políticos, organizarse por fuera del cauce institucional, estar arraigadas en la práctica de escrutinio ciudadano (Peña, 2021b) e impugnar las respuestas gubernamentales ante la movilización que emprenden en el periodo de estudio, los primeros dos años del mandato presidencial. Atendiendo al criterio de la escala de la acción colectiva y su alcance social, se trata de un movimiento nacional, otro de base local y otro atípico de un grupo de presión focalizado.
4.- RESULTADOS
Del análisis se desprenden los siguientes rasgos característicos de cada movimiento y distintivos entre los tres considerados: el movimiento indígena en oposición a la construcción del Tren Maya surgido en mayo del 2020, se organiza a partir de trabajo voluntario, de base local y episódico, por parte de comunidades arraigadas al lugar de residencia y a una tradición cultural específica, sin recursos pero con apoyo decisivo de organizaciones civiles y objetivos circunscritos, si bien teniendo como trasfondo simbólico un conflicto histórico que implica las cuestiones de autodeterminación y de sustentabilidad ambiental en una región estratégica para conseguir un desarrollo nacional socialmente equitativo (sureste mexicano); en contraste, el segundo caso consiste en las movilizaciones feministas ocurridas en los dos primeros años del mandato presidencial, que se caracterizan como olas de protesta cíclicas que devienen en una amplia lucha extendida sobre el territorio nacional (Tarrow, 2011) en la medida en que el activismo se basa en un agrupamiento de redes sociales, formales e informarles, con recursos propios, el cual es capaz de diversificar las metas y su actividad disruptiva, que trasciende el reformismo político y permite emprender nuevas campañas, adicionales a su ciclo anual emblemático (“8 de marzo”) y reconstituirse en periodos de latencia, para orientarse hacia el cambio social, que desde la perspectiva de sus protagonistas es de orden cultural y educativo. En el tercer caso, el Frente Nacional Anti-AMLO (“FRENA”) es un movimiento surgido en 2020 que no responde a ninguna de las lógicas descritas, emerge después de que se establece el mecanismo de revocación de mandato presidencial, es de corte ideológico con una cierta tradición moral ostentada, sin causa o temática social, y moviliza cierto disenso en torno a una única exigencia, la renuncia del presidente de la República, aunque basada en el escrutinio ciudadanos de su proyecto de gobierno, y que deviene en un grupo de presión. Los tres movimientos tienen en común que emprenden acciones colectivas contenciosas y se han valido de la protesta política, sus respectivos asuntos son controvertidos y se han situado en la agenda pública, y tal como aquí se revela han encarado una estrategia similar desde la Presidencia y el partido gobernante: han sido confrontados y estigmatizados desde el poder político.
Análisis de Caso
Caso 1. Según el gobierno el proyecto de infraestructura ferroviaria de transporte terrestre (mil 525 kilómetros de vías) denominado “Tren Maya” es estratégico para impulsar el desarrollo económico y turístico del país (Plan Nacional de Desarrollo, 2019-2024), ya que contribuirá a fortalecer el ordenamiento territorial, potenciar la industria turística y generar empleos en territorio de 50 municipios de cinco estados del sureste (Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quinta Roo). Para su viabilidad se establecieron dos vías: gestiones legales para asegurar derechos federales de vía y acuerdos para respetar derechos de propiedad de los ocupantes del suelo, incluso la reubicación de quienes se asientan en ellas, y conseguir la aprobación de las comunidades indígenas y los pueblos originarios mediante el mecanismo de consulta pública. La retórica presidencial recurre a la siguiente formulación simbólica discursiva para connotar su significación de cara a los gobernados: se trata de un “acto de justicia”, ante el rezago del desarrollo con respecto a las regiones centro y norte , sin menoscabo de los derechos humanos, para generar equidad social y oportunidades de progreso, basado en una concepción de “modernidad forjada desde abajo y para todos”, cuyo sujeto sean las comunidades indígenas y pueblos originarios (AMLO, conferencia de prensa, 16 /12/2018).
La “Consulta Libre, Previa e Informada sobre el Proyecto de Desarrollo Tren Maya” se llevó al cabo en 2019 en cuatro etapas: (1) preparatoria, definición de las 15 regiones indígenas en donde se aplicó, con base en información del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); (2) informativa: mediante 15 asambleas; (3) deliberativa, las comunidades indígenas “analizaron”, con base en sus propios “métodos”, la información proporcionada y elaboraron “propuestas” sobre el proyecto, sin funcionarios presentes; (4) consultiva, mediante 15 asambleas entre la autoridad responsable y las comunidades consultadas para discutir propuestas y establecer acuerdos. Cabe señalar que las actas de asambleas regionales y el informe de resultados de la etapa deliberativa publicadas no contenían las opiniones y propuestas que hicieron las comunidades. En ella participaron un total de 4,869 personas, de las cuales un tercio (38.26%) fueron autoridades comunitarias, agrarias y municipales de una cuarta parte (1,078) del total de comunidades convocadas (1,440) en 15 regiones; en la fase deliberativa asistieron 5,436 personas, de las cuales 1,639 eran autoridades (30.15%) y el resto integrantes de 985 comunidades indígenas (68.40%) (Consulta Libre, Previa e Informada sobre el Proyecto de Desarrollo Tren Maya, Gobierno de México 15/12/2019).
Al carácter no vinculante de la consulta se suman otras limitaciones tales como su cobertura, representatividad y plazo para procesar información (dos días), elaborar propuestas (14 días) y discutirlas (dos días). Con relación a esa consulta el movimiento objetó y se inconformó ante: 1) la arbitrariedad y opacidad de los criterios para seleccionar regiones y decidir cuándo y dónde tendrían lugar las asambleas; 2) que éstas se hayan limitado a recibir información de la autoridad y con sesgos, al enfatizar solamente presuntos beneficios y minimizar impactos negativos (por ejemplo, para el caso de la Fase I Palenque-Izamal, se identificaron 129, de los cuales 73 fueron clasificados como moderados, según el Manifiesto de Impacto Ambiental); 3) la coacción ejercida por la autoridad, al ofrecer a los pobladores asistencia social básica a cambio de su conformidad.
En el origen y desarrollo de la acción colectiva de los pobladores de la región están los reclamos que hicieron a la autoridad y que consideran no atendidos efectivamente por ella. Del análisis de sus actuaciones, declaraciones y mensajes, se desprende que lograron construir en el curso de su movilización una identidad y discurso propios para interpelar a la autoridad y hacer valer sus reclamos, estos fueron el resultado de un efectivo ejercicio de escrutinio ciudadano, el cual concitó un consenso superior a la acción individual contenciosa ante tribunales, no obstante que ésta tuviera mayor alcance o eficacia externa, al recibir apoyo por parte de organizaciones civiles de defensoría, para frenar la construcción mediante múltiples amparos legales.
Diversas organizaciones civiles actuaron como agentes externos desempeñando dos roles: a) promotores que facilitaron una discusión colectiva que transcurrió al margen del mecanismo gubernamental de consulta, mediante una estructura organizativa en red con trabajo voluntario de alcance regional, y cuyo epicentro temático fue poner en entredicho la justificación, ventajas y repercusiones favorables del proyecto y b) como voceros de comunidades y colectivos indígenas y de sus narrativas de movilización para interpelar al gobierno y confrontar la narrativa presidencial. Así, “Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”, que goza de prestigio internacional, se dirigió al presidente de la República (AMLO) en nombre del colectivo Chuun T’aan, organización conformada por mujeres y hombres mayas de diferentes pueblos de Yucatán y que propugna por su derecho a la libre determinación (Indignación.org, 02/06/2020a) para negar el argumento presidencial de que se tomaba en cuenta el parecer de las comunidades al tomar la decisión y que ésta representa el pago de una deuda histórica con ellas, contraponiendo el argumento de que tal decisión se tomó sin su consentimiento y que tal deuda solamente podría pagarse “cuando respeten nuestra dignidad de pueblo (…) reconociendo que nuestro derecho es participar en todas las decisiones que otros están tomando sobre nosotros”, incluido “el tipo de desarrollo” que a ellos conviene y quieren (Indignación.org, 25/06/2020b).
El discurso público de esta organización indígena destaca por la coherencia con que articula escrutinio ciudadano, disenso político y contestación, sin necesariamente depender del despliegue espectacular de acciones directas de protesta, de cara a su interpelación al presidente (AMLO), reivindicando su identidad y rechazando la estigmatización que de ellos se hace. En su “Carta de Indignación de los Pueblos” le exigen: a) cambiar “las leyes que hacen ver” a las comunidades y pueblos indígenas como “solamente pobres, campesinos o desempleados”, tal como fueron nombrados por “los conquistadores y hacendados”; b) reconocer que los “pueblos originarios” tienen “derecho a tomar decisiones en su territorio”; c) dejar de confundirlos mediante promesas de un progreso que esconde racismo y colonialismo y que “ustedes siempre dicen rechazar” (Indignación.org, 01/09/2020c), porque “dices que tú no eres igual que esos conservadores, pero hablas de ese tipo de progreso” (Indignación.org, 25/06/2020b).
Para esta organización el fondo del disenso es atender a la exigencia de “otra manera de relacionarse con el Estado” (Indignación.org, 02/06/2020a) y su oposición responde a su incumplimiento, el cual imputan al presidente cuando declara en medios de comunicación que existen intereses particulares y espurios detrás de quienes han interpuesto amparos ante la autoridad judicial debido a la construcción (“esto no se origina realmente por donde va a pasar el Tren Maya, la promoción del amparo (…) no son los que podrían resultar afectados o presuntamente afectados. No, son organizaciones. Esto tiene tintes políticos”) (AMLO, conferencia de prensa, 24 de junio de 2020b) y que es dudoso que sean pueblo “Maya” y habitantes del territorio que cruzará. Un día después de esas declaraciones presidenciales, en las que se cuestiona el origen identitario y la promoción legítima del disenso, Chuun T’ann respondió públicamente: “(…) dices que los que vivimos en los pueblos donde no pasará el tren no debemos de opinar (…) te contestamos que somos mayas como dices (…) y todo lo que les pasa a los mayas no es ajeno (…) ¿En qué te basas para decir si somos o no mayas y si estás o no en territorio maya?” (Indignación.org, 25/06/2020b).
A esta organización civil se sumó el “Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, S. C.”, señalando que el “desarrollo con progreso y justicia” propuesto por el gobierno y la planeación del Tren Maya corresponden a una “mirada centralista”, de un “régimen presidencialista que por sí mismo es neocolonialista” y que, por el contrario, las comunidades indígenas tienen una propuesta alternativa de “modelo económico”, basado en actividades agroecológicas y turismo “bicultural”. Esa narrativa de disenso político de las comunidades movilizadas colocó el énfasis en las afectaciones ambientales, aspecto para el cual recibieron valioso apoyo solidario civil. Así, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CMDA, 2020) contestó al informe gubernamental de impacto ambiental e identificó riesgos adversos: (a) fragmentación del territorio y ecosistemas y agotamiento de acuíferos ; (b) deforestación, incremento de actividades agropecuarias y de cambios de uso de suelo; (c) pérdida de conectividad de ecosistemas por extinción de flora y fauna; (d) aumento en la generación de residuos por flujo de turistas y población flotante; (e) contaminación auditiva; impactos todos que requieren de adecuadas medidas de control y supervisión de la obra, además de aquellos derivados de factores socioeconómicos (CMDA, 08/06/2020).
Esta vertiente de inconformidad se fortaleció con los informes de los relatores de Derechos Humanos de la ONU que destacan la inadecuación de la metodología científica técnica y de los procedimientos de la autoridad para identificar y evaluar impactos ambientales, lo cual impedía disponer de información suficiente y confiable acerca de generación, manejo y disposición final de residuos, conservación de flora y fauna endémicas y en peligro de extinción; generación de agua residual y disponibilidad de agua potable ante el aumento de personas en tránsito; flujos de migración interna, desplazamientos y expulsiones de población, desarraigo y decrecimiento de actividades productivas tradicionales (CMDA, 2021). Otro aspecto controvertido y contestado concernió a involucrar a la Secretaría de Defensa y al Ejército en la gestión y usufructo del megaproyecto, al intervenir desde su diseño, planeación y construcción de los tramos 6 y 7 hasta recibir directamente beneficios netos cuando se ponga en operación sin que pasen por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque para el gobierno se trata de que sea un negocio del Estado, en respuesta a una visión patrimonial nacionalista de largo plazo.
En reuniones con el presidente y mediante cartas públicas enviadas, las organizaciones indígenas consideraron conculcados sus derechos a ser efectivamente consultados y tomados en cuenta. El Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, S. C. argumentó violaciones a sus derechos de consulta y de consentimiento, en congruencia con el derecho internacional, porque “el gobierno sólo realizó asambleas sin información adecuada y cabal (…), donde muchos y muchas presentaron (…) cartas y listas de necesidades sólo para quedarse [a dormir] el sueño de los justos”; la organización Chuun T’aan, por su parte, le reprocharon su ejercicio simulado: “si de verdad tienes la buena voluntad de hablar de frente a nuestro pueblo o es pura faramalla (…) porque “tú [AMLO] decidiste dónde, cuándo y a quién preguntarle; nunca lo acordaste con nosotros los mayas (…)”, a la par que objetaron dar prioridad a “algunos ejidatarios y alcaldes municipales (…)”, y le reclamaron que no haya respondido a cómo participarían en “la operación, administración y el uso de las ganancias del Tren” (Indignación.org, 25/06/2020b).
El alcance del movimiento residió en emprender acciones legales contenciosas y a la vez acciones políticas de resistencia ante los ataques de que ha sido objeto, en ambas vías con apoyo de organizaciones de la sociedad civil, locales y nacionales; en el primer frente, algunos de los amparos promovidos recibieron sentencias judiciales a su favor otorgando la suspensión definitiva, y en el segundo frente, han conseguido publicidad para su escrutinio ciudadano, vindicaciones y reclamos, precisamente porque la estrategia del presidente de la República ha sido invalidar la legitimidad política del actor colectivo y sus acciones, al declarar de manera pública y reiterada que quienes promueven la “lluvia de amparos” y “sabotaje legal” reciben financiamiento de particulares (AMLO, conferencia de prensa, 08/07/2019b). Más recientemente, el presidente ha declarado que recibió “información de todas las organizaciones supuestamente independientes, no gubernamentales, de la llamada sociedad civil, que reciben dinero, algunas hasta del extranjero, para oponerse a la construcción del Tren Maya” (AMLO, conferencia de prensa, 28/08/2020c).
A la par de ese mismo acto público en que el presidente exhibió un cuadro con nombres de fundaciones extranjeras y cantidad de dinero aportado presuntamente a sus opositores políticos, la sección “preguntas frecuentes” de la página web gubernamental del proyecto fue saturada con mensajes dirigidos a invalidar todo tipo de cuestionamiento: “Muchos ‘estudios’ relacionados al Tren Maya han sido publicados por personas que podrían parecer autoridades académicas. Sin embargo, hemos encontrado que la gran mayoría de estos textos se basan en prejuicios, suposiciones y opiniones infundadas (…)”. Ante tales imputaciones presidenciales para desacreditar a organizaciones civiles, nacionales e internacionales, éstas han denunciado que padecen una “estrategia política persecutoria”, que el “Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos” ha catalogado con la etiqueta discursiva de “síndrome político binario y ciertamente autoritario de muchos gobernantes latinoamericanos: o estás conmigo o estás en mi contra” , denuncia refrendada por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), que ante la solicitud del presidente de aclarar su situación financiera, declaró: “(…) ¿utilizamos estos recursos para desestabilizar su proyecto (…)? (…) no, porque no es nuestra prioridad (…) usted lo dice para desviar la atención sobre las inconsistencias, las deficiencias, la mala planeación (…) e impedir nuestro derecho a exigir información y utilizar mecanismos jurídicos y legales de defensa”. Esa organización exigió al presidente: 1) una disculpa pública por “sus señalamientos sin fundamento y de mala fe”, 2) dejar de señalar y “criminalizar” a las organizaciones de la sociedad civil, 3) detener su “campaña de hostigamiento”, 4) no promover “grupos de choque” para dividir a las comunidades y pueblos, 5) respetar el derecho a disentir y 6) respetar al Poder Judicial y abstenerse de presionarlo y, asimismo, exigir a Fonatur suspender toda la obra del tren.
Caso 2. Las movilizaciones feministas en el periodo de estudio tienen un carácter nacional y se inscriben en el marco más amplio de las luchas en favor de los derechos sociales, políticos y culturales de las mujeres a nivel mundial, que tienen como objetivo común hacer visibles e incorporar a la discusión pública las distintas facetas de la opresión y violencia de género, de manera notoria, entre otras, la persistencia de sus diversas manifestaciones en la vida cotidiana y la impunidad de que gozan sus perpetradores; la complicidad por acción u omisión por parte de autoridades de seguridad e impartición de justicia ante delitos de violencia sexual y feminicidio; el papel de medios de comunicación en la reproducción simbólica de la violencia ejercida contra las víctimas y, en general, la incapacidad de la autoridad para reconocer que prevalece una negligencia sistemática en la atención de las causas estructurales que las originan, así como una falta de transversalidad de la perspectiva de género en el diseño, implementación y evaluación de legislación, políticas públicas y acciones de gobierno en distintas materias y ámbitos sociales.
Tales movilizaciones, desde el punto de vista de sus protagonistas, son detonadas a partir de algún caso que vuelve prominente la problemática subyacente, y el análisis permitió identificar un patrón de comportamiento de la respuesta gubernamental: por un lado, no reconocimiento político de la legitimidad de la causa particular vindicada y, por otro lado, incomprensión acerca de las implicaciones de integrar la perspectiva de género transversalmente para su atención (falta de congruencia en la perspectiva) y, en su lugar, imponer una serie de medidas que resultan ineficaces para resolver la problemática en su origen (falta de congruencia en la acción gubernamental). Una serie de indicadores advierten, en efecto, que las políticas públicas y acciones de gobierno no han conseguido siquiera reducir las violencias de género, en parte quizá debido a la renuencia de AMLO para reconocer como punto de partida que poseen causas y consecuencias distintas a otros tipos de violencia. Para el objetivo de este análisis importa destacar que ambos aspectos de la postura evidencian la incompatibilidad entre dos perspectivas políticas en torno a la cuestión feminista como proyecto de cambio social y cultural, la cual se tradujo en una estrategia presidencial en contra de la movilización feminista en tres direcciones: sustraer visibilidad a la vindicación, minimizar su dimensión y estigmatizar a sus protagonistas para disuadir y obstruir el apoyo que las mujeres movilizadas en protesta pudieran recibir entre la opinión pública.
Tal como sus similares en América Latina, este movimiento se ha caracterizado por conjuntar acciones presenciales de intervención en espacios públicos y comunicativas de apropiación de aquellos configurados en el entorno de comunicaciones digitalizadas en red. A diferencia de la acción organizada focalizada de los colectivos indígenas en contra del Tren Maya -potenciada por la solidaridad de organizaciones civiles especializadas en asesoría jurídica y ambiental-, las movilizaciones feministas se han articulado a partir de dos lógicas: por un lado, de la acción conectiva habilitada organizacionalmente, que ofrece flexibilidad para reclutar y orientar la acción de sus protagonistas en campañas cíclicas y establece redes no formales con otras agrupaciones y, por el otro, de la acción conectiva habilitada por las multitudes, consistente en movilizaciones a gran escala sin núcleo organizativo, con pocos líderes, cuyas apelaciones van dirigidas a individuos, en lugar de sus grupos de pertenencia (Bennett y Segerberg, 2015, p. 374).
En este caso la participación política es disruptiva y estuvo conformada por prácticas comunicativas políticas que consisten en el entrelazamiento entre acciones políticas y comunicativas a partir de su sentido político, las cuales transcurren de manera deslocalizada, combinan acción directa o presencial y mediática a distancia y ponen en juego la dimensión creativa de la agencia humana, si bien sujetas al fenómeno de mediatización (Peña, 2021b). Desde la perspectiva aquí elaborada, se trató del tipo de movimiento social que se desarrolla en olas situadas contextualmente disputando reconocimiento público a su causa, confrontado la agenda política, a partidos y al gobierno en turno y detonadas en cada coyuntura en respuesta a hechos que conculcan los derechos de las mujeres, cuyo patrón de comportamiento identificado combina acciones directas radicales incluso con expresividad de violencia en plazas públicas y, a la par, la promoción de la discusión pública en flujos multidireccionales de comunicación política.
Primera oleada #MeToo: La primera movilización feminista durante el mandato de AMLO se produce, en marzo de 2019, en torno al llamado multitudinario a víctimas de violencias de género, en especial de acoso y abuso sexual, para compartir públicamente sus experiencias, señalar a sus agresores y los motivos por los que se abstuvieron o denunciaron tardíamente, mediante comunicación digitalizada en red a través de la etiqueta hipervinculante #MeToo que se popularizó en el 2017 a nivel mundial. El activismo político resultante enlazó a mujeres de diferentes edades, ocupaciones, grupos sociales y orientaciones políticas y se desplegó en dos vertientes: 1) promover la acción de denunciar legalmente y 2) inducir la toma de conciencia colectiva y la discusión pública acerca de las diversas manifestaciones de violencia en contra de mujeres al circular opinión compartida, en conversaciones y comentarios, predominando la idea de que las víctimas de agresión no denuncian en su momento porque perciben que la acción legal tiene escasa eficacia externa, como vía de defensa y efectiva impartición de justicia dentro del cauce institucional. Ante la cuestión el presidente se pronunció de modo genérico y ambiguo, declarando que se trataba de un “tema que debe atenderse”, pero que también debía prestarse atención “a conservar la dignidad (…) tanto del que acusa como del acusado” (AMLO, conferencia de prensa, 03/04/2019a).
Llama la atención que siendo conocido que en el país dos de cada tres mujeres (30.7 millones) del total que tienen 15 o más años (46.7 millones) han enfrentado algún tipo de violencia en algún momento de su vida (INEGI, 21/11/2019), sin embargo los asuntos de violencia de género ocupan un lugar tangencial en la planeación de la gestión gubernamental, como una más de las estrategias de seguridad pública (“Prevención Especial de la Violencia y el Delito”, Plan Nacional de Desarrollo, 2019-2014), sobre todo porque desde el año 2007 se cuenta con legislación en la materia (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, DOF: 01/02/2007), lo cual es un indicador de la perspectiva que se tiene respecto de la cuestión de género. Otros indicadores son que después de un año de iniciada su gestión, el gobierno federal emprendió la “Estrategia de Sensibilización para la Prevención de Violencia contra las Mujeres y las Niñas”, cuyas acciones no reconocen la dimensión estructural de los comportamientos asociados a las violencias de género y después de dos años implementa un programa de atención integrada a la mujer (“Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024, DOF: 22/12/2020), cuyos objetivos son potenciar su independencia económica, generar condiciones para la redistribución de tareas domésticas, salud sin discriminación, combatir tipos y modalidades de violencia, garantizar la participación igualitaria y contribuir a generar entornos seguros y pacíficos.
Segunda oleada #NoMeCuidanMeViolan: En agosto de 2019 cientos de mujeres protestaron afuera de las instalaciones de la dependencia gubernamental encargada de la seguridad pública en la Ciudad de México (CDMX) en torno a la dilación y omisiones de las autoridades ante las denuncias interpuestas por una joven mujer víctima de agresión sexual por parte de policías de esa dependencia, información filtrada desde el expediente a cargo de la autoridad judicial local. Ante esta manifestación, la jefa del gobierno de la CDMX declaró que “no se trató de una protesta sino de una provocación (…)” para que “que el gobierno respondiera con violencia” lo cual no ocurriría, pero se procedería a investigar a quienes generaron tal provocación. En respuesta “Las Constituyentes CDMX Feministas”, una de las organizaciones que convocó y participó en la movilización, declararon que el pronunciamiento de tal funcionaria era una demostración de intolerancia política e indicativo de la “criminalización de la protesta” y de una “persecución” contra las manifestantes. Al ser interpelado ante los hechos y actuaciones, el presidente de la República expresó su pleno acuerdo con la postura de la jefa de gobierno: “Ahora puede ser que los conservadores empiecen a decir hace falta mano dura porque así son, pero no hay que usar la fuerza pública” (AMLO, conferencia de prensa, 19/08/2019c).
Esta actuación gubernamental en respuesta a la movilización, por una parte, confirma el patrón identificado, por un lado, la incongruencia entre declararse permisivo y respetar el disenso y a la vez descalificar su manifestación pública y, por el otro, desviar el foco de responsabilidad hacia inercias institucionales heredadas de gobiernos anteriores, de cara a cuya reversión se privilegia la persecución legal de sus extitulares, y por otra parte revela el alineamiento entre autoridades de distinto nivel, emanados del mismo partido político, a la estrategia presidencial.
Tercera oleada “la marea verde”: En el marco de la acción colectiva convocada por la iniciativa del “Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro”, cuyo objetivo es posicionar en la agenda social y política el aborto como una cuestión de salud pública y justicia social hasta conseguir su legalización y su gratuidad, la movilización de un grupo diverso de mujeres mexicanas vindicando y defendiendo sus derechos reproductivos y sexuales fue ocasión para criticar y confrontar, en especial por parte de la organización “Marea Verde Quinta Roo”, la postura adoptada por el presidente de la República quien declaró que “corresponde a los ciudadanos decidir, por mayoría, acerca de la legalidad del aborto, mediante consultas, y una vez que existan condiciones en la sociedad para emprender cualquier cambio: “(…) en temas muy polémicos lo mejor, siempre he sostenido, es que se consulte a los ciudadanos (…) que todo sea de acuerdo a la decisión mayoritaria” (AMLO, conferencia de prensa, 31/12/2020e).
En cambio, en la perspectiva de este grupo de mujeres tal postura alienta la narrativa colectiva de que los derechos humanos son negociables y pueden ser sometidos a consulta. Esta oleada de su movimiento revela otro rasgo del patrón de la respuesta desde el poder político, la estrategia del presidente es seleccionar la extensión, profundidad e intensidad con que se pronuncia ante el disenso y la inconformidad, sirviéndose de mecanismos y recursos institucionales que le permiten controlar la agenda pública (conferencia de prensa matutina transmitida diariamente por el sistema de radiodifusión del Estado), determinar la legislativa con la mayoría de su partido e influir en la agenda mediática, referentes todas de la activación y desarrollo de la discusión y opinión públicas de asuntos que si bien son controvertidos las mujeres consideran prioritarios.
Cuarta oleada Ingrid Escamilla y #UnDíaSinNosotras: Una cuarta oleada de movilizaciones muestra que, además de sostenible e irreversible, el activismo político de las mujeres escala en el alcance de la presión ejercida, al diversificar su espectro de interpelación estratégica y contestación política, apuntando hacia el papel de los medios de comunicación. Se despliega en febrero del 2020 mediante una protesta de agravio colectivo en plazas públicas de varias ciudades manifestando una indignación compartida frente a la difusión de fotografías del cuerpo desollado de la joven Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio, y el reclamo para que, por un lado, se castigue a funcionarios que filtran información sensible de delitos cometidos contra mujeres y, por el otro, exigir que en todos los medios de comunicación y plataformas de redes socio-digitales se actúe con ética y no sea ejercida violencia simbólica sobre víctimas de violencias de género y feminicidio, al propagar relatos estructurados para “revictimizar” y perjudicar las acciones para conseguir justicia, “derecho al olvido” y bienestar de sus familias. La acción colectiva emprendida aprovechó el potencial hipervinculante de las plataformas digitales para promover la difusión de imágenes agradables asociadas al nombre de la joven. Un primer logro de la presión social ejercida tuvo lugar un año después, al aprobarse reformas al Código Penal del Distrito Federal (popularmente llamada “Ley Ingrid”) y adicionar con un inciso quáter el artículo 293 para establecer prisión como castigo a servidores públicos que de forma indebida difundan información reservada acerca de hechos o evidencias vinculados a procedimientos judiciales.
A menos de un mes del feminicidio y esa protesta, el 9 de marzo de 2020 se llevó a cabo el primer paro nacional de mujeres en México, convocado a través de redes sociodigitales por el grupo de veracruzanas conocido como “Brujas del Mar”, para protestar de manera simbólica y pacífica ausentándose de lugares públicos y absteniéndose de participar en actividades productivas, en un ejercicio de tratar de “visibilizar lo invisible”. Ante esta acción colectiva vindicatoria, la postura y respuesta del presidente de la República pudo parecer contradictoria porque declaró públicamente, por un lado, que las mujeres eran libres y su gobierno garantiza el derecho a disentir y a manifestarse y, por el otro, que la movilización es un acto más de “hipocresía” de quienes aparentan “ser feministas”, porque intereses espurios están detrás de la convocatoria y algunas mujeres eran “manipuladas” por el conservadurismo para obstruir el proyecto de cambio de su gobierno (AMLO, conferencia de prensa, 21/02/2020a). Este tipo de estrategia política y discursiva de construir aliados y enemigos a partir de su estigmatización social sirve para poner en entredicho cualquier fuente de inconformidad, y vulnera más a grupos sociales de ciudadanos autoorganizados y sus iniciativas para ejercer el disenso político con independencia de partidos, sindicatos y todo tipo de corporaciones y grupos de poder (Peña Serret, 2021b).
Quinta oleada: la toma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): Otra vertiente del movimiento se dirige a exigir una efectiva rendición de cuentas y a la par ejercer el escrutinio ciudadano lo cual en conjunto amplifica el alcance y la calidad de la contestación a la acción de las instituciones estatales, una de cuyas dimensiones es su eficacia, contrastada con sus resultados efectivos. Ese es el fondo que subyace a la movilización emprendida, a un año del nuevo gobierno, por parte de los colectivos feministas “Frente Nacional Ni Una Menos México” y “Aequus, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos” que ocuparon por la fuerza las instalaciones de la CNDH en protesta por la falta de resoluciones a las quejas presentadas por parte de víctimas de violencias de género, feminicidio y desaparición forzada, reclamando a ese órgano autónomo constitucional defender efectivamente el derecho de ellas y sus familias a una justicia imparcial, expedita y con reparación del daño ante las instituciones responsables. La fuerza del reclamo se justificaba al considerar el informe mensual de la CNDH de diciembre del 2019 (CNDH, 2019): del total de 16 mil 9 expedientes a esa fecha, el 30.16% seguían pendientes de desahogo y solamente el 0.92% del total de los resueltos (69.84%,) terminó con una “recomendación”. La respuesta de la titular de ese órgano es indicativa de su visión de la responsabilidad pública y estrategia política ante el reclamo colectivo legítimo provocado por negligencia: objetó públicamente las acciones de protesta porque debía revisarse caso por caso, lo que se vería impedida de hacer debido a que “muchos de los documentos necesarios para su seguimiento se encuentran en el lugar y no tenemos acceso a ellos ni a nuestros archivos” (CNDH, 07/09/2020), aun cuando ratificó el compromiso de “trabajar conjuntamente en apoyo a sus peticiones”. Esa respuesta burocrática fue interpretada por los colectivos movilizados como una forma de “revictimización”, que pretende responsabilizar a las mujeres en protesta por el abandono y la demora en la resolución de expedientes sin desahogo.
La CNDH publicó comunicados oficiales solicitando a las mujeres un diálogo y abstener de dañar su edificio sede catalogado como monumento histórico, señalamiento que encontró eco en presidente de la República quien declaró que era una forma no legítima de manifestación de la inconformidad, desestimó la causa propugnada y pretendió desviar la atención que merecía el asunto, imputando que la manifestación de protesta había sido exagerada por parte de los medios de comunicación y eso respondía a una revancha política de sus adversarios: “la prensa conservadora lo magnifica para perjudicarnos… (…) una exageración (…) que se convirtió en un asunto político abrazado por el conservadurismo” (AMLO, conferencia de prensa, 08/09/2020d). En respuesta, el colectivo “Frente Nacional Ni Una Menos” exigió a la CNDH que emitiera una recomendación general para que “todas y todos los titulares de cualquier instancia de gobierno, poderes y fiscalías se abstuvieran de emitir cualquier tipo de discurso con el que se minimice o pretenda minimizar la grave situación de violencia de género y violencia feminicida” (Frente Nacional Ni una Menos México, 10/09/2020). La acción colectiva disruptiva mostró su eficacia al conseguir la aceptación de la CNDH del pliego petitorio que le fue presentado y, dos meses después, que emitiera la recomendación prácticamente en los términos en que le fue exigida.
Sexta oleada: el muro de la vergüenza y #RompeElPacto: Una de las acciones de gobierno más reveladoras de la postura política del presidente de la República hacia el movimiento feminista fue su convalidación a la decisión de las autoridades de seguridad y del gobierno de la Ciudad de México para erigir una valla metálica en los alrededores del Palacio Nacional de Gobierno, la cual aquel denominó “muro de la paz”, justo antes de las manifestaciones públicas anunciadas por diversos colectivos organizados de mujeres con motivo del “Día de la Mujer” llevadas a cabo el 8 de marzo del 2021, lo cual generó el evidente clima de expectación, controversia y tensión política y social en el que se desplegaron varias de las acciones colectivas, más emblemáticas y significativas, protagonizadas por mujeres de todas las clases sociales y lugares del país, basadas en un efectivo ejercicio de escrutinio ciudadano respecto de una presidencia centralista y un gobierno de partido hegemónico que propugna ostensiblemente por un cambio político radical frente al status quo prevaleciente.
La justificación de la valla para contener a las y los manifestantes fue impugnada por ellos como gesto de intolerancia política y cerrazón de la autoridad al diálogo, ante el cual las mujeres respondieron vindicando el llamado a la sociedad para proponerse todos “Romper el Pacto”, noción simbólica que, entre otras de sus complejas connotaciones, significa acabar con la complicidad del Estado en la producción y reproducción de opresión y violencia contra las mujeres basadas en la estructura social y cultural del patriarcado. Con esa orientación política el alcance de la movilización llegó a colocar la cuestión como asunto toral en la agenda pública, al ser acompañada por acciones colectivas emblemáticas, tales como denominar la valla de contención el “muro de la memoria” e inscribir en ella los nombres de víctimas de feminicidio, junto con otras consignas entre ellas el exhorto al presidente de la República para ser congruente y contribuir a “Romper el Pacto” en los hechos y no respaldar la postulación de Félix Salgado Macedonio por parte de su partido (Morena) como candidato a la gubernatura de Guerrero ante las numerosas presuntas acusaciones de abuso sexual que pesan sobre él, de las cuales se habían propagado testimonios y evidencias (#UnVioladorNoSeráGobernador), antes, durante y después de la manifestación convocada y difundida mediante activismo en Internet (#RomperElPacto).
La respuesta del presidente de la República a tal exhorto revela otra vez incongruencia y ambigüedad política, por un lado, al admitir públicamente su desconocimiento del sentido colectivo de “Romper el Pacto”, desde la plural y enriquecida perspectiva feminista en construcción, a la que contribuyen mujeres de todos los estratos y ámbitos sociales, algunas de cuyas aristas se ponen en escena simbólicamente con cada ciclo del movimiento feminista y, por otro lado, al imputar que el exhorto que se le hace es “una simulación sobre el feminismo” que responde a intereses políticos y electorales para descalificar su gobierno y su proyecto de transformación social, que no le merece ser atendido porque, según afirmó el presidente, él ha cumplido con romper el “pacto de guardar silencio ante la corrupción heredada”, ser “respetuoso de todos los seres humanos” y “dejar de estar apoyando a los hombres” (AMLO, conferencia de prensa, 25/01/2021).
Caso 3. A diferencia de los movimientos sociales antes analizados, el Frente Nacional Anti-AMLO surge, en mayo de 2020, como una movilización que no vindica o reivindica reconocimiento a alguna causa social, y tampoco establece interlocución política alguna, sino que transcurre como una campaña de confrontación ideológica al gobierno en turno, que combina protesta y llamados a la desobediencia civil como mecanismos para ejercer presión y conseguir el objetivo de que el presidente de la República sea sometido a juicio político o dimita del cargo, justificado porque se le imputa ineficacia gubernamental y atentar contra valores democráticos. Con ese objetivo plantea cinco estrategias: 1) generar una “masa crítica” de 4 millones de personas; 2) minimizar los ingresos por recaudación fiscal “de la dictadura” (“vacunación contra el morenavirus”); 3) “romper con el Pacto Fiscal Federal”; 4) vincularse con “regiones militares” para “recordar” a estos que “su lealtad está con la soberanía e integridad del pueblo mexicano” y 5) hacer pública su aprobación o desaprobación de postulantes a candidatos a cargos públicos, haciendo valer el perfil que definan los miembros del movimiento, organizado en comisiones de trabajo y un “consejo ciudadano” integrado por 69 de ellos (FRENA, página web oficial, 2020).
Definido a sí mismo como “movimiento social” independiente de cualquier partido político y que descarta convertirse en asociación civil, su discurso público deja marcas de su orientación ideológica al proponerse como misión “rescatar” a México “de las manos del comunismo” que dicen ha impuesto el presidente y su partido (Morena), a partir del “respeto”, “admiración” y “acogida” que dicen profesan hacia gobiernos que califican como “socialistas” y a sus mandatorios (Castro en Cuba; Chávez y Maduro en Venezuela; Morales en Bolivia) (FRENA, página web oficial, 2020), así como la “imitación” de políticas dirigidas a la “unificación del poder, militarización, control de medios de comunicación y propaganda, el culto al líder, incentivar el odio o ‘lucha de clases’, manipulación religiosa, someter al poder legislativo y judicial bajo un solo poder y proyectos simbólicos (FRENA, página web oficial, 2021).
De sus escasas acciones colectivas destacan las caravanas de automovilistas circulando por avenidas de distintas ciudades, un “plantón” en la explanada del Zócalo capitalino y una concentración multitudinaria en ese sitio denominada “mega juicio ciudadano al presidente Andrés Manuel López Obrador”, el 21 de marzo del 2021, cuyos resultados se proponían hacer llegar a “tribunales nacionales e internacionales”, a las legislaturas de los estados y a la Cámara de Diputados para él fuera enjuiciado como “mandatario ilegítimo y “espurio” (FRENA, 22/03/2020). La respuesta del presidente se ha valido de las debilidades exhibidas por el propio movimiento para minimizar su alcance (“es una minoría, porque la mayoría de nuestro pueblo tiene una mentalidad distinta”) (AMLO, conferencia de prensa, 14/07/2020f) y consistencia (“Ojalá se queden un tiempo suficiente, que no sea nada más efímero unos cuantos días” (AMLO, conferencia de prensa, 14/07/2020f), así como denostar sus consignas “(…) en algunas protestas, están saliendo cartulinas clasistas, racistas, de pena ajena (…) una decía: <quiero vivir en un lugar donde no me gobierne mi sirvienta>” (AMLO, conferencia de prensa, 14/07/2020f). El análisis revela, por un lado, que este agrupamiento vindica para sí la identidad de ciudadanos y a la vez ostenta en sus actos públicos su identificación con cierto credo religioso (imágenes y rituales del culto católico exhibidos), por lo cual por encima de la legitimidad de su causa, lo inédito del número y composición social de las personas, formas de actuación y discurso público, la ambigua identidad construida ha sido objeto de estigmatización social, tal como muestra la cobertura informativa y de opinión mediática en las que se les califica como “grupos sinarquistas”. Precisamente de este rasgo, por otro lado, se ha servido el presidente de la República para confrontar públicamente al movimiento, con fuertes dosis de burla y sarcasmo por la precariedad de su representatividad numérica y expresiones de adhesión que concita, al atribuirle estar originado, motivado y auspiciado por sus adversarios políticos, cuya ambigua identidad simbólica se ha encargado de construir diariamente durante dos años en sus conferencias de prensa: todos aquellos que buscan “conservar el régimen corrupto, de injusticias y privilegios”, a quienes reta a dirimir las diferencias que califica de “fondo”, por la vía democrática, en ocasión de la consulta pública de revocación de mandato, aprobada para llevarse al cabo en el año 2022. El alcance de este movimiento ha sido exhibir la intolerancia de quien gobierna, al provocar sus manifestaciones públicas de repudio a una minoría, lo cual es inadmisible en cualquier democracia.
5.- CONCLUSIONES
A diferencia de la perspectiva (neo)institucionalista centrada en el diseño de las reglas del juego político, los cambios pactados entre élites y sus estrategias de coalición, como determinantes de la estructura de oportunidades y recursos de los movimientos sociales y la acción colectiva, aquí nos centramos en analizarlos desde una perspectiva cultural simbólica de comunicación política porque pone de relieve el papel de la agencia humana y el sentido político intersubjetivamente compartido de la acción colectiva contenciosa y disruptiva, desplegada continuamente entre los contextos electoral y de gobernanza, potenciada por aquella comunicación digitalizada en redes sociales que favorece el escrutinio ciudadano como cauce para movilizar el disenso político.
Así, el enfoque analítico aquí propuesto presupone entender los movimientos sociales a partir de su propia perspectiva y de contrastar las maneras en que desde ella se confronta al poder político y éste por su parte responde a sus reclamos, se comporta omiso o elude su responsabilidad, o bien los confronta en mayor o menor medida. Por eso el análisis contrasta entre el comportamiento de respuesta de los actores políticos definidos como responsables de los reclamos sociales y el comportamiento de las estrategias, acciones y discurso público de quienes los encaran e interpelan, a partir de las posturas efectivamente hechas públicas, porque de ese modo se puede revelar las experiencias de movilización del disenso y a la par los diversos mecanismos de lucha política que repercuten en su alcance en términos de clima de opinión e imaginario político.
Con la actual distribución del poder político institucional en México, que nulifica posibles contrapesos a las decisiones de un gobierno federal con mando partidista hegemónico, a la par de la precariedad de la actuación de las oposiciones partidistas se han generado oportunidades, espacios e incentivos para la movilización ciudadana del disenso político, la inconformidad y la lucha organizada mediante acciones colectivas contenciosas dentro y por fuera del cauce de los partidos y los mecanismos gubernamentales de consulta pública. Los heterogéneos movimientos sociales aquí analizados ponen de relieve que las luchas por el reconocimiento político de la diferencia y los particularismos, del pluralismo ideológico y la inclusión de las voces minoritarias en el debate público como reclamos sociales legítimos representan un efectivo dilema democrático, aun cuando el gobierno emanado de la transición partidista electoral del 2018 ostente encabezar una transformación social y política de gran envergadura, y detente una representatividad electoral y una mayoritaria evaluación favorable.
A pesar de sus diferencias en cuanto al asunto colectivo que motivó su origen, sus finalidades, composición social, recursos, formas de organización y estrategias de acción, se encontró que los movimientos estudiados están basados en efectivos ejercicios de escrutinio ciudadano, que movilizan efectivamente un disenso político, autónomo de los partidos políticos y, a la par, tienen en común haber sido confrontados por una estrategia presidencial común, cuyos rasgos característicos son: 1) desacreditar toda movilización de disenso político e inconformidad, a partir de estigmatizar a sus protagonistas y presentarlos como respondiendo a intereses ilegítimos de grupos de poder y recibiendo apoyo de ellos para oponerse a las decisiones y actos del gobierno. 2) dilatar las respuestas gubernamentales efectivas para resolver los conflictos generados, ejerciendo desde la presidencia de la República presión hacia el poder judicial y los órganos autónomos constitucionales para alinear tales respuestas desde el ámbito de su competencia política y legal; 3) desplazar el foco de la agenda y discusión pública de los asuntos vindicados por los movimientos sociales hacia el cauce de la comunicación mediática, en especial de los medios públicos, en el cual el presidente detenta un control suficiente de agenda política, a partir de construir la narrativa pública en torno a la polarización de dos “bandos políticos”, quienes apoyan y defienden la gestión gubernamental y quienes la critican o se oponen a ella, propagando el argumento de que lo hacen motivados por intereses ilegítimos y razones moralmente reprobables. 4) manipular la opinión pública, acosando al periodismo crítico y sirviéndose del aparato estatal de medios públicos para promover una imagen favorable al presidente y al partido gobernante.
El fondo de la disputa en estos movimientos es diferente: en el caso del feminismo es una cuestión de perspectiva y visión política, por eso ha concitado la adhesión progresiva de ciudadanos desde diferentes estratos socioeconómicos y posturas políticas, incluidos algunos que pueden incidir en la agenda mediática de opinión pública. No debe pasar inadvertido una condición del contexto, la cual repercute en la agenda y mediante el posicionamiento en ella, en la capacidad de resistencia que pueden detentar efectivamente cada movimiento, que es el clima adverso que el asedio presidencial contra los medios de comunicación. De ese modo, valiéndose de la visibilidad y resonancia social que le reditúa el dispositivo de la conferencia de prensa que ofrece diariamente, el presidente ha situado y mantenido la controversia en torno a la construcción simbólica de un adversario que persigue intereses contrarios al interés público y que estaría detrás de quienes disienten y se oponen a su proyecto de gobierno.
Este estudio ha buscado contribuir a entender una de las encrucijadas políticas en México, aquella que deviene de impulsar un cambio político democrático, pero valiéndose desde el poder de una estrategia de polarización política y nulificación del disenso, para el caso de estudio de movimientos sociales de diferente tipo. Se ha identificado un patrón de gobernanza que, al estar basado en una coalición partidista mayoritaria y unificada bajo el mando presidencial, y ante la incapacidad de contrapesos y control institucional por parte de las oposiciones partidistas, tiende a fragmentar y disolver las disidencias y la inconformidad social hacia la gestión gubernamental, a partir de atribuirles ante la opinión pública que ellas responden a intereses espurios y que son manipuladas por grupos de poder económico y político que han sido confrontados recurriendo al consenso popular de mayoría. Este patrón de comportamiento del ejercicio altamente concentrado del poder político supone, entre otros, el riesgo de instalar una especie de “tiranía de la mayoría” sobre las minorías disidentes, con consecuencias indeseables de cara a la tarea colectiva de afirmar una democracia socialmente equitativa e incluyente como condición de un efectivo cambio social.
