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Introducción
El abordaje de las desigualdades múltiples en las políticas de igualdad de género está produciendo un intenso debate teórico, metodológico y político acerca de cuáles son las estrategias más adecuadas, eficaces e inclusivas. Partiendo del reconocimiento de que las desigualdades de género no pueden ser entendidas ni atendidas en su complejidad desde una perspectiva unidimensional, se ha enfatizado en la necesidad de avanzar hacia visiones más abiertas e interactivas que reconozcan la confluencia de múltiples ejes de desigualdad en intersección con el género, como la raza, la etnia, la clase social, la edad, la posición socioeconómica, la condición migrante, la discapacidad o la diversidad de género y sexual (Comisión Europea, 2020; Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 2009; Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, 2012).
A este respecto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe de 2017, señala las deficiencias en el tratamiento político de las “formas interseccionales de discriminación y violencia que afectan a mujeres y niñas”, y en particular en lo referente “a la exclusión económica y la pobreza, la educación, la salud, la violencia, la participación, la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia”, como resultado de la intersección del sexismo, la xenofobia y el racismo (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2017: 15).
En dicho informe se destaca la vulnerabilidad de mujeres y niñas de determinados grupos raciales, étnicos y religiosos, específicamente en “contextos de privación de libertad o conflicto armado, la esterilización forzada de mujeres indígenas, el abuso de trabajadoras de origen migrante”; la violencia contra refugiadas, desplazadas internas y solicitantes de asilo; y la situación de discriminación múltiple que enfrentan “las mujeres de las zonas rurales y, en particular, las mujeres indígenas y afrodescendientes” (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2017: 3).
El Parlamento Europeo, por su parte, reconoce las discriminaciones múltiples con base en la interacción entre género, etnia/raza y nacionalidad (Parlamento Europeo, 2008) y la mayor exposición de las mujeres con discapacidad a situaciones de violencia y explotación doméstica y laboral, y de discriminación múltiple en el acceso al empleo y a la educación (Parlamento Europeo, 2013). Ha sido concretamente el ámbito de la violencia donde se ha situado el foco interseccional, como se observa en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Organización de Estados Americanos, 1994), en el Convenio de Estambul (Consejo de Europa, 2011) y en las resoluciones del Parlamento Europeo (2014a y 2014b) sobre violencia contra las mujeres y sobre explotación sexual y prostitución.
Pese a estos mandatos internacionales, los desarrollos legislativos y en materia de políticas públicas para abordar las desigualdades múltiples continúan siendo limitados (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2017; Chopin y Germaine, 2016; Comisión Europea, 2007; Fredman, 2016) . En el caso de las políticas de igualdad de género, la incorporación de una visión sensible a las desigualdades múltiples es especialmente necesaria y urgente para alcanzar sus objetivos de forma más eficiente, pero sobre todo de forma más equitativa e inclusiva para incluir a los perfiles más vulnerables y frecuentemente excluidos en los enfoques unitarios (Hankivsky y Jordan-Zachery, 2019) . Además, hay determinados problemas sociales como la violencia, la inclusión social, la participación social y política, las desigualdades en el empleo, la educación o en la salud que no pueden ser adecuadamente afrontados sin esa visión múltiple e interconectada (Guzmán Ordaz y Jiménez Rodrigo, 2015; Hankivsky, 2012).
La interseccionalidad se presenta como una potente herramienta analítica y de intervención social y política al plantear la pertinencia de abordar la complejidad de las relaciones de poder, privilegio y desventaja como producto de la interacción mutuamente constitutiva de distintos ejes de desigualdad (Collins y Bilge, 2018) . El marco interseccional invita a articular el género con otras categorías de división social —como la raza, etnia, clase social, edad, discapacidad o sexualidad— para atender a la heterogeneidad y a la desigualdad dentro del colectivo de las mujeres (Anthias, 2020) . Esto es una tarea compleja que no puede reducirse a la mera incorporación de más “subgrupos” dentro de las políticas, sino que implica la transversalización de una serie de principios o claves interseccionales en las diferentes etapas que atraviesan las políticas.
En este artículo se hace una revisión crítica de las principales aportaciones y discusiones sobre la puesta en práctica de las políticas de igualdad de género desde un marco de desigualdad múltiple e interseccional, así como una exposición de las distintas claves y estrategias de articulación de la interseccionalidad política. Este trabajo se sustenta en una revisión bibliográfica sobre la cuestión y en el examen de diversas experiencias prácticas de políticas de igualdad y no discriminación, prestando especial atención a los contextos europeo y de América Latina.
De enfoques unitarios a enfoques interseccionales: posibilidades y limitaciones
La interseccionalidad como paradigma analítico y de transformación de las desigualdades sociales surge de las aportaciones de los denominados feminismos multirraciales, periféricos o coloniales (Meloni, 2012) , que evidencian las limitaciones de los enfoques unitarios sustentados en una sola categoría de diferenciación o desigualdad. Son diversas las propuestas teórico-políticas (Crenshaw, 1989; Choo y Ferre, 2010; Davis, 2018; Ferre, 2018; Hancock, 2007; Hankivsky, 2012; hooks, 2020; McCall, 2005; Collins y Bilge, 2018) que se han desarrollado para la aplicación del marco interseccional en la investigación y en el planteamiento de intervenciones sociales.
Entre las propuestas de evaluación de políticas públicas, destaca la de Ange-Marie Hancock, que se revela especialmente útil para analizar la interseccionalidad política. Hancock (2007: 67) distingue tres modelos en el abordaje político de las desigualdades: el unitario, el múltiple y el interseccional. El modelo unitario da énfasis a una sola categoría de identidad o diferenciación que se define como más relevante o explicativa. El modelo múltiple establece a priori el papel de diversas categorías —por ejemplo, la raza, clase o género— como igual de importantes, aunque conceptualmente independientes cuando se examina el fenómeno político. Por último, el modelo interseccional incorpora la relación interactiva y mutuamente constituyente de diversas categorías, examinando la manera en la que la raza/etnia y el género (u otras categorías relevantes) interactúan en la configuración de los problemas políticos.
Los abordajes habituales en torno a la desigualdad se han sustentado mayoritariamente en el modelo unitario, sobre todo con base en el género y la raza/etnia (Kantola, 2014; Lombardo y Agustin, 2012) . Sin embargo, este enfoque unitario, homogéneo y aislado de otros motivos de diferenciación y desigualdad “adolece de limitaciones para aprehender la complejidad de los procesos de discriminación, con frecuencia sustentados en la interacción de múltiples factores” (Jiménez Rodrigo, 2018: 203). La consideración de los grupos objeto de intervención social como homogéneos y estáticos puede derivar en que las políticas de género “fallen en la identificación” del efecto diferencial de los estereotipos, discriminaciones y desigualdades —por ejemplo, por razón étnico-racial— en las experiencias de las mujeres (Jiménez Rodrigo, 2020: 321).
De la misma forma, las políticas contra la discriminación racial y étnica pueden fallar en la atención a las desigualdades de género (Squires, 2008). La priorización del género puede suponer una simplificación de las complejas intersecciones entre desigualdades y la esencialización de las categorías de “género” y “mujeres”, lo que puede derivar en una atención no adecuada de las experiencias de grupos situados en las intersecciones de las desigualdades e, incluso, en la reproducción o producción de nuevas desigualdades respecto a grupos de mujeres multimarginalizados (Ferree, 2018).
Frente a estas limitaciones, la interseccionalidad se presenta como marco analítico y político de gran potencialidad al cuestionar los planteamientos binarios y parciales sobre las relaciones de poder sustentados únicamente en la estratificación de género (Guzmán Ordaz, 2015). Estas críticas, inicialmente centradas en la intersección “género, clase y raza” (Crenshaw, 1989; Davis, 2018; Hancock, 2007; hooks, 2020), se han ido ampliando a otros ejes de diferenciación y desigualdad como la etnia, el indigenismo, el mestizaje, la migración, la discapacidad, la edad o la diversidad de género y afectivo-sexual.
La necesidad de abrir el proyecto emancipador feminista a la heterogeneidad de mujeres también se plantea en el ámbito de las políticas de igualdad. Y es aquí donde se ubica el concepto de “interseccionalidad política”, acuñado originalmente por Kimberlé Crenshaw (1989), para expresar las insuficiencias de las políticas unitarias de igualdad de género y contra la discriminación racial para tratar satisfactoriamente las particulares formas de discriminación que enfrentan las mujeres racializadas negras.
Estas carencias de las políticas unitarias también han sido señaladas respecto a otros grupos interseccionales, como las mujeres Romá (Kóczé, 2018; Seta, 2016), mujeres indígenas (Herrera y Duhaime, 2014), mujeres migrantes (Guzmán Ordaz, 2015), mujeres con discapacidad (Campos Pinto, 2016) o personas con identidades de género sexuales diferentes a la cisheteronormativa (Romero y Montenegro, 2018). De tal forma, la incorporación de la perspectiva interseccional puede contribuir a un mejor entendimiento de la complejidad social de las desigualdades de género y al planteamiento de políticas más inclusivas (Squires, 2008), pero también más efectivas y equitativas (Lombardo y Agustin, 2012) al tratar de forma específica las diversas y desiguales experiencias de las mujeres.
No obstante, el enfoque interseccional también presenta limitaciones para su puesta en práctica, ya que ha de asumir el complejo reto de integrar características y dinámicas de desigualdad muy dispares, en función de la base de desigualdad en la que se sostienen (Verloo, 2006). Una de las principales dificultades radica en la selección y determinación de los ejes de diferenciación y desigualdad social para el diseño de las políticas de igualdad. La manera en que estos ejes son incluidos en las políticas y en cómo es definida su relación —de subordinación, independencia o intersección (Hancock, 2007)— tiene efectos importantes en la determinación de los grupos o subgrupos a los que se va a dirigir la política y sus acciones. Y esto precisamente puede contribuir a la invisibilización o infrarrepresentación de determinadas experiencias interseccionales frente a otras (Purdie-Vaughn y Eibach, 2008).
Otra limitación importante se refiere a la utilización irreflexiva y descontextualizada del concepto de interseccionalidad que, como también ha ocurrido con el género o la interculturalidad, ha terminado poniéndose de moda (Gandarías, 2017) y aplicándose en muchas ocasiones sin fundamento teórico ni práctico. Así, por ejemplo, este abuso del concepto se materializa en su empleo a nivel meramente discursivo en la redacción de muchos planes y programas de igualdad, pero sin efectos prácticos en el diseño y puesta en marcha de sus medidas (Jiménez Rodrigo, 2020) .
Este uso excesivo y precipitado de la interseccionalidad puede derivar en la práctica muy criticada de “añadir y mezclar desigualdades” (Hankivsky y Grace, 2015), sin tener en cuenta las condiciones contextuales que definen los procesos de desigualdad social ni las especificidades de los diferentes grupos. Esto conlleva una “sobre-simplificación” de las políticas al tratar las diferentes categorías de estratificación como similares o equivalentes y plantear, en consecuencia, respuestas políticas intercambiables para tratar experiencias interseccionales distintas y específicas (Squires, 2008). Es lo que se ha denominado como “políticas inclusivas para todos” (Lombardo y Agustin, 2012) o “políticas de talla única” (Verloo, 2006).
Por otro lado, un reto fundamental al que se enfrenta el abordaje interseccional es la contradicción entre distintas demandas políticas e intereses que pueden presentar diferentes grupos respecto a sus metas de igualdad y de justicia social (Fraser, 2006; Squires, 2008). Esto ocurre, por ejemplo, con el reconocimiento de algunos derechos culturales o religiosos que pueden chocar con los objetivos de la igualdad de género (Okin, 2017). Otro eje de debate especialmente polémico dentro del feminismo se refiere a los riesgos de la desgenerización de las políticas de igualdad, como consecuencia de la aplicación de otros ejes de diversidad y desigualdad, y que podrían implicar un menoscabo del objetivo prioritario de la igualdad de género y la disolución de la categoría “mujeres” como sujeto político. De tal forma, se alude a que el género puede tender a desaparecer como categoría explícita o principal al incorporar otras categorías de desigualdad en las políticas de igualdad de género. Así, el enfoque “sólo interseccional” podría oscurecer la ontología distintiva de cada eje de desigualdad, aspecto considerado crucial para la efectividad y la calidad de las políticas de igualdad (Lombardo y Agustin, 2012).
Además de las dificultades de carácter teórico, la incorporación de la perspectiva interseccional en las políticas de igualdad se enfrenta también a barreras prácticas y políticas. Primero, por la complejidad del análisis interseccional que impide la aplicación o simple adaptación de las herramientas del mainstreaming de género, requiriendo nuevas estrategias analíticas más comprehensivas así como el replanteamiento de intervenciones políticas más sensibles a las desigualdades múltiples (Verloo, 2006).
Segundo, la prevalencia de modelos normativos e institucionales unitarios y separados para la protección de la igualdad y la no discriminación hace complicado combinar en las políticas distintos motivos de discriminación e identificar nuevos “subgrupos” que reflejen experiencias interseccionales (Fredman, 2016). Tercero, la prioridad política concedida tradicionalmente a determinados motivos de desigualdad y discriminación —por ejemplo, el género o la raza/etnia— termina subordinando o invisibilizando a otros perfiles situados en posiciones interseccionales (Kantola, 2014). Y cuarto, los procesos de “competición entre desigualdades” (Verloo, 2006) pueden intensificarse en un escenario de ampliación de las políticas antidiscriminación y de creciente competencia por los recursos (Lombardo y Agustin, 2012). De este modo, aquellos grupos mejor organizados y con mayores capitales pueden obtener mayor representatividad y capacidad de influencia en las políticas de igualdad, lo que en la práctica supondría el reforzamiento de la invisibilidad y exclusión de los grupos más vulnerables.
Todas estas limitaciones, retos y dilemas, más que invalidar el enfoque interseccional, señalan la necesidad de realizar análisis precisos sobre los procesos y dinámicas estructurales de desigualdad en los ámbitos concretos de actuación (Verloo, 2006), atendiendo a las contradicciones y antagonismos dentro y entre los grupos objeto de las políticas (Squires, 2008).
Estrategias para el abordaje político de las desigualdades múltiples
A partir de la clasificación de Hancock (2007), pueden identificarse tres estrategias principales para abordar las desigualdades múltiples en las políticas de igualdad de género, en función del tipo de interacción entre distintos ejes de diferenciación y desigualdad: la estrategia unitaria expandida, la múltiple y la interseccional.
Estrategia unitaria expandida
La estrategia unitaria expandida se centra en un único eje de desigualdad o diferenciación social que es considerado como privilegiado o prioritario, y a partir de éste se incorporan otros ejes subordinados, en cuyos cruces se entiende que se intensifican las experiencias de discriminación de subgrupos particulares. Se trata de un modelo jerárquico y aditivo de las desigualdades que corresponde a una problematización intracategorial de la desigualdad de género (McCall, 2005) y en donde se examinan las diferencias y desigualdades internas en un colectivo. Se basa en un enfoque pragmático que sostiene que las intersecciones complejas entre desigualdades no requieren de nuevos instrumentos de intervención o de políticas específicas, pudiendo usarse y extenderse los recursos existentes para el abordaje unitario en el tratamiento de las problemáticas interseccionales (Verloo, 2006).
En el caso de las políticas de igualdad de género, la estrategia unitaria expansiva está siendo habitual para tratar de ampliar sus efectos a subgrupos de mujeres en situación de especial vulnerabilidad (Jiménez Rodrigo, 2020; Lombardo y Agustin, 2012). En el ámbito europeo, contamos con numerosos ejemplos, como se observa en la Estrategia Europea para la Igualdad de Género 2020-2025 (Comisión Europea, 2020), en la cual se atienden situaciones particulares de las mujeres en función de la edad, el origen étnico/racial, la religión, la discapacidad o la identidad sexual. A nivel nacional, se ha destacado la Estrategia Nacional para la Igualdad y la no Discriminación 2018-2030, de Portugal, en donde se reconoce que las experiencias de las mujeres no pueden ser entendidas como homogéneas, instando a construir respuestas a las necesidades específicas de mujeres gitanas, afrodescendientes, mayores, migrantes o refugiadas (Portugal, Presidência do Conselho de Ministros, 2018).
Por su parte, la Estrategia Nacional para Mujeres y Niñas (2017-2020), de Irlanda, afirma la necesidad de atender a mujeres en desventaja, mujeres mayores, mujeres con discapacidad, mujeres Romá y traveller, y mujeres migrantes (Irlanda, Department of Justice and Equality, 2017). En España, la incorporación de esta perspectiva expansiva, jerárquica y aditiva en los planes integrales de igualdad de género es todavía limitada y desigual entre regiones. Son, sobre todo, la edad, la ruralidad y la exclusión social los principales ejes que intersectan con el género para identificar determinados perfiles señalados como vulnerables, como niñas, jóvenes, mujeres mayores, rurales, mujeres prostituidas y víctimas de trata, usuarias de drogas o sin hogar (Jiménez Rodrigo, 2020) .
En el ámbito latinoamericano, la incorporación de las desigualdades múltiples está muy presente en los planes de igualdad, especialmente en relación con la intersección de las desigualdades de género, raza y etnia, centrando su foco en las necesidades y problemáticas de mujeres indígenas y afrodescendientes (CEPAL, 2017).
El Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades, de Bolivia, aplica además un “enfoque de descolonización del concepto de género al poner énfasis en la importancia de considerar la relación entre los núcleos indígenas urbanos e indígenas rurales, entre mestizas e indígenas, y entre blancas y mestizas” (Ministerio de Justicia de Bolivia, 2008: 30). Por su parte, el Plan de Equidad de Oportunidades (2008-2023), de Guatemala, articula los enfoques de género y étnico-cultural para incorporar a las mujeres indígenas en el centro de sus políticas (Gobierno de la República de Guatemala, 2009). Junto a ello, destaca el peso concedido a la promoción de la autonomía y de la participación de las mujeres indígenas en los procesos de toma de decisiones (CEPAL, 2017).
Los modelos unitarios expandidos presentan ventajas y limitaciones para el abordaje de las desigualdades múltiples. Entre las principales ventajas, se subraya el aprovechamiento de las regulaciones, estructuras, experiencias, métodos y herramientas ya existentes para el mainstreaming de género (Verloo, 2013) o para el abordaje de otros ejes de desigualdad con base en las discriminaciones étnico-raciales o condición migratoria, por ejemplo. Permiten enfocar acciones específicas en subgrupos multidiscriminados mediante la “diversificación intracategorial” (Krizsan, 2012) dentro de una perspectiva más amplia. De tal forma, la expansión de las políticas unitarias de igualdad hacia la complejidad de la desigualdad interseccional puede ser una vía para incrementar su eficacia, equidad y calidad (Lombardo y Agustin, 2012) , enriqueciendo el mainstreaming de género (Walby, 2009) . Al mismo tiempo, se preservaría la entidad ontológica y política de la igualdad de género como meta, al considerar “a las minorías en desventaja dentro de las minorías en desventaja” (Squires, 2008: 56) .
Por otro lado, los modelos jerárquicos expandidos presentan dificultades para trabajar la interseccionalidad (Crowley, 2016) , ya que la consideración subordinada de distintos ejes de desigualdad puede afectar a una desigual cobertura e intensidad en cuanto a la atención de determinados subgrupos (Hankivsky y Grace, 2015) . A menudo, esta estrategia expansiva se limita a la adición puntual de determinados perfiles que experimentan de forma intensificada las cuestiones tratadas en la política, pero sin abordar desde un enfoque integral sus problemáticas y necesidades.
Es el caso de las problemáticas y necesidades de las mujeres con discapacidad que en los planes españoles de igualdad de oportunidades son incluidas de forma muy marginal en algunas acciones (Jiménez Rodrigo, 2020) . Igualmente, los modelos jerárquicos son muy vulnerables respecto al desarrollo de relaciones competitivas entre categorías de desigualdad (Hankivsky, 2012; Krizsan 2012) , presentando el riesgo de potenciar las relaciones de subordinación o dependencia al supeditarse determinados grupos a determinadas categorías principales (Squires, 2008) .
Estrategia múltiple
La estrategia múltiple o multi-strand se basa en el desarrollo de marcos generales de políticas de igualdad que puedan abarcar distintos ejes de diferenciación y desigualdad (Parken, 2010) . Éste no es un modelo muy extendido, aunque se pueden encontrar algunos referentes en el campo de las políticas de inclusión social y de no discriminación en las que se trata de aplicar el mainstreaming de género a otros ejes de jerarquización social dentro de una estructura más amplia de abordaje de las desigualdades (Hankivsky y Cormier, 2011) . Estos ejes de desigualdad se definen de forma independiente y separada, entendiéndose el género como un eje de desigualdad más dentro del entramado de desigualdades sociales.
Un ejemplo de esta estrategia se encuentra en el Plan de Acción Nacional en Derechos Humanos 2007-2017, de Guatemala (Gobierno de la República de Guatemala, 2007), en el cual se establecen, a partir de un marco común de actuación, diferentes líneas de protección particularmente dirigidas a mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, niñez y adolescencia, juventud, mayores, migrantes o personas con VIH-Sida. Este enfoque múltiple también se observa en el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (2019-2024), de México, en donde se integran distintos objetivos y líneas de acción para atender las problemáticas y necesidades de diferentes colectivos que enfrentan discriminación con base en el género, la edad, la etnicidad, el territorio, la discapacidad o la diversidad de género-sexual (Gobierno de México, 2021).
En este sentido, dicha estrategia presentaría el riesgo de desgenerización de las políticas de igualdad (Lombardo y Agustin, 2012) , al restar importancia al género como eje prioritario y transversal en el tratamiento de determinados problemas sociales en donde es fundamental, como ocurre con la violencia contra las mujeres (Strid et al., 2013) . Igualmente, el enfoque múltiple requiere de un examen detenido de las políticas existentes y de las dinámicas de desigualdad que afectan al objeto de la política en cuestión (Parken, 2010) , para evitar caer en la crítica de desarrollar “soluciones de talla única” de manera irreflexiva y descontextualizada (Verloo, 2006) .
Estrategia interseccional
La estrategia interseccional se caracteriza por tratar de forma interactiva diversos ejes de desigualdad y centrar su foco en las intersecciones de las desigualdades. Se observan dos tipos de aplicaciones. Por una parte, las políticas interseccionales pueden centrarse en determinados grupos situados en posiciones interseccionales (Choo y Ferree, 2010) , para abordar de forma específica e integral sus problemáticas y necesidades. Un ejemplo destacado es el I Plan de Acción Integral para Mujeres con Discapacidad (2008-2013), de Andalucía (España), que contempla distintas problemáticas de las mujeres con discapacidad en el ámbito del empleo, la salud, la educación, la violencia, la participación social y la toma de decisiones (Junta de Andalucía, 2008).
Por otra parte, las políticas interseccionales pueden focalizarse en determinados problemas o necesidades interseccionales que difícilmente pueden ser tratados en su complejidad sin tener en cuenta el cruce del género con otras desigualdades. Esto se observa en el caso de las violencias contra las mujeres (Guzmán Ordaz y Jiménez Rodrigo, 2015) . Así, los “crímenes de honor”, la mutilación genital femenina o el matrimonio forzado han centrado numerosos planes interseccionales en Europa (Alonso y Arnaut, 2017; Asamblea General de Naciones Unidas, 2019). Un referente significativo es el plan del Reino Unido Together We Can End Violence against Women and Girls(HM Government, 2009), en donde se reconoce la etnicidad, la edad, la discapacidad, la situación familiar y residencial como otros ejes de desigualdad que afectan a las experiencias de violencia que enfrentan las mujeres, identificándose aquellos grupos más vulnerables como niñas y jóvenes, mujeres sin hogar, mujeres de minorías étnicas y refugiadas (Strid et al., 2013).
En España y en El Salvador se han desarrollado políticas pioneras muy significativas sobre mujeres, paz y seguridad para atender particularmente la situación de mujeres migrantes, refugiadas, víctimas de conflictos armados y de tráfico, y trata de seres humanos (Gobierno de El Salvador, 2017; Gobierno de España, 2015).
Claves para la transversalización interseccional de las políticas de igualdad de género
Pese a las limitaciones, riesgos y debates que, como se ha descrito antes, implica la estrategia interseccional, ésta presenta importantes ventajas para abordar en profundidad la complejidad de las situaciones y problemáticas que enfrentan las mujeres situadas en posiciones interseccionales (Crenshaw, 1989). Como ocurre con la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, que no puede reducirse a sólo “añadir mujeres”, la aplicación del marco interseccional tampoco puede limitarse a añadir más grupos o subgrupos a las políticas principales. La transversalización de la perspectiva interseccional requiere de una serie de principios que han de atravesar todas las fases de elaboración de las políticas de igualdad de género, y que podemos resumir en las siguientes: problematización, diagnóstico, diseño, procedimientos de elaboración e implementación, y evaluación de sus efectos (véase Cuadro 1).1
Problematización
Primero. La mirada interseccional aplicada a la intervención social y política trata de rescatar las experiencias de exclusión, desigualdad y discriminación situadas en la periferia para situarlas en el centro de su contenido (Collins y Bilge, 2018). De tal forma, la problematización de las políticas ha de moverse desde las categorías simples, homogéneas y estáticas a las interacciones simultáneas entre categorías, yendo también más allá de las categorías tradicionales “género-raza-clase social” para considerar otros ejes de diferenciación y desigualdad como la etnicidad, la indigeneidad, el territorio, la edad, la religión, la discapacidad o la migración.
La mirada interseccional contribuye a identificar y revelar nuevos problemas y necesidades de perfiles que han permanecido invisibles o infrarrepresentados tras políticas unitarias y que difícilmente se podrían caracterizar sin considerar los cruces del género con otros ejes de desigualdad (Hankivsky y Jordan-Zachery, 2019). También contribuye a reenfocar “viejos” problemas desde una mirada nueva y compleja, como ocurre con la problematización de la violencia contra las mujeres (Guzmán Ordaz y Jiménez Rodrigo, 2015).
Diagnóstico
Segundo. La incorporación de un marco interseccional en las políticas de igualdad requiere de una comprensión estructural de las relaciones de poder que obliga a diagnósticos complejos, contextuales, comparativos y relacionales, que permitan aprehender y comprender las intersecciones entre distintos ejes de desigualdad respecto a las problemáticas y necesidades objeto de intervención.
Los diagnósticos interseccionales centran su atención en las problemáticas y necesidades de grupos situados en los cruces de múltiples ejes de jerarquización social, buscando visibilizar, explicar y comprender sus situaciones y experiencias específicas. El marco interseccional rechaza, por tanto, un pensamiento binario y excluyente, invitando a pensar las relaciones sociales en términos inclusivos e interactivos (Collins y Bilge, 2018). Un diagnóstico interseccional ha de identificar, además, explícitamente las fuentes estructurales y sistemáticas de discriminación y marginación que afectan a los grupos que enfrentan discriminaciones múltiples (Crowley, 2016; Walsh y Xydias, 2014).
Tercero. Los diagnósticos interseccionales precisan de la mejora e innovación de los instrumentos y técnicas para acceder, explicar y comprender las experiencias de los grupos multidiscriminados, habitualmente ignoradas o simplificadas tras categorías unitarias y homogéneas. La producción de datos y de investigaciones con perspectiva interseccional es una condición esencial para poder identificar y caracterizar adecuadamente las necesidades, problemas e intereses de grupos que enfrentan discriminaciones múltiples y orientar la toma de decisiones para el desarrollo de las políticas de igualdad (Comisión Europea, 2007; Crowley, 2016; Fredman, 2016).
Desde una perspectiva cuantitativa es urgente avanzar en la producción de datos desagregados con base en dos o más ejes de desigualdad y de indicadores interseccionales (Esteves y Santos, 2013; Instituto Europeo para la Igualdad de Género, 2019). Junto al desarrollo de datos cuantitativos, los diagnósticos interseccionales exigen la incorporación de métodos cualitativos que permitan la comprensión de las experiencias y relaciones de interdependencia, poder y privilegio entre grupos (Collins y Bilge, 2018; Hankivsky y Grace, 2015). La complejidad de la interseccionalidad exige además la combinación de métodos y la integración de técnicas cualitativas y cuantitativas (Choo y Ferree, 2010). También se ha señalado como fundamental la incorporación de métodos participativos que fomenten el empoderamiento de los grupos afectados por la política (Kóczé, 2018), de forma que se facilite su implicación en los diagnósticos, intervenciones y evaluaciones (Seta, 2016).
Cuarto. La incorporación del marco interseccional en las políticas de igualdad supone un examen reflexivo y crítico de las políticas existentes. Se trataría de aplicar un “enfoque reactivo” (Verloo, 2013), que busca evaluar los efectos nocivos o beneficiosos de las políticas de igualdad respecto a colectivos situados en las intersecciones de las desigualdades. Desde una mirada interseccional, es necesario examinar los efectos de las políticas en el mantenimiento, cuestionamiento o remoción de las desigualdades múltiples como consecuencia de la reproducción de sesgos interseccionales que pueden afectar su elaboración y puesta en práctica.
El primero de estos sesgos se refiere a la omisión de las experiencias, problemáticas y necesidades de los grupos multidiscriminados. Es lo que se ha llamado “invisibilidad interseccional” (Purdie-Vaughns y Eibach, 2008) . Un segundo sesgo alude a la consideración de las intersecciones entre múltiples desigualdades de forma irreflexiva y descontextualizada, como consecuencia de las malas prácticas de “añadir y remover” desigualdades (Hankivsky, 2012) . Y un tercer sesgo se refiere a la reproducción de planteamientos esencialistas, prejuicios o estereotipos sobre determinados perfiles multidiscriminados (Hankivsky, 2012), contribuyendo a su estigmatización (Lombardo y Agustin, 2012) .
Este análisis crítico y reflexivo permitiría valorar la (in)sensibilidad interseccional de las políticas desarrolladas para su mejora y futuras reorientaciones. En este sentido, en un estudio previo sobre los planes regionales y nacionales de igualdad en España se revelaba la infrarrepresentación de determinados grupos interseccionales, como las mujeres gitanas, de origen migrante extranjero, con discapacidad o con identidades diferentes a la cisheteronormativa, pues quedaban insuficientemente atendidas o directamente invisibilizadas (Jiménez Rodrigo, 2020).
Diseño
Quinto. Las políticas con enfoque interseccional buscan identificar y definir sus objetos de intervención como resultado no de un único factor, sino de la intersección de diversos factores, explicitando y visibilizando un amplio rango de desigualdades sociales (Lombardo y Agustin, 2012). Como ya se ha desarrollado antes, las políticas interseccionales pueden focalizarse bien en determinados grupos multimarginalizados (Walsh y Xydias, 2014), o en problemáticas y necesidades específicas que no podrían abordarse adecuadamente sin una perspectiva interseccional, como ocurre con la violencia contra las mujeres (Alonso y Arnaut, 2017; Strid et al., 2013).
Sexto. Las políticas interseccionales se caracterizan por la adopción de nuevas metas y objetivos orientados a la protección, empoderamiento y fortalecimiento de los derechos de las mujeres que enfrentan discriminaciones múltiples (Walsh y Xydias, 2014). Además, las políticas con enfoque interseccional no sólo buscan mejorar la situación de los grupos multidiscriminados, sino que se distinguen por incorporar un enfoque transformador frente a las relaciones de poder (Lombardo y Agustin, 2012; Verloo, 2006), al cuestionar las estructuras fundamentales que producen y reproducen las situaciones de exclusión, marginación o discriminación que afrontan las mujeres (Walsh y Xydias, 2014), entendidas en su heterogeneidad. Las políticas interseccionales, por tanto, se definen por un enfoque crítico frente al statu quo y por una orientación clara y decidida hacia la justicia social (Collins y Bilge, 2018).
Procedimientos
Séptimo. Las políticas con enfoque interseccional potencian los procesos participativos de los grupos involucrados en su diseño, puesta en práctica y evaluación (D’Agostino, 2015; Lombardo y Agustin, 2012). La incorporación de las voces y perspectivas de los grupos multimarginalizados en el proceso de elaboración de las políticas es un aspecto fundamental en el avance y profundización de los valores democráticos (Martínez Palacios, 2017; Verloo, 2006), en los procesos de inclusión en la acción política (Collins y Bilge, 2018) y, en definitiva, para el empoderamiento de estos grupos (Walsh y Xydias, 2014). Un ejemplo de ello lo encontramos en la estrategia Together we can end violence against women and girls desarrollada por el gobierno británico (HM Government, 2009). A partir de grupos focales, se recogieron para su diseño distintos puntos de vista y experiencias de violencia que enfrentan diversos perfiles de mujeres en función de la edad, discapacidad, diversidad sexual, origen migrante-extranjero, y atendiendo también a circunstancias específicas como ser refugiada o solicitante de asilo, no tener hogar, sufrir abuso y violencia sexual o ser víctima de mutilación genital, ejercer la prostitución o tener problemas de salud mental o de adicción a drogas (Strid et al., 2013) .
Octavo. La colaboración y cooperación entre diferentes actores —instituciones de igualdad, entidades de la sociedad civil, sindicatos, organizaciones empresariales, comunidades educativas, medios de comunicación, agentes investigadores...— son elementos clave para una implementación exitosa de políticas y prácticas de intervención contra la desigualdad múltiple (D’Agostino, 2015; Strid et al., 2013) . Las instituciones de igualdad desempeñan un importante papel en la articulación de estas redes de colaboración inclusiva y de participación y diálogo entre diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales (Crowley, 2016; Krizsan, 2012) . Es el caso de los proyectos promovidos por el Instituto de la Mujer, en España, para la inserción sociolaboral de mujeres que experimentan discriminación múltiple con base en su origen migrante extranjero, ruralidad, situación de discapacidad, pobreza, violencia, pertenencia a minorías étnicas o edad (Instituto de la Mujer, 2021).
Evaluación
Noveno. La evaluación del impacto de las políticas con enfoque interseccional exige analizar sus efectos en las experiencias de los grupos situados en las intersecciones de las desigualdades sociales. Atendiendo a los objetivos de las políticas interseccionales, su evaluación debe revelar información sobre si éstas han contribuido a la protección, empoderamiento y fortalecimiento de los derechos de los grupos multimarginalizados (Walsh y Xydias, 2014) ; o si, por el contrario, contribuyen —aunque sea de forma no esperada e indirecta— a la reproducción de las desigualdades y a su estigmatización (Lombardo y Agustin, 2012) .
Décimo. La evaluación del impacto de las políticas de igualdad debe informar también de sus consecuencias en la transformación efectiva de las estructuras y procesos de desigualdad subyacentes a los problemas y necesidades de los grupos situados en posiciones interseccionales (Jiménez Rodrigo, 2020) . Para ello, y como se señalaba en el apartado de diagnóstico, es necesario desarrollar indicadores de evaluación sensibles a las desigualdades interseccionales, así como metodologías innovadoras y multimodales de evaluación (Hankivsky y Grace, 2015) que incluyan instrumentos cualitativos y participativos.
Conclusiones
En este trabajo se trata una cuestión que está produciendo un intenso debate en cuanto a cómo plantear las políticas de igualdad para que sean más efectivas e inclusivas frente a las desigualdades múltiples. El resultado de la revisión de la literatura y de distintas experiencias puestas en marcha en el contexto europeo y latinoamericano muestra tres estrategias principales que pueden aplicarse en función del tipo de relación entre distintos ejes de desigualdad y diferenciación social —unitaria expandida, múltiple e interseccional— con diferentes efectos, posibilidades y limitaciones respecto a la protección de problemáticas, necesidades e intereses de mujeres situadas en posiciones interseccionales.
La estrategia unitaria expandida permite mejorar las políticas centradas en un único eje de desigualdad, aprovechando los recursos y estructuras existentes e incrementando la efectividad y la equidad del mainstreaming de género al abordar subgrupos de mujeres de específica vulnerabilidad. Por su parte, la estrategia múltiple conlleva el desarrollo de un marco común de atención a diversos ejes de desigualdad, lo cual supone también un mejor aprovechamiento de recursos y estructuras, al mismo tiempo que permite atender a distintos perfiles y necesidades desde un enfoque integrado sin tener que desarrollar múltiples políticas.
Sin embargo, estos dos enfoques pueden fallar en cuanto al desarrollo de medidas integrales y de calado para tratar determinadas problemáticas y necesidades de los perfiles más desprotegidos, cuya atención focalizada sí es objeto de las políticas interseccionales, como se ha mostrado en el caso de la violencia contra las mujeres o de ciertos colectivos como las mujeres migrantes, de minorías étnicas o con discapacidad.
La aplicación del enfoque interseccional en las políticas de igualdad se enfrenta, no obstante, a dilemas y debates teóricos, metodológicos y políticos que ponen sobre la mesa decisivos retos respecto al replanteamiento de nuevas estrategias y herramientas diagnósticas, analíticas y de intervención social y política más inclusivas y equitativas. No basta con añadir más grupos o subgrupos de mujeres, sino que su aplicación práctica implica la incorporación crítica, reflexiva, situada y transversal de una serie de condiciones que afectan a la problematización de las desigualdades, al diseño de las políticas y a sus procedimientos de elaboración, implementación y evaluación. La incorporación de los marcos interseccionales en las políticas exige, además, una conceptualización clara de cómo opera la interseccionalidad estructural, así como una definición precisa de las metas políticas respecto a la igualdad (Verloo, 2006) .
Asimismo, es primordial fundamentar las intervenciones en un análisis relacional y contextualizado de las desigualdades múltiples y atender a las estructuras y recursos disponibles y necesarios para poder desplegar las estrategias más pertinentes. En suma, la interseccionalidad, pese a las dificultades y retos que comporta su aplicación política, ha supuesto un significativo enriquecimiento de los debates en torno a las políticas de igualdad, abriendo nuevos horizontes de reflexión, participación, innovación y praxis política.
