Editorial

La afirmación de que el financiamiento de la educación para favorecer la cohesión social está presente en el interés de los responsables del sector educativo es una idea comúnmente aceptada. Sin embargo, el que los responsables de las finanzas públicas compartan este interés y se involucren en acciones concretas para hacerlo realidad resulta un planteamiento novedoso.

Diversas colectividades¹ han reconocido que la educación es un factor de desarrollo económico y social, directamente vinculado con el bienestar de los individuos y la sociedad; se esgrimen razones, además de sociales y culturales las económicas, ya que la inversión pública en educación está plenamente justificada. La formación profesional de personas repercute positivamente sobre el crecimiento económico a largo plazo y sobre la renta per capita, situación que favorece los niveles de bienestar social. Una acción directa y concertada de parte de los gobiernos resulta indispensable, y debiera verse reflejada en políticas públicas pertinentes y recursos financieros suficientes, de tal manera que pudieran garantizarse la igualdad de oportunidades, la consideración y atención de la diversidad y el fomento al bienestar de toda la población.

Las conclusiones planteadas en un documento elaborado por EUROSOCIAL ofrece una oportunidad de reflexión para los estudiosos del campo de la educación, y quizás inspiren la definición de acciones concertadas de los distintos actores clave en el sistema formal educativo y en quienes participan en la definición de políticas de finanzas públicas para contribuir a cristalizar los propósitos que en ellas se exponen.

La primera conclusión sostiene que las políticas educativas se encuentran en el centro de las políticas de cohesión social, y no al margen de las políticas económicas. Los sistemas educativos deben ser usados como mecanismos de construcción de la cohesión social tomando en cuenta no sólo la educación básica sino la integración del arte, el deporte y la cultura para lograr sociedades con ciudadanos bien formados con sentido de pertenencia y así lograr mejores niveles de cohesión social.

La segunda plantea crear las bases para un consenso sobre cantidad y calidad del gasto para reducir desigualdades, construir políticas que pongan en el mismo nivel los principios de eficiencia, competitividad y equidad redefiniendo la relación entre las políticas económicas y las políticas sociales.

Una tercera conclusión sostiene distinguir la reducción de las desigualdades y la reducción de la pobreza. La política de reducción de las desigualdades pasa por un pilotaje de la política educativa que contemple un enfoque de cohesión social, y que se base en una gestión correcta y un uso adecuado de los recursos.

La cuarta afirma que no se puede tratar de forma igual a los desiguales. Se agrega que la mejor manera de procurar la equidad con base en la evaluación es la focalización, ya que la falta de ésta incrementa las inequidades; para aplicar este criterio de dar más al que más necesita se requiere comparar resultados por territorios, niveles y tipos de establecimientos.

La quinta conclusión sostiene que la agenda de desarrollo no se reduce a la mejoría de las finanzas públicas, pero es una condición básica para el desarrollo. Trabajar para promover la ciudadanía participativa y responsable, al mismo tiempo que actuar sobre la mejora de la calidad del gasto, supone fortalecer la valoración y confianza de los ciudadanos en las instituciones.

En la penúltima, se señala la necesidad de una cultura común entre los ministerios de finanzas y de educación. Los objetivos de calidad de la gestión de los presupuestos públicos y de calidad de la gestión de la educación deben estar basados en un marco común claramente definido y articulado a partir de estándares comunes y objetivos que puedan ser medidos y evaluados, por lo que se propone el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas.

En la última conclusión, se expresa la importancia de medir y evaluar las políticas públicas con el fin de mejorar, cuando así sea preciso, el diseño y la implementación de las mismas. Para las perspectivas concretas de trabajo en las administraciones centrales, se necesita de un acompañamiento que mejore la gestión educativa y la formación de los responsables; en las administraciones regionales o subnacionales se requiere transferencia de responsabilidades en adecuación con las capacidades reales de gestión de los entes subnacionales, y en las unidades locales, es menester un apoyo y acompañamiento para los establecimientos escolares donde no se delegó la responsabilidad de la gestión por resultados y sin dificultades financieras importantes.

El conjunto de estas ideas exalta la necesaria vinculación entre las políticas educativas y las económicas como instrumentos privilegiados en el logro de una cohesión social, a la que también puede contribuir el arte, el deporte y la cultura. Sin embargo, aunque en los discursos gubernamentales este vínculo pueda reconocerse, lo que ocurre con mayor frecuencia es que en la asignación presupuestal real y en los mecanismos de su implementación que operan, estos propósitos se diluyen. Por eso la redefinición entre las políticas económicas y las sociales constituye el primer eslabón de la agenda pendiente de los organismos que participan en la definición de políticas sociales y la toma de decisiones, sobre todo si se retoma el enfoque de cohesión social como eje de dichas políticas. Aunque la condición de punto de partida es la mejoría de las finanzas públicas, también se debe reconocer la indispensable presencia de una gestión correcta y un uso adecuado de los recursos para incidir en la reducción de las desigualdades; de ahí la insistencia en el empleo de la evaluación focalizada para avanzar en la equidad.

La evaluación de políticas sociales, en particular las dirigidas al sector educativo, el establecimiento de estándares comunes y objetivos que puedan ser medidos y evaluados, sin duda podrán contribuir a la mejora del sistema educativo formal y a su consolidación como instrumento privilegiado para lograr la cohesión y bienestar social del conjunto de la población.

La investigación educativa y quienes participan directamente en su desarrollo y en la difusión del conocimiento de sus principales resultados tienen la oportunidad de consolidar esta visión que atribuye a la educación un papel significativo en la construcción de una sociedad conformada de ciudadanos educados integralmente y con una gran disposición de colaborar en la construcción de la cohesión social indispensable en el desarrollo de los pueblos.

Mario Rueda Beltrán

Nota

¹ La información comentada forma parte de las conclusiones del "Informe del Seminario Políticas de financiación de la educación que favorecen la cohesión social–Tema intersectorial". Programa EUROSOCIAL, 29 y 30 de octubre de 2008, México. El seminario fue organizado por EUROSOCIAL, con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) con el objetivo de establecer un diálogo entre los actores de los sectores de educación y fiscalidad para elaborar políticas de financiación de la educación que favorezcan la cohesión social.