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Perfiles educativos

versão impressa ISSN 0185-2698

Perfiles educativos vol.44 no.178 Ciudad de México Out./Dez. 2022  Epub 08-Maio-2023

https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2022.178.61096 

Reseñas

El derecho a la educación de las personas con discapacidad

Emma Verónica Santana Valencia* 
http://orcid.org/0000-0001-8639-3404

* Directora académica del Posgrado en Investigación Educativa y catedrática de la Maestría en Orientación y Desarrollo Familiar de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) (México). Doctora en Ciencias para la familia. CE: emmaveronca.santana@upaep.mx.

Pérez Castro, Judith. El derecho a la educación de las personas con discapacidad. ,, México: UNAM-IISUE, 2022.


Iniciaré esta reseña con una pregunta clave que es el eje rector del libro, ¿qué es el derecho a la educación? Es un derecho humano, que tiene su fundamento en el desarrollo pleno de toda persona, pues es condición esencial para el ejercicio y cumplimiento de otros derechos propios de cada individuo, además de estar determinado por el modelo de las 4A de Tomasevski: la asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.

La Dra. Judith Pérez Castro, coordinadora de la obra, en su introducción nos dice: “la educación como derecho humano está articulada con el respeto a la dignidad, la no discriminación y la igualdad de oportunidades” (p. 10). A partir de esta afirmación se sostiene la importancia de observar, conocer y hacer respetar en el día a día la educación, como la manera a través de la cual contribuimos a la construcción de una sociedad justa, solidaria e incluyente. Y es aquí donde las personas con discapacidad tienen un especial protagonismo, debido a que, a lo largo de la historia y evolución de la humanidad, han sido un sector invisible para la comunidad, debido a que han sido excluidos y discriminados de diversas formas.

El derecho a la educación, como todos los demás derechos, es un asunto de justicia social; sin embargo, en el caso de las personas con discapacidad, en México, según datos del INEGI de 2021, 23.3 por ciento de esa población no recibe ningún tipo de instrucción, mientras que en el resto la proporción es de 4.9 por ciento (p. 18).

Los datos recabados en la obra dan cuenta de que esta población es un colectivo que no ha hecho vida su derecho a la educación, lo cual tiene su origen en la concepción que históricamente se ha construido en torno a la discapacidad, entendida como castigo divino, posesión maligna, enfermedad, invalidez e impedimento. En ese sentido, el libro nos muestra un panorama sobre el marco legal mexicano e internacional y las acciones de inclusión y exclusión que han estado presentes en las instituciones educativas, a la par que se busca compartir, desde distintas miradas teóricas, el trabajo que se ha hecho para que se cumpla este derecho. Las diferentes reflexiones sobre las políticas, programa y prácticas educativas que integran el libro permiten al lector acercarse a la realidad que viven las personas con discapacidad, pues como puede verse, si bien muchas actitudes y prácticas discriminatorias ya se dan por superadas, éstas continúan reproduciéndose. Esta realidad también nos lleva a pensar sobre la importancia de contar con espacios en los que se dé a conocer la realidad en la que las personas con discapacidad llevan a cabo sus vidas, y en los que se expongan las condiciones que enfrenta este colectivo, para que, como personas y sociedad, además de tomar conciencia, emprendamos acciones concretas para contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

El propósito de la obra es reflexionar sobre este fenómeno y compartir una serie de aportaciones sistemáticas, resultado de estudios e investigaciones, las cuales observan el cumplimiento del derecho a la educación en nuestro país desde distintos ángulos: las políticas públicas, la dinámica institucional, el trabajo docente y la mirada de los estudiantes. Se encuentra organizada en 11 capítulos. El primero, de Rodolfo Cruz Vadillo, es un análisis sobre el camino que ha seguido el derecho a la educación para ser parte del discurso y las políticas de educación inclusiva y sobre la manera en que la idea de la discapacidad ha prevalecido sobre la dignidad humana, encontrando en la escuela su mejor representación. De acuerdo con el autor, el tema de los derechos humanos y la discapacidad, en el espacio escolar, debe partir del diálogo entre capacidad y dignidad. Parte de que “el discurso de los derechos humanos, en el ámbito educativo, no ha beneficiado del todo a las personas con discapacidad… dado que se ha imbricado con otras perspectivas teóricas y epistemológicas que siguen responsabilizando al estudiante de su fracaso o éxito escolar” (p. 30). Asimismo, sostiene que el asunto de la dignidad de las personas con discapacidad ha quedado en el ámbito de la legislación y las políticas, pero difícilmente se aborda en términos de inclusión escolar. La combinación entre calidad y éxito en la escuela ha dejado poco espacio a esta discusión. Por todo ello, se deben generar condiciones para la justicia curricular que permitan repensar sus sentidos más profundos, en donde se considere lo humano y lo que lo dignifica como tal.

El segundo capítulo, a cargo de Judith Pérez Castro, es una revisión sobre el proceso que ha seguido la legislación internacional y nacional en la consolidación del derecho a la educación. La autora afirma que existe una aprobación relativamente generalizada sobre el tema, pero que los acuerdos se disgregan en la medida en que las normativas y cursos de acción pasan del ámbito federal al estatal, y de éste al institucional. Se discuten, además, algunos de los obstáculos que han impedido el ejercicio pleno de este derecho, como la prevalencia de las desigualdades sociales, la invisibilidad de la que son objeto las personas con discapacidad y las barreras en la educación. Para concluir, se afirma que es necesario diseñar políticas que agilicen la puesta en práctica de la legislación nacional, que permitan dar cauce a la normativa a nivel de las instituciones, además de incorporar la perspectiva de las personas con discapacidad y sus familias, pues ellas son el primer apoyo, así como los conocedores expertos del fenómeno.

Eliseo Guajardo Ramos, en el capítulo tres, discute la forma en que los modelos para entender la discapacidad han establecido una distinción entre las personas “educables”, “parcialmente educables” e ineducables”, lo que ha repercutido directamente en la organización y fines de los sistemas educativos. Con base en esta distinción, afirma este autor, se han desarrollado y justificado medidas excluyentes o segregatorias que obstaculizan el ejercicio efectivo del derecho a la educación. En contraste, cuando se parte de la noción de que todos somos educables, sin importar nuestra condición social o individual, nos acercamos más a la creación de sistemas educativos incluyentes. Para finalizar, el autor destaca que, en estos tiempos de enorme vulnerabilidad, el posicionamiento de que “la educación es inclusiva o no es educación”, de Jacobo y Campos, es un llamado para que la inclusión no quede olvidada en las agendas educativas.

Por su parte, en el capítulo cuatro, Alicia Angélica López Campos nos comparte los resultados de una investigación sobre las barreras que afronta un grupo de estudiantes de nivel superior con discapacidad. El punto de partida es la discriminación y el estigma que históricamente se ha ejercido sobre este colectivo social y los impactos que esto tiene en su acceso al derecho a la educación. Asimismo, se retoman los planteamientos del modelo social que establece que la discapacidad es resultado de la opresión que socialmente se ha hecho hacia las personas con esta condición, y que es la idea de “normalidad” la que produce las barreras que discapacitan a los individuos. El texto incluye una serie de testimonios de alumnos de diferentes carreras de la UNAM, los cuales evidencian dificultades en la accesibilidad física y de la información, las estrategias pedagógicas y en las actitudes de profesores o compañeros.

José Manuel Jiménez García es el autor del siguiente capítulo, en donde, de manera muy sencilla y a partir de situaciones reales, vividas por alumnos con discapacidad, hace una reflexión sobre el derecho que tiene cada persona a ser diferente, a elegir e intentar, a insistir y a rendirse. Sostiene que las elecciones de ser y hacer se encuentran en el ámbito de lo personal, pero que existen derechos universales que el Estado tiene la responsabilidad de salvaguardar. En ese sentido, este capítulo muestra cómo, a pesar de que en México el derecho a la educación -y específicamente a la educación superior- está reconocido en la legislación, en la práctica no se garantiza. Concluye que, si como sociedad luchamos por este derecho, le estaremos dando vida al poder de la ciudadanía para exigir cambios, así como demandar el cumplimiento de la legalidad.

Las académicas Elisa Saad Dayán, Frida Díaz Barriga y Julieta Zacarías, en el capítulo seis, analizan el derecho a la educación en las personas con discapacidad intelectual y comparten los resultados del proyecto Tendiendo Puentes, desarrollado desde la Facultad de Psicología en la UNAM. El proyecto está basado en la educación facultadora e inclusiva. El fin de la educación facultadora es desarrollar la autodeterminación de las personas con discapacidad, respetar el derecho que cada individuo tiene a elegir y a decidir sobre las cuestiones que son importantes para sus propias vidas. Para cerrar, se destaca la articulación entre la educación inclusiva y la perspectiva de los derechos humanos, que reconoce la dignidad de todas las personas, así como la necesidad de cambiar la forma en que hemos visto a las personas con discapacidad intelectual, que históricamente han experimentado rechazo, incomprensión y nulificación de sus derechos.

En el siguiente capítulo, Gabriela de la Cruz Flores aborda el derecho a la educación de jóvenes con discapacidad en la educación media en México. El punto de partirda es el esquema de las 4A de Tomasevski: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Se muestran algunas de las acciones que se han impulsado en la educación media para hacer asequible el acceso y la permanencia de los estudiantes con discapacidad, pero, a la par, se exponen datos sobre las condiciones en las que se encuentran los centros escolares en términos de la accesibilidad, así como de las dificultades que se observan en los programas de estudio, los métodos de enseñanza y la infraestructura, para que la educación sea aceptable y adaptable. La autora termina haciendo un llamado para transitar hacia una sociedad basada en la cooperación social, ya que, si no hacemos un cambio, seguiremos replicando la desigualdad e injusticia hacia las personas con discapacidad.

Alicia Estela Pereda Alfonso y Dominga Leyva Flores, en el capítulo ocho, presentan los resultados de una investigación realizada con maestros de distintos Centros de Atención Múltiple (CAM) de la Ciudad de México, donde comparten las concepciones que los docentes tienen sobre la inclusión educativa. La información recogida a través de testimonios y el análisis realizado permiten ver la forma en que los docentes han resignificado el tema de la inclusión de los alumnos con discapacidad. Sin embargo, las autoras advierten sobre la poca claridad respecto a los diferentes modelos educativos para el trabajo en aula, lo que, entre otras cosas, se refleja en la dificultad para identificar las barreras para el aprendizaje, así como para distinguir las acciones que implica pasar de un enfoque centrado en el déficit de los estudiantes a otro enfocado en los obstáculos del contexto.

Los dos siguientes capítulos tratan el derecho a la educación en personas sordas, una población que continúa siendo de las más excluidas de los sistemas de enseñanza. En el capítulo nueve, Joan Cristian Cruz-Cruz reflexiona sobre el lugar que han ocupado los sordos en los marcos jurídicos nacionales e internacionales, tanto los referidos a la educación en general como a la educación superior, haciendo énfasis en la identidad lingüística y cultural de este colectivo. Denuncia cómo, desde la propia legislación, se reproducen prácticas e ideas que discriminan y excluyen a los sordos; también sostiene que, a la fecha, no es posible hablar de la igualdad del derecho a la educación para ellos, porque son los que enfrentan más barreras para ingresar y permanecer en las instituciones, de manera que las leyes y normativas terminan siendo una carta de buenas intenciones que no responde a la compleja realidad que vive esta población. Para cerrar, se señalan algunos ámbitos que tendrían que fortalecerse, como el reconocimiento de la Lengua de Señas Mexicana y la formación docente.

El texto de Miroslava Cruz Aldrete comparte el interés sobre el derecho a la educación de los sordos. Inicia con la descripción de la política sobre la educación intercultural bilingüe para esta comunidad. Afirma que, poco a poco, los sordos se han ido empoderando paulatinamente y han logrado plantear algunas demandas a las instituciones educativas, como contar con el servicio de intérpretes. No obstante, al mismo tiempo, se discuten algunas problemáticas al respecto, como el tema de los recursos para su contratación, la falta de programas de formación y certificación de estos profesionales, el ambiguo papel que muchas veces tienen que asumir en el aula, y la falta de competencias lingüísticas de los estudiantes sordos. La autora concluye que a todos nos compete la definición y la ejecución de una política lingüística y educativa que pugne por cerrar la brecha de desigualdad para las comunidades minoritarias (sordas y oyentes).

El último capítulo está escrito por Guadalupe Palmeros y Ávila y Silvia Patricia Aquino Zúñiga. En él, se presentan los avances de una investigación sobre los factores que incrementan la vulnerabilidad de los estudiantes universitarios de nuevo ingreso y que impactan en sus trayectorias académicas. Se dialoga sobre el derecho a la educación y su vínculo con las poblaciones vulnerables. Específicamente, respecto a los estudiantes con discapacidad, se afirma que, aunque son un grupo prioritario de atención en las políticas educativas, en la realidad se carecen de estrategias para apoyarlos y darles acompañamiento académico. Las autoras concluyen que la respuesta desde las políticas y programas implementados por las instituciones no ha logrado cubrir sus necesidades, de modo que resulta urgente desarrollar medidas que reconozcan la diversidad, que cuenten con recursos y que permitan identificar los factores que incrementan el riesgo de abandono en estos estudiantes.

Para cerrar, invito a leer esta obra que, más allá de aportar una serie de evidencias respecto de lo avanzado, pero especialmente de lo que falta recorrer para que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente su derecho a la educación; propone, desde distintos ángulos, una profunda reflexión sobre una realidad presente en nuestra sociedad, que debemos atender desde cada uno de nuestros espacios de trabajo, dentro y fuera del ámbito educativo.

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