Diálogos

 

Segunda Jornada por el Derecho a la Ciudad. Diálogo entre instituciones, movimientos y academia

 

Claudia Zamorano*

 

* Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, sede Distrito Federal. Juárez núm. 222, col. Tlalpan, delegación Tlalpan, 14000, México, D. F. <claudiaz@ciesas.edu.mx>.

 

El jueves 31 de enero de 2013, en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social sede Distrito Federal (CIESAS DF) se llevó a cabo la Segunda Jornada por el Derecho a la Ciudad, como parte de los proyectos especiales que desde 2006 se realizan en el Seminario Permanente de Construcción de Espacios Urbanos y Regionales, impulsado por las doctoras Carmen Icazuriaga, Margarita Pérez Negrete y Claudia Zamorano.

Este proyecto nació en 2010, con base en una serie de ejercicios académicos que ponían en tensión la relación entre justicia espacial y poblaciones en situación de vulnerabilidad, y no con la firma de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad entre organizaciones sociales y el Gobierno del Distrito Federal (junio de 2010). Se analizaron los casos de ancianos, ciegos, indígenas, homosexuales y niños de la calle, la pregunta guía era: ¿cómo esas personas se enfrentaban, se adaptaban y conquistaban las ciudades caracterizadas por la segregación y la falta de principios de equidad y accesibilidad?¹

Desde hace un año, las coordinadoras de este seminario -aspirando a un debate más amplio-realizamos un doble giro: por un lado, pasamos de la justicia espacial al derecho a la ciudad, a fin de conocer el proceder de agentes sociales que defienden su derecho a vivir, decidir y producir su ciudad. Por otro lado, miramos más hacia organizaciones, instituciones y grupos sociales y menos hacia agentes individuales.

Nuestra pregunta devino en ¿cómo las organizaciones sociales y la sociedad civil participan en la producción y los procesos de decisión en y para la ciudad? Primero realizamos una pequeña reunión (enero de 2012) presidida por Enrique Ortiz (promotor central de la Carta en la Ciudad de México) y secundada por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y el propio CIESAS. Enseguida, se llevó a cabo la Primera Jornada, que estuvo abocada a entender el proceso de producción, el contenido y los retos que han enfrentado quienes suscribieron la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad (junio de 2012).

Entre las conclusiones de esa reunión se destacó el carácter de utopía experimental del documento, que nos recuerda que no es una receta, sino una especie de carta de navegación con probada función movilizadora para las organizaciones sociales. En ese tenor, la Segunda Jornada se enfocó en movimientos sociales de la Ciudad de México con distintos grados de consolidación.

Consideramos tres paneles. En el primero expusieron representantes de tres movimientos ciudadanos que manifiestan su oposición a los llamados megaproyectos que -como el Foro Estadio en Azcapotzalco, la Supervía Poniente o la Biometrópolis en el Ajusco- comprometen los espacios públicos por medio de la privatización. Diana Chávez representó a la organización Vecinos de Xoco; Juan Estrella a los opositores de las inmobiliarias en Iztacalco, y Héctor Rojas a la asociación civil Vecinos del Parque Hundido.

Estos grupos tienen en común enfrentar amplios y nuevos desarrollos de vivienda. En el pueblo de Xoco (delegación Benito Juárez) se está construyendo la llamada Ciudad Mítica, que incluye una torre de 60 pisos con departamentos de lujo, otra torre de oficinas y un centro comercial. Chávez advirtió una fuerte densificación poblacional, aparejada con complicaciones de tráfico y dotación de servicios urbanos, sin hablar de la transformación del paisaje urbano. Por su parte, Estrella presentó el caso de la colonia Granjas México (Iztacalco), donde la disponibilidad de lotes baldíos por la desindustrialización dio pie a la proliferación de edificios de departamentos, ejerciendo la misma presión sobre los servicios urbanos y la vialidad. Por último, Rojas presentó el caso de un proyecto de departamentos de lujo en pleno corazón del Parque Hundido. Aquí, el problema no era tanto la densificación de la zona como la agresión a un espacio público, pulmón de la ciudad y patrimonio urbano de los capitalinos.

Los resultados de estas movilizaciones fueron diferentes: mientras que Xoco no tuvo respuesta alguna, Granjas México logró disminuir de 1 200 a 700 el número de departamentos de una de las torres más problemáticas y los vecinos del Parque Hundido lograron suspender la obra. ¿Por qué tal disparidad de resultados? Las tres organizaciones se fincaban en el tiempo y los recursos de ciudadanos comunes; asimismo, se enfrentaron al juego del cansancio colectivo que imponen tradicionalmente las instituciones gubernamentales. Sin embargo, lo que reveló la discusión fue que los casos exitosos contaron con la cohesión social de los vecinos, el sentido de pertenencia y un manejo del discurso político capaz de generar interlocución con medios de comunicación.

Como comentarista del panel, Pablo Moctezuma (UAM-Azcapotzalco) hizo hincapié en el perfil reaccionario del Gobierno del Distrito Federal, que -aun firmando compromisos como la Carta por el Derecho a la Ciudad- busca la maximización de ganancias para las corporaciones privadas a costa de recursos públicos. En este proceder, la sociedad civil se debe dar a la tarea de contradecir y defender sus propios espacios.

El segundo panel abordó los movimientos emergentes de grupos en situación de vulnerabilidad, considerados éstos no como personas con incapacidades intrínsecas para la integración, como suponen varias instancias públicas, sino como gente que vive procesos sociales de acumulación de desventajas (sobre todo sociales) que los ponen en condición de vulnerabilidad. En este caso, el diseño de la ciudad y la conciencia social juegan un papel preponderante. Se presentaron dos casos emblemáticos de poblaciones que, pese a su fuerza, con frecuencia se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en una ciudad como la capital mexicana.

Representando a los Bicitekas, Areli Carreón mostró un video sobre cómo el movimiento bicicletero en la Ciudad de México ha ido ganando batallas y espacios a lo largo de 15 años de lucha. Carreón subrayó que el movimiento no sólo incide en la producción de espacios físicos, sino también en la creación de nuevas conciencias ciudadanas. Los movimientos bicicleteros encuentran originales maneras de hacer polis desde lo cotidiano; ejercen su derecho a la ciudad más allá de lo que la ley permite.

Por su parte, René Bouvin representó al Colectivo Sol, que reúne poblaciones gays, transexuales, travestis y bisexuales. Mediante la Encuesta de Diagnóstico Comunitario Participativo en la Ciudad de México (elaborada por el colectivo), señaló, en primer término, los problemas de movilidad urbana ligados a la inseguridad, la estigmatización y la homofobia. Enseguida destacó la discriminación en espacios públicos e instituciones de salud, y terminó sumando la movilidad y la accesibilidad como la expresión de un derecho a la ciudad que está siendo negado a estas minorías.

La comentarista del panel, Alejandra Leal (UNAM), propuso reflexionar sobre el derecho a la ciudad como un derecho colectivo, argumentando que la colectividad -el nosotros de la ciudad- no es algo dado, sino que está en constante disputa y negociación. Invitó a pensar sobre quiénes y cómo definen los usos y usuarios legítimos de la ciudad y cómo estas definiciones conducen a procesos segregativos.

Finalmente, en el tercer panel participaron miembros de movimientos urbanos consolidados. Jaime García Rosas, del Barzón D.F., presentó el Programa de Mejoramiento Barrial de Culhuacán, pueblo originario compuesto de siete barrios con personalidad y estructura propias. Aquí las mayordomías, los movimientos y diferentes agentes sociales aprovecharon las estructuras financieras y técnicas de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal para proponer programas sociales, defender espacios públicos (desde zonas arqueológicas hasta parques y jardines) y proteger tradiciones del pueblo.

Por su parte, Patricia Torres Garibay, en nombre del Movimiento Urbano Popular-Convención Nacional Democrática (MUP-CND), trató los avances del Programa Comunitario de Producción y Gestión del Hábitat, realizado con el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (Invi) para generar conjuntos habitacionales populares con principios cooperativistas, ecologistas, sociales y culturales. Mostraron un caso exitoso de coordinación entre instituciones gubernamentales y movimientos urbanos de donde resultaron conjuntos habitacionales integrales.

Mientras que estos ponentes expusieron los logros de sus movimientos desde datos duros, Estela González, de la Sociedad Organizada de Lucha (SOL) nos transmitió de modo emotivo el nacimiento de una nueva conciencia ciudadana. González forma parte de una cooperativa de 48 departamentos producidos por el Invi/MUP-CND. Resaltó la experiencia urbana de conformar una cooperativa de vivienda, entender sus contradicciones y retos, así como participar en la toma de decisiones sobre las formas de escrituración y diseños de viviendas y espacios colectivos.

Como bien señaló Enrique Ortiz -comentarista de este panel-, el sentido colectivo de la ciudad sólo se entiende a partir de acciones como éstas. Comparando sin desdeño estas organizaciones con aquellas más recientes y coyunturales, resaltó la capacidad de las primeras para manejar la complejidad, así como para defender su autonomía, identidad y cohesión para incidir en la producción de ciudad apropiada y apropiable.

Las conclusiones generales del evento estuvieron a cargo de Jaime Rello, de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata y miembro del Comité Promotor de la Firma de la Carta por el Derecho a la Ciudad. Rello insistió en que la Carta surgió de la experiencia de los movimientos sociales, que convocaron al Gobierno del Distrito Federal y a otras instancias oficiales a sumarse a ella. Ahora que la carta está firmada -y, por lo visto, muchas veces ignorada por las autoridades- toca a los movimientos mismos hacerla valer y convertirla en la base de una reforma política del Distrito Federal. Los retos con el gobierno de Miguel Ángel Mancera son muchos -señaló- pues ni siquiera se cuenta con un proyecto transparente de ciudad y la asignación de puestos clave en instancias como el Invi y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) dista de revelar un carácter social y democrático.

Pese al panorama pesimista -o quizá por éste-, Rello y Ortiz sumaron voces para seguir concretando las propuestas de la Carta por el Derecho a la Ciudad en la Ciudad de México y continuar construyendo estrategias de articulación con diferentes movimientos y entidades políticas y académicas. En ese sentido, se urgió a convocar una tercera jornada de trabajo que quizá tendrá que llevar por título "Por el Derecho y la Defensa de la Ciudad".

 

P.S. A un año de celebrado este evento, los retos por alcanzar la democracia en esta ciudad parecen más rudos. Los desalojos y la falta de diálogo con las autoridades priman en la política urbana destinada a las clases populares.

Desde la academia tendremos que seguir analizando los procesos y convocando al diálogo con instituciones y movimientos sociales. Por el momento, nuestra contribución se centrará en publicar los resultados de estas jornadas de trabajo que aparecerán a finales de 2014.

 

Notas

¹ Los resultados de estas reflexiones se publicaron en 2012 en el número especial (76) de la revista Nueva Antropología.