4. Características del mercado laboral femenino y diferencial de salarios

4.1. Las mujeres en el mercado laboral: estructura y remuneraciones

Una de las características más relevantes del mercado laboral en las últimas décadas es la creciente participación de las mujeres dentro de la población económicamente activa; así, mientras en 1970 la tasa de participación era de 17.6%, en 2008 pasó a 42% (INEGI, 2009).

Los factores que están detrás de dicho crecimiento son de diferente naturaleza y responden tanto a elementos que pueden considerarse coyunturales como estructurales, dentro de los cuales podemos mencionar: mayor nivel de educación femenino, incrementos en la productividad doméstica, reducción del número de hijos, creciente sustitución de bienes y servicios elaborados en el hogar por el mercado, desarrollo de actividades que permiten una mayor presencia de mujeres, cambios culturales, transformaciones en el modelo familiar organizativo, caída del poder adquisitivo de los salarios, etcétera.¹³

La información utilizada para este análisis se presenta en el cuadro 2, y aunque puede considerarse como un periodo breve, permite exponer dicho fenómeno, donde se destaca una tendencia creciente de la participación femenina en el mercado laboral.

¿Esta creciente participación se refleja en todos los rangos de edad y niveles educativos? La información relativa al primer criterio de clasificación se presenta en el cuadro 3, del cual se pueden destacar tres elementos principales: en primer término, que con excepción de la población de 16 a 25 años, en todos los grupos se presentaron aumentos de participación,¹⁴ en segundo lugar, el mayor dinamismo se registró en los grupos de 36 a 45 y de 46 a 55 años, donde el primero se consolida como el rango de edad con la mayor presencia de mujeres, mientras que el segundo es el que presenta el mayor dinamismo, hecho que sin duda es un dato notable pues parece indicar que durante este periodo las mujeres de este grupo deciden participar más activamente en el mercado laboral.

Los factores que llevan a este comportamiento pueden ser diversos y seguramente exceden el objetivo de este trabajo, pero aspectos como la caída del poder adquisitivo, el incremento de la inestabilidad e incertidumbre laboral pueden estar presentes. Finalmente, el tercer elemento a destacar es la tendencia hacia una mayor convergencia en los niveles de participación en los distintos rangos de edad, lo que parece indicar una mayor estabilidad de las mujeres dentro de su trayectoria laboral.

Por su parte, el cuadro 4 presenta la contribución de las mujeres en el mercado laboral por nivel educativo. Dentro de los elementos más relevantes se encuentra un comportamiento desigual por grados de escolaridad, aunque en general todos los niveles, con excepción de secundaria, aumentan su contribución.

A partir de lo anterior, se establece que el incremento de su participación laboral se dio tanto en trabajos calificados (universidad y posgrado) como no calificados (sin instrucción y primaria), hecho que parece indicar que la mayor presencia de mujeres en el mercado laboral no responde únicamente a la existencia de niveles educativos más elevados, y con ello un mayor costo de oportunidad por quedarse en casa, sino también a la necesidad de contribuir al ingreso del hogar o en su caso de asumir la responsabilidad de jefatura de hogar.¹⁵

Un elemento adicional a señalar, al igual que en el caso de los rangos de edad, es que en el periodo se aprecia una tendencia a la convergencia en los grados de participación por niveles educativos.

¿La creciente presencia de las mujeres dentro del mercado laboral puede ser indicativo de mayor demanda de este tipo de trabajo y, por tanto, de mejores remuneraciones relativas? La grafica I presenta los datos sobre el salario relativo promedio de las mujeres en relación al de los hombres, en ella se puede apreciar que existe una diferencia permanente de remuneraciones favorable a los hombres y representa aproximadamente 20%, aunque parece mejorar ligeramente, pero debemos reconocer que es un periodo corto como para derivar conclusiones más generales.

¿Estas diferencias se mantienen considerando criterios como edad y niveles educativos?, factores relevantes en la formación de capital humano.

Al respecto, el cuadro 5 presenta referencias sobre los salarios relativos por sexo y grupo de edad. La información que aporta este cuadro permite establecer que persistentemente las mujeres, en promedio, reciben remuneraciones inferiores a las de los hombres del mismo grupo demográfico, y estas diferencias varían por año y rango de edad, desde 7.1% hasta 32.8 por ciento.

Con relación a su evolución durante el periodo de análisis se establece, en términos generales, que parece existir una orientación hacia la reducción de las diferencias salariales, aunque en su trayecto no se aprecia una tendencia definitiva, dado que se presentan retrocesos y avances, pero sí se puede señalar que en general el valor promedio es superior a los registrados en los años iniciales.

Finalmente, si nos preguntamos: ¿existen algunos rangos de edad con mayores diferencias salariales por sexo?, la respuesta, a partir de la información que proporciona el cuadro 5, sería afirmativa; pero además, un dato interesante es que la desventaja salarial femenina parece aumentar con la edad, dado que el salario relativo promedio para todos los años así lo indican, al pasar de 7.9% de desventaja para el grupo más joven hasta 29.2% para el de mayor edad.

Esta mayor diferencia salarial por género en la medida que se incrementa la edad puede estar indicando un incremento en la brecha de experiencia, dado que al inicio de la vida productiva, tanto hombres como mujeres disponen de pocos antecedentes de trabajo, pero a lo largo del lapso laboral, los hombres mantienen una continuidad que les otorga mayor experiencia relativa frente a las mujeres que pueden tener una participación laboral más discontinua, lo cual se reflejará en menor salario relativo, aunque posiblemente no sea la única causa asociada con la creciente desventaja remunerativa.

La tendencia a elevar los niveles de participación laboral de las mujeres en los diferentes rangos de edad, así como una destacada presencia de ellas entre los rangos de más de 45 años, permiten suponer que en el largo plazo las diferencias remunerativas por sexo, asociadas a la experiencia, tenderían a disminuir.

La información anterior, si bien indica diferencias por rango de edad, puede no ser razón suficiente para establecer la presencia de discriminación salarial, dado que se comparan remuneraciones promedio por sexo para grupos de edad similares, que de alguna manera pudieran expresar iguales niveles de experiencia, aunque como comentamos líneas arriba, igual edad no necesariamente implica similar experiencia; además, no se sabe cómo es la formación educativa de cada grupo, por ello a continuación exploramos sobre los salarios relativos considerando niveles de escolaridad, los cuales se presentan en el cuadro 6.

Bajo esta clasificación, al igual que la anterior, existen diferencias salariales relativas a favor de los hombres con rangos que van desde 10.7%, para los de secundaria, hasta 33% para los que se encuentran sin instrucción escolar.

El ordenamiento de los trabajadores por niveles de instrucción escolar hace pensar que se trata de población más homogénea en lo que se refiere a su dotación de capital humano; sin embargo, en este caso, aun con semejante nivel educativo se desconoce la dotación de experiencia que disponen unos y otros trabajadores, y que puede considerarse como el otro componente del capital humano.

Algunos elementos adicionales que se destacan de la información proporcionada en el cuadro 6 son que no parecen existir, al menos a simple vista, señales claras que indiquen que las diferencias salariales tienden a reducirse en el tiempo, además las mayores desventajas se presentan en los niveles con menor y mayor instrucción,¹⁶ hecho que resulta interesante, si pensamos que la educación constituye uno de los elementos más importantes para reducir la desigualdad de ingresos, dado su relevancia en la formación de capital humano; no obstante, en los niveles universitarios y posgrado el salario promedio de los hombres supera en más de 25% el de las mujeres, indicando que bajo el supuesto de ausencia de discriminación, la diferencia de experiencia y de otros factores adicionales es de esa magnitud.

Los resultados anteriores, en general, muestran la presencia de diferencias salariales por género que se expresan tanto a nivel de grupos de edad como por niveles educativos, aspectos que sin duda son relevantes y constituyen un primer resultado, en el sentido de confirmar la existencia de diferencias salariales y cómo estas desigualdades resultan inaceptables para unos grupos de edad y niveles de escolaridad; sin embargo, debemos determinar en qué medida esta disparidad está sustentada en elementos objetivos, asociados con las características de los grupos que impliquen diferencias de productividad y, por tanto, en remuneraciones. Tarea que es abordada en el siguiente apartado.

 

4.2. Diferencial de salarios y descomposición

Una vez hecha una breve revisión de las características del mercado laboral femenino, donde se identificaron disparidades salariales por grupos de edad y niveles de escolaridad por sexo, se procede a aplicar la metodología de Oaxaca-Blinder con la finalidad de determinar la magnitud de las diferencias salariales y la proporción de estas desigualdades no asociadas a las características de los grupos, mismas que pueden considerarse como discriminación salarial.

Un primer paso para el cálculo de la discriminación es la estimación de las ecuaciones salariales por género y año, donde se incorpora la educación por años de escolaridad, así como la experiencia potencial y se introduce un control para las personas con jornadas laborales completas, esto con el objetivo de identificar si las remuneraciones por hora difieren entre los que tienen jornadas completas o no,¹⁷ y finalmente, se incorpora el factor de expansión, lo que arroja una población para varones de entre 5.67 y 5.28 millones, y 3.55 y 3.43 millones para mujeres, en los diferentes años.

Los resultados de las estimaciones salariales indican que los coeficientes presentan el signo esperado, y en todos los casos son significativos.¹⁸ Dentro de los aspectos a destacar de las estimaciones salariales se puede señalar que el piso salarial, captado por la constante, y que se entiende como el ingreso que recibe un(a) trabajador(a) con cero años de escolaridad, sin experiencia y sin jornada laboral competa, el de los hombres es mayor que el de las mujeres, por otra parte el rendimiento educativo por año de escolaridad permanentemente es superior en las mujeres (10% aproximadamente) frente a los hombres (9% aproximadamente).

Mientras que en lo relativo a la experiencia se presenta el caso contrario, hecho que puede explicar porqué la brecha salarial por sexo se amplía conforme aumenta el rango de edad de los trabajadores, tal como se aprecia en el cuadro 5. Finalmente, trabajar una jornada completa sí presenta diferencias respecto a los que no lo hacen y ésta es mayor en hombres que en mujeres. En general la capacidad explicativa del modelo, expresado mediante el indicador R² ajustado, está en niveles convencionales, 0.37 para hombres y 0.40 en mujeres.

Un segundo paso es calcular el salario promedio por sexo, el cual se expresa como el logaritmo del salario mensual en dólares de 2000, condicionado por la media de la distribución, los resultados se presentan en las primeras dos filas del cuadro 7, donde se aprecia una diferencia salarial entre ambos sexos a favor del hombre en cada uno de los años analizados (fila 3), la cual varía sobre 20%, que es similar a lo observado en la gráfica I.

La descomposición de las diferencias en términos absolutos se presenta en las filas 4 y 5, la primera correspondiente a la parte asociada con los atributos y, la segunda, aquella no relacionada con las características; es decir, la disparidad no explicada, misma que es considerada como discriminación salarial, mientras que los términos relativos se presentan en las filas 6 y 7 en el mismo orden.

Los resultados en el cuadro 7 permiten establecer, que no sólo existe una diferencia salarial por sexo de aproximadamente 20% a favor de los hombres y que se mantiene estable durante el periodo de análisis, sino que la mayor parte de las brechas se deben a la porción no explicada por los atributos de capital humano, la cual puede vincularse con la discriminación salarial por sexo.

Así, se puede establecer que en promedio la discriminación salarial, para las 32 ciudades (seis regiones) que se incluyen en el análisis, en contra de las mujeres, equivale a 17% del salario. En el 2000 la parte no explicada del diferencial es de 84.8%, proporción que alcanzó su máximo en el 2003, con lo que se puede establecer una tendencia creciente.

Estos resultados, sobre la proporción de la parte no explicada de la desigualdad salarial, coinciden con los obtenidos por Hernández-Martínez (1995), Rica y Ugidos (1995) y García y Morales (2006) para el mercado laboral español, donde el porcentaje atribuido a la parte no explicada se encuentra en los márgenes señalados aquí, es decir, superiores a 70%. En los trabajos citados para el caso de Argentina, Di Paola y Berges (1997) y Di Pasquale y Atucha (2003) igualmente obtienen resultados que son comparables en el sentido de que la mayor parte de las diferencias salariales por sexo no están asociadas con distintas dotaciones de factores entre ellos, pero también encuentran correspondencia en los trabajos de México, como es el caso de Pagán y Ullibarri (2000); Martínez-Jasso y Acevedo-Flores (2004), y Rodríguez-Pérez y Camberos-Castro (2007), Popli (2008); Cacciamani y Tatei (2013); Arceo y Campos (2013); y Rodríguez-Pérez y Castro-Lugo (2014).

A partir de lo anterior se puede afirmar que aun cuando el diferencial salarial total por sexo se mantiene relativamente estable, alrededor de 20%, la participación de la discriminación salarial dentro del diferencial sí aumentó; por lo tanto, se puede decir que durante el periodo 2000-2004, en el mercado laboral de México existe discriminación salarial en contra de las mujeres que laboran en actividades remuneradas, y que de acuerdo con las estimaciones realizadas a partir de la metodología convencional, el nivel de discriminación salarial absoluta es de aproximadamente 17 por ciento.

 

5. Discriminación salarial regional

Como se observó, la discriminación toma presencia en todos los años analizados; sin embargo, es razonable preguntar: ¿este fenómeno se expresa de manera homogénea en México o será diferente por regiones?, para dar respuesta a esta pregunta a continuación se presenta el análisis en seis regiones del país, con el objetivo de conocer el efecto espacial del fenómeno de la discriminación en México.

Para esto se muestra la disparidad salarial total por sexo, misma que se presenta en la gráfica II, de la cual se pueden destacar, fundamentalmente dos elementos, el primero, además de la existencia de diferencias en las remuneraciones promedio por género para todas las regiones, las disparidades salariales son significativas pues la mayor magnitud se observa para el centro, la cual se ubica en aproximadamente 25%, mientras la capital muestra niveles de desigualdad 10 puntos porcentuales inferiores a éstos; lo que permite establecer que la disparidad salarial entre regiones es significativa y no podemos hablar de homogeneidad.

El otro elemento a señalar es el hecho de que prácticamente no se presentan cambios en el orden por regiones, indicando que los niveles de desigualdad existentes dentro de éstas se vinculan con elementos estructurales, dado que permanecen en el tiempo y mantienen un orden. Con excepción de la península, no se aprecia una tendencia que indique una reducción de las disparidades salariales o hacia la convergencia entre ellas.

Una vez documentada la disparidad salarial regional, y antes de comentar los resultados de la descomposición salarial, es pertinente mencionar, de manera general, sobre algunos aspectos que se pueden destacar de las estimaciones salariales por regiones,¹⁹ donde al igual que a nivel agregado en todas las regiones y años, los coeficientes presentan el signo esperado y son significativos a 99% de grado de confianza.

En primer término, destacar que las mayores remuneraciones de la frontera no se vinculan con las tasas de rendimiento educativo ni con la retribución a la experiencia (aspectos que se ubican por debajo del promedio regional), sino con el elevado piso salarial que es superior al resto de las regiones, esto se cumple para ambos sexos; el segundo elemento es que la capital presenta los rendimientos educativos más elevados, pero la remuneración a la experiencia es inferior al promedio, mientras que el piso salarial puede considerarse elevado.

Por otra parte, las regiones norte y península presentan su mayor rendimiento en la experiencia y el sur tiene desventaja relativa en las remuneraciones iniciales, (piso salarial) especialmente en mujeres, mientras los rendimientos educativos de los hombres son inferiores al promedio: (8%) y en mujeres se ubica en 11 por ciento.

Finalmente es pertinente destacar la existencia de diferencias en los rendimientos al capital humano por sexo en las distintas regiones, aunque cada una de ellas muestra patrones particulares.

Los resultados de las ecuaciones salariales permiten establecer que las diferencias de salario entre regiones no sólo están asociadas con desigualdades en los rendimientos educativos o experiencia, sino también en lo relativo al nivel de remuneraciones iniciales, asimismo, se expresan diferencias importantes por sexo al interior de las regiones.

A partir de las estimaciones se procedió a la segmentación de las diferencias salariales por sexo dentro de las regiones, a partir de ello se determinan dos elementos: primero, la parte de la inequidad de ingresos no asociada con las características del capital humano, es decir, la proporción del total no explicada y vinculada con la discriminación, y el segundo, el nivel de desigualdad salarial asociado con la discriminación.

La grafica III presenta el primer elemento, donde se destacan fundamentalmente tres aspectos: i) la parte no explicada de la desigualdad total por sexo es elevada y en todas las regiones/año representa más de 70%, ii) en algunas regiones y años (sur y capital) el porcentaje es superior a 100%, lo que implica que de acuerdo con las características laborales promedio, mismas que se reflejarían en la productividad, las mujeres, en ausencia de discriminación, deberían tener una remuneración promedio superior a la de los hombres, por tanto, en estos casos la discriminación es mayor que la desigualdad salarial total y, finalmente iii) en general parece apreciarse una tendencia hacia la homogenización regional del porcentaje de la desigualdad no asociada a características laborales, aunque ésta es hacia mayores niveles, lo que indicaría que para todas las regiones, una mayor proporción de la desigualdad salarial por sexo está vinculada con la discriminación, en este sentido, las modificaciones o diferencias en la estructura económica de las regiones no parecen reflejarse en la discriminación salarial por género.

La información sobre el nivel de desigualdad salarial regional asociado con la discriminación se presenta en la gráfica IV, donde se aprecia que al inicio del periodo la magnitud de la discriminación es heterogénea, con niveles entre 13.7% para la capital, y 22.2% para el norte; a lo largo del lapso de análisis se aprecian variaciones relevantes entre regiones pero al fin se estima una tendencia hacia la convergencia alrededor de 20.0%, con excepción de la capital que se ubica en niveles inferiores, mostrando diferencias importantes con el resto de las regiones.

A partir de este comportamiento se puede establecer que si se eliminara la discriminación salarial por género, la desigualdad en las remuneraciones se reduciría significativamente.

 

Conclusiones

El estudio de la desigualdad salarial por sexo, así como la exploración y medición de la magnitud de ésta, asociada con la discriminación salarial, es un tema que ha captado la atención de los estudiosos del mercado laboral en distintos países, y los resultados indican que, no obstante la utilización de diferentes fuentes de información y periodos de tiempo, persiste la presencia de discriminación salarial, donde México no es la excepción y los estudios previos así lo muestran.

En las últimas décadas, la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral es una de las características más relevantes, no obstante esta mayor presencia, permanecen las diferencias salariales por sexo, las cuales se mantienen por niveles educativos y se incrementan con la edad.

La estimación de las ecuaciones salariales permitieron identificar diferencias salariales del orden de 20% a favor de los hombres y la posterior descomposición del ingreso confirmaron que más de 85% de estas diferencias están asociadas con la discriminación, dado que son desigualdades no atribuibles a las dotaciones de capital humano.

Esta proporción no explicada es comparable con los niveles obtenidos en estudios realizados en otros países, así como con algunos que se hicieron en México. Por regiones se aprecia un comportamiento heterogéneo donde las diferencias oscilan entre 15% y 25%, con niveles de discriminación que tienden a converger en 20%, con excepción de la región capital que se ubica sobre 13 por ciento.

A partir de lo anterior es posible sostener que existe un espacio para la implementación de políticas que fomenten una mayor igualdad de género en las remuneraciones, dado que la eliminación de la discriminación reduciría la desigualdad salarial en aproximadamente 85%; por otra parte, los indicadores de desigualdad y discriminación salarial por regiones no parecen presentar diferencias importantes, no obstante que la apertura económica imprimió una diferenciación en las estructuras económicas regionales.

 

Bibliografía

Aguayo-Tellez, Ernesto (2011), "The impact of trade liberalization policies and FDI on gender inequalities: a literature review", World Development Report 2012, Gender Equality and Development, The World Bank, New York, pp. 1-34.         [ Links ]

Alarcón, Diana y Terry McKinley (1994), "Gender differences in wages and human capital: case study of female and male urban workers in Mexico from 1984 to 1992", Frontera Norte, 6 (12), El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, pp. 41-50.         [ Links ]

Albrecht, James, Aico Van Vuuren y Susan Vroman (2009), "Counterfactual distributions whith sample selection adjuntments: econometric theory and an application to the Netherlands", Labour Economics, 16 (4), Elselvier, Amsterdam, pp. 383-396.         [ Links ]

Arceo, Eva y Raymundo Campos (2013), "Evolución de la brecha salarial de género en México", documento de trabajo núm. VII-2013, Centro de Estudios Económicos-El Colegio de México, México, pp. 1-38.         [ Links ]

Artecona, Raquel y Wendy Cunningham (2002), "Effects of trade liberalization on the gender wage gap in Mexico", working paper núm. 34144, The World Bank, New York, pp. 1-28.         [ Links ]

Autor, David (2003), "Lecture note: the economics of discrimination-theory", Graduate Labor Economics I, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, pp. 1-18.         [ Links ]

Becker, Gary Stanley (1971), The Economics of Discrimination, The University of Chicago Press, Chicago.         [ Links ]

Blinder, Alan (1973), "Wage discrimination: reduced forms and structural estimates", Journal of Human Resources, 8 (4), The University of Texas at Austin, Austin, pp. 436-455.         [ Links ]

Brown, Cynthia, José Pagán y Eduardo Rodríguez-Oreggia (1999), "Occupational attainment and gender earning differentials in Mexico", Industrial and Labor Relations Review, 53 (1), Cornell University, New York, pp. 123-135.         [ Links ]

Brown, Flor y Lilia Domínguez (2007), "Determinants of wage differentials in the maquila industry in Mexico: a gender perspective", working paper núm. 07-6, The International Working Group on Gender-Macroeconomics-International Economics, Salt Lake City, pp. 1-24.         [ Links ]

Cacciamali, María Cristina y Fábio Tatei (2013), "Genero y salarios de la fuerza de trabajo calificada en Brasil y México", Problemas del Desarrollo, 172 (44), UNAM, México, pp. 53-79.         [ Links ]

Castro-Lugo, David (2005), "Salarios y desigualdad territorial en las áreas urbanas de México, 1992-2002", tesis de doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona.         [ Links ]

Castro-Lugo David, Luis Huesca-Reynoso y Nathalia Zamarrón-Otzuca (2014), "Discriminación salarial por género en la industria manufacturera de la frontera norte de México en el periodo 20052011", Revista Nóesis, 23 (45), Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, en prensa.         [ Links ]

Cheng, Zhiming, Fei Guo, Hugo Graeme y Yuan Xin (2013), "Employment and wage discrimination in the chinese cities: a comparative study of migrants and locals", Habitat International, 39, Elselvier, Amsterdam, pp. 246-255.         [ Links ]

Chi, Wei, Li Bo y Yu Qiumei (2007), "Decomposition of changes in earnings inequality in China: a distributional approach", working paper no. 3806, Labor and Demographic Economics, Tsinghua University, Beijing, pp. 1-34.         [ Links ]

Di Paola, Rosángela y Miriam Berges (1997), "Sesgo de selección y estimación de la brecha por género para Mar de la Plata", Nülan, Universidad Nacional de Mar de la Plata, La Plata, pp. 1-15.         [ Links ]

Di Pasquale, Actis Eugenio y Ana Julia Atucha (2003), "Brechas salariales: discriminación o diferencias de productividad", Momento Económico, núm. 126, UNAM, México, pp. 23-33.         [ Links ]

Domínguez, Lilia y Flor Brown (2010), "Trade liberalization and gender wage inequality in Mexico", Feminist Economics, 16 (4), Routledge, Philadelphia, pp. 53-79.         [ Links ]

El Hamidi, Fatma (2008), "Trade liberalization, gender segmentation, and wage discrimination: evidence from Egypt", Economic Research Forum, working paper no. 414, University of Pittsburgh, Pittsburgh, pp. 1-26.         [ Links ]

Fuentes, Jeanette, Amalia Palma y Rodrigo Montero (2005), "Discriminación salarial por género en Chile: una mirada global", Estudios de Economía, 32 (2), Universidad de Chile, Santiago, pp. 133-157.         [ Links ]

García, Brígida y Orlandina de Oliveira (1990a), "Expansión del trabajo femenino y transformación social en México", en Fernando Alberto Cortés Cáceres (coord.), México en el umbral del milenio, El Colegio de México, México, pp. 345-374.         [ Links ]

García, Brígida y Orlandina de Oliveira (1990b), "El trabajo femenino en México a finales de los ochenta", en Elia Ramírez-Bautista e Hilda Dávila-Ibañez (coords.) Trabajo femenino y crisis en México: tendencias y transformaciones actuales, Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, México, pp. 53-78.         [ Links ]

García, Brígida y Orlandina de Oliveira (1994), Trabajo femenino y vida familiar en México, El Colegio de México-Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, México.         [ Links ]

García, José Ignacio y María Dolores Morales (2006), "Discriminación salarial en el mercado de trabajo español con especial referencia al caso de Andalucía", documento de trabajo E2006/18, Universidad de la Rioja, Logroño, pp. 1-36.         [ Links ]

Garro-Bordonaro, Nora y Eduardo Rodríguez-Oreggia (1995), "Discriminación salarial y segregación ocupacional. Las mujeres asalariadas en México, 1987-1993", Análisis Económico, 12 (27), Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco, México, pp. 105-126.         [ Links ]

Hanson, Gordon (2003), "What has happened to wages in México since NAFTA? Implications for hemispheric free trade", working paper series no. 9563, National Bureau of Economic Research, Cambridge, pp.1-43.         [ Links ]

Hernández-Martínez, Pedro (1995), "Análisis empírico de la discriminación salarial de la mujer en España", Investigaciones Económicas, 19 (2), Fundación SEPI, Madrid, pp. 195-215.         [ Links ]

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2000-2004), Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU), INEGI, Aguascalientes, México.         [ Links ]

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2009), Mujeres y hombres en México, 2009, INEGI-Imujer, Aguascalientes.         [ Links ]

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2010), Censo de Población 2010. INEGI, México.         [ Links ]

Loggia-Gago, Silvia María (1998), "Legislación laboral y participación de la mujer en el mercado de trabajo. El caso de Suecia y México: un análisis comparativo", Papeles de Población, 15 (4), Universidad Autónoma del Estado de México-Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, Toluca, pp. 95-125.         [ Links ]

Martínez-Jasso, Irma y Gloria Acevedo-Flores (2004), "La brecha salarial en México con enfoque de género: capital humano, discriminación y selección muestral", Ciencia, 7 (1), Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, pp. 66-71.         [ Links ]

McConnell, Campbell, Stanley Bruce y David McPherson (2003), Economía laboral, McGraw-Hill-Interamericana de España, Barcelona.         [ Links ]

Menon, Nidhiya y Yana van der Meulen Rodgers (2009), "International trade and the gender wage gap: new evidences fron India's manufacturing sector", World Development, 37 (5), Elselvier, Amsterdam, pp. 965-981.         [ Links ]

Mincer, Jacob (1974), Schooling, experience, and earnings, National Bureau of Economic Research-Columbia University Press, New York.         [ Links ]

Montero, Rodrigo y Paz Garcés (2009), "¿Existe discriminación salarial contra la población indígena en Chile?", El Trimestre Económico, 76 (3), Fondo de Cultura Económica, México, pp. 645-669.         [ Links ]

Neumark, David (1988), "'Employers' discriminatory behavior and the estimation of wage discrimination", The Journal of Human Resources, 3 (23), The University of Texas at Austin, Austin, pp. 279-295.         [ Links ]

Oaxaca, Ronald (1973), "Male-female wage differentials in urban labour markets", International Economic Review, 14 (3), University of Pennsylvania-The Osaka University, Philadelphia, pp. 693-709.         [ Links ]

Oaxaca, Ronald y Ranson Michael (1994), "On discrimanation and the descomposition ofwage differentials", Journal of Econometrics, 61 (1) , Elsevier, New York, pp. 5-21.         [ Links ]

Pagán, José y Miriam Ullibarri (2000), "Group heterogeneity and the gender earning gap in Mexico", Economía Mexicana, Nueva Época, 9 (1), Centro de Investigación y Docencia Económica, México, pp. 23-40.         [ Links ]

Popli, Gurleen (2008), "Gender wage discrimination in México: A distributional approach", Sheffield Economic Research Paper Series, no. 2008006, University Sheffield, Sheffield, pp. 1-35.         [ Links ]

Popli, Gurleen (2013), "Gender wage differentials in México: A distributional approach", Journal of the Royal Statistical Society: A, 176 (2) , Statics in Society, London, pp. 295-319.         [ Links ]

Ramos, Vicente, Javier Rey-Maquieira y María Tugores (2002), "Análisis empírico de discriminación por razón de género en una economía especializada en el turismo", Annals of Tourism Research en Español, 4 (1), Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, pp. 239-258.         [ Links ]

Rendón, Teresa (2003), Trabajo de hombres y trabajo de mujeres en el México del siglo XX, UNAM, México.         [ Links ]

Rica, Sara de la y Arantza Ugidos (1995), "¿Son las diferencias en capital humano determinantes de las diferencias salariales observadas entre hombres y mujeres?", Investigaciones Económicas, 19 (3), Fundación SEPI, Madrid, pp. 395-414.         [ Links ]

Rica, Sara de la, Juan Dolado y Vanesa Llorens (2008), "Ceiling of floors? Gender wage gaps by education in Spain", Journal of Population Economic, 21, Springer, Berlin, pp. 751-776.         [ Links ]

Río Coral del, Carlos Gradín y Olga Cantó (2011), "The measurement of gender wage discrimination: the distributional approach revisited", Journal of Economic Inequality, 9, Springer, Berlin, pp. 57-86.         [ Links ]

Rodríguez-Pérez, Reyna y Mario Camberos-Castro (2007), "Análisis de la discriminación de la mujer en Hermosillo, Sonora", Revista Política y Cultura, núm. 28, Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, México, pp. 219-250.         [ Links ]

Rodríguez-Pérez, Reyna y David Castro-Lugo (2014), "Análisis de la discriminación salarial en Saltillo y Hermosillo: un análisis comparativo en la industria manufacturera", Revista Nóesis, 23 (46), Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, en prensa.         [ Links ]

Silber, Jacques y Michal Weber (1999), "Labour market discrimination: are there significant differences between the various decomposition procedures?", Applied Economics, 31 (3), Routledge, Philadelphia, pp. 359-365.         [ Links ]

Ullibarri-Arce, Miren (2003), "Diferencias salariales entre los sectores públicos y privados por género, escolaridad y edad. El caso de España", El Trimestre Económico, 70 (2), Fondo de Cultura Económica, México, pp. 233-253.         [ Links ]

Weichselbaumer, Doris y Dudolf Winter-Ebmer (2005), "A meta-analisis of the international gender wage gap", Journal of Economic Surveys, 19 (3), Blackwell, Oxford, pp. 479-511.         [ Links ]

 

Notas

¹ Como puede ser el hecho de que la discriminación en el empleo afecta la tasas de desocupación femenina y ésta a su vez impacta sobre las remuneraciones de las mujeres.

² Una primera edición de este documento es de 1957.

³ Para mayor detalle sobre la teoría del gusto por la discriminación véase Becker (1971).

⁴ Esta hipótesis, derivada del trabajo de Becker (1971), supondría que a mayor apertura comercial o globalización la brecha salarial por género se reduciría. Dentro de los estudios que abordan esta perspectiva podemos mencionar a Artecona y Cunningham (2002); Menon y Van der Meulen (2009); El Hamidi (2008); Domínguez y Brown (2010) y Aguayo-Tellez (2011).

⁵ Lo que la ha llevado a considerarla como la metodología tradicional.

⁶ Al respecto véase Weichselbaumer y Winter-Ebmer (2005).

⁷ Para una discusión sobre algunas propuestas alternativas y posibles efectos véase Oaxaca y Ranson (1994), y Silber y Weber (1999).

⁸ Cheng et al. (2013) explora y confirma la presencia de discriminación salarial para los migrantes rurales frente a los trabajadores locales, lo que constituye una vertiente de análisis relevante donde se presentan flujos migratorios importantes.

⁹ Montero y Garcés (2009) documentan la presencia de discriminación salarial en contra de la población indígena de Chile para el periodo 1996-2006.

¹⁰ Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH), Encuesta Nacional de Empleo, Salarios, Tecnología y Capacitación (ENESTyC) y Censos Generales de Población y Vivienda.

¹¹ Por techo de cristal se entiende cuando la brecha salarial por sexo, a favor de los hombres, se incrementa en la parte superior de la distribución, indicando la existencia de un tope o techo de ingresos para las mujeres y, por piso pegajoso se entiende la presencia de una brecha salarial significativamente alta en la parte inferior de la distribución.

¹² A partir de 2005 la ENEU es sustituida por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que aun cuando tiene objetivos que pueden considerarse similares, presenta modificaciones en su estructura, lo que puede ocasionar alteraciones en la comparabilidad de resultados.

¹³ Para tener mayor conocimiento sobre la tendencia de la participación de la mujer en el mercado laboral, así como sus causas véase Loggia-Gago (1998), García y Oliveira (1990a y 1990b, 1994), Rendón (2003) y Castro-Lugo (2005).

¹⁴ Este comportamiento es distinto al que se observaba en los setenta donde las mujeres del grupo de edad más joven eran las que presentaban la mayor participación, Loggia-Gago (1998).

¹⁵ De acuerdo con el Censo de Población 2010, 24.5% de los hogares tiene como jefe de familia a una mujer.

¹⁶ Este comportamiento puede estar indicando la presencia de piso pegajoso y techo de cristal tal como lo documentan Arceo y Campos (2013).

¹⁷ A partir de 40 horas se consideró como jornada completa.

¹⁸ Por motivos de espacio no se incluyen los resultados de las estimaciones salariales en el documento pero están a la disposición de quien lo solicite.

¹⁹ Los resultados de estas ecuaciones salariales no se presentan en el documento por motivos de espacio pero están a la disposición de quien la solicite.

 

Información sobre los autores:

Reyna Elizabeth Rodríguez-Pérez. Mexicana. Es doctora en ciencias por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD). Actualmente es profesora-investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación es economía laboral. Entre sus últimas publicaciones destacan, en coautoría: "Análisis de la discriminación salarial por género en Saltillo y Hermosillo: un estudio comparativo en la industria manufacturera", Nóesis, vol. 23, UACJ, Ciudad Juárez, pp. 219-250 (2014); en coautoría: "La calificación laboral en ocupaciones tecnológicas y no tecnológicas en México y sus regiones", Estudios Sociales, XXI (42), CIAD, Hermosillo, pp. 87-112 (2013); Desigualdad salarial como efecto del cambio tecnológico en el mercado laboral de México y sus regiones, Editorial Académica Española, Saarbrücken, 276 pp. (2012); en coautoría: "Efectos del cambio tecnológico en los mercados de trabajo regionales en México", Estudios Fronterizos, 13 (26), UABC, Mexicalli, pp. 141-174 (2012).

David Castro-Lugo. Mexicano. Doctor en economía aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesor-investigador del Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISE) en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y coordinador de posgrado del CISE. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Líneas de investigación: mercado laboral y economía regional. Entre sus últimas publicaciones destacan, en coautoría: "La calificación laboral en ocupaciones tecnológicas y no tecnológicas en México y sus regiones", Estudios Sociales, XXI (42), CIAD, Hermosillo, pp. 87-112 (2013); en coautoría: "Cambio tecnológico y diferencia salarial en las regiones de México: un análisis de datos de panel para el sector servicios", Estudios Fronterizos, 14 (28), UABC, Mexicali, pp. 187-21 (2013); y El mercado laboral frente a las transformaciones económicas en México, (coord), Universidad Autónoma de Coahuila-Plaza y Valdés, México, 329 pp. (2014).

^rND^sAguayo-Tellez^nErnesto^rND^sAlbrecht^nJames^rND^nAico^sVan Vuuren^rND^nSusan^sVroman^rND^sBlinder^nAlan^rND^sBrown^nCynthia^rND^nJosé^sPagán^rND^nEduardo^sRodríguez-Oreggia^rND^sCacciamali^nMaría Cristina^rND^nFábio^sTatei^rND^sCastro-Lugo^nDavid^rND^nLuis^sHuesca-Reynoso^rND^nNathalia^sZamarrón-Otzuca^rND^sCheng^nZhiming^rND^nFei^sGuo^rND^nHugo^sGraeme^rND^nYuan^sXin^rND^sChi^nWei^rND^nLi^sBo^rND^nYu^sQiumei^rND^sDi Pasquale^nActis Eugenio^rND^nAna Julia^sAtucha^rND^sDomínguez^nLilia^rND^nFlor^sBrown^rND^sEl Hamidi^nFatma^rND^sFuentes^nJeanette^rND^nAmalia^sPalma^rND^nRodrigo^sMontero^rND^sGarcía^nBrígida^rND^nOrlandina^sde Oliveira^rND^sGarcía^nBrígida^rND^nOrlandina^sde Oliveira^rND^sGarro-Bordonaro^nNora^rND^nEduardo^sRodríguez-Oreggia^rND^sHernández-Martínez^nPedro^rND^sLoggia-Gago^nSilvia María^rND^sMartínez-Jasso^nIrma^rND^nGloria^sAcevedo-Flores^rND^sMenon^nNidhiya^rND^nYana^svan der Meulen Rodgers^rND^sMontero^nRodrigo^rND^nPaz^sGarcés^rND^sNeumark^nDavid^rND^sOaxaca^nRonald^rND^sOaxaca^nRonald^rND^nRanson^sMichael^rND^sPagán^nJosé^rND^nMiriam^sUllibarri^rND^sPopli^nGurleen^rND^sPopli^nGurleen^rND^sRamos^nVicente^rND^nJavier^sRey-Maquieira^rND^nMaría^sTugores^rND^sRica^nSara de la^rND^nArantza^sUgidos^rND^sRica^nSara de la^rND^nJuan^sDolado^rND^nVanesa^sLlorens^rND^sRío Coral del^nCarlos Gradín^rND^nOlga^sCantó^rND^sRodríguez-Pérez^nReyna^rND^nMario^sCamberos-Castro^rND^sRodríguez-Pérez^nReyna^rND^nDavid^sCastro-Lugo^rND^sSilber^nJacques^rND^nMichal^sWeber^rND^sUllibarri-Arce^nMiren^rND^sWeichselbaumer^nDoris^rND^nDudolf^sWinter-Ebmer^rND^1A01^nJesús Gerardo^sRíos-Almodóvar^rND^1A02^nSalvador^sCarrillo-Regalado^rND^1A01^nJesús Gerardo^sRíos-Almodóvar^rND^1A02^nSalvador^sCarrillo-Regalado^rND^1A01^nJesús Gerardo^sRíos-Almodóvar^rND^1A02^nSalvador^sCarrillo-Regalado

Artículos de investigación

 

El empleo calificado y no calificado en la manufactura de México ante la crisis de 2009

 

Skilled and unskilled employment in Mexico's manufacturing sector after the 2009 crisis

 

Jesús Gerardo Ríos-Almodóvar y Salvador Carrillo-Regalado*

 

* Universidad de Guadalajara, Correos-e: raj03935@cucea.udg.mx, scarrillo.reg@gmail.com

 

Recibido: 16 de marzo de 2011.
Reenviado: 22 de agosto de 2011.
Aceptado: 29 de agosto de 2013.

 

Resumen

El artículo analiza el impacto en el empleo ante los cambios en el producto de las ramas o subsectores manufactureros de México sucedidos a raíz de la crisis del 2009. Con información en datos de panel se aplica el modelo de efectos fijos para captar el impacto que tiene el producto sobre el empleo calificado y no calificado. Los resultados indican que en periodos de crisis o de baja demanda, las empresas tienden a conservar el trabajo calificado y a despedir trabajadores no calificados, siendo más afectadas las maquiladoras y las industrias tradicionales intensivas en trabajo no calificado.

Palabras clave: crisis económica, demanda de trabajo, sector manufacturero.

 

Abstract

This article analyzes the impact on employment brought about by the changes in the manufacturing sector or the production subsector caused by the 2009 crisis. Using panel data information, a fixed-effects model is applied to visualize the impact that production has on qualified and unqualified labor. The results indicate that during periods of crisis or low demand, firms tend to retain skilled employees and make unskilled workers redundant, affecting primarily traditional and maquila industries that intensively use unskilled labor.

Keywords: economic crisis, labor demand, manufacturing sector.

 

Introducción

El impacto del producto sobre el empleo manufacturero es mayor en las ramas o subsectores intensivos de mano de obra que tienen un menor grado de tecnificación y que dependen en mayor medida del trabajo no calificado. Este impacto también se observa en las ramas de la industria de alta tecnología de gran dinamismo en la producción, con una fuerte relación con el empleo y que dependen de un elevado número de ocupaciones de baja calificación.

¿Cuál es la dinámica del empleo ante los cambios en el producto de las ramas o los subsectores manufactureros? ¿Qué medidas de políticas se pueden recomendar para mantener empleos en medio de recesiones económicas? Es ampliamente conocido que la demanda de empleo se deriva de la demanda del producto, de manera que las variaciones en uno y otra, en principio, deben ir en la misma dirección; sin embargo, estas variaciones eventualmente no se dirigen en la dirección esperada y mucho menos son proporcionales, ya que también intervienen diferentes condiciones técnicas prevalecientes en los procesos de producción de cada subsector, rama u otra categoría más específica de tipos de productos.

Por ejemplo, sería de esperar, como se verá luego, que los subsectores más tradicionales e intensivos en mano de obra no calificada presentaran un mayor impacto en el empleo, debido a variaciones en la demanda de su producto. Esta especificidad se mide y analiza en el presente artículo para las diferentes ramas o subsectores manufactureros de México.

La presente investigación utiliza información en datos de panel para aplicar el modelo de efectos fijos y así captar el efecto del producto sobre el empleo a nivel subsector en la industria manufacturera. Se utilizan datos del Sistema de Cuentas Nacionales y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Este artículo tiene por objetivo estimar la función de la demanda de trabajo del sector manufacturero a nivel subsector para México durante el periodo 2005-2009. A raíz de la obtención del impacto del producto sobre el empleo para cada subsector se pretende presentar propuestas de política económica útiles para la preservación del empleo en la industria manufacturera de las divisiones económicas que presentan mayor impacto.

La estructura del trabajo es como sigue: en el primer apartado se presenta un panorama de la composición sectorial y de la industria manufacturera, de la crisis y su impacto en el empleo en México; en el segundo se exponen los aspectos teóricos relacionados con la demanda de trabajo; en el tercero se presenta la revisión de trabajos empíricos que emplean información en datos de panel para estimar la función de demanda de trabajo en los sectores económicos y en la industria manufacturera a nivel de divisiones, subsectores y ramas; en el cuarto se desarrolla el estudio empírico para el caso de los subsectores económicos del sector manufacturero en México; finalmente, en el quinto se identifican las políticas instrumentadas por el gobierno federal para preservar el empleo.

Con base en esta revisión y en los resultados obtenidos en el estudio empírico se elaboran algunas propuestas de política económica como medidas para preservar el empleo de las ramas o subsectores manufactureros que presentan mayores impactos debido a las crisis o recesiones económicas.

 

1. Composición y dinámica del producto y el empleo manufacturero en México

La crisis de 2009 en la economía mexicana, ocasionada por la debacle en sectores claves de la economía estadounidense como el inmobiliario, el financiero y el automotriz, tuvo un fuerte impacto negativo en el sector manufacturero nacional. Si bien este sector muestra una relativa fortaleza en la dinámica del producto, se caracteriza por sus raquíticas tasas de generación de empleo y bajas tasas de productividad (cuadro 1).

En este sentido, a consecuencia de la crisis, el empleo en este sector se retrajo en 3.9% en 2009 y el producto manufacturero se redujo en 2.5% con respecto a sus valores registrados en 2005. En ningún otro sector de la economía mexicana se observó una disminución del empleo tan intensa como consecuencia de esta crisis. Por el contrario, en los servicios y el comercio el empleo tuvo un crecimiento vigoroso debido posiblemente a la aportación del empleo informal, en particular en el comercio, pues el producto de este sector registra una disminución de 1.3%. Por su parte, en el sector de la minería se ha reducido el empleo al parecer como resultado de su propia crisis tendencial.

En general, la manufactura tiene una participación relevante en la economía mexicana, pues aportó alrededor de 19% del Producto Interno Bruto (PIB) y del empleo durante el periodo 2005-2009. Esto la ubica en la segunda posición después del sector servicios, que concentra 50% del PIB y 48% del empleo total (cuadro 2).

En el sector manufacturero, poco más de 82.7% del empleo es generado por cuatro subsectores de manufactura cuya participación en el empleo total manufacturero en 2009, en orden de importancia, fue como sigue: subsector 8 (productos metálicos, maquinaria y equipo), 31.4%; subsector 1 (alimentos, bebidas y tabaco), 23%; subsector 2 (textiles y prendas de vestir), 17.2%, y subsector 5 (sustancias químicas y productos de plástico y caucho), 11.1%. Durante el periodo 2005-2009 sólo los subsectores 2 y 8 presentan decrecimiento en el empleo, asociado a una menor productividad en el último año (cuadro 3).

La dinámica del empleo de 2005 a 2009, para los cuatro principales subsectores especificados arriba, presentan distintos cambios por diversas razones: 1) en el subsector 1, posiblemente debido a la introducción de innovaciones tecnológicas, se incrementan el producto y el empleo; 2) en el subsector 5 las tasas de crecimiento del producto y el empleo se mantienen positivas pero con tendencia a la baja en el último año; 3) en el subsector 2 se observa una caída en el producto y que éste se estanca en los últimos dos años, por lo que se reduce la ocupación de mano de obra, lo cual disminuye también la productividad del subsector; 4) el subsector 8 se caracteriza por el gran dinamismo de su producto, salvo en el año crítico de 2009 (cuadro 4), cuando se observa una caída tanto en el producto como en el empleo.

En la escala de los subsectores de la industria manufacturera destaca en la participación del empleo manufacturero total de 2009 lo siguiente: en el subsector 1, la industria alimentaria (19.3%); en el subsector 2, la fabricación de prendas de vestir (10.7%); en el subsector 5, las industrias química y del plástico (4.9%); en el subsector 8, la fabricación de productos metálicos (7.4%), de equipo de transporte y partes automotrices (9.2%) y la fabricación de muebles y productos relacionados (5.6%).

De estos subsectores de mayor participación en el empleo, cuatro destacan por su baja productividad y pertenecen a la industria nacional de corte tradicional: 1) fabricación de prendas de vestir; 2) fabricación de muebles; 3) productos de plástico y caucho; 4) fabricación de productos metálicos. Particularmente en las dos primeras se observa una fuerte tendencia decreciente de su producto entre 2005 y 2009, muy posiblemente acompañada de una tasa alta de informalidad económica del empleo.

De los subsectores que destacan por su baja productividad en el último año que pertenecen a los subsectores de mayor participación y que presentan un gran dinamismo en su producto en la industria sobresalen dos: 1) equipo de transporte y partes automotrices y 2) fabricación de equipo de computación (cuadro 5).

Al desagregar el análisis para tomar en cuenta al empleo calificado y no calificado como en el empleo total manufacturero, se encuentra una mayor participación en los mismos cuatro subsectores en el total de empleo calificado y no calificado en 2009 (cuadro 6). Esta participación queda como sigue: subsector 8 (productos metálicos, maquinaria y equipo), 35.7 y 29.9%; subsector 1 (alimentos, bebidas y tabaco), 19.7 y 24.2%; subsector 2 (textiles y prendas de vestir), 10.5 y 19.6%, y subsector 5 (sustancias químicas y productos de plástico y caucho), 16.4 y 9.2%. Asimismo, durante el periodo 2005-2009 sus participaciones decrecieron en los subsectores 2 y 8, lo que se asocia a una menor productividad en el último año.

En la dinámica del empleo calificado y no calificado, entre 2005 y 2009, en los mismos cuatro subsectores principales, respondiendo a las mismas razones pero diferenciando además su nivel de calificación, se observa que: 1) en el subsector 1 la posible introducción de innovación tecnológica hace que el producto y el empleo calificado se incrementen; 2) en el subsector 5 las tasas de crecimiento del producto y del empleo calificado se mantienen positivas pero con reducciones en la tasa de crecimiento en el empleo no calificado; 3) en el subsector 2, se observa una caída en el producto y, posteriormente, un estancamiento, con lo que se reduce más la ocupación de mano de obra no calificada que la calificada; y 4) en el subsector 8, durante el año crítico de 2009, se observa una caída tanto en el producto como en el empleo no calificado (cuadro 7).

En la escala de los subsectores de la industria manufacturera destacan en la participación en el empleo calificado y no calificado manufacturero total de 2009 los siguientes: en el subsector 1, la industria alimentaria (14.7 y 20.8%); en el subsector 2, la fabricación de prendas de vestir (6.5 y 12.2%); en el subsector 5, la industria química (8.9% sólo para empleo calificado) y la industria del plástico (5.0% únicamente para el empleo no calificado); en el subsector 8, la fabricación de productos metálicos (5.7 y 8.0%), de equipo de transporte y partes automotrices (13.1 y 7.9%), de equipo de computación (6.1% sólo para empleo calificado) y de muebles y productos relacionados (6.3% sólo para empleo no calificado).

De estos subsectores de mayor participación en el empleo, cinco destacan por utilizar más el empleo no calificado y pertenecen a la industria nacional de corte tradicional: 1) industria de alimentos; 2) fabricación de prendas de vestir; 3) fabricación de muebles; 4) productos de plástico y caucho; y 5) fabricación de productos metálicos. De los subsectores que destacan por presentar más empleo calificado que pertenecen a los subsectores de mayor participación y presentan un gran dinamismo en su producto en la industria sobresalen tres: 1) productivos químicos; 2) equipo de transporte y partes automotrices; y 3) fabricación de equipo de computación.

En síntesis, el comportamiento del empleo en las actividades manufactureras frente a la competencia global, y en particular a las crisis económicas, depende de las condiciones productivas y de las características de las empresas, lo cual permite observar la relación de la crisis económica asociada a reducción de empleo, según los grandes subsectores y ramas en que se clasifican las actividades manufactureras.

Así, el proceso de manufactura del subsector 1 ha optado por una mayor eficiencia económica y modernización tecnológica que ha tenido como resultado un crecimiento constante del producto y el empleo calificado. Por su parte, el subsector 5 presenta una tasa de crecimiento del producto que se ha mantenido con un aumento positivo pero con una tendencia a la baja en el último año, con lo que se reduce el empleo no calificado.¹

Por otra parte, en el subsector 8 se observa una tasa de crecimiento del producto mayor que la del empleo entre 2005 y 2008; este fue uno de los subsectores más afectados por la reducción del producto y el empleo no calificado en 2009. Finalmente, en el nivel más específico de las ramas, aquellas más vinculadas a la industria tradicional² continúan entre las más relevantes en el empleo manufacturero nacional (industrias de alimentos, prendas de vestir, cuero, madera, plásticos, productos metálicos e industria mueblera); sin embargo, por lo general se trata de ramas de baja eficiencia productiva, escaso crecimiento o en franco decrecimiento en su producto. Por otra parte, como es conocido, en ellas predominan las pequeñas empresas escasamente competitivas a escala global y dependientes de tecnologías más tradicionales e intensivas en empleo no calificado.

 

2. Aspectos teóricos de la demanda de trabajo

La demanda de trabajo representa la cantidad de trabajadores que requieren las empresas a cambio de un salario, sueldo o a destajo (incluyendo el costo de las prestaciones laborales). De acuerdo con la teoría económica, el coeficiente de elasticidad empleo-salario de la demanda de trabajo³ es siempre negativo. Esta elasticidad es mayor a largo plazo y en los casos del trabajo no calificado y de los trabajadores jóvenes.⁴ En el largo plazo, además, las empresas cuentan con mayores posibilidades de ajustar los salarios de los trabajadores de baja calificación y de los jóvenes con poca experiencia laboral.⁵

Otros determinantes que influyen en el nivel de la demanda de trabajo son: 1) la productividad de la mano de obra; 2) el tamaño y la eficiencia organizativa de la empresa; 3) los precios relativos de otros factores sustitutos de la mano de obra, especialmente del capital físico; y 4) el volumen de producción.⁶ A partir de esto podemos decir que la demanda de trabajo es secundaria y depende del producto, es decir, responde a los cambios en la demanda de éste.

Así, la elasticidad empleo-producto de la demanda de trabajo,⁷ de acuerdo con la teoría económica, tiene un coeficiente de elasticidad positivo; sin embargo, la relación empleo-producto en la manufactura presenta una gran variación que depende del tipo de subsector, de empresa y de empleos generados en los términos siguientes:

1. El tipo de sector: 1) tradicional de bienes de consumo e intensivo en mano de obra no calificada como los subsectores de la fabricación de prendas de vestir y muebles cuya dinámica de empleo puede mantener altas tasas incluso en periodos de crisis o bajas en el producto gracias a una fuerte dependencia de la producción de autoempleo y pequeñas empresas de baja productividad; 2) de bienes intermedios, productos químicos y metálica básica que normalmente son más sensibles a las recesiones y crisis económicas; y 3) de bienes o partes electrónicas en que la demanda del producto está desvinculada en gran medida del mercado nacional y la elasticidad empleo-salario a corto plazo es alta, pues utilizan preferentemente mujeres y personas jóvenes con baja calificación.

2. Tamaño de empresa, que en lo general se asocia a la variable de la productividad de la mano de obra.

3. Costos de la mano de obra, institucionalmente diferenciados entre las empresas manufactureras según se otorgue o no seguridad laboral y prestaciones. Una mayor flexibilidad e informalidad en la contratación de la mano de obra tiene un efecto equivalente al abaratamiento del salario.

 

3. Antecedentes empíricos de la relación producto-empleo en la industria manufacturera

En este apartado se abordan algunos estudios empíricos sobre la demanda de trabajo entre sectores o subsectores económicos que utilizan modelos econométricos y datos de panel para identificar su heterogeneidad.

Bencosme (2008), por ejemplo, estima la demanda de trabajo de la economía dominicana en el periodo 1991-2006 para determinar la magnitud de las elasticidades empleo-producto en cada uno de los sectores de la economía y contrastar si han sufrido cambios en el tiempo. Uno de sus principales hallazgos es que la elasticidad empleo-producto ha disminuido a partir del año 2000, principalmente en los sectores intensivos en capital, como la explotación de minas y canteras, transporte y comunicaciones, intermediación financiera y seguros.

Castillo (2006) estudia el comportamiento de la demanda laboral en el área metropolitana de Cali, Colombia, en el periodo 1995-2001. Entre otros objetivos, se propone identificar los determinantes estructurales de la demanda de trabajo y del comportamiento del nivel de empleo autónomo según subsectores económicos. Asimismo, utiliza información de la Encuesta Anual Manufacturera del Dane para 17 subsectores que, como Bencosme, utiliza un modelo de efectos fijos en datos de panel, pero en este caso para determinar el nivel de empleo autónomo en cada subsector y las elasticidades empleo-salario y empleo producto.

También encuentra una elasticidad empleo-salario de corto y largo plazo negativa y una elasticidad empleo-producto positiva muy acorde a lo teóricamente esperado. Con respecto a estas elasticidades concluye que las del largo plazo son mayores que las de corto plazo, y que la generación de empleos está determinada más por el producto que por los salarios. Otro hallazgo refiere a que los subsectores más representativos para la generación de empleo autónomo⁸ son los que utilizan más tecnología, como el dedicado a la fabricación de papel y productos de papel, que presenta el nivel de empleo autónomo más alto (Castillo, 2006). Esto se puede explicar mediante la estrategia utilizada por las empresas para conservar la mano de obra calificada debido a los altos costos en que deben incurrir para recontratarla.

En resumen, Castillo indaga que la generación de empleos está determinada más por el producto que por los salarios, y que el producto se asocia al nivel de tecnología utilizado por la industria del área metropolitana de Cali.

Alarcón (2004) estima la demanda de trabajo para un conjunto de ramas de la división de alimentos y bebidas (carne, pescado, fruta, aceite, lácteos, molinería, animal, bebidas y otros). Su periodo de análisis es anual y corresponde al periodo 1993-2002. Considera diferentes especificaciones dinámicas y métodos de estimación que incluyen varias versiones del método general de momentos para modelos dinámicos de datos de panel. Igualmente estima elasticidades empleo-salario más bajas en las ramas animal, pescado y molinería, y elasticidades más altas en cárnica, bebidas y otros. Es decir, la mayor elasticidad al salario se presenta en las ramas que utilizan un nivel tecnológico más alto. La elasticidad empleo-producto es mayor en las ramas con más alta participación de mano de obra como la cárnica o fruta, y menor en las ramas más mecanizadas como bebidas y otros.

Mendoza y Calderón (2000) estudian la demanda de trabajo de la industria maquiladora de exportación (IME) para los estados de la frontera norte de México. Los objetivos de su trabajo se centran en corroborar el modelo de demanda de trabajo regional de la IME. Entre las hipótesis que buscan contrastar resalta que, desde sus inicios, la industria maquiladora es atraída por los bajos niveles relativos salariales, pero también que ciertos sectores de la industria maquiladora han desarrollado importantes niveles de aglomeración regional (particularmente en la frontera norte y en algunas ciudades del interior del país), lo que ha permitido generar economías de localización derivadas de la integración y el desarrollo de los mercados laborales especializados.

En lo que refiere a la función demanda de trabajo, Mendoza y Calderón (2000) consideran como variables explicativas las remuneraciones, la actividad industrial de Estados Unidos como proxi del ingreso y las economías de aglomeración derivadas de la especialización y la concentración industrial. En sus estimaciones de la demanda de trabajo, mediante un modelo de datos de panel para las industrias textiles y maquinaria y equipo para el periodo 1990-1996, encuentran que la especialización de la producción de la IME y el nivel salarial determinan la demanda de trabajo.⁹

Haouas y Yagoubi (2004), por su parte, investigan los efectos de la liberalización comercial sobre las elasticidades de la demanda de trabajo para Túnez. Proponen una ecuación de demanda de trabajo utilizando datos de panel para seis subsectores de la industria manufacturera en dicho país durante el periodo 1971-1996. Los datos que utilizan provienen del Tunisian National Statistic Institute y del Quantitative Economy Institute.

En la estimación econométrica aplican un modelo de efectos fijos para tomar en cuenta la variación a nivel de los subsectores. Entre sus resultados sobre las elasticidades empleo-salario de la demanda de trabajo encuentran un rango aceptable (-0.213 a -0.453).¹⁰ Concluyen que, durante el periodo de liberalización, los mercados de trabajo son más flexibles y los empleadores prefieren reclutar trabajadores por contrato u obra determinada, en lugar de trabajadores permanentes,¹¹ y son las industrias de alimentos, textiles, prendas de vestir y de productos de cuero donde mejor funciona la subcontratación.

Por nuestra parte, coincidimos con los trabajos empíricos en lo que refiere a que han disminuido los efectos de los cambios en el producto sobre el nivel de empleo en los sectores intensivos en capital, como ocurre en República Dominicana. En Colombia, los subsectores que utilizan más tecnología muestran un nivel de empleo más independiente o autónomo ante los cambios en el producto; es decir, las empresas desean conservar la mano de obra calificada debido a los altos costos de recontratación.

Por otra parte, los efectos sobre el nivel de empleo a partir de los cambios en el producto son mayores en las ramas de actividad que presentan una alta participación de mano de obra, como ocurre en España y Portugal. Respecto a los casos de la industria maquiladora de exportación de México y de la industria de Túnez, la demanda de trabajo ha estado determinada por la flexibilidad laboral y por la maleabilidad salarial en el caso de México y de subcontratación en el de Túnez.

 

4. Análisis de la demanda de trabajo de los subsectores de la industria manufacturera en México, 2005-2009

En este apartado se presenta un conjunto de estimaciones de la función de demanda de trabajo para evaluar el impacto del producto en el empleo total y en el empleo calificado y no calificado de cada uno de los subsectores de la industria manufacturera en México.

Hamermesh (1986: 447) muestra que la estimación econométrica de la función de demanda de trabajo puede expresarse en logaritmos como una ecuación log-lineal:

In L_d = α₀ + α₁ In Y + α₂ In w + ε

donde L_d representa la demanda de trabajo, Y representa la producción, w = W/P es el salario real, α₁ representa la elasticidad empleo-producto, α₂ la elasticidad empleo-salario y ε el término error.¹²

La función de demanda de trabajo puede estimarse con datos en series de tiempo a través del método de cointegración o con datos de panel a través del modelo de efectos fijos.¹³ De acuerdo con el objetivo de este trabajo y con base en la disponibilidad de información, se elige la segunda opción.¹⁴ Para calcular la función de demanda de trabajo se utiliza la siguiente especificación:

In L_it = α_0i + α₁ In Y_it + α₂ In w_it + u_it

donde los subsectores¹⁵ son señalados como i = 1, 2,...,21 y los periodos como t = 2005, 2006,...,2009; α₀ representa el efecto fijo, el cual es diferente para cada subsector, siendo 1 para el subsector i y 0 para el otro caso; α₁ significa la elasticidad empleo-producto; α₂ representa la elasticidad empleo-salario, y u_it el término de error, que se descompone en:

u_it= μ_i + λ_i + ν_it

donde μ_i contiene los efectos específicos inobservables del subsector i que permanecen constantes en el tiempo, λ_i recoge los efectos temporales inobservables pero comunes a todos los subsectores y ν_it es el término de error con los supuestos habituales. Además, μ_i y λ_i son independientes entre sí y con respecto a ν_it .¹⁶

Los datos se utilizan en forma anual para el periodo 2005-2009¹⁷ y provienen del Sistema de Cuentas Nacionales y de la ENOE para el sector manufacturero a nivel de subsector.

Los datos referentes al empleo y los salarios de los trabajadores calificados y no calificados se obtuvieron a partir de la base de microdatos de la ENOE.¹⁸ Los datos relacionados con el producto se obtuvieron del Sistema de Cuentas Nacionales, y el proceso consistió en seleccionar los datos de la industria manufacturera por subsectores. En cuanto al año base para los salarios y el producto fue 2003=100; para ello se dividieron los salarios entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y, para los datos del producto, únicamente se seleccionaron los pertenecientes a dicha base.

 

4.1. Resultados de los modelos econométricos

Los resultados econométricos obtenidos se dividieron en dos partes.¹⁹ En la primera se presentan los resultados de la regresión de la función de la demanda de trabajo a corto plazo de la industria manufacturera.

En el cuadro 8 se presentan los resultados de las distintas funciones de demanda de trabajo individuales de largo plazo de la industria manufacturera para cada subsector y ramas,²⁰ considerando el modelo de efectos fijos, donde el coeficiente del producto varía con respecto a cada subsector.

Las estimaciones se reportan en el cuadro 8 y corresponden al empleo total y el empleo no calificado porque en estos tipos de empleo el modelo de efectos fijos fue el más eficiente. En cuanto al empleo calificado, el estimador más eficiente fue el modelo de efectos aleatorios, lo cual indica la ausencia de correlación entre el error específico de los individuos (subsectores en nuestro caso) y las variables independientes.

 

4.1.1. Función de la demanda de trabajo por tipo de calificación a corto plazo de la industria manufacturera

Los resultados de las estimaciones de dicha función por el método MCO en dos etapas²¹ de la elasticidad empleo-producto para el empleo total, empleo calificado y no calificado, fueron de 0.318, 0.197 y 0.434, respectivamente, lo que indica la existencia de un mayor efecto de la elasticidad empleo-producto para el de menor calificación. Los resultados de la elasticidad empleo-salario para los distintos tipos de empleo no fueron estadísticamente significativos, ni siquiera el total.

 

4.1.2. Funciones de la demanda de trabajo de largo plazo de la industria manufacturera por subsector y grandes divisiones

La especificación de la función demanda de trabajo de largo plazo es la siguiente:

InL_it = α₀+α₁InY_it+ α₂Inw_it+γ_1-15(D_1-15iInY_1-15it) +,...,+γ_17-21(D_17-21tInY_17-21it) =u_it

y la diferencia entre la especificación y la función demanda de trabajo de corto plazo (InL_it = α₀+ α₁ InY_it + α₂ Inw_it + α₃ L_it-1+ ar (1) + u_it) indica que no incluye el rezago del empleo como variable explicativa que permite controlar el efecto que tienen los valores previos e inmediatos de esta variable sobre sus valores actuales.

Los resultados de las distintas funciones de la demanda de trabajo de largo plazo de la industria manufacturera para cada subsector y las grandes divisiones, considerando el modelo de efectos fijos, se presentan en el cuadro 8. En él se muestra que los coeficientes de elasticidad empleo-producto de la demanda de trabajo de largo plazo de las divisiones y subsectores de la industria manufacturera para el empleo total y el empleo no calificado; en su mayoría son estadísticamente significativos²² y tienen el signo positivo esperado. Esto indica que un aumento o una caída en el producto en los subsectores afectan en el mismo sentido a la demanda de trabajo.

Otro resultado indica que las funciones de demanda de trabajo de largo plazo para las ramas de la industria manufacturera son diferentes. Por ejemplo, en el cuadro 8 la rama 3150 de fabricación de prendas de vestir presenta una elasticidad empleo-producto de 0.6470 para el empleo total, el cual es sólo relativamente mayor que la elasticidad empleo-producto de 0.5659 para el empleo total correspondiente a la rama 3330 (fabricación de maquinaria y equipo).

Tomando en cuenta el nivel de agregación de las actividades económicas con técnicas de producción similares, los resultados del cuadro 8 enfocado a los subsectores de la industria manufacturera, muestran que los subsectores de mayor elasticidad empleo-producto de largo plazo para el empleo total son el subsector 2 (textiles, prendas de vestir e industria del cuero) y el subsector 8 (productos metálicos, maquinaria y equipo), el más importante de la industria manufacturera debido a la utilización de alta tecnología.²³

Esto significa que no es el subsector de alta tecnología y gran dinamismo en la producción el único que resulta altamente dañado por el ciclo económico del producto, sino también la industria más tradicional de escaso nivel competitivo a escala global en el subsector 2 (textiles, prendas de vestir e industria del cuero) y el subsector 8 (fabricación de muebles).

Considerando los subsectores de mayor elasticidad empleo-producto de la demanda de trabajo de largo plazo correspondiente al empleo no calificado, los subsectores con mayor elasticidad empleo-producto son el 2 (textiles, prendas de vestir e industria del cuero), el 4 (papel, productos de papel, imprentas y editoriales) y el 8 (productos metálicos, maquinaria y equipo). Esto corrobora de nuevo que no es únicamente el subsector de alta tecnología el que presenta mayor elasticidad producto-empleo y, por lo tanto, ante una crisis económica, resultarían más afectados en la reducción consecuente de mayor volumen de empleo. Con base en estos resultados, las medidas de política económica implementadas por el gobierno federal a través del Programa para la Preservación del Empleo de las industrias de alta tecnología deberían haberse ampliado al el subsector 2 (textiles, prendas de vestir e industria del cuero).

 

5. Evaluación y propuestas de las políticas de empleos, según ramas industriales instrumentadas por el gobierno federal

Los fuertes contrastes en el sector empresarial en una serie de dimensiones productivas, técnicas, laborales o financieras que determinan diferentes tipos y grados de vulnerabilidad frente a una crisis económica deben ser considerados para determinar la manera como se necesitan enfocar las políticas públicas de apoyo para mitigar los efectos de una recesión económica en los niveles de empleo.

Los antecedentes de política económica instrumentados por los gobiernos de diversos países para enfrentar los efectos de la recesión económica sobre los niveles de empleo²⁴ han consistido generalmente en la aplicación de la política fiscal y monetaria con el objeto de expandir la demanda agregada y el nivel de empleo. Tales políticas se orientan tradicionalmente a lo siguiente: 1) reducir impuestos para favorecer el gasto de consumo; 2) expandir la oferta monetaria para reducir el tipo de interés y estimular la inversión; 3) reducir impuestos a las empresas y otorgarles subsidios para fomentar la inversión y sostener el empleo²⁵; y 4) incrementar del gasto público.

Para llevar a cabo lo anterior, los gobiernos toman en cuenta una serie de factores, entre los que podemos indicar: el tamaño de las empresas, la rama productiva, la dependencia de insumos importados y el nivel de calificación de los trabajadores, así como su nivel de vida, la posición en el trabajo (si son subordinados o independientes), la estacionalidad de la actividad económica y la flexibilidad salarial.

En México, ante la crisis más reciente,²⁶ el gobierno federal impulsó el mercado interno con base en la aplicación de la política fiscal y monetaria de un mayor ejercicio del gasto público para fortalecer el ingreso de familias y empresas. Más específicamente, se aplicaron medidas para apoyar el empleo de los trabajadores afectados, la economía familiar, las pequeñas y medianas empresas, y la inversión en infraestructura y en el sector público, con lo que se pretendió dar mayor transparencia, eficiencia y oportunidad al gasto público. Otra medida considerada consistió en un decreto que favoreciera la repatriación de capitales mexicanos y facilidades a los contribuyentes.²⁷

De acuerdo con los propósitos de esta investigación, se sugieren políticas económicas como medidas para preservar el empleo no calificado en la industria manufacturera para los subsectores que absorben un mayor impacto derivado de la crisis, como son los que se encuentran en el subsector 2 (textiles, prendas de vestir e industria del cuero) y en el subsector 8 (productos metálicos, maquinaria y equipo).

Asimismo, se analiza particularmente el Programa para la Preservación del Empleo, instrumentado con la finalidad de brindar subsidios a la economía familiar y el empleo, e impulsar las industrias de las ramas automotriz, autopartes, electrónica, eléctrica y bienes de capital, tanto a exportadores como a no exportadores y sus proveedores; también busca activar a empresas de manufactura y proveedores de primer nivel de los sectores de maquinaria y equipo no eléctrico, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, equipo de transporte, y empresas generadoras de productos de caucho y plástico. En general, se pretende potenciar a empresas de estas ramas con registro en el Programa de Promoción Sectorial (Prosec).

En el Programa para la Preservación del Empleo se establece como acuerdo que estas empresas podrían reducir, durante el periodo de la recesión económica, sus costos al pagar un salario menor de manera temporal, a cambio de comprometerse a limitar los despidos. Por su lado, los trabajadores recibirían de manera temporal una retribución o remuneración menor, a cambio de mantener su fuente de empleo. Por su parte, el gobierno federal otorgaría apoyos a estas empresas en función del número de trabajadores, la proporción en que tuvieran reducción en sus ventas y la medida en que se comprometieran a mantener el empleo de sus trabajadores.

En dicho acuerdo se establece también que los apoyos a las empresas se suministrarán de forma bimestral y consistirán en un subsidio de hasta 110 pesos diarios por trabajador, ajustado por la caída en las ventas y el nivel de retención de trabajadores, con un monto máximo de apoyo de 5,100 pesos por cada uno.²⁸ Por último, se acuerda que una empresa podrá recibir apoyos varias veces, siempre que no se rebase dicho tope.

Para instrumentar el Programa para la Preservación del Empleo, el gobierno federal se comprometió, como meta para el periodo de febrero a septiembre 2009, a proteger alrededor de medio millón de empleos. Sin embargo, debió haber tomado en cuenta a los subsectores y trabajadores de la industria manufacturera que más impacto reciben ante una reducción de las ventas.

De acuerdo con los resultados de este trabajo sobre la elasticidad empleo-producto y la participación en el empleo manufacturero, se identifican las ramas que resultan más afectadas por las crisis económicas (Mendoza, 2010), es decir, las pertenecientes a la industria de corte tradicional intensivas en el empleo no calificado: subsectores 2 (fabricación de prendas de vestir con una elasticidad de 0.7987) y 8 (fabricación de muebles con una elasticidad de 0.7967). Por otro lado, una política pública más eficiente para sostener los empleos durante recesiones económicas debería considerar también este tipo de subsectores manufactureros y no privilegiar a las maquiladoras internacionales de alta tecnología (Dussel, 2009).

 

Conclusiones

El comportamiento del empleo en las actividades manufactureras frente a la competencia global, y en particular a las crisis económicas, depende de las condiciones productivas y de las características de las empresas; es decir, existe una relación entre la crisis económica y la reducción del empleo. Por ejemplo, los subsectores más vinculados a la industria tradicional continúan estando entre los más relevantes para el empleo manufacturero nacional (industrias de alimentos, prendas de vestir, cuero, madera, plásticos, productos metálicos e industria mueblera); sin embargo, por lo general se trata de sectores de baja eficiencia productiva, escaso crecimiento o en franco decrecimiento de su producto.

Los resultados de las funciones de la demanda de trabajo de largo plazo de la industria manufacturera en cada subsector indican que un aumento o una caída en el producto afectan el empleo en el mismo sentido, aunque no en la misma cuantía.

Considerando las divisiones de mayor elasticidad empleo-producto de la demanda de trabajo de largo plazo correspondiente al empleo no calificado, los subsectores con mayor elasticidad empleo-producto son el 2 (textiles, prendas de vestir e industria del cuero), el 4 (papel, productos de papel, imprentas y editoriales) y el 8 (productos metálicos, maquinaria y equipo). Esto corrobora que los subsectores de alta tecnología no son los únicos con una mayor elasticidad producto-empleo y que, por lo mismo, ante una crisis económica resultarían más afectados en la reducción consecuente de los empleos.

Otro resultado relevante de las estimaciones de la demanda de trabajo de largo plazo de la industria manufacturera en el empleo calificado es la ausencia de correlación entre el error específico de los subsectores y las variables dependientes, mientras que en el empleo no calificado existe una correlación entre el intercepto y las variables dependientes. En este sentido, el modelo de efectos aleatorios es más eficiente en el caso del trabajo calificado y en el no calificado lo es el modelo de efectos fijos.

De esta forma, se confirma que, en periodos de baja demanda, las empresas de la industria manufacturera prefieren conservar la mano de obra calificada en la medida de lo posible, tal vez debido a los altos costos que implicaría para ellas volver a contratarla.²⁹ En cambio, para las empresas que ofrecen empleo no calificado la mejor medida en periodos de baja demanda del producto es el despido, que es mayor en las ramas o subsectores industriales de mayor participación relativa: los subsectores 2 (fabricación de prendas de vestir) y 8 (fabricación de muebles).

En términos metodológicos, para el análisis y medición del efecto del producto sobre el empleo manufacturero, se recomienda utilizar diferentes modelos que se presten mejor a su medición estadística. Por un lado, los métodos de MCO y MC en dos etapas son utilizados para estudiar mejor el efecto del producto en el empleo manufacturero total y su desagregación en dos categorías —empleo calificado y no calificado— en el corto plazo; por otro, es más eficiente el uso del modelo de efectos fijos para valorar el impacto del producto en el empleo total y el empleo no calificado a largo plazo, según subsectores manufactureros. Por último, el modelo de efectos aleatorios garantiza una mejor captación del impacto del producto en el empleo calificado a largo plazo.

 

Bibliografía

Alarcón, Silverio (2004), "La demanda de trabajo en las empresas alimentarias", ponencia presentada en XVIII Reunión Anual de la Asociación de Economía Aplicada de España, Universidad de León, 16-19 de junio, León, España.         [ Links ]

Arnabal, Rodrigo, Magdalena Bertino y Sebastián Fleitas (2011), "Una revisión del desempeño de la industria en Uruguay entre 1930 y 1959", Serie de documentos de trabajo del Instituto de Economía, Universidad de la República, Montevideo, pp. 1-41.         [ Links ]

Artus, Patrick (1995), Teorías del desempleo, T.M. Editores-Cede, Bogotá         [ Links ].

Bencosme, Patricia (2008), "Estimación de la demanda por trabajo en la economía dominicana", Texto de discusión núm. 12, Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, Santo Domingo, pp. 1-22.         [ Links ]

Cadarso, María Ángeles, Nuria Gómez-Sanz, Luis Antonio López-Santiago y María Ángeles Tobarra-Gómez (2009), "Deslocalización y sus efectos sobre el empleo de la Comunidad de Madrid", trabajo presentado en XI Conference on International Economics, Association of International Economics and Finance (AEEFI) and the School of Economics and Business of the University of Barcelona, 25-26 de junio, Barcelona.         [ Links ]

Castillo, Maribel (2006), "Demanda laboral industrial en el área metropolitana de Cali: un análisis entre 1995 y 2001", documento de trabajo núm. 89, Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica, Universidad del Valle, Cali, pp. 1-31.         [ Links ]

Costa, Manel (2000), Introducción a la Economía Laboral, Universitat de Barcelona, Barcelona.         [ Links ]

Díaz, Carmen y Rosario Gandoy (2008), "Outsourcing en las industrias tradicionales: determinantes de la estrategia", Revista de Estudios Empresariales. Segunda época, núm. 1, Universidad de Jaén, Jaén, pp. 41-64.         [ Links ]

Dussel, Enrique (2009), "La manufactura mexicana: ¿opciones de recuperación?", Economía Informa, núm. 357, Universidad Nacional Autónoma de México, México, pp. 41-52.         [ Links ]

Freeman, Richard (1981), Economía del Trabajo, Noema, México.         [ Links ]

Gandoy, Rosario y Belén González (2004), "El comportamiento de la industria tradicional: crecimiento y competitividad", Economía Industrial, núm. 355-356, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid, pp. 25-36.         [ Links ]

Godart, Olivier, Holger Görg y David Greenaway (2013), "Domestic multinationals, foreign affiliates, and labour demand elasticities", Review of World Economics, 149 (4), Springer, Heidelberg, pp. 611-630.         [ Links ]

Gujarati, Damodar (2004), Econometría, McGraw-Hill, México.         [ Links ]

Hamermesh, Daniel y Albert Rees (1984), Economía del trabajo y los salarios, Alianza, Madrid.         [ Links ]

Hamermesh, Daniel (1986), "The demand for labor in the long run", en Orley Ashenfelter y Richard Layard (eds.), Handbook of Labor Economics, Elsevier Science Publishers Bv, Amsterdam, pp. 429-471.         [ Links ]

Haouas, Ilham y Mahmoud Yagoubi (2004), "Trade liberalization and labor demand elasticities: evidence from Tunisia", working paper núm. 94, ced of Bordeaux, Bordeaux, pp. 1-13.         [ Links ]

Hong, Ghi (2007), "Estimation of labor demand elasticity for the RMSM-LP: revised minimum standard model for labor and poverty module", International Business & Economics Research Journal, 6 (7), The Clute Institute for Academic Research, Littleton, pp. 29-34.         [ Links ]

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2005-2009a), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI, México.         [ Links ]

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2005-2009b), Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, México.         [ Links ]

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2007), Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, (SCIAN), INEGI, México, pp. 1-169.         [ Links ]

Layard, Richard (1996), La crisis del paro, Alianza, Madrid.         [ Links ]

Lichter, Andreas, Andreas Peichl y Sebastian Siegloch (2013), "Labor demand elasticities in Europe: a meta-analysis", working paper no. D10.7, NEUJOBS, Unión Europea, pp. 1-28.         [ Links ]

McConnell, Campbell, Stanley Brue y David MacPherson (2007), Economía Laboral, McGraw-Hill, Madrid.         [ Links ]

Mendoza, Jorge (2010), "El comportamiento de la industria manufacturera de México ante la recesión económica de EUA", Revista de Economía, XXVII (75), Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, pp. 9-35.         [ Links ]

Mendoza, Jorge y Cuauhtémoc Calderón (2000), "Demanda regional de trabajo de la industria maquiladora de exportación en los estados de la frontera norte", Revista Frontera Norte, 13 (24), El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, pp. 59-84.         [ Links ]

Meriküll, Jaanika y Tairi Rõõm (2014), "Are foreign-owned firms different? Comparison of employment volatility and elasticity of labour demand", working paper núm. 1, Eesti Pank, Estonia, pp. 1-57.         [ Links ]

Mouelhi, Ben Ayed y Monia Ghazali (2013), "Impact of trade reforms in Tunisia on the elasticity of labour demand", International Economics, vol. 134, Elsevier, Paris, pp. 78-96.         [ Links ]

Narváez, Álvaro (2013), "Efectos de la Ley 789 sobre la demanda laboral manufacturera colombiana 2001-2006", Finanzas y Política Económica, 5 (1), Bogotá, pp. 79-94.         [ Links ]

Noriega, Fernando (1994), Teoría del desempleo, la distribución y la pobreza, Ariel, México.         [ Links ]

Varela, Rogelio y Juan Palacio (2008), "Empleo regional y externalidades dinámicas en la industria alimentaria de México", Economía Mexicana Nueva Época, XVII (2), Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, pp. 203-219.         [ Links ]

 

Notas

¹ Sin embargo, en el subsector 5 en que sobresalen la industria química y la del plástico no existe una relación directa entre el producto y el empleo. Es decir, la industria química en el último año mantuvo una tasa de crecimiento del producto alta y recurrió a un alto despido de trabajadores no calificados; mientras tanto, se redujo el producto de la industria del plástico pero con crecimiento en el empleo calificado y no calificado.

² Se entiende por industria tradicional las ramas de la industria manufacturera de alimentos, bebidas, tabaco, textiles, vestido, calzado, muebles, madera y corcho que presentan menor dinamismo de sus mercados, baja tecnología, uso intensivo en sus procesos de producción de mano de obra poco calificada y baja productividad laboral. Dicho concepto ha sido utilizado por Gandoy y González (2004), Díaz y Gandoy (2008) y Arnabal et al. (2011).

³ La elasticidad empleo-salario de la demanda de trabajo se refiere al grado de sensibilidad que presentan las empresas respecto al nivel de empleo de los trabajadores ante un cambio en sueldos o salarios. Por ejemplo, las empresas son muy sensibles si presentan un coeficiente de elasticidad >1 (el número 1 es el valor absoluto, pero convencionalmente se sobreentiende que el signo del coeficiente de elasticidad empleo-salario es negativo).

⁴ Véase Costa (2000).

⁵ Véase McConnell et al. (2007).

⁶ Véase Hamermesh y Rees (1984).

⁷ La elasticidad empleo-producto de la demanda de trabajo se refiere al grado de sensibilidad que muestran las empresas al realizar cambios en la cantidad demandada de trabajadores ante los cambios en el nivel del producto. En términos agregados, el parámetro de la elasticidad empleo-producto refleja el efecto del crecimiento económico sobre el empleo, suponiendo que el precio de los factores permanece constante.

⁸ De acuerdo con Castillo (2006), el empleo autónomo es el empleo independiente de los cambios en el producto y los salarios. Asimismo, es el empleo independiente del empleo anterior o de corto plazo.

⁹ En esta línea de especialización de los mercados de trabajo, en el caso de tres ramas de la industria manufacturera de México, puede consultarse el trabajo de Varela y Palacio (2008). Otro trabajo reciente es el de Cadarso et al. (2009), quienes estudian los efectos de la deslocalización sobre el empleo en los subsectores económicos industriales de la comunidad de Madrid.

¹⁰ Los valores recomendados de la elasticidad empleo-salario y empleo-producto de la demanda de trabajo para el sector manufacturero se encuentran entre -0.22 y -0.9 para la elasticidad empleo-salario y entre 0.3 y 0.9 para la elasticidad empleo-producto (Hong, 2007).

¹¹ Véase Mouelhi y Ghazali (2013).

¹² En esta ecuación el precio del capital permanece constante. Véase Meriküll y Rõõm (2014).

¹³ Véanse a Lichter et al.(2013) y Godart et al. (2013).

¹⁴ El análisis con información en datos de panel nos permite saber si existen diferencias entre los subsectores. Así podremos saber cómo han reaccionado los niveles de empleo de cada uno de ellos ante el producto y los salarios; más específicamente, ante el producto, que es el propósito de este trabajo. Para ello se utilizan variables dicotómicas en el intercepto de cada subsector y se realiza una interacción del intercepto de cada subsector con el coeficiente de la pendiente del producto (Gujarati, 2004).

¹⁵ El sector manufacturero se encuentra dividido en 21 subsectores económicos y los códigos numéricos que los identifican son de acuerdo con la clasificación del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN).

¹⁶ Para encontrar la especificación correcta se procede a realizar las estimaciones y pruebas estadísticas con base en el orden siguiente: 1) se estima el modelo Pooled; 2) se estiman los modelos de efectos fijos y de efectos aleatorios; 3) se contrastan los modelos de efectos fijos y de efectos aleatorios con el modelo Pooled (utilizando la prueba F y LM); y 4) el resultado esperado es que el modelo de efectos fijos tenga mejor desempeño que el de Pooled y el de efectos aleatorios. Véase Narváez (2013).

¹⁷ Los datos anuales se eligieron con respecto al primer trimestre de cada año. Además, se seleccionó el periodo 2005-2009 debido a que de 2005 a la fecha la ENOE ha seguido utilizando la misma metodología en el levantamiento de esta encuesta. Con esto se cumple la condición para la aplicación correcta de datos de panel.

¹⁸ El proceso consistió en seleccionar únicamente, en estas bases de datos, a los trabajadores asalariados, es decir, se omitió a los trabajadores no remunerados. También se eligió a los trabajadores asalariados de cada uno de los subsectores de la industria manufacturera. Para obtener el salario promedio de los trabajadores asalariados por subsector se procedió a eliminar a los que reportaron recibir cero ingresos y a los casos atípicos que reportaron recibir muy altos ingresos. Para obtener el nivel de calificación de los trabajadores asalariados se procedió a tomar como criterio a los que tuvieran un nivel de escolaridad mayor o igual al de educación media superior y superior, considerados como calificados, y a los que presentaran un nivel inferior (con escolaridad de primaria o secundaria), considerados como no calificados.

¹⁹ Para obtener las estimaciones econométricas de corto plazo se utilizó el paquete EViews 5 y para las estimaciones de largo plazo se recurrió al paquete Stata 10.

²⁰ De acuerdo con la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP), las grandes divisiones de la industria manufacturera comprenden la integración de los subsectores con procesos o técnicas de producción similares como, por ejemplo, la División 1. Productos alimenticios, bebidas y tabaco.

²¹ En nuestro caso, utilizamos como variable instrumental la tasa de ocupación con un rezago según el nivel de calificación de la mano de obra; el supuesto teórico en el que se fundamenta esta decisión refiere a que la cantidad de trabajo está en función de la tasa de actividad económica que en México es similar a la tasa de ocupación.

²² Excepto los subsectores: 3240: fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón mineral. 3250: industria química. 3310: industrias metálicas básicas. 3120: industria de las bebidas y del tabaco. Los primeros tres subsectores (3240, 3250, 3310) aplican para el empleo total y el empleo no calificado, mientras que el subsector 3120 sólo aplica para el empleo no calificado.

²³ Sin embargo, se debe tomar en cuenta que en el subsector 8 también se encuentra la fabricación de muebles que es poco tecnificada y altamente intensiva en mano de obra no calificada, pero con una alta elasticidad empleo-producto.

²⁴ Véanse Costa (2000), Freeman (1981), Hamermesh y Rees (1984), Noriega (1994), Artus (1995), Layard (1996) y McConnell et al. (2007).

²⁵ Véase Narváez (2013).

²⁶ De acuerdo con los datos trimestrales, esta crisis inició a principios del tercer trimestre de 2008 y la economía empezó a presentar signos de recuperación en el primer trimestre de 2010.

²⁷ Para enfrentar los efectos de la recesión económica en los niveles de empleo durante este periodo se aplicaron los programas de Preservación del Empleo, de Inversión en Infraestructura, de ampliación del portafolio de opciones del Servicio Nacional de Empleo, de ampliación del empleo temporal, México Emprende, de sustitución de equipos electrodomésticos para ahorro de energía y el programa sobre el congelamiento del precio de la gasolina.

²⁸ Esto indica que el apoyo pudo haber sido menor a 5,100 pesos por trabajador, lo cual se refleja también en su presupuesto comprometido total para este rubro, equivalente a 2,200,000 pesos.

²⁹ Se puede afirmar que, en el caso del trabajo calificado, son otros los factores que intervienen al tomar una decisión sobre la terminación de la relación laboral por parte de las empresas.

 

Información sobre los autores:

Jesús Gerardo Ríos-Almodóvar. Mexicano. Maestro en economía por la Universidad de Guadalajara, México. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Estudios Regionales-INESER de la Universidad de Guadalajara, con Reconocimiento Perfil Deseable PROMEP. Sus líneas de investigación son: grupos económicos y mercados laborales; empleo y productividad. Sus publicaciones más recientes son, en coautoría: "Trabajo y rendimiento escolar de los estudiantes universitarios. El caso de la Universidad de Guadalajara, México", Revista de la Educación Superior, XLII (2), ANUIES, México, pp. 9-34 (2013); "Perspectivas del crecimiento de la economía y el empleo en México. El caso de Jalisco para 2013", Reporte Macroeconómico de México, IV (2), Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco, México, pp. 23-28 (2013); en coautoría: "La oferta de trabajo en los estudiantes de licenciatura en México", Revista de la Educación Superior, XXXLVIII (3), ANUIES, Distrito Federal, pp. 39-55 (2009).

Salvador Carrillo-Regalado. Mexicano. Doctor en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Estudios Regionales-INESER de la Universidad de Guadalajara, miembro del SNI. Su línea de investigación es desarrollo económico regional. Sus publicaciones más recientes son, en coautoría: "Trabajo y rendimiento escolar de los estudiantes universitarios. El caso de la Universidad de Guadalajara, México", Revista de la Educación Superior, XLII (2), ANUIES, México, pp. 9-34 (2013); "Economía Informal en México: El universo del autoempleo y los micronegocios", Desafíos y Alternativas para la Globalización: Caso de México, Seijo CGS Reports, núm. 3, Seijo University, Tokyo, pp. 85-110 (2005); en coautoría: "Japanese investment: the case of Jalisco state, Mexico", Regional Development in Mexico, Seijo University, Tokyo, pp. 31-92 (2013).

^rND^sAlarcón^nSilverio^rND^sCadarso^nMaría Ángeles^rND^nNuria^sGómez-Sanz^rND^nLuis Antonio^sLópez-Santiago^rND^nMaría Ángeles^sTobarra-Gómez^rND^sDíaz^nCarmen^rND^nRosario^sGandoy^rND^sDussel^nEnrique^rND^sGandoy^nRosario^rND^nBelén^sGonzález^rND^sGodart^nOlivier^rND^nHolger^sGörg^rND^nDavid^sGreenaway^rND^sHamermesh^nDaniel^rND^sHong^nGhi^rND^sMendoza^nJorge^rND^sMendoza^nJorge^rND^nCuauhtémoc^sCalderón^rND^sMouelhi^nBen Ayed^rND^nMonia^sGhazali^rND^sNarváez^nÁlvaro^rND^sVarela^nRogelio^rND^nJuan^sPalacio^rND^1A01^nLaura^sVelasco-Ortiz^rND^1A01^nLaura^sVelasco-Ortiz^rND^1A01^nLaura^sVelasco-Ortiz

Artículos de investigación

 

Estudiar la migración indígena. Itinerarios de vida de trabajadores agrícolas en el noroeste mexicano

 

Studying indigenous migration. Life itineraries of farm workers in northwest Mexico

 

Laura Velasco-Ortiz*

 

* El Colegio de la Frontera Norte. Correo-e: lvelasco@colef.mx

 

Recibido: 7 de abril de 2010.
Reenviado: 5 de octubre de 2011.
Aceptado: 19 de octubre de 2013.

 

Resumen

La presente investigación es un ejercicio metodológico en el cual se analizan las múltiples lógicas que definen la movilidad y la migración de poblaciones indígenas, cuyas vidas se interrelacionan con el desarrollo de los mercados de trabajo agrícola de exportación y la creación de nuevas regiones en la frontera norte de México. El análisis de dicha movilidad parte de entrevistas biográficas, lo cual nos permite observar a partir de qué condiciones se suscita el desplazamiento de los jornaleros y la migración, así como el proceso de asentamiento en nuevos lugares.

Palabras clave: migración indígena, movilidad geográfica, trabajo agrícola, itinerarios de vida.

 

Abstract

The present work is a methodological exercise that tries to analyze the multiple logics that define the mobility and migration of indigenous people whose lives are connected with the development of agricultural labor exportation markets and the creation of new regions in the northern border of Mexico. The analysis is based on biographical interviews considering mobility, which allows us to observe the multiple logics that organize the movement of laborers as well as migration that takes us to observe the settlement process in new places.

Keywords: migration, mobility, agricultural work, life pathways.

 

Introducción

En las últimas tres décadas la migración indígena¹ parece haber cobrado una mayor importancia para los estudiosos de la migración interna e internacional en México.² La diversidad disciplinaria de las investigaciones ha enriquecido el campo de los estudios indígenas con nuevos temas y retos metodológicos, especialmente en lo que se refiere a las amplias corrientes migratorias de indígenas que tienen lugar en el interior del país y Estados Unidos. Los estudios realizados sobre el tema han documentado un comportamiento migratorio específico de las poblaciones indígenas. Se ha establecido una asociación entre la movilidad geográfica de estas poblaciones con ciertos mercados de trabajo, particularmente con el de la agricultura de exportación y el comercio informal en las ciudades; así como, incipientemente, con la industria maquiladora (Velasco, 2005; Velasco, 2010; Lara-Flores, 2003).

Esta investigación presenta un ejercicio metodológico que analiza la movilidad y migración de poblaciones indígenas, cuyas vidas se interrelacionan con el desarrollo de los mercados de trabajo agrícola de exportación y la creación de nuevos núcleos de asentamiento en la frontera norte de México.

El esfuerzo metodológico que subyace a este artículo se relaciona con el supuesto planteado por Lara-Flores (2008) sobre el nexo entre la movilidad de los trabajadores y la flexibilidad extrema en los contratos laborales, es decir, la contratación y los despidos arbitrarios con los que operan los mercados de trabajo, lo cual provoca a los trabajadores una alta condición de vulnerabilidad.

Ante la falta de estructuras institucionales de asistencia y protección ¿cuáles son los mecanismos con los que los trabajadores resuelven esta situación cotidianamente?, ¿cómo subsisten día a día en condiciones de movilidad precaria y explotación laboral? Este artículo plantea algunas respuestas a través del estudio de sus relatos de vida, poniendo especial atención en sus itinerarios.

 

1. Aclaraciones conceptuales y metodológicas

El concepto de movilidad geográfica da la posibilidad de pensar en una amplia variedad de traslados humanos que puede incluir a la migración como un fenómeno específico. En un esfuerzo por dialogar con ambos conceptos es útil su distinción.

La movilidad geográfica se define como todo desplazamiento humano independientemente de los motivos, condiciones y consecuencias; en ella se pueden incluir el turista, el ejecutivo, el jornalero o el refugiado. En tanto, la migración tiene que ver con cualquier desplazamiento con expectativas de cambio en el plano individual o familiar -puede ser laboral o no- e impacta las condiciones de residencia y empleo en primera instancia y de integración social en segundo término.

Así, la movilidad geográfica incluye distintos tipos de desplazamientos humanos (Heyman, 2012),³ entre ellos las migraciones temporales nacionales e internacionales. En los distintos flujos de la amplia movilidad humana contemporánea confluyen los commuters laborales o estudiantiles, los compradores, los visitantes de corta estancia y los migrantes laborales y familiares de ida y de retorno (deportados y no).

La distinción entre la movilidad humana y la migración es ciertamente compleja debido a que puede haber mezcla de patrones en la historia de una sola persona como bien lo ilustra Heyman, tal es el caso de estudiantes commuters en la frontera que combinan sus estudios con el empleo en el extranjero, así que, ¿hablamos de movilidad estudiantil o de migración laboral? Esta dificultad lleva a Heyman (2012) a considerar que el concepto de migración parece un asunto de clase y edad.

Sin embargo, dado la enorme tradición en los estudios de migración en América Latina y Norteamérica es difícil presindir de los conceptos y categorías producidos por ese cuerpo de conocimiento, específicamente de aquellos relacionados con la búsqueda de estabilidad, como es el de asentamiento residencial que permite considerar el fenómeno de permanencia en los lugares de destino de un número cada vez mayor de trabajadores temporales de origen indígena y de otros estratos sociales.

Un balance entre la movilidad y el asentamiento ha sido señalado por Cresswell (2012)⁴ como una necesidad analítica reciente que urge a reconocer los estados de espera o sedentarismo sin desconexión con la movilidad.

En este artículo combinamos ambas perspectivas analíticas: la de la movilidad, para observar las múltiples lógicas que organizan el desplazamiento de los jornaleros agrícolas y, la de migración, para observar la dinámica de asentamiento de dichos trabajadores en nuevos lugares. La movilidad y el asentamiento son procesos de la dinámica de reproducción de poblaciones que viven en desplazamiento continuo y a la vez creando nuevos núcleos de asentamiento.

A partir de la perspectiva biográfica se analizan las tres dimensiones que surgen recurrentemente en la caracterización de la movilidad y migración indígena al noroeste mexicano y el suroeste estadounidense: su temporalidad, espacialidad y especialización laboral.

La literatura sobre el tema⁵ ha documentado desde los años sesenta del siglo XX la existencia de una migración indígena a las regiones agrícolas del noroeste mexicano. Según Lara-Flores (2008), los principales estados de recepción de los trabajadores agrícolas en el noroeste mexicano son Sinaloa (35.8%), Baja California (32.7%), Sonora (6.6%) y Baja California Sur (6.2%).⁶ Estos inmigrantes tienen una movilidad y residencia estacional en circuitos geográficos más o menos bien definidos por el mercado agrícola y una especialización laboral como jornaleros en cultivos específicos. Así, este migrante es el jornalero que vive atado a la lógica de producción del mercado agrícola.

Un reto de investigación y metodológico es analizar la forma en la que dichos jornaleros contienden entre las opciones laborales que les ofrecen esos mercados a lo largo de sus vidas. Con el estudio biográfico se persigue un acercamiento a las opciones de vida que experimenta el individuo en su trayecto vital y la forma de enfrentar el funcionamiento de los mercados transnacionales. La lógica con la que los individuos se mueven en ese mercado representa una perspectiva indispensable para poder comprender mejor el fenómeno migratorio y sus cambios.

El material de apoyo para este análisis preeliminar está constituido por una base de datos de 100 entrevistas realizadas entre 2003 y 2007, bajo la perspectiva biográfica en torno a tres ejes: movilidad geográfica, trabajo y proceso de asentamiento en el valle de San Quintín.⁷ Para este estudio se tomaron sólo 10 casos y entre las características de los entrevistados destacan que la media de edad es de 40 años, la mitad son hombres y la otra mitad, mujeres; nueve son bilingües (español y lengua indígena): cinco mixtecos, tres triquis y un zapoteco; sólo uno habla español. Todos ellos llegaron al valle de San Quintín entre 1970 y 2000, la mitad arribó a esta región en la década de los ochenta. En los años que se realizaron las entrevistas el grupo de estudio eran jornaleros y jornaleras y vivían en alguna de las colonias de las delegaciones de Vicente Guerrero y San Quintín.⁸

Como se observará más adelante, estas entrevistas tuvieron como fin estudiar cada una de las dimensiones de la migración: la temporalidad, la espacialidad y la especialización laboral. El objetivo es dar un primer paso en la asociación de dichas dimensiones a episodios vitales, ya sea individuales, familiares y comunitarios, esto con el propósito de comprender los factores que definen el comportamiento de los migrantes, a partir de esos tres parámetros.

En el análisis prevalece el interés metodológico por encontrar algunos patrones o comportamientos típicos que permitieran caracterizar la complejidad de la migración indígena y que, a su vez, fueron la base para la redacción de un cuestionario que se aplicó posteriormente en forma de encuesta (Ebimre, 2005) y del cual se utilizaron algunos datos obtenidos.⁹

Para la exposición de los resultados utilizo el caso de Julián,¹⁰ un hombre originario de la región mixteca de Oaxaca, hablante del mixteco y español y dedicado al trabajo agrícola en la mayor parte de su semblanza laboral, con una trayectoria de movilidad de cerca de 40 años, la cual incluye las rutas que caracterizan a las corrientes migratorias oaxaqueñas: migración al sur en los años cuarenta y luego al noroeste, asentamiento en San Quintín y migración internacional en circuito temporal. En su historia migratoria encontramos las diferentes lógicas presentes en los demás casos, permitiendo ilustrarlas en un continuo biográfico (Julián, 2004).

 

2. Migración, movilidad, asentamiento y especialización laboral de los indígenas en el valle de San Quintín

En el 2000 la población del valle de San Quintín ascendía a 74,727. De acuerdo con la Ebimre (2005), 61.3% de la población había nacido en Oaxaca y 34.6% en el estado de Guerrero, y en porcentajes menores en Sinaloa (4.2%) y en Baja California (6.3%). Además de un origen regional hay un origen étnico, ya que 20% de los habitantes en ese mismo año hablaban alguna lengua indígena, la mayoría el mixteco y en menor grado el triqui y zapoteco.

El arribo de los migrantes a esta región puede comprenderse a partir de la historia de la migración indígena oaxaqueña hacia el noroeste de México en los años sesenta en un contexto histórico que planteo en otra investigación a partir de seis etapas (Velasco, 2002). El inicio de la migración oaxaqueña moderna¹¹ se puede establecer en los años cuarenta con las migraciones agrícolas para el corte de caña en Veracruz y la incipiente incursión de los pobladores de la región mixteca en el Programa de Braceros que estableció México con Estados Unidos.

En la década de los cincuenta las rutas migratorias incorporan a las ciudades de Oaxaca, Puebla y Distrito Federal como destinos urbanos, y para los sesenta se establece la conexión con la migración urbana a las ciudades y con otras zonas agrícolas como las de Veracruz y Morelos. En la misma década la ruta al noroeste reúne los flujos de los pueblos originarios y de puntos intermedios, ofreciendo alternativas de trabajo temporal a una gran cantidad de pobladores de distintas localidades indígenas en la región y en otros lugares donde habían emigrado.

El destino particular a la región del valle de San Quintín se ubica en esta ruta noroeste que desde su inicio se conecta con la migración internacional al estado de California en Estados Unidos. Esta nueva ruta de la agricultura moderna del noroeste mexicano se asocia con un mercado de trabajo temporal en dicha actividad. Sin embargo, en los años ochenta es posible observar un proceso de asentamiento en colonias periféricas a las ciudades de la frontera noroeste mexicana, así como en colonias aledañas a los campos agrícolas de la misma región.

En la década de los setenta, el valle de San Quintín siguió los pasos de otras regiones agrícolas de Sonora y Sinaloa al utilizar el reclutamiento a distancia de trabajadores temporales para la incipiente agricultura de exportación. Durante la década de los ochenta y principios de los noventa los trabajadores, en su mayoría migrantes, se hospedaban en viviendas colectivas, en campamentos construidos por los rancheros o empresarios dentro de su propiedad, o bien, rentaban pequeños cuartos en los poblados vecinos.

Esa última década (los noventa) parece condensar una serie de cambios que confluyen en la transformación del valle. A mediados de la primera década del siglo XXI era cada vez más común encontrar campamentos agrícolas vacíos o en proceso de desinstalación, lo que podría llevar a un observador inexperto a concluir que hay una debacle en la economía agrícola de la región.

No obstante, un recorrido por las nuevas colonias populares de este valle durante horas estratégicas como las cinco o seis de la mañana obliga a relativizar tal conclusión,¹² pues a esas horas se puede observar una ebullición en la vida de las colonias: los trabajadores se apresuran a abordar los camiones escolares llevando baldes blancos para la pizca y las bolsas con su comida preparada. Son los nuevos jornaleros agrícolas que ya no se hospedan en los campamentos o cuarterías, sino en las colonias populares donde poseen un lote en proceso de regularización con posibilidad de acceder a los servicios de luz y agua.

Lo anterior es una señal de los cambios sucedidos en las dos últimas décadas en el valle; para los términos de este artículo sólo enfatizaré dos principales cambios que, aunque parezca que corren en forma paralela, se relacionan estrechamente: el primero de ellos se da en el terreno de la tecnología de la producción y el segundo en la organización del trabajo.

Desde su origen, la producción agrícola regional utilizó la tecnología de riego; sin embargo, en la década de los noventa sucede un cambio sustancial con la aparición del riego y la fertilización por goteo, la doble línea en surco y el invernadero; este último se extendió a través de la plastificación del surco a cielo abierto y el invernadero a cielo cerrado en el valle.¹³ Según algunos de los empresarios estas nuevas tecnologías, aunque al principio fueron vistas con recelo, permitieron enfrentar de mejor manera el problema de la escasez de agua en la región.

En la producción, los cambios tecnológicos permitieron ampliar los periodos a un año completo al introducir los cultivos de invierno, así como a incrementar el rendimiento por hectárea como resultado del mejoramiento de la semilla y de la mayor concentración de plantas por espacio. Como lo señala el señor José, encargado de uno de los ranchos más grandes en el valle, en los años ochenta ya había un incremento de la producción por planta y por surco, el cual también implicó cambios en la organización de la cosecha y el empaque: se sustituyeron las cajas de madera por tinas de plástico directamente a los surcos y se empezó a cosechar el tomate de acuerdo con su color.

denominamos colores: uno era verde, dos poquito pintado, tres ya como ¼ del fruto con color, cuatro medio y medio cinco; pues ya el tomate color de rosa y seis un color que ya está en estado bueno para empacar estaba muy maduro; empezamos a determinar todos esos detalles y empezamos a controlar [la cosecha]; por decir algo, en la mañana al jefe de operaciones de campo: se le decía "haz una estimación de lo que vamos a cosechar hoy..." (José, 2005).

Los cambios tecnológicos en la siembra y la cosecha impactaron en la temporalidad, diversidad e intensidad de la producción a lo largo del año. Los datos de siembra y producción a fines de la década de los noventa ya registran claramente las temporadas de producción del año completo.

Entre 1998 y 1999, así como en 2001 y 2002 la superficie sembrada en el ciclo primavera-verano se redujo en un dramático 40% (de 10,000 a 6,000 hectáreas). En tanto la producción en ese mismo periodo se redujo en 35% (351,000 a 230,000 toneladas). Esa reducción también se registró en el ciclo otoño-invierno, pero tuvo una caída menos drástica y ofreció una oportunidad de empleo a un segmento de los trabajadores desocupados por el fin del ciclo primavera-verano.¹⁴

El rendimiento por hectárea durante la misma década se mantuvo constante e incluso registró un incremento constante los dos ciclos. A la vez estos cambios tecnológicos permitieron lidiar con la contracción de la superficie y de la producción agrícola de fines de los años noventa, ya que facilitaron la ampliación de los periodos de producción de algunos cultivos y la producción de una mayor variedad de cultivos en invierno.

Del lado de los trabajadores, tales cambios suscitaron una notable disminución de la población en los campamentos e incentivaron el asentamiento de muchos de esos migrantes estacionales en las colonias recién inauguradas en el valle, con posibilidades de trabajar todo el año.

El proceso de asentamiento es el segundo cambio que me interesa enfatizar aquí, en un primer acercamiento, éste se expresó en la toma o compra de terrenos en forma colectiva por grupos de trabajadores que lentamente se habían instalado en los campamentos temporada tras temporada, o bien, vivían en las cuarterías de renta en los poblados. Este asentamiento generó, a su vez, una serie de transformaciones de índole social y cultural.

La vida familiar y comunitaria pudo recrearse en otras condiciones al separar los espacios de producción y los de reproducción de la fuerza de trabajo, a la vez que abrió la posibilidad de otras ocupaciones. En 1989, 66.7% de la población de la región vivía en campamentos, mientras que diez años después, en 1999, sólo era 33% de la población total (Velasco, 2005: 71).

Dicha transformación puede observarse en el perfil de ocupación de la población residente en las colonias del valle de San Quintín. Entre 1990 y 2000 se registra un cambio en la proporción de la población ocupada en el sector primario de 61% a 54.6% (INEGI, 1990-2000). El sector primario se refiere básicamente al empleo en la agricultura, el secundario en la industria, particularmente la textil, y el terciario en el comercio y los servicios que, después de la agricultura, ocupan a la proporción más alta de los sanquintenses (INEGI, 1990 y 2000).

Estos últimos datos reflejan el incremento de la presencia gubernamental a nivel municipal y estatal en los años noventa, así como el incremento de un segmento de la población de nivel profesional ocupando puestos en la burocracia institucional local; el florecimiento en las colonias de las tienditas de alimentos, comercios de ropa, artículos electrodomésticos y productos para la construcción; sin embargo, esa incipiente diversificación de la actividad económica en el valle no ha desplazado a la agricultura industrial como la base de la acumulación económica en la región, por lo que la dinámica de los otros sectores funciona en torno a la vitalidad de esa actividad.

Por ejemplo, en las pequeñas tienditas de las colonias las personas pagan con los cheques expedidos por las compañías agrícolas y los propietarios de esas tienditas a la vez pagan sus deudas a los proveedores con los mismos cheques. De tal forma que cuando hay problemas de liquidez de los cheques, sucede un efecto encadenado que involucra a los empresarios agrícolas, a los pequeños comerciantes y a las empresas transnacionales Sabritas o Coca Cola.¹⁵

La tendencia a la diversificación ocupacional parece diferenciar a la población del valle, ya que los nativos se ocupan menos en las labores agrícolas, mientras que son los migrantes, sean de estratos étnicos o no, los que realizan estas actividades, es decir, los nacidos en el estado de Baja California se dedican en mayor proporción a otras actividades distintas de la agricultura respecto de otras categorías sociales, como son los migrantes y los indígenas.

De tal manera que hemos llegado a la conexión entre la migración, el trabajo agrícola y la condición de ser indígena. Estos datos confirman la hipótesis de la especialización laboral de la población indígena en el trabajo agrícola y en la posición de peón, relación que se ahonda más en los campamentos.¹⁶ En 2003, 96.2% de la población hablante de lengua indígena que vivía en campamentos se dedicaba a la agricultura; mientras que un año antes en las colonias esa proporción era de 83.9%, pues surgieron para este último grupo ocupaciones como comerciantes y trabajadores ambulantes, en la industria y en otros servicios, en orden de importancia.

Así, el proceso de asentamiento aún no ha logrado modificar sustancialmente la especialización laboral de los indígenas migrantes en la actividad agrícola. No obstante, dado lo nuevo en su proceso de asentamiento, el hecho de que cerca de 20% de la población económicamente activa tenga una ocupación distinta a la agricultura es un hallazgo importante de observar en su evolución.

A continuación, se tratan de explorar los cambios que ha traído el asentamiento a la dinámica del empleo agrícola en la región. Las transformaciones en la producción no han alterado la característica básica de la industria agrícola cuyo tiempo de producción es distinto al tiempo del trabajo,¹⁷ es decir, éste no se realiza de forma constante en todo el ciclo de producción, sino que se concentra en ciertos momentos en forma intensiva especialmente en los tiempos de siembra y cosecha; esto implica que se requiere fuerza de trabajo en cuotas diferenciales a lo largo del ciclo de producción y, por lo tanto, flujos de trabajadores por temporadas.

Sin embargo, esos cambios en la producción, particularmente los tecnológicos, sí han traído transformaciones en la organización del trabajo, tales como: a) la diversidad de cultivos; b) los diferentes tipos de contrato (por jornada, tarea o pieza; c) la heterogeneidad de patrones y, d) el cambio del papel de los intermediarios laborales al decaer el enganche a distancia y surgir el reclutamiento en colonias.

Para ilustrar estos cambios es útil el caso del señor Moisés, un trabajador del campo que tiene una relación laboral de muchos años con un patrón, la empresa en la cual labora se dedica principalmente al cultivo de la fresa, de tal manera que en la temporada que va de otoño a invierno se intensifica el trabajo para él y su familia (esposa e hijos).

En abril decae la producción de fresa e inicia el periodo de otros cultivos como el tomate, el cual se extiende durante todo el año en tres etapas, como menciona el señor Moisés: "en su primera etapa, los meses de mayo a julio; segunda etapa de agosto a octubre y la tercera etapa de noviembre a diciembre. Durante esos meses pueden contratarse con otros patrones en el corte de tomate y a la vez seguir trabajando por día en contratos de tarea para la preparación de los terrenos para el cultivo de la fresa".

Otro caso ilustrativo es el de Rosa, una trabajadora agrícola asentada en la colonia San Juan Copala, quien narra que en noviembre de 2004 los camiones que arribaban a las colonias llevaban a los trabajadores a distintos ranchos: "usted puede elegir a cuál subir si no tiene contrato por temporada... puede irse a la tarea de la fresa... por ejemplo, a levantar plástico o poner estaca... o bien, ir a cortar tomate... pero el tomate es muy pesado porque los botes son grandes... prefiero ir a levantar plástico, donde pagan por tarea...". Es decir, la oferta de trabajadores se organiza por colonia, ya no por campamento, y esto da flexibilidad a los empleadores y a los empleados, una vez roto el vínculo residencia-empleo que existía en los campamentos.

El cambio del perfil de los intermediarios laborales es también una de las modificaciones en cuanto a la organización del trabajo se refiere, pues ha surgido en el valle una compleja variedad de contratistas locales que organizan la fuerza de trabajo, desempeñándose como choferes y, en ocasiones, como mayordomos en los campos de cultivo. Esta novedad en la organización del trabajo ha debilitado la contratación a distancia y, por lo tanto, la movilidad espacial de los trabajadores.

En los últimos treinta años ha cambiado el traslado de los trabajadores: en los años setenta era usual transportarlos en grupos, en líneas de camión o camiones de los patrones (cuando era la misma región noroeste), y para el traslado del campamento al campo podía hacerse en camiones de redilas. Una vez que los trabajadores se asentaron se incrementó el uso de transportistas que, solos o en forma organizada, se encargan de abastecer a las empresas de trabajadores de las colonias.

Como lo menciona Rogelio, presidente del Consejo de Administración de Autotransportes del Valle:

los transportistas son un gremio que trabaja en conexión con las empresas, con unidades vehiculares propias que comúnmente son camiones de escuelas de segunda mano traídos desde Estados Unidos. Muchos de los camioneros eran empleados de los ranchos y se independizaron para manejar su propia unidad y tener un contrato asociado a un número de trabajadores en cuotas adecuadas a las necesidades de las empresas.

El asentamiento no sólo ha afectado la organización del trabajo sino las condiciones de vida de los trabajadores. Los nuevos residentes del valle ya no regresan a sus lugares de origen o circulan en el noroeste, sino alternan entre empresas y cultivos para tener empleo durante todo el año, e incluso realizan también otras actividades en otros sectores o emigran hacia Estados Unidos para incrementar los ingresos que provienen de la agricultura en el valle.

Un dato importante según el presidente del Consejo de Administración de los Transportistas es que los salarios eran más bajos cuando traían a los trabajadores desde sus lugares de origen debido a que les cobraban el viaje. Además, los empresarios confiaban en que aceptarían dicho pago puesto que sentían cierta lealtad, Rogelio continua

Sale más barato. Es negocio traer gente de fuera. Yo traigo gente de fuera y le pago menos. Y como están contratados hay una obligación moral de la gente de quedarse con quien los trajo... De algunos. Vamos a hablar de la mitad; vamos a pensar que traen 50 y se van 25, se quedan 25...

Es negocio... Si yo vengo a un rancho que me contrata, me va pagar quizá a 2.50 la cubeta... Más bien, 2.25 la cubeta... de la pizca de tomate... 2.25. Pero si me voy a un rancho que no me contrató porque yo llegué solo, me va a pagar tres pesos la cubeta porque ese no le da... no le da cuarto, no le da escuela, no le da nada... pero le da tres pesos por cubeta; 50 centavos más. La gente hace 100 cubetas; 80, 100 cubetas al día. 50 centavos, 100 cubetas por día. ¿Cuánto es a la semana? ¿Cuánto es en los cuatro o cinco meses? ¡Es un dineral! A final de cuentas es negocio para los ranchos grandes traer gente contratada porque les pagan menos. Y si invierten quinientos o seiscientos mil pesos trayendo gente... Entre trayéndolo y dándole servicios dejan de pagar tres y cuatro millones de pesos... Entonces es negocio traer gente; la verdad, es negocio...

Esto explica porqué los trabajadores están convencidos de asentarse, pues les trae mayores beneficios como tener una vivienda con servicios y escuela para los niños, así como ganar tal vez esos 50 centavos más. Así, el trabajador libre puede reapropiarse de su mano de obra y desplazarse desde su nueva residencia a distintas empresas, campos, actividades y cultivos a lo largo de un año. Considerando también la migración a Estados Unidos que toma como nuevo punto de partida la región de San Quintín, entonces a esa movilidad entre campos en el valle se suma la movilidad en campos de California, Oregón o Washington.

Vista desde la perspectiva del lugar de asentamiento, pareciera que está sucediendo un cambio fundamental en la vida de los indígenas migrantes que llegaron a San Quintín como trabajadores agrícolas y que formaron parte de las corrientes migratorias de los años ochenta. Una pregunta posible es ¿Cómo contienden los trabajadores con estas transformaciones?, ¿cómo sus lógicas de reproducción social y cultural se adaptan a estas nuevas condiciones de operación de un mercado de trabajo que integra mano de obra itinerante y asentada?

 

3. Múltiples lógicas vitales: tiempo, espacio y relaciones sociales

El estudio biográfico se utiliza como una vía para entender estos cambios estructurales desde la experiencia de vida de los indígenas que actualmente laboran en la agricultura de esta región. Uno de los supuestos más evidentes, con el análisis aquí presentado, es que existe un cambio en la manera cómo influye el tiempo y el espacio en el proceso de asentamiento, ya que estos indígenas en su mayoría llegaron temporalmente al valle en los años noventa.¹⁸

Con el material biográfico cualitativo es posible decir que el tiempo de residencia en una colonia no es suficiente, sino que se acompaña con otros indicadores como el acceso a un terreno, la construcción de una casa y el pago de servicios urbanos. El asentamiento aparece como un proceso colectivo antes que individual, es decir, sucede cuando el grupo familiar se reencuentra en un lugar específico y se pasa del campamento a la colonia. Un aspecto importante de las migraciones indígenas es que lo colectivo no sólo incluye a la familia, sino a la comunidad local tanto étnica como de paisanaje.

Como lo señala Acebo (1996), el apego al nuevo territorio se da a nivel práctico y simbólico e implica una experiencia totalizadora, la cual se nutre de las lógicas individuales pero a la vez crea algo que va más allá de esa individualidad. Scudder (1985) considera que el éxito de un asentamiento se da cuando los colonos desarrollan un sentido de arraigo y pertenencia, yendo más allá de la satisfacción de necesidades; el arraigo no elimina las interacciones con los lugares de origen y con otros lugares de migración, donde se dispersan los familiares y miembros del pueblo o localidad.

El estudio biográfico nos permite comprender la complejidad del proceso de asentamiento y de movilidad y, al mismo tiempo, entender las estrategias de vida de estos individuos para resistir y adaptarse a la lógica de los mercados de trabajo y no sólo observarlos como trabajadores en constante movimiento, sino en un proceso de reconstitución como sujetos históricos.

Al analizar el conjunto de entrevistas biográficas se advierte que, a lo largo de su vida, el individuo experimenta la migración como un conjunto de movimientos geográficos con cambios de residencia. Esto fragmenta su experiencia de vida en lugares con relaciones sociales distintas y a las cuales él o ella les da sentido en su narración biográfica: a) la salida con algún familiar o paisano; b) el viaje acompañado con familiares o paisanos; c) los arribos múltiples a distintos lugares (que a veces incluyen ciudades) con cortas estancias, y d) la llegada al valle de San Quintín con algún familiar o paisano.

En este punto, las estrategias de encuentro son una constante y, después de un tiempo, se da un cambio de residencia que puede alternar con movilidades a otros lugares del noroeste o de Estados Unidos y con la autonomía residencial, ya sea a través de la renta o de posesión de un terreno en una colonia. En este proceso, los ejes temporales y espaciales siempre están mezclados con lo laboral y familiar, agregándose cada vez más la dinámica residencial en el nuevo lugar.

Uno de los retos de estudiar el proceso de asentamiento en estas poblaciones consiste en comprender la importancia que la movilidad geográfica ha tenido en la constitución de alternativas y horizontes de vida. A continuación hacemos un ejercicio con información cualitativa tomada de una entrevista realizada a un jornalero indígena que, por su larga historia, nos permite analizar la complejidad de sus procesos migratorios a lo largo de su trayectoria vital, tratando de distinguir las lógicas sociales de su movilidad.

 

4. La multitemporalidad de la movilidad y migración

La temporalidad de los movimientos migratorios se ha utilizado para distinguir tipos de migrantes, tales como los temporales, circulares o definitivos. En este apartado se expone ese supuesto con la idea de que las diferentes temporalidades nos permitan distinguir experiencias de vida constituidas por que llamaremos episodios migratorios, más que individuos. Los distintos movimientos geográficos pueden ser experimentados por el mismo individuo a lo largo de su biografía como migrante.

Este análisis nos permite diluciar que los entrevistados tienen una historia de movimientos geográficos con temporalidades distintas. En el conjunto de casos, las edades de los individuos van de los 31 a los 61 años, por lo que para evaluar mejor sus tiempos de movilidad, separé a los que tienen entre 31 y 40 años para estudiar una generación de migrantes: este grupo tiene en promedio una historia de movilidad de 22 años; es decir, la mayor parte de su vida fuera de su lugar de origen y con movilidades distintas.

De entre los entrevistados ninguno experimentó únicamente un desplazamiento geográfico a lo largo de su vida, incluso aquellos ya nacidos en el valle de San Quintín. Es difícil distinguir el tiempo del lugar en los movimientos migratorios, debido a que el lugar se vuelve una marca temporal del ciclo de vida. Un movimiento siempre implica un lugar de salida y uno de llegada, así como una duración. Los movimientos geográficos incluyen lugares diversos en un circuito específico en el territorio mexicano y extranjero.

A continuación se analizan esos movimientos en función de su temporalidad, tratando de rastrear la lógica social a la que obedecen. La referencia general de estas temporalidades fue la edad del individuo y, por lo tanto, su biografía total.

Cada uno de estos tipos de movilidad parecen significar experiencias de vida específicas. Para facilitar su comprensión tomaré el ejemplo característico de Julián, cuya amplia ruta, con un periodo de migración de 39 años, presenta las diferentes temporalidades y espacialidades que se pretenden caracterizar.

 

4.1. El tiempo del trabajo estacional

Este movimiento se aproxima a lo que en la literatura se le llama ciclo pendular (Carton y Lara-Flores, 2004) y se refiere a aquella movilidad cuya temporalidad se apega a la de una estación de cultivo, o bien, a un conjunto de temporadas de cultivo en los campos del noroeste mexicano o el suroeste estadounidense.

Las temporadas de cultivo, desde la perspectiva del trabajador migrante, se refieren al periodo de trabajo intenso. Así, aunque el ciclo de cultivo del tomate empiece desde marzo con la siembra, es hasta mayo cuando inicia la temporada del corte. En general, los entrevistados hablan de estaciones de trabajo de cuatro o seis meses, las cuales, al alternarse con el empleo en otros cultivos se completa a veces en un año.

Por ejemplo, Carmen, una trabajadora jornalera de San Miguel Tlacotepec, Oaxaca, migró a Sinaloa a los ocho años para cuidar a su hermanita, una bebé de meses, en tanto sus padres trabajaban en el campo. Las temporadas de cosecha duraban seis meses y regresaban recurrentemente a su pueblo de origen. Así estuvieron durante cuatro años, hasta que ampliaron el circuito hacia Sonora, para entonces Carmen ya tenía 12 años y empezó a trabajar en Sonora y Sinaloa en la siembra de semillas de tomates en invernadero, donde pasaban temporadas de tres o seis meses en cada lugar, de tal manera que la temporada fuera del pueblo se alargó.

A los 14 años se juntó con un joven de 16 años y se independizaron del círculo paterno para tomar el rumbo más al norte, hacia San Vicente Camalú, Baja California, donde llegaron al campamento del Aguaje del Burro y empezaron a trabajar en el cultivo del tomate.

El retorno al lugar de origen o a otro lugar es un evento fundamental que marca el límite de la estación de trabajo. En la biografía de Julián estos movimientos estacionales para trabajar en la agricultura aparecen en dos momentos muy distintos de su vida: cuando es muy joven, y una vez que forma una familia y se establecen en San Quintín.

Por ahora sólo se describe el primero: Julián sale de San Mateo Liebres, en la mixteca oaxaqueña, cuando todavía es un niño. A los 12 años establece por tres años una ruta estacional entre Sinaloa y San Mateo. En ese periodo, su ocupación es la de pizcador de tomate en Sinaloa. Cuando retorna a su pueblo su ocupación no es tan clara, ya que no siempre hay un trabajo asalariado. En las diferentes estancias se dedican principalmente a la vida familiar, al arreglo de la vivienda, a la ayuda a sus parientes en el arreglo y trabajo de sus tierras, con empleos no siempre muy definidos.

 

4.2. El tiempo de la circulación: familia y trabajo

Los movimientos estacionales entre lugares específicos mezclan lógicas sociales que incluyen la vida del trabajo y la vida familiar, así como los tiempos asociados a ellos. En la literatura, el concepto de circulación se asocia con el movimiento entre dos o más residencias temporales y el retorno a un punto geográfico inicial.

La distinción entre la migración circular y la migración circular permanente (Carton y Lara-Flores, 2004) presenta algunas dificultades cuando se enfoca en el horizonte biográfico. Los hallazgos de esta investigación señalan que siempre hay un horizonte temporal para la circularidad que responde a una etapa de la vida del individuo; así el fin e inicio de la circulación está marcado por una unidad temporal biográfica. Una temporada de migración pendular puede constituir un circuito. Este es el caso del circuito que por ocho años recorrió un migrante de Ocotlán, Oaxaca, viajando cada seis meses a Ruiz Cortinez, Sinaloa.

Otro tipo de circuito sería el que estableció nuestro caso-ejemplo (Julián) entre San Quintín y Del Mar, California, durante dos periodos que suman 17 años con una interrupción de dos años en los cuales Julián trabajó en San Quintín. En las entrevistas, los jornaleros refieren periodos de distinta duración en los que viven entre Sinaloa y San Quintín; esto lo hemos encontrado particularmente entre los habitantes de cuarterías y campamentos, muchos de ellos consideran las cuarterías como su hogar.

El concepto de tiempo circular puede incluir el retorno al lugar de origen o un nuevo lugar de residencia que se considera el hogar. Este último punto es un matiz muy importante de incluir en el concepto de retorno en poblaciones con una alta movilidad geográfica. Este periodo incluye los tiempos de trabajo no asalariado, de inactividad o de ocupación en otros empleos en el lugar de origen, los tiempos de espera en los lugares de trabajo, o bien, los tiempos de traslado y espera para cruzar la frontera mexicana, los cuales se prolongaban hasta por meses.

El tema del cuidado de los hijos o de hermanos menores se suscita con mayor frecuencia entre las mujeres: Carmen y Rosa tenían viajes cíclicos entre sus localidades de origen y algún punto de la migración, o desde San Quintín hacia el lugar de origen cuando sus padres las llevaban a los campos, no con la idea de trabajar, sino para cuidar a sus hermanos pequeños o enfermos.

Ya como mujeres mayores, casadas y con hijos, Carmen y Rosa experimentan una movilidad específicamente para ir a dejar a los hijos con la madre que vivía en el pueblo y ellas poder seguir con su camino migratorio. Carmen dice: "la primera vez que me trajeron al norte venía con mis papás, porque venía a cuidar a mi hermanita, la... que en esos tiempos era la bebé...". En tanto, Rosa estableció un circuito anual entre San Quintín y su pueblo en Oaxaca para ir a visitar cada año a su hija que había encargado con su madre, debido a que ella no podría hacerse cargo por tener otra pareja y más hijos.

El caso de Carmen me permitirá ilustrar esta temporalidad asociada con la vida familiar y el trabajo, incluyendo los tiempos de espera marcados genéricamente. Carmen y su esposo llegaron a San Quintín en los años ochenta, cuando todavía los ciclos de cosecha estaban muy marcados, por lo que, una vez terminada la temporada, regresaban a Sinaloa (al campo Nogalitos) a trabajar en el chile morrón u otras verduras, con retornos cada vez más esporádicos al pueblo de origen.

Finalmente en la década de los noventa, cuando la temporada de cultivo se amplió todo el año, Carmen, su pareja y sus hijos disminuyen la movilidad y se asientan en una colonia de la delegación Vicente Guerrero; el esposo de Carmen inicia la migración hacia California para trabajar en los campos agrícolas. La familia decidió establecerse con unos parientes en Tijuana, donde ella espera nueve o diez meses a que su esposo regrese a visitarla; los periodos de visitas se van alargando y ella decide volver al valle de San Quintín, regresar al trabajo agrícola y esperar los eventuales retornos del esposo.

 

4.3. El tiempo de la residencia

Esta temporalidad se define como el periodo que va desde el primero al último cambio de lugar de residencia, incluye el tiempo biográfico completo del individuo asociado con la movilidad. Este tiempo se puede ejemplificar con la biografía de Julián, quien sale por primera vez a los 12 años de edad de su pueblo natal rumbo al campo Pénjamo, Sinaloa. A los 15 años se va a Caborca donde experimenta la estación de cultivo cuatro meses y regresa a San Mateo, su pueblo natal; durante tres años repite este movimiento. A los 18 años, mientras está en Caborca, decide irse a La Paz, Baja California Sur, donde se queda dos años para luego irse al valle de San Quintín a los 20 años, ahí permanece un año y luego viaja a Estados Unidos donde se queda otro año; vuelve a San Quintín donde pasa uno o dos meses y a los 23 años va de nuevo a Estados Unidos.

A partir de este momento establece un periodo de 17 años, durante los cuales va y viene entre California y San Quintín. En este momento de su vida ubica al valle como su lugar de residencia donde vive su esposa y durante ese tiempo nacen sus hijos, por lo que regresa por temporadas de tres o seis meses. En 1996, a los 44 años de edad, regresa a San Quintín donde permanece en forma continua hasta el momento de la entrevista. Actualmente tiene 51 años, de los cuales 29 los ha vivido cambiando de residencia. El regreso a San Quintín fue por asuntos de salud, ya que no veía bien y habían cerrado el campo donde trabajaba para unos empresarios japoneses recolectando tomates en California.

En resumen, la historia migratoria de Julián nos permite observar temporalidades que van de meses a uno o varios años a lo largo de la vida del individuo. Es decir, durante 29 años esta persona tuvo ocho residencias distintas, viviendo en colonias, campamentos, cuarterías, hoyos recubiertos por plástico y, hasta hace aproximadamente cuatro años, construyó una casa en San Quintín y otra en Oaxaca con el dinero que acumuló en Estados Unidos y con el trabajo de su esposa e hijos en San Quintín.

 

5. La multiespacialidad o localización de la migración

Las múltiples temporalidades descritas antes implican, a su vez, la experiencia de varios lugares de residencia o de paso a lo largo de la vida del entrevistado. La importancia de fijar la atención en los lugares es distinguir el tipo de relaciones sociales que determinan la vida de los individuos en cada uno de ellos. La experiencia de los lugares parece distinta dependiendo de la temporalidad de la estancia y del hecho de que el lugar de trabajo no sea el mismo en donde transcurre la vida familiar.

En ciertos periodos de la vida de los entrevistados, los lugares de trabajo son distintos de los de la vida familiar y comunitaria, esta separación o fragmentación tiene importantes consecuencias en la constitución de las experiencias de vida de estos individuos y en las condiciones de vulnerabilidad de su existencia. Lo que las biografías nos mostraron fue que los distintos lugares laborales, de residencia y de paso se articulan gracias a la movilidad poblacional y, en conjunto, permiten el funcionamiento de este tipo de regiones agrícolas, especialmente, las del noroeste como el pacífico estadounidense (California, Oregón y Washington).

Uno de los aspectos más importantes a destacar es que esos lugares condensan espacialidades distintas en la medida que implican universos de relaciones sociales diferenciadas, a veces fragmentadas y, otras tantas, integradas.

 

5.1. Lugares de trabajo

Cuando los entrevistados rememoran su residencia como lugar de trabajo, regularmente se refieren a la vida en campamentos o en cuartos de renta. De tal forma que el lugar era un espacio eminentemente laboral con escasas relaciones familiares y comunitarias, y cuando existía la vida familiar, su dinámica se ceñía a la lógica laboral, estrictamente.

Los jornaleros viven en tal o cual lugar porque trabajan ahí, pero cuando el trabajo se acaba es necesario moverse a otro sitio para ocuparse en otras actividades. Esto se puede ejemplificar con el caso de Julián, quien, como ya lo mencioné, llega a los 12 años al campo Pénjamo, se queda a vivir en la casa de una familia del mismo pueblo y trabaja pizcando tomate durante tres años. A los 15 años sigue rumbo a Caborca para trabajar en la cosecha del algodón y vive rentando un cuarto durante dos años. En esos años, Julián vive entre la cuartería de Caborca y su casa, en el pueblo de San Mateo Liebres. A los 18 años, se entera, por unos amigos, que hay trabajo en la pizca de tomate en la Paz, Baja California Sur y decide ir allá, donde se instala por dos años con un paisano en unos cuartos de madera dentro de un campamento.

El recuerdo de estos lugares se asocia con la vida del trabajo agrícola. Las relaciones sociales significativas son de amistad, de paisanaje y laborales informales con patrones o intermediarios como los capataces y mayordomos. Los viajes constantes de un lugar a otro pueden hacerse solo o en grupo; en el relato cobra especial énfasis el regreso de Julián a San Mateo Liebres.

En ocasiones, Julián menciona sólo el regreso a la casa o al pueblo, en tanto que la recolecta o pizca podía implicar lugares distintos. Estos ocho años de viajes constantes, desde los 12 a los 20 años, constituyen un periodo de intenso trabajo y movilidad en la vida de Julián, donde el pueblo sigue siendo la referencia de hogar.

Aquí, como lo señala Besserer (2007), cada cultivo (la fresa, el tomate, la uva) simboliza tiempos y lugares específicos. Así, cuando los entrevistados decían: "nos fuimos a la pizca del tomate y luego seguimos a la fresa", aluden a tiempos y lugares particulares de su biografía y de la ruta de migración de los flujos humanos de los que ellos forman parte.

Es importante decir que con el asentamiento aunado a los cambios en las temporadas de cultivo, este patrón narrativo se ha alterado ya que en un lugar puede haber tomate y fresa, sólo que en tiempos distintos.

Otra forma de especificar los lugares de trabajo es a través de la conexión de los movimientos, esto a partir de los sitios que mencionan los entrevistados, entre ellos, los ranchos o empresas donde laboraron. Por ejemplo, Victoriano, un trabajador zapoteco, menciona dos viajes a Estados Unidos desde San Quintín, y en las dos ocasiones su lugar de llegada es el rancho El Diablo, sin ninguna otra referencia geográfica: "cruzamos por la laguna, decían que era el mar... y llegamos al rancho El Diablo... luego íbamos a dormir al monte. ahí estábamos un tiempo, luego regresábamos de nuevo acá a rancho Seco... [en el valle de San Quintín]...". Él, como otros trabajadores agrícolas mexicanos, se refugiaban en las laderas de los cerros en el sur de San Diego, durmiendo en casas de cartón improvisadas.

 

5.2. Los lugares de la circulación

En un primer acercamiento, la ruta de la circulación se puede definir por la lógica de funcionamiento de un mercado de trabajo que integra lugares de reproducción y reclutamiento de la fuerza de trabajo y el lugar de producción agrícola. Sin embargo, esta ruta también puede observarse desde la perspectiva del individuo.

A partir de las entrevistas se puede advertir que el conjunto de movimientos, por ejemplo, de un periodo de nueve años, parece definirse por sucesos en la vida del individuo como el casamiento y la formación de una familia; o bien, la muerte de los padres o la estancia de los hijos en la región migratoria.

Por ejemplo, el caso de Julián, en una de las estancias de meses en San Quintín, conoce a la mujer que es actualmente su esposa, quien es del mismo pueblo, a partir de ese momento la temporalidad de sus desplazamientos cambia notoriamente así como el radio de sus desplazamientos. Después de casarse, va de nuevo a Estados Unidos, dejando a su esposa en el valle de San Quintín, quien también trabajaba en el campo, establece durante 17 años un patrón de movilidad entre San Quintín y California hasta que decide regresar a trabajar al valle por problemas de salud y escasez de trabajo en California.

Si bien la movilidad hacia California tenía una lógica de trabajo o empleo, sus retornos constantes a San Quintín obedecían al deseo de estar con su familia y de resolver las necesidades familiares como arreglar el terreno, la vivienda y estar con los hijos. Durante este tiempo compraron un terreno y construyeron un hogar en San Quintín, también edificaron una casa para sus padres en Oaxaca. Durante esos 17 años, Julián considera que su hogar estaba en San Quintín y su trabajo en California.

El caso de Rosa nos ofrece otro circuito que involucra a San Quintín, como residencia y trabajo, y la localidad San José de las Flores, en el municipio Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, de donde es originaria y donde se quedó su madre. Este circuito lo estableció desde hace diez años, Rosa vio una posibilidad de disminuir los gastos en su hogar, enviando a su hija Antonia de seis años con su abuela materna, quien le ofrecía la posibilidad de que la niña estudiara. Desde entonces Rosa envía dinero a su madre para la manutención de Antonia y va cada año a visitarla.

 

5.3. Los lugares de la migración: de residencia, de paso, espera y cruce de la frontera estatal

Al analizar las historias de migración obtenidas a partir de las entrevistas; además de los distintos lugares de residencia como trabajadores, como nuevos colonos o como miembros de una familia o comunidad, se encontró otro tipo de lugares por los que transitan los jornaleros y que marcan su experiencia espacial biográfica. Estos lugares son aquellos que sólo son mencionados como de paso en un trayecto específico, como es el caso de Julián, quien refiere una estancia de un mes en San Quintín en su historia migratoria.

En el contexto de la trayectoria global, en ese momento San Quintín es considerado sólo como lugar de paso donde se contactaron a personas para continuar el viaje a Tijuana para cruzar la frontera. En estos espacios sobresalen los sitios de cruce de la frontera mexicano-estadounidense, los cuales cobran especial relevancia en la narración de los entrevistados, en la medida que generan relaciones sociales nuevas como son las que se establecen con los polleros, con la migra o los patrones del otro lado. La experiencia que parece marcar estos lugares es el riesgo y el peligro.

En el caso de Julián, por ejemplo, en uno de los cruces que realizó durante los 17 años que pasaba constantemente hacia California por Tijuana, y cuyas estancias en esta ciudad podían durar hasta dos meses, fue asaltado y herido por un grupo de jóvenes baja pollos.¹⁹ A consecuencia de ese ataque perdió parte de la vista, empezó con un problema constante para trabajar y para desplazarse por su propia cuenta. La distinción de los lugares de cruce señala una experiencia espacial diferenciada entre la nacional y la internacional.

El caso de Carmen puede servir para contrastar la idea de cruce y espera, ya que ella se establece en Tijuana mientras su esposo va y viene a California. Para ella, esta ciudad fronteriza fue un lugar de espera para el retorno mensual de su esposo; hasta que los regresos se van haciendo cada vez más esporádicos y ella decide regresar con su familia a San Quintín y trabajar como jornalera en el campo.

 

6. Los movimientos temporales, las estancias continuas y el proceso de asentamiento

Al hacer el análisis de las historias de migración construidas libremente por el entrevistado alrededor de los ejes mencionados, lo que se detectó fueron temporalidades distintas en su propio recuento de migración. Los movimientos fueron relatados como episodios de vida que respondían a lógicas distintas, por ejemplo, en el tiempo de trabajo estacional, el episodio de vida estaba marcado por la lógica de la producción agrícola de exportación, en tanto que el tiempo circular combinaba en un episodio de vida, lógicas de urgencia familiar o individual, como regresar con la familia (la muerte de algún pariente, el nacimiento de un hijo, una festividad, etc.) o a resolver un problema vecinal o comunitario.

Este tiempo intermedio —llamémosle los periodos de circulación-regularmente era mayor de un año. Esta referencia temporal intermedia correspondía a una temporada más amplia de la vida que combinaba varios cambios de residencia, con los tiempos de trabajo y los ciclos de la vida familiar. Es importante considerar la reconstrucción narrativa de la movilidad geográfica por lo que esos movimientos estacionales y circulares tienen como referencia constante el total de experiencia migratoria que constantemente ubicaba al entrevistado en el presente con la mirada al pasado.

Tanto para los periodos de trabajo estacional menores de un año como para los periodos de circulación, mayores de un año, la idea del retorno desempeña un papel central como evento marcador entre un episodio de vida y otro. La idea de retorno ubicaba el hogar familiar, ya fuera el de orientación o procreación, dependiendo del momento biográfico del entrevistado y el cual no siempre era en el lugar de origen. En las historias de vida había un quedarse y un irse y, conforme el tiempo de alojamiento en un lugar era más amplio y se suscitaba la llegada de familiares, este nuevo lugar se convertía en la referencia para la movilidad.

Las entrevistas se realizaron a personas que se consideran residentes en alguna colonia de las dos delegaciones más pobladas del valle de San Quintín. En general, contaban con un terreno en proceso de regularización y pocas de ellas estaban rentando, por lo que la residencia en la nueva colonia se convierte en la referencia de hogar para su movilidad actual, apareciendo la idea de permanencia continua a partir de ciertos eventos como la llegada de familiares, la posesión de un terreno, el pago de servicios, la asistencia de los hijos a la escuela, la puesta en marcha de un negocio, sucesos que se convierten en indicadores de permanencia.

En síntesis, son comunes los distintos tipos de movilidades en la historia de un individuo regularmente mayor de 18 años, que combina los tiempos cortos de la producción agrícola con los tiempos intermedios de la circulación, influidos por la vida familiar —en sus distintas etapas— y con los tiempos de otras ocupaciones en los lugares de origen, o en los nuevos lugares de residencia durante las temporadas bajas de la producción agrícola, como es el caso de la construcción, el comercio o la colecta de piedras en la playa.

El asentamiento en un lugar de migración, indicado por una permanencia mayor, no es suficiente si no se acompaña de indicadores de orden social como la posesión de un terreno, el pago de servicios, la asistencia de los hijos a la escuela, la participación comunitaria y las condiciones de salud y edad del migrante. Hablar de asentamiento es hablar de apego al nuevo lugar. Lo que la literatura reporta constantemente en encuestas transversales como migrantes indígenas en la agricultura, con edades que proporcionalmente se concentran entre los 16 y 29 años de edad, corresponde a un momento de intensificación de la movilidad y del trabajo en la trayectoria vital de los individuos.

 

Conclusiones

El tema de la especialización laboral ha sido una constante en la literatura sobre migración indígena, para el caso del valle de San Quintín, está asociada con el trabajo en los cultivos como jornalero. Tanto en colonias como en campamentos, la población que habla lengua indígena se dedica a la agricultura en una proporción mayor que los que no pertenecen a algún grupo étnico.

En el análisis de los itinerarios de vida no se logró encontrar tal especialización por cultivo. En general, en la trayectoria encontramos que hay una variedad de cultivos de frutas y verduras frescas, y que ello, más bien, corresponde a las distintas estaciones de cultivo en el año, en cada una de las regiones o lugares donde residían los migrantes (Ebimbre, 2005).

Hay un incremento en la flexibilidad de estos trabajadores para entrar y salir de los campos de cultivo y combinarlos con actividades remuneradas en otros sectores como el comercio o la extracción, particularmente la recolección de piedras de mar para exportarlas a California. Esta especialización y flexibilización laboral de la población indígena sigue una lógica no sólo del mercado laboral, sino también de su vida familiar. La salida y entrada del mercado de trabajo agrícola depende de las edades y número de integrantes del hogar; esta organización se realiza prácticamente por semana, con periodos intensos durante la temporada alta de cosecha para ciertos cultivos como el tomate y la fresa.

Pero también tiene una lógica de agotamiento físico de los trabajadores, pues el trabajo intenso de siete días a la semana exige dos días, ya sea de descanso o por enfermedad. Es posible decir todavía que la especialización laboral de los migrantes indígenas funciona en torno al sector agrícola y la posición de peón en el trabajo se ha roto en torno al tipo de cultivo y de contratación (tarea, jornada o pieza), número de patrones e incorporación al empleo, ya que el enganche es cada vez menos frecuente como resultado del asentamiento.

Hay una creciente flexibilización que opera en forma muy amplia a lo largo de la biografía de los individuos, ya que cada vez hay una mayor combinación de empleos en sectores distintos, o bien, en el mismo sector en otros lugares fuera de la región, como es en California y Oregón. Esta flexibilización va al terreno del grupo, a través de la capacidad de reemplazo generacional, como parte de las estrategias de reproducción de los hogares en la medida que existen nuevos integrantes que pueden entrar a sustituir o relevar a otros miembros, no sólo en tiempos de enfermedades o de movilidad geográfica, sino en el ritmo de intensidad que las nuevas formas de producción global exigen a los trabajadores y sus hogares.

El estudio biográfico no sólo permite dar cuenta de las distintas lógicas sociales que dominan el comportamiento de los individuos, sino también descubrir cómo están conectadas con las estructuras sociales que definen las opciones individuales. De tal forma que, al observar las lógicas que organizan la movilidad y migración de estos migrantes, es posible conocer las negociaciones —entre las lógicas de los mercados de trabajo con necesidades de mano de obra en tiempo y forma— con las lógicas familiares o comunitarias.

Los encuentros familiares o la asistencia a las fiestas comunitarias cobran una relevancia similar a la de los traslados para acudir a las cosechas de tomate, o bien, cómo esas distintas movilidades nacionales o transfronterizas tienen sentido en el horizonte residencial que incluye la compra de un terreno o la construcción de una casa en un nuevo lugar. Los individuos organizan el asentamiento en configuraciones familiares tan versátiles como las utilizadas para la movilidad (Carton et al., 2004), desarrollando de manera paulatina apego y arraigo.

A partir de los casos analizados y del caso típico utilizado se pudo conocer la conexión del asentamiento en San Quintín con la migración internacional, en particular a los campos de cultivo de California. Las entrevistas fueron realizadas entre 2000 y 2006, de tal forma que la frontera ya registraba el efecto de las políticas de control para limitar el cruce de México a Estados Unidos. Ya se había establecido la Operación Guardián (1994) y apenas se notaba el efecto del vínculo de la política migratoria con la seguridad nacional estadounidense, a raíz de la caída de las torres gemelas de Nueva York, en septiembre de 2001.

Estos cambios se expresaban en estancias más largas en Estados Unidos, o bien, en una disminución del cruce de otros miembros de la familia ante el incremento del costo y riesgo para pasar la frontera. El asentamiento en esta zona permite un mayor control de los costos de la movilidad transfronteriza. El análisis en conjunto de estas formas diferentes de construir el territorio: movilidad, espera y asentamiento surge como una necesidad para comprender las múltiples lógicas (Cresswell, 2012) que dominan los itinerarios de estas poblaciones móviles, pero también en proceso de arraigo con horizontes étnicos específicos.

 

Bibliografía

Acebo, Enrique del (1996), Sociología del arraigo. Una lectura crítica de la teoría de la ciudad, Editorial Claridad, Buenos Aires.         [ Links ]

Arroyo-Sepúlveda, Ramiro (2003), "Migración y apropiación productiva entre los jornaleros agrícolas indígenas", México Indígena, 2 (6), INAH, México, pp. 64-70.         [ Links ]

Barrón, María Antonieta (1994), "Migración y empleo en los cultivos de hortalizas de exportación en México" en Alejandro Dabat (coord.) México y la globalización, CRIM-UNAM, México, pp. 261-287.         [ Links ]

Besserer, Federico (2007), "Luchas transculturales y conocimiento práctico" en Mariana Ariza y Alejandro Portes (coords.), El país transnacional. Migración mexicana y cambio social a través de la frontera, UNAM, México, pp. 323-347.         [ Links ]

Carton de Grammont, Hubert y Sara María Lara-Flores (2004), Encuesta a hogares de jornaleros migrantes en regiones hortícolas de México: Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Jalisco, Cuadernos de investigación núm. 30, UNAM, México.         [ Links ]

Carton de Grammont, Hubert, Francis Marie Hurbert, Sara Lara-Flores y Martha Judith Sánchez (2004), "Migración rural temporal y nuevas configuraciones familiares: (los casos de Sinaloa, México; Napa y Sonoma, EEUU)", en Marina Ariza y Orlandina de Oliveira, Imágenes de la familia en el cambio de siglo, universo familiar y procesos demográficos contemporáneos, UNAM, México, pp. 357-368.         [ Links ]

Coubès, Marie Laure (2005), "La collecte des systèmes résidentiels dans une enquête biographique: un exemple de questionnaire auprès de travailleurs agricoles de San Quintín (Basse Californie, Mexique)", ponencia presentada en el XXV Congreso Internacional de Población, 18-23 de Julio, Tours.         [ Links ]

Coubès, Marie Laure, Laura Velasco y Christian Zlolniski (2013), "Residential settlement and mobility in the san quintin valley: methodological reflections on an interdisciplinary study", en Liliana Rivera-Sánchez and Fernando Lozano-Ascencio, The practice of research on migration and mobilities, vol. 14, Springer, London, pp. 19-42.         [ Links ]

Conepo-Colef (Consejo Estatal de Población y Colegio de la Frontera Norte) (2002), "Encuesta sociodemográfica y de migración del valle de San Quintín", Conepo-Colef, México.         [ Links ]

Conepo-Colef (Consejo Estatal de Población y Colegio de la Frontera Norte (2003), "Encuesta a jornaleros agrícolas en campamentos del valle de San Quintín", Conepo-Colef, México.         [ Links ]

Cresswell, Tim (2012), "Mobilities II: Still", Progress in human geography, 36 (5), Royal Holloway-University of London, London, pp. 645-653.         [ Links ]

Cresswell, Tim (2013), "A theory of migration", Transfers, 3 (1), Berghahn Journals, New York, pp. 6-7.         [ Links ]

Cresswell, Tim (2014), "Place" in Paul Cloke, Philip Crang and Mark Goodwin (eds.), Introducing human geographies, Routledge-Taylor & Francis Group, Nueva York-London, pp. 249-261.         [ Links ]

Ebimre (Encuesta Biográfica de Movilidad Residencial y Empleo en San Quintín) (2005), El Colegio de la Frontera Norte, Mexicali.         [ Links ]

Fox, Jonathan y Gaspar Rivera (eds.) (2004), Indigenous mexican migrants in the United States, Center for Comparative Immigration-University of California San Diego, La Jolla.         [ Links ]

Heyman, Joshiah (2012), "Construcción y uso de tipologías: movilidad geográfica desigual en la frontera México-Estados Unidos", en Marina Ariza y Laura Velasco, Métodos cualitativos y su aplicación empírica: por los caminos de la investigación en la migración internacional, Colef-UNAM, México, pp. 419-454.         [ Links ]

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (1990), Censo General de Población y Vivienda Baja California, Dirección General de Estadística, INEGI, México.         [ Links ]

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2000), Censo General de Población y Vivienda Baja California, Dirección General de Estadística, INEGI, México.         [ Links ]

Lara-Flores, Sara María (2003), "La migración jornalera, antesala de las migraciones ilegales hacia Estados Unidos: el caso de Coatecas Altas un pueblo indígena de Oaxaca", México Indígena, 2 (6), INAH, México, pp. 6-11.         [ Links ]

Lara-Flores, Sara y Hubert Carton de Grammont (2003), "Jornaleros agrícolas y migración temporal en las empresas hortícolas mexicanas", Este País, núm. 148, UNAM, México, pp. 63-68.         [ Links ]

Lara-Flores, Sara María (2008), "Espacio y territorialidad en las migraciones rurales. Un ejemplo en el caso de México", en Pablo Castro-Domingo, Dilemas de la migración en la sociedad posindustrial, UAEM-UAM-Conacyt-Miguel Ángel Porrúa, México, pp. 17-38.         [ Links ]

Martínez-Veiga, Ubaldo (2001), El ejido. Discriminación, exclusión social y racismo. Los libros de la Catarata, Madrid.         [ Links ]

Rubio, Miguel Ángel, Saúl Millán y Javier Gutiérrez (coords.) (2000), La migración indígena en México. Estado del desarrollo de los pueblos indígenas en México, Instituto Nacional Indigenista-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México.         [ Links ]

Sagarpa (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) (1992-2003), Base de datos sobre producción agrícola en el valle de San Quintín, Avance, 1980-2003. Programación 1992-2003. Procesamientos del Proyecto "Migración, trabajo agrícola y relaciones étnicas: la articulación entre lo global, nacional y local en el valle de San Quintín", Conacyt-El Colegio de la Frontera Norte, México.         [ Links ]

Scudder, Thayer (1985), "A sociological framework for the analysis of newland settlements", en M. Cernea (ed.) Putting people first. Sociological variables in rural development, Oxford University Press, Oxford, pp. 121-153.         [ Links ]

Velasco, Laura (2002), El regreso de la comunidad: migración indígena y agentes étnicos. Los mixtecos en la frontera México-Estados Unidos, Colmex-Colef, México.         [ Links ]

Velasco, Laura (2005), Mixtec transnational identity, University of Arizona Press, Tucson.         [ Links ]

Velasco, Laura (coord.) (2010), Tijuana indígena. Estudio sobre las condiciones de vida e integración social de la población indígena a la ciudad, Cuadernos de investigación, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México.         [ Links ]

Zabin, Carol (1993), "Labor market interdependence between México and the us: wage convergence or new gender and ethnic hierarchies in California and Baja California agriculture?", Center for Latin American Studies, Tulane University, New Orleans, Manuscrito.         [ Links ]

 

Notas

¹ La definición de la población indígena dentro de esa corriente migratoria se basa en el criterio de lengua indígena: pertenencia a un hogar con algún hablante, o bien, nacido en un municipio de estados como Oaxaca o Guerrero cuya población sea predominantemente indígena.

² Ver Rubio et al (2000) y Fox y Rivera (2004).

³ Heyman (2012: 427) define a la movilidad como: "cualquier tipo de patrón de movimiento humano o no (bienes o información), en la que lo importante es su relevancia social y cultural...".

⁴ Cresswell, 2013 y 2014.

⁵ Arroyo-Sepúlveda, 2003; Barrón, 1994; Lara-Flores, 2003; Lara-Flores y Carton, 2003 y Zabin, 1993.

⁶ Carton y Lara-Flores (2004) realizaron una encuesta a 8,117 hogares de jornaleros agrícolas migrantes en campamentos y cuarterías de las regiones agrícolas más desarrolladas en los estados de Sinaloa, Sonora, Jalisco y Baja California Sur, entre 1998 y 2000.

⁷ Las entrevistas se realizaron en el marco del proyecto de investigación "Migración, trabajo agrícola y etnicidad: la relación entre lo local, nacional y global en el valle de San Quintín (20032006)" con apoyo de Conacyt, donde participan -además de la autora Marie Laure Coubès- Christian Zlolniski, Abbdel Camargo, Susana Vargas y Juan Manuel Ávalos.

⁸ Estas dos delegaciones concentran 70% de la población de todo el valle. La definición del valle de San Quintín no obedece a una demarcación política administrativa, pues abarca cuatro delegaciones: Punta Colonet, Camalú, Vicente Guerrero y San Quintín.

⁹ Las primeras entrevistas sirvieron para la elaboración de una encuesta representativa de corte biográfico sobre movilidad, residencia y empleo en el Valle de San Quintín. Dicha Encuesta Biográfica de Movilidad Residencial y de Empleo en San Quintín (Ebimre) se realizó entre mayo y junio de 2005; sobre el diseño de ésta ver Coubès (2005).

¹⁰ Los nombres que utilizo son seudónimos.

¹¹ Enfatizo la migración moderna para distinguirla de la movilidad regional de los pobladores de la región mixteca, previas a la etapa de industrialización y modernización en México.

¹² A principios de 2004, un recorrido por el valle nos permitió documentar 62 colonias de residentes en las delegaciones más pobladas de la región: Vicente Guerrero y San Quintín.

¹³ Entrevista a Juan Manuel Llamadas (2000), delegado del Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas en el valle de San Quintín, realizada por Laura Velasco, Marie Laure Coubès y Christian Zlolniski. Esto también lo confirmó el profesor Andrés Cruz, director de la escuela Revolución Mexicana, Nuevo San Juan Copala, en entrevista realizada por Laura Velasco (2004).

¹⁴ Datos procesados por el proyecto Colef-Conacyt, "Migración, trabajo agrícola y etnicidad" con base en Sagarpa. Programa Agrícola (1992-1993, 1996-1997 a 2003-2004).

¹⁵ No es extraño que en las movilizaciones por la suspensión de salarios en los años noventa, los trabajadores no sólo quemaron los empaques sino también saquearon las tiendas donde no les fiaban alimentos por la falta de cheques.

¹⁶ Habla una lengua indígena 34% de la población mayor de cinco años que vive en campamentos, en tanto en las colonias ese porcentaje es de 16%. Encuesta Sociodemográfica y Migración del valle de San Quintín (Conepo-Colef, 2002-2003).

¹⁷ Martínez-Veiga (2001: 45-47), en su estudio del ejido, considera que este desajuste entre el tiempo de producción y de trabajo trae consecuencias particulares a la organización de la labor agrícola.

¹⁸ Del total de la población encuestada de las colonias en 2003, cerca de 70% llegó en la década de los ochenta y noventa del siglo XX (Conepo-Colef, 2003).

¹⁹ Así se nombra coloquialmente a los asaltantes de migrantes en las zonas de cruce.

 

Información sobre la autora:

Matilde Laura Velasco-Ortiz. Mexicana. Doctora en ciencias sociales con especialidad en sociología por El Colegio de México. Es investigadora del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte, donde labora desde 1991. Además se ha desempeñado en dicha institución como docente desde 1999 hasta la fecha, donde ha impartido cursos a nivel de grado y posgrado sobre: identidad y migración, metodología de investigación, la cuestión étnica en los estados nacionales modernos, identidad, etnicidad y multiculturalidad, entre otros. Cuenta con una extensa producción de capítulos de libros y artículos de revistas con arbitraje nacional e internacional. Entre sus principales publicaciones destacan, coordinado con Marina Ariza: Métodos cualitativos y su aplicación empírica. Por los caminos de la investigación sobre migración internacional, El Colef-UNAM, México, 546 pp. (2012), en coautoría: Mexican voices of the border region, Temple University Press, Philadelphia, 216 pp. (2011); Migración, fronteras e identidades étnicas transnacionales (coord.), El Colef-Miguel Ángel Porrúa, México, 344 pp. (2008); Mixtec transnational identity, University of Arizona Press, Tucson, 272 pp. (2005); Desde que tengo memoria: narrativas de identidad en comunidades de indígenas migrantes, El Colef-Fonca, México, 303 pp. (2005); entre otras.

^rND^sArroyo-Sepúlveda^nRamiro^rND^sBarrón^nMaría Antonieta^rND^sBesserer^nFederico^rND^sCarton de Grammont^nHubert^rND^sFrancis Marie Hurbert^nSara Lara-Flores^rND^nMartha Judith^sSánchez^rND^sCoubès^nMarie Laure^rND^sCoubès^nMarie Laure^rND^nLaura^sVelasco^rND^nChristian^sZlolniski^rND^sCresswell^nTim^rND^sCresswell^nTim^rND^sCresswell^nTim^rND^sHeyman^nJoshiah^rND^sLara-Flores^nSara María^rND^sLara-Flores^nSara^rND^nHubert^sCarton de Grammont^rND^sLara-Flores^nSara María^rND^sScudder^nThayer^rND^1A01^nAlma Angelina^sHaro-Martínez^rND^1A02^nIsabel Cristina^sTaddei-Bringas^rND^1A01^nAlma Angelina^sHaro-Martínez^rND^1A02^nIsabel Cristina^sTaddei-Bringas^rND^1A01^nAlma Angelina^sHaro-Martínez^rND^1A02^nIsabel Cristina^sTaddei-Bringas

Artículos de investigación

 

Sustentabilidad y economía: la controversia de la valoración ambiental

 

Sustainability and economics: controversy on the environmental valuation

 

Alma Angelina Haro-Martínez e Isabel Cristina Taddei-Bringas*

 

* Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Correos-e: haro.alma@gmail.com, ctaddei@ciad.mx

 

Recibido: 12 de septiembre de 2011.
Reenviado: 14 de enero de 2013.
Aceptado: 30 de septiembre de 2013.

 

Resumen

En el tema del desarrollo sustentable una controversia fundamental es la asignación de valor a bienes y servicios ambientales. La economía lo aborda desde dos perspectivas: el enfoque tradicional neoclásico (economía ambiental) y otra, más integral, donde confluyen distintas ciencias (economía ecológica). Este trabajo ofrece una revisión crítica de la teoría económica convencional asociada al desarrollo sustentable, asimismo, destaca la necesidad de asignar valores a los servicios ambientales para una mejor toma de decisiones, en la que se consideren las preferencias individuales y las sociales, con lo que avanzaría hacia las metas centrales del desarrollo sustentable: eficiencia económica, justicia social y sustentabilidad ecológica.

Palabras clave: desarrollo sustentable, economía ecológica, economía ambiental, valuación, valoración.

 

Abstract

In the topic of sustainable development, the assignment of value to ecosystem services is controversial. The economic science approaches it from two different perspectives: the traditional framework of neoclassical economy (environmental economics), and from an integral viewpoint where different sciences converge: ecological economics. This paper presents a critical review of the conventional economic theory related to sustainable development and highlights the need to assign values to ecosystem services for a comprehensive decision-making process which take into account individual and social preferences, and this way, advance to reach the central goals of sustainable development: economic efficiency, social justice and ecological sustainability.

Keywords: sustainable development, ecological economics, environmental economics, valuation.

 

Introducción

Uno de los mayores retos que enfrenta actualmente la humanidad es la convivencia armónica con la naturaleza. Es imposible concebir al ser humano independiente de los recursos que el medio ambiente le proporciona; su alimentación, y todos los insumos materiales que sostienen la producción de bienes y la misma vida, está soportada en los ecosistemas de la tierra, de ahí proviene la importancia de conservarlos.

Por otra parte, las demandas de la población van más allá de cubrir sus necesidades básicas, incluyen la mejora en niveles de confort y, en algunos sectores, la acumulación de riqueza. Esto, aunado a la administración inadecuada de los recursos naturales, ha ocasionado la alteración de prácticamente todos los ecosistemas y la consecuente afectación del bienestar del ser humano.

Cualquier intento por explicar este proceso nos remite a la revisión de los orígenes del desarrollo, en cuya evolución han surgido respuestas orientadas a mejorar el bienestar social sin deteriorar los recursos, como las que ofrece el paradigma del desarrollo sustentable.

Alrededor de esta aspiración o principio ético se han construido desarrollos teóricos que retoman algunos postulados básicos de la ciencia económica. La sustentabilidad es abordada, fundamentalmente, a través de dos enfoques: la economía ambiental, basada en el pensamiento económico neoclásico; y la economía ecológica, que constituye una perspectiva ecléctica al retomar premisas de distintas ciencias como la economía, biología, ecología y sociología.

El primer enfoque se distingue por su propuesta basada en la existencia de derechos de propiedad y en la necesidad de asignar precios a todos los bienes y servicios, incluyendo a la naturaleza y los derivados de ésta, en tanto que el enfoque heterodoxo (economía ecológica) cuestiona la conmensurabilidad a ultranza.

El objetivo de este artículo es analizar, a partir de la revisión de los principios del desarrollo sustentable y de las teorías económicas asociadas, la factibilidad de asignar valores a los bienes y servicios de los ecosistemas y con ello aportar elementos para la discusión acerca de la controversia existente entre las diversas disciplinas involucradas en la conmensurabilidad de la naturaleza.

 

1. Hacia una definición del desarrollo sustentable

El modelo de desarrollo que ha prevalecido por más de un siglo ha modificado el carácter de dependencia del ser humano con la naturaleza. Este modelo ha derivado en una fuerte presión sobre los recursos naturales que se evidencia en la degradación ambiental, caracterizada por la erosión, desertificación, deforestación, pérdida de biodiversidad y suelos, así como por la contaminación de aguas, aire y suelos, generando diversos problemas sociales como pobreza, desnutrición, desempleo y violencia.

La degradación surge desde que el ser humano empieza a utilizar procesos tecnológicos altamente consumidores de energía en la agricultura, pero se intensifica a partir de la revolución industrial, lo que acarrea una consecuente problemática social (Costanza et al., 2014). En esa época, la abundancia relativa de recursos y el hecho de que la escasez ya no se limitaba tanto a la tierra sino al capital, propiciaba la posibilidad de que la economía hiciera abstracción del mundo físico y lo redujera únicamente a aquellos objetos de valor utilitario para el ser humano.

Tanto los especialistas como la sociedad llegaron a concebir un mundo sin límites físicos, el crecimiento económico se volvió el objetivo primordial y lo indispensable ya no era la satisfacción de las necesidades humanas sino la acumulación de la riqueza, lo que generó una dinámica de apropiación de recursos naturales (Costanza, et al., 2014).

Surgió entonces un modelo de desarrollo económico productivista, cuyos rasgos son aún vigentes, que tiene como premisa fundamental el crecimiento económico. De acuerdo con este paradigma, cualquier problemática puede ser resuelta con el avance tecnológico (Gómez-Baggethun et al., 2010). Las relaciones del hombre con la naturaleza están basadas en una ética antropocéntrica, es decir, el ser humano es el único con derecho a decidir qué tiene valor, el cual se establece en función de la utilidad que proporciona (Azqueta, 2002).

Hacia la década de los sesenta del siglo pasado, el crecimiento económico era el principal objetivo de los países; mayor desarrollo debía implicar mayor bienestar. Sin embargo, aun con el crecimiento de los indicadores económicos, los problemas sociales, al igual que los relativos a la degradación de los recursos naturales, iban en aumento. Se evidenciaba que el sistema existente promovía la desigualdad económica y social, así como daños a los recursos de la biosfera poniendo en peligro su permanencia. En los setenta, diversos analistas empezaron a insistir en la necesidad de plantear un nuevo modelo de desarrollo.

En 1987, la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo (World Commission on Environment and Development) propuso la integración de la conservación del medio ambiente a los objetivos del desarrollo social y económico bajo la etiqueta de desarrollo sustentable a través del informe Brundtland Nuestro futuro común, que lo definió como "aquel que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias" (Brundtland, 1987).

La necesidad de integrar en el análisis los procesos económicos, ecológicos y sociales ha exigido la atención de diferentes disciplinas, lo que ha derivado en diversas definiciones y, aunque persisten divergencias en cuanto a los contenidos, muchas de ellas se enfocan en el sentido ético y moral del desarrollo. Algunas tienen como prioridad incidir sobre el bienestar, otras propugnan más por la defensa de la sustentabilidad ecológica.

Sin embargo, y de acuerdo con los fundamentos de este enfoque, la mayoría asume que el desarrollo sustentable debe guardar equilibrio en tres dimensiones básicas: la social, la económica y la ecológica o ambiental, lo que permitiría cumplir con la finalidad ética y social del desarrollo, y con una disposición y gestión más eficiente de los recursos, donde se aplicaría la la planificación social y el uso adecuado de los recursos ambientales, además, se mantendrían los sistemas de soporte a la vida.

Los principios del desarrollo sustentable son enfoque integrado o con visión interdisciplinaria y solidaridad con las generaciones futuras, debe ser equitativo y justo; se requiere de una participación conjunta de la población que permita incidir en la toma de decisiones; también debe considerarse la capacidad de regeneración y asimilación del planeta, de ahí la necesidad de la conservación de los ecosistemas.

Los límites del desarrollo actual no se encuentran en la tecnología y la cantidad de recursos existentes, tienen que ver con la desigualdad social, la intensidad en el uso de los recursos naturales y la capacidad del planeta para absorber los residuos resultantes de la producción y consumo. El proceso de desarrollo sustentable como tal se sustenta en una economía saludable con equidad social y calidad ambiental; sus objetivos han de enfocarse en eliminar la pobreza y mantener la economía en su tamaño ecológico óptimo, es decir, regular la tasa de uso de los recursos para que ésta no rebase su índice de crecimiento o reposición.

El desarrollo sustentable, en tal sentido, va más allá de ser un principio de carácter científico-técnico, es un principio normativo que pretende que la vida humana pueda perpetuarse. De acuerdo con Costanza et al. (2014), es un concepto ético filosófico que se apoya en distintas ciencias para explicar y lograr sus fines; sus planteamientos demandan el manejo de sistemas complejos, ya que se requieren soluciones a problemas globales de largo plazo que involucran a muchas disciplinas y conexiones entre éstas.

 

2. Economía ambiental y economía ecológica

Las distintas teorías del desarrollo han tenido como base las doctrinas económicas, de ahí que sea imposible separarlas de la dimensión económica (Jiménez-Herrero, 2003). El desarrollo sustentable utiliza las herramientas de la economía para operativizarse, es decir, para poner en práctica los elementos que permitan alcanzar esta aspiración o principio ético, lo que hace a través de dos aproximaciones o enfoques: la economía ambiental y la economía ecológica.

De acuerdo con algunos autores, como Jiménez-Herrero (2003), este tipo de desarrollo va más allá de los parámetros de la economía convencional y se adapta mejor al enfoque de la economía ecológica. A continuación se describen ambos enfoques, los cuales tienen como fin la integración de la naturaleza a la economía, aunque difieren en la forma de hacerlo.

 

2.1. Economía ambiental

Hacia finales de la década de los cincuenta y principios de los sesenta del siglo pasado, ante el deterioro de la naturaleza atribuido a la evolución de la economía, la ciencia económica reconoció, en el debate sobre el desarrollo, que los recursos naturales podían constituir una restricción para el crecimiento, por lo que era necesaria una nueva relación entre los recursos físicos y la economía (Naredo, 2001); es así como surge la economía ambiental, con este nuevo enfoque teórico se incorporaba la variable naturaleza al mercado sin renunciar por ello al objetivo de crecimiento económico.

De acuerdo con Riechmann (1995), la biosfera desempeña tres funciones indispensables e insustituibles: fuente esencial de la vida y hábitat para las especies vivas, almacén de energía y materias primas y vertedero de desperdicios. Sin embargo, bajo el paradigma económico predominante se asume que las materias primas provenientes del ambiente son inagotables y los productos de desecho irrelevantes. Esa idea propicia que los servicios proporcionados por el medio ambiente no cuenten con un precio, debido a que no existen mercados específicos para su intercambio (Van-Dyke, 2008).

Según este enfoque, la inexistencia de mercados en este tipo de bienes y servicios se explica por la ausencia de derechos de propiedad bien definidos como sucede en el caso de los bienes públicos (el aire que respiramos o la capa de ozono) y los recursos comunes (los bosques abiertos o acuíferos no regulados), ambos se caracterizan por la no exclusión, es decir, no puede excluirse a nadie de su disfrute, sin embargo, se diferencian porque en el primero no existe rivalidad en el consumo, pues su uso no reduce su disponibilidad, mientras que en el segundo sí (Carciofi y Azqueta, 2012).

El problema con los recursos comunes se presenta cuando son de libre acceso, lo que implica que su uso no tiene ningún costo, pero a diferencia de los bienes públicos, su agotamiento o degradación es posible debido a la rivalidad en el consumo y a la falta de regulación. El mercado no proporciona ningún indicador del valor de los recursos ambientales, de ahí que en muchos casos éstos llegan a considerarse como gratuitos en virtud de que su uso y disfrute carecen de algún costo monetario. Cuando esto sucede, el costo de apropiación de un bien o degradación de un servicio es pagado por la sociedad; esto es, se convierten en subsidios ocultos que impiden percibir la importancia de la conservación de los recursos.

El sistema económico considera esta situación como una externalidad porque se da cuando la actividad de una persona repercute sobre el bienestar de otra sin que ésta pueda cobrar un precio por ello en caso de ser negativa, o pagarlo, en caso de ser positiva (Azqueta, 2002). La economía ambiental propone convertir esas externalidades negativas en una escala que sea comparable con los elementos del sistema económico; para ello, plantea el uso de algunas técnicas que permitan asignar un precio a los bienes y servicios ambientales lo cual resultará útil al momento de diseñar instrumentos específicos como impuestos, subsidios; o bien, para su integración directa al precio. De esta manera, se internalizarían esas externalidades negativas y se desincentivarían las actividades o acciones degradatorias al ambiente. La valoración ambiental es la herramienta que permite dicha asignación.

A la economía ambiental se le ha conocido como la economía neoclásica de los recursos naturales y de la contaminación ambiental, se considera una extensión de la economía convencional (Martínez-Alier et al., 1998). De acuerdo con algunos autores, como Aguilera-Klink y Alcántara (1994), este enfoque no constituye una crítica al sistema económico actual sino que representa una especialización dentro de la economía neoclásica. De acuerdo con Azqueta (2002), no se trata de que la economía ambiental intente que el mercado defina la calidad del ambiente con que la sociedad desea convivir, sino de utilizar la lógica del mercado para descubrir el valor del mismo y hacia dónde desearía encaminarse la sociedad en términos de la calidad ambiental.

 

2.2. Economía ecológica

La economía ecológica surge como una crítica a los planteamientos de la economía ambiental, pone en duda parte del instrumental de la economía convencional en que se basa, ante las evidencias de su fracaso. Pretende profundizar en aquellos aspectos sociales y ecológicos que la economía convencional no ha considerado, al integrar los procesos económicos y ecológicos con base en criterios de eficiencia y equidad (Jiménez-Herrero, 2003).

La economía ecológica nace propiamente como rama de la economía en la década de los ochenta del siglo pasado, al suscitarse divergencias teóricas en la economía ambiental relativas al papel de la sustituibilidad y monetarización de los recursos naturales (Costanza et al., 2014; Gómez-Baggethun, et al., 2010).

Las primeras contribuciones parten de la crítica a la teoría neoclásica realizada hace más de cien años por Sergei Podolinksy, Patrick Geddes y Fredrick Soddy, quienes intentaron incorporar análisis de flujos de energía en los estudios económicos (Tetreault, 2008); posteriormente, Nicolas Georgescu-Roegen (1971) propone su obra The entropy law and the economic process la cual, a pesar de las críticas, constituyó la base del cambio de paradigma. En esta obra se señala que la degradación de la energía, a través del fenómeno de la entropía, es irreversible, postulado que se convierte en el fundamento teórico principal de este enfoque (Herrmann-Pillath, 2011).

Desde esa perspectiva, la economía depende de la presencia de los ecosistemas para su existencia, de ahí que la sobrevivencia de los procesos físicos y biológicos tiene prioridad sobre la rentabilidad, independientemente de la percepción de la gente; tiene como propósito el estudio de todos los objetos que componen la biosfera y los recursos naturales, que no necesariamente proporcionan alguna utilidad a las sociedades humanas: el valor de los recursos ambientales es intrínseco a ellos.

La economía ecológica se centra en la naturaleza física de los recursos y su vínculo con los sistemas que se interrelacionan; toma en cuenta desde la escasez y la renovabilidad de los mismos hasta la nocividad y el posible reciclaje de los residuos generados; tiene el propósito de orientar el marco institucional y generar propuestas de solución (Naredo, 1994).

Dada la complejidad de las interrelaciones dinámicas entre el sistema económico y los sistemas físico y social, este enfoque busca estudiar los problemas de manera transdisciplinaria, para construir respuestas a la problemática ambiental y social.

A partir de la convergencia de distintas disciplinas, se han desarrollado diversas aportaciones a la teoría económica que llevan a sostener que la economía ecológica propone, más que modificaciones al sistema económico predominante, una reconstrucción conceptual de la economía (Kapp, 1976).¹

La economía ecológica es considerada como el paradigma actual y como la ciencia de la gestión de la sostenibilidad (Costanza, 1991); esta parte de la premisa de que el ecosistema global (la tierra) es finito y tiene capacidades limitadas de asimilación y regeneración se centra en la interacción de los sistemas económico, social y ambiental en el marco de la equidad, distribución, ética y cultura.

Si se considera que la economía es un subsistema dentro del ecosistema global, abierto al intercambio de energía, materia e información, se asume entonces que está sujeta a las leyes de la naturaleza. Así, la economía ecológica se fundamenta en tres principios biofísicos básicos:

La primera ley de la termodinámica, que afirma que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, sólo se transforman; es decir, permanecen constantes en un sistema cerrado (como la tierra). Esto implica que al extraer recursos o utilizar energía éstos deberán regresar de alguna manera, en algún momento y en la misma proporción; por lo tanto, los procesos de producción y consumo siempre irán acompañados de la generación de residuos (Aguilera-Klink y Alcántara, 1994).

La segunda ley de la termodinámica, o ley de la entropía, afirma que materia y energía se degradan continuamente en un sentido, de utilizable a inutilizable, o de disponible a no disponible. Por lo tanto, un aumento en la entropía equivale a una disminución de la energía disponible. Cada vez que se lleva a cabo un proceso es disipada cierta cantidad de energía, la cual es irrecuperable y por lo tanto no estará disponible para realizar algún trabajo futuro. Así, lo que confiere valor a la materia o energía es su disponibilidad para ser utilizada. Las principales fuentes de energía en nuestro planeta son hidrocarburos fósiles que al utilizarse pierden la posibilidad de ser reutilizados, lo que implica su agotamiento inminente (Aguilera-Klink y Alcántara, 1994).

El tercer principio se refiere a la imposibilidad de extraer más recursos de los que la naturaleza puede regenerar y de generar más residuos de los que la naturaleza puede asimilar.

De esta manera, el sistema global está limitado por las leyes de la termodinámica; el mundo es finito, lo que implica el agotamiento irreversible de los recursos y de los servicios que éstos prestan. Es por ello que el grado hasta el cual debe operar la actividad económica estará definido por la escala, es decir, por la capacidad de los ecosistemas para soportarla. Uno de los elementos que diferencia a la economía ambiental de la ecológica es, precisamente la escala.

La economía ecológica pone énfasis en los tiempos de producción de la naturaleza, en contraste con los tiempos de producción del sistema económico. Esto es, la destrucción de la naturaleza se expresa en la diferencia entre el tiempo económico y el tiempo biológico, controlado este último por el ritmo de la naturaleza (regeneración de recursos y absorción de residuos). Si se introducen al mercado los bienes y servicios de la naturaleza se alterará esta diferencia, lo cual redundará en una elevada tasa de deterioro, donde aparentemente el tiempo económico triunfa sobre el tiempo ecológico (Martínez-Alier, 1996); por ello algunos autores, dentro de este mismo enfoque, desaprueban la utilización de la valoración monetaria.

Autores como Ehrlich y Ehrlich (1993) han considerado que el principal problema ecológico es la sobrepoblación, postura que ha sido muy criticada por quienes plantean que asumirlo así indicaría que los recursos naturales son insuficientes para satisfacer a la población; esta crítica carecería de sentido ante el hecho real de que, aun cuando se trate de recursos abundantes, su uso indiscriminado terminaría por acabarlos.

El verdadero problema entonces se halla en el consumo, pues aunque las necesidades humanas son finitas y deberían ser similares para cualquier ser humano, las sociedades las han modificado en función de su condición histórico-cultural. Sin embargo, para algunos autores, la disminución del consumo implicaría el decrecimiento de la economía y por ende el colapso del sistema (Kallis et al, 2012). La propuesta de Costanza et al. (2014) plantea explorar modelos donde la planeación económica, ecológica, social y política sea central y el problema de los bienes sustitutos no se resuelva con encontrar nuevos estilos de vida, sino a través de la reconfiguración de éstos, particularmente de quienes obtienen mayores ingresos; asimismo, sería necesario, además, considerar a la sustentabilidad como indispensable para la subsistencia.

De esta manera, la economía ecológica se puede considerar una crítica a la economía convencional, ya que incorpora una nueva forma de visualizar y asumir las relaciones entre los sistemas físico y social; además, su carácter transdisciplinario permite entender las interrelaciones de sistemas complejos y visualiza a la naturaleza como conjunto ordenado de ecosistemas que requieren conocerse ampliamente para poder orientar la gestión. Se basa en el conocimiento físico de la biosfera para sustentar la valoración monetaria y la toma de decisiones de los agentes económicos.

Sus fundamentos son la equidad, la ética y la justicia, valores que retoma para comprender la sustentabilidad y propone medirla a través de indicadores biofísicos como complemento a los monetarios. Incorpora en el análisis aquellos aspectos que pueden quedar ocultos por el sistema de precios, lo que implicaría subvaluar los recursos y procesos ambientales así como sus repercusiones.

 

2.3. Contrastes y concordancias entre ambos enfoques

Mientras que la economía ambiental construye la valoración únicamente sobre los objetos que proporcionan bienestar a la sociedad o le son útiles, la economía ecológica extiende el análisis al resto de objetos económicos que no pueden traducirse a unidades monetarias y complementa la valoración con la medición física de los recursos en los casos donde los valores monetarios no resultan válidos.

Según autores que se adscriben al paradigma de la economía ecológica, como Naredo (2001) y Martínez-Alier y Roca-Jusmet (2001), la economía ambiental incorpora la transformación del entorno natural como un problema de asignación de recursos escasos y fomenta su monetarización. Esto contrasta con el postulado de la segunda ley de la termodinámica que plantea que toda transformación material es irreversible y da lugar a la generación de desechos físicos y energía disipada.

Además, consideran que la valoración monetaria de las externalidades es aplicable solamente en el caso de fenómenos reversibles (como la contaminación del agua, que se puede limpiar), pero en el caso de los irreversibles (como la extracción y agotamiento de un recurso) o donde se involucró un procesamiento o disipación de energía, no procede la asignación de valor.

Otras críticas desde la economía ecológica señalan que el enfoque de la economía ambiental asume que la naturaleza está constituida únicamente por el capital natural, con lo que deja de lado las funciones complejas surgidas de la interrelación de ese capital con flujos de energía a los cuales no puede asignárseles valor. Una crítica central es que, aun cuando sean muy altos los valores monetarios asignados, ello no evita el deterioro.

Por otro lado, en lo que tal vez constituye la mayor diferencia entre ambos enfoques, está la medición de la escala a la hora de asignar valores, ya que mediante ésta se concede importancia a la capacidad de asimilación y regeneración del sistema evaluado. La propuesta de la economía ecológica es tomar como referencia una escala sustentable, es decir, que no erosiona la capacidad de carga ambiental con el paso del tiempo.

La economía ambiental ha considerado la incorporación del entorno natural como un problema de asignación de recursos, sin embargo no contempla las leyes físico-químicas de la naturaleza. Como se ha señalado, la segunda ley de la termodinámica establece la degradación irreversible de la materia y energía que da lugar a desechos físicos y energía disipada, esto implica que en definitiva no se trata sólo de un problema de equidad, sino de degradación y pérdida de recursos energéticos. En este marco, la generación de residuos deberá ser menor a la capacidad de asimilación de los ecosistemas y la extracción menor a su rendimiento sostenible o renovable, lo cual difícilmente ocurre en la actualidad.

Por otra parte, la economía ambiental implica cambios inducidos al intentar incorporar los aspectos ambientales en la toma de decisiones, lo que significa una estrategia de arriba hacia abajo, mientras que la economía ecológica conlleva modificaciones que vienen desde la sociedad, lo que supone una estrategia de abajo hacia arriba (Tetreault, 2008).

De acuerdo con el paradigma de la economía ecológica, la tecnología debe armonizarse con el desarrollo sostenible y, de hecho, los avances en ese campo son necesarios para la generación de tecnologías limpias orientadas a aumentar la productividad de los recursos; es decir, generar mayor volumen por unidad de recurso, así como incursionar en el diseño de productos y de procesos que faciliten el reciclaje (Daly, 1996).

En contraste, la economía ambiental considera que el uso de recursos no tiene que ser limitado, ya que una vez que éstos se vuelvan escasos se dará lugar a innovaciones tecnológicas orientadas a satisfacer las necesidades humanas (Illge y Schwarze, 2009), Es así como este enfoque asume una perfecta sustituibilidad entre el capital natural y el producido, y precisa de un crecimiento sustentable que considera la no disminución del consumo per cápita a través del uso óptimo de los recursos y la tecnología (Singh et al., 2009; Gómez-Baggethun et al., 2010).

Una de las diferencias más marcadas entre los dos enfoques tiene que ver con la territorialidad. En el caso de la economía ecológica los datos que se obtengan para la asignación de valores deben estar vinculados con un territorio de referencia, de ahí que sea indispensable el uso de herramientas cartográficas tales como los sistemas de información geográfica, mientras que en el enfoque convencional, centrado en la racionalidad, se concibe un mundo sin dimensiones que evoluciona al margen de las referencias territoriales concretas y considera las cifras como los instrumentos de trabajo más adecuados (Naredo, 1996). En el cuadro 1 se sintetizan algunas de estas diferencias.

A pesar de las diferencias entre ambos enfoques es importante admitir que tienen como objetivo común el conocer y entender la interacción ser humano-economía-medio ambiente, que conduzca a la economía hacia la sustentabilidad (Venkatachalam, 2007).

 

3. Del desarrollo sustentable conceptual al operativo

3.1. La valoración

El valor se define, en general, como el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Los seres humanos le conferimos valor a distintos elementos en función de nuestra concepción de las necesidades que satisface el objeto valuado. Si consideramos que el medio ambiente proporciona una amplia gama de valores que afectan de forma positiva el bienestar, entonces podemos decir que adquiere un valor para la sociedad (Azqueta, 2002). Según la economía ambiental son estos valores, dado su carácter utilitario, los que pueden ser integrados al sistema económico.

Sin embargo, más allá de su aprovechamiento, el verdadero valor de los ecosistemas está en su capacidad para cumplir importantes funciones ecológicas y ambientales que, aun cuando no tengan un valor utilitario, son fundamentales para la vida y proporcionan bienes y servicios indispensables para satisfacer las necesidades del ser humano y su desarrollo; esta capacidad se ha visto mermada por la intervención del mismo ser humano. Si bien el carácter renovable permite a los ecosistemas restablecerse, las necesidades de la población han superado el tiempo requerido para hacerlo posible, por lo que la calidad y cantidad de los servicios que proporcionan han disminuido a tal grado que en algunos casos su alteración es irreversible.

La valoración ambiental surge como una herramienta de la economía ambiental que considera útil valorar en términos monetarios los servicios que proporcionan los ecosistemas, así como el impacto sobre ellos. Es decir, se intenta asignar valores cuantitativos a los bienes y servicios proporcionados por los recursos ambientales, independientemente de si existen o no precios de mercado que permitan hacerlo; ello, con el fin de generar indicadores que den cuenta de la importancia de dichos recursos para la sociedad (Willis et al., 1999). De acuerdo con los autores principales de este paradigma, el hecho de que los servicios sean intangibles y existan problemas para evaluarlos en términos físicos no significa que sea imposible hacerlo en términos monetarios.

Quienes sostienen la conveniencia del uso de esta herramienta, si bien consideran que algunos elementos del medio ambiente son invaluables, afirman que al no valuarlos se caería en el error de asumir que su valor es cero y así se excluirían de la toma de decisiones, de ahí la necesidad de estimar los valores para tener elementos que permitan comparar los factores ambientales con los sociales y económicos, aun cuando se corra el riesgo de asignar valores menores a los reales.

 

3.2. Valoración monetaria y conmensurabilidad

La valoración es el proceso de estimar y expresar un valor para una acción u objeto en particular; en el caso del medio ambiente, este proceso se enfoca a la asignación de valor monetario a bienes y servicios de un ecosistema.

Se trata de una herramienta controversial, ya que existen diversos cuestionamientos a la asignación de un precio a la naturaleza; se argumenta la dificultad o imposibilidad de medir su valor intrínseco además de la incapacidad de asignar valores a costos sociales futuros, debido a la incertidumbre de los procesos. Sin embargo, de acuerdo con el enfoque de la economía ambiental la valoración monetaria constituye un instrumento indispensable para avanzar hacia el equilibrio entre economía y medio ambiente.

Para la economía ecológica, en cambio, es necesario pasar de los valores de mercado a un tipo de éstos que reflejen el valor intrínseco de la naturaleza, con base en su existencia misma y en los servicios ambientales que proporciona; de esta manera, se superaría la visión de corto plazo para trascender a las generaciones futuras.

A pesar de las diferencias en las apreciaciones de estos enfoques respecto al valor, es evidente que en ambos se utilizan, aunque con una visión distinta (Spash, 2013). Autores como Castro e Silva y Teixeira (2011) sugieren que el cambio social en cuanto a la relación con el medio ambiente estará fuertemente vinculado a los valores.

Es posible encontrar una gran cantidad de índices para medir diversos aspectos de la sustentabilidad (Ness et al., 2007; Singh et al., 2009),sin embargo, de acuerdo con Gasparatos y Scolobig (2012), al utilizar indicadores compuestos no es posible hacer una valoración específica sobre el rol de los seres humanos, al igual que sucede con los indicadores biofísicos o económicos, pues las nociones de valor se pierden durante la normalización y agregación de los elementos que los integran.

En años recientes se han adoptado a escala regional instrumentos basados en el mercado para evaluar la condición de las regiones. Empero, la valoración sigue siendo un gran reto; persiste una brecha amplia de conocimiento acerca de las relaciones biofísicas y eco-hidrológicas que deben servir de base para un modelado confiable.

Identificar los servicios de los ecosistemas proporcionados por una región y evaluar su contribución al bienestar humano es una tarea de enormes proporciones (Maynard et al., 2014). Sin embargo, se avanza en el diseño de instrumentos que consideran la espacialidad e integran la información económica y biofísica disponible y con ello permiten generar valores confiables para estimar el valor integral de territorios o regiones.

Esta valoración no sólo posibilita incorporar tales valores al sistema económico, sino que proporciona información adicional para evaluar cómo éstos varían a través del espacio y, cómo, a través de ellos, es posible incidir en el diseño de políticas que propicien la recuperación e incremento de las capacidades de los servicios ambientales y, consecuentemente, un impacto favorable en el bienestar social (Egoh et al., 2009; Schagner et al., 2013).

De acuerdo con Haro-Martínez y Taddei-Bringas (2010) el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para identificar y cuantificar servicios ambientales adquiere cada vez mayor reconocimiento por sus alcances en la identificación espacial o territorial para la estimación de valores confiables y el uso eficiente de recursos, de ahí que se ha convertido en una base de referencia para la adopción de esquemas de Pago de Servicios Ambientales (PSA).

Los esquemas de PSA son la transacción voluntaria de servicios ambientales entre un proveedor y el usuario de los mismos, que permite compensar al primero por la garantía del servicio a cambio de una retribución generalmente económica (Derissen y Latacz-Lohmann, 2013); constituyen la primera aproximación práctica a la integración del sistema económico con el social y el ambiental.

Estos esquemas han cobrado vigencia en los últimos años debido a su potencial para cambiar el comportamiento dañino para el ambiente y por los beneficios que puede aportar a los medios de vida rurales (Tacconi, 2012). En la actualidad, la valoración de servicios ambientales ocupa un lugar central en las agendas políticas y académicas de la conservación de la biodiversidad por su utilidad en la toma de decisiones (Laurans y Mermet, 2014).

Aun cuando los enfoques de la economía ambiental y la economía ecológica coinciden en la necesidad de utilizar este instrumento, existen discrepancias respecto a su diseño y aplicación; para la primera representa un esquema para mejorar la eficiencia de la gestión de los recursos naturales, mientras que para la segunda constituye la oportunidad de compatibilizar las decisiones sobre el manejo de recursos naturales con los intereses sociales.

Por las similitudes entre ambas perspectivas, se advierte que es posible una implementación adecuada del esquema de PSA donde, vinculada a la rentabilidad, se considere la equidad inter e intrageneracional (Tacconi, 2012). Ello llevaría a cumplir con las expectativas de ambos enfoques en cuanto a mejorar el manejo de los recursos para asegurar la provisión de los servicios ambientales y de esta manera incidir en el incremento de la calidad de vida y en la reducción de la pobreza, sobre todo en el medio rural.

De acuerdo con Naredo (1994), para la gestión ambiental puede procederse de dos formas: una, desde la valoración monetaria, al aplicar el enfoque analítico de la economía convencional basado en precios, costos y beneficios monetarios; y la otra, adoptando a la gestión los enfoques analíticos de las distintas disciplinas involucradas en la problemática ambiental.

El autor sostiene que ambas perspectivas deben complementarse de tal forma que la utilidad y el bienestar del sistema económico se adapte a las exigencias ecológicas e incorpore las dificultades que representa la interacción con el resto de los sistemas con que se relaciona. Esto implica que el sistema económico se apoye en otros que le proporcionen información adecuada y permitan dimensionar la problemática para incidir en el universo físico en que está inmerso.

De esta forma, se ampliaría el objeto de estudio a otros sistemas y se utilizarían los sistemas que resulten más adecuados al contexto, pasando así del universo del valor monetario a uno donde esté incluida la realidad física, con nuevos modelos predictivos y opciones tecnológicas, y con nuevos procesos de negociación social, donde la discusión se centre no sólo en el mercado, sino en las instituciones y la información.

Como puede advertirse, lo anterior no implica una renuncia a la valoración monetaria, más bien alude a la integración del sistema económico a su entorno biofísico y territorial, dando lugar a una nueva estructura de análisis. Este nuevo enfoque llamado ecointegrador lleva a una reestructuración conceptual de la economía al trastocar tanto su instrumental y métodos como sus propios principios (Naredo, 1994).

Por otro lado, desde la economía ecológica no se cuenta con un método de medición estándar; se considera que la evaluación de las externalidades es arbitraria, de ahí que no puede servir como base para el diseño de políticas ambientales. Sin embargo, tampoco es posible que tales políticas se basen solamente en la racionalidad ecológica, ya que para decidir es necesario comparar costos y beneficios, lo que hace indispensable la asignación de valores.

La complejidad que envuelve las interrelaciones de los diversos sistemas involucrados ha llevado a considerar y utilizar la teoría de la decisión multicriterio (Munda, 1995), que propone evaluar todos aquellos criterios necesarios para la toma de decisiones, éstos pueden ser de diversa índole: valoración monetaria, ponderaciones de los distintos factores involucrados, consensos. Para tomar la decisión final se organizan las posibles soluciones en una matriz y se recurre a un juicio práctico basado en la capacidad de percepción y del conocimiento.

Como se advierte, bajo esta lógica no existe una solución única al problema, sino que ésta depende del peso relativo o importancia que se da a cada criterio (Martínez-Alier et al., 1998); lo anterior permite sostener que para una toma de decisiones informada y adecuada dirigida a la solución de problemas complejos se requiere desarrollar instrumentos sólidos, útiles para la evaluación de los distintos elementos involucrados y sus interrelaciones. El método más aceptado y utilizado es el enfoque multicriterio, el cual implica la evaluación individual de cada uno de los elementos, mismos que para ser válidos deben basarse en información confiable; una de las herramientas que pueden proporcionar esta información es la valoración monetaria.

En síntesis, hacer operativo el desarrollo sustentable requiere de la convergencia de las propuestas de ambos enfoques. Tanto las herramientas planteadas por la economía ecológica como las de la economía ambiental deberían complementarse para obtener mejor y mayor información respecto a una toma de decisiones consistente con los principios del desarrollo sustentable: equidad, justicia, eficiencia en el uso de recursos, y que corresponda con la capacidad natural de carga del sistema que se evalúe.

 

3.3. Sustentabilidad en la asignación de valores monetarios

De acuerdo con Naredo (2001), el objeto de estudio de la economía ecológica es la sustentabilidad sin que para ello necesariamente se tenga que recurrir a un solo tipo de valor expresado en números. El otorgar valores al ambiente es útil, aunque no necesario; este enfoque no renuncia a la valoración de algunos de los objetos económicos, sino que la limita. Así, algunos de estos objetos tendrán valores monetarios y otros se podrán expresar en unidades físicas.

Es necesario tener en cuenta algunos problemas básicos que aborda la economía ecológica, a partir de los cuales debe realizarse la valoración. Según este enfoque, los retos elementales a superar son escala sustentable, distribución justa y asignación eficiente. La primera se refiere a que la escala o magnitud de las actividades humanas debe ser ecológicamente sustentable; alude a las capacidades naturales del ecosistema para regenerar los insumos y absorber los desperdicios sobre una base sustentable.

La segunda se relaciona con la distribución de los recursos y derechos de propiedad justos, tanto de la presente generación como entre ésta y las futuras generaciones, así como entre humanos y otras especies; aquí, los mecanismos pueden ser los impuestos, los pagos de seguridad social o esquemas de pago por servicios ambientales, entre otros.

La tercera y última sugiere la asignación de recursos entre usos finales del producto (incluye recursos de mercado como los bienes adquiridos y de no mercado como los servicios ambientales) de acuerdo con las preferencias individuales determinadas por la capacidad de pago del individuo. Aun cuando la asignación y distribución son tratadas por la economía convencional, la escala ha sido prácticamente excluida, por lo que es necesario considerar tanto la asignación como la distribución en torno a la sustentabilidad ecológica (Costanza et al., 2014; Costanza y Folke, 1997).

Lo anterior tiene relevancia en el marco de la valoración, desde la economía ecológica, dado que este enfoque se opone a la internalización de los costos externos a través de los precios de mercado, porque ello implica efectos indeseados en la distribución del ingreso. Trasladar a la sociedad las externalidades por medio del mercado conlleva injusticia social, puesto que la distribución a través del mercado, por principio, no es justa. Este enfoque considera entonces que la distribución y asignación deben mantenerse separadas, de tal forma que para que la primera sea justa es necesaria una política de transferencias (de propiedad, impuestos, recaudación para seguridad social, pago de servicios ambientales, etc.) que debería ser consensuada en función del beneficio social. Por otra parte, los precios determinados por la oferta y demanda serían el mecanismo base para llevar a cabo una asignación eficiente.

De esta manera, si la distribución se hace en función de valores monetarios se incurre en injusticia social al trasladar los costos de uso de recursos en los procesos productivos a la sociedad; sin embargo, si estos valores se utilizan para la asignación de recursos, los que pagarían estas externalidades serían los propietarios de los medios de producción.

Así, la distribución y la escala deberán estar respaldadas por el consenso social. En ello los elementos de decisión pueden ser diversos (indicadores biofísicos, sociales y económicos); entre éstos pueden considerarse ponderaciones de valores monetarios o numéricos para la toma de decisiones. Una vez resueltos estos dos problemas se podrán utilizar mecanismos de mercado para asignar recursos eficientemente. Estos tres elementos deberían ser tratados en forma interrelacionada ya que esto permitirá cumplir con los principios del desarrollo sustentable.

En resumen, para hacer operativo el enfoque de la economía ecológica y cumplir entonces con las metas del desarrollo sustentable, es indispensable tomar en cuenta tres factores: la escala sustentable, la distribución justa y la asignación eficiente de recursos; éstos tendrían que considerarse de manera integrada y en el orden siguiente: primero fijar los límites ecológicos de la escala sustentable, lo que pudiera lograrse a partir de la creación de políticas que aseguren que el crecimiento de la economía permanezca dentro de esos límites; segundo, establecer una distribución equitativa y justa a través de los instrumentos de política, que permita disminuir el grado de desigualdad; y tercero, utilizar los mecanismos del mercado para llevar a cabo la asignación (Costanza et al., 2014).

 

3.4. Los valores de la sustentabilidad

De acuerdo con lo sugerido por Costanza (2001) la valoración de los servicios de los ecosistemas basados en la eficiencia, justicia y sustentabilidad deberá estar fundamentada en tres tipos de valores:

1) El valor "E", basado en la eficiencia, se sustenta en las preferencias individuales que se suponen fijas. Se parte de que estas preferencias existen y su valor está dado por la disposición a pagar el bien o servicio dado; bajo esta consideración, la estimación más aproximada de lo que la gente quiere pagar sería lo que paga en el mercado real. En los casos donde no existe precio de mercado como en los servicios ambientales, éste puede ser estimado a partir de información arrojada con la aplicación de cuestionarios donde los individuos responden cuánto están dispuestos a pagar por el bien o servicio en cuestión.

2) El valor "F" (fair, o justo en español) está basado en la justicia, donde los sujetos expresan sus preferencias como miembros de la comunidad, no como individuos. Tendría que haber consenso sobre los valores que serían justos para todos los integrantes de la comunidad y para otras especies, tanto en el presente como en el futuro. En las discusiones para generar el consenso se incorpora información científica acerca de las consecuencias futuras de asignar tales valores.

3) El valor "S", basado en la sustentabilidad. Requeriría de una evaluación de la contribución a la sustentabilidad ecológica del recurso en cuestión; este valor está vinculado al rol físico, químico y biológico dentro del funcionamiento del sistema global, a largo plazo, por lo que es necesario contar con información científica acerca del funcionamiento del sistema global y construir un consenso al respecto. El individuo expresa sus preferencias como si fueran representativas del sistema entero (preferencias individuales, comunitarias y del resto de los seres), en vez de ser únicamente una expresión de las preferencias individuales actuales.

Con lo analizado hasta aquí se puede asumir que el valor de los servicios basado en la eficiencia económica implica menor dificultad para la toma de decisiones; sin embargo, en éste no necesariamente estarían reflejadas las preferencias de todos los miembros de la comunidad, por lo que sería más adecuado el valor basado en la justicia. Ahora bien, no obstante las bondades del valor F, se excluye el papel del sistema de soporte a la vida, es decir, el entorno donde tienen lugar las relaciones entre lo social y lo económico. El valor sustentable intenta interrelacionar en el largo plazo los aspectos físicos con los sociales y económicos a través del conocimiento, considerando las preferencias del sistema en su conjunto, lo que aseguraría la sustentabilidad en el largo plazo pues se cumpliría con las metas básicas referidas: escala sustentable, distribución justa y asignación eficiente.

 

Conclusiones

El desarrollo sustentable, más que una ciencia o técnica, es un principio ético-filosófico-normativo que pretende perpetuar la vida humana, de ahí que en sí mismo este paradigma no incorpore las condiciones para hacerse operativo por lo que requiere apoyarse en diversas disciplinas como la economía, de la que se desprenden básicamente dos enfoques: la economía ambiental y la economía ecológica.

La primera busca integrar los elementos del desarrollo sustentable a través del razonamiento tradicional de la economía neoclásica, mientras la segunda, aunque reconoce aportaciones de la anterior, la trasciende y propone una reestructuración conceptual. El paradigma de la economía ecológica basa sus propuestas en valores como la eficiencia, equidad, justicia y la capacidad de regeneración y asimilación del ecosistema global de forma sustentable.

La revisión teórica realizada permite sostener, con Jiménez-Herrero (2003), la existencia de una mayor compatibilidad de la economía ecológica con las metas del desarrollo sustentable; sin embargo, es evidente que dicho enfoque recurre también al uso de las herramientas de la economía ambiental como complemento de las propias. Así, la economía ecológica hace suya la propuesta de operativizar el desarrollo sustentable a través de la estimación del valor sustentable, cuya base son las preferencias del sistema en su conjunto (preferencias individuales, comunitarias y del resto de los seres). El uso del valor sustentable implicaría su integración al sistema de toma de decisiones y aseguraría la sustentabilidad a largo plazo.

El valor sustentable puede incluir los valores de eficiencia (E) y justicia (F), los cuales serían utilizados como instrumentos para fundamentar la decisión social (consenso), tanto en la distribución, entendida como el uso de instrumentos por parte del Estado para propiciar la equidad, como en la escala, entendida como la capacidad de carga, asimilación y recuperación del planeta. Por otra parte, la obtención del valor de la eficiencia en la asignación de recursos, se basaría en los mecanismos del mercado.

De esta forma, poner en práctica u operativizar el desarrollo sustentable implica considerar tres tipos de valores, uno desde las herramientas y principios de la economía ambiental (E) y dos desde la economía ecológica (F y S); estos valores permitirían generar criterios que a su vez fundamentarían las decisiones para llegar a definir una escala sustentable, una distribución justa y una asignación eficiente de los recursos.

Así, es posible sostener que puede avanzarse hacia el desarrollo sustentable a través de la puesta en práctica de los instrumentos propuestos por ambas corrientes. Tanto los valores calculados en cifras monetarias como los arrojados por razonamientos lógicos, por la información científica y los derivados de consensos sociales, constituyen elementos indispensables y complementarios para una integral toma de decisiones.

En tal sentido, se propone trascender el falso dilema entre las posturas que descalifican las herramientas de uno u otro de ambos enfoques analizados. Es evidente que gran parte de los trabajos empíricos de valoración existentes se podrían enmarcar indistintamente en la economía ambiental o en la economía ecológica. De hecho, al revisarlos se advierte que la mayoría se queda en la generación del valor E, con lo cual se limita a una visión circunscrita a la perspectiva económica tradicional.

Esta limitante se puede resolver a través de la obtención de los valores S y F, mediante la construcción de modelos que los integren en las metas del desarrollo sustentable: escala sustentable, asignación eficiente y distribución justa. Esta integración posibilitará que el desarrollo de valores no se limite a la generación de un valor monetario o de ponderaciones por regiones, sino que se conformen modelos analíticos de soporte a la toma de decisiones, fundamentados en información científica y en el consenso social, de tal manera que sea posible contar con herramientas más adecuadas para avanzar en el camino del desarrollo sustentable.

 

Bibliografía

Aguilera-Klink, Federico y Vicent Alcántara (1994), De la economía ambiental a la economía ecológica, Icaria, Barcelona.         [ Links ]

Azqueta, Diego (2002), Introducción a la economía ambiental, McGraw-Hill, Madrid.         [ Links ]

Brundtland, Gro Harlem (1987), "Our common future: report of the 1987 World Commission on Environment and Development", United Nations, Oslo, pp. 1-59.         [ Links ]

Carciofi, Ignacio y Diego Azqueta (2012), "Territorio, desarrollo tecnológico y gestión de recursos naturales renovables: el caso de la pesca", Investigaciones Regionales, 23, Asociación Española de Ciencia Regional, Alcalá de Henares, pp. 145-170.         [ Links ]

Castro e Silva, Manuela y Aurora Teixeira (2011), "A bibliometric account of the evolution of EE in the last two decades: is ecological economics (becoming) a post-normal science?", Ecological Economics, 70 (5), Elsevier, Cambridge, pp. 849-862.         [ Links ]

Costanza, Robert (1991), Ecological economics: the science and management of sustainability, Columbia University Press, New York.         [ Links ]

Costanza, Robert y Carl Folke (1997), "Valuing ecosystem services with efficiency fairness and sustainability as goals", en Gretchen C. Daily (ed.), Nature's services: societal dependence on natural ecosystems, Island Press, Washington, pp. 49-68.         [ Links ]

Costanza, Robert (2001), "Visions, values, valuation, and the need for an ecological economics", BioScience, 51 (6), Elsevier, Cambridge, pp. 459-468.         [ Links ]

Costanza, Robert, John Cumberland, Herman Daly, Robert Goodland y Richard Norgaard (2014), An introduction to ecological economics, St. Lucie Press, Boca Raton.         [ Links ]

Daly, Herman (1996), "Criterios operativos para el desarrollo sostenible", Eumed.net, <http://www.eumed.net/cursecon/textos/index.htm>, 12 de noviembre de 2013.         [ Links ]

Derissen, Sandra y Uwe Latacz-Lohmann (2013), "What are pes? A review of definitions and an extension", Ecosystem Services, vol. 6, Elsevier, Cambridge, pp. 12-15.         [ Links ]

Egoh, Benis, Belinda Reyers, Mathieu Rouget, Michael Bode y David Richardson (2009), "Spatial congruence between biodiversity and ecosystem services in South Africa", Biological Conservation, 142, Elsevier, Cambridge, pp. 553-562.         [ Links ]

Ehrlich, Paul y Anne Ehrlich (1993), La explosión demográfica. El principal problema ecológico, Salvat, Barcelona.         [ Links ]

Gasparatos, Alexandras y Anna Scolobig (2012), "Choosing the most appropriate sustainability assessment tool", Ecological Economics, 80, Elsevier, Cambridge, pp. 1-7.         [ Links ]

Georgescu-Roegen, Nicholas (1971), The entropy law and the economic process, Harvard University Press, Cambridge.         [ Links ]

Gómez-Baggethun, Erick, Rudolf de Groot, Pedro Lomas, Carlos Montes (2010), "The history of ecosystem services in economic theory and practice: from early notions to markets and payment schemes", Ecological Economics, 69 (6), Elsevier, Cambridge, pp. 1209-1218.         [ Links ]

Haro-Martínez, Alma y Cristina Taddei-Bringas (2010), "Valoración ambiental: aportaciones, alcances y limitaciones", Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, 41 (160), UNAM, México, pp. 209-221.         [ Links ]

Herrmann-Pillath, Carsten (2011), "The evolutionary approach to entropy: reconciling Georgescu-Roegen's natural philosophy with the maximum entropy framework", Ecological Economics, 70 (4), Elsevier, Cambridge, pp. 606-616.         [ Links ]

Illge, Lydia y Reimund Schwarze (2009), "A matter of opinion: how ecological and neoclassical environmental economists and think about sustainability and economics", Ecological Economics, 68 (3), Elsevier, Cambridge, pp. 594-604.         [ Links ]

Jiménez-Herrero, Luis (2003), "Cambio global, desarrollo sostenible y economía ecológica", en Luis J. Jiménez-Herrero y Francisco J. Higón-Tamarit (eds.), Ecología y economía para un desarrollo sostenible, Universitat de Valencia, Valencia, pp. 13-62.         [ Links ]

Kallis, Giorgos, Christian Kerschner y Joan Martínez-Alier (2012), "The economics of degrowth", Ecological Economics, 84, Elsevier, Cambridge, pp. 172-180.         [ Links ]

Kapp, William (1976), "El carácter de sistema abierto de la economía y sus implicaciones", en Federico Aguilera Klink y Vicent Alcántara (eds.), De la economía ambiental a la economía ecológica, Icaria, Barcelona, pp. 199-212.         [ Links ]

Laurans, Yann y Laurent Mermet (2014), "Ecosystem services economic valuation, decision-support system or advocacy?", Ecosystem Services, 7, Elsevier, Cambridge, pp. 98-105.         [ Links ]

Maynard, Simone, David James y Andrew Davidson (2014), "Determining the value of multiple ecosystem services in terms of community wellbeing: who should be the valuing agent?", Ecological Economics (s.p.i.         [ Links ]).

Martínez-Alier, Joan (1996), "La economía ecológica como ecología humana", ponencia presentada en el III Foro del Ajusco, 4-6 de septiembre, México.         [ Links ]

Martínez-Alier, Joan, Jordi Roca-Jusmet y Jannette Sánchez (1998), Curso de economía ecológica, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-Oficina Regional para América Latina y el Caribe, México.         [ Links ]

Martínez-Alier, Joan y Jordi Roca-Jusmet (2001), Economía ecológica y política ambiental, Fondo de Cultura Económica, México.         [ Links ]

Munda, Giuseppe (1995), Multicriteria evaluation in a fuzzy environment: theroy and applications in ecological economics, Physica-Verlag, Heidelberg.         [ Links ]

Naredo, José Manuel (1994), "Fundamentos de la economía ecológica", en Federico Aguilera Klink y Vicent Alcántara (eds.), De la economía ambiental a la economía ecológica, Icaria, Barcelona, pp. 231-252.         [ Links ]

Naredo, José Manuel (1996), Sistema de cuentas de los recursos naturales y el medio ambiente, ponencia presentada en III Congreso Nacional del Medio Ambiente, 25-29 de noviembre, Madrid.         [ Links ]

Naredo, José Manuel (2001), "Economía y sostenibilidad: la economía ecológica en perspectiva", Polis. Revista Académica Universidad Bolivariana, 1 (2), Universidad Bolivariana, Santiago de Chile, pp. 2-28.         [ Links ]

Ness, Barry, Evelin Urbel-Piirsalu, Stefan Anderberg y Lennart Olsson (2007), "Categorising tools for sustainability assessment", Ecological Economics, 60, Elsevier, Cambridge, pp. 498-508.         [ Links ]

Riechmann, Jorge (1995), "Desarrollo sostenible la lucha por la interpretación", en José Manuel Naredo y Jorge Riechmann (eds.), De la economía a la ecología, Trotta, Madrid, pp. 11-35.         [ Links ]

Schagner, Jan Philipp, Luke Brander, Joachim Maes y Volkmar Hartje (2013), "Mapping ecosystem services' values: current practice and future prospects", Ecosystem Services, vol. 4, Elsevier, Amsterdam, pp. 33-46.         [ Links ]

Singh, Rajesh, H. R. Murty, S. K. Gupta y A. K. Dikshit (2009), "An overview of sustainability assessment methodologies", Ecological Indicators, 9 (2), Elsevier, Amsterdam, pp. 189-212.         [ Links ]

Spash, Clive (2013), "Influencing the perception of what and who is important in ecological economics", Ecological Economics, vol. 89, Elsevier, Cambridge, pp. 204-209.         [ Links ]

Tacconi, Luca (2012), "Redefining payments for environmental services", Ecological Economics, 73, Elsevier, Cambridge, pp. 29-36.         [ Links ]

Tetreault, Darcy Víctor (2008), "Escuelas de pensamiento ecológico en las Ciencias Sociales", Estudios Sociales, 16 (32), CIAD, Hermosillo, pp. 228-263.         [ Links ]

Van-Dyke, Fred (2008), Conservation biology. Foundations, concepts, applications, McGraw-Hill, New York.         [ Links ]

Venkatachalam, Lakshmanan (2007), "Environmental economics and ecological economics: Where they can converge?", Ecological Economics, 61 (2-3), Elsevier, Cambridge, pp. 550-558.         [ Links ]

Willis, Kenneth, Kenneth Button y Peter Nijkamp (1999), Enviromental valuation, vol. I. Methods and anomalies, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.         [ Links ]

 

Nota

¹ Las aportaciones de Kapp son anteriores a lo que hoy se conoce como economía ecológica, sin embargo, se considera que éstas constituyen la base de dicho enfoque.

 

Información sobre las autoras:

Alma Angelina Haro-Martínez. Mexicana. Doctora en ciencias con especialidad en Desarrollo Regional por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Es profesora de la Universidad Estatal de Sonora y trabaja en diversos proyectos ambientales regionales. Entre sus publicaciones recientes destacan: "Valoración ambiental: aportaciones, alcances y limitaciones", Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, 41 (160), UNAM, México, pp. 209-221 (2010); "Responsabilidad social en el sistema vid de mesa de Sonora: de una responsabilidad inducida a una responsabilidad ética", ponencia presentada en el XVI International Symposium of Consorcio Internacional de Desarrollo Social, 27-31 de julio, Monterrey (2009).

Isabel Cristina Taddei-Bringas. Mexicana. Doctora en ciencias económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Actualmente es investigadora titular del Departamento de Desarrollo Regional del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación es organización industrial, mercados y cadenas productivas. Entre sus publicaciones recientes se encuentran "Patrones de consumo de carne en el noroeste de México", Revista Estudios Sociales, XX (2), CIAD, Hermosillo, pp. 73-96 (2012); "Análisis de competitividad de cuatro sistema-producto estatales de tilapia en México", Revista Estudios Sociales, 18 (35), CIAD, Hermosillo, pp. 165-207 (2010); "Valoración ambiental: aportaciones, alcances y limitaciones", Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, 41 (160), UNAM, México, pp. 209-221 (2010).

^rND^sCarciofi^nIgnacio^rND^nDiego^sAzqueta^rND^sCastro^nSilva^rND^nManuela y Aurora^sTeixeira^rND^sCostanza^nRobert^rND^nCarl^sFolke^rND^sCostanza^nRobert^rND^sDerissen^nSandra^rND^nUwe^sLatacz-Lohmann^rND^sEgoh^nBenis^rND^nBelinda^sReyers^rND^nMathieu^sRouget^rND^nMichael^sBode^rND^nDavid^sRichardson^rND^sGasparatos^nAlexandras^rND^nAnna^sScolobig^rND^sGómez-Baggethun^nErick^rND^nRudolf^sde Groot^rND^nPedro^sLomas^rND^nCarlos^sMontes^rND^sHaro-Martínez^nAlma^rND^nCristina^sTaddei-Bringas^rND^sHerrmann-Pillath^nCarsten^rND^sIllge^nLydia^rND^nReimund^sSchwarze^rND^sJiménez-Herrero^nLuis^rED^sKallis^nGiorgos^rED^nChristian^sKerschner^rED^nJoan^sMartínez-Alier^rND^sKapp^nWilliam^rED^sLaurans^nYann^rED^nLaurent^sMermet^rED^sMaynard^nSimone^rED^nDavid^sJames^rED^nAndrew^sDavidson^rND^sMartínez-Alier^nJoan^rND^sNaredo^nJosé Manuel^rND^sNaredo^nJosé Manuel^rND^sNaredo^nJosé Manuel^rND^sNess^nBarry^rND^nEvelin^sUrbel-Piirsalu^rND^nStefan^sAnderberg^rND^nLennart^sOlsson^rND^sRiechmann^nJorge^rND^sSingh^nRajesh^rND^nH. R.^sMurty^rND^nS. K.^sGupta^rND^nA. K.^sDikshit^rND^sSpash^nClive^rND^sTacconi^nLuca^rND^sTetreault^nDarcy Víctor^rND^sVenkatachalam^nLakshmanan^rND^1A01^nDante Ariel^sAyala-Ortiz^rND^1A02^nFrancisco^sAbarca-Guzmán^rND^1A01^nDante Ariel^sAyala-Ortiz^rND^1A02^nFrancisco^sAbarca-Guzmán^rND^1A01^nDante Ariel^sAyala-Ortiz^rND^1A02^nFrancisco^sAbarca-Guzmán

Artículos de investigación

 

Disposición a pagar por la restauración ambiental del río Lerma en la zona metropolitana de La Piedad, Michoacán

 

Willingness to pay for environmental restoration of the Lerma river in the metropolitan area of La Piedad, Michoacan

 

Dante Ariel Ayala-Ortiz* y Francisco Abarca-Guzmán**

 

* Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Correo-e: daao@fevaq.net

** Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. Correo-e: fabaguz@gmail.com

 

Recibido: 23 de julio de 2011.
Reenviado: 3 de octubre de 2011.
Aceptado: 14 de mayo de 2013.

 

Resumen

La zona metropolitana La Piedad, Michoacán-Santa Ana Pacueco, Guanajuato comparte una sección del río Lerma cuyas condiciones propician fuertes problemas ambientales y de salud pública. En esta investigación se pretende: primero, identificar la percepción ciudadana sobre el deterioro ambiental local del río Lerma; segundo, estimar la disposición a pagar (DAP) por el saneamiento y restauración ambiental del mismo; y tercero, calcular una cuota mensual de contribución para las mejoras ambientales. Para ello se utilizó el Método de Valoración Contingente. La DAP por el saneamiento fue estimado en 12,224,424 pesos anuales y la cuota mensual doméstica propuesta es de 23.89 pesos.

Palabras clave: restauración ambiental, desarrollo urbano, valoración económico-ambiental.

 

Abstract

The metropolitan area of La Piedad, Michoacan-Santa Ana Pacueco, Guanajuato, shares a section of the Lerma river, whose conditions have severe environmental and public health problems. This research has three aims: first, identify the public perception of the local environmental damage of the Lerma river; second, estimate citizen willingness to pay (WTP) for its environmental restoration; and third, calculate a monthly payment for environmental improvements. We used the Contingent Valuation Method. The WTP for improvements in environmental quality was estimated at 12 224 424 MXN a year. Finally, we propose a monthly fee of 23.89 MXN per household.

Keywords: environmental remediation, urban development, environmental and economical valuation.

 

Introducción

Las continuas y diversas descargas industriales, urbanas, agrícolas y pecuarias que el río Lerma recibe desde su nacimiento y a su paso por cinco estados de la república lo han clasificado como uno de los ríos interiores de mayor contaminación en México; existen secciones y épocas del año en las cuales se sobrepasa con mucho los límites permisibles de concentración de contaminantes (López-Hernández et al, 2007). Este problema se ve agudizado por el actual patrón de crecimiento urbano que ha venido fortaleciendo el proceso de concentración económica y poblacional en las urbes, especialmente en las ciudades y núcleos metropolitanos (Navarro et al, 2004).

Desde hace algunas décadas, la zona metropolitana interestatal que comprende las ciudades de La Piedad de Cabadas, Michoacán y Santa Ana Pacueco, Guanajuato (ZM) se ha visto amenazada por los severos problemas ambientales y de salud pública derivados de la contaminación del río Lerma. Durante la mayor parte del siglo pasado la zona fue víctima de fuertes inundaciones derivadas del desborde de las aguas de este río.

En esta zona, el cauce natural del Lerma da lugar a una amplia curva (meandro) que envuelve a la localidad de Santa Ana Pacueco y es contorno de toda La Piedad. En su dinámica natural, la creciente del río propiciaba desbordamientos en la parte baja de la ciudad, razón por la que en los años ochenta fue construido un canal de alivio de aproximadamente 2.4 km que unió artificialmente los extremos del meandro natural, desde entonces, se controla el flujo de agua que entra al meandro y al canal de alivio a través de un sistema de compuertas. Sin embargo, con el paso del tiempo, este cambio en la dinámica hidráulica de los 12.5 km del meandro natural ha sido origen de múltiples problemas ambientales y de salud pública: aguas estancadas en estado de descomposición, segmentos casi secos y lechos contaminados que, a su vez, trajeron problemas de proliferación de fauna nociva, mal olor y fuertes afecciones a la salud.

Estudios realizados en 2009 por investigadores de la Universidad Michoacana¹ muestran que un alto porcentaje de menores de edad tiene antecedentes de afecciones gastrointestinales y broncopulmonares, así como parasitosis diversas que incluyen a la solitaria (Taenia spp.) en su forma larvaria o cisticerco, así como otros helmintos y protozoos (Álvarez et al., 2011). Tales estudios reportan la presencia de huevos de 12 géneros de helmintos, incluyendo Ascaris sp. Taenia spp. y Toxocara sp. entre otros.

De hecho, las propias autoridades de salud en la entidad han reconocido que son aún más graves las consecuencias ocasionadas por el uso de pesticidas e insecticidas para combatir la fauna nociva, lo que repercute directamente en numerosos casos de leucemia infantil, registrados por el sector salud (Ruiz, 2009).

En este trabajo se presentan los resultados relativos a tres objetivos de una investigación más amplia.² En primer lugar se indaga sobre la percepción de los habitantes de la zona relacionada con la situación de deterioro ambiental en la cual se encuentra el meandro del río Lerma que atraviesa la ZM. En segundo lugar se estima la disposición a pagar (DAP) que tiene la ciudadanía para contribuir con el saneamiento y restauración ambiental del meandro. Por último, se calcula una cuota mensual que potencialmente podría aplicarse con la finalidad de asegurar la efectiva contribución ciudadana a las mejoras ambientales. Este trabajo se justifica en la medida en la que contribuya a la generación de alternativas de restauración y manejo de la degradación ambiental, incluyendo la participación de la ciudadanía.

 

1. La valoración contingente en el estudio de los problemas económico ambientales

El Método de Valoración Contingente (MVC) permite estimar la máxima DAP de un individuo por la provisión o mejora de un bien de no mercado, para ello se recurre a la generación de mercados hipotéticos (Mogas-Amorós, 2004) mediante los cuales los potenciales usuarios de bienes o servicios ambientales le asignan un valor derivado de los beneficios que éstos pueden proporcionarles (Azqueta et al., 2007). La principal ventaja que se le reconoce al MVC es que puede cuantificar valores de no-uso (Azqueta, 1994; Sarmiento y Prieto-Rodríguez, 2005).

Con relación a la calidad del agua, la valoración económico ambiental ha sido aplicada con fines diversos que van desde la mera conservación hasta la sustentabilidad de servicios ambientales proporcionados por recursos hídricos. En tales trabajos se destaca la importancia de la valoración económica ambiental para la toma de decisiones relacionada con el cuidado y la calidad del agua (Arrow et al., 1993).

Por lo general, los individuos son sensibles ante una serie de aspectos relacionados con la calidad del agua y, por lo tanto, es posible fundamentar un estudio de valoración contingente mediante el cálculo de la disposición a pagar por mejoras en esos aspectos, Egan et al. (2009) desarrollaron un modelo logit mixto sobre el uso recreativo de un lago; encontraron que las estimaciones de DAP son determinadas por las características socioeconómicas de los hogares.

Lo anterior también se ha visto reflejado en estudios realizados en nuestro país como el de Soto-Montes de Oca (2007), quien a partir del valor económico del agua para uso doméstico redefine las políticas de precios del agua potable, generando información básica para mejorar el abasto de este bien en la ciudad de México. Al seguir a esta autora, la DAP por parte de los hogares es básica en la solución de problemas ambientales de zonas urbanas, siempre que dicha disposición sea una manifestación de la capacidad de pago de la población, así como de sus preferencias por niveles específicos de calidad ambiental.

Con la información otorgada por los usuarios directos es posible diseñar políticas que compatibilicen, con mayor facilidad, objetivos de eficiencia económica, equidad social y uso racional de un recurso escaso. Sobre esta temática existen múltiples antecedentes, por ejemplo, en Colombia se realizó un estudio para determinar la viabilidad financiera de un proyecto para el tratamiento de aguas residuales en una localidad rural aplicando el MVC, se pretendía conocer si el nivel de recuperación de costos permitiría cubrir cuando menos los costos de operación y mantenimiento de una planta de tratamiento (Rojas-Padilla et al., 2001). El estudio determinó que la DAP promedio de los habitantes de la localidad ascendía a 0.57 dólares mensuales por habitante, se estimó así la sostenibilidad financiera del proyecto por etapas.

En otro estudio realizado en dos ciudades de la costa del Pacífico de Costa Rica, hecho con el objetivo de determinar la DAP por mejoras en la calidad del agua costera, se asignó un valor de manera directa a las mejoras ambientales derivadas de los proyectos de saneamiento, estimando los beneficios potenciales de éstos antes de su implementación (Barton, 2007).

De igual modo, Bernstein et al. (2013) al usar MVC estiman que los hogares en el noreste de los Estados Unidos tienen una DAP de us 12 dólares mensuales para financiar proyectos dirigidos a mejorar el acceso a las amenidades del río Susquehanna, y de US 10.46 por eliminar los riesgos derivados de la fractura de rocas subterráneas por la extracción de gas natural.

En México, Ojeda et al. (2008) utilizaron el MVC para estimar el valor económico de los servicios ambientales (SA) derivados de la restauración ecológica en afluentes del río Yaqui, Sonora, encontraron que los hogares pagarían un promedio de 73 pesos mensuales por la recuperación de diversos SA, y concluyeron que la DAP se relaciona con el ingreso, nivel educativo, número de niños en el hogar, entre otros.

Con otro estudio Ibarrarán et al. (2003) identificaron los determinantes de la DAP por mejoras en la calidad ambiental derivadas de la construcción de un relleno sanitario de residuos sólidos en el centro-oeste del estado de Puebla, encontraron que la DAP está determinada por el nivel de ingreso, la edad y la confianza en las autoridades gubernamentales.

 

2. Metodología

2.1. Descripción del sitio de estudio

La Piedad de Cabadas, Michoacán, y Santa Ana Pacueco en Pénjamo, Guanajuato, son localidades colindantes separadas de manera natural por el lecho del río Lerma (figura I). Recientemente, estas dos localidades formaron la zona metropolitana La Piedad-Santa Ana Pacueco para promover un desarrollo conjunto y atender problemas comunes.

Ambientalmente, el problema más grave que enfrenta esta ZM es el creciente deterioro ecológico del río Lerma. Tal situación ha traído, desde hace años, molestias y complicaciones para la mayoría de los habitantes quienes, a su vez, resultan en buena medida responsables de la contaminación. Si bien la contaminación del Lerma es resultado de descargas urbanas, agropecuarias e industriales que recoge a su paso (López-Hernández et al., 2007), existen estudios que destacan la propia influencia de las descargas de esta ZM en la contaminación del río.³

 

2.2. El Método de Valoración Contingente (MVC)

Mediante el MVC calculamos la cantidad promedio que los hogares de esta ZM estarían dispuestos a pagar por revertir el deterioro ambiental del meandro. Para ello, a los entrevistados se les planteó un escenario hipotético sobre la mejora de la calidad del cauce natural del río y su ribera con un proyecto integral de saneamiento y restauración que contemplase desde una mejor administración del agua que entra al cauce natural del río, hasta la construcción de áreas jardinadas, parques recreativos, pasos peatonales y vehiculares. Una vez embozado el escenario hipotético se les interrogó sobre su DAP para mejorar la situación ambiental del meandro y su zona de influencia.

 

2.3. El instrumento de aplicación

Las entrevistas se realizaron a una muestra representativa de hogares de La Piedad de Cabadas y Santa Ana Pacueco, se aplicó un cuestionario para indagar sobre aspectos como i) la problemática general de la localidad, ii) la valoración económico ambiental, iii) la cultura del agua, iv) el servicio público de agua potable, y v) el perfil socioeconómico del entrevistado.⁴ El cuestionario final fue previamente depurado con una prueba piloto. La sección de interés para el estudio corresponde a la valoración económico ambiental del río.

Se comenzó por hacer un resumen de la situación actual del meandro del Lerma, describiendo cuál podría ser el escenario futuro sin acciones. En contraposición a este escenario se planteó la alternativa de implementar un proyecto para revertir el deterioro del cauce natural del río, incrementando la cantidad y calidad del agua. Ante el escenario futuro con acciones el entrevistado debió decidir si estaría dispuesto a pagar.

Para esto, tal como sugieren Labandeira et al. (2007), se planteó una pregunta de formato binario con el fin de conocer si el individuo estaría dispuesto, o no, a pagar por las mejoras descritas. Si estaba a favor se le cuestionaba el monto en pesos que estaría dispuesto a pagar mensualmente, a través del cobro realizado por el organismo local encargado de operar los servicios de alcantarillado y agua potable,⁵ como lo sugiere Arrow et al. (1993).

Siguiendo a Riera et al. (2005), la pregunta sobre el monto de DAP por cada hogar se realizó en formato abierto, esto es, a partir de una cantidad inicial de cinco pesos/mes, el entrevistado expresa una cantidad que para él resulta adecuada, dados su nivel de ingreso, su situación de egresos, y el beneficio que espera recibir a cambio.

Para el monto máximo de DAP se formuló una segunda pregunta de tipo subasta, se ofreció como incentivo la certeza de que el proyecto se realizaría con la participación obligatoria de toda la población y sin desvío de recursos,⁶ tras lo cual se preguntó la DAP máxima (se redujeron sesgos de conducta individual por falta de información).

En adición, al considerar que la construcción de un mercado para los bienes ambientales puede presentar ciertos problemas que se traducen en fuentes de error o sesgo en las estimaciones obtenidas, se aplicaron los mecanismos sugeridos por la literatura para evitar los sesgos ocasionados por (i) comportamiento estratégico, (ii) comportamiento hipotético, (iii) efecto de inclusión, (iv) efecto de la información, y (v) efecto de anclaje.⁷

 

2.4. Diseño muestral

El muestreo estadístico fue de tipo aleatorio estratificado, se tomaron como marco muestral los padrones de usuarios domésticos del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Piedad (SAPAS) y del Comité de Agua Potable de Santa Ana Pacueco (CAPAS). En total, se aplicaron 875 encuestas (611 en La Piedad y 264 en Santa Ana Pacueco), que aseguran 95% de confianza con un error máximo del 3% para la muestra conjunta. La estratificación fue establecida según tipo de usuario doméstico (cuadro 1).

El tipo de entrevista fue individual y mediante visita domiciliar, se hizo el levantamiento de la información entre los meses de agosto y septiembre de 2009, con una aplicación piloto realizada en julio del mismo año.

 

2.5. Estimación del Modelo de Regresión Logística

El MVC se sustenta en la llamada teoría de la utilidad aleatoria, la cual sostiene que la utilidad que un consumidor obtiene puede ser estimada mediante los componentes aleatorios o contingentes que manifiestan los individuos.⁸ Para conocer cuáles son las variables que determinan la aceptación o rechazo del pago por mejoras ambientales en cada estrato realizamos varios análisis de correlación y regresiones logarítmicas sugeridos para este tipo de estudios (Pucutay-Vásquez, 2002; Riera et al. 2005; Labandeira et al., 2007). De esta manera, obtuvimos seis variables que explican la probabilidad de DAP.

En el cuadro 2 se describe cada variable, su clasificación, simbología utilizada y el sentido de la relación esperada de cada variable explicativa con la variable dependiente. Por ejemplo, esperamos que la edad del entrevistado tenga una relación inversa con su DAP ya que, mientras mayor sea ésta, menor será la probabilidad de que acepte realizar el pago. Ejemplo contrario, el ingreso, variable que a medida que incrementa, se espera que mayor sea la probabilidad de aceptar el pago (Franzen y Vogl, 2013).

Es importante señalar que no todas las variables seleccionadas determinan la probabilidad de DAP en todos los estratos. Por ejemplo, en el estrato doméstico medio la variable cultura del agua no influye en la DAP, pero sí lo hace en el doméstico bajo.

 

3. Resultados

3.1. Identificación de la problemática

De acuerdo con los resultados obtenidos a partir del estudio a hogares, para los habitantes de esta ZM la contaminación del río es uno de los principales problemas que enfrentan, es superado solamente por la inseguridad, pero considerada más grave aún que el desempleo, la falta de limpieza en las calles, la falta de pavimentación e incluso que la marginación o la pobreza (cuadro 3). Obsérvese el comportamiento similar y proporcional en las respuestas de ambas localidades.

Para los habitantes de la ZM, la contaminación del río Lerma es ocasionada en buena medida por la acción misma de la población, ya que a su cauce se arrojan toda clase de desechos; lo anterior concuerda con Ruiz (2009) quien señala que el meandro se ha convertido en una suerte de drenaje a cielo abierto, en gran parte generado por las descargas locales (Sotelo et al., 2005). De este modo, se halló que más de 60% de los hogares encuestados consideró que el principal afecto negativo del deterioro ambiental del río es la fauna nociva, por la presencia de mosquitos, moscas, cucarachas y roedores.

Alrededor de 20% de la población encuestada aseguró haber padecido alguna enfermedad atribuible a la condición degradada del Lerma, con una mayor incidencia para los estratos de doméstico bajo y doméstico medio, a diferencia del doméstico alto y medio alto. A partir de la submuestra anterior (n=168), para el caso de La Piedad, las enfermedades asociadas al deterioro ambiental del Lerma reportadas con mayor frecuencia fueron infecciones en la piel, infecciones en las vías respiratorias, fiebre tifoidea, amebiasis, gastroenteritis y cáncer; en el caso de Santa Ana Pacueco fueron infecciones en la piel seguidas de disentería, infecciones en vías respiratorias y fiebre tifoidea.

En ambas localidades, más de 85% de los entrevistados aseguró que en sus hogares se hace uso de insecticidas. Esto coincide con lo señalado por las autoridades de salud en la entidad, quienes aseguran que el uso de pesticidas e insecticidas para combatir la fauna nociva han tenido incidencia directa en el incremento de los casos de leucemia infantil, enfermedades broncopulmonares y alergias registrados en la zona (Ruiz, 2009). Aproximadamente, uno de cada cinco hogares que utilizan insecticidas como medida de control de fauna nociva (submuestra n=l48) han presentado problemas de salud, las más frecuentes son las relacionadas con el sistema respiratorio (50%). Las alergias en ojos o piel corresponden a 20% de los casos afectados por el uso de insecticidas.

 

3.2. Participación ciudadana en las mejoras ambientales

Una vez que se dio a conocer a los entrevistados la situación de deterioro ambiental del meandro del Lerma se les comentó que esta situación podría ser reversible tomando las medidas necesarias. Así, al plantear un escenario hipotético donde la ciudadanía fuera llamada a votar a favor o en contra de una aportación mensual para contribuir al saneamiento del Lerma se obtuvo que 81.9% (717/875) de los entrevistados de la ZM estarían a favor del pago y, sólo 17.1% rechazaría la propuesta (cuadro 4).

A la submuestra que se declaró a favor del pago (n=717) también se le preguntó acerca del monto que podría aportar de manera mensual sin afectar su situación económica. Los montos obtenidos van desde los cinco hasta los 150 pesos mensuales por hogar. Las cantidades que se mencionaron con mayor frecuencia estuvieron ubicadas, en primer lugar, por debajo de los 10 pesos mensuales (25% de los casos), en segundo lugar, entre los 11 y 20 pesos mensuales (18% de los casos en La Piedad y 22% en Santa Ana), y en tercer lugar se ubican montos mayores que van de los 40 a los 50 pesos con 17% de los casos en La Piedad y 19% en Santa Ana (figura II).

Para conocer los motivos por los cuales la otra submuestra (n=150) votó en contra del pago, se pusieron a su consideración varias razones. Una de ellas aludía a la carencia de condiciones económicas con la cual coincidieron casi 40% de los casos en La Piedad, y 70% en Santa Ana. Otro argumento importante fue la desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades (más de 60% de la submuestra).

 

3.3. Probabilidad de contribuir con el pago en la Zona Metropolitana

El estudio de valoración contingente en la localidad michoacana se aplicó a un total de 611 hogares, equivalentes a 69.8% de la muestra recogida. A continuación se presentan los resultados del modelo logit estimado para cada estrato de la ZM.

 

3.3.1. Estrato doméstico bajo, La Piedad

En total se entrevistaron 140 hogares pertenecientes al estrato doméstico bajo, equivalente a 22.91% de la submuestra de La Piedad. Los resultados del modelo de regresión logarítmica, calculado a partir de estos datos, se resumen en el cuadro 5.

A partir de los resultados mostrados en ese cuadro, podemos construir el modelo Zi del que obtendremos el valor logit que permitirá calcular la probabilidad de que un hogar acepte el pago propuesto para mejoras ambientales.

Cada coeficiente (B) es dependiente parcial que mide el cambio en el logit estimado, correspondiente a una unidad de cambio del valor de la regresada (variable dependiente) si las demás variables explicativas permanecen constantes⁹ (Aguayo, 2007). De esta manera, el modelo que estima la probabilidad de que un hogar del estrato doméstico bajo tenga una DAP favorable por las mejoras ambientales es:

Z_DB= -5.007 + 0.407(Y)+ 0.395(S) - 0.862(G) + 0.504(ICA)

Una interpretación más significativa de los resultados obtenidos es la expresada en términos de probabilidades al obtener el antilogaritmo de los coeficientes de la pendiente (Gujarati, 2003). De esta manera, si tomamos el antilogaritmo del coeficiente Y, obtenemos que e^0.407≈1.5. Este resultado sugiere que un hogar al que ingresan hasta 4,000 pesos mensuales (categoría 2 de ingreso) tiene 1.5 veces más probabilidades de DAP que un hogar que ingresa menos de 2,800 pesos al mes (categoría 1 de ingreso).

Supongamos entonces que, a partir de los datos contenidos en el cuadro 6, deseamos conocer la probabilidad de que el hogar 1 acepte dar el pago por mejoras ambientales. Al sustituir los datos reales de este hogar en el modelo estimado, observaremos que el logit obtenido en este caso es -1.2908, por lo que la probabilidad estimada de aceptar el pago es 0.2157. Esto es, un hogar con las mismas características de este primer caso muy seguramente rechazaría el pago propuesto.¹⁰ Por el contrario, un hogar como el 11 del cuadro 6, seguramente aceptaría el pago propuesto ya que su probabilidad de hacerlo es de 0.58 (casi 60%), lo que resulta tanto de un mayor nivel de ingreso (Y) como de una cultura del agua (ICA) más elevada respecto al primer caso analizado. El comportamiento positivo de esta última variable respecto a la DAP es consistente con lo reportado por Husted et al. (2013), quienes señalan que una actitud o cultura más pro-ambiental aumenta la DAP marginal; en nuestro caso, DAP máxima.

La bondad de ajuste alcanzada por las variables del modelo estimado puede observarse a partir de la R² de Cox y Snell¹¹ equivalente en este caso a 0.121 (cuadro 5). Si bien este valor resulta bajo, se resalta que en los modelos con regresada binaria, la bondad de ajuste tiene una importancia secundaria, lo que interesa son los signos esperados de los coeficientes de la regresión para sus implicaciones prácticas¹² (Gujarati 2003).

En resumen, en el estrato correspondiente a doméstico bajo, la probabilidad de que un hogar tenga una DAP positiva para revertir el deterioro del meandro del Lerma dependerá del nivel de ingresos mensual del hogar, de la escolaridad y sexo del jefe del hogar, así como de la cultura del agua presente. Incrementos en estos factores darán como resultado una mayor probabilidad de aceptar el pago propuesto, con excepción del sexo cuya relación inversa con el logit, indica que las probabilidades DAP serán menores cuando la decisión de hacerlo recaiga en un hombre.

 

3.3.2. Estrato doméstico medio, La Piedad¹³

El estudio de valoración contingente se realizó con 228 hogares pertenecientes al estrato doméstico medio (DM). A partir de la información obtenida de esta muestra, equivalente a 37.3% de hogares entrevistados en La Piedad, se estimó el logit que permite conocer la probabilidad de que la población de este estrato contribuya con una aportación mensual para el saneamiento del meandro del Lerma. De esta manera, el logit para estimar la probabilidad de que un hogar de este estrato acepte el pago propuesto es:

Z_DM= -0.707 + 0.374(S) + 0.527(G) - 0.363(H) - 0.225(A)

En este caso, el logit estimado reaccionará de manera positiva ante cambios unitarios del nivel de escolaridad (S) y sexo (G) del entrevistado. Sin embargo, disminuirá a medida que el número de habitantes del hogar (H), y la edad (A) del entrevistado sean mayores.

 

3.3.3. Estrato doméstico medio-alto y alto, La Piedad

En este último estrato de La Piedad se entrevistaron 243 hogares que equivalen a 39.8% de la muestra de la localidad. Así, se obtuvo que la probabilidad es determinada para este conjunto de hogares por variables como el índice de cultura del agua (ICA) y el nivel de ingreso del hogar (Y), así como por la edad (A) y sexo del entrevistado (G). Se encontró una relación inversa (negativa) de las dos primeras variables con la regresada, y una relación directa (positiva) entre ésta y las dos últimas variables.

A partir de los coeficientes de cada variable, mostrados en el cuadro de resultados siguiente, construimos el modelo logit correspondiente al estrato doméstico medio-alto y alto (DMA):

Z_DMA= -1.481 - 0.693(G) - 0.541(A) + 0.324(Y) + 0.306(ICA)

 

3.3.4. Estrato doméstico general, Santa Ana Pacueco

En esta localidad se entrevistó a 274 hogares equivalentes a 31.4% del total de la muestra. Debido a la no segmentación de esta submuestra el modelo logit calculado en este caso es válido para toda la población de Santa Ana Pacueco.

En este caso, las variables ingreso (Y), índice de cultura del agua (ICA), sexo (G) y número de habitantes del hogar (H), muestran el tipo de relación esperada con la variable dependiente. De manera que el modelo logit que permite obtener la probabilidad de aceptar el pago por parte de los hogares de Santa Ana Pacueco, es:

Z_DSAP = -3.218 + 0.423(Y) + 0.41(ICA) - 0.242(G) - 0.136(H)

 

3.4. DAP media según estrato

Para el caso de la muestra, la DAP media equivale al promedio del monto que los hogares afirmaron estar dispuestos a contribuir mensualmente por mejoras en la calidad ambiental del meandro del Lerma. Sin embargo, para generalizar estos resultados al conjunto de la población hemos recurrido a un ejercicio de regresión lineal con la finalidad de encontrar el monto que los hogares de ambas localidades estarían dispuestos a pagar finalmente.

Con base a lo expresado por los hogares entrevistados en este estudio, se obtuvo que la DAP promedio de la muestra es de 50.43 pesos por mes en el caso de La Piedad de Cabadas (cuadro 7). Esta cantidad es menor en Santa Ana Pacueco, donde el mismo promedio asciende a 43.72 pesos por mes.¹⁴

Si bien estos promedios son representativos de toda la muestra, consideramos que los diferentes estratos de la población habrían de comportarse diferenciadamente en cuanto a su DAP, por lo que decidimos segmentar a la población objetivo (hogares), siguiendo la clasificación de los usuarios hecha por el servicio local de agua potable.

En el mismo cuadro observamos cómo en la localidad michoacana, el estrato doméstico bajo y los hogares del doméstico medio tienen una DAP promedio menor que la de la muestra, mientras que en el último estrato, doméstico medio-ato y alto, la DAP es, en promedio, mayor a la media muestral. Estos comportamientos otorgan un punto a favor de la segmentación de los resultados por estrato pues permiten estimar con mayor precisión el monto total que los hogares de las localidades en cuestión estarían dispuestos a pagar por la mejor propuesta.

 

3.5. Cálculo de la propuesta de pago mensual para la población

Con la finalidad de encontrar el monto de la DAP que pueda generalizarse como pago propuesto para el conjunto de la población, así como las variables socioeconómicas que la determinan, hemos recurrido a la elaboración de un modelo de regresión basado en el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO).

Seguimos el mismo supuesto de comportamiento diferenciado de la muestra y hemos realizado el ejercicio de regresión para cada localidad y, en el caso de La Piedad, para cada estrato por separado con la finalidad de predecir de manera más adecuada la conducta de la población.

El cuadro 8 resume los resultados obtenidos en los ejercicios de regresión realizados para cada estrato. En este caso, la variable dependiente es la DAP expresada en términos monetarios por cada uno de los hogares entrevistados. Por otra parte, las variables que explican el comportamiento de la variable dependiente son, en general: nivel de ingreso mensual (Y), número de habitantes del hogar (H), nivel de escolaridad (S), edad (A), sexo (G) del entrevistado, así como el grado en que la contaminación del río afecta a los integrantes del hogar (GA), según fueron especificadas con anterioridad (cuadro 2).

Los aspectos generales, en cuanto al significado de estos resultados, los conocemos ya debido a que no difieren mucho de los resultados de los modelos logísticos estimados para el cálculo de probabilidades que vimos antes. Como ejemplo, podemos ver para el caso del estrato doméstico bajo, el modelo que estima el monto que los hogares del mismo estarían dispuestos a pagar por revertir el estado de deterioro del meandro, es:

DAP_DB = 23.896 + 6.605(Y) + 4.291(S) - 5.797(A)

La variable DAP_DB o variable dependiente, es el monto que los hogares estarían dispuestos a pagar por la mejora ambiental que se propuso mediante el mercado hipotético que generamos, expresada en términos monetarios. Por tanto, los coeficientes de las variables explicativas, que se expresan en los mismos términos de la variable a la que explican, equivalen a la misma cantidad de pesos.

Así, si el coeficiente de la variable Y indica que, teóricamente, ante incrementos unitarios en la categoría de ingreso el monto de la DAP incrementará en 6.61 pesos, siempre que las demás variables del modelo permanezcan sin variaciones. A su vez, incrementos unitarios en la escolaridad aportarán 4.3 pesos al monto de la DAP, mientras que el incremento en una unidad de la variable edad restará 5.8 pesos a la DAP.

La constante del modelo, equivalente a 23.81 pesos, es el monto que cualquier hogar de la población correspondiente al estrato doméstico bajo estará dispuesto a pagar, independientemente de las demás variables. En otras palabras, la constante del modelo corresponde a la DAP autónoma. Hemos encontrado así, el monto del pago propuesto.

Este valor será aceptado, con cierto nivel de confianza, por el grueso de la población independientemente de los efectos generados por cualquier variable. La estimación de un modelo para cada estrato nos permite sugerir un pago distinto para cada uno de ellos a partir de sus propias características observadas (cuadro 9).

Estas cantidades pueden ser tomadas como referencia por las autoridades locales al momento de fijar el pago que cada hogar realizará mensualmente por concepto de mejoras ambientales al meandro del Lerma. Así, por ejemplo, es viable proponer un pago de 37 pesos mensuales para los hogares del estrato doméstico medio, ya que podemos afirmar, con un nivel de confianza mayor al 95%, que ese monto será generalmente aceptado, siempre y cuando el hogar tenga la certeza de que su contribución será aplicada invariablemente al saneamiento ambiental del meandro, y que éste será eficaz.

 

3.6. Agregación de los resultados: valor total de la DAP para la ZM

Con el MVC el participante manifiesta sus preferencias tal como lo hace en el mercado un consumidor. El análisis de la información obtenida, permite inferir el excedente del consumidor, es decir, la diferencia entre lo que el consumidor pagará y lo que estaría dispuesto a pagar, determinando el beneficio esperado.

 

3.6.1. Cálculo del valor total del bien ambiental

Para calcular el valor total del bien ambiental tomaremos en cuenta la media de la DAP obtenida con la ayuda de los modelos estimados para cada estrato. En el cuadro 10 se resumen estos modelos, así como la media de la DAP calculada a partir de ellos.

La DAP media estimada se extrapola al resto de la población como la cantidad promedio de los hogares de cada estrato y localidad.¹⁵ Así, se multiplica el total de hogares de cada estrato por su DAP media poblacional. La agregación de cada uno de estos subtotales indica la suma que se pagaría anualmente en la ZM para revertir el estado de deterioro ambiental del meandro del Lerma en ambas localidades (cuadro 11).

De esta forma, la DAP agregada de los hogares de ambas localidades asciende a 12 millones 224 mil 424 pesos por año. Obsérvese que la participación de La Piedad es mucho mayor con relación a la de Santa Ana Pacueco, ya que la primera aportaría 89% de la DAP total anual. A su vez, el estrato de hogares de más peso por el monto total de su DAP, es el doméstico medio que aporta más de 73% de la DAP de La Piedad de Cabadas, y más de 66% de la DAP total de ambas localidades; tal comportamiento se explica por el número de hogares pertenecientes a cada subgrupo de la población.

Así, las mejoras ambientales propuestas para el meandro del Lerma son valuadas por el conjunto de la población en más de 12 millones de pesos anuales. La principal utilidad que tiene este cálculo es servir de base para la toma de decisiones que tiendan a revertir el deterioro ambiental del cauce natural del río Lerma en la ZM. Por ejemplo, si confrontamos este valor frente a un proyecto de saneamiento y conservación del cauce natural del río Lerma en la zona metropolitana de La Piedad que costase, digamos, 150 millones con una vida útil de 20 años, significaría que el excedente social (beneficio social externo) de esa inversión sería de aproximadamente 90 millones de pesos,¹⁶ lo que justifica plenamente tal inversión.

 

Conclusiones

La problemática ambiental del meandro del Lerma constituye uno de los problemas más fuertes de la ZM La Piedad-Santa Ana Pacueco. En esta zona la contaminación del río es considerada el principal reto al que se enfrentan, sólo superado por la inseguridad, pero más grave que otros problemas socioeconómicos como el desempleo y la pobreza.

El estado de deterioro al que ha llegado el meandro del Lerma genera en los habitantes afecciones que van desde lo más ordinario, como la mala imagen, hasta las más preocupantes, como las enfermedades, deteriorando la calidad de vida de los habitantes de esta zona. Ante este escenario se confirma la necesidad de llevar a cabo proyectos que hagan posible la integración del meandro a la dinámica urbana de la ZM, empezando con acciones integrales de saneamiento que reviertan su deterioro ambiental.

Con este estudio se ha demostrado que existe la disposición por parte de los habitantes de la ZM para apoyar la realización de un proyecto que contribuya a este propósito. La población conoce la gravedad del problema ambiental pues sufre sus consecuencias, pero también acepta su responsabilidad como parte de la solución al deterioro del meandro. Esto se traduce en una amplia aceptación (DAP) para contribuir monetariamente a la solución. Con el MVC realizado se han podido conocer las características que determinan la cantidad de dinero que aportarían los hogares y la probabilidad de que se contribuya efectivamente al saneamiento del meandro.

Se ha encontrado que las variables que determinan la DAP, así como la probabilidad de que los hogares acepten realizar un pago por mejoras ambientales, difieren según estrato. Además del nivel de ingreso de los hogares, se encontró que aspectos como edad, escolaridad y sexo del encuestado, así como el número de habitantes y la cultura del agua del hogar, determinan la aceptación o rechazo a pagar por mejoras ambientales.

De acuerdo a la estratificación de hogares empleada para la población de La Piedad según tipo de usuario del servicio local de agua potable, el resultado en cuanto a la DAP fue consistente con el segmento socioeconómico, de forma que el estrato doméstico bajo obtuvo una DAP mensual de $38.47, el estrato doméstico medio de $48.12 y el medio alto y alto de $59.97, con una media de $50.43. Para el caso de la población de Santa Ana Pacueco, la DAP media estimada fue de 43.72 pesos mensuales.

Es importante señalar que estos resultados aportaron evidencia a favor de la hipótesis de que los estratos socioeconómicos en que se dividió a la población de la ZM La Piedad-Santa Ana Pacueco, se comportan de forma independiente, con determinantes de la DAP y, por tanto, valoraciones diferentes a un nivel estadísticamente significativo.

Lo anterior también permite proponer la aplicación de un pago mensual diferenciado por parte de los hogares de la zona metropolitana, o bien, la aplicación de una cuota única a partir de la DAP autónoma del estrato doméstico bajo, que asegure su cumplimiento por todos los hogares de la zona, el cual debería ser de 23.89 pesos mensuales por hogar.

A partir de la DAP estimada por estratos y extrapolada al total de hogares con esas características en la ZM, ha sido posible estimar, además, cuál es el valor agregado que los hogares de la zona metropolitana conceden a las mejoras ambientales. En concreto, los proyectos, obras y actividades diversas requeridas para el saneamiento ambiental del meandro del río Lerma y su incorporación a la dinámica urbana de la zona metropolitana de La Piedad-Santa Ana, tiene un valor social de más de 12 millones de pesos anuales.

El cálculo económico del valor total por mejoras en la calidad ambiental del cauce natural del río, proporciona un elemento clave para conocer la viabilidad financiera del proyecto de saneamiento y restauración, pero también su rentabilidad social. Por su parte, la importancia de conocer los determinantes de la DAP radica en que ofrece la capacidad de predecir la reacción de los hogares ante el pago por mejoras ambientales a partir de la observación de algunas de sus características particulares.

Finalmente, encontrar evidencia del potencial apoyo ciudadano a un proyecto de saneamiento, basado en la participación de diferentes actores sociales, puede dar lugar a un proceso de sinergia que responda a la complejidad de la problemática existente. Sin embargo, se destaca la necesidad de acompañar los diversos proyectos ejecutivos con el desarrollo de una política ambiental integral que permita revertir el deterioro del entorno ecológico y contribuir a la formación de una mejor cultura ambiental, y de participación ciudadana con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta ZM.

 

Agradecimientos

Se agradece al Conacyt, así como al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Michoacán por el financiamiento del programa Fomix, proyecto no. 73881 "Saneamiento del cauce natural (meandro) del río Lerma e integración del mismo a la dinámica urbana de La Piedad, Michoacán". Asimismo, se agradece a Nubia García Pérez, Miguel Reyna Rivera y Julio Morán por el apoyo con el trabajo de campo.

 

Bibliografía

Aguayo, Mariano (2007), "Cómo hacer una regresión logística con SPSS 'paso a paso'", Docu Web Fabis.org, Dot. núm. 0702012, Fundación Andaluza Beturia para la Investigación en Salud, pp. 1-16, <http://www.fabis.org/html/archivos/docuweb/Regres_log_1r.pdf>, 28 de junio de 2011.         [ Links ]

Álvarez, Teresa, David Tafolla, Teresa Flores, Violeta Díaz, Diana Plancarte, Rocío Madrigal, Ruth Sánchez, Elvira Álvarez, Karina Hernández, Claudia Linares, Claudia García y Angélica Hernández (2011), "Salud del humano, animales domésticos y silvestres", reporte de investigación producto 13, en R. A. Rueda-Jasso (coord.), Informe Técnico Final del proyecto FOMIX-Conacyt 73881. Saneamiento del cauce natural (meandro) del río Lerma e integración del mismo a la dinámica urbana de La Piedad, Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia.         [ Links ]

Arrow, Keneth, Robert Solow, Paul R. Portney, Edward E. Leamer, Roy Radner y Howard Schuman (1993), "Report of the NOAA panel on contingent valuation", Federal Register, 58 (10), The us National Archives and Records Administration, Washington, pp. 4601-4614.         [ Links ]

Azqueta, Diego (1994), Valoración económica de la calidad ambiental, McGraw-Hill, Madrid.         [ Links ]

Azqueta, Diego, Mauricio Alvear, Lilia Domínguez y Raúl O' Ryan (2007), Introducción a la economía ambiental, McGraw-Hill, Madrid.         [ Links ]

Barton, David (2007), "Valoración contingente de las mejoras en la calidad del agua en Costa Rica", en Rosi Ulate y Jesús Cisneros (comps.), Valoración económica, ecológica y ambiental. Análisis de casos en Iberoamérica, Editorial Universidad Nacional, Heredia, pp. 267-320.         [ Links ]

Bernstein, Paula, Thomas C. Kinnaman y Mengqi Wu (2013), "Estimating willingness to pay for river amenities and safety measures associated with shale gas extraction", Eastern Economic Journal, 39 (1), Easton, pp. 28-44.         [ Links ]

Egan, Kevin J., Joseph A. Herriges y John A. Downing (2009), "Valuing water quality as a function of water quality measures", American Journal of Agricultural Economics, 91 (1), Oxfor Journals, Oxford, pp. 106-123.         [ Links ]

Franzen, Axel y Dominikus Vogl (2013), "Acquiescence and the willingness to pay for environmental protection: a comparison of the issp, wvs and Evs", Social Science Quarterly, 94 (3), Southwest Social Science Association, pp. 637-659.         [ Links ]

Gujarati, Damodar (2003), Econometria, McGraw-Hill, México.         [ Links ]

Harrison, Glenn y Elisabeth Rutström (2008), "Experimental evidence on the existence of hypothetical bias in value elicitation methods", en Charles R. Plott y Vernon L. Smith (eds.), Handbook of experimental economics results, North Holland, Amsterdam, pp. 752-767.         [ Links ]

Husted, Bryan W., Michael V. Russo, Carlos E. Basurto-Meza y Suzzanne G. Tilleman (2013), "An exploratory study of environmental attitudes and the willingness to pay for environmental certification in Mexico", Journal of Business Research, 67 (5), Elsevier, Amsterdam, pp. 892-899.         [ Links ]

Ibarrarán, María Eugenia, Iván Islas y Eréndira Mayett (2003), "Valoración económica del impacto ambiental del manejo de residuos sólidos municipales: estudio de caso", Gaceta Ecológica, 67, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, pp. 69-82.         [ Links ]

Ivehammar, Pernilla (2009), "The payment vehicle used in CV studies of environmental goods does matter", Journal of Agricultural and Resource Economics, 34 (3), Western Agricultural Economics Association, Milwaukee, pp. 450-463.         [ Links ]

Labandeira, Xavier, Carmelo J. León y María José Vázquez (2007), Economía ambiental, Prentice Hall, Madrid.         [ Links ]

López-Hernández, Martín, María Guadalupe Ramos-Espinosa y Javier Carranza-Fraser (2007), "Análisis multimétrico para evaluar la contaminación en el río Lerma y lago de Chapala", Hidrobiológica, vol. 17, UAM unidad Iztapalapa, México, pp. 17-30.         [ Links ]

Mogas-Amorós, Joan (2004), "Métodos de preferencias reveladas y declaradas en la valoración de impactos ambientales", Ekonomiaz, 57, Gobierno Vasco, Victoria, pp. 12-29.         [ Links ]

Navarro, Alejandro, Mauricio López y Georgina Caire (2004), "Estudio, análisis y propuestas para el fortalecimiento de los programas municipales de saneamiento ambiental existentes en la Cuenca Lerma Chapala", documento de trabajo, Instituto Nacional de Ecología, México.         [ Links ]

Ojeda, Monica Ilija, Alex S. Mayer y Barry D. Solomon (2008), "Economic valuation of environmental services sustained by water flows in the Yaqui River Delta", Ecological Economics, 65 (1), Elsevier, New York, pp. 155-166.         [ Links ]

Pucutay-Vásquez, Franck (2002), Los modelos logity probit en la investigación social, Instituto Nacional de Estadística e Informática, Lima.         [ Links ]

Riera, Pere, Dolores García, Bengt Kriström y Runar Brännlund (2005), Manual de economía ambiental y de los recursos naturales, Thomson, Madrid.         [ Links ]

Rojas-Padilla, J., M. Pérez-Rincón y M. Peña-Varón (2001), "La valoración contingente: una alternativa para determinar la viabilidad financiera de proyectos de tratamiento de aguas residuales en zonas rurales de países tropicales", Cinara, Universidad del Valle, Cali, pp. 1-14.         [ Links ]

Ruiz, Enrique (2009), "Lerma, sin solución", La Voz de Michoacán, 13 de abril, Morelia, pp. 4-5.         [ Links ]

Sarmiento, Miguel Ángel y Antonio Prieto-Rodríguez (2005), "Métodos de valoración ambiental: un nuevo método basado en la variación del Producto Interno Bruto", Revista Catastro, 53, Dirección General del Catastro, Madrid, pp. 59-91.         [ Links ]

Sotelo, Esthela, Nayeli Cardona, Alejandra Fregoso, Carlos Enríquez, Arturo Garrido, Georgina Caire y Helena Cotler (2005), Acciones estratégicas para la recuperación de la cuenca Lerma-Chapala: recomendaciones técnicas para las diecinueve subcuencas, Instituto Nacional de Ecología, México.         [ Links ]

Soto-Montes de Oca, Gloria (2007), Agua: tarifas, escasez y sustentabilidad en las megaciudades: ¿Cuánto están dispuestos a pagar los habitantes de la ciudad de México?, Sistema de Aguas de la Ciudad de México-Universidad Iberoamericana-Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales-Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, México.         [ Links ]

 

Notas

¹ Estudio paralelo al presente trabajo y que forma parte del mismo proyecto de investigación global en el área temática correspondiente a salud pública, subproyecto "Salud del humano, animales domésticos y silvestres".

² Investigación realizada bajo el auspicio de Fomix-Conacyt, proyecto no. 73881, "Saneamiento del cauce natural (meandro) del río Lerma e integración del mismo a la dinámica urbana de La Piedad, Michoacán"; proyecto multidisciplinario que contó con la participación de 42 investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entre ellos los autores del presente, realizado con la finalidad de generar proyectos y alternativas viables para la resolución de la problemática ambiental y urbana generada por la degradación del meandro del río Lerma en la zona metropolitana de La Piedad-Santa Ana Pacueco.

³ De acuerdo con Sotelo et al. (2005), la zona metropolitana de La Piedad es el principal generador de aguas residuales de la Subcuenca Lerma conformada por 18 municipios de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, entre ellos el de La Piedad.

⁴ Los aspectos iii) y iv) forman parte de otro reporte de investigación.

⁵ Como ha comprobado Ivehammar (2009), los participantes en este tipo de estudios muestran una mayor disposición a aceptar el pago cuando el vehículo de pago está ya establecido —tal como el cobro de servicios o ciertos impuestos— que cuando se propone una donación voluntaria (lo que lleva aparejado el comportamiento estratégico del free rider).

⁶ Cuando se plantea el pago como algo obligatorio los participantes deducen que la elusión es algo casi imposible por lo que la disposición a pagar incrementa. Este comportamiento es similar al observado cuando el pago se plantea como algo que se aplicará a la población en su conjunto y no sólo a los usuarios directos del bien (Ivehammar, 2009).

⁷ Para una buena revisión de la naturaleza de estos sesgos y la forma de superarlos o minimizarlos se puede recurrir a Labandeira et al. (2007:154-158), así como a Harrison y Rutström (2008).

⁸ Para el cálculo de la DAP de una población se utiliza información de las preferencias individuales. Si bien se puede observar cierta información, existen otros componentes desconocidos los cuales llevan a que la función de utilidad se trate como una función con un componente aleatorio, que debe ser tratada en términos de probabilidad. Es decir, si atendemos solamente al nivel de precios, al nivel de ingresos, al cambio en el bien ambiental y al pago propuesto, no es posible afirmar que un individuo aceptará el cambio, sin embargo, es posible calcular la probabilidad de que lo haga. Así, la probabilidad de que el cambio propuesto sea aceptado es el resultado de una ponderación de probabilidades: si el nivel de utilidad sin la mejora ambiental es menor a la utilidad obtenida con esa mejora, entonces es posible que un individuo esté a favor de un cambio (Riera et al., 2005). Por esta característica es necesario recurrir a un modelo de regresión logística binaria o logit (modelos de regresión de respuesta cualitativa), cuya principal peculiaridad es que la variable de respuesta puede ser de naturaleza cualitativa, y puede presentar, o no, cierto atributo (Gujarati, 2003). De hecho, el objetivo de estos modelos es encontrar la probabilidad de que un evento suceda o no.

⁹ Por lo tanto, el coeficiente de Y igual a 0.407 implica que, siempre que las demás variables no cambien, si Y incrementa en una unidad, entonces en promedio el logit estimado aumentará casi 0.4 unidades, lo que corrobora que la relación existente entre la variable Y, y la variable dependiente, es directa (+) tal como se supuso anteriormente. De hecho, las demás variables explicativas incluidas en este caso guardan también el tipo de relación supuesto en el cuadro 5. Así, de incrementar en una unidad las variables escolaridad (S) y el índice de cultura del agua (ICA), el logit estimado incrementará en 0.395 y 0.504, respectivamente, las demás variables permanecerán constantes. Por el contrario, de incrementarse en una unidad la variable sexo (G), y al permanecer las demás variables sin cambios, el valor del logit disminuirá en 0.395.

¹⁰ Seguimos el criterio siguiente: el pago será rechazado cuando Pr < 0.5.

¹¹ La R² de Cox y Snell es un coeficiente de determinación utilizado para estimar la proporción de varianza de la variable dependiente explicada por las variables explicativas.

¹² Para obtener detalles más específicos sobre este aspecto, el lector puede consultar el capítulo 15 de Gujarati (2003) donde se hace el análisis de esta cuestión.

¹³ Para fines de exposición, en éste y los siguientes subapartados en los que se estima la probabilidad de aceptar contribuir con una aportación mensual según estrato, se limita únicamente a presentar el modelo logit estimado, en el entendido de que para su interpretación se procede de igual forma que se hizo en el subapartado 3.3.1. para el estrato doméstico bajo.

¹⁴ El cálculo de este promedio se realizó tomando en cuenta la máxima disposición a pagar expresada por los hogares de la muestra. Dentro del marco de la valoración contingente, dicha cantidad es obtenida al suponer cierta certidumbre acerca de la realización del proyecto ambiental. De esta manera procuramos estar lo más cerca posible del verdadero valor que tiene para un individuo el bien ambiental en cuestión, ya que se reducen las distorsiones que en la valoración pueden estar generando cuestiones como la desconfianza en las autoridades.

¹⁵ Es importante señalar que la validez de esta extrapolación está determinada por el propio nivel de confianza y error máximo permisible alcanzado con el diseño muestral descrito en el cuadro 1. Asimismo, en el marco contingente del método, el resultado de la extrapolación está también sujeto al cumplimiento del supuesto planteado a los entrevistados para expresar su máxima DAP, es decir, que "el total de su pago sería destinado para el propósito ambiental descrito (saneamiento del meandro) y que éste sería aplicado eficientemente".

¹⁶ Esto es: 12,224,424 pesos de DAP anual total de la ZM por 20 años es igual a $244,488,480. Si a esta cantidad le restamos el total de la inversión en mejoras ambientales ($150,000,000), el resultado es $94,488,480. Desde luego, a este cálculo habrá que añadir los costos de operación, mantenimiento, financiamiento, depreciación, entre otros, dado que sólo es un caso hipotético.

 

Información sobre los autores:

Dante Ariel Ayala-Ortiz. Mexicano. Cursó las licenciaturas en economía y biología en la Universidad Michoacana, es maestro en Integración Regional y Desarrollo Sustentable (Roskilde University, Dinamarca) y doctor en Economía Agroindustrial por la Universidad Autónoma Chapingo. Se desempeña como profesor investigador titular de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde actualmente es jefe de la división de estudios de posgrado, Facultad de Economía. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I, y coordinador del cuerpo académico en consolidación CA UMSNH 238 Estudios multidisciplinarios sobre Ambiente, Desarrollo y Sustentabilidad. Sus líneas de investigación vigentes son desarrollo rural sustentable, valoración económica de la calidad ambiental y, abasto y seguridad alimentaria. Entre sus publicaciones destacan: en coautoría, "La ecocondicionalidad como instrumento de política agrícola para el desarrollo rural sustentable en México", Gestión y Política Pública, XVII (2), CIDE, México, pp. 315-353 (2008); en coautoría, "La multifuncionalidad de la agricultura campesina en la Meseta Purépecha: contribuciones metodológicas para su valoración", Economía, Sociedad y Territorio, X (31), El Colegio Mexiquense, A.C., Zinacantepec, pp. 759-802 (2009); en coautoría, "Análisis comparativo de prácticas agrícolas sustentables en comunidades campesinas e indígenas de la Meseta Purépecha, México", Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, vol. 13, Redibec, Barcelona, pp. 29-39 (2009).

Francisco Abarca-Guzmán. Mexicano. Economista por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente cursa la maestría en Administración y Política Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación a cargo de la Universidad Michoacana, en la que también se ha desempeñado como profesor. Sus líneas de investigación, además de la economía ambiental, están relacionadas con el desarrollo social y la evaluación de políticas públicas.

^rND^sAguayo^nMariano^rND^sÁlvarez^nTeresa^rND^nDavid^sTafolla^rND^nTeresa^sFlores^rND^nVioleta^sDíaz^rND^nDiana^sPlancarte^rND^nRocío^sMadrigal^rND^nRuth^sSánchez^rND^nElvira^sÁlvarez^rND^nKarina^sHernández^rND^nClaudia^sLinares^rND^nClaudia^sGarcía^rND^nAngélica^sHernández^rND^sArrow^nKeneth^rND^nRobert^sSolow^rND^nPaul R.^sPortney^rND^nEdward E.^sLeamer^rND^nRoy^sRadner^rND^nHoward^sSchuman^rND^sBarton^nDavid^rND^sBernstein^nPaula^rND^nThomas C.^sKinnaman^rND^nMengqi^sWu^rND^nEgan^sKevin J.^rND^nJoseph A.^sHerriges^rND^nJohn A.^sDowning^rND^sFranzen^nAxel^rND^nDominikus^sVogl^rND^sHarrison^nGlenn^rND^nElisabeth^sRutström^rND^sHusted^nBryan W.^rND^nMichael V.^sRusso^rND^nCarlos E.^sBasurto-Meza^rND^nSuzzanne G.^sTilleman^rND^sIbarrarán^nMaría Eugenia^rND^nIván^sIslas^rND^nEréndira^sMayett^rND^sIvehammar^nPernilla^rND^sLópez-Hernández^nMartín^rND^nMaría Guadalupe^sRamos-Espinosa^rND^nJavier^sCarranza-Fraser^rND^sMogas-Amorós^nJoan^rND^sOjeda^nMonica Ilija^rND^nAlex S.^sMayer^rND^nBarry D.^sSolomon^rND^sRojas-Padilla^nJ.^rND^nM.^sPérez-Rincón^rND^nM.^sPeña-Varón^rND^sRuiz^nEnrique^rND^sSarmiento^nMiguel Ángel^rND^nAntonio^sPrieto-Rodríguez^rND^1A01^nMonaliza^sde Oliveira-Ferreira^rND^1A02^nKelly Samá^sLopes de Vasconcelos^rND^1A01^nMonaliza^sde Oliveira-Ferreira^rND^1A02^nKelly Samá^sLopes de Vasconcelos^rND^1A01^nMonaliza^sde Oliveira-Ferreira^rND^1A02^nKelly Samá^sLopes de Vasconcelos

Artículos de investigación

 

Crescimento e especialização produtiva da agropecuária entre estados do nordeste brasileiro

 

Growth and agricultural production expertise among states of northeast Brazil

 

Monaliza de Oliveira-Ferreira y Kelly Samá Lopes de Vasconcelos*

 

*Universidade Federal de Pernambuco (Ufpe-caa). Correos-e: monaliza.ferr@gmail.com, kellydevasconcelos@ig.com.br

 

Recibido: 5 de abril de 2011.
Reenviado: 4 de abril de 2013.
Aceptado: 23 de septiembre de 2013.

 

Resumo

O objetivo do trabalho consistiu em analisar a especialização produtiva da agropecuária no nordeste, considerando uma análise entre os estados da Bahia, Pernambuco e Ceará. O método utilizado neste estudo consistiu do índice de especialização e análise de dados do último Censo Agropecuário. Na análise comparativa entre os estados, Pernambuco apresenta-se com uma estrutura produtiva mais concentrada relativamente aos demais estados. Conclui-se que são cada vez mais necessárias políticas específicas voltadas para os municípios e/ou estados que não receberam os mesmos incentivos, no intuito de amenizar o processo acelerado de migração rural-urbana.

Palavras chave: desenvolvimento rural sustentável, crescimento da agropecuária, especialização produtiva.

 

Abstract

The objective was to analyze the productive specialization of agriculture in the Northeast, an analysis considering mesoregions in the States of Bahia, Pernambuco and Ceara. The method used in this study consisted of the specialization index and analysis of data from the last Census on Agriculture. For the comparative analysis between the States, Pernambuco presents a more concentrated production structure in relation to other states. It follows that there is need for specific policies aimed at municipalities and/or States that did not receive the same incentives in order to mitigate the accelerated rural-urban migration.

Keywords: sustainable rural development, agricultural growth, productive specialization.

 

Introdução

No Brasil, a agricultura apresentou diversos padrões de crescimento desde a década de 1970. Em princípio, o crescimento agrícola deu-se mais particularmente em razão da expansão da área cultivada. Nos anos posteriores, outros fatores explicaram as alterações na agropecuária brasileira, tais como o maior uso de máquinas, equipamentos e fertilizantes que levaram ao aumento da produtividade agrícola, como registros dos Censos Agropecuários. Esses relatórios do IBGE dispõem de informações referentes à evolução de produtos e insumos definidores para entender o processo de transformação da agricultura brasileira. Como colocam Alcântara-Filho et al. (2008), as variáveis são utilizadas como proxys dos fatores de produção (e também dos produtos;),¹ tal como indicados na teoria microeconômica.

De acordo com as informações divulgadas pelo IBGE-Censo Agropecuário (2006), o número de estabelecimentos rurais aumentou em todas as regiões do Brasil, relativamente ao censo anterior. A região nordeste respondeu por 47.4% dos estabelecimentos em 2006 e apresentou um crescimento de 6.13% entre 1996 e 2006, enquanto o Brasil como um todo teve um crescimento de 7.08%.

Observando-se a tabela 1, pode-se verificar que o número de estabelecimentos rurais no Nordeste brasileiro também aumentou de 1970 até 1985. A queda na década de 1980 justifica-se pela situação macroeconômica nacional, com escassez de investimentos públicos e privados e alto processo inflacionário, que acabaram afetando o crescimento econômico também no setor primário da economia. Esse padrão repete-se no que se refere à utilização das terras com lavouras, pastagens, matas e florestas; e com o número de pessoas ocupadas no setor. Contudo, chama a atenção o fato do número de tratores ser crescente ao longo do tempo, o que vai se refletir em aumento de produtividade agrícola. O efetivo de bovinos, a exemplo do resto do país, destaca-se em meio ao total de animais, assim como a produção de leite de vaca relativamente ao total da produção animal.

De acordo com Magno-Mendes et al. (2009), a partir da década de 1980, a redução nos investimentos em infraestrutura levou à queda de lucratividade e competitividade das empresas, o que acarretou em redução de investimentos privados e queda no PIB. Na agricultura, o efeito pode ter sido o menor aumento da produtividade e da produção, com possíveis efeitos negativos na competitividade externa e nas perspectivas de crescimento sustentável de longo prazo.

Sidemar Presotto-Nunes (2008), a partir de 1996, o aumento da produção tem sido mais em função do aumento da área cultivada do que dos ganhos de produtividade. Contudo, destaca que alguns instrumentos de política agrícola, tributária e social contribuíram para as modificações no meio rural brasileiro no período entre 1996 e 2006. Dentre eles destacaram-se a Lei Kandir (1996), que isentou os produtos agrícolas exportados do ICMS; o aumento do crédito rural controlado; a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); a ampliação da Previdência Social Rural; e o assentamento de 922,000 famílias, através da Reforma Agrária.

Para Alcântara-Filho et al. (2008), a dinâmica da agricultura brasileira apresentou dependência espacial entre as microrregiões analisadas, de forma que as regiões que em 1996 eram intensivas, na utilização de terra, trabalho e capital (tratores), em 2006, tenderam a permanecer com as mesmas características, influenciando positivamente as regiões vizinhas. Ademais, destacaram a relação inversa entre o número de trabalhadores com laços de parentesco e as variáveis, área utilizada e tratores, revelando um processo de elevação de utilização de áreas com uso intensivo de capital e mão de obra contratada.

Os Estados da Bahia, Ceará e Pernambuco apresentam um quadro semelhante à trajetória do nordeste como um todo. Na Gráfico I, pode-se observar que o Estado de Pernambuco sobressai-se aos outros estados considerados quanto aos números de estabelecimentos rurais, áreas desses estabelecimentos, terras utilizadas (lavouras, pastagens e matas/florestas), pessoal ocupado, tratores e efetivo de bovinos. A exemplo de outras regiões do país, todos os estados selecionados apresentaram uma trajetória decrescente desses indicadores a partir de 1985. Houve recuperação quanto ao número de estabelecimentos e lavouras, já as pastagens continuaram declinando ao longo do tempo.

Na Gráfico II, chama a atenção à trajetória crescente do número de tratores (proxy de capital) e a redução continuada do pessoal ocupado. O aumento no número de tratores pode ser traduzido como uma maior difusão tecnológica no campo, tendo em vista a maior facilidade de crédito voltado para o setor; já a redução de pessoal, pode estar relacionada tanto ao processo de êxodo rural quanto à mudança de atividade econômica da população rural, ou seja, mais pessoas estão envolvidas com atividades não agrícolas remuneradas (incluindo os programas de transferência de renda condicionada).

Não restam dúvidas de que a região cresceu no período analisado. Contudo, tem-se como hipótese norteadora que esse crescimento não ocorreu da mesma forma nos diversos setores e/ou regiões analisados. Portanto, verificar as mudanças ocorridas na agropecuária nordestina, por mesorregiões dos Estados selecionados, no período de 2004 a 2011, em termos de especialização/diversificação produtiva é o propósito deste estudo.

Por fim, cabe ressaltar a ineficiência da assistência técnica rural sobre a pequena agricultura, especialmente no nordeste brasileiro, possivelmente um dos fatores causadores de tal desigualdade entre o crescimento do setor no Brasil. O Censo Agropecuário de 2006 revela que 21% dos estabelecimentos rurais receberam orientação ocasional de pessoa qualificada, 28% receberam orientação regular e 51% disseram que não receberam nenhuma orientação, dentre os 330,000 produtores questionados sobre o tema. Nas regiões norte e nordeste, esses números sobem para 56% e 69%, respectivamente (IBGE-Censo Agropecuário, 2006).

 

1. Metodologia

Tendo como referencial teórico alguns estudos brevemente abordados a seguir, este artigo analisa a evolução da agropecuária no nordeste, a partir dos conceitos de especialização/diversificação produtiva, fazendo um estudo comparativo entre os estados da Bahia, Pernambuco e Ceará.

 

1.1. Referencial teórico

O que determina o crescimento do produto de um país ou região? Em toda a história econômica, muitos economistas tentaram responder a essa questão. Para os fisiocratas, a terra era o principal elemento da produção; Adam Smith elegeu o capital como elemento fundamental; Karl Marx enfatizou o papel do trabalho; Joseph Schumpeter mostrou a importância da inovação tecnológica. Estudos mais recentes apontam para um conjunto de elementos tais como a organização dos produtores, mercado, tecnologia. Em suma, terra, trabalho e capital. O conjunto desses elementos determina o crescimento do produto do setor rural que impulsionará o crescimento do produto do setor urbano.

Garcia-Gasques e Peres-Rodrigues (1997, 2000, 2001) realizaram estudos para as unidades federativas do Brasil, a partir dos dados dos Censos de 1970 a 1995/96, no intuito de medir as produtividades total e parcial, além de verificar padrões de produção e mudanças estruturais; Ferreira et al. (2006a e 2006b) realizaram estudos sobre a produtividade total dos fatores, padrão de especialização e mudança estrutural para a agropecuária cearense, desagregado por mesorregiões; Alcântara-Filho et al. (2008) utilizaram a abordagem espacial para observar as transformações estruturais da agricultura brasileira entre os Censos Agropecuários de 1996 e 2006; Presotto-Nunes (2008) analisou dados da estrutura produtiva e da produção pecuária do Censo Agropecuário de 2006, com destaque para o Sudoeste Paranaense; Magno-Mendes et al. (2009) observaram que os investimentos em infraestrutura no Brasil reduziram-se a partir da década de 1980, afetando a produtividade total dos fatores, seguidos por investimentos em pesquisa, telecomunicações, irrigação e energia elétrica; Gonçalves-Silva (2009) examinou os efeitos do crédito rural, gastos com pesquisa, rodovias federais pavimentadas e das terras irrigadas sobre a produtividade total dos fatores na agropecuária brasileira para o período de 1975-2007.

Esses autores basearam-se em estudos mais antigos como os de Garcia-Gasques e Monteiro-Villa Verde (1990) apud Garcia-Gasques e Peres-Rodriguez (1997, 2000 e 2001), os quais mostram que a partir dos anos 1980 o crescimento da agricultura brasileira deu-se em função dos ganhos de produtividade. Esse crescimento, no entanto, não ocorre de forma semelhante para todos os produtos agrícolas, uma vez que produtos exportáveis crescem mais do que produtos domésticos, segundo Homem de Mello (1988) apud Garcia-Gasques e Peres-Rodriguez (1997, 2000 e 2001).

Rosa do Santos et al. (2012) discutiram os motivos e as questões institucionais e estruturais que levam à heterogeneidade na agropecuária brasileira. O estudo revelou uma elevada especialização produtiva e concentração de renda e recursos que afetam o desenvolvimento sustentável do setor em suas diversas dimensões. Analisadas do ponto de vista da heterogeneidade estrutural, as políticas públicas teriam sido falhas tanto na difusão de tecnologia aos produtores como também no incentivo ao ganho de escala nesse grupo. Disparidades inter-regionais destacadas também evidenciariam a fragilidade de grande parte de produtores, mostrando as distintas trajetórias da agropecuária brasileira.

Vieira-Filho e Silveira (2012) fizeram uma revisão crítica da literatura sobre a mudança tecnológica na agricultura, contrapondo a visão tradicional a uma alternativa do crescimento agrícola. Na literatura tradicional, apresentaram elementos como difusão tecnológica, dualismo produtivo e inovação induzida. Na visão que denominaram de dinâmica, apresentaram a abordagem alternativa do crescimento agrícola, destacando fatores como a importância das inovações e da capacidade de absorção de conhecimentos. A grande limitação dos estudos tradicionais, segundo os autores, dar-se-ia pelo fato de que ao abordar o crescimento agrícola, a literatura mais tradicional deixaria de lado elementos essenciais na explicação do fenômeno produtivo, tais como a ausência de explicações da busca tecnológica e do processo de aprendizado.

Padrão et al. (2012), em estudo sobre os determinantes estruturais sobre a produção brasileira de grãos, concluíram que a produção de grãos no Brasil vem passando por uma reestruturação, com a incorporação de novas áreas de cultivo, como o norte e nordeste brasileiro, mediante o investimento em tecnologia aliado a potencial produtivo e competitivo do país para tais culturas.

 

1.2. Material e métodos

A ideia inicial deste estudo era calcular a produtividade total dos fatores por setores da agropecuária, para as cidades selecionadas nos estados nordestinos analisados, a exemplo do estudo realizado por Ferreira et al. (2006a e 2006b) para as mesorregiões cearenses, que aplicaram os mesmos métodos para analisar o crescimento e as mudanças estruturais da agropecuária cearense, a partir dos dados dos censos agropecuários (1975, 1980, 1985 e 1995 y 1996). Entretanto, tendo em vista a dificuldade de acesso aos dados de preços de produtos e insumos, para esta análise desagregada, o estudo limitou-se a análise de especialização/diversidade da produção, com o intuito de entender a evolução do perfil produtivo dos municípios selecionados em cada região analisada.

 

1.2.1. Indice de especialização

O índice de especialização tem sido muito utilizado nas análises de transformações na agricultura, sendo construído a partir da participação de cada produto no valor da produção dos produtos de cada setor considerado (lavoura temporária, lavoura permanente ou produtos de origem animal). Quanto maior for esse índice, menor será o grau de especialização. Esse índice foi determinado pela expressão 1:

Em que Sa_t refere-se à participação do produto "a" no valor total dos produtos selecionados em determinado período de tempo.

Em valores absolutos o índice não quer dizer muita coisa, mas observando ao longo do tempo pode-se perceber se a estrutura produtiva daquela região, no período considerado, tem natureza de especialização produtiva ou diversificação dos produtos. Obviamente, a especialização em si não é uma coisa ruim e pode estar relacionada a ganhos de produtividade advindos de vantagens comparativas, mas a diversificação da estrutura produtiva, com base em introdução tecnológica, tem efeitos positivos sobre emprego e renda. Além de reduzir os riscos do produtor rural, inerentes ao processo produtivo no setor.

 

1.3. Área de estudo

O Estado da Bahia apresenta uma população rural de 3.916.214 habitantes. O estado detém uma área total de 564.693 Km², sendo uma área equivalente a 25.328.470 hectares disponíveis para as atividades agrícolas. Além disso, apresenta-se com aproximadamente 736.433 estabelecimentos rurais. As cidades em estudo são as seguintes: Juazeiro com 37.198 pessoas morando em áreas rurais e 4.297 unidades de estabelecimentos agropecuários, Paulo Afonso possui 14.962 moradores rurais com ainda 2.247 propriedades e por fim Vitória da Conquista com 31.569 habitantes rurais e 3.810 estabelecimentos (IBGE-Censo Agropecuário, 2006).

No Ceará, a população rural é de 2.104.065. Com uma faixa territorial de 148.826 Km², disponibilidade de 7.226.147 hectares para áreas agrícolas e 368.818 estabelecimentos rurais. As Cidades selecionadas para o presente trabalho foram Crato com 20.525 moradores rurais proprietários de 3.250 estabelecimentos, Juazeiro do Norte detém uma população rural de 9.815 pessoas com 2.035 propriedades e ainda Sobral com 21.938 pessoas residentes na zona rural possuindo ainda 4.231 unidades de estabelecimentos agropecuários (IBGE-Censo Agropecuário, 2006).

Em Pernambuco, existem 1.746.164 habitantes rurais. A extensão territorial é de 98.312 Km², com 4.974.587 hectares de terras agricultáveis e 297.894 estabelecimentos rurais. Foram escolhidas também três cidades, Caruaru possui 36.853 habitantes rurais com 4.145 propriedades rurais, Garanhuns 14.048 moradores rurais e 3.088 estabelecimentos, finalmente Petrolina com uma população rural de 74.772 e 5.213 unidades de propriedades rural (IBGE-Censo Agropecuário, 2006).

Na tabela 3, percebe-se que a Bahia apresenta-se com importante participação na produção nordestina de soja, milho, banana e feijão. Já o Ceará destaca-se na produção de milho, feijão e banana; enquanto Pernambuco tem maior representatividade na produção de mandioca (macaxeira) e cana de açúcar.

 

1.4. Definição das variáveis e fonte dos dados

Foram utilizados os valores monetários dos produtos por setores lavouras temporárias, lavouras permanentes e produtos de origem animal, constantes na Produção Agrícola Municipal (PAM) e Produção Pecuária Municipal (PPM), ambos publicados pelo IBGE. Essas variáveis encontram-se relacionadas no tabela 4.

Cabe destacar que para a análise de comparação entre produtos, faz-se necessário considerar os valores monetários ao invés de quantidades produzidas, já que não é possível a comparação com unidades de medidas diferentes. Os valores das produções foram atualizados a preços constantes de dezembro de 2011 e deflacionados pelo IGP-DI/FGV, já que o estudo considerou o período de 2004 a 2011.

Outra consideração que deve ser feita é que em estudos correlatos, o mesmo método foi utilizado com dados do Censo Agropecuário, basicamente porque complementavam o estudo das produtividades e mudança estrutural, que necessitam de informações não só dos produtos, mas também dos insumos, somente disponíveis nos Censos. Portanto, é uma novidade realizar o estudo com base na PAM e PPM. O ganho analítico que se obtém é a vantagem de se ter dados mais atualizados, tendo em vista que o último Censo Agropecuário data de 2006.

Além disso, como a publicação é anual, tem-se o acompanhamento da estrutura produtiva em períodos mais curtos. Obviamente, se o estudo considerasse observar a percepção de mudanças estruturais, ter-se-ia que recorrer aos dados dos Censos, porque mudanças estruturais necessitam de um maior período de tempo para serem observadas. Nesse sentido, entende-se como um ganho o uso de PAM-PPM ao invés dos censos agropecuários, que têm uma disponibilidade muito mais restrita (1970, 1975, 1980, 1995/96, 2006).

 

2. Resultados e discussão

Como visto em Ferreira et al. (2006b) e Garcia-Gasques e Peres-Rodrigues (2000a, 2000b, 2001), os índices de especialização refletem o perfil produtivo de cada região. O menor índice revelará um maior grau de especialização produtiva relativamente às outras regiões ou menor grau de diversificação da produção.

Pela observação do gráfico III, relativo à lavoura temporária, vê-se que o Estado de Pernambuco apresenta um índice de especialização inferior aos índices da Bahia e Ceará. Isso significa que, no período analisado, o Estado do Ceará apresentou maior diversificação das culturas temporárias, relativamente às outras regiões consideradas, com um padrão muito semelhante ao da região nordeste como um todo. Contudo, deve-se ressaltar que o Estado do Ceará apresentou mudanças na trajetória produtiva ao longo do período analisado, isso pode significar que houve maiores instabilidades na região, quer sejam por fatores climáticos, econômicos ou políticos.

No gráfico IV, observa-se que, quanto às lavouras permanentes, a Bahia apresenta-se com produção mais diversificada, com padrão muito próximo do Nordeste. Convém ressaltar que em 2007 há uma mudança nesse padrão, com maior especialização da produção na Bahia, o que acaba se refletindo no nordeste como um todo.

Mais uma vez Pernambuco apresenta-se como a região com maior nível de especialização. Esse comportamento pode ser explicado de formas distintas. No caso das lavouras permanentes, esse maior nível de especialização pode indicar maiores vantagens comparativas entre a produção daqueles produtos com as demais regiões, muito provavelmente em virtude de questões climáticas, já no caso das lavouras permanentes, destacase a atuação da produção de manga, uva e outras frutas (em menor escala) no Vale do São Francisco, em Petrolina.

Nessa região, há grande especialização na produção, com utilização de alta tecnologia e agricultura irrigada, além das vantagens competitivas advindas do arranjo produtivo local. Aproximadamente 90% da manga e uva exportadas no Brasil são oriundos dessa região, de forma que os produtos são exportados com o selo "Vale do São Francisco" (Ferreira e Barreto-Sampaio, 2009). Essa produção desenvolve-se o ano inteiro e grandes investimentos públicos e privados são direcionados ao setor.

No gráfico 3, relativo à produção de origem animal, percebe-se que, de uma maneira geral, a produção é muito concentrada. Ou seja, as regiões especializam-se em poucos produtos. Contudo, observa-se um padrão de crescimento da diversificação no Ceará, enquanto a Bahia vai se tornando mais especializada em poucos produtos.

Observando-se os dados da tabela 5, percebe-se que os resultados por mesorregião corroboram com os resultados anteriores. O Estado da Bahia apresenta menor diversificação da estrutura produtiva no que se refere à produção de origem animal. Na análise mais detalhada, por municípios mesorregiões, o Centro Oeste Baiano apresenta-se com padrão menos diversificado quantos às lavouras. Quanto à produção pecuária e produtos derivados, o Sul da Bahia mostra-se com uma tendência clara de especialização ano após ano.

Na análise do Ceará (tabela 6), observa-se que a mesorregião dos Sertões Cearenses apresenta um padrão de menor diversificação quanto à produção de lavouras temporárias. Relativamente às lavouras permanentes, o destaque dá-se para a mesorregião do Centro Sul Cearense. Com relação aos produtos de origem animal, deve-se observar que não há distinção entre as mesorregiões, todas apresentando baixo nível de especialização, a exemplo do Estado.

Cabe destacar que no Estado do Ceará 95% do território é classificado como semiárido, o que justificaria, em parte, o baixo padrão de diversificação produtiva, uma vez que a maior parte da produção agrícola na região dá-se em forma de sequeiro (sem a introdução da irrigação). Contudo, fogem deste escopo as mesorregiões do norte e noroeste Cearense. No norte Cearense há melhores solos e regularidade climática, inclusive com destaque na produção de flores na Serra de Baturité e uso de agricultura irrigada no Baixo Acaraú; no noroeste Cearense há regularidade climática, os solos são mais férteis e uma pecuária com melhor padrão de organização (Ferreira et al., 2006b).

Em Pernambuco, a mesorregião da Mata Pernambucana apresenta-se menos diversificada quanto às lavouras. Já o Sertão Pernambucano apresenta-se com estrutura produtiva mais diversificada (tabela 7). Essas duas regiões são menos desenvolvidas no Estado, apresentando menor PIB per capitas. Todavia, têm vocação agrícola, diferentemente de mesorregiões como a Metropolitana do Recife ou o Agreste Pernambucano, tradicionalmente voltadas para a produção industrial, especialmente a têxtil, no caso do Agreste.

 

Conclusões

Os resultados demonstraram que a agropecuária no nordeste apresenta um perfil produtivo diferente para cada setor. De uma maneira geral, os produtos pertencentes à lavoura temporária apresentam estrutura produtiva mais diversificada, enquanto os produtos da lavoura permanente encontram-se mais concentrados.

Quanto aos produtos de origem animal (pecuária), a exemplo das grandes regiões, nordeste e Brasil, o setor produtivo apresenta-se muito especializado em poucos produtos. Isso reflete um baixo dinamismo da agropecuária, haja vista que aumenta a dependência econômica da região na produção e venda de produtos específicos. Nesses casos, os riscos dessas atividades econômicas elevam-se consideravelmente. Uma crise no setor, uma praga, mudanças climáticas, enfim os riscos de mercado e produção tornam-se muito mais preocupantes. A especialização só seria benéfica para a região em caso de destacados ganhos de produtividade, advindos de vantagens competitivas, geradas com introdução de inovação tecnológica, como acontece no Vale do São Francisco, situado entre Pernambuco e Bahia. Nesse caso, justificar-se-ia pelos ganhos com emprego e renda para a região.

Um resultado chamou atenção, na análise comparativa entre os Estados, Pernambuco apresenta-se sempre com uma estrutura produtiva mais concentrada relativamente aos demais estados, pelo menos nos setores de produção de origem animal e quanto às lavouras permanentes. No caso das lavouras permanentes, muito provavelmente esse resultado está ligado ao Arranjo Produtivo Local no Vale do São Francisco, grande reduto de produção e exportação de manga e uva no Brasil, além de outras frutas em menor escala.

O Estado da Bahia, não apresenta os melhores resultados, como era de se esperar, haja vista que os dados do último Censo Agropecuário demonstram que esse Estado apresenta as melhores condições produtivas, com maior número de estabelecimentos rurais, mais hectares de terras utilizadas com lavouras, maior efetivo de bovinos, maior número de pessoal ocupado no campo, maior número de tratores. Enfim, o Estado reúne um quantitativo maior de fatores de produção (tratores como proxy de capital, pessoal ocupado como proxy de trabalho e terras utilizadas com lavoura/pecuária como proxy da terra) para apresentar a maior diversidade produtiva.

Contudo, há que se considerar que o último Censo Agropecuário data de 2006, fontes das informações sobre os fatores de produção, enquanto os dados utilizados da Produção Agrícola Municipal e Produção Pecuária Municipal abrangeram um período de 2004 a 2011. Certamente, a partir do próximo Censo Agropecuário, poder-se-á verificar as mudanças ocorridas quanto a esses fatores não só na Bahia, como nas outras regiões brasileiras. Essa é uma grande limitação ao se trabalhar com dados secundários, a lacuna gerada pela defasagem na geração dos dados pelos institutos competentes.

Outro resultado que merece destaque, verificado nos Censos Agropecuários, é que ainda que possa haver variação na trajetória de crescimento das outras variáveis (estabelecimentos, áreas, etc.), no caso de tratores a trajetória é sempre ascendente. Obviamente, nos últimos anos, esse resultado pode ter mudando, mas a depender da facilidade de financiamento e linhas de crédito específicas para o setor, provavelmente esse padrão permanece até os dias atuais. Isso mostra o grau de modernização e intensificação de capital crescente no campo, para todas as regiões consideradas.

Ao mesmo tempo, o número de pessoal ocupado mostra declínio ao longo do tempo. O aumento no número de tratores, seguido da redução do pessoal ocupado, traz logo a dedução de que o processo de automação no campo estaria desempregando os agricultores. Todavia, as possíveis causas da redução no pessoal ocupado perpassam também por outras questões, tais como o aumento das atividades não agrícolas remuneradas no campo (turismo rural, artesanato), a maior cobertura dos programas de transferência de renda² e previdência rural, e o próprio êxodo rural provocado por uma mudança nas preferências dos indivíduos, cada vez mais encantados com a vida urbana.

Por fim, intenta-se dar continuidade ao trabalho, acrescentando a análise das produtividades, tão logo estejam disponíveis todos os dados necessários para a pesquisa. Também se faz mister uma análise mais minuciosa sobre as especificidades de cada mesorregião baiana, cearense e pernambucana, no intuito de buscar maiores explicações para os padrões diferenciados na estrutura produtiva da agropecuária de cada região. Nesse ínterim, entender um pouco sobre as políticas públicas direcionadas ao setor por cada estado constitui uma meta para próximos estudos.

Conclui-se que cada vez mais necessárias políticas específicas voltadas para os municípios e/ou estados que não receberam os mesmos incentivos, estando em áreas com condições edafo-climáticas menos favoráveis ou não, no intuito de amenizar o processo acelerado de migração rural-urbana, que traz consequências não só sobre o processo de segurança alimentar, mas acaba por contribuir para o crescimento não planejado das cidades, trazendo como consequência os problemas sociais existentes nas grandes cidades e que já aparecem também nas cidades menores.

 

Referências

Alcântara-Filho, José Luiz, Paulo Roberto Scalco e Adriano Provezano Gomes, (2008), "Transformações na agricultura brasileira: uma abordagem espacial dos Censos Agropecuários de 1996 e 2006", em XLVI Congresso da Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural, 20-23 de julho, Rio Branco.         [ Links ]

Ferreira, Monaliza de Oliveira, Lúcia Maria Ramos e Antônio Lisboa Teles da Rosa, (2006a), "Crescimento da agropecuária cearense: comparação entre as produtividades parciais e totais", Revista de Economia e Sociologia Rural, 44 (3), Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural, Rio de Janeiro, pp. 503-524.         [ Links ]

Ferreira, Monaliza de Oliveira, Lúcia Maria Ramos e Antônio Lisboa Teles da Rosa, Patrícia Verônica Pinheiro Sales Lima, Lucas Antônio de Souza Leite (2006b), "Especialização produtiva e mudança estrutural da agropecuária cearense", Teoria e Evidência Econômica, 14 (26), Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, pp. 91-111.         [ Links ]

Ferreira, Monaliza de Oliveira e Yony de Sá Barreto-Sampaio (2009), "Estudos para a implantação de mercados futuros de manga e uva no Brasil como solução para alavancar as exportações de frutas tropicais", Revista Desenbahia, núm. 11, Agência de Fomento do Estado da Bahia, Salvador, pp. 67-98.         [ Links ]

Garcia-Gasques, José e Carlos Monteiro-Villa Verde (1990), "Crescimento da agricultura brasileira e política agrícola nos anos oitenta", texto para discussão núm. 204, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Brasília, pp. 1-26.         [ Links ]

Garcia-Gasques José e Junia Cristina Peres-Rodrigues da Conceição (1997), "Crescimento e produtividade da agricultura brasileira", Texto para discussão núm. 502, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Brasília, pp. 7-21.         [ Links ]

Garcia-Gasques, José e Junia Cristina Peres-Rodrigues da Conceição (2000), "Transformações estruturais da agricultura e produtividade total dos fatores", Texto para discussão núm. 768, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Brasília, pp. 5-59.         [ Links ]

Garcia-Gasques, José e Junia Cristina Peres-Rodrigues da Conceição (2000a), "Transformações estruturais da agricultura e produtividade total dos fatores", Texto para discussão núm. 768, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, v.1,Brasília, pp. 7-47.         [ Links ]

Garcia-Gasques, José e Junia Cristina Peres-Rodrigues da Conceição (2000b), "Preços agrícolas", Produtividade total dos fatores na agricultura, núm. 165, São Paulo, p. 3-7.         [ Links ]

Garcia-Gasques, José, Brancolina Ferreira e Júnia Cristina Peres-Rodrigues da Conceição (orgs.) (2001), Transformações da agricultura e políticas públicas, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Brasília.         [ Links ]

Gonçalves-Silva, Carlos Alberto (2009), "Condicionantes da produtividade total dos fatores no crescimento da agropecuária brasileira", Trabalho apresentado em 47^o Congresso da Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural, 26-30 de julho, Porto Alegre.         [ Links ]

IBGE-Censos Agropecuários (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-Censos Agropecuários) (1970, 1975, 1980, 1985, 1995, 1996 e 2006), Coordenação do Censo Agropecuário, Rio de Janeiro.         [ Links ]

IBGE-PAM-PPM (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-Pesquisa Agrícola Municipal-Pesquisa Pecuária Municipal) (2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010), Sistema de Informações sidra, www.sidra.IBGE.gov.br, Diversos acessos em setembro e outubro de 2010.         [ Links ]

Magno-Mendes, Sérgio, Erly Cardoso Teixeira e Márcio Antônio Salvato (2009), "Investimentos em infra-estrutura e produtividade total dos fatores na agricultura brasileira: 1985-2004", Revista Brasileira de Economia, 63 (2), Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, pp. 91-102.         [ Links ]

Padrão, Glaucia de Almeida, Marília Fernandes Maciel Gomes e João Carlos Garcia (2012), "Determinantes estruturais do crescimento da produção brasileira de grãos por estados da federação: 1989/90/91 e 2006/07/08", Revista Econômica do Nordeste, 43 (1), Banco do Nordeste-ETENE, Fortaleza, pp. 52-66.         [ Links ]

Presotto-Nunes, Sidemar (2008), "Censo agropecuário demonstra aumento das escalas de produção e redução das ocupações agrícolas", Trabalho apresentado em 3° Encontro da Rede de Estudos Rurais, 9-12 de setembro de 2008, Campina Grande.         [ Links ]

Rosa dos Santos, Gesmar e José Eustáquio Ribeiro-Filho Vieira (2012), "Heterogeneidade produtiva na agropecuária brasileira: elementos estruturais e dinâmicos da trajetória produtiva recente", Texto para discussão núm. 1740, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Rio de Janeiro, pp. 7-28.         [ Links ]

Vieira-Filho, José Eustáquio e José Maria Mendes Jardim da Silveira (2012), "Mudança tecnológica na agricultura brasileira: uma revisão crítica da literatura e o papel das economias de aprendizado", Revista de Economia e Sociologia Rural, 50 (4), Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural, Brasília, pp. 721-742.         [ Links ]

 

Notas

¹ Grifo nosso.

² Esse efeito ainda era pouco sentido no ano de 2006.

 

Informação sobre as autoras:

Monaliza de Oliveira Ferreira. Brasileira. Doutora em economia pela Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. Atualmente é professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal de Pernambuco (ppgecon-Ufpe). É líder do Grupo de Pesquisa em Economia Aplicada e Desenvolvimento Sustentável (GPEAD). Entre suas últimas publicações destacam-se: "Os desafios da harmonização entre crescimento económico e a preservação do meio ambiente no agreste pernambucano", Estudos do CEPE, vol. 1, Unisc, Santa Cruz do Sul, pp. 108-132 (2012); "A questão ambiental no Pólo de Confecções de Caruaru: um primeiro ensaio à luz dos instrumentos económicos de proteção ambiental", Revista Desenbahia, vol. 9, Agência de Fomento do Estado da Bahia, Salvador, pp.137-162 (2012); Produção de óleos vegetais em Pernambuco para conversão em biodiesel, Editora Universitária-Ufpe, Recife, 241 pp. (2011).

Kelly Samá Lopes de Vasconcelos. Brasileira. Estudante do Programa de Pós-Graduação em Economia (pgecon/Ufpe). Membro do Grupo de Pesquisa em Economia Aplicada e Desenvolvimento Sustentável (GPEAD). Sua última publicação intitula-se: "Mecanização da agricultura: demanda por tratores de rodas e máquinas agrícolas nos estados da região nordeste", Revista em Agronegócio e Meio Ambiente, vol. 6, Unicesumar, Maringá, pp. 207-222 (2013).

^rND^sAlcântara-Filho^nJosé Luiz^rND^nPaulo Roberto^sScalco^rND^nAdriano Provezano^sGomes^rND^sFerreira^nMonaliza de Oliveira^rND^nLúcia Maria^sRamos^rND^nAntônio Lisboa Teles^sda Rosa^rND^sFerreira^nMonaliza de Oliveira^rND^nLúcia Maria^sRamos^rND^nAntônio Lisboa Teles^sda Rosa^rND^nPatrícia Verônica Pinheiro Sales^sLima^rND^nLucas Antônio^sde Souza Leite^rND^sFerreira^nMonaliza de Oliveira^rND^nYony de Sá^sBarreto-Sampaio^rND^sGarcia-Gasques^nJosé^rND^nJunia Cristina^sPeres-Rodrigues da Conceição^rND^sGonçalves-Silva^nCarlos Alberto^rND^sMagno-Mendes^nSérgio^rND^nErly^sCardoso Teixeira^rND^nMárcio Antônio^sSalvato^rND^sPadrão^nGlaucia de Almeida^rND^nMarília Fernandes Maciel^sGomes^rND^nJoão Carlos^sGarcia^rND^sPresotto-Nunes^nSidemar^rND^sVieira-Filho^nJosé Eustáquio^rND^nJosé Maria Mendes Jardim^sda Silveira^rND^nMaira Yuritzi^sBecerril-Tinoco^rND^nMaira Yuritzi^sBecerril-Tinoco^rND^nMaira Yuritzi^sBecerril-Tinoco

Presentación

 

Foreword

 

En este periodo se cumplen 18 años de publicación ininterrumpida de la revista Economía, Sociedad y Territorio. Anualmente se dan a conocer 24 artículos de investigación, así como seis reseñas de libros que permiten difundir investigaciones originales de alrededor de 50 autores procedentes de 40 instituciones académicas, las cuales se ubican en países como Francia, España, Italia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Cuba, Chile y Ecuador, principalmente. Con ello, la revista EST cumple con el objetivo de publicar oportunamente investigaciones que contribuyan al fortalecimiento del conocimiento científico.

Para mantener los más altos estándares como publicación académica, en 2014 se emprendieron acciones en diferentes líneas, entre las que se encuentran la gestión de un DOI (Identificador de Objetos Digitales) por artículo, la asignación de un número estandarizado ISSN para la versión electrónica de la revista, el registro en Sherpa/Romeo como una revista verde con niveles amplios de apertura de acuerdo con el protocolo OA, la aceptación de los principios de ética y declaración de negligencia que rigen las publicaciones científicas, la preservación de archivos digitales mediante la transformación de los artículos en un formato legible para las máquinas y, finalmente, el fortalecimiento del proceso de dictaminación.

En primer lugar, cabe señalar que la gestión de un número de identificación digital (DOI) para cada uno de los documentos que publica la revista EST ha sido una tarea importante, ya que permite mantener localizables los documentos electrónicos. A través de un código alfanumérico se ha enlazado cada uno de los artículos de la revista EST de manera que exista sólo una pieza de contenido electrónico por artículo, identificado con su respectivo DOI, accesible desde distintos repositorios o bases de datos. Este número se ha convertido en un elemento importante en el cálculo del Factor de Impacto, ya que permite enlazar e identificar las citas o referencias a los artículos.

Por otro lado, se ha definido una postura más clara con respecto a movimientos o propuestas que buscan democratizar la publicación y el acceso al conocimiento. Para ello se han mantenido e integrado ciertos protocolos de Acceso Abierto como el uso de una licencia de creativecommons que garantice libertad a los lectores para consultar los documentos sin restricciones ni embargos, la aparición puntual de la publicación y su disposición en un repositorio gratuito a texto completo, como DOAJ, Redalyc y Scielo, así como la elaboración de trabajos derivados siempre que se cite como fuente original a la revista EST, entre otros.

Para ampliar los derechos de publicación de los autores y la circulación libre de la información y el conocimiento al tiempo que se resguarda la autoría, se ha trabajado en dos líneas: por una parte, mediante el uso de una licencia creative commons BY-NC-ND 2.5 México, con la que se ha definido que los documentos publicados puedan ser utilizados con fines educativos, informativos o culturales, siempre que se cite la fuente y no se comercialice con sus contenidos; por otra parte, se ha decidido identificar a esta publicación como una revista verde, de acuerdo con los protocolos de Sherpa/Romeo. Con esta segunda iniciativa, EST se compromete a aceptar artículos que hayan circulado como pre-prints, es decir, como versiones que no han pasado por dictamen académico pero que corresponden a investigaciones en etapas iniciales: documentos de trabajo, ponencias de congresos, ponencias en extenso que aparezcan en memorias y tesis de grado, principalmente. Sin embargo, cabe aclarar que la revista EST privilegia las colaboraciones inéditas; por esta razón no recibe documentos que hayan sido o estén siendo dictaminados en otra editorial, cualquiera que sea su naturaleza.

A su vez, con objeto de mantener altos estándares de normalización internacional, est se ha sumado a ciertos protocolos de ética editorial, para ello ha incluido en su marco normativo los Principios de ética y declaración sobre negligencia, con los cuales se pretende regular las prácticas de publicación de los autores. Aunado a esto, ha adoptado el código de ética y buenas prácticas del Committee on Publications Ethics (Cope), establecidos en los Principles of transparency and best practice in scholary publishing.

En otro aspecto, la revista EST ha asumido con gran responsabilidad la tarea de preservar sus archivos históricos. El resguardo del contenido digital tiene como objetivo, por un lado, reducir el riesgo de pérdida tanto por obsolescencia de aplicaciones y archivos informáticos (por ejemplo Page Maker), así como por obsolescencia de equipos y hardware (diskette) y, por otro lado, persigue traducir el contenido digital en un formato legible para las máquinas, basado en estándares abiertos (HTML, XHTML) de amplia compatibilidad con varias generaciones hacia atrás.

Esta tarea ha requerido la puesta en marcha de tres estrategias: transformar archivos de InDesign a HTML (vía Word) (2007-2014); recuperar archivos en PageMaker para su transformación a HTML (1999-2007); generar un proceso de reconocimiento óptico de caracteres para rescatar el contenido disponible como imagen para transformarlo a un formato digital legible, lo cual requirió escanear, revisar y formar de nuevo. Para esto fue necesario hacer uso de las técnicas de arqueología digital, nombre con el que se describe esta labor (1997-1999).

En otro aspecto, la revista ha impulsado una política de preservación de archivos digitales, uniéndose a la propuesta de la Universidad de Stanford: Lockss (Lots of Copies Keep Stuff Safe). Un mecanismo para resguardar el archivo completo de las publicaciones, en una biblioteca académica que se haya sumado previamente a esta iniciativa.

Por último, cabe mencionar que en los dos últimos años se ha fortalecido el proceso de dictaminación. Para ello, se ha mejorado la base de datos y el registro de metadatos con la información correspondiente a los dictaminadores; de igual forma, se ha vigilado la calidad y ajuste de los dictamenes a los estándares de la revista y, finalmente, se ha ampliado la cartera de árbitros pasando de 240 árbitros activos hasta 2012 a casi 400 árbitros activos hasta 2015.

La labor descrita anteriormente ha sido posible gracias al trabajo colaborativo del equipo editorial de la revista EST, así como al seguimiento puntual y vigilancia de la calidad por parte de la mesa de redacción y los árbitros externos, y al apoyo institucional, particularmente del comité editorial y del área de publicaciones. Con la edición del número 47 de la revista EST se inicia un año más de publicación ininterrumpida y de alta calidad.

 Finalmente, se invita a los lectores y académicos interesados a consultar el contenido de este número, el cual se encuentra disponible, desde este año, en nuestro portal en Open Journal Systems.

 

Maira Yuritzi Becerril-Tinoco

Directora editorial

^rND^1A01^nEsmeralda^sPliego-Alvarado^rND^1A01^nEsmeralda^sPliego-Alvarado^rND^1A01^nEsmeralda^sPliego-Alvarado

Reseñas

 

Gobernanza del agua en las ciudades. Perspectivas y estrategias en la cuenca del río Santiago

 

Water governance in cities. Prospects and strategies in the cuenca del rio Santiago

 

Esmeralda Pliego-Alvarado

 

Peniche, Salvador, Martin G. Romero, Justiniano González, José Cortés, Fabián González, Manuel Guzmán, Enrique Macías y Gabriela Zavala (2013), Gobernanza del agua en las ciudades, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas- Universidad de Guadalajara, México, 421 pp., ISBN: 978-607-450-881-9.

 

Universidad Autónoma del Estado de México. Correo-e: sociology_e@yahoo.com.mx

 

Recibida: 4 de agosto de 2014.
Aceptada: 6 de agosto de 2014.

 

El incremento demográfico ha traído, entre otras cosas, el crecimiento acelerado de las ciudades, las cuales cada vez necesitan más servicios como  el agua potable. La gestión local de este recurso ha derivado en conflictos constantes entre los actores generados por la discrepancia de intereses. Para entender las estrategias de los actores, las distintas visiones, enfoques y conceptualizaciones, el libro Gobernanza del agua en las ciudades representa una obra necesaria que deriva del Seminario Internacional sobre la cuenca del río Santiago, y que anualmente el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, a través del Departamento de Economía, se esfuerza en concretar.

El objeto de estudio de los diecisiete artículos que se presentan en esta obra es la cuenca del río Santiago, la cual se estudia debido a varias circunstancias: es la cuenca más contaminada de la república mexicana; la distribución natural del agua no es homogénea; el crecimiento demográfico se manifiesta en la concentración en las zonas urbanas; a propósito de ella se está discutiendo la realización de varios proyectos que por un lado atienen a intereses políticos y económicos, que responden a un discurso y, por el otro, a los movimientos sociales, organizaciones y manifestaciones de los actores afectados.

La noción de cuenca, como unidad para la gestión del agua, parece ser aceptada en los países de la región sólo como un concepto estrictamente técnico y, muy recientemente, también operativo. El surgimiento de estudios que tienen como eje central el enfoque por cuencas de manera integral se ha visto cada vez más favorecido. El postulado central del enfoque por cuencas se basa en la sustentabilidad, es decir, la permanencia del recurso de manera armónica con el entorno que permita el desarrollo del hombre a través del tiempo.

Este libro es resultado de la acuciosa selección de las investigaciones actuales que se hacen sobre la cuenca del río Santiago, que contempla, como el enfoque lo demanda, el sistema Lerma-Chapala-Santiago, y trata de abarcar de manera multidimensional e integral los elementos intervinientes. Es un extraordinario esfuerzo que refleja elementos teórico metodológicos, y cuya mayor aportación se encuentra en los valiosos datos empíricos y reflexivos.

Uno de sus aciertos es la revisión que los autores realizan, donde se observa su extensa búsqueda y reflexión, de fuentes bibliográficas, documentos oficiales, imágenes, mapas, estadísticas, fórmulas, entre otros. Se generan conceptos, mapas explicativos, esquemas, gráficos, descripciones, propuestas y recomendaciones respecto al camino que hay que seguir para lograr la sustentabilidad.

La presentación del libro es elaborada por Francisco Morán Martínez, quien nos anima a revisar las múltiples reflexiones que proponen los autores en cada investigación; en este documento se muestran los distintos apartados que lo componen y sus principales aportaciones a la discusión general.

El primer texto es el documento de la conferencia magistral presentada por Pedro Arrojo (p. 21), donde muestra los cambios en la gestión del agua en Jalisco, pero también señala las principales complicaciones que se tienen para superar los retos frente a la sustentabilidad: el incremento de tarifas, los conflictos interterritoriales, las manipulaciones conceptuales y la lucha de intereses económicos y políticos, así como lo equívoco de insistir en la gestión de la oferta y las contradicciones que conlleva.

El segundo texto, titulado "Las tarifas del agua: debate central de la sustentabilidad", presentado por Salvador Peniche Camps, Martín G. Romero Morett y Manuel Guzmán Arroyo (p. 51), muestra que las prácticas de corrupción han obligado a los organismos operadores a solventar los gastos generando un nuevo modelo tarifario del agua potable.

El texto muestra cómo esta acción no es más que la repetición de errores del pasado: la toma de decisiones sin considerar los factores sociales, económicos y ambientales. Nos encontramos ante un modelo de gestión del agua que evoca un espacio económico para el negocio privado, lo que se encuentra en contra de lo estipulado en la constitución. Se necesita con urgencia una nueva política de desarrollo urbano donde la demanda no exceda las reservas locales.

En este sentido, la "Propuesta de un modelo de reingeniería para la gestión de organismos operadores de agua: caso zona metropolitana de Guadalajara", de Alma Alicia Aguirre Jiménez, Francisco Morán Martínez y Gemma Cithlalli López López (p. 65) propone un cambio de paradigma y rechaza el tradicional modelo de oferta, construyendo uno que determine los factores explicativos del consumo del agua para uso urbano. En su diagnóstico, se determina la sobreexplotación del agua subterránea y sus complicaciones; tiene como consideraciones finales claras objeciones al incremento de los precios del agua doméstica, primero porque es un bien básico y vital, cuyo incremento será socialmente injusto; además, el consumo per cápita de agua doméstica es considerablemente inelástica respecto a la variable tarifa; finalmente, no se recomienda el aumento dado que los cambios en los hábitos de consumo requieren tiempo y el tema del agua es urgente.

Una de las visiones más relevantes en la gestión es el punto de vista técnico, que nos provee de datos para la toma de decisiones; el aporte de José Héctor Cortés Fregoso (p. 97) nos ayuda en este sentido con el apartado "Eficiencia técnica relativa de la gestión del agua urbana en México", donde afirma que las sociedades mexicanas no cuentan con indicadores sobre la eficacia con la que se maneja el agua para satisfacer las necesidades de los pobladores.

Entonces, se propone generar información valiosa a partir de la flexibilidad del modelo Análisis de Datos Envolvente (ADE), ya que al considerar Rendimientos Constantes a Escala (RCE) o Rendimientos Variables a Escala (RVE) es posible encontrar Eficiencia de Escala (EDE). Este texto, brinda, desde los modelos cuantitativos de la economía, información útil para conocer elementos de eficiencia que permitan generar datos y, por lo tanto, tomar decisiones más claras considerando a los actores afectados.

En este sentido, desde un enfoque antropológico, Anahí Gómez (p. 119) presenta el texto "La participación social y la defensa política del lugar en el caso de las mujeres afectadas por la presa El Zapotillo"; con perspectiva de género analiza, mediante relatos, las percepciones de riesgo que tienen las mujeres afectadas por la presa, es decir, las decisiones gubernamentales que no son tomadas con la aprobación de los actores afectados ya que dañan su salud o patrimonio. La descripción se realiza desde las familias de mujeres líderes del movimiento y concluye con dos elementos: los aportes de las redes de apoyo de mujeres y sus percepciones de riesgo y la crítica en torno a su sujeción a las formas y limitaciones tradicionales, lo que se convierte en su principal reto a superar.

En la segunda parte de "El impacto ambiental y social de las obras hidroeléctricas del río Santiago, Jalisco-Nayarit, México". II Parte: posibles soluciones, los autores Manuel Guzmán Arroyo, Salvador Peniche Camps, Martín López Hernández y J. Guadalupe Michel Parra (p. 139) nos narran las alternativas que permiten el repoblamiento de las especies acuáticas migratorias de importancia ecológica y económica. Llegan a la conclusión que regular el gasto en agua permite la generación de especies comerciales pero reduce las especies marinas o estuarinas. El problema de salinización de las tierras y destrucción del manglar implica perdida de hábitat y zonas de crianza para numerosas especies de importancia pesquera: crustáceos, moluscos y peces.

El séptimo artículo se titula "Distribución espacial de las fuentes de contaminación fija en el alto Santiago" de Omar Arellano Aguilar, Pablo Gesundheit y Laura Elena Ortega Elorza (p. 155), quienes realizan la medición de contaminantes en aguas superficiales, y dimensionan de manera clara la distribución espacial de las descargas de contaminantes de industrias en el alto Santiago.

Afirman que México ha empezado décadas después con la medición por Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), y encontraron dificultades debido a las omisiones e imprecisiones en las bases de datos consultadas. Localizaron industrias generadoras de residuos peligrosos en toda la zona, sobre todo en el caso de las fábricas de textiles, maquiladoras, industrializadores de lácteos y procesadoras de otros alimentos; muestran la necesidad de establecer una política socioambiental encaminada a acciones de planeación que eviten los riesgos y mejoren el ordenamiento territorial de las instalaciones industriales.

Posteriormente, Alejandro Juárez Aguilar (p. 171) propone la aplicación de Sistema de diagnóstico de gobernanza Manejo Integral de Cuencas y Cuerpos de Agua (MICCA), cuyo marco metodológico se desarrolló con la participación de científicos y gestores de cuencas de distintas partes del mundo. Este apartado llamado "Construcción de indicadores de gobernanza para el manejo integral de cuencas" muestra seis indicadores de gobernanza: información, participación, instituciones, políticas, tecnología y financiamiento, y califica cada ítem en una escala del 0 al 10 para identificar las fortalezas y debilidades, lo que permite el desarrollo de líneas de acción. La aplicación en la subcuenca Chapala arrojó resultados por debajo del 4.0, por ejemplo, encontramos la mejor calificación obtenida en el indicador de tecnología con una calificación de 3.7 y el más bajo en participación con 1.6.

Si bien el modelo sirve como una herramienta más de medición y su replicabilidad, de acuerdo con los autores, puede utilizarse en cualquier parte del mundo con la adaptación de algunas características particulares para mostrar el grave problema en el que nos encontramos, en razón del manejo de cuencas y su relación con el concepto gobernanza.

En cuanto al sector agropecuario, en "Políticas para el manejo de la escasez del agua y su uso en la agricultura" de Jesús Enrique Macías Franco (p. 195), se muestra un amplio panorama de las crisis del agua, su escasez, la subvaloración en aquellas familias donde se cuenta con el recurso, y las grandes inequidades tanto naturales como generadas por el hombre. El manejo de políticas de escasez de agua va de la mano con la agricultura, ya que a partir de esta relación se generan planes y programas para el uso y manejo del recurso. Concluye informando de la necesidad, por un lado, de fomentar hábitos de cuidado del agua y, por el otro, de atender a nuevas formas de cultivo que requieren menos cantidades del recurso y su uso más eficiente, tal es el caso de la hidroponía y cultivos orgánicos.

Asimismo, en "Avances del programa de protección, conservación y manejo sustentable del humedal de importancia internacional Laguna de Zapotlán, sitio Ramsar" de J. Guadalupe Michel Parra, Justiniano González González, Oziel Dante Montañez Valdez, Manuel Guzmán Arroyo y Carlos Gómez Galindo (p. 221) se muestra un trabajo de intervención, con la participación de grupos multidisciplinarios e intersectoriales en el caso del humedal Laguna de Zapotlán, que se ubica en la subcuenca de Zapotlán en el sur de Jalisco.

Ramsar es uno de los modernos tratados intergubernamentales mundiales sobre conservación y uso racional de los recursos naturales; en México, en el 2004, se registraron 34 nuevos sitios Ramsar, se utilizaron sus preceptos para la elaboración y ejecución del Programa de Conservación y Manejo (PCYM), y se concluyó que si bien es un proceso de planificación integral, para restaurar y proteger las aguas y los recursos naturales en el humedal de la Laguna de Zapotlán, las soluciones que se han encontrado pueden no ser las más idóneas, debido a los altos costos que representan, como el tratamiento de aguas.

El texto "Participación comunitaria en el manejo sustentable de la cuenca de El Ahogado en la región del río Santiago, Jalisco", de Humberto Palos Delgadillo, Martha Elba Palos Sosa y Jesús Héctor Grave Prado (p. 251), presenta la realización de talleres de planeación participativa orientada a objetivos, en los que se proponen gestionar acciones para el manejo sustentable de la cuenca, pero con la participación de los actores comunitarios.

La idea fue integral e incluso buscaba el involucramiento de los actores en varias fases de los proyectos, desde la ejecución de las diferentes actividades que fueran de su competencia, hasta el seguimiento, la evaluación y los resultados. Si bien los autores reconocen que el ejercicio ofrece elementos que apoyan la gestión social de la cuenca, también realizan una autocrítica al mencionar que sigue correspondiendo a una visión más gubernamental que de los propios usuarios, por la naturaleza de los participantes convocados al taller.

En el mismo sentido, "La gestión local y regional del agua: la ZMG y la cuenca Lerma-Chapala-Santiago", de Alicia Torres Rodríguez (p. 273) ofrece un acercamiento a la lucha de intereses en la gestión del agua a nivel local y regional. Muestra cómo este recurso tiene varios orígenes y no sólo la falta de una política adecuada de los usos del agua, ya que muchas veces los intereses de los grupos de poder están, por lo general, por encima de los intereses del resto de la población.

Las afectaciones han desencadenado (y se vislumbran aún más) manifestaciones en contra de la desigualdad e inequidad en la asignación, conducción y distribución del agua por el daño al ecosistema, la sobreexplotación y contaminación.

Para contribuir a la discusión, "Un nuevo escenario en la gestión integral del agua: la participación social de `efecto burbuja´ y el conflicto intergubernamental por el agua en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago" de Juan Pablo Rojas Ramírez (p. 301) se asegura que la participación social no planeada es uno de los efectos de la gestión del agua durante el siglo XXI en el sistema Lerma-Chapala-Santiago, señala que los grupos, ya sean sociales o económicos, al no verse representados en las acciones de gestión, emergen y reaccionan ante las autoridades.

La participación social se institucionaliza, es decir, que "el poder político ha creado instancias de participación con el único fin de legitimar sus acciones" (p. 306). Si bien la participación comunitaria funciona como un elemento fundamental para gestión, al participar legitiman las acciones que no necesariamente responden a sus intereses, lo que genera conflictos complejos y aglutina tensiones sociales de los usuarios, grupos políticos o particulares que, en conjunto, devienen en dificultades intergubernamentales (p. 324).

En el apartado "Fuentes de abasto consensuadas son garantía de gobernanza del agua" de Benito Manuel Villagómez Rodríguez (p. 329) se mencionan, de manera tajante, afirmaciones sobre el abasto de agua; dice que el proyecto firmado en 1994 que proveería de agua a la zona conurbada de Guadalajara se ha retrasado porque se han puesto los intereses particulares por encima de los colectivos. Al parecer, el manejo ineficiente ha resultado en endeudamiento, tal es el caso del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), y el riesgo de su privatización (p. 346).

Para abonar a la reflexión sobre los efectos negativos en los actores, el texto "El agua y los pueblos de la barranca del río Santiago", de Natividad Covarrubias Tovar, José Luis Castillo López y Edgar Agustín Rivera Herrada (p. 349) ayuda a comprender cómo los 11 pueblos asentados en el Área Municipal de Protección Hidrológica arriba mencionada son la síntesis regional del desarrollo regional, ambiental y económico.

Se menciona que en los últimos años se han visto afectados por la disminución del agua y en consecuencia de la biodiversidad. El deterioro ambiental es tan grande que cualquier esfuerzo por remediarlo sería inútil si no se hace de manera colectiva y rápida.

Asimismo, en "La participación privada en los proyectos de infraestructura nacional: el caso de la construcción de la presa El Zapotillo", Alejandra Enciso Gijón y Mónica Damián Ramírez (p. 383) hacen una declaración fuerte en contra del proyecto, ya que describen cómo intereses políticos y económicos guían su construcción sin pensar en los costos sociales.

El Zapotillo no sólo es un proyecto emblemático por las afectaciones a la población: salud, daño al patrimonio arqueológico, contaminación visual y auditiva, transgresión de los derechos, etcétera, sino también por las irregularidades que hay en la construcción, en el sentido de poca o nula transparencia e incluso corrupción. Plantean que si esto es modernidad habría que replantearnos el concepto de desarrollo, ya que con este proyecto se pone en juego la vida de los pobladores en la actualidad y en el futuro.

Finalmente, en la "Historia de un crimen ecológico anunciado:`la Villa Panamericana´ en El Bajío del Arenal, Zapopan, Jalisco", Alejandra Ortiz Padilla, Lizett Guadalupe Cázares Hernández y Reyna Nataly Robledo Rodríguez (p. 401) analizan cronológicamente los aspectos ambientales, sociales, económicos, políticos y jurídicos respecto al proyecto urbano antes mencionado, el cual se encuentra inmerso en múltiples irregularidades que han llevado a la incertidumbre, tanto para la constructora como para los vecinos, académicos y otros afectados por el proyecto. El problema es grave ya que está en juego la salud y la vida de las personas. Si se continúa con la urbanización, habrá inundaciones, agrietamiento de los suelos y daños ambientales irreparables.

Algunas debilidades que se encuentran en el texto general se pueden enunciar en la siguiente forma: si bien los datos son contundentes y claros en cuanto a los problemas, las respuestas para enmendarlo no, incluso se menciona que las posibles soluciones son poco prácticas y costosas, sólo aplicables en situaciones ideales que por el momento no concuerdan con los recursos que se tienen.

Además, aunque los datos son presentados de manera clara, hay un reconocimiento de la falta de información estadística, incluso se menciona que la información emitida oficialmente tiene algunas incongruencias o complejidades al ser comparadas. Sin embargo, aún estamos en el proceso de generar información hidrológica de las cuencas y en este documento se encuentran ejercicios muy valiosos que contemplan conceptos como de eficiencia, gobernabilidad y gobernanza.

Por otro lado, lo que ha resultado evidente a lo largo de los últimos años es que si bien la cuenca es una unidad física natural indispensable, su utilidad es limitada si los criterios de decisión respecto de los recursos hídricos no se racionalizan y no se optimiza el rol del agua en la economía y la sociedad. En este sentido, se debe estar consciente de que las decisiones en México se toman de formas distintas, ya sea desde las delimitaciones municipales, estatales o nacionales, sin considerar que dos o más municipios, estados o países estén involucrados en las cuencas, su contenido y su problemática.

 

Conclusiones

El dilema en el que estamos es gravísimo, no sólo porque tiene afectaciones económicas locales, sino, y sobre todo, por los daños ambientales y sociales. Si se sigue urbanizado sin planeación y construyendo grandes obras de infraestructura sin consenso se esperan escenarios aterradores de escasez de agua, contaminación e inundaciones, donde todos seremos los afectados; de esta manera las decisiones no pueden seguir siendo para unos cuantos.

Las soluciones tendrían que venir desde distintos ámbitos de participación ciudadana, social, académica, entre otras. La obra revisada nos muestra varios ejemplos de la participación social en la gestión local del agua, en donde los involucrados toman la palabra para hacerse escuchar, los autores muestran datos claros de la afectación actual y la perspectiva se vislumbra fatal si no se hace algo para cambiar de rumbo.

Se observa, en general, una inclinación a la inconformidad con respecto a los proyectos modernizadores que el gobierno y los privados siguen emprendiendo; se enfatiza no sólo en los datos estadísticos que muestran la afectación, sino también en los enfoques antropológicos que exponen las percepciones, intereses y relaciones informales de los actores locales que se niegan a abandonar su hogar para dar pie a las imposiciones verticales.

Podemos concluir que es necesario avanzar en la generación de información confiable sobre la cuenca que brinde conocimiento desde distintas vertientes. Los datos obtenidos se tienen que difundir entre los interesados para generar opiniones más informadas; es indispensable realizar propuestas con rigurosidad científica y facilitar la información a los usuarios de la cuenca y al público interesado.

Existen retos complementarios que deban superarse de manera inmediata, como los conflictos interterritoriales, la imposición de altas tarifas al consumo doméstico, la creación de infraestructura que atenta con la forma de vida local (presa El Zapotillo, la Villa Panamericana y la Laguna de Zapotlán), y la participación social simulada que legitima decisiones no consensuadas, entre otros. El medio ambiente está siendo afectado por las grandes construcciones de infraestructura, de manera tal que en muchos casos el daño es irreversible, pues no sólo se termina con el hábitat natural, también se atenta contra la supervivencia humana.

 

Información sobre la autora

Esmeralda Pliego Alvarado. Maestra en ciencias sociales con especialidad en desarrollo municipal por El Colegio Mexiquense, A. C. Licenciada en sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Docente a nivel superior del 2009 al 2013. Asistente de investigación en El Colegio Mexiquense A. C. del 2013 al 2014. Actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma del Estado de México.

^rND^1A01^nVictor^sDelgadillo^rND^1A01^nVictor^sDelgadillo^rND^1A01^nVictor^sDelgadillo

Reseñas

 

Teorías urbanas latinoamericanas: el legado de una gran generación

 

Latin American urban theories: the legacy of a great generation

 

Victor Delgadillo

 

Ramírez-Velázquez, Blanca Rebeca y Emilio Pradilla-Cobos (comps.) (2013), Teorías sobre la ciudad en América Latina, volúmenes 1 y 2, UAM-SITESA, México, pp. 827, isbn: 9-786072-800-144

 

Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Correo electrónico: Victor_Delgadill@hotmail.com

 

Recibida:10 de junio de 2014.
Aceptada:12 de junio de 2014.

 

A finales de 2013 se publicó una obra colectiva que por su contenido se constituirá en un referente de los estudios urbanos en México y (si los libros se difunden allende las fronteras) en América Latina. Se trata de una obra de 827 páginas distribuidas en dos volúmenes, la integran 18 artículos de 20 investigadores en donde analizan una gran diversidad de temáticas sobre las ciudades en América Latina desde la perspectiva de la teoría. La mayoría de los autores radica en México, pero cinco de ellos residen y han construido su trayectoria académica en Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Quito y Río de Janeiro.

El ejercicio de replantearse una reflexión teórica sobre los diversos temas urbanos antiguos y emergentes en las ciudades latinoamericanas es de por sí loable, después de un periodo en el que los conceptos teóricos foráneos han marcado la agenda de investigación en nuestra región: la globalización y la "ciudad global".

Sin embargo, estos dos volúmenes constituyen un hito en la reflexión teórica latinoamericana por dos aspectos: uno, la obra está constituida por trabajos inéditos, reflexivos y expresamente producidos para este libro. Los artículos condensan en gran medida las trayectorias y las aportaciones académicas de los investigadores, quienes tienen un largo camino recorrido en la investigación académica, en la producción de conocimiento científico, en la formación de profesionistas, así como en la construcción de instituciones, centros de investigación y posgrados en los estudios urbanos. Entonces un primer elemento a destacar de la obra es que el lector tiene en sus manos conocimiento maduro y destilado.

Por otro lado, casi todos los artículos, a su manera, repasan la evolución histórica,¹ dialéctica y contradictoria de las ideas y teorías construidas para explicar los procesos urbanos locales y regionales. En sus análisis los autores se remiten, desde el tema abordado, a una copiosa y rica bibliografía sobre las teorías de la marginalidad, la dependencia, el materialismo histórico, el postmodernismo, la ciudad global, etcétera. Así, un segundo elemento a destacar es que, en conjunto, los 18 artículos constituyen una amplia compilación de la bibliografía sobre la teoría de las ciudades producida en América Latina en las últimas seis décadas.

 

La relación de la teoría urbana latinoamericana y la teoría urbana foránea

Un tercer elemento a destacar es que varios de los autores implícita y explícitamente muestran y demuestran, que la producción y reproducción de un pensamiento latinoamericano propio no ha sido una tarea endógena, sino que se ha realizado en un diálogo constante, respetuoso y crítico (a veces acrítico y sumiso) con teorizaciones y paradigmas foráneos, en algunos periodos con mayor intensidad que en otros.

• En la revisión de las teorías producidas en nuestra región, varios autores citan y dialogan abiertamente con autores "foráneos" como Christian Topalov, Jean Lojkine, Henri Lefebvre, Manuel Castells o Alan Gilbert.

• Tres de los autores que consideramos profundamente latinoamericanistas y mexicanos nacieron y se formaron en otras regiones y con otras lecturas. Se trata de distinguidos colegas que han aportado y producido sus conocimientos científicos en esta región con el propósito de explicar y transformar los procesos urbanos de nuestra región.

• Varios de los autores, y otros tantos que no escriben en los dos volúmenes, han estudiado en el extranjero y dialogan con saberes producidos en otras lenguas. Así, la obra demuestra que locales y foráneos, los latinoamericanos leemos con avidez lo que se escribe en otras lenguas de diversas geografías para contrastar y enriquecer nuestros conocimientos.

• Igualmente, hay colegas foráneos que en algunos periodos han residido y estudiado los procesos urbanos latinoamericanos y contribuyen a la construcción del conocimiento sobre nuestras ciudades. Paradójicamente algunos de ellos que estudiaron y se apropiaron de los conocimientos locales, los reelaboraron y difundieron en inglés, y se hicieron famosos con ellos, como Janice Perlman con el "Mito de la marginalidad".

• Asimismo, un artículo destaca el papel del Lincoln Institute of Land Policy en el estudio sobre el mercado de suelo y en el reagrupamiento de los estudiosos latinoamericanos sobre este tema.

 

Una gran utilidad formativa y pedagógica

Los dos volúmenes constituyen una rica aportación para los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado en la gran diversidad de temas urbanos, regionales y territoriales abordados. Cada contribución constituye, a su manera, una rica revisión del pensamiento latinoamericano sobre el tema analizado. Aquí, estudiantes y docentes encontraremos de manera resumida diversas evidencias y fuentes de cómo se han conceptualizado y debatido diversos temas urbanos.

Además, el texto de Priscilla Connolly nos recuerda que no hay investigación sin teoría y que la teoría siempre define el objeto de estudio (aunque se diga que no hay teoría). Connolly señala que un marco teórico no consiste en amontonar frases célebres de autores que analizan un mismo tema (lo que Emilio Pradilla llama "casa de citas"), sino en construir un sistema de preguntas y un método de investigación para responderlas, pues hablar de teoría siempre remite a posiciones ontológicas, metodológicas y epistemológicas. Así, no hay investigación sin postura social y política de los investigadores, una posición "neutra" es también una forma de tomar partido y definirse como apolítico.

Entonces un cuarto elemento a destacar es que ambos volúmenes apoyan la labor de los docentes y la formación e investigación de los estudiantes. En cada artículo hay una gran cantidad de referencias bibliográficas, de sugerencias teóricas y de ventanas académicas qué abrir. Cada artículo conduce a más de tres decenas de libros del pasado y del presente.

 

Una obra emotiva y emblemática

La lectura de esta obra es emotiva y emblemática por los esfuerzos de varios latinoamericanos no sólo por explicar nuestras realidades urbanas, sino también porque evidencia el compromiso social y académico por contribuir a cambiar el estado de las cosas, las enormes desigualdades e injusticias de nuestras sociedades y ciudades.

Los artículos están llenos de hitos emblemáticos que han marcado el devenir latinoamericano sobre la teorización de nuestras realidades urbanas. Así, varios de ellos consignan la creación de la Sociedad Interamericana de Planificación, la Red Nacional de Investigación Urbana (RNIU) y la revista Ciudades en México, la Asociación Colombiana de Investigadores Urbanos y Regionales, así como la celebración de diversos encuentros ibero y latinoamericanos con diversas temáticas que dieron origen a la creación de varias redes académicas y novedosas líneas de investigación.

En las obras desfilan una a una, según las preferencias teóricas y personales y los temas abordados por cada autor, las temáticas que han marcado tendencias académicas en la región o aquellas que se constituyeron en emblema de una época. Pero por supuesto que de ninguna manera se trata de un texto nostálgico, por el contrario, demanda 1. Reconocer las aportaciones teóricas y metodológicas latinoamericanas sobre los estudios urbanos y regionales, y 2. Construir un pensamiento teórico propio en función de nuestras realidades urbanas y de las necesidades de la mayoría de nuestra población. En este sentido, la obra abiertamente critica la importación de conceptos foráneos en boga para explicar nuestras realidades locales y peor aún, para intentar imponer las mismas políticas urbanas a realidades tan diferentes a las de los países del capitalismo hegemónico.

 

Un patrimonio urbano

Para quienes trabajamos el tema del patrimonio urbano y lo concebimos en su más amplia expresión (la ciudad entera) sin disociar el patrimonio intangible del tangible, esta obra es fundamental, pues constituye parte de nuestra herencia urbana: se trata de un conjunto de aportaciones teóricas que han intentado explicar y transformar los procesos urbanos latinoamericanos, y de un conjunto de autores y textos con los que nos hemos formado varias generaciones de estudiosos de los procesos urbanos. Muchas de las referencias bibliográficas contenidas en los 18 artículos forman y formaron parte de la currícula de nuestra licenciatura o posgrado en muy diversas disciplinas: arquitectura, urbanismo, sociología, planeación urbana, etcétera.

En este sentido, estos dos volúmenes, como cualquier otro tipo de patrimonio cultural, para ser aprovechados y transmitidos críticamente, necesitan ser (re)conocidos y difundidos, sobre todo para las nuevas generaciones de estudiantes de licenciatura y posgrado. El patrimonio urbano, como esta obra, no es una pieza de museo sino una herencia colectiva que constituye un punto de partida y una continuidad cultural, aún cuando actualmente se considere o demuestre que se trata de aportaciones rebasadas e inaplicables en la era del capitalismo neoliberal globalizado.

 

Comentarios

En esta reseña no hay espacio para comentar los 18 artículos, así que he seleccionado pasajes de algunos que considero discutibles, emblemáticos, emotivos o abiertamente provocadores.

Emilio Duhau, en su artículo póstumo "La investigación urbana y las metrópolis latinoamericanas" repasa brevemente las aportaciones teóricas latinoamericanas producidas desde la década de 1950 para explicar los procesos urbanos y de urbanización; analiza las tendencias recientes en la investigación urbana, a través de una acuciosa revisión de los artículos publicados en una de las revistas más prestigiadas de la región. En este trabajo conmueve encontrar que Emilio seleccionó cinco libros de gran rigor académico para expresar los temas y las ricas aportaciones teóricas que marcaron las décadas de 1970 y 1980: Martha Schteingart (1989), Los productores del espacio habitable; Emilio Pradilla (1987), Capital, estado y vivienda en América Latina; Gustavo Garza (1985), El proceso de industrialización de la ciudad de México; Alicia Ziccardi (1991), Las obras públicas de la ciudad de México y Juan Manuel Ramírez (1986), El movimiento popular mexicano. Este pasaje me recordó los juegos que en mi juventud hacíamos entre amigos: ¿Cuáles son los cinco libros y los cinco discos que te llevarías a una isla? En materia de estudios urbanos seguro que cada investigador tiene sus libros favoritos que han marcado el debate académico, según su visión, interés y formación.

En la segunda parte, Duhau analiza los temas publicados entre 1998 y 2009 en la revista EURE, en lo que él llamó un "ensayo de cienciometría": de 155 artículos revisados, él concluye que el tema en boga en el periodo de estudio es el de la "ciudad global". Al leer este texto, uno se queda con el interés de realizar un ensayo similar, por ejemplo, de los 102 números publicados de Ciudades, la revista de la RNIU de la que Emilio Duhau fue cofundador y miembro del Comité de redacción.

Por su parte, Daniel Hiernaux en "Las ciudades y las regiones" analiza la evolución de la teoría urbana que articula el desarrollo regional con el desarrollo de las ciudades. Aquí, Hiernaux reconoce la embestida neoliberal sobre las universidades y el pensamiento crítico, lo que impacta la investigación académica. Sin embargo, el autor se muestra optimista y afirma dos cosas: una, que asistimos a un nuevo despegue del pensamiento latinoamericano, y otra, que nuestra región ha aportado novedosos estudios urbanos a partir de un pensamiento propio, aunque se expresa de manera marginal debido al predominio de las teorías foráneas entre los intelectuales y los políticos.

Luiz César de Queiroz demanda en su artículo escapar de la agenda investigativa impuesta desde los países hegemónicos y sostiene que el desafío de la construcción de una teoría urbana latinoamericana atraviesa tres "latitudes": política, epistemológica y teórica. Para él, los flujos de conocimiento del norte a sur se continúan legitimando a través de una falsa idea de la universalidad. La realidad urbana latinoamericana no puede continuar siendo estudiada y entendida desde la visión del espejo próspero del norte que ha considerado a nuestras ciudades y sociedades como tradicionales, premodernas, subdesarrolladas o desfasadas del reloj de la "historia universal". En un mundo donde las ideas y los ideales también son considerados como mercancías, nuestro colega carioca demanda recuperar un referente utópico (que intentó ser suprimido con el supuesto "fin de la historia"), para guiar el desarrollo de las investigaciones académicas.

Emilio Pradilla Cobos en "La economía y las formas urbanas en América Latina" repasa lo que ha sido una constante en su congruente trayectoria académica: la búsqueda de una producción teórica propia y apropiada para nuestra diversa y desigual realidad urbana latinoamericana, y la crítica a la adopción acrítica de conceptualizaciones y teorías urbanas provenientes de geografías urbanas muy diferentes. Una a una son (RE) debatidas la teoría de la marginalidad, la escuela de sociología urbana francesa, la urbanización dependiente, la "ciudad global" y la ficción castellsiana del modo de producción informacional. Uno de los aspectos más novedosos de este artículo es el abordaje del tema de la informalidad. Aquí se retoma la discusión con argumentos diversos que desde la década de 1980 vinculan la informalidad con la marginalidad o con el germen de un proyecto democrático y capitalista opuesto a la burocratización y corrupción del Estado. En este sentido, se reconoce el enorme reto que tenemos los investigadores para profundizar en esta temática compleja y diversa que lo mismo abarca a los millones de pobres de latinoamericanos que sobreviven a través de actividades "informales", que a la delincuencia organizada, local y global, estrechamente vinculada al sistema financiero y bancario.

El artículo de Ryszard Rozga "Tecnologías modernas y ciudad latinoamericana" es un tanto diferente al resto de las contribuciones en dos sentidos: en la perspectiva histórica que se toma para analizar el papel de las tecnologías en las ciudades, y en la concepción de "atraso-progreso" en la comparación del binomio tecnología-ciudad entre el mundo "desarrollado" y América Latina. Más que retomar el debate teórico (apenas insinuado con conceptos como la ciudad del conocimiento y la ciberciudad), el artículo describe el uso de la tecnología en las ciudades desde tiempos prehispánicos, la colonia, la primera revolución industrial y la introducción de tranvías, ferrocarriles, teléfono, etcétera.

Llama la atención que el autor afirme que en las ciudades prehispánicas las características de las tecnologías urbanas eran "primitivas o inexistentes" y que las ciudades coloniales "importaban" las tecnologías urbanas de las metrópolis. Aquí uno se pregunta: ¿Y las obras hidráulicas que permitían la coexistencia de México Tenochtitlán con el sistema de lagos? ¿La construcción de los centros ceremoniales prehispánicos era "primitiva"? ¿Y la plaza mayor en las ciudades españolas es un invento de la metrópolis o de las colonias? ¿No sería mejor hablar de relaciones desiguales o de dependencia en el uso de las tecnologías urbanas? ¿O en materia de tecnología si se vale hablar de desarrollo, progreso y atraso?

Por otra parte, en su artículo el autor afirma que no existen condiciones en las ciudades latinoamericanas para la innovación tecnológica. Sin embargo, los datos aportados se refieren a índices de personas que tienen computadora, internet y telefonía móvil (mercancías inaccesibles para la mayoría de la población latinoamericana). Aquí cabe preguntarse si las condiciones de innovación urbana se refieren a la inversión en ciencia, tecnología, educación e investigación (nada de esto aparece en este artículo)o a que 100% de la población latinoamericana disponga de computadora, internet y teléfono móvil ¿Esto haría a nuestras ciudades más competitivas?

Así, Samuel Jaramillo revisa las visiones, enfoques y aportaciones latinoamericanas que se han presentado en las últimas décadas en el estudio de los mercados del suelo, con el propósito de "rescatar nuestro pasado colectivo, sus logros y limitaciones", y de "identificar los retos actuales". En su análisis, Jaramillo recuerda que el urbanismo funcionalista que actuaba y planificaba las ciudades, vigente entre las décadas de 1940 y 1970 en la mayor parte de las ciudades latinoamericanas, no estudiaba el mercado del suelo, pues era un urbanismo físico que zonificaba la ciudad en áreas especializadas.

El postmodernismo y el neoliberalismo en las décadas de 1980 y 1990 criticaron, con razón, duramente el urbanismo funcionalista por ineficaz, antidemocrático y centralista, y por concebir los planes urbanos como un producto en vez de proceso. Sin embargo, el autor denuncia que "tener en cuenta al mercado" se convirtió con el neoliberalismo en "plegarse al mercado". En algunas ciudades latinoamericanas el arribo al poder de cierta izquierda ha promovido un nuevo urbanismo más democrático, inclusivo, participativo y transformador, lo que representa un doble desafío para los estudios sobre el mercado de suelo, pues hay que replantear el estudio de procesos muy complejos que abarcan una gran diversidad de actores y relaciones sociales capitalistas y no capitalistas y confrontar a la economía espacial neoclásica, hegemónica en los estudios sobre el mercado de suelo.

Priscilla Connolly en su artículo "La ciudad y el hábitat popular" sostiene que sí hay un "paradigma latinoamericano" sobre el hábitat popular que ha sido construido en más de cuatro décadas de investigación, el cual actualmente no es reconocido en el plano internacional y que se ha subsumido en los debates sobre la segregación urbana y las prácticas cotidianas. La autora refiere el concepto "hábitat popular" directamente a la producción de asentamientos humanos irregulares, predominantes en las formas de construir vivienda, barrios y ciudades en América Latina desde la década de 1940.

Las visiones que pretendían la erradicación de este hábitat popular cedieron a las visiones que lo reconocen como un hecho irreversible y permanente, lo que sentó las bases para las políticas de mejoramiento habitacional y barrial, la regularización de la tenencia del suelo y la introducción de servicios. Connolly da clara cuenta de la doble política de los Estados latinoamericanos: por un lado, prohíben y condenan los asentamientos humanos irregulares, y por otro lado, los reconocen y regularizan. Aquí hay una doble forma de ejercer el poder, una que se refiere al orden urbano de la normatividad y la planeación urbana, y otra que tolera y negocia la irregularidad.

Para la autora, desde la década de 1990 la globalización y el neoliberalismo sustituyeron el uso de algunos conceptos que intentaban enmarcar los problemas de la pobreza urbana. Así, ya no se habla de hábitat popular sino de segregación urbana, ni de modernidad sino del derecho a la ciudad, a los pobres ya no se les dice marginados sino excluidos, y el hábitat popular "ya no desafía los sueños de la modernidad".

El artículo de Patricia Ramírez Kuri, "La ciudad desde el espacio público y las prácticas ciudadanas" da cuenta de la emergencia de un tema que hace un par de décadas explícitamente no se discutía: el espacio público. La autora reivindica que la ciudad es el espacio público por excelencia (Jordi Borja dixit), porque debería ser el lugar de relación, encuentro y de integración social. Sin embargo, se reconoce que vivimos en una ciudad donde lo público se repliega en lo privado, las calles se privatizan, los espacios públicos abiertos están distribuidos de manera inequitativa en la ciudad y además se mercantilizan con usos masificados, los automóviles privados inundan las calles y avenidas, mientras los asentamientos y edificios cerrados se multiplican.

El artículo de Sergio Tamayo presenta un análisis crítico pero optimista sobre la ciudadanía social y los movimientos sociales. Para quienes pensamos que el histórico Movimiento Urbano Popular (MUP) ya no se mueve mucho por haber transitado de la reivindicación en la calle a las filas frente a las oficinas de gobierno para obtener subsidios (lo que el autor llama MUP S. A. de C.V.). Es muy recomendable este artículo.

Esta contribución, desde una perspectiva histórica y latinoamericana, y desde la teoría del desarrollo desigual y combinado, da cuenta de los cambios y reajustes de un diverso mup que de manera diferenciada ha transitado de la lucha social y civil a la lucha política: unos movimientos sociales invirtieron sus esfuerzos en obtener subsidios, en cambio otros lo han hecho en resistencias sociales y en distintos grados de radicalidad. Tamayo reivindica un concepto de ciudadanía social que lejos de remitir al individuo, se refiere a una construcción colectiva, histórica y al movimiento social.

El autor da cuenta de los movimientos indígenas, urbanos y sindicalistas que llevaron a Evo Morales al gobierno en Bolivia; del Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, y de los cientos de manifestaciones políticas que ocurren diariamente en la ciudad de México. Se trata de la persistencia de una ciudadanía social y de un movimiento social que no ha decrecido, sino que se ha organizado y emergido de otra forma, en donde la reivindicación de los derechos sociales ha transitado a la reivindicación de los derechos políticos.

Por su parte, en su artículo Ricardo Pino y Felipe Muñoz reconocen que los cambios en la forma y fondo de la planeación urbana (normativa, indicativa, estratégica, participativa) están directamente vinculados con los cambios en la promoción del desarrollo por parte del estado. Aquí, la doctrina neoliberal se impuso como consecuencia de dos hechos: la imposición de la economía mundial y la búsqueda de los gobiernos para salir de la crisis económica. Para los autores nos encontramos en un momento de transición en el que la "rebasada" planeación urbana indicativa coexiste en diferentes formas y grados con la planeación estratégica en las diversas urbes latinoamericanas. Mientras que el paradigma neoliberal vigente en México, traducido al ámbito de la ciudad como un desarrollo urbano competitivo y sustentable (en el discurso también equitativo), desregula la norma urbana en beneficio de los negocios privados, y el interés por la ciudad y lo público ha cedido al interés por ciertas partes, sobre todo cuando se trata de los llamados megaproyectos.

En este artículo uno encuentra dos omisiones: 1. Una referencia a la obra de Carlos Contreras y su revista Planificación que se publicó entre 1929 y 1933, pues esta revista da cuenta clara del incipiente interés en la planeación de las ciudades y la región, y 2. Una mínima referencia a un académico que, como ningún otro en México, ha participado activamente en la construcción, realización y crítica de la planeación urbana y territorial, en su versión tradicional, normativa, indicativa y participativa. Ni en la bibliografía se menciona un solo artículo o libro de Roberto Eibenschutz.

Sería muy significativo que apareciera un tercer volumen de esta bella obra para incluir una reflexión suya sobre la planeación urbana y la contribución de otros latinoamericanos, de la misma generación que participa en el libro, que desde otras ciudades y países han enriquecido considerablemente los estudios y las teorías sobre las ciudades latinoamericanas.

 

Colofón

Frente a quienes declaran la obsolescencia e inutilidad de la planeación urbana y quieren abolirla en aras de la simple gestión y la gobernanza urbana, y frente al desastre urbano expresado en la construcción voraz de miles de viviendas de dimensiones infames en periferias urbanas distantes y la presencia de cinco millones de viviendas vacías en México: reivindicamos que hoy más que nunca se necesita de una planeación urbana crítica, participativa y democrática, con una sólida base teórica, que consense y negocie transparentemente los intereses de los diversos actores sociales, económicos y políticos que se disputan la ciudad.

Frente a quienes consideran que la teoría es una tarea de intelectuales y académicos alejados de la "realidad" urbana, reivindicamos que hoy necesitamos de una teoría urbana, local y regional, que no sólo reflexione sobre las problemas actuales y heredados, sino una teoría que nos ayude a construir nuevas utopías urbanas, que nos guie en la construcción de ciudades y sociedades justas que contribuyan a resolver las necesidades de la mayoría de nuestra población.

Justo por ello, celebramos la publicación de esta obra producida por una generación de académicos críticos, lúcidos y comprometidos.

 

Nota

¹ Algunos autores no realizan este ejercicio porque las temáticas objeto de estudio son relativamente emergentes en la agenda de investigación, como el espacio público y las tecnologías de la información.

 

Información sobre el autor

Víctor Delgadillo. Mexicano. Doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor e investigador del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y profesor de asignatura del posgrado en urbanismo de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI nivel 1. Sus líneas de investigación actual son: centros históricos de América Latina, políticas públicas y actores sociales, vivienda en áreas urbanas centrales, políticas de reciclaje urbano, derecho a la ciudad, teoría urbana en América Latina. Entre sus últimas publicaciones destacan: "Ciudad de México: megaproyectos urbanos, negocios privados y resistencia social" en Rodrigo Hidalgo y Michael Janoschka (eds.), La ciudad neoliberal. Gentrificación y exclusión en Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Buenos Aires-Ciudad de México-Madrid-Santiago de Chile, pp. 199-215 (2014); "Turismo en el Centro Histórico de la ciudad de México: percepciones foráneas y tendencias locales", ponencia pesentada en el II Foro Economía y Cultura, Ciudad de México, UACM-UNAM, 23-27 de septiembre (2013); "Hábitat popular en la ciudad de México, entre la producción habitacional masiva y la exclusión social" en Teolinda Bolívar y Jaime Erazo (coords.), Los lugares del hábitat y la inclusión, Flacso-Clacso-Miduvi, Quito, pp. 123-143 (2013); "América Latina urbana: la construcción de un pensamiento teórico propio. Entrevista con Emilio Pradilla Cobos", Andamios, 10 (22), Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales-Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México, pp. 185-201 (2013).

^rND^1A01^nSusana^sPérez-Medina^rND^1A02^nIna^sLópez-Falfán^rND^1A01^nSusana^sPérez-Medina^rND^1A02^nIna^sLópez-Falfán^rND^1A01^nSusana^sPérez-Medina^rND^1A02^nIna^sLópez-Falfán

Artículos de investigación

 

Áreas verdes y arbolado en Mérida, Yucatán. Hacia una sostenibilidad urbana

 

Green spaces and urban trees in Merida, Yucatan. Toward urban sustainability

 

Susana Pérez-Medina* Ina López-Falfán**

 

* Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, unidad Merida. Correo-e: sperez@mda.cinvestav.mx

** Universidad Nacional Autónoma de México. Correo-e: ina.lopez@posgrado.inecol.edu.mx, isfalfan@yahoo.com.mx

 

Recibido: 2 de julio de 2012.
Reenviado: 10 de abril de 2013.
Aceptado: 19 de septiembre de 2013.

 

Resumen

Las áreas verdes y el arbolado son parte esencial de las dimensiones ecológica, social y económica de la sostenibilidad urbana. La presente investigación es un análisis de las áreas de vegetación en Mérida y de las condiciones que determinan su presencia y distribución. La metodología se basó en el procesamiento de imagen de satélite para captar la cobertura arbórea, se uso Google Earth como herramienta para medición y cálculo de superficies y recorridos de campo. Los resultados arrojan que las áreas verdes y cobertura arbórea se vinculan al mercado de vivienda y sus tipologías, a los procesos de gestión y gobernanza, y a la participación social.

Palabras clave: áreas verdes y arbolado, sostenibilidad, tipología habitacional, gestión urbana, gobernanza.

 

Abstract

Green spaces and tree cover are essential components of ecological, social and economic urban sustainability. This paper analyses the green areas in Mérida and the conditions that determine their creation and distribution. The methodology was based on satellite imagery analysis for the cover tree, Google Earth to measure and calculate areas, and field visits. The results point to a strong association between housing typology, urban management, governance and social participation.

Keywords: green spaces and tree cover, sustainability, housing tipology, urban management, governance.

 

Introducción

Las ciudades como territorios donde se concentran las actividades humanas son, a la vez, los centros de mayor demanda de recursos naturales y los que producen la mayor cantidad de desechos. Mérida, capital de Yucatán, no es la excepción.

La sostenibilidad urbana se define a partir de los efectos que las actuales formas de producción y consumo tienen sobre el medio ambiente, pero también sobre las relaciones con los grupos sociales. Las áreas verdes constituyen uno de los mecanismos que coadyuvan a la sostenibilidad en las ciudades. Sus aportaciones no sólo se asocian al medio ambiente sino que contribuyen a crear una interacción social más saludable. En esta investigación examinamos las condiciones de sostenibilidad y arbolado que caracterizan a Mérida actualmente.

Por áreas verdes urbanas se entiende las zonas con árboles, arbustos y otros tipos de vegetación. La presencia y densidad de áreas verdes se asocia a la gestión urbana, y es en ésta donde se desarrollan las políticas de suelo vinculadas a los procesos de construcción y ordenamiento de la ciudad, y también donde se configuran las tipologías habitacionales y el contexto normativo de las áreas verdes.

El presente trabajo es un análisis de las áreas verdes en la ciudad de Mérida en la actualidad y de las condiciones que determinan su presencia y distribución. Asimismo, se se enfoca este estudio en cuatro asentamientos habitacionales con particulares tipologías de vivienda emplazados en diferentes zonas de la ciudad. Elementos que se analizan bajo la perspectiva de la sostenibilidad urbana.

La metodología para la cobertura arbórea se basó en el procesamiento de una imagen satelital Landsatetm del 2000 aplicando una resolución espacial de 30 metros. En el estudio se realizó una clasificación supervisada con las cuatro primeras bandas ETM (azul, verde, rojo e infrarrojo cercano), que arrojó una imagen de un índice de vegetación normalizado (NDVI, por sus siglas en inglés) mediante el método de máxima verosimilitud y con un porcentaje mínimo de probabilidad de 90%. A partir de esta clasificación se extrajo únicamente la clase de arbolado urbano para su cuantificación y asociación con variables como densidad de vivienda, densidad de población, tipología de vivienda y etapas de crecimiento de la ciudad.

Para los estudios en los asentamientos habitacionales se hicieron recorridos de campo para evaluar los equipamientos, vialidades y tipologías de la vivienda relacionadas con la vegetación, así como para observar y valorar los usos que los diferentes grupos sociales hacen de las áreas verdes. Se utilizó Google Earth como la herramienta principal para la medición y cálculo de las superficies de los equipamientos, de las áreas verdes (incluyen las áreas de pasto, arbustos y árboles) y de la totalidad de los fraccionamientos.

Cabe aclarar que la imagen satelital con la que se analizó la cobertura del arbolado urbano corresponden al 2000, las imágenes satelitales de Google Earth corresponden al 2002 y el estudio de campo, la normatividad y los datos demográficos son del 2010; este desfasamiento de fechas no demeritó el proceso de análisis ni fue obstáculo para obtener resultados importantes y reveladores.

Entre los resultados más sobresalientes se tienen: a) que en las zonas de Mérida de crecimiento anterior a 1970 y las más recientes del norte y sur, donde reside población de altos y bajos ingresos, respectivamente, son más arboladas que el resto de la ciudad donde imperan los fraccionamientos de vivienda en serie; b) que la normatividad relativa a la generación, manejo y conservación de áreas verdes y jardines no es clara ni precisa y tampoco es respetada cabalmente, tampoco propicia una mayor superficie de áreas verdes, ni públicas, ni privadas y c) que en el fraccionamiento Pacabtún con 6803 habitantes y una densidad de 132.6 habitantes por hectárea, cada residente tiene 0.8 m² de área verde pública, incluyendo parques y camellones, que se suma a la total ausencia de jardín y reducidos espacios privados. Condiciones que están lejos de llevar a una transición hacia la sostenibilidad urbana.

 

1. Sostenibilidad urbana

Las ciudades donde hoy se asienta más de la mitad de la población mundial son los principales centros de producción y consumo, y eso las convierte en territorios con alta demanda de bienes naturales que ingresan como materia prima y salen como desechos. Los trabajos publicados sobre la huella ecológica muestran los alcances de la afectación de amplios territorios debido al consumo irracional que algunas ciudades tienen sobre sus entornos y de aquellos de donde extraen recursos naturales (Girardet, 2001; Wackernagel y Rees, 1996).

Este modelo de desarrollo de la sociedad industrial moderna ha alcanzado límites que plantean problemas de viabilidad a futuro. Empero, la ciudad en sí misma no necesariamente tiene que dañar al medio ambiente, sino que realmente podría haber una relación armoniosa entre los grupos sociales y la naturaleza. El problema de la mayoría de las sociedades actuales consiste en las formas en que la gente se relaciona entre sí, en sus modelos de producción y la obsesión desarrollista y su contraparte indispensable, el afán de consumo (Harvey, 2010; Leff, 2002).

Y precisamente, como un contrapeso para cambiar el rumbo de la ciudad desarrollista y consumista que somete a la naturaleza, se conforma la ciudad sostenible. Si bien el término de sostenibilidad surgió como referencia a una problemática centrada en los recursos naturales, hoy por hoy este sentido ambientalista ha sido rebasado al incorporar la dimensión social, ya que en la configuración de la ciudad sostenible intervienen las dimensiones sociales, ecológicas y económicas (Florino, (s.a.), James et al., 2009; Lezama y Domínguez, 2006; Sullivan, 2005). La definición más difundida de desarrollo sostenible se refiere a la capacidad que tienen algunas sociedades de producir sus bienes y distribuirlos adecuadamente en el presente, sin comprometer a las futuras generaciones. El término involucra el desarrollo de ideas y prácticas de justicia social, democracia, participación e igualdad, que todos tengan las mismas oportunidades para acceder a los recursos naturales y a la riqueza socialmente generada.

En términos ecológicos, una ciudad sostenible "mantiene vínculos estables con la región tributaria de la que extrae sus recursos y en la que descarga sus residuos" (Girardet, 2001: 53).¹ La ciudad sostenible es aquella cuyo impacto al medio ambiente en contaminación y abastecimiento de bienes naturales no compromete al propio territorio ni a otros. Algunas ciudades, sobre todo en países desarrollados, tienen sostenibilidad hacia dentro, es decir, no impactan su propio territorio porque tienen sistemas productivos más ecológicos, avanzados tratamientos de desechos, uso masivo de transporte público o de bicicletas, amplias áreas verdes, etcétera.

Sin embargo, tienen insostenibilidad hacia otros territorios, pues utilizan para su producción y consumo una gran cantidad de materias primas extraídas de otras regiones, y muchas son productos no renovables (Satterthwaite, 1997), o bien, porque desplazan sus procesos productivos más contaminantes hacia otras regiones. Por otro lado, las sociedades, principalmente de países subdesarrollados, dada su escasa tecnología y capital, tienen poca capacidad para extraer materias primas de otros lugares, no impactan otras regiones pero sí su propio territorio, pues carecen de tecnologías verdes de producción y un adecuado tratamiento de residuos, como es el caso de Mérida y de la mayoría de las ciudades de los países en vías de desarrollo.

Las condiciones de sostenibilidad en las ciudades se asocian a la gestión en sus diferentes escalas políticas y espaciales, desde la global hasta la local. En el plano mundial, la problemática del calentamiento global se ha convertido en el tema prioritario de las agendas de organismos internacionales, y cada vez de más países. Paralelamente, ha habido importantes avances en la institucionalización de la cooperación ambiental internacional debido a la certeza política de la interdependencia del equilibrio del medio ambiente (Ojeda, 1999).

Para organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2011) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2011), así como para algunos autores (Girardet, 2001, Hardoy et al., 2001), las estrategias más importantes a seguir en cuestiones ambientales se centran en bajar las emisiones de carbono mediante la eficiencia del sistema de transporte, volver más limpias las tecnologías de producción, usar tecnologías alternativas de energía, el manejo eficiente de desechos y la reforestación, esta última propuesta sólo para el campo.

Sin embargo, hasta ahora los tratados internacionales han evadido los cuestionamientos al sistema económico neoliberal y su doctrina desarrollista, a pesar de las argumentaciones de algunas corrientes ambientalistas, sociológicas y políticas que señalan los efectos nocivos para los ecosistemas, el bienestar social y el desarrollo equilibrado de las diversas regiones que esta política tiene a lo largo y ancho del planeta.

Si bien los avances en materia de acuerdos internacionales ambientales es una base para mejorar las condiciones locales, es en este nivel donde se pueden aterrizar las normas ambientales internacionales. En el ámbito local es posible concretar las acciones para la sostenibilidad urbana mediante la planeación, administración, el aparato normativo y su observancia, así como por el papel que desempeñan los diferentes grupos sociales e individuos y sus relaciones, es decir, para que estas dinámicas conduzcan a la ciudad sostenible tiene que prevalecer una gobernanza efectiva (Florino, s.a.; Freire, 2007).

La gobernanza se refiere a la participación ciudadana en la elección, monitoreo y reemplazo de los gobiernos. Éstos deben tener la capacidad de implementar buenas políticas, respeto a los ciudadanos, al Estado y a las instituciones que gobiernan las interacciones económicas y sociales (Freire, 2007). Una buena gobernanza local cuida no sólo de proveer de servicios sino de preservar la vida y libertad de los ciudadanos, crear espacios y mecanismos de participación democrática y diálogo civil, apoyo al mercadeo, cuidado del medio ambiente y facilitando resultados que enriquezcan la calidad de vida de los residentes locales (Freire, 2007).

La participación de los ciudadanos, asociaciones de vecinos y organizaciones es de vital importancia en la gobernanza (Florino, s.a.; Freire, 2007). Intervención que implica el cambio de valores con respecto a la comunidad y a la política. Los ciudadanos tienen que comprometerse activamente en la definición de una visión de comunidad que involucre aspectos sociales, ecológicos y económicos; ser parte en la deliberación acerca de sus intereses compartidos como comunidad y en las estrategias para la promoción de sus beneficios. Lo cual significa la adquisición de capital social, el cual es necesario para que en una comunidad pueda haber gobernanza (Florino, s.a.).

 

1.1. Áreas verdes y sostenibilidad

Las zonas verdes en las ciudades aminoran los impactos al ecosistema que las actividades urbanas generan, tales como el alto consumo de energía para la producción de bienes y servicios, la intensificación del transporte, la generación de desechos, así como la formación de islas de calor, ruido, contaminación del aire y de los mantos freáticos; efectos que representan riesgos para la salud humana.

La presencia de áreas verdes y arboladas indican la calidad ambiental. La optimización de estos beneficios está directamente relacionada con la cobertura, composición, densidad, distribución y estado de salud del arbolado (NSII, 2001; James et al., 2009). Entre mayor, más densa y más saludable sea la cobertura, funcionará mejor y, en consecuencia, aumentarán las probabilidades de que provea de beneficios ecológicos (Köchli y Brang, 2005; Stabler et al., 2005; Maco y McPherson, 2002; Gómez et al., 2001; Romero et al., 2001).

Los beneficios o servicios ambientales (Coldin et al., 2006; James et al., 2009; Tyrväinena et al., 2007; Tzoulas et al., 2007) que las áreas verdes generan están ampliamente documentados: disminuyen el consumo de energía eléctrica para el enfriamiento del aire, coadyuvan a los procesos de purificación del aire, permiten un mejor desarrollo del ciclo hidrológico, la permeabilidad del suelo y la calidad del agua y aminoran el ruido (Cerón et al., 2013; Gidlöf y Öhrström, 2007; McMichael, 1999; Oliveira et al., 2011; Perry y Nawaz, 2008; Yang et. al., 2005).

Una ciudad arbolada contribuye a la biodiversidad, que es un importante indicador de ciudad ecológicamente sostenible. A mayor biodiversidad mayor equilibrio del ecosistema urbano (Colding et al., 2006; Tzoulas et al., 2007). Algunos estudios ambientales no consideran los parques, jardines y bosques urbanos como naturaleza,² sino como segunda naturaleza porque constituyen una reproducción de las condiciones en las que se desenvuelve aquella (Fonseca, 2008; Fernández, 1994). La segunda naturaleza hace referencia a la que es construida artificialmente, modelada y estilizada, y puede ubicarse en zonas rurales y en el interior de las ciudades; de aquí que las áreas verdes hayan sido asociadas al paisajismo o arquitectura de paisaje³ e incluso se han llegado a desvincular las áreas verdes de la naturaleza y de sus funciones, atribuyéndoseles cualidades ornamentales.

De acuerdo con Fonseca (2008: 149), la presencia de vegetación responde al simbolismo y a la "representación idealizada de la naturaleza, como una forma de recuperar lo perdido...". En la dimensión social, los parques y áreas verdes destinados a la recreación, el ocio y el deporte favorecen la sensación de paz, libertad e independencia, y contribuyen significativamente a la salud física y mental y al bienestar emocional de los ciudadanos (Frumkin, 2005; Garzón et al., 2004; James et al., 2009; Neuvonen et al., 2007; Sick y Bruun, 2007; Sullivan, 2005; Tzoulas et al., 2007; Van-Herzele y Wiedemann, 2003; Ward, 2013). Otro beneficio de los espacios públicos verdes es que propician la interacción social (Newton, 2007; Whitehead, 2003), cualidad muy importante para contrarrestar las tendencias de segregación por clase social que hoy prevalecen en las ciudades, compensando la proliferación de lugares públicos privatizados, principalmente plazas comerciales.

El éxito que han tenido algunas ciudades en la planeación, creación y conservación de parques, bosques y jardines urbanos y, en consecuencia, en los servicios ambientales, sociales y en la salud que ofrecen, es atribuible, en gran medida, a la participación activa de los individuos, grupos y organizaciones no gubernamentales en las decisiones, así como al compromiso compartido con los gobiernos locales (Baycan y Nijkamp, 2009; Colding et al., 2006; Ernstson et al., 2008; James et al., 2009), es decir, prácticas de gobernanza efectiva. Experiencias que han tenido lugar en ciudades europeas. No obstante, en la gran mayoría de las ciudades de todo el mundo y de América Latina, las acciones tendentes a la oferta y distribución de parques y jardines, sus dimensiones y características específicas, tales como el tipo de vegetación y densidad se configuran en la gestión urbana, es decir, en la organización y administración de los bienes públicos y de la estructura espacial por parte de las instancias gubernamentales, mismas que responden a la demanda social. El marco normativo en el que se apoya dicha organización está constituido por leyes, ordenamientos, reglamentos, planes y estatutos, y éste rige el desarrollo de los asentamientos humanos.

La demanda social involucra los valores, actitudes y prácticas de la población relacionadas con la conformación de la estructura socioespacial; en ella se articulan los aspectos ambientales, de desarrollo social y económico. De acuerdo con Duhau (1998), la demanda social de los bienes públicos (entre los que se encuentran los ambientales) establece las líneas generales de la gestión urbana. Se forma con los múltiples actores de la ciudad, desde los individuos consumidores de bienes y servicios hasta los diferentes grupos con intereses particulares: empresarios, organizaciones no gubernamentales, jóvenes, etc., cada cual con sus necesidades y objetivos.

 

2. Arbolado y áreas verdes en Mérida

La ciudad de Mérida cuenta con 830,732 habitantes (INEGI, 2010) y tiene una extensión de 20,975 hectáreas (Ayuntamiento de Mérida, 2010a: 22). El clima es caluroso,⁴ el más seco de los cálidos subhúmedos, con régimen de lluvias de verano y presencia de canícula. Las temperaturas máximas de abril y mayo en los últimos seis años, con pocas excepciones, rebasan ligeramente los 40 °C, en mayo de 2008 llegó a 42.8 °C. En marzo, junio, julio, agosto y septiembre las temperaturas máximas fueron generalmente de 37 a 39 °C (UADY, 2013). Con estos datos consideramos que sólo los meses de octubre a febrero son considerados agradables, con tendencia a cálidos.

Las temperaturas elevadas junto con la alta humedad⁵ son las causas principales del poco confort climático que se experimenta en la ciudad, lo que ha causado que se generalice el uso del aire acondicionado la mayor parte del año, cuyo funcionamiento provoca un incremento de la temperatura. Pero a pesar de las condiciones climáticas mencionadas y las funciones que la vegetación tiene en la disminución de la temperatura, específicamente, la cobertura arbórea, los parques, jardines, camellones y glorietas se ven constantemente amenazados y reducidos.

Mérida en 2010 supuestamente contaba con 5'120,925.73 m² de áreas verdes con cubierta vegetal arbolada distribuidos en 490 parques (Ayuntamiento de Mérida, 2010a: 199).⁶ Esta área representa un promedio de 6.9 m² de áreas verdes por habitante,⁷ cantidad que se encuentra por debajo de los 9 m² que la OMS señala como mínimo por habitante (Sorensen et al., 1998), ni qué decir de los 15 que indica la Organización de las Naciones Unidas (citado por Alanís, 2005).

Es preciso mencionar que en Mérida la cantidad de árboles era considerablemente mayor antes de que el huracán Isidoro azotara la Península de Yucatán en septiembre de 2002 (López y Toledo, 2003), que principalmente derribó a aquellos que estaban enfermos o en mal estado, así como aquellas especies inadaptadas a las condiciones locales.

La distribución y densidad de la cobertura arbórea está directamente relacionada con las variadas formas de asentamientos habitacionales, que resultan del entrelazamiento histórico de varias estructuras sociales, y las mezclas y combinaciones particulares que éstas generan. Pero también depende de los actuales procesos de gestión.

 

2.1. Tipología habitacional

La tipología de vivienda (configuración resultante de la traza de las calles, la geometría de parcelación, la posición de la vivienda en el lote y la forma edificatoria) es determinante en la presencia de áreas verdes y arboladas. El primer cuadro de la ciudad -la parte que corresponde al crecimiento desde la fundación hasta 1953-, y la franja que rodea a éste, correspondiente al crecimiento entre 1953 y 1970 (figura 1) tienen similitudes en la traza urbana y en la geometría de parcelación. La traza consiste en bloques de vivienda (manzanas) divididos por calles, son cuadrados de 100 metros por lado, lo que permite tener amplios solares (patios) que forman centros de manzana arbolados.

Si bien antes de 1970 ya habían varios asentamientos de viviendas en serie, fue a partir de esta década cuando inicia la construcción masiva de este tipo de conjuntos habitacionales, conocidos comúnmente como fraccionamientos, destinados a la población de ingresos medios.⁸

En los fraccionamientos, las manzanas dejan de ser cuadradas para convertirse en rectangulares, lo que permite acomodar las hileras de lotes de 10 metros de frente por 25 de fondo, de tal modo que los solares (patios) colindan. Con esta distribución desaparecen los centros de manzana y, en consecuencia, los espacios verdes. Con lo anterior, la tipología dominante consiste en la vivienda unifamiliar horizontal.⁹

Las áreas verdes se encuentran en los conos del norte, que es donde se concentra la vivienda residencial media, residencial y residencial en serie, y en el sur, donde hay un número importante de viviendas de interés social y viviendas precarias (figura 1).

En el oriente y poniente, donde prevalece la vivienda en serie en terrenos con dimensiones mínimas, es magra la presencia de zonas verdes. Las imágenes aéreas muestran en la mayoría de los fraccionamientos, terrenos y manzanas completas de construcción un vacío total de vegetación.

Por otra parte, en el noroeste, donde se realizó una de las expropiaciones más extensas de terrenos, se construyó el fraccionamiento Francisco de Montejo, con aproximadamente 15 mil unidades de vivienda media y, en segundo término, la vivienda de interés social. Asentamiento que presenta un panorama de carencia significativa de árboles.

 

2.2. Distribución del arbolado en espacios públicos

Con fines de análisis, se hizo una división de áreas verdes en públicas y privadas en función del uso, no del sector que la produce. Se consideran públicas aquellas que se emplazan en las vías de circulación y en equipamientos, y privadas, aquellas que se encuentran en los predios particulares.

Al igual que la vivienda, la arborización en los espacios públicos también se asocia con las etapas de crecimiento de la ciudad. El auge henequenero, de fines del siglo XIX hasta mediados del XX,¹⁰ fue determinante en la estructura actual de la ciudad. La riqueza que generó el henequén permitió la construcción de una gran cantidad de equipamientos e infraestructuras, tales como hospitales, escuelas, parques, mercados, un zoológico y las avenidas Paseo de Montejo y Colón, que hoy siguen teniendo amplios espacios verdes y arbolados.

Las avenidas construidas en las últimas décadas, salvo raras excepciones (como la calle 60 norte), no se distinguen por la presencia de árboles, ya sea porque son asentamientos recientes y, por lo tanto, con árboles pequeños, o porque los espacios destinados a camellones y glorietas son muy reducidos. Otra dificultad para el sano crecimiento de árboles y vegetación en estas avenidas es el cableado aéreo de electricidad, teléfono, televisión por cable y alumbrado público que está a aproximadamente 15 metros de altura, y las compañías proveedoras de estos servicios, en coordinación con el Ayuntamiento, procuran que la vegetación no afecte el cableado.

Los equipamientos educativos, de salud, oficinas públicas y privadas construidos en las últimas décadas prácticamente no tienen áreas verdes, con excepción del nuevo hospital de Alta Especialidad. Asimismo, el equipamiento comercial de Mérida tampoco cuenta con vegetación. Tanto las plazas comerciales como los supermercados con amplias superficies de construcción y estacionamiento (algunos hasta de más de una hectárea), carecen totalmente de vegetación, y el mismo patrón se reproduce en la gran cantidad de pequeñas plazas comerciales o conjuntos de locales con estacionamiento que han proliferado por toda la ciudad.

Los parques recreativos, que son los espacios con vocación de áreas verdes, siguen la misma tendencia de los cortes de las etapas de crecimiento de la ciudad. Los que se emplazan en el centro histórico, que corresponden a la primera etapa, son los que albergan árboles inmensos.¹¹ Por otro lado, los parques más grandes de la ciudad son los ecológicos, emplazados en la segunda etapa de crecimiento,¹² y que originalmente fueron bancos de material en los que se formaron profundas hondonadas, quedando inservibles para la construcción de casas o edificios. En estos parques predominan juegos infantiles, mobiliario y caminos en cuya construcción destaca la vegetación de la región, aun cuando son austeros y con poco equipamiento.

Aunada a la proliferación de la vivienda en serie, se ha fragmentado y reducido el espacio para equipamientos que los fraccionadores ceden al ayuntamiento, espacios que albergan las áreas verdes (17% del área vendible). Antes, los fraccionadores concedían espacios residuales que no podían lotificar ni vender, pero esta situación cambió cuando, de acuerdo con el Reglamento Municipal de Construcción, se permitió la reducción, en 40%, de las áreas de donación a cambio de que los fraccionadores construyeran obras públicas, aunque realmente nunca se precisó en qué consistían dichas obras (Bolio, 2000).

Con el objeto de impulsar el deporte y ante la escasez de unidades deportivas, las administraciones municipales pasadas construyeron pequeñas canchas de usos múltiples en la mayoría de los parques recreativos de colonias y fraccionamientos, independientemente de las dimensiones de los parques. Si bien estas canchas subsanaron la carencia de espacios para deporte, los parques quedaron con mínimos espacios para áreas verdes.

Asimismo, el arbolado en las vías de circulación no es mucho más favorable que en los equipamientos. Los camellones, e incluso las banquetas de las principales avenidas, sistemáticamente se reducen para permitir mayor capacidad en el arroyo vehicular. De esta manera, los árboles en las vías de circulación tienen muy poco espacio y, viven sometidos a un fuerte estrés que les impide desarrollarse adecuadamente.

La distribución de las áreas verdes se asocia con las temperaturas de la ciudad. Entre los resultados arrojados por las diversas estaciones termopluviométricas y el observatorio meteorológico se observa que las temperaturas tomadas en las zonas de reciente crecimiento habitacional, en el poniente de Mérida, presentan máximas de 34.3 °C y 35.1 °C, en las estaciones del CICY y Gerencia Regional, respectivamente. En tanto que las temperaturas máximas más bajas se localizan en el norte y en el centro: 33.0 °C y 33.3 °C, en las estaciones Emiliano Zapata y Mérida Centro, respectivamente, en aquellas zonas que presentan mayor arborización.

La diferencia entre las máximas temperaturas es de 2.1 °C. En nuestra ciudad no se produce el fenómeno de la isla de calor que generalmente se forma en las zonas centrales de las grandes ciudades (Morales et al., 2007; Carrillo, 2005), por el contrario, en Mérida, es en las áreas de reciente asentamiento donde se registran las máximas temperaturas. Sin embargo, el retardo térmico, es decir, cuando las temperaturas permanecen altas por más tiempo, sí se encontró en el centro de la ciudad y en la zona de sotavento, esta última localizada en el poniente (Canto y Pérez, 2003), zona con muy baja arborización.

 

2.3. Normatividad

La normatividad en el uso y aprovechamiento del territorio urbanizado se divide en dos vertientes: la primera consiste en los lineamientos generales para una adecuada organización y funcionamiento de los asentamientos humanos, tales como los planes y programas de desarrollo urbano. La segunda contiene los ordenamientos de carácter obligatorio e incluyen las leyes, decretos y reglamentos que establecen las bases para la obtención de permisos y licencias para la producción del espacio urbano.

Los más recientes programas de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida (Ayuntamiento de Mérida, 2010a) así como el Plan Municipal de Desarrollo (Ayuntamiento de Mérida, 2010b) emiten recomendaciones asociadas a las áreas verdes, tales como: Revisar la reglamentación de áreas verdes y de arborización; ejecutar programas de reforestación; crear y conservar los parques, jardines y áreas verdes que contribuyan al mejoramiento de la calidad del medio ambiente, y crear las condiciones que faciliten la convivencia humana y el bienestar físico de los usuarios; así como poner en marcha una serie de acciones que deberían implementarse para el cuidado del patrimonio natural.

Sin embargo, estos planes y programas de desarrollo, aun con la inclusión de los niveles normativos y estratégicos, no tienen un carácter legal obligatorio. Su particularidad es hacer recomendaciones generales sin llegar a plantear cuestiones específicas (Ayuntamiento de Mérida, 2010a: 19).

Entre las leyes y reglamentos de carácter ambiental vigentes en la ciudad se encuentran la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán (Gobierno del Estado de Yucatán, 1999) y el Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida (Ayuntamiento de Mérida, 2005). La primera enuncia que debe prevalecer la construcción bioclimática que favorezca la reducción de emisiones de carbono, zonas de alta preservación ecológica y, en general, de un equilibrio sostenible, con la capacitación y formación de una cultura ambiental (Gobierno del Estado de Yucatán, 1999). En tanto que el Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico señala en su artículo 98 que los árboles, principalmente los que se ubican en espacios públicos de la ciudad son propiedad del Ayuntamiento. El documento señala los lineamientos para la poda, derribo y trasplante de los árboles públicos, e igualmente proporciona una lista de las especies recomendadas y permitidas para su plantación, y especifica su porte (si es una especie pequeña, mediana o grande) y el lugar en que pueden ser plantadas según el tamaño de la calle, avenida o camellón. Pero no regula la existencia de superficies mínimas ni densidades arbóreas que los particulares, territorios y elementos de la estructura urbana deben respetar (Ayuntamiento de Mérida, 2005).  

En la práctica, dos documentos norman la construcción de los espacios urbanos de Mérida, particularmente de los parques habitacionales, estos son, la Ley de Fraccionamientos de 1985 (Gobierno del Estado de Yucatán, 1985) y el Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida de 2004 (Ayuntamiento de Mérida, 2004). Ambos documentos contienen los criterios de usos del suelo a nivel urbano y de asentamiento habitacional, así como las proporciones de áreas verdes en relación a la superficie de construcción que los diferentes tipos de viviendas deben tener (Gobierno del Estado de Yucatán, 1985; Ayuntamiento de Mérida, 2004) (cuadros 1, 2 y 3).

Las normas de construcción de la vivienda y las superficies libres de construcción en los asentamientos de alta densidad (cuadro 1) son difíciles de cumplir, debido, en primer lugar, a que los metros cuadrados libres de construcción no están juntos, sino que se encuentran distribuidos de acuerdo al diseño de la vivienda, casi siempre en pasillos al frente y en la parte posterior de la casa. En segundo lugar, en la gran mayoría de los fraccionamientos el propietario recibe la casa sin cochera, área de lavadero y terraza, espacios que, al igual que otras ampliaciones, él construye paulatinamente sobre las áreas que de acuerdo al Reglamento deberían ser jardín.

En los fraccionamientos de baja densidad, con lotes de entre 300 y 525 m², en promedio, ubicados en las zonas donde vive la gente que percibe altos ingresos, las viviendas cuentan con áreas de servicio preestablecidas, por lo que el área libre de construcción generalmente permanece así, unas veces con jardines y otras con piso.

Para equipamientos urbanos, el Reglamento de Construcción señala, de manera imprecisa, que el área verde mínima ajardinada debe ser "de acuerdo a la zona de su ubicación" (Ayuntamiento de Mérida, 2004: 27). El mismo documento establece las áreas mínimas para los centros de barrio, subcentros urbanos y el centro urbano, 10, 15 y 20% del total del asentamiento, respectivamente, compartidas con los equipamientos y servicios. Sin embargo, la dificultad para aplicar la norma reside en que los subcentros y el centro urbano no están claramente identificados ni están representados en mapas.

En cuanto a los conjuntos habitacionales (cuadro 2), la Ley de Fraccionamientos establece 17% del área vendible como el máximo porcentaje de donación a los conjuntos habitacionales populares y debe compartirse con otros equipamientos, tales como la iglesia, la escuela, el mercado, las canchas deportivas, los juegos infantiles, etc.

Las áreas verdes en las vías públicas contenidas en la Ley de Fraccionamientos (cuadro 3), que son muy limitadas en cuanto a la superficie, generalmente no se respetan. Realmente en pocas vialidades primarias que unen a los fraccionamientos con la traza urbana existente hay camellón, y las banquetas rara vez tienen las dimensiones que marca la norma. Sumado a lo anterior, un espacio de 70 cm de ancho solamente permite el crecimiento de un pequeño arbusto, y aun así únicamente quedarían 70 cm para el tránsito peatonal.

La Ley de Fraccionamientos del Estado de Yucatán indica que "las áreas verdes, jardines y camellones deberán ser entregados con las plantas y árboles de la región, según se especifique en el correspondiente Reglamento Municipal de Construcciones, así como sus tomas de riego, independientes del sistema de agua potable" (Gobierno del Estado de Yucatán, 1985: 3). Es la norma, pero en la práctica, se deja abandonada el área de donación, y a simple vista parece un lote baldío; de hecho, pueden pasar varios años, o hasta lustros, para que finalmente se construyan los primeros elementos de equipamiento y servicios, casi siempre la escuela, la iglesia o el parque infantil.

Fuera de los fraccionamientos, los reglamentos no mencionan los porcentajes de áreas verdes en equipamientos y vías de circulación, únicamente mencionan que debe ser "de acuerdo a la zona de su ubicación" (Ayuntamiento de Mérida, 2004: 27). Así como tampoco se contemplan lineamientos que conlleven al sano crecimiento de árboles y arbustos, por ejemplo, las variedades permitidas y las medidas mínimas de espacios libres de construcción que optimicen el desarrollo de la vegetación. Por otro lado, está el incumplimiento de la regla, como se verá en los casos de estudio.

 

3. Tipología de cuatro asentamientos habitacionales

En este apartado se analizan cuatro asentamientos habitacionales: los fraccionamientos San Antonio Cinta y Pacabtún y las colonias San Damián y San Antonio Xluch, seleccionados de modo que se aprecie la variedad de las tipologías de las viviendas habitadas por diferentes sectores sociales y que presentan contrastes en la densidad arbórea (figura II).

3.1. San Antonio Cinta

San Antonio Cinta¹³ es un pequeño fraccionamiento enclavado en la zona norte donde predomina la población de altos ingresos.¹⁴ La densidad en el fraccionamiento es de 48.2 habitantes y 16.1 viviendas por hectárea.¹⁵ Las casas tienen alrededor de 250 m² de terreno (10 metros de frente por 25 metros de fondo), de los cuales 20%, cuando mucho, están sin construir; de modo que el área verde representa superficies de apenas 4x4 m, aproximadamente, y el resto son pisos. En una buena cantidad de casas predomina la vegetación en macetas, cuyo único fin es complementar el mobiliario y la decoración. Cabe destacar que de las 98 casas que conforman este fraccionamiento, solamente 12 tienen un árbol (con una copa de alrededor de 8 m de diámetro).

El único equipamiento es un pequeño parque de aproximadamente 1,000 m², y más de la mitad está ocupado por el arenero con juegos infantiles. También cuenta con una avenida transversal de 200 m, en cuyo camellón hay cinco árboles grandes (20 m de diámetro de copa, aproximadamente) y unos cuantos arbustos. El área de donación corresponde a 4.1% del área vendible.¹⁶ Los metros cuadrados de áreas verdes públicas por persona en este pequeño asentamiento, incluyendo el camellón, son 2.4 por habitante.¹⁷

 

3.2. Pacabtún

Pacabtún se construyó en la década de 1970 y está habitado por familias de ingresos bajos.¹⁸ Este asentamiento es uno de los que tienen más alta densidad: 132.6 habitantes y 35.9 viviendas por hectárea. Los terrenos son de 8 m de frente por 20 de fondo. La edificación generalmente ocupa 80% del terreno, mientras que 20% restante se emplaza entre la calle y la casa, espacio que frecuentemente tiene piso y es utilizado como terraza o cochera, pero casi nunca cuenta con vegetación, si bien en algunas viviendas se encontraron árboles de limón o naranja agria, incluso en la parte posterior. De cualquier manera, el área verde es irrelevante en la totalidad del área construida, tal como lo constatamos con la evidencia del trabajo de campo y las fotografías aéreas.

Este fraccionamiento es considerablemente grande, lo conforman 1,843 casas. El área de donación que mide alrededor de 28,513 m², y que representa 6.2% del área vendible, está ocupada por escuelas de preescolar, primaria y secundaria, mercados y pequeños parques emplazados en cuchillas desarticuladas que parecen más bien espacios residuales, y que en algunas manzanas se confunden con los lotes de las hileras de casas (figura II).

Precisamente llama la atención que en este asentamiento habitado por 6,803 personas no haya un verdadero parque recreativo central. El parque más grande es triangular y mide 2,400 m². Bajo esta escasa disposición de áreas públicas, las áreas verdes se emplazan en pocos parques, no en todos, y abarcan 2,617 m². Asimismo, el camellón que atraviesa el fraccionamiento, y mide 1,106 m de largo y 2.5 m de ancho, nada más tiene unos cuantos árboles que, en otras condiciones no representarían mucho, pero que en este asentamiento, dada la escasez de vegetación, se vuelven relevantes. En resumen, contabilizando parques y camellones, a cada habitante de Pacabtún le corresponde 0.8 m² de área verde pública.

 

3.3. San Antonio Xluch

En San Antonio Xluch, los propietarios vendieron sus terrenos sin intervención de agentes inmobiliarios en la década de 1980, y las viviendas se fueron construyendo paulatinamente a lo largo de varias décadas. Su población corresponde al sector de bajos ingresos.¹⁹ La densidad de población es 67.9 habitantes y 16.6 casas por hectárea. Además, la colonia se emplaza en una de las zonas de la ciudad que presenta mayor arbolado.

La traza de calles en manzanas de 100x100 m, aunada a la densidad de viviendas y a las mínimas dimensiones de las construcciones por los exiguos ingresos de los residentes, permite amplios centros de manzana arbolados. En los frentes, entre la calle y la casa cuentan con espacios de tres metros, aproximadamente, donde es muy común la presencia de grandes árboles, lo que genera un paisaje muy verde, de abundante vegetación. Los frutos de los árboles y las plantas que crecen en los solares de esta colonia son consumidos y aprovechados, dado que la vegetación es una mezcla que favorece tanto el ornato como la producción de alimentos.

Los equipamientos de la colonia, que ocupan una extensión de 22,000 m², constan de escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, un parque, una cancha de beisbol, un centro comunitario y una iglesia. Entre estas áreas públicas, en general, llama la atención el conjunto de grandes árboles en las escuelas; la cancha de beisbol es de pasto, y únicamente la iglesia carece de vegetación, de modo que a cada habitante le corresponden 2.6 m² de áreas verdes provenientes de los equipamientos.²⁰ Esta reducida proporción de espacios verdes públicos en este asentamiento se compensa con los espacios arbolados privados. El trazo de las manzanas conlleva a la conformación de lotes que miden de 30 a 50 m de fondo, a diferencia de los fraccionamientos de viviendas en serie que tienen fondos de 16 a 25 m (dependiendo de si es zona residencial o popular). Las superficies resultantes de los solares arrojan una gran extensión de área vendible.

 

3.4. San Damián

La colonia San Damián fue creada durante el periodo 1950-1970, se ha ido poblando lenta y paulatinamente. Los vecinos perciben ingresos muy heterogéneos, por lo que este asentamiento se puede considerar como de clase media.²¹ La densidad de su población es de 54.5 habitantes y 16.8 viviendas por hectárea.

La traza de las manzanas de San Damián no sigue un patrón homogéneo. Las hay de 80 a 100 m por lado, y algunas son irregulares (figura II). Al igual que el trazo de calles, la dimensión de los lotes, la posición de la vivienda en el lote y el tamaño de ésta son muy variables, lo cual explica las diferencias en las superficies y densidad de las áreas verdes y arboladas en los centros de manzana. Encontramos lotes de 20, 10 y hasta de 6 m de frente, con fondos de hasta de 50 m. Hay viviendas que cuentan con una sola habitación, y otras de ocho habitaciones y más, de una y dos plantas. Estas casas, las más grandes de la colonia, generalmente no cuentan con árboles. El remetimiento de la vivienda es normalmente de 5 m, aunque unas cuantas tienen hasta 10 m, espacio que se utiliza para estacionamiento y para tener pequeños arbustos.

Los equipamientos como la iglesia, escuelas y campo deportivo ocupan una extensión aproximada de 19,764 m², cuyas áreas verdes y con árboles suman 9,211 m², cantidad que equivale a un total de 3.7 m² de vegetación por habitante, porcentaje que aunado a la ausencia de árboles y plantas al frente de las casas en algunas calles, refleja un paisaje muy árido. De hecho, en el límite norte de la colonia se ubica una avenida que constituye el único elemento público con árboles grandes, aunque ajeno a este asentamiento.

En los casos aquí expuestos se aprecian claramente diferentes tipologías de asentamiento habitacional, y por eso se eligieron para documentar este estudio. Sus áreas verdes públicas por habitante van de 0.8 a 3.7 m², y si a esta cantidad, en el contexto general de la ciudad, le sumamos los parques que por sus dimensiones y diseño tienen jerarquía urbana,²² y se encuentran en diferentes puntos, tenemos 1,113,100 m², que divididos entre la población de Mérida en el 2010, representan 1.3 m² por persona, así que es evidente que ni al sumar los parques urbanos los habitantes logran tener los 9 m² que marca la OMS, ni qué decir de los 15 que señala la ONU.

De acuerdo al Reglamento de Construcción, las áreas verdes mínimas para el centro de barrio deberían tener 15% del total del asentamiento. Sin embargo, como ya quedó demostrado en los casos estudiados, van de 0.5 a 2.0% del total de la superficie del asentamiento. En la norma, el área de donación destinada a áreas verdes, iglesia, escuela, mercado, cancha deportiva, juegos infantiles, etc., debe ser 17% del área vendible para los conjuntos habitacionales populares, y 9% para los de vivienda media y residencial, sin especificar qué superficie le corresponde a cada uno de los equipamientos (Gobierno del Estado de Yucatán, 1985).

 

4. Análisis y discusión de áreas verdes y sostenibilidad en Mérida

La OMS establece que como mínimo en una ciudad debe haber 9 m² de área verde por habitante y la ONU menciona 15 m, que son parámetros de los que disponemos para aproximarnos a una cobertura adecuada. En Mérida, de acuerdo con los datos del ayuntamiento tenemos 6.9 m² por habitante, nuestros cálculos por colonia y fraccionamiento arrojan 5 m² por habitante (incluyendo aquellos parques de jerarquía urbana), en San Damián, y 2.1 m en Pacabtún, el mejor y peor de los asentamientos habitacionales estudiados. Realidad, que lejos de mejorar, continúa con el predominio del modelo de vivienda unifamiliar horizontal y expansivo y con la ausencia de una normatividad clara, precisa y cabalmente respetada.

Esta situación, que podría ser grave en cualquier ciudad, en la nuestra es sumamente insalubre dadas las altas temperaturas durante siete meses del año. Como se ha indicado, las islas de calor no están en las áreas del centro, como en otras ciudades, sino en los fraccionamientos de la periferia de Mérida. La reducción de temperaturas mediante la distribución y densidad adecuada de la vegetación, específicamente de la cobertura arbórea, reduciría el consumo de energía (para aquellos que tienen posibilidad de tener aires acondicionados) y crearía ambientes menos agresivos para todos.

Las áreas verdes y arboladas en Mérida, independientemente de si es naturaleza o segunda naturaleza, son los elementos de la dimensión ecológica que brinda servicios ambientales y que permiten una ciudad sostenible. La falta de espacios verdes para la interacción social en Merida es claramente ilustrada por el fraccionamiento Pacabtún donde 6,803 habitantes tienen únicamente 0.8 m² de área verde pública por habitante, incluyendo el camellón, los insignificantes y diseminados parques recreativos y demás equipamientos. Si bien este es el caso más grave, los otros asentamientos estudiados también tienen déficit de espacios de vegetación para recreación y socialización, tales son los casos de San Antonio Cinta que cuenta con 2.4 metros por residente, San Antonio Xluch, 2.6 y San Damián, 3.7, comprendidos en parques recreativos, equipamientos escolares y deportivos.

No obstante la insuficiencia, los asentamientos que no son fraccionamientos de vivienda en serie y cuyo establecimiento es anterior a la década de 1970 tienen un área central donde se concentran los equipamientos y los espacios de vegetación, a diferencia de los fraccionamientos en los cuales dichas áreas son espacios residuales de la lotificación. La ausencia de parques y jardines públicos que promuevan la convivencia y la interacción ha llevado al uso predominante de las plazas comerciales como espacios de intercambio social y recreativo. Lugares privatizados que reprimen la interacción entre los diferentes grupos sociales.

La falta de sitios de recreación al aire libre que promuevan el intercambio social ha conducido a una erosión del capital social, lo cual se manifiesta en las escasas agrupaciones vecinales que trabajan por intereses comunes. La carencia de espacios abiertos y parques para la activación física y el ejercicio (Ward, 2013) también se manifiesta en la salud física de los habitantes: Yucatán ocupa el primer lugar a nivel nacional con sobrepeso en la población infantil (36.3%), el quinto lugar en adolescentes (38.2%) y el cuarto en adultos (74.4%). Situación que se agrava si se considera que México se ubica en los primeros lugares entre los países con mayor obesidad (Gobierno del Estado de Yucatán, 2013). Dolencia que no es del todo atribuible a la falta de áreas verdes pero es innegable que la ausencia de éstas conduce a las actividades recreativas sedentarias que contribuyen al sobrepeso y obesidad.

La construcción de vivienda, que se convirtió en uno de los sectores económicos más rentables y productivos de Mérida y del país (Bolio, 2007) se ha caracterizado por un modelo de vivienda unifamiliar horizontal poco creativo y repetitivo hasta el hartazgo, que deja poco espacio libre de construcción, así como por conjuntos habitacionales carentes de parques y áreas arboladas. Dinámica que ha desembocado en una ciudad dispersa con largos recorridos con su consecuente intensidad en el consumo de energía, islas de calor en los grandes fraccionamientos y escasez de espacios recreativos. La hegemonía del mercado de vivienda como elemento rector en la planeación urbana muestra la falta de equilibrio en las dimensiones de la sostenibilidad, armonía que es indispensable para la transición a la ciudad sostenible. Los gobiernos locales, lejos de alentar y promover nuevas propuestas de vivienda y asentamientos habitacionales que estén en armonía con el medio ambiente y la arborización, participan directa o indirectamente en la construcción de desarrollos inmobiliarios. Asimismo, la edificación de fraccionamientos de vivienda en serie también conviene a los gobiernos, pues de esa manera ostentan el título de "entidad eficiente en el plano del crecimiento económico", tanto por los empleos y el comercio que generan como por el hecho de dotar de vivienda a la sociedad. La organización y participación social que promueva la creación y mantenimiento de parques y jardines es prácticamente inexistente en nuestra ciudad. Fuera de los partidos políticos y agrupaciones religiosas contamos con pocas estructuras sociales o de vecinos. Hay erosión del capital social, retiro de vida colectiva, menos actividades cívicas, menos expectativas de la sociedad. Esto no es exclusivo de nuestra ciudad, en los países de América Latina hay poco capital social (UN-Habitat, 2009), que se asocia a la diversidad étnica (Florino, s.a.), pero también con la desigualdad económica y social.

La participación ciudadana es indispensable para la gobernanza. La falta de intervención y, por lo tanto, la distancia con la gobernanza relacionada a la arborización no distingue grupos socioeconómicos, cuando menos no se manifiestan en las diferentes zonas de Mérida, ciudad que esta claramente dividida por grupos de ingresos. Las diferencias de arborización por zonas se deben más a la tipología de los asentamientos que al interés que tienen los diferentes sectores por el incremento de la cobertura vegetal. Situación que es evidente cuando se observan las zonas oriente y poniente de la ciudad, habitadas por la población de ingresos medios, que con pocas excepciones muestran baja cobertura arbórea (menos de 5%), debido por un lado a la presencia de grandes fraccionamientos de vivienda en serie y por otro, porque los residentes, no muy limitados económicamente, tienden a ampliar sus casas.

La reglamentación y el manejo inapropiado del arbolado y áreas verdes urbanas dan cuenta de que no se tiene una cultura en pro de la naturaleza. Con pocas excepciones, la comunidad no demanda áreas verdes, no protesta ante la poda indiscriminada de árboles que se hace a favor del cableado público, ni se manifiesta ante el estrangulamiento de árboles en los camellones para ampliar el arroyo vehicular, tampoco cuando pasa la aplanadora que arrasa con todo ser vivo para preparar el terreno de los nuevos fraccionamientos. Ni qué decir del poco interés de la sociedad en tener, conservar o sembrar árboles en sus viviendas.

Es probable que la distancia con la naturaleza que tenemos sea más una cuestión de gobernanza y de capital social y no producto de la indiferencia ciudadana, es decir, los individuos pueden darle un alto valor a la naturaleza pero no existen los mecanismos de participación y organización para su fomento y defensa y, por otro lado, sus espacios privados son muy limitados para dar cabida a árboles y a vegetación. Esta es una interrogante que habría que aclarar en futuras investigaciones.

 

Conclusiones

La firma de tratados y acuerdos tendentes a la sostenibilidad ambiental a nivel global y las recomendaciones que hacen los organismos internacionales a las naciones para un adecuado desarrollo ambiental y social tienen que llevarse al ámbito local para dejar de ser sólo buenas intenciones. Es en esta escala donde se implementan los mecanismos de participación que lleven a una gobernanza efectiva que pueda equilibrar las dimensiones de la sostenibilidad ambiental, social y económica.

Para que haya una gobernanza efectiva en pro de la naturaleza es preciso partir del capital social del que disponemos y desarrollar acciones tendientes a fortalecerlo. La demanda de áreas verdes, su planeación, creación y mantenimiento son oportunidades para experiencias compartidas, alentar sentimientos de pertenencia y crear un lenguaje común basado en el cuidado de la naturaleza. Los parques, jardines y áreas arboladas podrían ser el punto de partida para el rescate y consolidación del capital social.

Es preciso restarle hegemonía al mercado y a las inversiones y darle mayor peso al desarrollo social y a la armonía ecológica. Las áreas verdes y el arbolado urbano representan solamente uno de los elementos de la sostenibilidad, esto tendría que hacerse extensivo a otros aspectos tendentes a una ciudad sostenible, tales como el consumo de productos y el manejo de desechos, el uso de energías renovables, la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, entre otros.

 

Bibliografía

Alanís, Glafiro (2005), "El arbolado urbano en el área metropolitana de Monterrey", Ciencia UALN, VII (1), Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, pp. 20-32.         [ Links ]

Ayuntamiento de Mérida (2003), "Programa de desarrollo urbano de la ciudad de Mérida 2003", <http://www.merida.gob.mx/Ayunta2004/principal_desurbano.htm>, 18 de junio de 2006.         [ Links ]

Ayuntamiento de Mérida (2004), "Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida", Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, 14 de enero de 2004, Mérida, Yucatán, <http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/norma/contenido/pdfs/Archivos2004/construccion.pdf>, 15 de febrero de 2012.         [ Links ]

Ayuntamiento de Mérida (2005), "Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida", Diario Oficial del Estado de Yucatán, 15 de diciembre de 2005, Mérida, Yucatán, <http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/norma/contenido/pdfs/Archivos2005/proteccion_ambiente.pdf>, febrero de 2012.         [ Links ]

Ayuntamiento de Mérida (2010a), "Programa de desarrollo urbano de la ciudad de Mérida 2010", Dirección de Desarrollo Urbano, <http://isla.merida.gob.mx/serviciosInternet/wssidu/html>, 10 de febrero de 2011.         [ Links ]

Ayuntamiento de Mérida (2010b), "Plan Municipal de Desarrollo: Mérida 2010-2012", <http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/gobierno/contenido/plan_mun/plan_municipal-puntos.htmhttp://isla.merida.gob.mx/serviciosInternet/wsSIDU/html>, 10 de febrero de 2011.         [ Links ]

Barlett, Peggy (ed.) (2005), Urban place, reconnecting with the natural worl, The Massachussetts Institute of Technology Press, Cambridge, pp. 1-34.         [ Links ]

Baycan, Tüzin y Peter Nijkamp (2009), "Planning and management of urban green spaces in Europe: comparative analysis", Journal of Urban Planning and Development, 135 (1), American Society of Civil Engineers, Nueva York, pp. 1-12.         [ Links ]

Bolio, Jorge (2000), "La expansión urbana de Mérida", Cuadernos de Arquitectura de Yucatán, núm. 13, Asociación de Revistas Latino americanas de Arquitectura, Mérida, pp. 1-11.         [ Links ]

Bolio, Jorge (2007), "El escenario habitacional en la zona metropolitana de Mérida", en Luis Ramírez (coord.), En la ruta del petróleo. Impactos de una eventual explotación petrolera en Yucatán, tomo II, Fundación Plan Estratégico de Mérida a. c., Mérida, pp. 119-194.         [ Links ]

Canto, Raúl y María Milagrosa Pérez (2003), "Comportamiento térmico en la ciudad de Mérida", en Lucía Tello-Peón y Alfredo Alonzo Aguilar (coords.), Evolución y estrategia del desarrollo urbano en la península de Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán, Merida, pp. 173-194.         [ Links ]

Carrillo, Luis (2005), "El efecto isla de calor", Gaceta Universitaria, pp. 8,<http://www.gaceta.udg.mx/Hemeroteca/paginas/388/388-8.pdf>, 20 de febrero de 2012.         [ Links ]

Cerón, Ileana, Esther Sanyé, Jordi O. Solà, Juan I. Montero, Carmen Ponce y Joan Rieradevall (2013), "Towards a green sustainable strategy for social neighbourhoods in Latin America: Case from social housing in Merida, Yucatan, Mexico", Habitat International, vol. 38, Elsevier, Cambridge, pp. 47-56.         [ Links ]

Colding, Johan, Jakob Lundberg y Carl Folke (2006), "Incorporating green-area user groups in urban ecosystem management", Ambio: Journal of the Human Environment, 35 (5), Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm, pp. 237-244.         [ Links ]

CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) (s.a.) Normales climatológicas para Mérida, Yucatán periodo 1981-2000, Servicio Meteorológico Nacional, http://smn.cna.gob.mx/observatorios/historica/merida.pdf, 10 de febrero de 2012.         [ Links ]

Duhau, Emilio (1998), "Instancias locales de gobierno y gestión metropolitana", en Gustavo Garza y Fernando Rodríguez (comps.), Normatividad urbanística en las principales metrópolis de México, El Colegio de México, México, pp. 75-86.         [ Links ]

Ernstson, Henrik, Sverker Sörlin y Thomas Elmqvist (2008), "Social movements and ecosystem services, the role of social network structure in protecting and managing urban green areas in Stockholm", Ecology and Society, 13 (2), Resilience Alliance, Stockholm, pp.1-27.         [ Links ]

Fernández, Roberto (1994), "Problemáticas ambientales y procesos sociales de producción del hábitat: territorio, sistemas de asentamientos, ciudades", en Enrique Leff (comp.), Ciencias sociales y formación ambiental, UNAM-Gedisa Editorial, Barcelona, pp. 223-286.         [ Links ]

Florino, Daniel (s.a.), "Sustainable cities and governance: What are the connections?", en Daniel A. Mazmanian e Hilda Blanco (eds.), Handbook of sustainable cities, Edward Elgar (en prensa).         [ Links ]

Fonseca, Francisca (2008), "Procesos de ruptura y continuidad entre la naturaleza y sociedad en la ciudad moderna", Papers. Revista de Sociologia, núm. 88, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, pp. 141-151.         [ Links ]

Freire, Milla (2007), "Sustainable cities: the role of local governance in managing change", ponencia presentada en el Symposium on A Global Look at Urban and Regional Governance: The State-Market-Civic Nexus, Emory University, 18-19 de enero, Atlanta.         [ Links ]

Frumkin, Howard (2005), "The health of places, the wealth of evidence," en Peggy Barlett, (ed.), Urban Place, Reconnecting with the Natural World, The Massachussetts Institute of Technology Press, Massachussetts, pp. 253-269.         [ Links ]

García, Enriqueta (2004), Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen para adaptarlo a las condiciones de la república mexicana, Universidad Nacional Autónoma de México, México.         [ Links ]

Garzón, Beatriz, Noemí Brañes, M. Laura Abella y Ana Auad (2004), "Vegetación urbana y hábitat popular: el caso de San Miguel de Tucumán", Revista INVI, 49 (18), Universidad de Chile, Chile, pp. 21-42.         [ Links ]

Gidlöf, Anita y Evyöhrström (2007), "Noise and well-being in urban residential environments: The potential role of perceived availability to nearby green areas", Land scape and Urban Planning, 83 (2-3), Elsevier, London, pp. 115-126.         [ Links ]

Girardet, Herbert (2001), Creando ciudades sostenibles, Ediciones Tilde, Valencia.         [ Links ]

Gobierno del Estado de Yucatán (1985), "Ley de Fraccionamientos del Estado de Yucatán", Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, 26 de Septiembre de 1985, <http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/orden_juridico/Yucatan/Leyes/nr91rf1.pdf>, 25 de marzo de 2011.         [ Links ]

Gobierno del Estado de Yucatán (1999), "Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán", Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, 23 de Abril de 1999, <http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/orden_juridico/Yucatan/Leyes/nr223rf1.pdf>, 25 de marzo de 2011.         [ Links ]

Gobierno del Estado de Yucatán (2013), Secretaría de Salud, <http://www.salud.yucatan.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=717>, 8 de mayo de 2013.         [ Links ]

Gómez, Francisco, Nuria Tamarit y José Jabayoles (2001), "Green zones, bioclimatics studies and human comfort in the future development of urban planning", Landscape and Urban Planning, 55 (4), Elsevier, London, pp. 151-161.         [ Links ]

Hardoy, Jorge, Diana Mitlin y David Satterthwaite (2001), Environmental problems in anurbanizing world, finding solutions for cities in Africa, Asia and Latin American", Earth scan Publications Ltd, London and Sterling.         [ Links ]

Harvey, David (2010), "Organizarse para la transición anticapitalista", Forum Social Mundial 2010, Porto Alegre, <http://www.vientosur.info/documentos/Harvey.pdf>, 12 de octubre de 2010.         [ Links ]

Hill, Karen (2001), "New urbanism and nature: green marketing and the neotradicional community", Urban Geography, 22 (3), Royal Geographical Society-Institute of British Geographers Urban Geography Research Group, London, pp. 220-248.         [ Links ]

INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática) (2000 y 2010), XII y XIII, Censo General de Población y Vivienda, INEGI, México.         [ Links ]

James, P., K. Tzoulas, M.D. Adams, A. Barber, J. Box, J. Breuste, T. Elmqvist M. Frith, C. Gordon, K.L. Greening, J. Handley, S. Haworth, A.E. Kazmierczak, M. Johnston, K. Korpela, M. Moretti, J. Niemela, S. Pauleit, M.H. Roe, J.P. Sadler, C. Ward Thompson (2009), "Towards an integrated understanding of green space in the European built environment", Urban Forestry and Urban Greening, 8 (2), Elsevier, Oxford, pp. 65-75.         [ Links ]

Köchli, Daniel y Peter Brang (2005), "Simulating effects of forest management on selected public forest goods and services, a case study", Forest Ecology and Management, 209 (1-2), Elsevier, Amsterdam, pp. 57-68.         [ Links ]

Leff, Enrique (2002), Saber ambiental, sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder, Siglo XXI- PNUMA-UNAM, México.         [ Links ]

Lezama, José Luis y Judith Domínguez (2006), "Medio ambiente y sustentabilidad urbana", Papeles de Población, núm. 049, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, pp. 154-176.         [ Links ]

López, Ina (2008), "Arbolado urbano Mérida Yucatán y su relación con aspectos socioeconómicos, culturales y de la estructura urbana de la ciudad", tesis de maestría, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Mérida.         [ Links ]

López, Óscar y Héctor Toledo (2003), "Informes Técnicos. Estudio de la seguridad de las edificaciones de vivienda ante la incidencia de viento", Secretaría de Gobernación-Centro Nacional de Prevención de Desastres, México, pp. 1-79.         [ Links ]

Maco, Scott y Gregory McPherson (2002), "Assessing canopy cover over streets and sidewalks in street tree populations", Journal of Arboriculture, 28 (6), International Society of Arboriculture, Champaign, pp. 270-276.         [ Links ]

McMichael, Anthony (1999), "Urbanisation and urbanism in industrialised nations, 1850-present: implications for health", en Lawrence Schell y Stanley Ulijaszek (eds.), Urbanism, Health and Human Biology in Industrialised Countries, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 21-45.         [ Links ]

Morales, Carlos, Delfino Madrigal y Lidia González (2007), "Isla de calor en Toluca, México", Ciencia Ergo Sum, 14 (3), Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, pp. 307-316.         [ Links ]

Neuvonen, Marjo, Tuija Sievänen, Susan Tönnes y Terhi Koskela (2007), "Access to green areas and the frequency of visits -case study in Helsinki", Urban Forestry and Urban Greening, 6 (4), Elsevier, Helsinki, pp. 235-247.         [ Links ]

Newton, Julie (2007), "Well-being and the natural environment: a brief over view of the evidence", <http://www.fondazionesvilupposostenibile.it/documents/Riferimenti/NEWTON%20Wellbeing%20and%20Nature%2007.pdf>, 18 de abril de 2013.         [ Links ]

NSII (Nacional Statical Institute of Italy) (2001), "Environmental sustaninability indicators in urban areas: an italian experiencia", Conference of European Statisticians, 1-4 octubre de 2001, Ottawa, <http:www.unece.org/stats/documents/2001/10/env/wp.16.e.pdf>, 13 de julio de 2009.         [ Links ]

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) (2011), "Towards Green Growth", Bulletin Desarrollo Sustentable, <http://www.oecd.org/document/10/0,3746,en_2649_37465_47983690_1_1_1_37465,00.html>, 8 de febrero de 2012.

Ojeda, Olga (1999), "La cooperación ambiental internacional en la era de la globalización", en Ricardo Valero (coord.), Globalidad: una mirada alternativa, Centro Latinoamericano de la Globalidad-Miguel Angel Porrúa, México, pp. 97-150.         [ Links ]

Oliveira, Sandra, Henrique Andrade y Teresa Vaz (2011), "The cooling effect of green spaces as a contribution to the mitigation of urban heat: A case study in Lisbon", Building and Environment, 46 (11), Elsevier, Amsterdam, pp. 2186-2194.         [ Links ]

Pérez, Susana (2010), Segregación, recreación y calidad de vida en Mérida, Universidad Nacional Autónoma de México, México.         [ Links ]

Perry, Thomas y Rizwan Nawaz (2008), "An investigation in to the extent and impacts of hard surfacing of domestic gardens in an area of Leeds, United Kingdom", Land scape and Urban Planning, 86 (1), Elsevier, London, pp. 1-13.         [ Links ]

PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) (2011), "Hacia una economía verde. Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza", <http://www.PNUMA.org/eficienciarecursos/documentos/GER_synthesis_sp.pdf>, 24 de enero de 2012.         [ Links ]

Romero, Hugo, Ximena Toledo, Fernando Órdenes y Alexis Vásquez (2001), "Ecología urbana y gestión ambiental sustentable de las ciudades intermedias chilenas", Ambiente y Desarrollo, XVII (4), Centro de Investigación y Planificación para el Medio Ambiente, Santiago, pp. 45-51.         [ Links ]

Satterthwaite, David (1997), "Sustainable cities or cities that contribuye to sustainable develpment?", Urban Studies, 34 (10), University of Glasgow, Glasgow, pp. 1667-1691.         [ Links ]

Sick, Thomas y Karsten Bruun (2007), "Do green areas affect health? Results from a Danish survey on the use of green areas and health indicators", Health and Place, 13 (4), Elsevier, Oxford, pp. 839-850.         [ Links ]

Stabler, Linda, Chris Martin y Anthony Brazel (2005), "Microclimates in a desert city were related to land use and vegetation index", Urban Forestry and Urban Greening, 3 (3-4), Elsevier, Amsterdam, pp. 137-147.         [ Links ]

Sullivan, William (2005), "Forest, savanna, city: evolutionary landscapes and human funetioning", en Peggy Barlett (ed.), Urban place, reconnecting with the natural world, Them MIT Press, Cambridge, pp. 237-252.         [ Links ]

Sorensen, Mark, Valerie Barzetti, Kari Keipi y John Williams (1998), "Manejo de las áreas verdes urbanas", Documento de las buenas prácticas, núm. 109, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, pp. 1-74.         [ Links ]

Sullivan, William (2005), "Forest, savanna, city: evolutionary landscapes and human functioning", en Peggy Barlett (ed.), Urban place, reconnecting with the natural world, The MIT Press, Cambridge, pp. 237-252.         [ Links ]

Tyrväinena, Liisa, Kirsi Mäkinenb y Jasper Schipperijnc (2007), "Tools for mapping social values of urban wood lands and other green areas", Landscape and Urban Planning, 79 (1), Elsevier, London, pp. 5-19.         [ Links ]

Tzoulas, Konstantinos, Kalevi Korpela, Stephen Venn, Vesa Yli-Pelkonen, Aleksandra Kazmierczaka, Jari Niemelac y Philip Jamesa (2007), "Promoting ecosystem and human health in urban areas using Green Infrastructure: A literature review", Landscape and Urban Planning, núm. 81, Elsevier, London, pp. 167-178.         [ Links ]

UADY (Universidad Autónoma de Yucatán) (2013), Facultad de Ingeniería, Centro Meteorológico, http://www.unionyucatan.mx/external?url=http://www.estacionclimatologica.ingenieria.uady.mx, 9 de mayo de 2013.         [ Links ]

UN-Habitat (United Nations Human Settlements Programme) (2009), Planning Sustainable Cities, Global Reporton Human Settlements 2009, <http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=555&cid=5607>, 8 de mayo de 2013.         [ Links ]

Van-Herzele, Ann y Torsten Wiedemann (2003), "A monitoring tool for the provision of accesible an attractive urban green spaces", Landscape and Urban Planning, 63 (2), Elsevier, London, pp. 109-126.         [ Links ]

Wackernagel, Mathis y William Rees (1996), Our ecological foot print: reducing human impact on the earth, New Society Publishers, Gabriola Island.         [ Links ]

Ward, Catharine (2013), "Activity, exercise and the planning and design of outdoor spaces", Journal of Environmental Psychology, núm. 34, Elsevier, London, pp. 79-96.         [ Links ]

Whitehead, Mark (2003), "Re analysing the sustainable city: nature, urbanisation and regulation of socio-environment al relations in theuk", Urban Studies, 40 (7), University of Glasgow, Glasgow, pp. 1183-1206.         [ Links ]

Yang, Jun, Joe McBride, Jinxing Zhou y Zhenyuan Sun (2005), "The urban forest in Beijing and its role in air pollution reduction", Urban Forestry and Urban Greening, 3 (2), Elsevier, Amsterdam, pp. 65-78.         [ Links ]

 

Notas

¹ Esta afirmación hace referencia al concepto de bioregión (Barlett, 2005 y Girardet, 2001).

² La naturaleza es entendida como "el conjunto de procesos en el que se desarrollan libremente la vida animal y vegetal, al margen de la actividad humana" (Hill, 2001:226).

³ El paisajismo es un término frecuentemente utilizado para referirse al diseño de parques y jardines. Para efectos del presente trabajo se entiende por paisajismo el diseño urbano que involucra edificios, calles y jardines, y genera formas o escenarios que son percibidos por los usuarios de la ciudad.

⁴ De acuerdo al sistema de Köppen modificado por García (2004) es Aw0(i')gw".

⁵ El valor promedio mensual de humedad relativa en el periodo de 1981 a 2000 fue de 70%; los meses con mayor humedad relativa fueron septiembre, octubre y noviembre (con valores promedio mensuales entre 75% y 76%), mientras que los meses con menor humedad relativa fueron marzo, abril y mayo (con valores que van entre 63% y 64%) (CONAGUA, S. A).

⁶ Esta cifra arroja un promedio de 10,450.8 m² de áreas verdes por parque, lo cual no corresponde con la realidad ni siquiera considerando área verde la totalidad de la superficie de los parques, pues de ser así tendríamos una gran cantidad de parques de aproximadamente una hectárea de extensión. Sin embargo, en Mérida la gran mayoría de parques recreativos tiene entre 500 y 5,000 m², incluyendo canchas de usos múltiples, andadores y areneros (Pérez, 2010). Además, dicha cifra contrasta con el Programa de Desarrollo Urbano de 2003, el cual establece que había un total de 433 parques y 247,397 m²de áreas verdes, lo que arroja un promedio de 571.3 m² con vegetación por parque. En conclusión, es imposible que en siete años las áreas verdes se hayan multiplicado 20 veces.

⁷ El Programa de Desarrollo Urbano de 2003 (Ayuntamiento de Mérida, 2003) indica cuatro metros cuadrados por habitante.

⁸ El desarrollo del sector inmobiliario se aprecia en el Producto Interno Bruto (PIB). La participación de la construcción en el PIB en 1970 fue de 4.21%; en 1980, de 9.22%; en 1993, de 6.33%, y en el 2000, de 7.96% (INEGI, 2000 y 2010).

⁹ En la actualidad se están construyendo las primeras siete torres de vivienda en el norte de la ciudad, con más de 10 niveles.

¹⁰ No obstante que a principios del siglo pasado se alcanzó la máxima producción y exportación de henequén, la economía de Yucatán giró en torno a la producción del agave hasta la década de 1970, cuando la actividad dejó de ser mayoritaria en el PIB.

¹¹ Los principales parques construidos hasta mediados del siglo XX son: La Plaza de Armas, conocida como Plaza Principal o Plaza Grande, que se caracteriza por sus numerosos árboles de laurel (Ficus retusa L. var. nitida Miq.); el de Las Américas, con árboles como el balché (Lonchocarpus longistylus Pittier), utilizado en ceremonias mayas para preparar la bebida que toman en sus rituales, así como una serie de árboles provenientes de Asia y África (que presentan flores llamativas en determinadas épocas del año); el Parque del Centenario, que alberga especies nativas como el ramón (Brosimum alicastrum Swartz), ciricote (Cordia dodecandra A. DC.) y otras introducidas, como los laureles de la India (Ficus benjamina L.) Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida, Ayutamiento de Mérida (2003: 25); y el parque de la Paz, al oriente de Mérida y frente al zoológico Centenario.

¹² Los parques ecológicos son Del poniente, con una superficie de 176,650 m²; Acuaparque, 107,000 m² el del Oriente, con 87,500 m²; el Hormiguero, 30,000m² y el Japonés 25,500 m^2.

¹³ La información corresponde a la totalidad del Área Estadística Básica (AGEB), no exclusivamente a la colonia. Los datos más recientes son del año 2000, el Censo de Población de 2010 no reportó este dato.

¹⁴ El fraccionamiento abarca dos Agebs (Área Geoestadística Básica); en una, 54.6% de la población ocupada recibía más de cinco salarios mínimos (SM), y en la otra, 48.2%. La media de este sector es de 17.2%. Los datos de ingresos corresponden al censo de población 2000.

¹⁵ Los cálculos de densidades para los asentamientos analizados se hicieron con la información estadística por manzana del INEGI (2010) y mediciones de áreas por medio de Google Earth.

¹⁶ La superficie vendible es el resultado de multiplicar el número de viviendas por los metros cuadrados del lote.

¹⁷ Considerando 500 m de parque más 200 m de camellón y 294 habitantes.

¹⁸ ocupada recibía dos y menos salarios mínimos, y en el otro, 59.0%. En tanto que la que recibía cinco y más representa 10 y 8.8%, respectivamente (INEGI, 2000).

¹⁹ De los tres Agebs que abarca la colonia, en dos, 82.5% de la población ocupada recibe dos y menos salarios mínimos, y en el otro, 89.7% de los vecinos ocupados recibe este ingreso.

²⁰ En esta colonia y en la de San Damián, el trazo de las manzanas conforma lotes de 30 a 50 metros de fondo, a diferencia de los fraccionamientos de viviendas en serie que tienen fondos de 16 a 25 metros (dependiendo de si es zona residencial o popular), esto arroja una gran extensión de área vendible. Sin embargo, ésta no se calculó debido a la diversidad de superficies de lotes particulares.

²¹ De los dos Agebs que forman la colonia, en uno, 50.8% de los habitantes recibía dos y menos salarios mínimos (SM), y 22.2% recibía cinco y más; en el otro, 51.1% recibía dos y menos SM, y 21.2%, cinco y más SM (INEGI, 2000).

²² El Parque de La Paz, el zoológico Centenario y el Parque de las Américas, que tienen superficies de 15,000, 82,500 y 32,400m, respectivamente, además de los parques ecológicos: del poniente, que tiene una superficie de 176,650 m²; el Acuaparque, de 107,000 m; el del oriente, de 87,500 m; el Hormiguero de 30,000 m, y el Japonés de 25,500 m^2.

 

Información sobre los autores:

Susana Pérez Medina. Mexicana. Es doctora en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es auxiliar de investigación en el Departamento de Ecología Humana del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, unidad Mérida y profesora en la Universidad Marista de Mérida. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Sus líneas de investigación son segregación urbana, áreas verdes y de recreación, sostenibilidad urbana, pobreza y desigualdad. Entre sus últimas publicaciones destacan: Segregación, recreación y calidad de vida en Mérida, Universidad Nacional Autónoma de México, México (2010); "Políticas públicas de combate a la pobreza en Yucatán 1990-2006, Gestión y Política Pública, Centro de Investigación y Docencia Económica a. c., México, pp. 291-329 (2011); "Condiciones habitacionales y pobreza en Yucatán. Un acercamiento etnográfico en contextos urbanos", Memoria de Congreso Nacional de Vivienda 2013, UNAM, México, pp. 117-136 (2013).

Ina Susana López Falfán. Mexicana. Maestra en ciencias en la especialidad de Ecología Humana por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados el Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida, México. Actualmente estudiante del doctorado en ciencias del Instituto de Ecología, A. C. en Xalapa, Veracruz, México, en la Red de Ambiente y Sustentabilidad. Su línea de investigación es la ecología urbana, principalmente en relación con el arbolado urbano y con la percepción social de la diversidad en las ciudades.

^rND^sAlanís^nGlafiro^rND^sBaycan^nTüzin^rND^nPeter^sNijkamp^rND^sBolio^nJorge^rND^sBolio^nJorge^rND^sCanto^nRaúl^rND^nMaría Milagrosa^sPérez^rND^sCarrillo^nLuis^rND^sCerón^nIleana^rND^nEsther^sSanyé^rND^nJordi O.^sSolà^rND^nJuan I.^sMontero^rND^nCarmen^sPonce^rND^nJoan^sRieradevall^rND^sColding^nJohan^rND^nJakob^sLundberg^rND^nCarl^sFolke^rND^sDuhau^nEmilio^rND^sErnstson^nHenrik^rND^nSverker^sSörlin^rND^nThomas^sElmqvist^rND^sFernández^nRoberto^rND^sFlorino^nDaniel^rND^sFonseca^nFrancisca^rND^sFrumkin^nHoward^rND^sGarzón^nBeatriz^rND^nNoemí^sBrañes^rND^nM. Laura^sAbella^rND^nAna^sAuad^rND^sGidlöf^nAnita^rND^sEvyöhrström^rND^sGómez^nFrancisco^rND^nNuria^sTamarit^rND^nJosé^sJabayoles^rND^sHill^nKaren^rND^sJames^nP.^rND^nK.^sTzoulas^rND^nM.D.^sAdams^rND^nA.^sBarber^rND^nJ.^sBox^rND^nJ.^sBreuste^rND^nT.^sElmqvist^rND^nM.^sFrith^rND^nC.^sGordon^rND^nK.L.^sGreening^rND^nJ.^sHandley^rND^nS.^sHaworth^rND^nA.E.^sKazmierczak^rND^nM.^sJohnston^rND^nK.^sKorpela^rND^nM.^sMoretti^rND^nJ.^sNiemela^rND^nS.^sPauleit^rND^nM.H.^sRoe^rND^nJ.P.^sSadler^rND^nC.^sWard Thompson^rND^sKöchli^nDaniel^rND^nPeter^sBrang^rND^sLezama^nJosé Luis^rND^nJudith^sDomínguez^rND^sMaco^nScott^rND^nGregory^sMcPherson^rND^sMcMichael^nAnthony^rND^sMorales^nCarlos^rND^nDelfino^sMadrigal^rND^nLidia^sGonzález^rND^sNeuvonen^nMarjo^rND^nTuija^sSievänen^rND^nSusan^sTönnes^rND^nTerhi^sKoskela^rND^sOjeda^nOlga^rND^sOliveira^nSandra^rND^nHenrique^sAndrade^rND^nTeresa^sVaz^rND^sPerry^nThomas^rND^nRizwan^sNawaz^rND^sRomero^nHugo^rND^nXimena^sToledo^rND^nFernando^sÓrdenes^rND^nAlexis^sVásquez^rND^sSatterthwaite^nDavid^rND^sSick^nThomas^rND^nKarsten^sBruun^rND^sStabler^nLinda^rND^nChris^sMartin^rND^nAnthony^sBrazel^rND^sSullivan^nWilliam^rND^sSorensen^nMark^rND^nValerie^sBarzetti^rND^nKari^sKeipi^rND^nJohn^sWilliams^rND^sSullivan^nWilliam^rND^sTyrväinena^nLiisa^rND^nKirsi^sMäkinenb^rND^nJasper^sSchipperijnc^rND^sTzoulas^nKonstantinos^rND^nKalevi^sKorpela^rND^nStephen^sVenn^rND^nVesa^sYli-Pelkonen^rND^nAleksandra^sKazmierczaka^rND^nJari^sNiemelac^rND^nPhilip^sJamesa^rND^sVan-Herzele^nAnn^rND^nTorsten^sWiedemann^rND^sWard^nCatharine^rND^sYang^nJun^rND^nJoe^sMcBride^rND^nJinxing^sZhou^rND^nZhenyuan^sSun^rND^1A01^nRubén^sMartínez-Cárdenas^rND^1A02^nEdgardo Arturo^sAyala-Gaytán^rND^1A03^nErnesto^sAguayo-Téllez^rND^1A01^nRubén^sMartínez-Cárdenas^rND^1A02^nEdgardo Arturo^sAyala-Gaytán^rND^1A03^nErnesto^sAguayo-Téllez^rND^1A01^nRubén^sMartínez-Cárdenas^rND^1A02^nEdgardo Arturo^sAyala-Gaytán^rND^1A03^nErnesto^sAguayo-Téllez

Artículos de investigación

 

Confianza y capital social: evidencia para México

 

Trust and social capital: evidence for Mexico

 

Rubén Martínez-Cárdenas *, Edgardo Arturo Ayala-Gaytán **, Ernesto Aguayo-Téllez ***

 

* University of York, Inglaterra. Correo-e: rubenmtzc@gmail.com, rmc509@york.ac.uk

** Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey, México. Correo-e: edgardo@itesm.mx

*** Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Correo-e: ernestoaguayo@gmail.com

 

Recibido: 21 de octubre de 2010.
Reenviado: 26 de agosto de 2011.
Aceptado:17 de abril 2012.

 

Abstract

From an economic perspective, trust among members of a society is associated with the efficient functioning of markets, contract reinforcement and in general with the capacity to generate development and welfare. In this article we empirically explore the determinants of trust in Mexico; in particular we isolate the relation among two measurements of social capital, one for the individual and another for their environment. Our results show that trust increases with these measurements of social capital, and in the absence of segregation, it is higher in smaller communities, at older ages and for inhabitants of the center-occident, among others.

Keywords: Trust, social capital, economic development.

 

Resumen

Desde la perspectiva económica la confianza entre los miembros de una sociedad está asociada al funcionamiento eficiente de los mercados, al reforzamiento de contratos y, en general, a la capacidad para generar desarrollo y bienestar. En este artículo exploramos empíricamente los determinantes de la confianza en México, en particular, aislamos la relación entre dos medidas de capital social, una para el individuo y otra para su entorno. Nuestros resultados muestran que la confianza aumenta con estas medidas de capital social y con ausencia de segregación es mayor en comunidades pequeñas, a mayor edad y para habitantes del centro-occidente, entre otras.

Palabras clave: Confianza, capital social, desarrollo económico.

 

Introducción

Imagine un mundo donde todos desconfían de todos. Tomar un taxi sería imposible, por citar un caso, ya que el chofer pediría el importe por adelantado ante la incertidumbre de que el pasajero pague, mientras que este último no querría pagar previendo la fuga del conductor una vez que tenga el dinero en la mano. Lo mismo sucedería con la provisión de casi cualquier producto o servicio, no se diga la creación de empresas u organizaciones o las transacciones financieras.¹

Hasta hace poco los economistas explicaban la organización económica casi exclusivamente en los mercados y el crecimiento en la acumulación de capital físico y en la innovación, esto último acorde al criterio del empresario innovador del que trata Schumpeter (1934), omitiendo cualquier consideración sobre las relaciones sociales de los individuos. En la actualidad se reconoce, sin embargo, que ni los mercados ni la acumulación de capital físico e innovación pueden desarrollarse en un clima de nula confianza entre los individuos.

Así, la cohesión entre los miembros de una sociedad es vital para el funcionamiento económico, y son precisamente los constructos de confianza y capital social los que miden el nivel de enlace entre sus miembros (Putnam et al., 1993 y Putnam 2000). En sentido figurado, el capital social es el pegamento intangible en las relaciones económicas y sociales de los individuos, y la confianza es el ingrediente esencial con el que está construido este aditivo social.²

La confianza y el capital social son críticos en el desarrollo económico. Dasgupta (2000), Gambetta (2000) y Durlauf y Fafchamps (2005) sostienen que la confianza es un sustituto menos costoso y más eficiente que el andamiaje institucional necesario para hacer valer los contratos completos³ que tendrían que diseñarse para hacer viables las relaciones económicas entre los habitantes de una región. Por su parte, Keefer y Knack (1997) demostraron la validez empírica de la correlación entre la confianza de los individuos de un país y el crecimiento y bienestar económico del mismo, mientras que Knack y Zak (2003) lo ratificaron a nivel regional. Asimismo, Helliwell y Wang (2011) encuentran una relación importante entre medidas de confianza y el nivel de bienestar entre individuos.

Adicionalmente, se ha encontrado evidencia de los efectos positivos del capital social en casos más particulares como comunidades y organizaciones. Por ejemplo, referente al efecto del capital social en las cooperativas, Gutiérrez et al. (2011) encuentran que las medidas de capital social asociadas con la confianza, normas, redes e incentivos bien definidos mejoran el desempeño de cooperativas pesqueras. En un estudio sobre la relación entre desempeño académico y capital social, Misra et al. (2013) encuentran que el capital social, medido como el número de membresías voluntarias totales por comunidades, está asociado con un efecto positivo en el desempeño académico de las escuelas primarias. Por otro lado, Costa e Silva, et al. (2012) encuentran que el capital social, aproximado en este caso como confianza, tiene un efecto positivo en el desempeño de cada empresa después de pasar por un proceso de fusión.

De esta forma, el estudio de la confianza y su relación con el desempeño y el bienestar de los individuos y la sociedad ha cobrado relevancia recientemente, tanto en la economía como la sociología. Este interés gira principalmente en torno a la forma en que la confianza se crea entre individuos y subgrupos sociales, sobre cómo transforma estas relaciones y a las instituciones, así como su influencia en el funcionamiento de los mercados y el bienestar social.

No obstante, la importancia del capital social y la confianza, así como el análisis de sus determinantes a nivel regional ha sido escasamente estudiado, especialmente en países emergentes como México. El presente análisis busca contribuir en esta línea de investigación y para lo cual se parte de dos medidas de confianza, una, comúnmente utilizada en la literatura: la opinión expresada por los individuos respecto de si se puede confiar o no en la mayoría de la gente, y otra, menos común, constituida por un índice de confianza en diversos agentes sociales. Ambas medidas de confianza se construyeron a partir de la encuesta de Capital Social Urbano realizada por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en 2006, la cual fue aplicada a 2100 hogares de zonas urbanas; 700 en cada una de las cuatro regiones geográficas del país: norte, centro, centro-occidente y sur-sureste.⁴ La encuesta es representativa para las zonas urbanas a nivel nacional y para las regiones norte, centro-occidente y sur-sureste y contiene información sociodemográfica de los habitantes de cada hogar encuestado, así como información relativa al grado de confianza y capital social que poseen los individuos.⁵

En particular, buscamos contrastar la influencia de los determinantes individuales y de contexto o del entorno sobre la confianza que las personas tienen hacia sus semejantes en México. Para tal fin medimos confianza por medio de dos variables, una, construida con base en la pregunta sobre si los individuos perciben que pueden confiar en otros y, otra, construida como un índice basado en calificaciones reportadas por los encuestados sobre diferentes agentes sociales.⁶ Entre las variables individuales exploramos la influencia de la edad, genero, educación e ingreso. Entre las variables de contexto o del entorno destacan el tamaño de la comunidad donde vive, el grado de etnicidad y de segregación. Asimismo, se estima si el capital social del individuo, medido como el número de membresías en organizaciones voluntarias, y el capital social de entrono, medido por la percepción de ayuda entre la gente, tienen alguna injerencia en el nivel de confianza.

 

1. Análisis de los determinantes de la confianza en la literatura

La confianza es un ingrediente clave en la realización de transacciones entre los agentes. Para que una transacción se realice los agentes involucrados deben tenerse confianza mutua o propiciar la existencia de mecanismos que refuercen o sustituyan a la confianza, tales como los sistemas judiciales, las agencias reguladoras u otras organizaciones; de forma tal que las partes acuerden no sólo efectuar la transacción, sino también revisarla una vez realizada aún y cuando esta revisión vaya en contra de sus intereses. No obstante, estas instancias formales requieren cuantiosos recursos, suelen ser falibles y su misma imperfección incentiva la búsqueda de rentas y el oportunismo de los agentes. Ciertamente, la confianza puede ser un medio eficiente para lograr la cooperación y hacer valer el compromiso entre los individuos.

En este sentido, podemos conceptualizar a la confianza como un activo intangible que permite la disposición voluntaria entre partes para realizar acciones interdependientes en un escenario de incertidumbre. Esta permisibilidad, se propone, acrecienta las probabilidades de intercambio, incrementa la velocidad en la que éste se da, estimula el buen comportamiento entre las partes y se permea a la sociedad intensificándose a sí misma (Alesina y La Ferrara 2002; Dasgupta 2003; Fukuyama 1995 y La Porta et al., 1997).

Arrow (1972: 357) menciona que "virtualmente todas las transacciones comerciales tienen en sí mismas un elemento de confianza... Se puede argumentar plausiblemente que mucho del retroceso económico en el mundo puede ser explicado por la falta de confianza mutua". Alesina y La Ferrara (2002: 207-208) afirman que "cuando la gente confía entre ella, los costos de transacción en actividades económicas se reducen, las organizaciones grandes funcionan mejor, los gobiernos son más eficientes, el desarrollo financiero es más rápido: más confianza puede incitar al éxito económico".

En qué grado confiar en los demás es una decisión individual, la selección seguramente dependerá de los beneficios y costos esperados de confiar en los demás. Aunque la acumulación de este activo es individual, esta decisión está fuertemente influenciada por el nivel de confianza que se percibe en el resto de la sociedad. Es decir, si los individuos deciden no confiar, podría ser mal negocio, produciéndose situaciones semejantes al dilema del prisionero. Así, entre los factores que pueden contribuir a mejorar o deteriorar el nivel de confianza destacan tanto variables personales como el género, la educación y las experiencias pasadas; así como variables del entorno, las normas, los valores, la fragmentación social y la heterogeneidad de la sociedad, la calidad de las instituciones y la polarización económica (desigualdad extrema del ingreso) y social (segregación racial).

Entre los determinantes individuales que más se han analizado destaca el efecto de la educación. Por ejemplo, Helliwell y Putnam (1999) analizando datos de la General Social Survey (GSS) para Estados Unidos encontraron que incrementos en el promedio de educación aumentan el nivel de confianza. En el mismo sentido, Knack y Zak (2003) determinaron que la educación incrementa la confianza de forma directa por sí misma, e indirecta, mediante una mejora en la calidad de las instituciones que hacen valer los contratos y disminuye la desigualdad.

En relación a los determinantes del entorno o contexto, Putnam et al. (1993) apuntan que existe una relación positiva entre la densidad en redes horizontales, la confianza y las normas cívicas.⁷ Asimismo, estos autores encontraron que los factores relacionados con una baja polarización social y las reglas institucionales formales que acotan el comportamiento del gobierno tienen un efecto positivo sobre la confianza. Utilizando la encuesta GSS de Estados Unidos, Alesina y La Ferrara (2002) revelan que entre los factores que más reducen la confianza se encuentran experiencias traumáticas recientes, la pertenencia a un grupo históricamente discriminado (afroamericanos y en menor medida el género femenino), los bajos niveles de educación e ingreso y vivir en una comunidad racialmente heterogénea o con alta desigualdad en el ingreso.

Adicionalmente, Glaeser et al. (2000) muestran que el comportamiento de confianza en el pasado está correlacionado con el comportamiento de confianza mostrado en experimentos controlados. Los autores establecen que preguntas que reflejan la aptitud hacia la confianza en experimentos controlados predicen mejor los niveles de credibilidad que las preguntas típicas de la GSS, las cuales, los autores afirman, la miden pobremente.

 

2. Medición de la confianza

Al tratarse de un activo no tangible, la medición de la confianza se ha vuelto un asunto complicado. La forma en que se ha abordado el problema de cálculo o cuantificación sobre el grado de confianza que las personas muestran es mediante el uso de variables aproximadas. Por ejemplo, La Porta et al. (1997), Alesina y La Ferrara (2002) y Keefer y Knack (1997), entre otros, emplean datos obtenidos mediante encuestas sobre valores del tipo que se utiliza en este estudio, es decir, información reportada por los mismos individuos. Gleaser et al. (2000) utilizan información obtenida mediante experimentos, Fehr et al. (2003) y Fehr y Kosfeld (2005) utilizan experimentos y encuestas sobre confianza, Zak (2007) emplea datos sobre confianza y los niveles de oxitocina, hormona cuyo nivel tiende a aumentar cuando los individuos tienen empatía con sus semejantes, y Krueger et al. (2007), utilizan información obtenida mediante resonancia magnética hiperfuncional.

Para nuestro análisis utilizamos dos medidas de confianza que se calculan directamente de la Encuesta de Capital Social para México (SEDESOL, 2006). En la primera medida, C_i¹, se toma la respuesta capturada por la pregunta de la World Values Survey (WVS):⁸ "En términos generales ¿usted diría que la mayoría de la gente es confiable o que la mayoría de las veces uno debe cuidarse las espaldas?", donde se codifica como "con confianza" al sujeto que contestó que la mayoría de la gente es confiable, "con algo de confianza o confianza intermedia" si contestó "a veces se puede confiar" y "con desconfianza" a aquellos que no están seguros o que creen que "todos debemos de cuidarnos las espaldas". Es decir, se trata de una medida ordinal de tres niveles que por convención se toman como 1, 2 y 3. Donde 1 es desconfianza, 2 confianza intermedia y 3 confianza.⁹

La segunda medida de confianza es C_i², se calcula utilizando 8 de 13 preguntas de la encuesta donde se les pide a los sujetos que indiquen en una escala del 1 al 10 -donde 1 es nula confianza y 10 confianza máxima-, la credibilidad que tienen en las siguientes instancias: familia, amigos, vecinos, compadres, jefes y compañeros de trabajo, maestros, empresarios, policía, jueces, gobierno, partidos políticos e iglesia. Cabe aclarar que se excluyeron la confianza reportada sobre compañeros y jefes de trabajo por presentar valores perdidos en exceso, y también los valores reportados para la familia, amigos y compadres, ya que se busca capturar el grado de cohesión social espontánea con el resto de la sociedad, no con el círculo más íntimo.¹⁰

Para la construcción del índice, primeramente se verificó si las medidas de confianza en los distintos agentes sociales arriba mencionados podían ser agregadas en un índice único, para lo cual se utilizó un coeficiente de consistencia interna conocido como alfa de Cronbach.¹¹ El índice presenta un valor de 0.8422, lo que nos permite concluir que el nivel de consistencia es aceptable y podemos justificar la aglomeración de las medidas de confianza de los diferentes agentes sociales en un índice único. Posteriormente se realizó un análisis de componentes principales para determinar la ponderación adecuada de cada agente social en el índice¹² y con los resultados obtenidos se construyó una variable ordinal discreta contenida en un rango de 1 a 10. Utilizando la regla óptima de selección de estratos se generaron tres grupos por nivel de confianza: de 0 a 5 para confianza baja, de 6 a 8 para confianza media y finalmente de 9 a 10 para confianza alta.¹³

 

3. Modelo empírico de los determinantes de la confianza

De la revisión de la literatura se desprende que los principales determinantes de la confianza a nivel individual están asociados con variables sociodemográficas, tales como el género, la edad, la educación y el nivel de gasto e ingreso. Adicionalmente, la confianza depende de variables del entorno como el tamaño de la población en la que viven, la región del país a la que pertenecen, la incidencia de segregación o marginación, la cobertura de seguridad social en salud y la etnicidad.

En nuestro ejercicio también se incluye un tercer grupo de variables que reflejan la percepción del sujeto con respecto a la ayuda que encuentra en su entorno y su pertenencia o membresía en organizaciones voluntarias. La percepción del sujeto con respecto a la ayuda que encuentra en su entorno se incluye para tratar de controlar por efectos del nivel de capital social percibido en el entorno por cada uno de los individuos, mientras que la permanencia o membresía en organizaciones voluntarias se incluye como medición del nivel de capital social individual por medio de la intención del individuo a participar de las actividades en la sociedad.

Así, el modelo de confianza a nivel individual lo representamos con la siguiente ecuación en donde i indica individuos u observaciones y j la medición de confianza a emplear:

C_i^j º cualitativa que toma el valor 1 para los niveles de confianza bajos, 2 para los intermedios y 3 para los altos, ya sea para el caso en el que la variable Confianza se construye a partir de la pregunta directa sobre si se puede confiar o no en las personas (C_i¹) o para el caso en que la variable Confianza se construye a partir del índice antes especificado (C_i²).¹⁴ D_i es el vector de variables socio demográficas de los individuos, E_i es el vector de variables del entorno y PM_i es el vector de las variables de percepción de ayuda en su entorno y membrecía en grupos sociales voluntarios. Los vectores β, δ y π contienen los coeficientes de cada grupo de variables, y α es un vector de constantes. Ambas ecuaciones se estiman mediante un modelo Probit Ordenado, utilizando el método de máxima verosimilitud.¹⁵

 

4. Resultados

En la tabla 1 se presentan las medias y desviaciones estándar de las principales variables consideradas en el modelo, es decir, las dos medidas de confianza (C_i¹ y C_i²) y sus determinantes.¹⁶ Cabe hacer notar que la clasificación típica de confianza que resulta de la pregunta sobre si es posible confiar en la mayoría de la gente y que ha sido extensamente utilizada en diversos estudios presenta resultados con tendencia hacia niveles bajos de confianza; es decir, utilizando esta pregunta, alrededor de 70% de la gente revela nula confianza. En cambio, utilizando la variable construida a través de los indicadores de confianza, el panorama luce menos pesimista, toda vez que únicamente 45% de los individuos encuestados revela un bajo o nulo nivel de confianza.

De aquí la importancia de comparar los resultados de las dos medidas alternativas de confianza propuestas, con el fin de darle más robustez a los resultados.¹⁷ En promedio, los individuos encuestados reportan 7.4 años de escolaridad y 42.4 años de edad. Hay una ligera mayoría de hombres en la muestra y un ingreso promedio mensual de 4,123 pesos del 2006 por persona. Veintiocho por ciento de los individuos encuestados tienen alguna membresía en una organización voluntaria, 54% reportan haber sufrido algún tipo de segregación en el pasado, 45% no tienen acceso a servicios de seguridad social, 41% viven en ciudades de más de 100 mil habitantes y 11% reportan hablar alguna lengua indígena. Veintisiete por ciento de las encuestas se realizaron en la región norte, 15% en la centro-occidente, 37% en la sur-sureste y 21% en la región centro

Los resultados de las estimaciones se muestran en la tabla 2. Dada la naturaleza cualitativa de las variables dependientes, un signo positivo en el coeficiente significa que al aumentar el regresor, la probabilidad de que el individuo pertenezca al grupo de más confianza aumenta, y la probabilidad de que pertenezca al grupo de menor confianza disminuye, pero a priori el signo sobre la probabilidad de pertenencia en el grupo intermedio está indeterminado. Cinco de los coeficientes de las variables incluidas resultaron estadísticamente significativos en ambos modelos estimados (edad, capital social percibido en el entorno, segregación, población grande, y región centro-occidente). Dos coeficientes resultaron significativos únicamente para el modelo 1 (hablante de lengua indígena y región sur-sureste). Y seis coeficientes resultaron significativos únicamente para el modelo 2 (membresía, género, educación, ingreso, falta de seguridad social y región norte).

Los resultados conjuntos de ambos modelos indican que aquellos individuos con mayor edad que reportan mayor capital social en el entorno y que habitan en la región centro-occidente presentan una mayor probabilidad de pertenecer al grupo de más confianza. Además, el hecho de experimentar algún tipo de segregación y habitar en poblaciones de tamaño grande implica también una menor probabilidad de pertenecer al conjunto de individuos con mayor nivel de confianza. Adicionalmente, el modelo 1 apunta a que pertenecer a algún grupo indígena y ser habitante de la zona sur-sureste tienen un efecto positivo y negativo respectivamente en el nivel de confianza reportado. De igual forma, el modelo 2 sugiere que pertenecer de forma voluntaria a organizaciones, el nivel de escolaridad y ser habitante de la región norte del país están positivamente relacionados con el nivel de confianza, y ser mujer, tener mayores ingresos y carecer de seguridad social, tienen una relación negativa con el nivel de confianza.

Estos resultados concuerdan con cierta evidencia en la literatura, por ejemplo, al igual que los resultados arrojados por el modelo 2, Alesina y La Ferrara (2002) encuentran un efecto positivo y decreciente de la edad en la confianza. Por otro lado, al igual que en Helliwell y Putnam (1999) y Knack y Zak (2003), es posible rescatar un efecto significativo y positivo de la educación sobre la confianza utilizando el modelo 2. En relación al género, Alesina y La Ferrara (2002) encuentran resultados similares a los de esta investigación con efectos negativos en el nivel de confianza por parte de las mujeres.

Con respecto al hecho de pertenecer a grupos tradicionalmente segregados como los indígenas y los negros, nuestros resultados no coinciden totalmente con los encontrados por autores como Alesina y La Ferrara (2002) y Glaeser et al. (2000), ya que ellos encuentran una relación negativa entre el nivel de confianza y pertenecer a grupos tradicionalmente segregados como es el caso de las personas de raza negra en Estados Unidos en los años 1974 y 1994. En nuestro caso, en contra de lo que sugeriría la evidencia internacional y nuestra hipótesis inicial, los resultados indican que, pertenecer a algún grupo indígena incrementa la confianza en los demás.

En relación a las variables de entorno o de contexto existe más consenso entre los resultados para ambas medidas de confianza. Los coeficientes indican que la confianza tiende a ser mayor cuando los individuos perciben que el entorno es cooperativo, contrario a lo que ocurre cuando experimentan algún tipo de segregación o cuando el tamaño de la población en la que habitan es grande. Adicionalmente, se encuentra que es mayor la probabilidad a tener baja confianza si no se tiene acceso a algún tipo seguridad social, ya sea pública o privada.

Finalmente, con relación a los efectos fijos regionales, el grupo de referencia son los individuos localizados en la región centro. Una vez controlando por el resto de las variables, los individuos de la región centro-occidente tienen en promedio más confianza que el grupo de referencia, esto para ambos modelos. De acuerdo al segundo modelo, aquellos en la región norte tienen más confianza que el grupo de referencia y de hecho que todos los grupos, incluida la centro-occidente. La región sur-sureste presenta los niveles de confianza más bajos en comparación con el resto de las regiones (en el segundo modelo empata con el grupo de referencia).

En las tablas 3 y 4 se presentan los efectos marginales estimados para cada variable independiente. Éstos miden el cambio en la probabilidad de que un sujeto pase a la condición de "confianza intermedia" y de "confianza alta" al incrementarse la variable explicativa en una unidad. Dado que los cambios en la suma de las probabilidades deben sumar cero, entonces el cambio en la condición de "confianza baja" es el negativo de la suma de los otros dos efectos. En el caso de las variables discretas dicotómicas, tales como género, si habla una lengua indígena, si habita en una población grande, entre otras, el efecto marginal representa el incremento en la probabilidad de tener cierto nivel de confianza al presentarse el atributo en consideración.

Así, los resultados para el modelo 1 que utiliza la medida de confianza basada en la pregunta sobre si es posible confiar en la mayoría de la gente, indican que respecto del promedio de las observaciones y controlando por las demás variables explicativas, la probabilidad de pertenecer al grupo de más confianza se incrementa en 14% al ser habitante de la región centro-occidente, mientras que hablar alguna lengua indígena aumenta la probabilidad de pasar al grupo de mayor confianza en 9.5%. Si tomamos en cuenta únicamente estos dos resultados, en conjunto, el hecho de que una persona hable alguna lengua indígena y que habite en el centro-occidente del país eleva en casi 25% la probabilidad de ser parte del sector que más confianza reporta, en comparación con los que no comparten estas características.

Por otro lado, el hecho de percibir un entorno favorable (capital social del entorno) contribuye en 5.4% a pertenecer al grupo de mayor confianza o en 7% a formar parte de este grupo y al de confianza intermedia. Incrementos de un año en la edad contribuyen únicamente en 0.16% a pertenecer a estos dos grupos.

En contraste con estos resultados, ser habitante de la región sur-sureste del país amplía la probabilidad de estar dentro del grupo de menor confianza en 7.2% y disminuye la probabilidad de pertenecer al grupo de mayor confianza en 5.3%. Experimentar algún tipo de segregación eleva en aproximadamente 6% la probabilidad de ubicarse en el grupo de menor confianza y vivir en una población grande en cuatro por ciento.

Respecto del modelo 2, los resultados de la injerencia de las variables explicativas en el índice de confianza construido indican que aquellos individuos que habitan en las regiones norte y centro-occidente del país tienen 18% y 12% más de probabilidad, respectivamente, de pertenecer al grupo de mayor confianza, respecto de la región centro. La percepción de un entorno favorable, lo que interpretamos como indicador de un alto nivel de capital social de entorno, contribuye en 10.6% a ser parte del grupo de mayor confianza. Si sumamos a este resultado el de pertenencia al grupo de confianza media, entonces el efecto es aproximadamente del orden de 17 por ciento.¹⁸

Las demás variables presentan aportes menores más no despreciables. La probabilidad de pertenecer al grupo de menor confianza disminuye en 6% al incrementarse el número de membresías a asociaciones voluntarias en una unidad, mientras que ser mujer la eleva en 4%. Un año adicional de educación contribuye en 1.25% a formar parte del grupo de confianza media y alta (o 12.5% cada 10 años) y 0.2% por cada año adicional de edad (o 2% cada 10 años).

Haber experimentado algún tipo de segregación afecta de manera negativa la confianza en los individuos aumentando en 12.5% la probabilidad de pertenecer al grupo de confianza baja. Habitar en una población grande disminuye la probabilidad de formar parte de los grupos de confianza media y alta en 5%, mientras que carecer de seguridad social contribuye en 4.4% a la probabilidad de estar dentro del grupo de menor confianza. Otro resultado con efecto negativo en el nivel de confianza es el del nivel de ingreso, el cual, contrario a nuestra hipótesis inicial, indica que un incremento de 1% en el ingreso aumenta la probabilidad de pertenecer al grupo de baja confianza en 4.4%.

 

5. Discusión

Los resultados sobre los determinantes microeconómicos de la confianza son compatibles con la evidencia internacional en países desarrollados. La confianza en México está relacionada con la educación y con la edad, esto es, si la tomamos como un activo intangible que produce un retorno, al parecer las personas más educadas y de más edad acumulan más de este activo. La educación promueve la creación de mayor confianza, al menos a nivel individual y con base en la definición más amplia de los promedios de los puntajes de confianza en las diferentes instancias de la sociedad. No obstante, a juzgar por sus efectos marginales, la credibilidad no es muy sensible a los cambios en estas dos variables sociodemográficas.

En cambio, las variables del entorno parecen ser los principales determinantes de la confianza de los sujetos en México. En principio, ésta es bastante sensible a la región geográfica: los individuos del norte muestran un nivel de confianza mayor a todas las demás regiones, los del centro-occidente también están por arriba del grupo de referencia, mientras que los del sur-sureste están igual o tienen un nivel menor al resto.

No obstante, detrás de la mera división geográfica pueden asomarse circunstancias económicas, políticas e incluso históricas y culturales que condicionan el nivel de confianza y que van más allá del alcance de este estudio. Una posible hipótesis a este respecto es que el relativo atraso de las economías de los estados del sur del país influye negativamente en la credibilidad entre los individuos construyendo una posible trampa al desarrollo, es decir, la poca confianza dificulta el desarrollo, el cual refuerza la desconfianza estancando a la región. Otra posible explicación es que las sociedades del sur están más polarizadas o que se asemejen a sociedades jerárquicas con poca permeabilidad social. Definitivamente es importante descubrir con más detalle los condicionantes económicos y sociológicos que marcan el poderoso efecto de las regiones sobre la confianza.

Es particularmente interesante que la percepción de ayuda en el entorno genere más confianza del individuo en los demás. Este efecto sugiere la existencia de multiplicadores sociales o círculos virtuosos, ya que si la credibilidad aumenta en los individuos, esto generará un entorno más positivo y más propenso a que los miembros del mismo se ayuden, lo que refuerza la confianza entre los individuos, con lo que aumenta la confianza global así como la individual. Este resultado contrasta con el efecto no significativo (en el caso del modelo 1) y significativo pero de baja magnitud (para el caso del modelo 2) del número de membresías sobre el nivel de confianza. Si interpretamos la existencia de un entrono positivo como indicador de un nivel de capital social alto y al número de membresías como indicador del nivel de capital social individual, estos resultados nos estarían diciendo que el nivel de capital social de entorno se superpone al nivel de capital social de cada individuo.

No deja de ser paradójico que aumente la probabilidad de confiar en los demás si el individuo habla una lengua indígena, al menos en una de las dos medidas empleadas. En nuestra opinión, esto puede deberse a la homogeneidad presente respecto a la etnicidad de los individuos en las comunidades indígenas. Otro resultado contradictorio que encontramos es el relacionado con el nivel de ingreso. Nuestra hipótesis en un principio sugería que el efecto del ingreso sobre el nivel de confianza debería ser positivo, sin embargo, el efecto negativo que encontramos en el modelo 2 advierte lo contrario.

Nos parece que dos posibles efectos pueden estar reflejándose aquí, por un lado, puede ser que las relaciones que establecen los grupos de mayor ingreso no permiten el desarrollo de confianza debido a fricciones y cuestiones que tienen que ver con estatus; por otra parte, puede ser que los individuos de ingresos más altos expresen su nivel de confianza respecto de grupos distintos al suyo, es decir, que no se identifiquen con las instancias sociales respecto de las cuales se construyo el índice de confianza o que revelen que no pueden confiar en individuos que pertenecen a grupos distintos al suyo.

Finalmente, nuestro estudio arroja evidencia sobre la relación entre el hecho de que los individuos experimenten algún tipo de segregación social y que tiendan a desconfiar de sus semejantes. En el mismo sentido, encontramos evidencia parcial de que, al menos en uno de los modelos, la falta de acceso a la seguridad social disminuye la confianza en la sociedad. Los resultados refuerzan la noción de que los grupos segregados tienen bajos niveles de confianza, lo que debe de afectar su funcionamiento económico. Y en cierto sentido la falta de acceso a los sistemas de seguridad social se puede interpretar como una forma de discriminación hacia los más débiles.

Así, una sociedad es más fuerte mientras mayor sea la cohesión social, la cual se alimenta por la confianza en el resto de la sociedad; si los individuos se sienten discriminados racial, social o económicamente, menor será el sentimiento de cooperación y compromiso con las instituciones y la sociedad en general. En particular, un grupo que históricamente ha padecido de trato desigual es el género femenino. Al respecto, los resultados indican una tendencia a expresar un nivel de confianza bajo por parte de quienes pertenecen a este grupo. El trato discriminatorio y la represión y subrepresentación de este grupo en la sociedad puede estar expresado en este resultado.

 

Conclusiones

El presente estudio sobre confianza utiliza datos a nivel individual y presenta evidencia sobre los canales por medio de los cuales puede fomentarse el nivel de confianza entre los individuos. Este tema toma relevancia en el contexto actual que se vive en México y puede ser de utilidad si quisiera incluirse a este activo en el diseño de políticas públicas. En este sentido, este trabajo arroja resultados sobre el perfil de las personas con mayor o menor grado de confianza, permitiendo distinciones entre grupos que comparten características sociodemográficas, de entorno y sobre capital social en México.

Nuestras estimaciones, en conjunto, indican que aquellos individuos con mayor edad que reportan mayor capital social en el entorno y que habitan en la región centro-occidente reportan una mayor probabilidad de pertenecer al grupo de más confianza. Por otro lado, el hecho de experimentar algún tipo de segregación y habitar en poblaciones de tamaño grande implica una menor probabilidad de pertenecer al conjunto de individuos con mayor nivel de confianza. A su vez, de forma parcial, participar de forma voluntaria en organizaciones, pertenecer a algún grupo indígena, el nivel de escolaridad y ser habitante de la región norte del país están positivamente relacionados con el nivel de confianza, mientras que, ser mujer, tener mayores ingresos, ser habitante de la zona sur-sureste y carecer de seguridad social tienen una relación negativa con el nivel de confianza.

Respecto a los efectos marginales estimados, los resultados para el modelo que utiliza la medida de confianza basada en la pregunta sobre si es posible confiar en la mayoría de la gente indican que la probabilidad de pertenecer al grupo de más confianza se incrementa en 14% al ser habitante de la región centro-occidente, mientras que hablar alguna lengua indígena aumenta la probabilidad de pasar al grupo de mayor confianza en 9.5%. Asimismo, el hecho de percibir un entorno favorable (capital social del entorno) contribuye en 5.4% a pertenecer al grupo de mayor confianza y en 7% a formar parte de este mismo grupo y al de confianza intermedia. Incrementos de un año en la edad contribuyen solamente en 0.16% a pertenecer a los grupos de confianza intermedia y alta. Por el contrario, ser habitante de la región sur-sureste del país contribuye a la probabilidad de estar dentro del grupo de menor confianza en 7.2% y disminuye la probabilidad de pertenecer al grupo de mayor confianza en 5.3 por ciento.

Experimentar algún tipo de segregación incrementa en casi 6% la probabilidad de ubicarse en el grupo de menor confianza y vivir en una población de más de 100 mil habitantes en cuatro por ciento.

El modelo que estima el nivel de confianza utilizando el índice construido por nosotros indica que aquellos individuos que habitan en las regiones norte y centro-occidente del país tienen, respectivamente, 18% y 12% más de probabilidad de pertenecer al grupo de mayor confianza en comparación con la región centro. La percepción de un alto nivel de capital social de entorno contribuye en 10.6% a ser parte del grupo de mayor confianza y en 17% a pertenecer al de confianza intermedia y más alta; por su parte, incrementos de un año en la escolaridad y en la edad causan, respectivamente, aumentos de 12.5% y 2% en la probabilidad de pertenecer a los grupos de confianza media y alta cada 10 años. Por otro lado, incrementos en el número de membresías disminuye en 6% la probabilidad a pertenecer al grupo de menor confianza y ser mujer la eleva en cuatro por ciento.

Finalmente, experiencias de segregación decrecen la probabilidad de pertenecer al grupo de confianza baja en 12.5%, un monto significativo, caso contrario es el que reporta carecer de seguridad social, variable que tiene el efecto de incrementar en 4.4% la probabilidad de pertenecer al grupo antes mencionado. Habitar en una población grande disminuye la probabilidad de formar parte de los grupos de confianza media y alta en 5%. El nivel de ingreso, contrario a nuestra hipótesis inicial, indica que un incremento de 1% en el ingreso aumenta la probabilidad de pertenecer al grupo de baja confianza en 4.4 por ciento.

Estos efectos no son despreciables e indican una prevalencia de la regionalidad, el capital social de entorno, pertenencia a grupos indígenas y experiencias de segregación como principales canales de afectación del nivel de confianza. Nuestro análisis sugiere también la necesidad de ampliar el estudio de la confianza en México, para este propósito una posible línea de investigación futura es comparar cohortes de individuos que han cambiado de región para evaluar si su nivel de confianza cambia con la residencia, o si el activo perdura inmaculado en el migrante; otra posibilidad es considerar la residencia original de los individuos, sus hábitos religiosos y otras variables que definan su idiosincrasia. Estas líneas de investigación no se tomaron en cuenta en este trabajo ya que la encuesta que utilizamos no capturó esa información, por lo que consideramos importante enriquecer futuras encuestas en estas áreas, de forma tal que se pueda profundizar sobre el tema abordado en este trabajo y otras materias afines.

 

Bibliografía

Aguayo-Téllez, Ernesto, Edgardo Ayala-Gaytán y Rubén Martínez-Cárdenas (2014), "A quantitative analysis of social capital in Mexico", Well-Being and Social Policy, 9 (1), Inter-American Conference of Social Security, Mexico, pp. 5-19.         [ Links ]

Alesina, Alberto y Eliana La Ferrara (2002), "Who trusts others?", Journal of Public Economics, 85 (2), North-Holland Pub. Co., Amsterdam, pp. 207-234.         [ Links ]

Amemiya, Takeshi (1981), "Qualitative response models: a survey", Journal of Economic Literature, XIX, American Economic Association, Pittsburgh, pp. 1483-1536.         [ Links ]

Arrow, Kenneth (1972), "Gifts and exchanges", Philosophy and Public Affairs, 1 (4), Wiley, Malden MA., pp. 343-362.         [ Links ]

Beltran, Julio (2010), "El problema de la confianza: fuentes económicas y psicológicas de la moral", ponencia presentada en el XV Congreso Internacional de Filosofía, Asociación Filosófica de México, 25-29 de enero, ciudad de México, Memorias.         [ Links ]

Beugelsdijk, Sjoerd y Ton Van Schaik (2001), "Social capital and regional economic growth", Discussion paper No. 2001-102, Center for Economic Research, Tilburg University, Tilburg.         [ Links ]

Costa e Silva, Susana, Frank Bradley, Carlos M. P. Sousa (2012), "Empirical test of the trust-performance link in an international alliances context", International Business Review, 21 (2), European International Business Academy, Amsterdam, pp. 293-306.         [ Links ]

Dasgupta, Partha (2000), "Trust as a commodity", en Diego Gambetta (ed.), Trust: making and breaking cooperative relations, Departamento de Sociología, Oxford University, Oxford, pp. 49-72, http://www.nuffield.ox.ac.uk/users/gambetta/Trust_making%20and%20breaking%20cooperative%20relations.pdf, 14 de julio de 2014.         [ Links ]

Dasgupta, Partha (2003), "Social capital and economic performance: analytics", en Elionor Ostrom y Toh-Kyeong Ahn (eds.), Foundations of social capital, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, pp. 309-339.         [ Links ]

Durlauf, Stephen y Marcel Fafchamps (2005), "Social capital", en Philippe Aghion y Steven Durlauf (eds.), Handbook of Economic Growth, Elsevier, Amsterdam, pp. 1639-1699.         [ Links ]

Fehr, Ernst, Urs Fischbacher, Bernhard von Rosenbladt, Jürgen Schupp y Gert Wagner (2003), "A nation-wide laboratory: examining trust and trustworthiness by integrating behavioral experiments into representative surveys", IEW working paper No. 141, Institute for Empirical Research in Economics, Universidad de Zurich, Zurich.         [ Links ]

Fehr, Ernst, Urs Fischbacher y Michael Kosfeld (2005), "Neuronomic fundation of trust and social preferences", Discussion paper No. 5127, Centre for Economic Policy Research, Washington.         [ Links ]

Fukuyama, Francis (1995), Trust: the social virtues and the creation of prosperity, The Free Press, New York.         [ Links ]

Gambetta, Diego (2000), Trust: making and breaking cooperative relations, Departamento de Sociología, Oxford University, Oxford, http://www.nuffield.ox.ac.uk/users/gambetta/Trust_making%20and%20breaking%20cooperative%20relations.pdf, 14 de julio de 2014.         [ Links ]

Glaeser, Edward, David Laibson, José Scheinkman y Christine Soutter (2000), "Measuring trust", The Quarterly Journal of Economics, 115 (3), Harvard University, Cambridge, pp. 811-846.         [ Links ]

Green, William H. (2011), Econometric Analysis, 7th Edition, Prentice Hall, Bergen Country.         [ Links ]

Gutiérrez, Nicolás L., Ray Hilborn y Omar Defeo (2011), "Leadership, social capital and incentives promote successful fisheries", Nature Publishing Group, 470, London, pp. 386-389.         [ Links ]

Helliwell, John y Robert Putnam (1999), "Economic growth and social capital in Italy", en Partha Dasgupta e Ismail Serageldin (eds.), Social capital: a multi-faceted perspective, World Bank, Washington, pp. 253-268.         [ Links ]

Helliwell, John y Shun Wang (2011), "Trust and wellbeing", International Journal of Wellbeing, 1 (1), Victoria University of Welligton-Hamilton-Open Polytechic, New Zeland, pp. 42-78.         [ Links ]

Keefer, Philip y Stephen Knack (1997), "Does social capital have an economic payoff? A cross-country investigation", The Quarterly Journal of Economics, 112 (4), Harvard University, Cambridge, pp. 1252-1288.         [ Links ]

Knack, Stephen y Paul Zak (2003), "Building trust: public policy, interpersonal trust, and economic development", Supreme Court Economic Review, 10, The University of Chicago Press, Chicago, pp. 91-107.         [ Links ]

Krueger, Frank, Kevin McCabe, Jorge Moll, Nikolaus Kriegeskorte, Roland Zahn, Maren Strenziok, Armin Heinecke y Jordan Grafman (2007), "Neural correlates of trust", Proceedings of the National Academy of Sciences, 104 (50), United States National Academy of Sciences, Washington, pp. 20084-20089.         [ Links ]

La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer y Robert Vishny (1997), "Trust in large organizations", American Economic Review, 87 (2), Nashville, Tennessee, pp. 333-338.         [ Links ]

Misra, Kaustav, Paul M. Grimes y Kevin E. Rogers (2013), "The effects of community social capital on school performance: a spatial approach", The Journal of Socio-Economics, 42, Econ Papers, Beer-Sheva, pp. 106-111.         [ Links ]

Paldam, Martin (2000), "Social capital: one or many? Definition and measurement", Journal of Economic Surveys, 14 (5), Wiley Online Library, Christchurch, pp. 629-653.         [ Links ]

Putnam, Robert, Robert Leonardi y Raffaella Nanetti (1993), Making democracy work: civic traditions in modern Italy, Princeton University Press, Princeton.         [ Links ]

Putnam, Robert (2000), Bowling alone, Simon and Schuster, New York.         [ Links ]

Scheaffer, Richard, William Mendenhall y Lyman Ott (2007), Elementos de muestreo, International Thompson Editores, Madrid.         [ Links ]

Schumpeter, Joseph (1934), The theory of economic development: an inquiry in to profits, capital, credit, interest and business cycle, Harvard Economic Studies, traducido por Redverse Opies, vol. 46, Cambridge.         [ Links ]

Sedesol (2006), Encuesta Nacional sobre Capital Social en el Medio Urbano, Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Nacional de Salud Pública y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, México, http://bdsocial.inmujeres.gob.mx/index.php/ligasdeinteres2?id=13:encuesta-nacional-sobre-capital-social-en-el-medio-urbano-encsmu-20065&catid=1, 14 de junio de 2014.         [ Links ]

Williamson, Oliver (1975), Markets and hierarchies: analysis of antitrust implications, Free Press, New York.         [ Links ]

Zak, Paul (2007), "The neuroeconomics of trust", en Roger Frantz (ed.), Renaissance in Behavioral Economics, Routledge, London, pp. 17-33.         [ Links ]

 

Notas

¹ Un mundo así lo imagino Hobbes, quien alertaba sobre los peligros de que la racionalidad de los hombres impidieran la cooperación mutua, Beltran (2010).

² Para nuestro conocimiento, Paldam (2000) es quien hace la analogía del capital social como pegamento por primera vez.

³ Por contrato completo nos referimos a un convenio que cumpla con los siguientes requisitos: (1) que anticipe todas las contingencias posibles; (2) que establezca las rutas de acción óptimas en caso de que ocurran tales contingencias (3) que pueda expresarse por escrito exactamente; (4) que no pueda ser renegociado y siempre las partes honren los acuerdos. Este concepto acuñado por Williamson (1975) es sólo un referente teórico que seguramente es difícil de reproducir en la cotidianidad debido a nuestra racionalidad limitada.

⁴ La región norte incluye los estados colindantes con el sur de Estados Unidos más Baja California Sur y Sinaloa. La región centro comprende el Distrito Federal y todos los estados colindantes con él además de Querétaro e Hidalgo; mientras que la región centro-occidente los estados de Nayarit a Michoacán en el Pacífico además de Durango, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí. Finalmente, la región sur-sureste integrada por los estados de Veracruz a Quintana Roo en el Golfo y la Península de Yucatán y de Guerrero a Chiapas en el sur del país.

⁵ El método para el levantamiento de la encuesta fue por muestreo estratificado, de conglomerados y polietápico.

⁶ Más adelante se elabora sobre la construcción de estas dos mediciones de confianza.

⁷ No obstante, conviene advertir de efectos negativos de la conformación de grupos muy cohesionados. Keefer y Knack (1997) sugieren que las membresías en grupos no afectan significativamente la confianza y las normas civiles, lo que hace especular a los autores sobre la superposición de los intereses de grupo sobre los de la sociedad. Es decir, la cohesión de un grupo en particular puede generar externalidades negativas para el resto de la sociedad, por ejemplo cuando el grupo adquiere poder y éste es usado para lograr privilegios o erigir barreras de entrada al resto de la sociedad.

⁸ La World Values Survey es una encuesta coordinada por la World Values Survey Association que se explora los valores y creencias de las personas y se levanta a nivel mundial en más de 50 países desde 1981.

⁹ Algunos de los autores que utilizan esta medida son Alesina y la Ferrara (2002), Keefer y Knack (1997), La Porta et al. (1997), Glaeser et al. (2000), Beugelsdijk, y Schaik (2001), tanto en versiones de dos o tres niveles cualitativos de confianza.

¹⁰ De hecho Fukuyama (1995) propone que cuando los individuos no tienen confianza en los miembros de la sociedad tienden a refugiarse en la familia, razón por la cual en las sociedades con bajos niveles de confianza prevalecen las empresas familiares y los mercados accionarios tienden a ser muy delgados. Es decir, la confianza en el círculo íntimo puede correr en sentido inverso a la confianza depositada en la sociedad.

¹¹ El valor del coeficiente fluctúa entre 0 y 1, siendo el valor unitario evidencia de consistencia interna de los indicadores en la escala evaluada. En general, la interpretación del índice es la siguiente: se tiene consistencia débil si está entre 0.6 y 0.7, consistencia aceptable si está entre 0.7 y 0.8, un nivel de consistencia bueno si está entre 0.8 y 0.9 y un nivel de consistencia excelente para valores mayores al 0.9.

¹² El análisis de componentes principales permite sintetizar, por medio de una combinación lineal de cuyos ponderadores surgen precisamente los componentes, la información contenida en los datos, de forma tal que posibilita la reducción de la dimensión o número de variables sujeto a perder el mínimo de información posible.

¹³ La regla óptima de selección de estratos (Scheaffer et al. (2007), asigna un punto de corte entre los valores de 5 y 6 para confianza baja, escogimos el valor de 5 para que fuese compatible con la referencia que tiene la población de que calificaciones entre 0 y 5 son reprobatorias y en consecuencia bajas.

¹⁴ Finalmente, es claro que pasar del estudio de un par de indicadores de confianza a uno más comprensivo de capital social exige una medición multivariada y comprensiva del fenómeno. Un punto de partida es rehacer el presente ejercicio en el contexto de variables continuas o al menos multinomiales de confianza, en comparación a la sencilla medición de tres niveles que utilizamos en este trabajo. Una extensión del presente artículo que utiliza, además de la confianza, la participación en organizaciones sociales como indicador del nivel de capital social de la población puede ser encontrado en Aguayo et. al. (2014).

¹⁵ Para modelar casos donde la variable dependiente es un grupo de dos o más posibilidades discretas, mutuamente excluyentes y ordenadas, como por ejemplo estar muy de acuerdo, poco de acuerdo o en desacuerdo con una afirmación, el modelo Probit Ordenado es una especificación estadística apropiada porque, a diferencia del modelo Probit Binario, considera simultáneamente más de una opción o posibilidad de acción, a diferencia del modelo Probit Multinomial, toma en cuenta la naturaleza ordinal de la variable dependiente, y a diferencia de los modelos lineales como MCO que consideran la diferencia entre las respuestas 1 y 2 igual a la diferencia entre las respuestas 2 y 3, el model Probit Ordenado considera que los valores de la variable dependiente tienen propiedades ordinales mas no cardinales (Amemiya, 1981 y Green, 2011).

¹⁶ En estudios como el presente, en donde se utilizan datos obtenidos de encuestas para encontrar correlaciones o relaciones de causalidad, es común encontrar patrones de simultaneidad o de sesgo de autoselección entre las variables. Una forma de controlar por esta simultaneidad o sesgo de autoselección es estimar usando variables instrumentales. La base de datos que utilizamos carece de variables que puedan utilizarse en este sentido, por lo que sería conveniente ampliar futuras encuestas en esta dirección.

¹⁷ Adicionalmente a estas dos medidas se estimaron los modelos también con confianza en dos niveles para la pregunta sobre si es posible confiar en la mayoría de la gente y con el promedio de los scores, no los grupos, para la segunda medida. Los resultados, en general, son consistentes con los que se reportan en este artículo por lo que no se incluyeron. Naturalmente, están a disposición de los lectores interesados solicitándolos a los autores.

¹⁸ Este valor se encuentra sumando los coeficientes de la variable "Capital social en entorno" de las columnas medio y alto en la tabla 4 (0.0617 + 0.1058 = 0.1675).