Teoría y Debate

 

Cinco tesis histórico-políticas de Efraín González Luna: inhibición política; régimen; representación; ciudadanía; nación

 

Five historical-political theses of Efraín González Luna: political inhibition; regime; representation; citizenship; nation

 

Antonio López Mijares*

 

* Profesor titular del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Coordinador de la Unidad Académica Básica Estudios Internacionales. alopezm@iteso.mx.

 

Fecha de recepción: 05 de febrero de 2010
Fecha de aceptación: 12 de marzo 2010

 

Resumen

El autor interpreta el pensamiento de Efraín González Luna mediante el análisis de sus planteamientos sobre inhibición política, régimen político, representación, ciudadanía y nación. Dichos planteamientos incorporan elementos descriptivos y prescriptivos en una explicación coherente de la historia de México, mediante el recurso a las polaridades o antinomias entre los temas "positivos" de su reflexión, como son la representación, la identidad entre nación y Estado, el ejercicio legítimo de la autoridad, y los de signo negativo: estabilidad sin ciudadanía, faccionalismo.

Palabras clave: antinomia ("entre realidad social y molde oficial"); tesis histórico-políticas; oposición Estado-nación; principios unificadores y democracia; inhibición política, clave de nuestra historia.

 

Abstract

The author interprets Efraín González Luna's thought by means of the analysis of his statements on political inhibition, political regime, representation, citizenship and nation. These statements incorporate descriptive and prescriptive elements in a coherent explanation of the history of Mexico, by appealing to the polarities or antinomies between "the positive" subjects of his reflection, such as representation, identity between nation and state, the legitimate exercise of authority, and those of negative sign: stability without citizenship, factionalism.

Key words: antinomy ("between social reality and official mold"); historical-political theses; State-nation opposition; unifying principles and democracy; political inhibition, key of our history.

 

Introducción

Efraín González Luna (EGL) fue un abogado, intelectual, ideólogo y dirigente que reflexionó sobre la política y se involucró en ella desde varios puntos de mira: a) sus convicciones católicas y democráticas; b) su conocimiento de las ideas políticas clásicas y modernas; c) su interpretación histórica, política y cultural de la historia de México y del llamado mundo occidental; d) la experiencia adquirida como ideólogo, dirigente y militante de Acción Nacional y e) su condición de opositor sistemático de un régimen político y de los partidos de gobierno.

Como intelectual político tuvo una serie de intuiciones acerca de los límites de la modernización promovida por el régimen que gobernó México durante buena parte del siglo XX, y acerca del valor de la democracia representativa, a la que entendió como una manifestación de "normalidad política". El hombre de partido —fundador y dirigente de Acción Nacional— participó activamente en los debates internos y asumió posiciones específicas en circunstancias significativas para el PAN, entre otras las sucesivas elecciones presidenciales de 1940, 1946 y 1952. Las posturas de EGL en torno a la conveniencia —o no conveniencia— de participar en las elecciones, merecen atención por su realismo, vistas con la perspectiva necesaria, en el sentido de un conocimiento profundo de la correlación de fuerzas existente, y de los objetivos políticos de largo plazo planteados en su ideario y el del partido, y cuyo propósito puede sintetizarse como el tránsito de un "Estado de facción" a un "Estado nacional".

Acercarse a su obra hoy en día contribuye a ahondar nuestro conocimiento sobre una mentalidad y una actitud moldeadas por los conflictos, las creencias y los dilemas propios de una coordenada histórica irrepetible; sobre un individuo que, sin abandonar los fundamentos filosófico-morales que articulaban su reflexión y hacían reconocible para ciertas audiencias su presencia como intelectual político, tuvo el mérito de entender las novedosas circunstancias impuestas por un régimen político que, en sus distintas etapas, de 1920 a 1994, mantuvo un propósito definido de reorganización política, cultural y económica de la sociedad mexicana.

Para González Luna el principio constitutivo de la política radica en la confrontación entre dos principios radicalmente antitéticos, los representados por la nación y por la facción (EGL, 1955: 167-174). De ahí que esta obra ponga de manifiesto, desde sus fundamentos filosófico-morales, que la política no puede ser "resuelta" mediante técnicas o procedimientos, pues los conflictos y los acuerdos entre actores políticos involucran decisiones configuradas por maneras específicas de valorar y entender los intereses propios, es decir una determinada cultura política.

 

Su contexto

La vida de Efraín González Luna (1898-1964) toma forma, en el sentido de una biografía pública, al entrelazarse con un extenso arco de sucesos; entre los de mayor significación: la aparición del catolicismo social como una referencia político-religiosa importante para la Iglesia católica y la sociedad mexicana a lo largo del siglo XX (Blancarte, 1993, 1996; Ceballos, 1991); la reivindicación democrática del movimiento maderista; el fugaz protagonismo del Partido Católico Nacional; el triunfo de diversos movimientos conocidos como "Revolución mexicana"; la promulgación de la Constitución que instaura y consagra un nuevo orden jurídico-político, orden en el que buena parte de los católicos mexicanos no se sienten representados; la consolidación del régimen y su paulatino tránsito por diversas etapas, desde el anticlericalismo callista y el impulso reformista de Cárdenas a las sucesivas presidencias que definieron y condujeron el largo periodo de estabilidad política, acompañado de modernización productiva entre 1940 y 1970 (Meyer, 1981: 1352-1355). En este panorama de cambios profundos y respuestas de adaptación o confrontación, de resistencia o asimilación, González Luna fue perfilando una imagen y una personalidad públicas, gestando un acervo de conocimientos, de interpretaciones y respuestas relacionados con su medio, al tiempo que contribuía, de diversos modos, a entender y configurar la sociedad de su tiempo.

Participó como crítico de los fundamentos jurídico-políticos del "sistema" —que inició su proceso de institucionalización con el Partido Nacional Revolucionario, fundado en 1929 (Meyer, 1981: 1193-1197)— a través de ensayos y reflexiones donde plantea una crítica integral de los "resultados" de la revolución mexicana (EGL, 1955: 184-190; obras 3, 1974: 73-89; obras 7, 1976: 67, 59-61, 99-109; 1988: 190). Fue mayor su visibilidad, como ideólogo y dirigente político con proyección tanto nacional como estatal; en este último nivel, fue protagonista en el tránsito hacia la estabilidad que impulsó el gobernador Jesús González Gallo durante su mandato (1946-1952), periodo en el que la vida pública jalisciense entró en un periodo de "normalización política", con el procesamiento de acuerdos, en el marco de instituciones formales e informales, entre sectores políticos, económicos y sociales hasta entonces divididos tanto por las querellas entre la Iglesia católica y el Estado, como por los pleitos entre facciones del régimen (Sánchez Susarrey y Medina, 1987; González y Alba, 1989; Historia de Jalisco, vol. IV, 1982). También destacó por ser uno de los interlocutores y protagonistas centrales de su partido a nivel nacional, como señalan dos estudiosos de Acción Nacional, Loaeza y Arriola, quienes apuntan que dicho partido estuvo regido desde su fundación por un doble liderazgo, el de Manuel Gómez Morin y el del propio González Luna (Loaeza, 1999: 156-165) (Arriola en Loaeza, 1999: 156).

González Luna, opositor de ese régimen en su condición de intelectual, político y católico, trabajó activamente en el ámbito privado, como abogado y consultor de algunas de las instituciones más representativas e influyentes de su ciudad y estado; desempeñó un papel públicamente reconocido como jurisconsulto, asesor de grupos económicos (Vázquez en Escobar, 2004: 114-115), católico cultivado y hombre de argumentos. Contribuyó con su saber jurídico y político a consolidar espacios de negociación y acercamiento entre liderazgos eclesiásticos y seculares, públicos y privados, a estabilizar procedimientos de acuerdo político y social. Perteneció por derecho propio a los altos círculos sociales de Guadalajara (Escobar, 2004: 17, 123).

En este periodo, de manera aproximada entre 1930 y principios de los años sesenta, González Luna tuvo protagonismo intelectual, político, profesional. Pasó de ser una brillante y destacada personalidad como activista, intelectual y defensor de posiciones cercanas a la Iglesia católica, a ser un político reconocido, que a partir de su aportación a los planteamientos y trabajos que darían lugar a la fundación de Acción Nacional en septiembre de 1939, encontraría reconocimiento como intelectual y "maestro" por sus dotes en la expresión de ideas (Calderón, 1967: 30-32) y también como un político con gravitación e influencia en la doctrina y en las decisiones del partido (Arriola, 1994: 9, 21; Loaeza, 1999: 155-162; Martínez, 2000: 15).

 

El régimen y la oposición política

El régimen político dominante en el curso de la trayectoria pública de Efraín González Luna centró sus acciones de control y negociación en las versiones sucesivas del partido oficial: Partido Nacional Revolucionario (1929), Partido de la Revolución Mexicana (1938), Partido Revolucionario Institucional (1946). El Presidente de la República, eje del funcionamiento político de la coalición gobernante, dispuso así de un partido organizado sectorialmente, para llevar a cabo sus estrategias políticas. La consiguiente monopolización de los conflictos y de las demandas sociales y políticas por el partido oficial planteó, para los opositores externos e internos del régimen, una evidencia: la vida política del país transcurría alrededor del eje presidencia-partido, y este dato de la realidad implicaba, en su aceptación o rechazo, estar o no en el juego político. Entre 1934 y 1970 no hubo una fuerza política externa al régimen político que supusiera, por su capacidad de movilización o sus recursos, un reto significativo para las diferentes fuerzas organizadas en torno al presidente y al partido oficial, desde donde se controlaban los resortes políticos del país; los retos de mayor riesgo provinieron de inconformidades expresadas en desgajamientos de miembros de la "familia revolucionaria" (Meyer, 1978: 105; 1981: 1234-1236, 1298-1299; 2003: 21).

Por su parte la oposición que no provenía de desgajamientos del tronco revolucionario o bien que postulaba proyectos e ideologías antagónicas al ideario de la Revolución mexicana tuvo un débil protagonismo. Esta oposición externa fue representada por partidos con reconocimiento oficial como el Partido de Acción Nacional (fundado en 1939) y el Partido Popular (fundado en 1948), y por formaciones políticas sin ese reconocimiento, como el Partido Comunista Mexicano y el Partido Fuerza Popular (sinarquista); ninguna de estas organizaciones fue considerada en términos organizativos, ideológicos y de disponibilidad de recursos humanos y materiales capaz de confrontar al régimen vigente, como muestra su relativo carácter secundario en el momento de los conflictos que suscitaron en 1940 y 1952 las candidaturas de los generales Almazán y Henríquez Guzmán (Meyer, 1981: 1311). La institucionalización de los procesos políticos fue creando los espacios necesarios para encuadrar a la oposición política en un ámbito funcional a los intereses del régimen, proceso que Medin denomina "institucionalización de la oposición política" (Medin, 1990: 67-68). Esta oposición política ha sido entendida como una oposición "leal" y en buena medida funcional al régimen político, dado que contribuía con su presencia electoral y sus expresiones de disentimiento a salvaguardar apariencias de pluralismo (Meyer, 1981: 1197, 1328).

El Partido Acción Nacional ha sido calificado como un partido opositor "leal" y que, a fin de cuentas, contribuyó con sus maneras de hacer oposición a consolidar las apariencias democráticas del régimen vigente entre 1940 y el año 2000. Las interpretaciones sobre su lugar ideológico-político y sus contribuciones a la consolidación del sistema de partidos o a la democracia representativa en México son variadas, si bien predominan las que subrayan su cercanía con el clero, los sectores sociales conservadores y la clase empresarial (Wilkie, 353-354; Cosío, 2002: 59-61), Mabry ve al PAN inicial como una coalición de católicos, universitarios y empresarios unidos por su animadversión común al régimen de Cárdenas (Mabry en Nuncio, 1986: 31-33). Loaeza, por su parte, señala la complejidad y variedad de las fuentes intelectuales e ideológicas del partido, y lo define como una corriente regeneracionista vinculada a la Revolución mexicana por su impulso intelectual y político de renovación y reconstrucción nacionales (Loaeza, 1999: 105-107). Otros estudiosos han entendido al PAN como un proyecto cívico-político democrático (Von Sauer en Valdez Zepeda, 1999: 31). Para algunos historiadores el PAN aparece como respuesta a las consecuencias del cardenismo y a las condiciones en que se desarrolló el tortuoso proceso de sucesión presidencial entre 1939 y 1940. Luis Medina lo ubica en un "segundo escalón" en las filas de la oposición, haciéndole compañía a organismos coyunturales y efímeros, al servicio de personajes revolucionarios pertenecientes a corrientes desplazadas del poder, o adversas al proyecto cardenista (Medina, 1978: 101-103); también se ha señalado que el PAN fue el partido opositor más importante del periodo, orientado a la educación política de los ciudadanos (Meyer, 1981: 1298-1230; 2003: 21).

Acción Nacional tuvo que adaptarse a los cambios habidos en el periodo de 1940 a 1952, con la definitiva consolidación de un modus vivendi entre la Iglesia católica y el Estado, la incorporación de los universitarios y de los empresarios al régimen de "unidad nacional" (Loaeza, 1999: 195-202; Meyer, 1981: 1298-1335). Estos hechos afectaron de diversas maneras al partido, que tuvo que ensayar nuevas respuestas a las circunstancias impuestas por la apertura a sectores sociales anteriormente desafectos al régimen —empresarios, profesionistas, clases medias— que habían constituido una parte sustantiva de la clientela política del PAN, por lo que éste perdió capacidad de cooptación y empezó a quedar aislado (Loaeza, 1999: 239; Arriola, 1994: 27).

Sin embargo, aun en el periodo calificado como de "confesionalización" o "hegemonía católica", entre 1949 y 1962, el PAN no dejó de plantear cuestiones relacionadas con las garantías electorales, la educación política de los ciudadanos, y en general con la reivindicación del esquema representativo como solución para los males políticos del país; así lo muestran las intervenciones públicas de González Luna en el curso de su campaña a la Presidencia de la República, de noviembre de 1951 a junio de 1952, claramente orientadas a la denuncia del carácter antidemocrático del régimen y a la reivindicación de una ciudadanía activa (EGL, 1998: I y II).

En general se ha reconocido en el Partido Acción Nacional una especificidad democrática, pedagógica y civilista que le otorgaba un perfil distintivo respecto del resto de los organismos y formaciones políticas, tanto registradas (PAN, Partido Popular, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana) como extra parlamentarias (Partido Comunista Mexicano; Partido Fuerza Popular, sinarquista). Se juzgó su actividad como predominantemente educativa, orientada a crear un clima propicio —sobre todo a través de la participación electoral— tanto para la concientización de los ciudadanos sobre sus deberes cívicos como para poner en evidencia las contradicciones entre las instituciones formales y las prácticas políticas del régimen (Valdez, 1999: 19-20; Martínez, 2000: 35). También fue entendido por el principal entre sus fundadores como un organismo responsable de la "vigilancia y la fiscalización de la acción del Estado y de sus agentes" (Gómez Morin en Loaeza, 1999: 151, 199).

Visto en una perspectiva de varias décadas, puede afirmarse que Acción Nacional sostuvo con mayor o menor nivel de precisión ideológica, con más o menos capacidad de difusión de sus ideas y programas, que la salida a los males políticos de México empezaba por la vigencia efectiva del sufragio y por el reconocimiento de la pluralidad política del país. En conjunto, los documentos doctrinales y los diagnósticos de dicho partido revelan una concreción crecientemente elaborada y compleja, desde los pronunciamientos genéricos promulgados en 1939, hasta los compromisos explícitos, en el nivel de los programas, con el pluralismo político, con el sistema de partidos y con la democracia representativa. El diagnóstico para los años 1970-1976 (Partido Acción Nacional... 1973: 48-49) utiliza el término "transición", que a partir de los años ochenta será recurrente en los análisis sobre la situación política del país, para plantear el tránsito de un régimen autoritario, con elecciones periódicas, a una democracia normalizada, que funcione a partir de un sistema competitivo de partidos.

Acción Nacional ha mostrado en distintos periodos y bajo diversas condiciones políticas externas e internas, ser un partido de lineamientos democráticos, en el sentido en que ha postulado doctrinal y programáticamente una concepción específica de la democracia, la representativa, con sus posibilidades y sus límites, como elemento constitutivo de su acción política. El partido se asumió e interpretó en sus orígenes como genéricamente democrático, si bien tradicionalista en los aspectos educativo y cultural; en el curso de su trayectoria iría profundizando sus reivindicaciones democráticas, siempre en el ámbito de la representación, tanto en cuestiones doctrinales, con las "proyecciones" de los principios de doctrina, redactadas en 1965, en las que se reflexionaban los principios considerando las nuevas circunstancias nacionales e internacionales, como en los sucesivos diagnósticos, denominados "plataformas", redactados tomando en consideración cada ciclo político sexenal, y en los que se subrayaba que la crisis política permanente, considerada inherente al régimen político autoritario, tenía una solución: partidos de signo diverso, participación política de los ciudadanos, sufragio efectivo, representación auténtica (Conchello et al., 1975; Partido Acción Nacional..1973; Calderón, 1967: 262-264).

 

Sobre su pensamiento político

González Luna interpretó los fenómenos, los conflictos y los dilemas públicos de su tiempo y contexto —en definitiva los que suscitaba la vasta acción reorganizadora del régimen político imperante en México a lo largo del siglo XX— de acuerdo con un conjunto de principios ético-políticos cuyo fin es el de orientar las modalidades de relación y organización humanas (EGL, 1955: 110, 162-163; Aguilar, 1999: 39-64). En esta perspectiva, la política se entiende como ejercicio de los medios necesarios —incluido el acatamiento de la autoridad legítima, la que es elegida a través del mecanismo representativo— para realizar el bien común, y con éste, la armonización entre los fines de la persona y de la sociedad (EGL, 1955: 112-115, 140-147, 169-171). Dicho pensamiento se caracteriza también por su esencialismo, ya que se organiza en un articulado sistema de correspondencias entre categorías y temas, a partir tanto de una lógica rigurosa, de carácter deductivo, en la relación entre conceptos, como de una fundamentación en verdades suprahistóricas (EGL, 1955: 112-115; Alonso, 2003: 506).

 

Representación, realidad social, bien común

La reflexión de González Luna tiene como referencia central tres aspectos de la dimensión política del hombre: la representación, fundamento de la "normalidad política"; la identidad de la política y de las instituciones con la realidad social; el cumplimiento del bien común a través del ejercicio legítimo de la autoridad (EGL, 1955: 52-63, 193-199, 279299; 1962: 9-33; 1965: 22, 39-40; 1988: 67). Representación, realidad social y bien común son los ejes que estructuran su pensamiento en un sistema coherente de relaciones entre moral y política, entre perspectiva histórica y visión trascendente del hombre, entre deber del ciudadano y organización eficaz de la sociedad. En cada uno de estos ejes conviven, sin desplazarse y sin combinarse del todo, una vertiente prescriptiva, por la que se determinan la orientación y la finalidad a las que se ciñen o deben ceñirse los hechos políticos, sociales, humanos, históricos, y otra descriptiva, en la que el autor describe y analiza los hechos habitualmente desde una perspectiva histórica y política, remitiéndose a la propia lógica de los acontecimientos que interpreta, sin renunciar a un "punto de vista" (asociado en buena medida a la reivindicación de la democracia y el ejercicio de la ciudadanía). Alonso encuentra que el pensamiento de González Luna integra los aspectos normativo, interpretativo y educativo en el tránsito del discurso teórico al discurso práctico (Alonso, 2003: 509-510).

Católico consecuente en lo doctrinal, adversario de los "fundamentos autónomos del derecho y de la justicia", ya que "no puede encontrarse fundamentación válida de la justicia sino en un poder sobrehumano" (EGL, 1955: 275), también fue un crítico lúcido del progreso "instrumental" en que se había transformado, desde su perspectiva ético-política, el sistema político mexicano en el apogeo desarrollista de los años cincuenta y sesenta (EGL, 1965: 9-10). Las observaciones acerca de la naturaleza antidemocrática del régimen, que implicaban una valoración positiva de la ciudadanía y de la participación política como condiciones para una sociedad justa, tenían que ver también, en su visión crítica, con un horizonte de finalidades acordes con la naturaleza humana, con deberes y responsabilidades del "hombre político" estipulados para el cumplimiento de un orden social y político centrado en la persona (EGL, 1955: 110, 162-163; 1971: 9-10).

 

Cinco tesis histórico-políticas

A lo largo de su trayectoria como intelectual y político, González Luna plantea y desarrolla de manera recurrente determinados temas, en los que se pone de manifiesto la ya aludida relación entre lo descriptivo y lo prescriptivo. He elegido cinco de estos temas para su análisis, por considerarlos altamente representativos de sus preocupaciones de índole política, filosófica y cultural. Estos son: a) Inhibición política (que a partir de un momento determinado será inhibición política de los católicos); b) régimen político; c) representación política; d) ciudadanía; e) nación.

Por medio de estos temas, planteados como tesis histórico-políticas, González Luna despliega su conocimiento sobre las realidades políticas que le correspondió vivir, conocimiento que incorpora convicciones y argumentos, observaciones empíricas y planteamientos doctrinales. En estas tesis, a) los conceptos abstractos pasan a ser análisis sobre realidades políticas existentes; b) se resuelve la división entre lo deseable y lo posible, entre la convicción y el entendimiento, al integrarse la experiencia del intelectual, del dirigente político, del católico, para estructurar ámbitos temáticos y lecturas interpretativas que expresan tanto la escala de valores como los resultados del análisis histórico-político; c) se pone de manifiesto un rasgo característico de su pensamiento, la recurrencia a la polaridad como eje organizador de su actividad interpretativa.¹ En este aspecto, la división de los fenómenos sociales y políticos en polaridades, tan recurrente en los planteamientos de González Luna ha sido denominada por éste principalmente como "oposición, "antinomia", "dicotomía", "discrepancia".

Las cinco tesis aparecen en diversos momentos de la trayectoria política de González Luna; han sido desarrolladas con distinto grado de profundidad teórica, casi siempre, en principio, como interpretaciones y respuestas sobre las exigencias y condicionamientos políticos del momento. Combinan en distinta medida prescripción y descripción, doctrina y observación; ejemplo de predominio prescriptivo es el desarrollo del tema de la identidad nacional, que González Luna centra en una pertenencia colectiva determinada por lenguaje y religión; y descriptivo, el de la inhibición política, que si bien utiliza elementos doctrinales como referencias a las obligaciones políticas del ciudadano, enfatiza el análisis de las consecuencias de dicha inhibición para el funcionamiento concreto de las instituciones.

Algunas de estas tesis han sido replanteadas, de manera que puede señalarse un antes y un después, como es el caso de la inhibición política; en una primera etapa, hasta 1952, aquella se centra en los ciudadanos, considerados genéricamente, y a partir de entonces, en los católicos y sus responsabilidades ciudadanas.² Otras aparecen en etapas relativamente tardías, como la de la crítica a la estabilidad política promovida por el régimen sobre bases antidemocráticas, en época del llamado "milagro mexicano", entre fines de los años cincuenta y principios de los sesenta (EGL, obras 6, 1975: 143-155). Las cuestiones asociadas al tema de la democracia representativa son permanentes en sus escritos y en sus comparecencias públicas: González Luna se referirá a las condiciones para restaurar la normalidad política mediante el respeto a la decisión ciudadana desde la etapa fundacional del PAN, en el contexto de las divisiones del régimen, hasta los años postreros de su vida (EGL, 1955: 167-242, 191; obras 3, 1974: 77-80; obras 6, 1975: 17-20; obras 7, 1976: 97-111; 1962: 17-31; 1988: 9-10, 56, 63).

 

Función de la antinomia

La antinomia³ aparece por primera vez en un escrito de 1930,⁴ en el que González Luna se refiere a la "antinomia mortal entre el hombre y sus actos" (EGL, obras 7, 1976: 75) para elogiar por contraste la coherencia entre los actos y la conciencia. Este uso de antinomia para manifestar la contradicción entre preceptos o principios ocupa un sitio importante en la reflexión histórica, política y moral de González Luna, ya sea de manera implícita, como "radical discrepancia entre la vida pública y la fábula legal, por una parte, y el ser auténtico, la conducta y la voluntad de la Nación, por otra" (EGL, 1955: 52), o explícitamente, como "antinomia entre una realidad social que se afirma incesantemente y un molde oficial que la repudia y en el que es metida por la fuerza" (EGL, 1988: 46), o bien como una "dicotomía que escinde y opone la Nación y el Estado" (EGL, obras 6, 1975: 89). La antinomia pone en juego relaciones de complementariedad y oposición entre los temas recurrentes en la reflexión política de González Luna, organizando los temas "positivos" —representación libre, identidad entre Nación y Estado, gestión del bien común mediante el ejercicio legítimo de la autoridad— en contraposición con los de signo negativo: estabilidad sin ciudadanía, faccionalismo. ¿Qué factor hace posible estas relaciones de oposición? La obra de González Luna lo explica: la inhibición política de los ciudadanos, y especialmente la de los católicos que toleran la conculcación de sus derechos, sostiene la "dominación facciosa" y propicia la brecha entre el régimen político y la verdad cultural y social del país, hace posible una estabilidad política ilusoria, sin derecho de representación (EGL, 1955: 38-65, 271-283; 1962: 17, 29, 31; 1965: 23-25; obras 6, 1975: 13, 16-17; 1988: 9-10, 21, 56, 63, 67).

Otros estudiosos se han referido a la antinomia en un sentido algo distinto; Jorge Alonso ubica las antinomias en un marco biográfico amplio, refiriéndolas específicamente a las exigencias divergentes de los mundos profesional y político de González Luna, y a ciertas actitudes contradictorias de éste respecto de su filiación democrática, como la simpatía por regímenes autoritarios, con el integrismo filosófico-religioso de Charles Maurras, o su hostilidad al pluralismo religioso y la incomprensión hacia el problema indígena (Alonso, 2003: 485-490).

 

Análisis de las tesis

Las tesis histórico-políticas de González Luna reúnen elementos descriptivos y prescriptivos en una explicación coherente de la historia de México; dicha explicación está asociada a dos criterios de naturaleza diversa: el reconocimiento, por una parte, de una identidad a la vez política, religiosa y cultural que constituiría la esencia de la nación mexicana; y por otra la descripción analítica de un fenómeno, la inhibición política, que a su entender determina en un sentido negativo, ya desde el periodo colonial, la índole de las relaciones entre el Estado y la sociedad mexicana, puesto que ha tenido como consecuencia el dominio de ciertas minorías sobre el conjunto de la sociedad mexicana.

 

Inhibición política

La inhibición política aparece de modo todavía tangencial en el ensayo "Revolución y espíritu burgués", escrito en 1930; allí apunta una "característica de la burguesía mexicana [...] que sueña en trabajar en paz sin ocuparse de oír hablar de actividades políticas" (EGL, 7, 1976: 85-111). Como dirigente de Acción Nacional perfila de manera explícita a la "deserción del deber político como raíz de los males de México" (EGL, 1955: 117-132). Los escritos e intervenciones públicas posteriores a las elecciones de 1952 dejan de referirse sólo al faccionalismo y a los incumplimientos cívicos de la ciudadanía para enfocarse en los católicos y su impuesta o voluntaria abstención política, a la que considera "clave de nuestra historia" (EGL, 1955: 167-179, 234-237; obras 7, 1976: 97-111; 1988).

Frente a esta situación, ¿cuáles son las condiciones para una auténtica "vida política normal"? González Luna responde que son la vigencia de los elementos propios de la democracia representativa: régimen de partidos políticos que compiten libremente entre sí, desaparición del partido oficial, registros electorales actualizados y veraces, respeto a la decisión del pueblo en las urnas (EGL 5, 1975: 44). El cumplimiento de tales condiciones, al tiempo de otorgar legitimidad al Estado, pondría de manifiesto la verdad social y cultural de México, asociada a las creencias de la inmensa mayoría de la población, desvaneciéndose así las distorsiones de la vida pública y de la historia nacional (EGL 1, 1974: 25-32).

Así, el núcleo argumental de sus tesis histórico-políticas en torno a nación, régimen, representación y ciudadanía radica en la inhibición política de los mexicanos, ya que la entiende como causa principal de la invertebración de las instituciones, hecho que a su vez hace posible al régimen faccional; como corolario de esta secuencia negativa se da el hecho político fundamental de nuestra historia, la separación entre nación y Estado; y por tanto, la marginación de los católicos de las decisiones políticas, atribuible en parte a su desprecio hacia los asuntos públicos (Primer congreso..1953: 123-135; 1955: 217-218, 169-170, 205-206; 1971: 43-54; obras 3, 1974: 77-80; 1988).

 

Representación

González Luna subraya de manera permanente que la autoridad es conferida mediante la representación, aunque también, esporádicamente, se refiere a elementos propios de la democracia directa, sobre todo el referéndum y la revocación de mandato, como alternativas que los ciudadanos pueden usar cuando el mandatario incumple sus compromisos (EGL, 1955: 52; 1965: 15, 45-46; obras 4, 1975: 159-160). La representación es la fuente de legitimidad de lo que denomina "un orden político auténtico", orden que sólo puede darse, afirma, con la reconciliación entre la sociedad y el Estado mediante ciudadanos que eligen libremente a sus representantes, con lo que se logran la autenticidad política y la acción eficaz del Estado, en la medida en que las instituciones representan la realidad nacional, entendida ésta como "unidad de lenguaje, de conciencia, de destino" (EGL, 1955: 169-172; obras 3, 1974: 86-87). Afirma también que esta legitimidad democrático-representativa no puede ser sustituida por fórmulas que combinan activismo económico y monopolio político, como a su juicio hacía el régimen a fines de los años cincuenta (EGL 6, 1975: 147). Respecto a las relaciones entre democracia y orden social, González Luna argumenta que la representación hace posible la unidad social (un objetivo permanente de su ideario político) gracias al reconocimiento que implica de la dinámica de la sociedad, ya que supone la coexistencia de valores y opciones políticas, religiosas, culturales, económicas en un marco común de valores. Dicho pluralismo exige el marco democrático para la resolución de los conflictos, y también un sistema de convicciones compartidas que constituya el consenso social (EGL, 1962: 11, 16-18). En este sentido la posición de González Luna es, por una parte, claramente democrática, ya que postula que la pluralidad inherente a la dinámica social se resuelve en un orden legítimo por la vía representativa, al expresarse en las instituciones comunes. Por otra parte señala que el consenso social sólo será factible mediante "un principio unificador y coordinador que haga posible la armonía de las libertades, la coincidencia de las inteligencias autónomas y el recto cumplimiento de todos para el cumplimiento del bien común" (EGL, 1962: 19-20). Dicho principio, no definido con claridad en las referencias que ofrece González Luna, puede ser entendido como un acervo de valores propiamente políticos, concretados en reglas que delimitan el conflicto, que establecen las relaciones entre gobernantes y gobernados, que promueven objetivos asociados con la convivencia social en la forma de un "modelo cívico" (Escalante, 1998: 21-53).

Aunque cabe señalar cierta tensión entre la aceptación del pluralismo, por una parte, y la necesidad percibida de valores aglutinadores que hagan posible el orden político y la convivencia entre diferentes, dado que un principio unificador puede entenderse como condición necesaria del orden democrático, al establecer un suelo común de referencias, pero también puede poner en entredicho el pluralismo social, cultural y político de la sociedad al preconizarse o imponerse como versión obligatoria de la "vida buena". Alonso define con claridad el problema al señalar que González Luna entendía el consenso que lleva al bien común "como el resultado del descubrimiento de lo esencial a partir de valores culturales comunes, y no como la construcción de un acuerdo a partir de concepciones diferentes" (Alonso, 2003: 505-506).

La representación, desde el ángulo de visión de González Luna, implica la resolución en un orden político de lo diverso, pero no sólo mediante la coexistencia pacífica de los proyectos e intereses, de las diferentes versiones de "vida buena", como postula la filosofía política liberal (Bárcena, 1997: 108-109), sino a través de un orden social y político que reconoce y se fundamenta en "valores y normas superiores al hombre personal, a la colectividad humana, a la sociedad organizada jurídica y políticamente en Estado, al poder público" (EGL, 1962: 20-21). Así, la democracia que González Luna postula va más allá del principio de tolerancia, pues demanda no sólo los requisitos básicos de la representación (régimen de partidos, sufragio efectivo, neutralidad del Estado frente a las distintas opciones políticas y religiosas), sino de manera especial el reconocimiento por cada hombre de sus responsabilidades, a partir de un conjunto de principios cuya observancia promueve la mutua correspondencia entre bien personal y bien social (EGL, 1962: 17-21).

También reivindica específicamente el vínculo entre democracia y representación, pues considera que la democracia representativa se acerca en mayor medida que otros modelos políticos al ideal de una participación permanente de los ciudadanos en los asuntos públicos; también la defiende por una consideración de orden práctico: la imposibilidad de concretar el gobierno de todos por todos; de ahí que reivindique la modalidad "fiduciaria" o indirecta de la representación (EGL, obras 4, 1975: 159-160). Aunque estos planteamientos en torno a la representación y a la democracia tienen su origen en fuentes explícitamente católicas, puede hablarse de un elemento de coincidencia con determinados elementos de la perspectiva liberal, en la medida en que ésta es una propuesta política que implica equidistancia respecto de regímenes absolutistas y de la democracia directa (Cotta, 2002: 1384-1390); es decir, la representación entendida como la posibilidad de controlar el poder político por quien no puede o quiere ejercer el poder en persona. Si se considera la existencia de tres tipos de representación —fiduciaria o indirecta; representación directa; y representación "espejo" o proporcional (Bobbio, 1989: 35-37; Cotta, 2002: 1384-1390)—, González Luna defendió la delegación de la autoridad por razones funcionales (EGL, 1962: 19-20); sin embargo la modalidad de representación proporcional (también denominada sociológica, o representación "espejo"), parece aproximarse en mayor medida a sus análisis y a sus ideales sobre las maneras de vincular ser auténtico de la nación y mundo oficial, ya que dicha modalidad, al favorecer la presencia de todos los sectores mediante la representación proporcional como alternativa a las modalidades directa e indirecta, coincide con un aspecto importante de la idea de González Luna sobre la representación, el de reconocer e incorporar a la esfera de las decisiones políticas la realidad social (EGL 1965: 8-9).

Los pronunciamientos de González Luna acerca de la representación integran dos elementos distinguibles y a la vez complementarios, asociados a sendas finalidades: una finalidad política y otra de autentificación. Con la primera González Luna preconizaba un cambio político que permitiera la sustitución del régimen antidemocrático por uno representativo, gracias a la participación activa y pacífica de los ciudadanos, especialmente de los católicos (EGL, 1988: 61-69). En cuanto a la finalidad de autentificación, su referente era un régimen cuyos fundamentos jurídico-políticos parecían negar aquellos valores espirituales y culturales que para González Luna constituían la identidad profunda de la sociedad mexicana. La representación, en este caso, hacía posible que la nación real, a través del ciudadano consciente ejerciera la titularidad del poder político, de tal modo que las instituciones dejaran de ser ajenas a la realidad nacional (EGL, 1955: 51-52).

 

Ciudadanía

González Luna reivindica un concepto de ciudadano y de condición ciudadana que se hacen explícitos sobre todo cuando alude a situaciones del momento político. Las proyecciones ideales sobre el lugar y el papel del ciudadano aparecen como afirmaciones específicas de su potencial transformador, sobre todo cuando González Luna apela ante audiencias masivas, a la "ciudadanía libre" para que emprenda la rehabilitación política de México a través de su organización y actividad (EGL, 1998 I: 31-34; 1998 II); aunque esta expectativa optimista es relativizada en buena medida por la recurrente afirmación, en otros foros, sobre la precaria e intermitente presencia ciudadana en los asuntos públicos a lo largo de la historia (EGL 1955: 44; 1962; 1965; obras 6, 1975; 1988).

La exigencia de garantías para la expresión de las distintas opciones políticas y la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, fueron los aspectos medulares del reclamo democrático de González Luna hacia el régimen político. Si el referente de dicho reclamo fue el "régimen faccioso", su elemento constitutivo era el ciudadano, eje de la decisión política en la democracia (EGL, 1962: 20-28). Sus pronunciamientos políticos poseen un componente normativo importante, en la medida en que preconizan un ciudadano con alto grado de autoconciencia moral y política (EGL, 1955: 172, 240); en este aspecto es notorio el contraste entre la proyección ejemplarizante sobre los deberes del ciudadano —la síntesis de un modelo cívico—, y los juicios habitualmente negativos de González Luna sobre el régimen de facción, y sobre la inhibición política de los ciudadanos; aunque nunca dejará de considerar que éstos son los agentes principales de la transformación política de México (EGL 1955: 131, 193-203, 271-283; obras 3 y 4, 1974; 5 y 6, 1975).

La idea aristotélica de la naturaleza política del hombre y la doctrina católica fundamentan sus concepciones sobre el papel de los ciudadanos en el origen del orden político, en tanto depositarios de un poder para el ejercicio de la autoridad que ha sido otorgado por Dios (EGL, 1965: 14-15, 42-44); también son reconocibles otros elementos ideológico-políticos en su concepción del ciudadano, en el modelo cívico⁵ implícito en sus argumentos, y en las respuestas que dio a la pregunta sobre cómo y con quién es posible crear un orden político en sociedades plurales. En los planteamientos de González Luna sobre el ciudadano y la condición ciudadana pueden ser reconocidas afinidades en aspectos puntuales con la tradición republicana y con determinados planteamientos del comunitarismo; por ejemplo, la libertad ciudadana que preconiza González Luna es una libertad positiva, entendida como "entusiasmo cívico", una libertad para realizar fines y autorrealizarse, a diferencia de la libertad negativa, central en la tradición liberal, entendida simplemente como ausencia de coerción (Berlin en Merquior, 1993: 23-25). El ser humano posee una naturaleza constitutivamente política, afirma González Luna (EGL, 1955: 106); este reconocimiento se compagina con el énfasis republicano, también de origen aristotélico (Bárcena, 1997: 140-141), en la relación entre virtud ciudadana y bien público, aspectos que suponen una actividad política consciente. Asimismo hay afinidad entre determinados aspectos de la tradición republicana y los planteamientos de González Luna en lo que corresponde al reconocimiento común del activismo del ciudadano y el cumplimiento de su deber cívico como elementos clave de la política (EGL, 1962: 14, 25-26; 1965: 27; 1971: 14, 43-45; 1988: 14; Bárcena, 1997: 137, 140; Bobes, 2000: 50).

A través de estos puntos de contacto entre su pensamiento de matriz católica y el pensamiento político republicano, vinculados por el aristotelismo, González Luna hace explícita su crítica de la concepción liberal del individuo que antepone la salvaguardia de sus derechos, su seguridad y sus intereses personales, a los de la sociedad en general; establece la primacía moral y política del ciudadano comprometido sobre el individuo egoísta (EGL, 1955: 143-146), aunque a diferencia de la tradición republicana, que hace predominar las cuestiones que atañen a la res publica sobre las del individuo, considera que la finalidad de la política, el bien común, surge de la articulación entre bien común particular y bien común nacional (EGL, 1962: 19-24).

Por otra parte, la contraposición planteada por González Luna entre las realidades de la persona y la nación, ubicadas en condiciones concretas de existencia, respecto del "sujeto abstracto" que preconizan las teorías contractualistas (EGL, 1955: 147-148), pone de manifiesto una crítica afín a la del comunitarismo hacia la ética liberal, a la que se ha inculpado de ignorar las creencias de las comunidades concretas como elemento constitutivo de las pautas ético-políticas del ciudadano (Bárcena, 1997: 105-106, 119-120).

En conjunto, las proyecciones normativas de González Luna sobre una sociedad dedicada a la construcción del bien común a partir de valores compartidos, cimentada por el imperio de la ley y por el reconocimiento de la equivalencia entre bien personal y bien social, perfilan una idea integral del ciudadano y de la sociedad, es decir, un modelo cívico (EGL, 1962: 11-19). Por lo que toca al análisis de su realidad social, juzgó irregulares e ilegítimas las pautas políticas creadas e impuestas por la coalición revolucionaria, y enfatizó a lo largo de su vida pública la ilegitimidad de origen del régimen, por su carácter antidemocrático (EGL 1955: 42-43; 1965: 23-25; obras 3, 1974: 73-89; obras 6, 1975: 17, 19; obras 7, 1976: 99-109; 1988: 59-61). En este aspecto habría que atender el argumento de Escalante Gonzalbo en el sentido de que, si bien no había democracia, ni probablemente ciudadanos en el México de mediados del pasado siglo —y en tal sentido es precisa la concepción de EGL—, sí había lógicas de comportamiento y formas de participación específicas y funcionales, aceptadas y por tanto legítimas, que resolvían problemas, entre ellos dos mayores: la gobernabilidad y la resolución de los conflictos políticos (Escalante, 1998: 50-53).

 

Régimen político

La contraparte de las consideraciones de González Luna acerca del ciudadano que hace uso de la representación para expresar su voluntad política es el régimen. Es necesario hacer algunas precisiones sobre este aspecto: González Luna se refiere a "régimen político" para designar a los gobiernos cuatrienales o sexenales y a los presidentes que los encabezan (EGL, 1955: 180-192). Por ejemplo, se refiere al régimen avilacamachista en sus continuidades y cambios respecto del "cardenismo" (EGL, obras 4, 1975: 154); reitera también un uso indistinto de los términos "Estado" y "régimen" (EGL, 1955: 43), así como "sistema político" y régimen" (EGL, obras 6, 1975: 17).

La visión de González Luna sobre la naturaleza de los regímenes políticos que han gobernado México desde la segunda mitad del siglo XIX hasta los años sesenta tiene como referente la vigencia o no de la representación política; en consecuencia, el régimen político que se dice heredero de la Revolución mexicana, a) es ilegítimo en su origen jurídico-político, dado que la participación en el congreso Constituyente que dio lugar a la Constitución de 1917 fue restringida sólo a los grupos revolucionarios victoriosos (EGL, 1955: 286; obras 7, 1976: 99-109; 1988: 59-61); b) carece de identidad ideológica por su carácter "pragmatista y oportunista"; en consecuencia, es incapaz de formular un programa coherente por su alejamiento de la realidad nacional y sus acciones son inarticuladas, y por ello ineficaces (EGL, obras 6, 1975: 17-19); c) ofrece una estabilidad política de signo negativo, que se sustenta en la conculcación del sistema representativo (EGL, 1965: 9-10).

La descalificación ideológico-política de la revolución y de los regímenes que la representan, constante desde el ensayo "Revolución y espíritu burgués", de 1930-1931 (EGL, obras 7, 1976), hasta el artículo final de su vida, "El fetiche de la estabilidad política", publicado en La Nación, periódico oficial de Acción Nacional, en 1964 (EGL, obras 6, 1975: 143-155), no supuso ignorancia sobre los resortes efectivos y las pautas de acción del régimen al que condenaba política y moralmente. En el marco de un intenso debate interno sobre la conveniencia de participar en las elecciones presidenciales de 1940, apela a la visión de largo plazo por encima de improbables logros inmediatos, pues su lectura de la situación política —las elecciones presidenciales de 1940 y la posible adhesión de Acción Nacional a un frente opositor— incorpora elementos de análisis sobre la correlación de fuerzas entre las fuerzas en conflicto que denotan un conocimiento profundo sobre la capacidad de maniobra del régimen. En sus intervenciones, críticas hacia quienes proponían que Acción Nacional aprovechase la oportunidad para formar parte del frente encabezado por Almazán, caracteriza con agudeza tanto las respuestas previsibles del régimen —fraude electoral, violencia en las calles— como la falta de consistencia ideológica y política del almazanismo. Asimismo, reconoce el escaso margen de maniobra de Acción Nacional en el caso de un hipotético triunfo electoral, considerando su inmadurez organizativa y su débil presencia en el conjunto del país. En ese momento planteó como elemento diferenciador de su partido una actividad política de largo plazo, orientada a la formación de ciudadanos y a la creación de condiciones para un cambio pacífico y paulatino hacia la democracia representativa (EGL, 1955: 22-23).

 

Nación

Las ideas de González Luna sobre el significado y la importancia de la nación tienen como referente una versión integral sobre el desarrollo histórico de México desde la Conquista hasta el siglo XX, versión en la que ocupan un lugar importante la religión católica y la cultura española, a los que define como elementos primordiales de una identidad nacional y terreno común de entendimiento (EGL, 1955: 61-63; obras 3, 1974: 81, 85). En el conjunto de sus tesis histórico-políticas, la nación aparece como el polo "positivo" frente a la actuación de los regímenes liberal, porfirista y revolucionario, a los que descalifica por haber impuesto sus proyectos político-sociales y económicos a contracorriente del sentir profundo de la sociedad y de los valores que la constituyen (EGL, obras 3, 1974: 81, 85; 1988: 61-63). En la perspectiva de González Luna, nación y facción son los "principios rectores de la política", no sólo en el plano histórico, sino como símbolos de una lucha permanente entre concepciones vinculadas a principios; de ahí que González Luna ubique el problema político de México en el desencuentro entre la nación esencial y las instituciones pasajeras (EGL, 1955: 54).

El análisis de este conjunto de ideas pone en evidencia el carácter esencialista y unitario de sus concepciones sobre una comunidad nacional que permanece idéntica a sí misma en sus prácticas sociales, en su perfil cultural y en la adhesión a valores inmutables (EGL, obras 3, 1974: 81, 85). González Luna no parece considerar la posibilidad de que los fenómenos que constituyen la identidad colectiva —cultura, identidad religiosa, pertenencia social— puedan ser modificados o recontextualizados por el dinamismo de los procesos que constituyen y delimitan la vida social. Así, la nación aparece "como un manto protector que cobija las contradicciones y las diferencias con miras a generar una integración social" (Makowski, 2000: 467). También cabe argumentar que el carácter unitario de estas concepciones en torno "a los ejes vitales del ser nacional" está relacionado con su reivindicación democrática: la democracia representativa ha de contribuir a que las instituciones reflejen el "ser nacional" y a establecer un vínculo legítimo —una afinidad funcional— entre sociedad e instituciones. En este aspecto la representación aparece como una solución integral de los problemas nacionales, ya que constituye el medio para que los valores que configuran a la nación puedan ser incorporados a la esfera política (EGL, 1955: 51-52; 1962: 9-34).

 

Antinomia entre realidad social y molde oficial: una confluencia de sus tesis histórico políticas

La antinomia entre "una realidad social que se afirma incesantemente y un molde oficial que la repudia y en el que es metida por la fuerza" (EGL, 1988: 46), y que traducida a términos actuales puede ser descrita como "la distancia entre país real y país oficial", constituye uno de los elementos analíticos y políticos más vivos en el legado de González Luna, ya que vista y entendida en la perspectiva de los años transcurridos desde la muerte del autor (en 1964), sintetiza y anticipa algunos de los temas y las cuestiones que ha suscitado la larga crisis del sistema político mexicano. La antinomia que utilizó González Luna como referencia interpretativa desde los inicios de su trayectoria intelectual y política, se manifestaba en el desajuste entre las instituciones del régimen y las exigencias de participación pública por parte de diversos sectores políticamente activos (Meyer, 1981: 1298-1328). González Luna analizó dicho desajuste desde sus perspectivas doctrinales y políticas, y lo transformó en la piedra angular de sus diagnósticos y propuestas para el cambio político (EGL, 1955: 50-65, 167-174).

A principios de los años sesenta, época de apogeo del "sistema", interpretó los éxitos ostentados por el régimen en materia de estabilidad institucional y crecimiento económico sostenido a la luz de la "dicotomía entre país real y país legal" y de la vigencia del sistema de partidos. El resultado de su valoración fue negativo, pues señaló como tesis principal que la estabilidad política, aducida por el régimen como un avance en la modernización del país, se sustentaba en la conculcación de derechos civiles y políticos (EGL, obras 6, 1975: 143-145; 1962: 11-21). Esta insistencia en hacer efectivo el derecho de representación como un elemento central para cerrar la brecha entre el "país real" y el "país oficial", distanciaba a González Luna de otros críticos del sistema vigente, interesados en hacer de la actividad política una vía de acción para las transformaciones sociales y económicas que desde su perspectiva requería el país (González Casanova, 1971: 223-227). Cabe reconocer —a la luz de las reflexiones y reivindicaciones contemporáneas sobre la democracia— la exactitud del juicio sobre un sistema preocupado por la modernización técnica y económica, aunque autoritario si se consideran los mecanismos de control político en que sustentó la mencionada estabilidad. González Luna subraya no sólo la ilegitimidad de dicho régimen en términos democráticos, sino el "inmoralismo" de los juicios que en nombre de un pragmatismo estrecho la justificaban (EGL, 1965: 25). Esta manera de entender "el problema político de México", tomando como referente la vigencia o no de las reglas de juego democráticas, le otorgaba a sus planteamientos un carácter precursor que posteriormente fue mejor valorado, cuando se abordó el problema de la transición de un régimen autoritario a otro democrático (Alonso, 1999: 261-275; 2003: 530-531; 534-538; Aziz, 1999: 246-250).

Las consideraciones de González Luna sobre la antinomia entre "realidad social y molde oficial" se sustentan tanto en una concepción preestablecida y unívoca acerca de la realidad social, asociada a una identidad de lenguaje y de religión (EGL, 1955: 50-74 1988), como en el análisis histórico-político de la inhibición ciudadana, específicamente por parte de los ciudadanos católicos (EGL, 1955: 38-49, 117-127; 1971: 12-26; 1988). Ambos, identidad e inhibición constituyen los ángulos principales de su hipótesis explicativa sobre la citada discrepancia o antinomia como manifestación de los males políticos de la sociedad mexicana; también pueden entenderse como ejemplos de la relación entre prescripción y descripción que caracterizan a los planteamientos políticos de González Luna, en el sentido ya mencionado.

A partir de la coexistencia entre principios inmutables, sustentados en la fe, y nociones de la política y la ciudadanía sin otro fundamento que la acción humana en un horizonte histórico y temporal, puede hablarse de una armonización intelectual y vital entre sus consideraciones estrictamente políticas y la "concepción preestablecida" de González Luna, centrada en una identidad de lenguaje y de religión. En la perspectiva que ofrece el análisis sobre las relaciones entre antinomia, inhibición política e identidad, queda en un segundo plano tal concepción preestablecida, ante la preeminencia otorgada a la representación política de los ciudadanos y sus condicionamientos históricos en nuestro país. El conjunto de su obra ofrece un esbozo de una teoría sobre la democracia que desborda cualquier formulación identitaria restrictiva, centrada en una presunta "esencia nacional".

 

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Notas

1. Jorge Alonso se refiere a este rasgo significativo del pensamiento de EGL del siguiente modo: "La conceptualización filosófica lo lleva a la contradicción verdadero-falso, que encajona en ciertas contraposiciones dicotómicas categorizaciones concretas que requerirían más complejidad" (Alonso, 2003: 507).

2. Los escritos posteriores a las elecciones presidenciales de 1952 tienden a ubicar I el problema político de México en la inhibición política de la mayoría católica (EGL, 1965: 25-28; 1988: 7-27, 70-81). Esto puede tener relación con el resultado de las elecciones presidenciales de 1952, y el desencanto de González Luna ante la que percibe como deserción de la "gente de bien" y especialmente de los católicos.

3. "En un sentido muy amplio, 'antinomia' designa un conflicto entre dos ideas, proposiciones, actitudes, etc. Se habla de antinomia entre fe y razón, entre el amor y el deber, entre la moral y la política, etc. Se habla asimismo 'de la antinomia entre la moral y la religión'. En un sentido más estricto, 'antinomia' designa un conflicto entre dos leyes" (Ferrater, 1994).

4. El prólogo a El plebiscito de los mártires, de Anacleto González Flores. (EGL, Obras 7, 1976).

5. Conjunto de definiciones específicas sobre lo público, sobre el espacio público, mecanismos para tratar con los problemas colectivos, y respuesta a los problemas que suscita la coexistencia social (Escalante, 1998: 21-53).