Introducción

Los estudios publicados recientemente sobre las organizaciones de la sociedad civil de Nuevo León (México) se enfocan en la revisión de los colectivos surgidos en este siglo XXI; son escasas las referencias a las agrupaciones ciudadanas de finales del siglo XX, aunque algunas de ellas siguen activas casi tres décadas después. En la investigación sobre experiencias organizativas en Monterrey parece haber un salto entre el movimiento urbano popular de los años 70, que se debilitó a mediados de la década de los 80 y las agrupaciones civiles que se conformaron en Monterrey en el siglo XXI. En 2001, ^{Brumley (2001}) advierte que mientras son abundantes las investigaciones sobre movimientos sociales desarrollados en las dos últimas décadas del siglo XX en la ciudad de México, Guadalajara y Chiapas, hay un hueco en la literatura sobre la acción colectiva llevada adelante en esos años en el norte del país, en específico en Nuevo León.

En un estudio amplio de varias regiones del país coordinado por ^{Fragoso y Bravo (2018}), diversos autores dan cuenta de la conformación de esfuerzos civiles durante los años 90 orientados a la democratización en México, la cual tuvo lugar en dos velocidades, a decir de ^{Canto (2018}): la nacional y la local.¹ La incidencia en las elecciones, en la construcción de políticas públicas y en la participación ciudadana fueron algunas agendas centrales en la articulación de estos esfuerzos colectivos; la democratización resultó ser una estrategia unificadora frente a las consecuencias agraviantes de la implementación del modelo neoliberal en el país (^{Shefner y Stewart, 2011}).

En efecto, Nuevo León es un caso aparte por las particularidades de su contexto económico y político. Entre la escasa producción académica centrada en las organizaciones con actividad notable durante los 90 y los primeros años del nuevo milenio, destacan los trabajos de ^{Brumley (2010}, ²⁰¹³, ²⁰¹⁴) enfocados en la diversidad de organizaciones no gubernamentales (ONG) en el estado orientadas a la búsqueda de influencia en la arena político-electoral, en la educación y la provisión de servicios, principalmente; y en el Barzón y la agenda democratizadora local. Resultan ser aportaciones centrales² la caracterización de los perfiles organizacionales realizada por la autora, la identificación de agendas y estrategias de movilización dependientes en alto grado del contexto sociopolítico dominado por el empresariado y un sistema bipartidista en ese momento, así como las estrategias de desmovilización y cooptación orquestadas por el gobierno.

En el mismo periodo, ^{Villarreal Martínez (2010}) revisa el desarrollo de mecanismos formales de interacción entre grupos civiles y gobierno de finales del siglo XX y presenta información documental sobre el surgimiento en los años 90 de algunas de las organizaciones que se autoidentificaron como no gubernamentales. ^{Aranda y Villarreal Martínez (2019}), más recientemente, examinan los aspectos y las dinámicas organizacionales de tres asociaciones conformadas en los 90 durante la transición política en el estado, las cuales trabajaron en las agendas identificadas por Brumley y la misma Villarreal con las mismas estrategias y resultados, una labor con pocos efectos más allá del plano local y electoral (^{Brumley, 2010}; ^{Shefner y Steward, 2011}).

Los artículos académicos que se refieren a organizaciones de la sociedad civil nuevoleonesa de los últimos años abordan con mayor frecuencia la acción y la incidencia de los grupos que se formaron ya en este siglo XXI para actuar en coyunturas específicas. ^{Medellín (2006}) aborda la gobernabilidad en Nuevo León en el primer lustro de este siglo, mediante el estudio de caso del Comité Pro Rescate Fundidora. ^{Ruiz (2018}) analiza la estrategia de incidencia desarrollada entre 2013 y 2016 por Género, Ética y Salud Sexual, A. C., para reformar el Código Civil de Nuevo León a fin de que incluyera el matrimonio igualitario. ^{Arzaluz y Zamora (2018}) examinan las acciones frente a la violencia e inseguridad emprendidas a partir de 2010 por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, La Banqueta se Respeta y Pueblo Bicicletero. Sobre los colectivos de víctimas surgidos en los últimos 10 años a raíz del fenómeno de la desaparición de personas figuran los trabajos de ^{Garza (2017}), ^{Iliná (2020}), ^{Irazuzta (2020}), ^{Villarreal (2016}) y ^{Villarreal Martínez (2016}).

El presente artículo se ubica, entonces, en la línea de estudios enfocados en los primeros años de actuación pública de las organizaciones civiles de finales del siglo XX que introdujeron de forma explícita en su agenda los asuntos relacionados con la democracia y los derechos políticos, con objeto de contribuir a la comprensión del desarrollo de la sociedad civil organizada en Nuevo León. Un aspecto novedoso de este trabajo es que parte de las narrativas testimoniales de participantes de dos agrupaciones con un perfil prodemocrático. Estas experiencias contadas por los mismos sujetos que han participado en ellas, desde su perspectiva y su ubicación en el ámbito social y político, ofrecen la oportunidad de incluir el punto de vista de las/los activistas para comprender la identidad y las acciones de los primeros grupos del sector cívico organizado de esta ciudad norteña de México.

En el primer apartado ofrecemos un marco teórico, para analizar las formas de acción e incidencia de las organizaciones civiles y para abordar las consecuencias políticas, culturales y biográficas del actuar contencioso de estas. En el segundo explicamos el acercamiento metodológico del trabajo, centrado en sortear los retos que supone el trabajar con narrativas y los sesgos, alcances y posibilidades que ello implica. La descripción del contexto en el que operaron las organizaciones estudiadas es el tema del tercer apartado. En el cuarto presentamos los resultados de esta investigación. Y cerramos con reflexiones teóricas que pretenden contribuir al entendimiento de la conformación y de la incidencia de la sociedad civil organizada de Nuevo León.

Propuesta teórica para estudiar la identidad, la incidencia y las consecuencias del actuar de las organizaciones civiles prodemocráticas

Las organizaciones civiles son “agrupamientos estables, organizados, con una estructura de relaciones, con reglas de funcionamiento, con objetivos relativamente estables, que tienden a profesionalizar las acciones que realizan y que, en la mayoría de los casos, cuentan con personalidad jurídica” (^{Canto, 2004, p. 60}). Forman parte de lo que se conoce como sociedad civil organizada, la cual no tiene una composición fija o permanente, sino que va cambiando de acuerdo con las nuevas problemáticas que ocurren en el contexto sociopolítico y económico y ante las cuales las personas y comunidades generan nuevas respuestas para afrontarlas a lo largo de la historia concreta de un país, región o ciudad. Dentro de ella pueden identificarse asociaciones gremiales, asociaciones políticas formales, grupos de matriz religiosa, organizaciones comunitarias o vecinales, agrupaciones culturales y deportivas, colectivos definidos por su identidad étnica o de género, agrupaciones asistenciales y de beneficencia, diversidad de colectivos organizados en torno a alguna identidad o proyecto y organismos civiles prodemocráticos que buscan cambios en ese sentido en el régimen político, así como en la promoción y el ejercicio de derechos ciudadanos.

En conjunto, las organizaciones ciudadanas pueden contribuir en la conformación de un movimiento social, que abarca las diversas acciones colectivas encaminadas a cambiar una realidad (^{Olvera Rivera, 2004}). Si, como dice ^{Touraine (1995}), los movimientos sociales producen sociedad, también las organizaciones civiles, en conjunto y en lo individual, dan su aporte en la modelación de la sociedad y de los futuros sociales.

¿Cómo se produce sociedad? A través de acciones y discursos que impactan en las decisiones políticas, pero también con estrategias que inciden en las mentalidades y las subjetividades de la gente, ya sea para mantener la hegemonía ideológica de grupos poderosos o para que las personas se construyan como sujetos y actores de su propia vida (^{Gallardo, 2005}). Por lo tanto, la sociedad se produce mediante distintas formas de incidencia en los más variados campos de la vida, por lo que no queda limitada a la política institucional ni a la protesta u oposición, sino que incluye transformaciones en las mentalidades, las prácticas cotidianas y en el espacio público, los impactos culturales y los cambios personales (^{Pleyers y Álvarez-Benavides, 2019}).

Las organizaciones civiles “están compuestas por gente, personas que actúan, se mueven, que hacen política y se politizan […]. Son ocurrencias creativas que abren nuevos espacios públicos y a través de las cuales, los individuos pueden reinventarse y reinterpretar el mundo en el que viven” (Eyerman, 1989, cit. en ^{Revilla, 2002, p. 33}). Operan en el espacio político-cultural confrontando valores y prácticas del orden establecido para transformar aspectos de la vida social relativos a la defensa y el ejercicio de derechos y la ampliación de los repertorios de participación política (^{Olvera Rivera, 2004}). Algunas de estas organizaciones comparten planteamientos propios de lo que ^{Dagnino et al. (2005}) llaman proyecto democrático participativo, como es la apropiación de las nociones de ciudadanía y democracia, la puesta en práctica de formas nuevas de intervención en asuntos públicos, la introducción en la discusión social de más participantes y de temas nuevos, la difusión de la convicción del derecho a tener derechos, la lectura social y política de la vida cotidiana.

La transformación de la realidad que se proponen muchas organizaciones civiles puede traducirse en cambios en legislaciones y políticas públicas; este podría ser el impacto más evidente. Sin embargo, hay incidencias que se producen en otros ámbitos como es la puesta en práctica de formas nuevas de convivencia social, la transformación de subjetividades mediante el descubrimiento y desarrollo de capacidades para autoconstituirse como sujetos de su propia vida y del mundo. Estas incidencias, más allá de la esfera institucional del poder, son formas no políticas de hacer política (^{Cahuich, 2004}).

^{Zarco y Reygadas (2002}) proponen tres dimensiones de la incidencia de las organizaciones ciudadanas en el espacio público: la cultural, la política y la de las políticas públicas. En el espacio cultural, la incidencia tiene que ver con la construcción de significados comunes entre los activistas. En la política, se trata de influir en las estructuras y normas que modelan la convivencia y la toma de decisiones. En las políticas públicas, inciden para que los programas gubernamentales atiendan necesidades sociales, incluyan sectores excluidos y democraticen la forma en que se gestionan. La articulación de estas tres dimensiones favorece “una democratización integral de las relaciones gobierno-sociedad y de las relaciones sociales mismas” (^{2002, p. 21}). Desde una perspectiva más amplia, estas influencias en ámbitos concretos de la vida social y personal van encaminadas también al impulso de cambios estructurales o a la búsqueda de nuevos modelos alternativos de sociedad y de valores contrapuestos al individualismo imperante.

Ahora bien, cuando las organizaciones civiles convergen con otros esfuerzos individuales y colectivos de forma duradera y conforman movimientos, las consecuencias de su actuar contencioso siguen más o menos las mismas líneas. Si bien las instituciones contribuyen a moldear a los movimientos y a sus actores, estos también, gracias a sus estrategias y formas de movilización, pueden ser fuerzas causales con un impacto importante, aunque usualmente no sean las dominantes o principales. Algunas observaciones notables en el estudio de la incidencia de estas, producto del registro de literatura en el campo (^{Amenta et al., 2019}), consisten en considerar que los actores colectivos pueden tener un impacto significativo, incluso cuando no logran alcanzar sus metas, que aun cuando sean exitosos pueden provocar consecuencias insignificantes o pequeñas y que sus consecuencias políticas, aunque sean relevantes, no generan, muchas veces, la suficiente atención en sus participantes.

Para ^{Amenta et al. (2019}), entre las áreas de interés de los movimientos están las instituciones políticas, la democratización, los partidos políticos, las elecciones o los procesos legislativos. Pero el que sean de su interés no quiere decir que ellas sean producto o resultado de los movimientos, ya que existen múltiples factores que las producen; principalmente, estos aspectos y procesos políticos serían ámbitos de la política que los movimientos y sus organizaciones buscan influir. Entre los medios para hacerlo, los movimientos emplean la negociación, el acceso político, la protesta, la disrupción, la captación de la atención pública, la elaboración de demandas, la participación directa en los procesos, entre otras estrategias. Finalmente, en su incidencia política, cabe resaltar que es central el contexto en el que juegan los movimientos, razón por la cual hay que prestarle mucha atención al momento de dar cuenta de las consecuencias y resultados de las movilizaciones.

Otras de las consecuencias centrales de las acciones de los movimientos y sus organizaciones son aquellas de carácter cultural. Según ^{Van Dyke y Taylor (2019}), para muchos movimientos, los cambios culturales resultan ser los efectos más significativos y durables, en especial cuando consideramos que muchos de ellos fallan en alcanzar sus objetivos explícitamente políticos. Entre sus resultados culturales, los movimientos cambian conciencias, prácticas e identidades, crean redes y comunidades, transforman aspectos más amplios de la cultura, generan públicos y ponen en la agenda temas y preocupaciones, elaboran nuevos discursos, permiten nuevas conexiones, coaliciones, líderes y activistas.

De acuerdo con las mismas autoras, los movimientos generan consecuencias culturales internas, que afectan principalmente a sus participantes, y externas, las cuales inciden en la cultura más allá del movimiento. Como sucede con los efectos políticos, muchas veces los culturales también son inintencionados. En especial, cabe resaltar que el trabajo cultural de los movimientos sobre las identidades individuales y colectivas posibilita que los grupos en desventaja o estigmatizados obtengan reconocimiento e incrementen su estatus, señalan las autoras (^{Van Dyke y Taylor, 2019}).

Como anotamos párrafos arriba respecto a las organizaciones, en los movimientos, las consecuencias biográficas también son aspectos notables como resultado de la vida asociativa. De acuerdo con ^{Passy y Monsh (2019}), participar en grupos contenciosos socializa y resocializa a las/los activistas, en la medida que sus cosmovisiones y comportamientos son sujetos de transformación. Para las autoras, los efectos en la personalidad pueden afectar ámbitos sociales más amplios, ya que las personas activas interactúan con otras más allá del movimiento. El involucramiento en la movilización moldea las mentalidades de la gente, afecta sus prácticas; estos cambios no solo se ciñen al aspecto político de las biografías personales, sino que se extienden a otras esferas vitales como la familiar, la laboral y de amistad. Participar implica, por supuesto, conformar la identidad personal, incrementar habilidades, ampliar las capacidades relacionales, cambiar el comportamiento, incluso transmitir aspectos valiosos producto del involucramiento de nuevas generaciones de personas, destacan estas autoras.

A partir de esta revisión general de las formas de caracterizar la actuación y la incidencia de las organizaciones civiles, en este trabajo analizamos las acciones de dos asociaciones de Nuevo León de finales del siglo XX, enfocando el interés en la influencia ejercida en cuatro ámbitos: social-comunitario, cívico, político institucional y subjetivo. Este planteamiento se realizó desde la rememoración de experiencias por parte de activistas. Nos concentramos en este periodo porque, como se indicó en la introducción, se trata de una etapa acerca de la que son escasos los estudios disponibles. De manera que la recuperación de estas experiencias contribuirá a llenar parte de ese vacío en la literatura sobre el activismo ciudadano en Monterrey y podrá servir de insumo para posteriores investigaciones sobre la evolución de la acción colectiva de las organizaciones prodemocráticas en esta región de México.

Metodología

El trabajo con narrativas resulta una herramienta metodológica valiosa para la comprensión y explicación de un gran número de problemas sociales; entre ellos, por supuesto, el de la acción colectiva y los procesos de democratización. De acuerdo con ^{Griffin (1993}), las narrativas son constructos analíticos que unifican un conjunto de acciones y hechos pasados o presentes, que de otra forma podrían verse como discretos o separados, en un todo relacional y coherente que otorga un significado a cada uno de sus elementos y que es constituido al mismo tiempo por ellos. Como es previsible, las narrativas tienen un principio y un final al que se llega de manera no arbitraria, término que es el resultado de la concatenación lógica y deliberada de acciones y eventos construida por quien narra. Al estar centrada en la acción social y su temporalidad, la narración promete un conocimiento teórico profundo acerca de la constitución mutua del juego entre agencia y estructura, una dinámica que ocurre continuamente en el tiempo y a través del tiempo.

^{Griffin menciona (1993}) que las explicaciones narrativas toman la forma de historias con finales abiertos, fraguadas por contingencias y coyunturas, en las que lo que sucede, una acción, ocurre de hecho por su posición dentro de la historia. En las narrativas podemos ver cómo la acumulación de consecuencias de acciones pasadas constriñe de modo incremental y limita la acción futura (^{Griffin, 1993}). Pese a su potencial explicativo, el trabajo con narrativas supone algunas limitaciones dignas de consideración metodológica. Una de ellas se refiere a la ilusión biográfica, es decir, la aceptación acrítica de la narración como verdadera o verosímil, sin ninguna verificación. Por otra parte, la ordenación cronológica de las narraciones no necesariamente sugiere significancia causal o histórica, señala Griffin (¹⁹⁹³). La explicación sociológica, por lo tanto, requiere que las acciones, los eventos y sus contextos estén explícitamente teorizados y que las conexiones causales entre secuencias narrativas se establezcan de tal forma que puedan ser replicadas y criticadas.

En nuestro caso, la teorización que realizamos previamente, atenta al contexto en el que transcurren las acciones de integrantes de organizaciones civiles prodemocráticas en Nuevo León, permite rastrear, contrastar y presentar las narraciones de nuestros actores y actrices de acuerdo con las siguientes consideraciones, las cuales buscan dotar de significación y verificación a los relatos. Para identificar las incidencias de las organizaciones estudiadas, interrogamos a los informantes acerca de sus actuaciones individuales y colectivas en diferentes campos: el social-comunitario, que involucra la generación de prácticas solidarias para atender demandas sociales, así como la generación de interés por participar en el cambio de las condiciones sociales y políticas del entorno; el cívico, que se refiere a las oportunidades de participación y capacitación que ofrece la organización a sus integrantes y a las personas interesadas en involucrarse en el activismo, a la promoción y fortalecimiento de otros grupos y colectivos civiles, a la creación de vínculos organizacionales locales, nacionales y globales; el político institucional, que incluye el involucramiento en el proceso en que se negocia el poder, abarca el impulso de iniciativas legales para democratizar el régimen, comprende acciones para ampliar la participación política, implica la introducción en la agenda pública -legislativa y gubernamental- de las demandas sociales, busca la influencia tanto en el diseño como en la ejecución de políticas y programas públicos y exige cuentas a los poderes públicos sobre sus acciones y decisiones; el subjetivo, que tiene que ver con las experiencias de la persona en su autoconstitución como sujeto de la propia vida y del mundo.

La selección intencional de las personas entrevistadas, quienes narraron sus experiencias e historias guiadas por las consideraciones referidas, que abarcan tanto el contexto contencioso de sus acciones como el aspecto vivencial subjetivo, exige esclarecer criterios relativos al trabajo con muestras pequeñas. Para empezar, trabajamos pocos casos porque el contexto político y cultural específico compartido por las organizaciones es prácticamente el mismo y porque la experiencia de las personas entrevistadas, muchas de ellas fundadoras de esos esfuerzos contenciosos, es similar, lo que en ambos criterios supone cierta homogeneidad relativa al trabajo político que produjo la incidencia organizativa. Se planteó entonces un estudio de dos casos con el propósito metodológico de comprender las percepciones y experiencias políticas y de socialización comunes de individuos pertenecientes a organizaciones relativamente homogéneas entre sí en un contexto político muy particular -el de la transición política en Nuevo León-, abordadas desde un interés teórico acotado -el aspecto de la incidencia organizacional-.

Bajo estas consideraciones, señalamos que dicha homogeneidad, trabajada desde la centralidad de nuestros supuestos teóricos, relativos al análisis de experiencias comunes, permitió la saturación metodológica con muy pocos casos (^{Guest et al., 2006}). Asumimos, por otra parte, el riesgo que supone que la selección intencionada de las personas y las organizaciones pueda introducir problemas relativos al alcance de las inferencias producto del trabajo empírico, así como la posibilidad de sobreestimar los hallazgos de casos acotados, que muchas veces pueden estar por fuera de la media de contextos más amplios y heterogéneos (^{Collier y Mahoney, 1996}). En específico, resaltamos que las historias y experiencias narradas por las/los participantes de las asociaciones que operaron en Nuevo León durante la última década del siglo XX no son representativas de todo un proceso político y cultural, sino propias de un sector muy acotado con acciones dentro de dicho proceso.

La misma validez conceptual no proviene de la atención a la heterogeneidad de todo el espectro civil organizativo, ya que está basada, en nuestro caso, solo en la incidencia de un tipo especial de organización contenciosa en la entidad. Dicho esto, las entrevistas, realizadas entre septiembre y octubre de 2018, tuvieron como objetivo conocer las prácticas que configuraron a parte de la sociedad civil organizada, a través de la rememoración y punto de vista de los activistas acerca del quehacer de estas organizaciones, su valoración de la incidencia y los significados que para ellos tuvo su involucramiento en la acción social organizada en una época en la que apenas florecían en la capital neolonesa las entonces llamadas organizaciones no gubernamentales.

Así, nuestro muestreo por adecuación (^{O’Reilly y Parker, 2012}) nos permitió atender las preocupaciones centrales de la investigación, relativas a la relación entre las formas intencionadas de narrar y las transformaciones biográficas, políticas y culturales dadas por esfuerzos personales y colectivos contenciosos que, en distintos campos de acción, contribuyeron a cambiar mentalidades, agendas, prácticas y concepciones político-culturales fraguadas en las luchas por la democratización en Nuevo León. Las narrativas de las/los participantes brindaron la suficiente riqueza para reconstruir experiencias e incidencias acotadas dentro de un proceso político general, el cual influyó también en la conformación de las organizaciones y sus integrantes. En este sentido, la validez conceptual obtenida provino de la reconstrucción y la presentación de las realidades organizativas narradas por nuestros informantes, lo que implicó la atención a la representación y la credibilidad de las realidades vividas por ellas/ellos en un fenómeno social particular (^{Creswell y Miller, 2000}).

Finalmente, señalamos que, como medio para el contraste y la verificación de la veracidad de muchos hechos nodales presentados en los relatos, se optó por complementar el análisis de las entrevistas con la consideración de estudios académicos y de otras fuentes informativas acerca del panorama político, económico y cultural de la etapa de la transición en la entidad, así como de fuentes primarias producidas por estas mismas agrupaciones en sus años contenciosos de mayor actividad.

Breves notas del contexto de las organizaciones estudiadas

A partir de finales de la década de 1980, Monterrey registró un cambio en las bases de su desarrollo económico, que hasta entonces se fundamentaba en un sector industrial local próspero, para pasar a transnacionalizarse y, además, ampliar el rol del sector de servicios. En esta transformación tuvieron un papel combinado determinante el impacto de la crisis de 1982, que incrementó la deuda de las empresas dejándolas con menos capacidades para afrontar la apertura comercial, y la imposición del neoliberalismo como enfoque dominante de la acumulación capitalista, que implicó que el Estado redefiniera su papel en la economía, así como profundizar la vinculación del proyecto de desarrollo a las exigencias de los mercados internacionales, en detrimento del mercado interno. En el ámbito local, uno de los impactos de esta inserción en los procesos de globalización económica y financiera significó el establecimiento de alianzas entre industriales regiomontanos y socios extranjeros; en algunos casos, estos últimos llegaron a convertirse en accionistas mayoritarios de grandes empresas que otrora habían constituido cuasisímbolos de un boyante emprendedurismo local.

En el trasfondo de esa transformación económica ocurrió también la consolidación del proceso de metropolización, que integró espacialmente nueve municipios: Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina, Apodaca, General Escobedo, Juárez y García. Estos concentraban entonces el 86 por ciento de la población de Nuevo León. En 20 años, la población metropolitana creció un 300 por ciento, para pasar de un millón noventa y nueve mil habitantes, en 1980, a tres millones cuatrocientos mil, en el año 2000.

El acelerado crecimiento económico (^{López-Villafañe, 2007}) y demográfico, en el marco de la profundización del modelo neoliberal, agravó la marginación y desigualdad en la urbe regiomontana: incremento de la brecha de ingresos entre los sectores laborales más profesionalizados y los menos calificados (^{Aguilar y Escamilla, 2000}), disminución de los salarios, aumento de la precariedad laboral y desprotección de los trabajadores en lo relativo a seguridad social, expansión de la economía informal (^{Rodríguez y Kinto, 2010}), mayor inequidad en el acceso a la educación, sobre todo en los niveles medio superior y superior (^{Villarreal Martínez et al., 2013}).³

Mientras en el entorno económico y social ocurría la paradoja del crecimiento con mayor desigualdad, en el ámbito político de Nuevo León se consolidó un marcado bipartidismo, protagonizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). Ya desde los años 80, los empresarios habían ingresado a la política institucionalizada militando en partidos, para desde ahí “imponer, por una nueva vía, sus intereses económicos y de clase” (^{Ortega Ridaura, 2007, p. XII}). Sánchez Munguía (2007) explica que los empresarios regiomontanos buscaban el cambio de régimen político por dos vías: el fortalecimiento de la sociedad civil y el fortalecimiento del sistema de partidos. En la primera vía, algunos empresarios simpatizantes del PAN impulsaban campañas de educación cívica y hacían llamados a votar y defender el sufragio. En cuanto a los partidos, varios empresarios entraron a militar tanto en el PRI como en el PAN en busca de candidaturas y, luego, cargos de elección popular: diputaciones, senadurías, alcaldías y también la gubernatura.

En el primer lustro de la década de los 90, en los gobiernos locales de los municipios metropolitanos de San Pedro Garza García, Monterrey y Guadalupe se registró la alternancia del PRI al PAN. En tanto, en García se llevó a cabo una movilización postelectoral que duró varios años, encabezada por militantes y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD). No fue hasta 1997 cuando ocurrió la alternancia en la gubernatura de Nuevo León, que desde el periodo posrevolucionario había sido ocupada por políticos del PRI. Ese año, los resultados electorales le dieron el triunfo a un empresario militante del PAN, Fernando Canales.

En cuanto a la acción social organizada, el movimiento urbano popular había sido desarticulado en la década anterior mediante represión y cooptación. A partir de entonces surgieron movimientos ciudadanos, pero sin la misma amplitud y fuerza que los anteriores (^{Pozas Garza, 1995}). Ante la ausencia, por derrota o subordinación, de movimientos populares o sindicales que plantearan demandas generales, los nuevos grupos civiles nacieron atomizados, con una membresía reducida y escasos recursos materiales. No obstante, los esfuerzos realizados por estos colectivos “tienen el valor que la propia historia de subordinación y cultura individualista le debe reconocer” (^{Villarreal Martínez et al., 2013}).

^{Brumley (2001}) afirma que las organizaciones civiles en Nuevo León a finales del siglo XX eran escasas y se desarrollaron de manera diferente al resto del país. Una de las posibles razones de la menor presencia y visibilidad de los grupos civiles en ese tiempo es la prevalencia de una “cultura de trabajo de colaboración subordinada” (^{Palacios, 2007, pp. 166 y 169}) a las élites, que puso en el centro de la vida social el trabajo como actividad superior y excluyente de otras, incluida la política. Además, la intervención de las élites en situaciones de crisis (como el paso del huracán Gilberto en 1988) impidió la generación de dinámicas organizativas autogestivas de la sociedad.

La influencia de la alta burguesía regiomontana se ha considerado tan importante que ^{Amores (2007}) asegura que esta “ha ejercido el papel de señalar, dictar y regular normas no escritas para el comportamiento de la sociedad” de Monterrey (^{p. 79}). Aun así, en el primer lustro de la década de 1990 se produjo el florecimiento de algunas organizaciones civiles con un perfil prodemocrático, con la conformación de un asociativismo cívico, que surgió al margen de las tres estructuras principales de poder identificadas por ^{Brumley (2001}): la burguesía industrial, la Iglesia católica y el PAN.

No hay un número exacto de los grupos civiles con agendas relacionadas con la democracia que había en Nuevo León en los 90. El directorio publicado en 1997 por Promotores Populares de Monterrey José Llaguno, A. C., enlista 59 organizaciones y grupos en la entidad que, según se afirma en la contraportada, “trabajan desde distintos frentes por construir la democracia” (^{Promotores Populares de Monterrey, 1997}); además, aclara que el directorio “no puede ser definitivo ni exhaustivo” (^{1997, p. 20}), ya que es posible que entonces hubiera más grupos de los que no se tenía noticia y que “no incluye a los llamados movimientos y organizaciones populares que son mucho más amplios y cuya naturaleza no es propiamente la de un organismo civil” (^{1997, p. 20}).

Los grupos ciudadanos conformados a principios de los 90 se integraron por participantes de algunos de los movimientos sociales y eclesiales que habían tenido auge en las décadas de los 70 y 80 (autonomía universitaria, solidaridad con las revoluciones centroamericanas, protestas contra el fraude electoral de 1985, comunidades eclesiales de base) y por individuos que se sintieron interpelados por las movilizaciones prodemocráticas que en ese tiempo ocurrían en varias partes del país.⁴

En los sectores populares de Monterrey y su área metropolitana, a finales de los 80, algunos integrantes de las comunidades eclesiales de base (CEB) y participantes de luchas obreras y estudiantiles anteriores buscaron otras opciones de activismo fuera de los ámbitos religioso, sindical y partidista y crearon grupos con una identidad ciudadana (^{Martínez Canizález, 1999}) para trabajar en lo tocante a desarrollo comunitario, educación cívica y para colaborar en las primeras experiencias de observación electoral en otros estados (San Luis Potosí en 1991, Chihuahua y Tamaulipas en 1992). Los nuevos colectivos se identificaban a sí mismos como organizaciones no gubernamentales; algunos formalizaron su existencia adoptando la figura legal de asociación civil; utilizaban como herramienta de trabajo la educación popular; buscaban mantener relación con organismos nacionales y vincularse con los temas de la agenda ciudadana nacional (^{Promotores Populares de Monterrey, 1992}).

De este conjunto diverso de asociaciones, en este trabajo nos enfocamos en dos organizaciones que iniciaron su trabajo en la última década del siglo XX en el área metropolitana de Monterrey: Promotores Populares de Monterrey José Llaguno, A. C. (en adelante, Promotores Populares) y Alianza Cívica Nuevo León, A. C. (en adelante, Alianza). Las dos asociaciones coinciden en el perfil prodemocrático y en su origen independiente de instituciones partidistas, eclesiásticas o empresariales; realizaron su trabajo con agendas propias que coincidieron en algunas coyunturas como la observación de procesos electorales y la participación en movilizaciones nacionales por la democracia y la paz.

Acciones e incidencias de organismos civiles prodemocráticos en Monterrey

Con base en las entrevistas realizadas y la revisión documental, en este apartado se exponen las acciones emprendidas en la última década del siglo XX por las dos organizaciones estudiadas, identificando en cada caso las incidencias en los ámbitos social-comunitario, cívico y político-institucional. En otro apartado se presentará lo tocante a la incidencia en las vidas de las personas activistas entrevistadas.

Consideraciones finales

Los grupos ciudadanos que surgieron en Nuevo León durante la última década del siglo XX no pueden ser estudiados como si se tratara de los movimientos sociales urbanos de décadas anteriores, ya que la forma de su integración, los temas que los movilizaron y las acciones que emprendieron son diferentes. Tampoco hay una ruptura total entre ambos estilos de organización y acción colectiva en Monterrey. Los movimientos urbanos, eclesial-populares, sindicales que tuvieron su auge en los años 70 y 80 pueden considerarse como los grupos solidarios preexistentes en los que se formaron algunos de los participantes e iniciadores de las organizaciones civiles revisadas en este trabajo.

Este bagaje de experiencias previas de acción colectiva organizada contribuyó a la modelación de la identidad de las asociaciones prodemocráticas, alimentada también de la creatividad para desarrollar nuevas formas de intervenir en el cambio social utilizando estrategias que van desde la educación popular hasta el uso de la estadística y herramientas tecnológicas disponibles en aquellos años.

La importancia de recuperar experiencias de activismo cívico radica en reconocer facetas de la sociedad neolonesa organizada que permitan reconstruir los hilos conductores de la acción colectiva, que va desde las vivencias de quienes han participado en los grandes movimientos sociales de los años 70 y 80 hasta las de los grupos menos numerosos y más dispersos como son las organizaciones civiles surgidas en la última década del siglo XX que buscaban cambiar realidades y crear sujetos políticos.

Las rememoraciones que han hecho las/los informantes son una reconstrucción desde el presente, más que un recuerdo (^{Barela et al., 2009}), que actualizan acciones y razones que configuran identidades y modos de ver el mundo. Estas narraciones están enmarcadas colectivamente en una visión de la sociedad como un espacio en el que se reconoce que hay juegos de poderes, pero que, por lo mismo, es posible cambiarla. En esas acciones, las personas participantes van descubriendo y desarrollando capacidades de convivencia, de influencia, de comunicación.

Las experiencias organizativas presentadas son parte de la historia del sector cívico organizado de Monterrey, conformadas al margen de las estructuras de poder político, económico e ideológico de la época. En el caso de Promotores Populares, aunque en los antecedentes de activismo de las personas entrevistadas figuran las comunidades de base eclesiales, esta organización ya no es un grupo eclesial, sino un colectivo ciudadano que crea su propia agenda de trabajo con intenciones de actuar en su espacio de influencia -que son los sectores económicamente deprimidos-, con una visión política enfocada en la incentivación del involucramiento de sectores sociales excluidos en la transformación de la realidad desde su propia experiencia y toma de conciencia como sujetos políticos con derechos. En el caso de Alianza, la pluralidad en la composición del grupo iniciador de este colectivo muestra la independencia con respecto de intereses partidistas. En ambos casos, las organizaciones surgen sin relación con la beneficencia privada de la época ni con el Consejo de las Instituciones de Nuevo León, creado por el empresariado en 1975 con el objetivo de “contribuir a la formación de un buen ciudadano para un mejor funcionamiento de la sociedad” (^{CCINLAC, 2019, p. 3}).

Una línea de acción coincidente de ambos grupos es la democracia electoral, pero este asunto no agota sus respectivas agendas. Las coyunturas de los comicios propiciaron incluso el trabajo conjunto, aunque Promotores Populares precede a Alianza Cívica en las experiencias de observación electoral realizadas en el marco de iniciativas por organizaciones en otros estados. Sin embargo, la especialización del activismo en la búsqueda de incidencia en la democratización de los procesos electorales es evidente en Alianza Cívica. Promotores Populares trabajó una agenda más diversificada, que tenía una línea de acción vinculada al desarrollo de capacidades cívico-políticas, mediante el trabajo cercano a las comunidades en temáticas que en apariencia no guardan relación directa con la política ni la democracia, como es la salud popular y el comedor comunitario. Pero estos asuntos que tocaban la vida cotidiana de las personas participantes constituían oportunidades para acercarse también al análisis político de la realidad y construirse como sujetos de su propia vida y del mundo.

El área de influencia de Promotores Populares se ubica en sectores económicamente deprimidos, con gérmenes de organización propia como son grupos vecinales no ligados a las estructuras de base de los entonces partidos hegemónicos (PRI y PAN), y la incidencia más notable está en la formación de sujetos que luego seguirían su propio ritmo de activismo en salud popular o en trabajo comunitario como formas de acción política. Como expresión de esa incidencia, a estos grupos e individuos se les vincula con la agenda de la lucha democrática de esos años en el ámbito nacional. Así es como llegan a participar en el grupo fundador de Alianza en 1994 y le aportan un matiz popular a la nueva organización. En Alianza, la incidencia más notable es lograr convocar a ciudadanas/nos que no solían tener experiencia de activismo para involucrarlas/los en tareas orientadas a la innovación del control democrático como es la observación de elecciones y la realización de consultas cuando estas actividades no existían en la ley. En ambas experiencias organizativas, los participantes descubren y desarrollan capacidades nuevas, incluso de nivel especializado, sea aprender un método para analizar una coyuntura, como ocurre en la educación popular, o usar tecnología y logística para aplicarla en procesos de consulta sobre asuntos coyunturales.

En ambos casos de estudio, de acuerdo con las narraciones de las/los participantes, estos espacios de activismo constituyeron oportunidades, que algunas/os consideran únicas, para involucrarse en la esfera política como sujetos protagonistas de cambios de la realidad, tanto desde las relaciones comunitarias cotidianas como mediante la influencia en procesos institucionalizados con el fin de empujar la democratización de estos. Esta incidencia no se quedó en el plano externo, sino que tocó también sus vidas personales y formas cotidianas de convivencia. Aunque algunos no continúan dentro de esas mismas organizaciones, el paso por ellas es ya parte de la historia personal que llevan consigo al incursionar en otros espacios de acción social.

De acuerdo con las narrativas de las personas participantes, las incidencias que se fueron gestando mediante su actuación en la organización Promotores Populares ocurrieron desde espacios comunitarios ubicados en zonas de escasos recursos de diferentes puntos de la ciudad donde realizaban su trabajo. Usando incluso estrategias no políticas de hacer política como la salud popular y el impulso de proyectos productivos y solidarios acompañaron procesos en los que las/los participantes se descubren como sujetos políticos con capacidad de actuar en el espacio público e impulsar cambios en su realidad.

A través de esas experiencias entraron en relación con otros grupos con motivaciones similares, estrecharon vínculos que se concretaron un tiempo en la Red por la Democracia, el Comité de Apoyo al Pueblo de Chiapas, Alianza Cívica. Esas redes los introdujeron en asuntos de la agenda nacional prodemocrática, desde las iniciativas por un juego limpio en elecciones hasta la solidaridad con la lucha indígena zapatista. Las vías abiertas por Promotores Populares en algunas comunidades constituyeron oportunidades únicas de implicarse en la acción cívica organizada hacia nuevos horizontes de sentido en los cuales autoconstituirse como sujetos políticos críticos y solidarios.

En el caso de Alianza Cívica, según las narraciones de las personas entrevistadas, sus estrategias de acción son de carácter evidentemente político con un perfil profesionalizado, ya que su objetivo es incidir en las estructuras formales de la política, tanto la electoral como la parlamentaria y la económica. Esta organización inició llevando a cabo en Nuevo León las líneas de trabajo fijadas por la red nacional Alianza Cívica en torno a la democratización de los procesos electorales. La puesta en marcha de mecanismos participativos que aún no se contemplaban en las leyes, como son la observación electoral y las consultas ciudadanas, produjeron un efecto de demostración de que estas formas de involucramiento en la política son posibles. Esto generó un aprendizaje social que luego se constataría en la misma especialización lograda en los participantes que descubrieron el potencial de vigilancia y control ciudadano que puede construirse mediante esas prácticas.

A través de las narraciones memoriosas de las personas informantes encontramos los hitos de acciones colectivas con un perfil prodemocrático en un periodo de la historia local marcado por la globalización neoliberal y una aparente pasividad social tras la desmovilización de movimientos populares de mayor envergadura de décadas anteriores. Estas experiencias, contadas por los mismos sujetos que han participado en ellas desde su punto de vista y su ubicación en el ámbito social y político, ofrecen la oportunidad de conocer parte de la historia del sector cívico organizado de esta ciudad norteña de México para cubrir lagunas de conocimiento y recuperar algunos pasajes de la memoria social que dan cuenta de las iniciativas ciudadanas emprendidas a contrapelo del conservadurismo y de la burguesía empresarial.