Introducción

A principios de la década de los dosmil, los politólogos Steven Levitsky de la Universidad de Harvard y Lucan Way de la Universidad de Toronto, publicaron en el Journal of Democracy un artículo en el que formulaban el concepto de autoritarismo competitivo para referirse a los fenómenos de yuxtaposición de autoridad dentro de los Estados observados en sistemas democráticos de América Latina, Europa del Este y el Sudeste Asiático (^{Levitsky y Way, 2020}). El concepto, hasta entonces inédito en la ciencia política, proponía un marco novedoso de análisis de las relaciones de poder y dominación entre los individuos y el Estado en sistemas democráticos, fuera del radar de los sistemas teórico-normativos tradicionales que analizaban el autoritarismo desde su vinculación unidireccional con un régimen político determinado.

El análisis de Levitsky y Way daba cuenta de la coexistencia entre instituciones democráticas y agentes diferentes al Estado que privilegiaban prácticas abusivas del poder, propiciando una competencia electoral desigual en la carrera por el ejercicio de la autoridad. La evolución y sofisticación de estas prácticas, sin embargo, permiten observar a lo largo del siglo XXI, que dichos fenómenos de yuxtaposición de autoridad están frecuentemente relacionados con el florecimiento de economías. En la actualidad, el concepto de autoritarismo competitivo resulta útil para comprender la manera en que agentes distintos al Estado compiten, cooperan o coexisten para garantizar el control sobre una dinámica económica y social determinada favorable a sus intereses.

La reflexión propuesta en el presente artículo girará en torno a dos aspectos, principalmente: en primera instancia, la utilidad explicativa del concepto para ilustrar la reorganización del poder en el marco de una zona gris y, posteriormente, las dinámicas, agentes y escenarios del autoritarismo competitivo en la zona de frontera.

La utilidad explicativa del concepto para ilustrar la reorganización del poder en el marco de una zona gris

La caída del Muro de Berlín marcó el comienzo de una nueva organización internacional en torno a un sistema de mercado capitalista y al establecimiento de Estados democráticos en Occidente fuertemente acelerado por los procesos de descolonización. Si bien, la entrada en vigor de un mundo globalizado puso fin a la segmentación de coyunturas entre el norte y el sur, una dinámica al interior de los sistemas democráticos se hizo evidente: la diversidad de fronteras territoriales porosas como resultado de la dificultad de control de los Estados sobre los espacios territoriales para salvaguardar la soberanía, junto con el surgimiento de una variedad de agentes no estatales con prácticas que escapaban a la regulación de la ley.

Nuevas formas de confrontación en el seno del Estado-nación configuraron espacios “fuera de la ley” o zonas grises, que emergieron vigorosamente en el escenario de un mundo sin confrontación interestatal, al término de la caída de la cortina de hierro. Las zonas grises definidas inicialmente como zonas “inaccesibles y hostiles a cualquier penetración, sin que ningún gobierno esté en condiciones de controlar la situación o hacer respetar las reglas mínimas de la ley” (^{Raufer, 2006, p. 19}), emergieron entonces como un riesgo para la estabilización de los nacientes Estados al conservar la aproximación binaria de los referentes propios del mundo bipolar, esto es, la prevalencia del monopolio de la fuerza institucional del Estado versus la amenaza de la anarquía en este nuevo contexto.

Así, los primeros análisis del fenómeno trazaron una conexión entre la inestabilidad de las instituciones estatales y el surgimiento de poderes locales organizados en torno a actividades delictivas con un enfoque en seguridad. La amenaza del aumento del narcotráfico, del tráfico de armas y del terrorismo internacional entendidos como una externalidad negativa, distaban entonces de un interés particular en el estudio de sus correlaciones con los determinantes del sistema de mercado global.

No obstante, la evidencia empírica frente a dichas correlaciones amplió el alcance inicial de la propuesta conceptual de Steven Levitsky y Lucan Way sobre el autoritarismo competitivo para extenderse hacia las prácticas ilegales de agentes no estatales y la configuración de zonas grises. En este contexto, el autoritarismo competitivo es definido como un régimen “híbrido” entre las instituciones democráticas y el ejercicio autoritario del poder donde “las instituciones democráticas formales son ampliamente consideradas como el principal medio de obtener y ejercer la autoridad política (…) Sin embargo, quienes ostentan el poder violan tales reglas de manera tan frecuente, que el régimen fracasa en su intento de alcanzar los estándares mínimos convencionales de la democracia” (^{S. Levitsky y L. Way, 2020, p. 52}).

Las zonas grises y las formas de autoritarismo competitivo que en ellas se gestan, revelan una metamorfosis en la estructura del poder y en el funcionamiento de las instituciones del modelo burocrático weberiano. Dicha metamorfosis concede un lugar privilegiado a las economías ilegales y representa un desafío importante para el ejercicio de la gobernabilidad. Si bien este fenómeno no es nuevo, se ha visto amplificado por el efecto de la globalización y la revolución tecnológica que cuestiona la capacidad institucional del Estado en tanto que es reemplazada (voluntaria o coercitivamente) por la acción de grupos ilegales.

Bajo el esquema de transposición de la burocracia estatal, el atributo del monopolio de la violencia es ambiguo: en ocasiones se manifiesta en el enfrentamiento directo con los agentes armados ilegales, y en ocasiones se muestra cooperativo con los mismos actores. En el segundo caso, las funciones de garantía de seguridad de los ciudadanos son compartidas o delegadas deliberada o coercitivamente por el Estado en agentes privados para privilegiar iniciativas que, una vez arraigadas, favorecen el florecimiento de autoritarismos competitivos, instrumentalizando la organización de la vida colectiva de dichos territorios en favor de una actividad económica íntimamente ligada con la ilegalidad.

La inestabilidad de las instituciones estatales y la amenaza a la seguridad son variables recurrentes en estos espacios geográficos. Más que un vacío de poder o una anarquía, la evidencia empírica muestra que los cambios de poder en las zonas grises surgen de la acción de agentes no estatales que imponen nuevas reglas de juego a las sociedades y sus instituciones.

Lejos de representar el colapso del tipo ideal weberiano de Estado, estos espacios geográficos representan nuevas formas de poder, autoridad y legitimidad basadas en la cooptación o cooperación entre agentes no estatales y élites de poder regionales. En los territorios fronterizos, como entre Colombia y Venezuela , estos agentes toman beneficio de la débil estructura estatal para nutrir deliberadamente sus actividades ilegales. Para que estas nuevas formas de poder se mantengan, es imprescindible asegurar la competencia entre los distintos agentes, la privatización del territorio y la desregulación social. El autoritarismo competitivo revela entonces una competencia de autoridad entre los agentes no estatales más poderosos que termina dando forma a la estructura de un Estado que renuncia voluntariamente al ejercicio del monopolio de la violencia.

La experiencia de los primeros veinte años del siglo XXI evidencia una fuerte correlación entre el surgimiento de zonas grises y el dinamismo de los mercados ilegales: considerada como una de las zonas más complejas del continente sudamericano, la frontera entre Colombia y Venezuela (que se extiende a lo largo de 2 mil 219 kilómetros), constituye un ejemplo representativo de este caso. Allí la confluencia de economías ilegales, la fragilidad de las instituciones de los Estados colombiano y venezolano, la crisis migratoria y las tensiones diplomáticas, simbolizan el alto grado de vulnerabilidad y permeabilidad de la población, agravada con la pandemia del COVID-19.

Entre las delgadas líneas de la legalidad y la ilegalidad, así como de la trasposición de la burocracia estatal, esta frontera constituye una zona gris regida por un principio organizativo de la vida económica y social de la región, convenido entre grupos ilegales y agentes estatales que ofrecen elementos empíricos de la modificación de las relaciones de poder y de dominación entre los individuos de la región.

En esta zona gris, el poder no se ejerce a través de la autoridad del Estado, sino por la acción de imposición e influencia de los agentes no estatales en control de economías ilegales estrechamente conectadas con los mercados internacionales. Quienes ejercen la autoridad mantienen una estrecha relación con las instituciones estatales locales y no se oponen al sistema. Aseguran el statu quo en territorios donde el monopolio de la violencia, el monopolio de la justicia y el monopolio fiscal se desvanecen y forman una estructura oligopólica que goza de cierta legitimidad entre las poblaciones locales.

El autoritarismo competitivo en esta zona evidencia un cambio real en el poder ligado a las economías ilegales. La experiencia de campo en la frontera colombo-venezolana ha revelado que el autoritarismo ejercido por agentes ilegales, como las guerrillas del ELN y del EPL , así como por los grupos armados organizados (GAO), se ha desarrollado en torno a la protección de las economías ilegales haciendo uso de los recursos institucionales tradicionalmente atribuidos al Estado como lo son el control de la seguridad en la región, el control del dinamismo del mercado laboral y la instauración de un sistema de justicia paralelo que gana legitimidad en aquellos espacios geográficos donde la presencia del Estado es mínima o inexistente.

Dinámicas, agentes y escenarios del autoritarismo competitivo en la zona de frontera

El autoritarismo competitivo propone un enfoque en las relaciones de poder y legitimidad en torno a agentes poderosos suficientemente dotados para asimilar (o compartir) tres funciones del Estado: el monopolio de la violencia, el monopolio de la justicia y el monopolio de la tributación. El poder de estos grupos se define tanto por su capacidad de coerción como por su control sobre la actividad económica ilegal que agrupa los tráficos más lucrativos en sus territorios. En este contexto, la frontera colombo‑venezolana muestra la formación de un autoritarismo competitivo bajo dos formas: por un lado, los grupos guerrilleros como el ELN, el EPL, el FBL (de izquierda) y, por otro lado, los Grupos Armados Organizados tales como GAO (de derecha), que cooperan muy frecuentemente con las élites del poder regional.

La orientación hacia la izquierda o la derecha sirve como indicador de la conducta estratégica de los agentes más que como una construcción claramente ideológica. A partir de la década de 2000, los agentes que operan en la zona fronteriza han reorientado sus estructuras en torno a las economías ilegales, incluido el tráfico de drogas. Dentro del ELN, un número cada vez mayor de comandantes se han apoyado en las ganancias de las economías ilegales ya sea a través de su participación en la cadena de producción de cocaína (vigilancia de los cultivos, comercialización) o a través de la imposición de estas actividades a los grupos que gestionan las operaciones.

La estructura de poder oligopólica es reconocible entre los grupos que maximizan el coste de transacción de sus actividades (informaciones, decisiones, ejecuciones) aprovechando la estructura de mercado existente que regula tanto las operaciones legales como las ilegales. Ante la incertidumbre de los mercados, las regulaciones (o incluso una pandemia), los agentes se han organizado en torno a estructuras oligopólicas para preservar su posición en el mercado y reducir los impactos de las externalidades negativas.

El intercambio de información, las decisiones de inversión, la negociación (compra, venta) y la ejecución de su plan de acción son posibles gracias a la privatización de la seguridad y al control territorial. Esta estructura de tipo empresarial tiene como objetivo el control de los precios y la supervisión de la calidad de los productos; una mejor negociación en torno a los “salarios” y los acuerdos institucionales.

Los acuerdos institucionales resultantes de estas estructuras de poder oligopólico determinan el modus operandi de los agentes. El economista Claude Ménard ofrece una descripción aplicable a los modos de organización de los mercados legales e ilegales: "estos arreglos proporcionan (...) los soportes que rigen la forma en que las unidades económicas, individuos o grupos, estructuran su cooperación y/o compiten de tal manera que aseguran las transacciones que permiten aprovechar la división del trabajo y la especialización. En relación con estos acuerdos, las instituciones no son sólo un conjunto de limitaciones, sino que también proporcionan apoyos indispensables. Por ejemplo, los mercados no pueden existir sin reglas que definan los derechos de propiedad [o de uso] y sin instituciones que garanticen estos derechos" (^{Ménard, 2012, p. 11}). El nivel de interdependencia entre los agentes de zonas grises queda por explorar más a fondo. La evidencia empírica tiende a sugerir que, a pesar de la flexibilidad de las estructuras, las coaliciones, alianzas y cooperaciones responden a una organización jerárquica. Eso se ha podido constatar en los trabajos de campo realizados por la autora entre 2015 y 2020 en la región norte de Santander (Colombia) y Táchira (Venezuela).

En la frontera que comparten Colombia y Venezuela, el autoritarismo competitivo responde a la regulación de la actividad económica ilegal: la organización de las cadenas de trabajo, la distribución de las ganancias, las estrategias de reclutamiento y la reorientación del mercado laboral. Su comportamiento, de carácter híbrido (ilegal y legal), revela que la construcción de redes y alianzas estratégicas, las formas de coordinación, los incentivos y la construcción de identidades son ampliamente flexibles y adaptables a la institucionalidad existente como requisito para su supervivencia.

Al respecto, Gaïdz Minassian subraya que, en esos espacios, la prioridad es:

la supervivencia física o económica [de los agentes], incluso si para ello hay que hacer trampa e incurrir en la ilegalidad (…) Las restricciones, de origen ajeno o estatal, les impide pensar más allá de la protección de sus actividades principales. Debido a que esa cuestión existencial no está regulada por la comunidad internacional en el sentido de dotar de una solución favorable respecto al derecho a la vida y a la dignidad humana, la población de una zona gris no puede pensar la interdependencia en términos semejantes a aquellos que prevalecen en las sociedades estatizadas (^{Minassian, 2011, p. 43}).

Aunque Minassian atribuye un papel preponderante a la comunidad internacional respecto al reconocimiento de la dignidad humana de quienes permanecen en esa zona, ya sea por no tener más remedio o por elección propia, no debería pasarse por alto que, en contextos de guerra civil, desigualdad, pobreza y desempleo, esta población encuentra en las estructuras oligopólicas del autoritarismo competitivo una solución inmediata y, algunas veces, duradera para sus preocupaciones materiales más acuciantes.

Además, el efecto de la transnacionalización que descansa en las orientaciones económicas de la regulación por el mercado (^{Badie, 2014}) ejerce un impacto sobre la transformación del territorio y la organización del poder. Este efecto resulta perceptible particularmente en las zonas fronterizas, espacios de discontinuidad territorial en donde las actividades legales e ilegales se confunden con gran facilidad (^{Foucher, 2012}) y en donde las nociones de soberanía, seguridad y gobernanza toman las formas más diversas y lejanas respecto de lo que la ley prescribe.

Cuando el control del territorio no supone una prioridad para el Estado, se estimula enormemente la aparición de zonas grises. Esto es paradójico para los territorios situados en las zonas fronterizas, donde el poder soberano debería ejercerse con determinación. En el caso colombiano, las zonas grises más importantes se sitúan en la frontera con Venezuela, Ecuador y Panamá, así como en el largo del litoral del Pacífico. La estructura oligopólica de los agentes que dan forma al autoritarismo competitivo reposa sobre la apropiación de los medios de producción, recurriendo deliberadamente a la violencia coartando la libertad política e inhibiendo toda posibilidad de elección frente a la construcción de sociedades con otras perspectivas fuera diferentes a las de la ilegalidad.

Algunas ideas finales

En la frontera colombo-venezolana, los arreglos oligopólicos son representados por los grupos guerrilleros Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Ejército Popular de Liberación (EPL) en Colombia, y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) en Venezuela, así como por los grupos armados organizados representados particularmente por el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), los Rastrojos y el Ejército Paramilitar del Norte de Santander (EPN). Estos últimos cooperan con las estructuras milicianas venezolanas denominadas “colectivos”, creados y armados en 2002, durante la presidencia de Hugo Chávez.

Con la firma de los acuerdos de paz en 2016 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se abrieron vacíos de poder y presencia en los territorios, los cuales fueron rápidamente ocupados por otros agentes, situación poco sorprendente si se toma en cuenta la dinámica de los conflictos colombianos, especialmente lo relativo a las tendencias de las economías ilegales a nivel internacional. Así, el año 2016 marcó una intensificación de los combates entre el ELN y el EPL en disputa por el control del territorio; aunque estos grupos armados coexistieron en la zona fronteriza hasta 2015, el EPL ha cuadruplicado su ejército con el único objetivo de reforzar su control de las rutas de tráfico de drogas. En el año 2017, el ELN y el EPL rompieron su pacto de coexistencia mutua, lo cual desató una nueva ola de violencia y de desplazamientos forzados en la región. El fin del toque de queda establecido en 2018 por ambos grupos, puso en evidencia su poder en la zona con un aumento del número de homicidios registrados en la región (^{Fundación Paz y Reconciliación-Pares 2019}).

En 2019, el ELN tomó el control de las rutas regionales terrestres y fluviales; mientras que en 2006 operaba en 96 municipios, en 2019 lo hacía en 156 y contaba con un ejército que superaba los 2 mil 400 combatientes presentes tanto en Colombia como en Venezuela, en donde despliegan una política de control social (^{Charles, 2019}).

Por otro lado, los grupos armados organizados controlan las rutas de contrabando de petróleo, despensas alimentarias y, desde hace poco, el tráfico de migrantes que provienen de Venezuela, en donde las jóvenes (adolescentes y mujeres jóvenes) se convierten en un objetivo particular con fines de explotación sexual.

En su reporte “Inseguridad, violencia y economías ilegales en la frontera” (2018), la Fundación Ideas para la Paz documentó los grupos armados presentes en una de las fronteras colombianas, las principales rutas de tráfico, así como las culturas alrededor de la cocaína. Una relación muy particular, pero no inédita, entre las milicias del ELN y el pueblo venezolano refleja la influencia de esta organización sobre las decisiones colectivas, así como sobre la dinámica política y económica de las regiones en las que ejercen su control. Como muestra de esto, están las proyecciones del Observatorio Venezolano de Violencia, las cuales estiman que 1,500 hombres armados pertenecientes al ELN estaban encargados de la gestión y control de servicios de la zona, como son la distribución de alimentos, el suministro de combustible y otras decisiones locales de las comunidades (^{Insight Crime, 2020}).

En los últimos meses se ha observado un fuerte impacto ocasionado por la pandemia de coronavirus. La crisis sanitaria ha revelado la importancia del control que los grupos armados organizados ejercen sobre el territorio. En los municipios más alejados de los centros urbanos, el Clan del Golfo, por ejemplo, ha difundido en la red social WhatsApp, así como a través de la distribución de volantes, estrictas instrucciones de contención de la pandemia que van desde el uso obligatorio de mascarillas hasta el toque de queda bajo amenaza de muerte, pasando por el control de los precios de alimentos y medicinas que tienden a crecer ante los fenómenos de escasez. El mismo grupo ha prohibido el turismo y ha establecido la logística para el paso de personal médico y el transporte de mercancías (^{R. Badillo, 2020}).

Por lo tanto, no es sorprendente que las medidas adoptadas por este grupo para prevenir la propagación del virus sean mucho más efectivas que las tomadas por las autoridades oficiales locales. La mayoría de los casos positivos en la región ocurrieron en Cúcuta, capital del departamento Norte de Santander y sus suburbios y no en las regiones rurales bajo el control de los grupos ilegales.

El virus está claramente identificado como una amenaza para la actividad económica ilegal toda vez que supone la llegada del Estado a través de las autoridades sanitarias y las fuerzas del orden que acompañan las brigadas de salud en zonas tradicionalmente abandonadas por el Estado; para evitarlo, los grupos armados han asumido el control de la situación restringiendo eficazmente la propagación del virus mediante medidas coercitivas que paradójicamente son bien recibidas por algunas facciones de la población frente a la inoperancia del Estado.

Después de un confinamiento general de cinco meses (uno de los más largos del mundo durante la primera ola de la pandemia), los grupos armados organizados (GAO) han sufrido impactos económicos debido a una desaceleración en el tráfico de drogas y minería ilegal como consecuencia de la reducción del comercio internacional y la escasez de suministros. Sin embargo, la pandemia ha permitido a estos grupos imponer medidas de protección en los territorios bajo su control. Estas medidas fueron dadas a conocer a través de folletos y aseguradas por un estricto control de la población con toques de queda, detenciones ilegales y asesinatos en caso de estricto incumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

Al respecto, la oficina de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) con sede en Colombia, ha alertado a las autoridades colombianas sobre las amenazas de los grupos armados que intimidan y constriñen a la población aprovechando la pandemia:

los episodios de intimidación de ciudadanos y personal médico son preocupantes. En el municipio de Arauquita, un ciudadano positivo con COVID fue abordado y amenazado en su casa por miembros de los GAO; a pesar de que después de dos pruebas más fue negativo, sigue siendo estigmatizado por la comunidad. En Cúcuta (norte de Santander), auxiliares de enfermería han denunciado ser víctimas de amenazas de muerte por teléfono si uno de sus pacientes diagnosticados con COVID-19 fallece. En Morales (Cauca), dos auxiliares médicos fueron asesinadas por asaltantes desconocidos debido a la falta disponibilidad de pruebas COVID en el puesto de salud comunitario (ACNUDH, 2020).

El informe de Human Rights Watch de julio de 2020, informó categóricamente sobre medidas autoritarias impuestas a la población que vive en 11 de los 32 departamentos administrativos del país. El miedo y los mensajes fueron difundidos por la red WhatsApp advirtiendo de una “multa” a las personas que no cumplieran. En Norte de Santander, por ejemplo, el EPL “invitó” a la gente a no cuestionar las medidas adoptadas y dijo que sus efectivos “contribuirían” al estricto control del distanciamiento social y a la aplicación de gestos de barrera (^{Human Rights Watch, 2020}).

En este contexto, competencia, coordinación, cooperación y coexistencia, dan forma a las manifestaciones híbridas del autoritarismo competitivo en el marco de las zonas grises. Si bien, la noción de autoritarismo competitivo puede estar asociada a una forma de gobierno criminal dada su relación con las economías ilegales, los dos conceptos merecen un desarrollo teórico que permita una mejor comprensión de los impactos de ambos fenómenos.

El reto analítico para la ciencia política puede nutrirse a partir de la evidencia empírica que aporta elementos concretos para caracterizar las transformaciones del poder en las zonas grises. El autoritarismo competitivo es un concepto que requiere, por tanto, una reflexión profunda para comprender mejor las mutaciones de poder más allá de la noción de castigo o crimen. A pesar de que no es fácil definir patrones de comportamiento de los actores en estos espacios, un terreno fértil para la caracterización y la teorización de estos fenómenos ha sido abonado para mejor identificar las variables que definen la estructura oligopólica de estas organizaciones y su impacto en la arquitectura de las democracias liberales del siglo XXI.