Manejo del agua en México

Algunas características comunes entre México y la mayoría de los países latinoamericanos es una capacidad institucional formal extremadamente limitada en el manejo de los recursos hídricos. Aunado a ello, la implementación efectiva de instrumentos de gestión existentes no es prioridad en las agendas políticas. Tales limitaciones son la causa de problemas que incluyen administración pública ineficiente; informalidad generalizada; instituciones regulatorias débiles; niveles bajos de participación, coordinación, transparencia, credibilidad y responsabilidad; financiamiento insuficiente y esporádico; corrupción; legislación fragmentada y anticuada; falta de capacidad técnica; agencias y proveedores de servicio con gobernanza débil o politizada, e información insuficiente (^{Barkin, 2011}).

México tiene una disponibilidad de agua muy variable, con un norte árido y con severas limitaciones de agua, y un sur que tiene menores problemas de escasez, pero con problemas de contaminación y uso ineficiente (^{Conagua-OECD-IMTA, 2010}). La normatividad para la administración del agua en el país emana de la Constitución política, donde se establece que el gobierno federal es el dueño de los recursos hídricos en México, mientras que los gobiernos locales son responsables de proveer agua potable y servicios de saneamiento. La Ley de Aguas Nacionales implementa esta normatividad a través de una agencia federal, la Comisión Nacional de Agua (Conagua), cuya responsabilidad es encabezar y coordinar la administración de los recursos hídricos. Cualquier uso de agua nacional (tanto extracción como descarga) requiere de permiso de Conagua. Como resultado, la política hídrica es de facto dictada por el gobierno federal, a través de una aproximación vertical, mediante programas federales que transfieren los recursos a los estados; pero las tarifas del agua rara vez cubren los costos de operación y mantenimiento (^{OECD, 2013}).

Las regulaciones federales y estatales, aunque en teoría son adecuadas, no se pueden cumplir con facilidad. La implementación de políticas nacionales y estatales en el ámbito nivel local es ineficiente (^{Pombo, Breceda, & Aragón, 2008}). Reducir la sobreexplotación de acuíferos requiere del consenso de diversos sectores y usuarios del recurso hídrico o del acompañamiento de medidas para el manejo de compensaciones. Sin consenso no se puede lograr el progreso, y esto no ha sido alcanzado de manera efectiva en México (^{Durham, Rinck-Pfeiffer, & Guendert, 2003}; ^{OECD, 2013}).

Para ^{Pombo et al. (2008)}, la distribución inequitativa del agua entre los diversos sectores productivos, la baja eficiencia en su uso, y la falta de políticas públicas locales son factores que afectan el uso sustentable de este recurso. De acuerdo con ^{Asad y Garduño (2005)}, la raíz de los problemas de la administración del agua en México son la sobreconcesión; patrones de extracción no sostenibles; y la falta de medición, regulación y acciones para hacer cumplir los títulos de concesión.

En México, los grupos de usuarios locales de aguas subterráneas o Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (Cotas) han existido por más de 18 años. La meta fundamental de los Cotas (concebida desde el inicio) es proveer la base social para promover medidas que disminuyan y, de manera eventual, detengan el agotamiento de acuíferos. Los Cotas han sido eficientes para llevar a cabo actividades que promueven la toma de conciencia de usuarios y también para, hasta cierto punto, promover la inversión en medidas para el ahorro del agua. Sin embargo, muy pocos Cotas han tomado la medida de restringir por completo el uso del agua del acuífero o tomar medidas sólidas para lograr su estabilización (^{Kemper, 2007}; ^{Foster, Kemper, & Garduño, 2004}). Además, es claro a partir de las experiencias con Cotas que éstos no pueden lograr tal meta por sí solos, pero tampoco los administradores del agua lo podrían lograr sin ellos (^{Kemper, 2007}).

Si los mecanismos institucionales dentro de gobiernos y otras estructuras de gobernanza continúan siguiendo objetivos estrechos orientados por sectores específicos, las desconexiones fundamentales seguirán ocurriendo (^{UNESCO, 2015}). El fracaso de los gobiernos locales (municipales), estatales y federales en la implementación de acciones para proteger estos recursos naturales ha causado escasez de agua en muchos lugares en México, incluyendo la región de Ensenada.

Las decisiones sobre el manejo y la administración del agua en la ciudad de Ensenada, Baja California, no han sido tomadas con base en sólo datos técnicos o científicos. El objetivo del presente estudio es analizar las alternativas potenciales para mitigar la escasez de agua en la ciudad de Ensenada, a partir del costo de cada alternativa, que incluye desalación de agua de mar, transporte de agua del río Colorado a través del acueducto río Colorado-Tijuana y el reúso del agua residual tratada para irrigación e infiltración de acuíferos. Se espera que, el proveer un análisis y comparación de costos de las diversas alternativas de manejo de agua de la región, tendrá una influencia positiva en los tomadores de decisiones y encargados de la política pública del manejo del recurso.

Área de estudio

La ciudad de Ensenada y los valles agrícolas de Maneadero y Guadalupe se encuentran en el noroeste del estado de Baja California, México. El área tiene un clima tipo mediterráneo, con veranos secos e inviernos húmedos. La precipitación media anual es de 248 mm (^{Daesslé et al., 2005}). Dentro del valle de Guadalupe hay dos pequeños poblados, El Porvenir y Francisco Zarco, con una población total registrada en 2010 de 7 867 habitantes (^{OIEDRUS, 2015}). Francisco Zarco tiene una pequeña planta de tratamiento de aguas residuales a la que sólo 1% de la población se encuentra conectada. La gran mayoría de los hogares usa letrinas o baños de pozo. Históricamente han sido empleados 10 pozos por parte de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) para proveer un máximo de 200 l/s para cubrir de forma parcial la demanda urbana de la cuidad de Ensenada. Sin embargo, desde 2013 sólo unos 40 l/s se han empleado para este propósito (comunicación personal de señor Fernando Domínguez, gerente de Operaciones de CESPE desde principios de 2017 se dejó de suministrar agua a la ciudad de Ensenada.

Por el otro lado, el valle de Maneadero (cuyo nombre oficial es ejido Rodolfo Sánchez Taboada) se localiza a 10 km al sur de la ciudad de Ensenada. Su población en el 2010 era de 30 656 habitantes (^{OIEDRUS, 2015}). Cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales operada por CESPE y sólo 12.7% de la población está conectada al sistema de drenaje. El acuífero de Maneadero suple de unos 190 l/s a la ciudad de Ensenada para uso urbano (Figura 1).

Figura 1 La ciudad de Ensenada, y los valles de Guadalupe y Maneadero, Baja California, México. Fuente: ^{Medellín-Azuara et al. (2013)}. 

Se espera que la demanda de agua de la ciudad de Ensenada se incremente en los próximos años debido al aumento de población (Figura 2).

Figura 2 Población y demanda de agua para la ciudad de Ensenada, Baja California, México, 2015-2035. Fuente: elaboración propia con base en ^{CEA (2017)}.  

El valle de Guadalupe es el productor principal de vino en México. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Baja California (^{OIEDRUS, 2015}), en 2015 la agricultura perene fue de 2 368 ha, de las cuales 81.9% (1 940 ha) fue de vides y 18.1% (428 ha) de otros cultivos, como olivos, naranjas, limones y alfalfa.

Por otro lado, con base en información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Baja California (^{OIEDRUS, 2015}), en 2015, en el valle de Maneadero, la superficie total cultivada fue de 3 756 ha, en contraste con un máximo histórico de 9 000 ha de hace sólo 15 años atrás. Esto implica una drástica disminución en el área agrícola de Maneadero debido a la pobre calidad del agua (salinización). En Maneadero, los principales cultivos son forrajes, flores, pepino y calabacita.

En la actualidad, la ciudad de Ensenada tiene una demanda urbana de 920 l/s, pero sólo son suministrados 745 l/s (comunicación personal con el señor Fernando Domínguez, gerente de Operaciones; CESPE). Para 2030, la demanda aumentará hasta 1 266 l/s, por lo que, asumiendo que la cantidad de agua disponible se mantiene constante, el déficit aumentará a 418 l/s. Actualmente, los acuíferos de Guadalupe y Maneadero se encuentran ya sobreexplotados. Fuentes futuras de agua para la región son inciertas debido a baja precipitación pluvial, sobreextracción de agua subterránea e intrusión salina de acuíferos (^{Medellín-Azuara, Mendoza-Espinosa, Pells, & Lund, 2013}; ^{Mendoza-Espinosa, Acosta-Zamorano, De la Barca, & Cabello-Pasini, 2015}).

Dentro del área de estudio existen seis plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) operadas por CESPE: El Naranjo, El Sauzal, El Gallo, Maneadero, Noreste y Francisco Zarco. La cantidad total de agua residual tratada por todas las plantas es de 22 043 664 m³ por año (comunicación personal con el señor Fernando Domínguez, gerente de Operaciones; CESPE. En Maneadero, unos 120 l/s de agua residual tratada se emplean para irrigar 200 ha de flores y forrajes (^{Mendoza-Espinosa & Daesslé, 2018}).

En 2018 inició operaciones una planta desaladora de agua de mar para producir 250 l/s de agua para uso urbano, con planes de expandirse a 500 l/s para 2024.

Infiltración de acuíferos

Los costos por la infiltración a acuíferos se presentan en la Tabla 4.

Debido a que Maneadero está más cerca de la ciudad de Ensenada que el valle de Guadalupe, el costo de la infiltración al acuífero es menor.

Desalación de agua de mar

Se empleó el costo estimado por la CEA-Conagua-CESPE (2017), que fue de US$0.766985/m³; es un costo calculado en el ámbito local para Ensenada. Los costos son para un sistema de membranas de ósmosis inversa.

Acueducto del río Colorado

El costo de trasportación del agua del acueducto del río Colorado-Tijuana a Ensenada considerado por CEA-Conagua-CESPE (2017) fue de US$1.028662/m³ y fue el que se empleó en los presentes cálculos.

Escenarios para el valle de Guadalupe

Los siguientes resultados (Tabla 5) se obtuvieron al correr los escenarios y los diferentes costos para el valle de Guadalupe.

Escenarios para el valle de Maneadero

Los siguientes resultados (Tabla 6) se obtuvieron al correr los escenarios y los diferentes costos para el valle de Maneadero.

El uso de agua residual tratada para irrigación en infiltración de acuíferos parece ser la alternativa de costo más efectivo desde un punto de vista ambiental y económico. Asumiendo que toda el agua residual tratada se emplea en Maneadero para irrigación, que el acuífero de Maneadero continuará enviando 190 l/s de agua subterránea a Ensenada, así como suplir 30 l/s (946 080 m³ por año) para uso urbano en Maneadero, se podrá ahorrar un total de 16 020 288 m³ de agua subterránea por año. Esta cantidad de agua residual tratada empleada en irrigación podrá resultar en un ahorro de US$6,075,162 por año (al dejarse de bombear agua subterránea a un costo no subsidiado de US$0.3386 por kW, asumiendo un consumo de 0.9 kWh por cada m³ de agua subterránea extraída). Mientras tanto, el costo de infiltración en Maneadero está calculado en US$2,014,688 y podría causar la reducción en el déficit del acuífero de 17.5 Mm³/años a 4.9 Mm³/año. Esta alternativa detendría la sobreexplotación y ayudaría a detener la intrusión salina. Tanto irrigación como infiltración representan grandes beneficios.

La desalación continúa siendo la opción más cara. El costo por sí solo de inversión de la planta desaladora es de US$27.4 millones más el costo de operación para la producción de agua de mar desalada, que es de US$6 millones por año. En contraste, el costo operativo de transportar agua del acueducto río Colorado-Tijuana a Ensenada es de unos US$8 millones más el costo de la infraestructura del nuevo acueducto de US$81.2 millones. El costo de inversión suma US$122.6 millones. La planta desaladora estaría produciendo 250 l/s de agua desalada, con una segunda fase produciendo un total de 500 l/s (^{CEA, 2017} En contraste, la suma de los costos de reusar el agua residual tratada para irrigación y recarga de acuíferos es de US$2.9 millones para Maneadero y US$8.7 millones para Guadalupe. Esto suma un total de US$11.6 millones, cifra menor a la desalación y a un nuevo acueducto.

Por lo tanto, las mejores alternativas después de considerar costos; aspectos ambientales, como la restauración de acuíferos y ecosistemas, y la sustentabilidad a largo plazo de la alternativa para Ensenada son la infiltración de acuíferos e irrigación agrícola con agua residual tratada.

En cuanto al subsidio a la electricidad para el bombeo de agua subterránea, esta medida fue diseñada para aumentar las ganancias de los agricultores y hacer sus productos más competitivos en el mercado internacional; sin embargo, tiene un alto costo de oportunidad en términos del agotamiento de acuíferos y eventualmente reducirá la cantidad de agua subterránea para usos agrícolas y domésticos futuros.

En el presente estudio, después de consultar documentos oficiales y a agricultores, se llevaron a cabo los cálculos para los subsidios a la electricidad. La cantidad total del subsidio eléctrico para el bombeo de agua subterránea para irrigación en el estado de Baja California para el año 2015 fue de US$153,571,124 mientras que el consumo eléctrico fue de 491 219 013 kW. En el área de estudio, como lo indica la Tabla 7, se beneficiaron 1 030 agricultores con 1 070 pozos, siendo el subsidio para 2015 de US$70,970,679 y el consumo energético de 227 009 778 kW.

Tomadores de decisiones

Como en otros lugares, algunos de los factores que están orillando a Ensenada a la escasez hídrica son el aumento en la competencia entre los diferentes usuarios, en particular el agrícola y el urbano, y el mal manejo del agua por parte de la autoridad responsable de su administración, como resultado del aplazamiento de decisiones y la falta de tomar medidas. Los acuíferos han sido por lo usual marginados en la administración del agua, al no ser tomados en cuenta en esfuerzos de planeación y administración (^{Kemper, 2007}). Sin intervención, los recursos de agua subterránea son mal asignados por agentes individuales que no internalizan los costos de extracción y las externalidades ambientales en sus decisiones de bombeo. En este contexto, las regulaciones gubernamentales pueden ser una manera de controlar la extracción de agua con el fin de evitar el fracaso del mercado causado por estas externalidades (^{Esteban & Albiac, 2012}).

En México, los Cotas han tenido la intención de funcionar como foros para los usuarios de agua de los diversos sectores para que participen en un proceso de abajo hacia arriba para el desarrollo de planes de manejo de agua integrales, así como en la vigilancia y el manejo de los recursos del acuífero (^{The World Bank, 2009}). Se supone que los dos Cotas en la zona de estudio (Guadalupe y Maneadero) trabajan en medidas para la creación de capacidades para fortalecer la participación de concesionarios para el manejo sustentable de los acuíferos. Sin embargo, ambos organismos auxiliares se enfrentan a limitaciones financieras y humanas para cumplir con sus tareas. En el caso de Guadalupe no hay un compromiso con los concesionarios para desarrollar una aproximación ambientalmente sustentable para el manejo del agua y se concentra en tareas administrativas en lugar de la administración del acuífero. Hay un consenso entre los servidores públicos entrevistados en el presente estudio de que la gente en los niveles más altos de las agencias de administración del agua debiesen ser expertos en la administración del recurso hídrico y no servidores públicos nombrados por partidos políticos con conocimiento limitado o interés en el manejo del agua. Esto último resulta en una limitada capacidad de las instituciones para administrar el agua de manera adecuadamente sustentable (^{Barkin, 2011}) y ha provocado administración pública ineficiente; informalidad generalizada; débiles instituciones regulatorias; niveles bajos de participación, coordinación, transparencia, credibilidad y responsabilidad; financiamiento insuficiente e intermitente; corrupción; legislación hídrica fragmentada y obsoleta; falta de capacidad técnica; agencias públicas y proveedoras de servicio con gobernanza politizada y débil, e información insuficiente. Por ejemplo, de acuerdo con las ^{OECD (2013)}, en el sector agrícola, la corrupción está ligada con inversiones de capital; deficiente operación y mantenimiento por funcionarios de riego; y falsificación de pozos y registros de concesión. Más aún, ^{Barkin (2011)} y ^{OECD (2013)} argumentan que algunas grandes empresas se benefician del acceso privilegiado a acuíferos y pueden obtener permisos para perforar pozos o explotar agua superficial son control. De acuerdo con la ^{OECD (2013)}, la corrupción en los servicios de agua y saneamiento en México es la número 12 de 35 servicios públicos analizados.

En el presente estudio se encontró que la agencia de agua local (CESPE) y la agencia estatal encargada de proveer agua para uso urbano (CEA) han sido muy lentos para actuar. Aunque el reúso del agua fue identificado desde 2004 como una opción viable en Maneadero (^{Mendoza-Espinosa, Victoria-Orozco-Borbón, & Silva-Nava, 2004}), un programa piloto que emplea agua residual tratada para irrigar el valle de Maneadero inició hasta 2015 (^{Mendoza-Espinosa & Daesslé, 2018}). De manera similar, en el valle de Guadalupe tomó cerca de 10 años terminar una pequeña planta de tratamiento con capacidad de 15 l/s en el poblado de Francisco Zarco. Es deseable que las autoridades gubernamentales, políticos y gerentes hídricos inicien pasos hacia un manejo del agua eficiente, equitativo y sostenible en Ensenada. Si los tomadores de decisiones no toman acciones, es muy probable que el desarrollo sostenible futuro en el área continúe siendo limitado por la mala administración del agua. Una gobernanza de manejo del agua efectiva es fundamental para evitar desperdicio y agotamiento, descrita por Hardy como “la tragedia de los comunes” (^{Gray, Holley, & Rayfuse, 2016}).

El reúso del agua residual tratada es la opción más atractiva en términos de costos y beneficios para Ensenada. Esto ha sido comprobado en lugares como Israel, donde al agua residual tratada ha ayudado a mantener un balance hídrico saludable en el país, al proteger fuentes convencionales de agua y obtener beneficios socioeconómicos asociados con el reúso del agua; también ha incentivado el desarrollo agrícola, que no hubiese sido posible sin una fuente constante y confiable de agua que no dependiera de la lluvia; ha significado una reducción en el costo del tratamiento del agua residual en el sector urbano, y la disponibilidad de agua para irrigación a un costo menor que el de importar agua convencional de fuentes distantes (^{Friedler, 2001}).

Precios, subsidios y mercados del agua

Cuando el precio del agua refleja su verdadero costo, el recurso es empleado en los usos con mayor valor. ^{Rogers, De Silva y Bhatia (2002)} señalaron que una política de precios puede ayudar a mantener la sustentabilidad del recurso en sí.

Con relación a la compraventa de derechos del agua, después de revisar un caso mexicano y otros cinco internacionales (Australia, Gales, Chile, España y EUA), no hubo suficiente evidencia para confirmar que la compraventa de derechos del agua hayan contribuido de forma significativa a reducir la extracción de agua (^{Charalambous, 2016}). En México, por ejemplo, el agua subterránea continúa siendo sobreexplotada incluso cuando hay mercados del agua (^{Charalambous, 2016}). Para que este mercado trabaje de modo eficiente, ^{Hearne y Donoso (20059}, y ^{Casado-Pérez (2014)} sugieren que la intervención del gobierno (actuando como una institución reguladora) debe ser arbitrando las transacciones. En Maneadero, la intrusión salina ha sido un problema histórico (^{Daesslé et al., 2005}). Esto causa alteraciones severas a la calidad del agua, que resulta en un mercado de agua informal basado en la calidad del agua, que no refleja el valor del agua ni el costo de externalidad del recurso. En situaciones donde los precios están ausente y los mercados distorsionados, estimar el valor económico del agua subterránea puede ser un componente esencial en la asignación de opciones políticas y de bienestar público (^{Hanemman, 2006}).

Otra ineficiencia desde el punto de vista institucional que está distorsionando el valor del agua es la política de subsidio a la extracción de agua subterránea (^{Asad & Dinar, 2006}).Por ejemplo, en Maneadero y Guadalupe, el costo de extracción de agua promedió US$0.14/m³, que incluye el costo de la energía de bombeo (^{Medellín-Azuara et al., 2009}). De acuerdo con cinco agricultores en el valle de Maneadero, en junio de 2016 emplearon un promedio de 0.9 y 1.2 kWh/m³ de agua subterránea. Esto significa que el costo real para agricultores sin subsidio eléctrico sería de US$0.3070 a $0.4094/m³, considerando un costo de $6.43 pesos por kWh (US$0.3412). En contraste, los agricultores con subsidio pagarían de US$0.0257 a $0.0343/m³, considerando un costo de $0.54 pesos por kWh (US$0.0286). Los subsidios al bombeo de agua subterránea están provocando la sobreexplotación de acuíferos, como se ha demostrado en otros estudios (^{The World Bank, 2009}: ^{OECD, 2013}; ^{Sun et al., 2016}). Este es el mayor subsidio eléctrico en México, pues el precio promedio nacional es igual a sólo 28% del costo real, comparado con un subsidio máximo en industria de 10% (^{Scott, 2009}).

De acuerdo con la ^{OECD (2013)}, en 2010 en México, los subsidios a la electricidad para bombeo de irrigación sumaron más de 6.9 mil millones de pesos mexicanos o US$369 millones, que es nueve veces más que los US$41 millones empleados para financiar infraestructura hídrica más eficiente. Además, cerca de 80% del subsidio eléctrico para el bombeo de agua para irrigación se usado por 10% de los agricultores más ricos, convirtiéndolo en un subsidio particularmente regresivo. El efecto en el ambiente es catastrófico, pues más de 100 acuíferos en México están sobreexplotados. Además, entre 2003 y 2015 hubo un incremento en la sobreexplotación de agua subterránea, una de las razones de que el costo de agotamiento de este recurso natural ha subido a una tasa nominal de 0.7% por año, dando como resultado que el costo ecológico del agotamiento de agua subterránea represente un 0.2% del Producto Interno Bruto (^{INEGI, 2016}).

En relación con tarifas de agua y subsidios, un estudio reciente por ^{Tellez-Foster, Rapoport y Dinar (2017)} analizó la efectividad teórica de tres políticas de intervención: eliminación, reducción o desacoplamiento (una política innovadora que sustituye el subsidio eléctrico por una transferencia monetaria en efectivo) de tarifas. El estudio demostró que cambiando la estructura del subsidio por extracción de agua subterránea se tienen efectos importantes en los niveles de extracción y, en consecuencia, en la altura del espejo de agua del acuífero. La eliminación del subsidio produjo el mayor efecto, aunque políticamente no sea factible. Reducir el subsidio produjo un efecto limitado (menos de una unidad por periodo en promedio) y su implementación se toparía con las mismas dificultades políticas. El desacoplamiento del subsidio tiene un efecto cercano al observado cuando el subsidio es eliminado, pero sin las dificultades políticas adversas. Por lo tanto, los autores proponen el desacoplamiento como una política de intervención alterna para superar la obstrucción política. Por otra parte, en un estudio en la India, ^{Badiani y Jessoe (2011)} encontraron que un 10% de reducción promedio en el subsidio generó una disminución de 6.7% en la extracción de agua subterránea. El consenso general es que la reducción de subsidios baja la sobreexplotación de acuíferos (^{Scott, 2013}; ^{OECD, 2013}; ^{Sun et al., 2016}).

Otra manera de controlar extracciones de agua subterránea es a través del monitoreo de las mismas para determinar la disponibilidad de agua de los acuíferos y los niveles de extracción sustentables, con la finalidad de desarrollar guías o pautas para el uso del agua subterránea, a fin de involucrar a los agricultores en su manejo (^{Jinno & Sato, 2011}). En el estudio anterior, la reducción en el bombeo de agua subterránea fue tan drástica que no sólo se revirtió el proceso de hundimiento de suelo sino la recuperación del nivel freático del acuífero fue mayor a la esperada.

Por último, otra política para administrar agua subterránea es lograr acuerdos voluntarios entre agricultores y organizaciones de gobierno. La participación en tales programas de control se fomenta a través de incentivos positivos (restitución de impuestos). Tales programas tratan de convencer a los agricultores a través de educación de las ventajas del control afinado del agua subterránea. Los acuerdos voluntarios para el control de agua subterránea son eficientes, pues dependen del conocimiento especializado de los participantes sobre las condiciones locales (^{Das, 2015}). Esto significa la participación de agricultores en la planeación y toma de decisiones a nivel local, como lo establece la ^{OECD (2010)}.

Todas las políticas mencionadas pudieran recomendarse para los valles de Maneadero y Guadalupe. Podría haber soluciones más transparentes, eficientes y políticamente alcanzables, en comparación con la eliminación drástica del subsidio eléctrico, sobre todo cuando el Cotas está involucrado de manera activa con la comunidad de agricultores.

Impedimentos

Como ya se mencionó, en México, la escasez de agua para irrigación no sólo es atribuible a un mal manejo del recurso sino a la falta de transparencia. Uno de los mayores retos es lograr una gobernanza adecuada para garantizar el suministro seguro y confiable para la agricultura y para todos los sectores económicos (^{Transparency International, 2008}). El grado de corrupción en el sector público en instituciones de gobierno se asocia con el tamaño del sector informal, el cual, a su vez, tiene un impacto negativo en todos los sectores y sobre todo en el ambiente (^{OECD, 2015}). Otra práctica común, de acuerdo con ^{Kemper (2007)}, es que los usuarios del agua falsean el registro de los derechos de agua al reportar menor extracción a su consumo real. En 2010, la Auditoría Superior de la Nación de México publicó un reporte que evidenció las irregularidades y prácticas ilegales en el manejo de recursos financieros públicos e inversión en el sector hídrico. El reporte expone la incapacidad de la Conagua para proveer documentación confiable para monitorear la forma en que los estados manejan sus recursos y que presenta información insuficiente para llevar a cabo una auditoría exhaustiva (^{OECD, 2013}). Todo lo anterior podría proveer una explicación de la razón por la cual las decisiones sobre administración del agua son frecuentemente tomadas por razones no relacionadas con datos científicos o técnicos.

Es urgente la necesidad de invertir en soluciones sostenibles para el uso eficiente del agua subterránea y su asignación. Las soluciones posibles son endógenas a la disponibilidad de recursos naturales de Ensenada. Las alternativas que consisten en el uso de agua residual tratada para irrigación e infiltración de acuíferos han sido identificadas desde hace varios años, pero no han sido implementadas en su totalidad, a pesar de la escasez de agua en la región. Las razones principales para seleccionar a las alternativas descritas son: 1) representan las soluciones potenciales para mitigar la escasez de agua en la zona y restaurar a los acuíferos; 2) son financieras y ambientalmente sustentables; 3) permiten maximizar el uso simple de recursos naturales endógenos ya existentes, reducen desperdicios, y minimizan los costos de fertilizantes y otros gastos requeridos por la irrigación de cultivos en Ensenada; 4) son una opción para la adaptación y mitigación al cambio climático al ahorrar energía y reducir el costo del bombeo de agua subterránea, provee irrigación y reduce la huella hídrica de la producción de alimentos; 5) proveen autosustentabilidad en la administración de recursos hídricos subterráneos, al reducir la dependencia de los EUA para controlar el propio destino del manejo del agua en la región, y 6) ayudan al desarrollo económico sustentable, al garantizar una fuente permanente de agua para irrigación.