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Introducción
Actualmente, la crisis del agua es una realidad cuya comprensión es exigua sin la atención tanto a su historia política como a los determinantes ambientales. Así, desde la segunda mitad del siglo XX, el acceso al agua y al saneamiento se convirtieron en temas clave en los organismos internacionales, junto con una política de crecimiento económico acelerado de sus estados miembros (e.g.,Carta de Punta del Este, 1961; ONU, 1977). Esta coyuntura política inició un proceso depredador de los recursos naturales, con consecuencias ecológicas tales que han llevado a una profunda crisis del agua, especialmente por lo que se refiere a la escasez y sobreexplotación (Arsel, Hogenboom, & Pellegrini, 2016; International Conference on Water and the Environment, 1992; World Water Council, 2018).
Estas dinámicas operaron en Chile de forma particular, ya que como consecuencia de su condición de laboratorio de políticas neoliberales fueron privatizadas las empresas del Estado y los bienes públicos (Harvey, 2005). De hecho, fue en plena dictadura militar de Pinochet que se instauró el Código de Aguas (CA), una política que favorece la comercialización privada de los recursos hídricos, estableciéndolo como un bien nacional de uso público, al mismo tiempo que como un bien privado (Bauer, 2008; Larraín, 2006). Esta dualidad teórica es resuelta en la práctica por el dominio de la mercantilización del agua, génesis de un proceso con dimensiones socioculturales y ambientales devastadoras, que aumentan las condiciones de escasez hídrica, producen daño ambiental, y generan conflictos que intensifican la crisis del agua en Chile (Babidge, 2016; Bauer, 2004; Budds, 2018).
En este contexto, la investigación del agua ha sido abordada desde diferentes perspectivas, mostrando la complejidad de un fenómeno en el que la cultura, la sociedad y el ambiente son elementos en interacción constante. De esta forma, la investigación del agua en Chile revela las dinámicas de la avanzada neoliberal en la política hídrica y los mercados de agua, la sobreexplotación extractiva, el uso y conocimiento local indígena, y una serie de campos en intersección. Temas que han sido investigados desde la sobreexplotación minera en regiones de extrema aridez del Norte Grande (e.g.,Babidge, 2016; Prieto, 2016) hasta los conflictos producidos por proyectos hidroeléctricos en la húmeda Patagonia (e.g.,Romero-Toledo, Romero-Aravena, & Toledo, 2009; Torres-Salinas, García, & Rojas, 2017), entre otros.
A pesar de esta importante producción científica, no existe aún una revisión que permita reconocer los resultados, vacíos, limitaciones y proyecciones que ha presentado la investigación en estos temas. En consecuencia, resulta alentador abordar dicha tarea con el objetivo de establecer el estado de la investigación del agua elaborada en Chile por investigadores a nivel global, desde una mirada de las ciencias sociales y humanidades. Para ello, es necesario comenzar con un balance histórico y cuantitativo de las producciones académicas, desde la apertura del debate hasta la actualidad, revisando los investigadores con mayor producción, las unidades de estudio a nivel regional y las metodologías aplicadas. A continuación, se expone un recorrido por los principales temas de investigación, discutiendo sus formas y problemáticas. Por último, hay una reflexión a propósito de los nuevos desafíos para la investigación de este campo de estudio, observando limitaciones y proyecciones.
Materiales y métodos
A partir de la concepción del agua como un elemento complejo resultante de la interacción entre dimensiones culturales, políticas y ambientales, la selección de las fuentes de información consistió en una elección de keywords que tuvieron en cuenta esa complejidad. Tales palabras clave incluyeron a Chile como una constante, a las que se sumaron conflictos por el agua, agua indígena, gobernanza del agua, políticas hídricas, gestión del agua y ciclo hidrosocial, entre otras. El idioma de búsqueda fue el inglés, entendiendo la norma general en publicaciones indexadas de usar, independiente de la lengua de los documentos, títulos, resúmenes y palabras clave en dicho idioma. La búsqueda se efectuó en los motores de Web of Science (WoS), Scopus, Scielo y en la misma bibliografía de los documentos revisados. Con respecto al marco temporal, se realizó una búsqueda histórica desde el año en que se encontraron las primeras investigaciones hasta el 2019, aunque este último, por estar en curso, no se consideró en el balance cuantitativo. A los 821 resultados obtenidos se les aplicó un filtro de revisión que priorizó la producción disciplinar de las ciencias sociales y humanidades, u otras disciplinas cuyas investigaciones abordaran de forma trasversal el fenómeno de estudio (e.g., Lictevout & Faysse, 2018).
El resultado final arrojó 180 producciones entre artículos, libros, capítulos en libros, actas y reportes; de ellos 105 en inglés y 75 en español, alojados en gestores de referencias bibliográficas y posteriormente procesados en SPSS. Los datos se codificaron por año, autor principal, tipo de documento, indexación, fuente de información, metodología de investigación, región de investigación; y, por último, se agruparon en seis temas principales. Esta decisión final es para facilitar la descripción y discusión de los tránsitos investigativos. Con respecto de estas disposiciones metodológicas, existen dos obstáculos: el primero de ellos se produjo al clasificar en un nivel de agregación mínima los casos de estudio, habiendo investigaciones que referían a más de uno, por lo que se decidió su clasificación a nivel regional; el segundo problema surgió al agrupar los estudios por temas principales, puesto que se trató un objeto de estudio transversal con diversos temas en yuxtaposición. Por ejemplo, las investigaciones sobre el conflicto o el extractivismo de igual forma poseen un análisis de la política hídrica, situación en la que el objetivo descrito en cada documento se consideró como prioridad.
Balance de los estudios del agua en Chile
En 1985 comenzó el debate sobre el uso y la gestión del agua en Chile, junto con investigadores que situaron su interés en la desposesión producida por el nuevo CA en los pueblos indígenas del norte (e.g., Aldunate, 1985; Van Kessel, 1985). A este debate iniciado por la antropología, se integraron disciplinas como la sociología (Guerrero, 1991), geografía (Bauer, 1993) y economía (Alé-Yarad, 1990), centrándose en las descripciones históricas del sector hídrico, en las dinámicas de los mercados de agua y la gestión del Estado. Durante la década del 2000, la cantidad de contribuciones aumenta a casi cinco por año, con un enfoque acentuando en las consecuencias negativas del CA. Algunos (Budds, 2004a), desde la ecología política (EP), ya observan las relaciones de poder que subyacen en las disputas por el recurso hídrico. Hacia la década actual (2010), se produce un aumento de las publicaciones con casi 14 contribuciones anuales en promedio, las cuales adoptan un enfoque multidisciplinario. Estas investigaciones adoptan una posición crítica y defensiva en relación con la política hídrica, que se convierte, al mismo tiempo, en un elemento común. Durante esta misma anualidad, también surgen estudios que incorporan el análisis de la agenda extractivista y los conflictos por el agua (e.g., Babidge & Bolados, 2018; Prieto, Salazar, & Valenzuela, 2019). Esta distribución histórica puede observarse en la Figura 1.
Figura 1 Distribución de la literatura relacionada con el agua en Chile por años y tipo de indización. Fuente: elaboración propia.
Por otra parte, las investigaciones examinan distintas realidades con casos en 13 regiones del país. Por ejemplo, la Figura 2 muestra el área de estudio con mayor número de contribuciones, que es el Norte Grande de Chile. No es casual la concentración en esta área que posee particularidades para la investigación del agua: el desierto de Atacama es uno de los puntos más áridos del planeta, existen prácticas de uso y gestión ancestral indígena y, además, en esta zona se sitúan los megaproyectos de extracción minera que demandan altas cantidades de agua (e.g., Gentes, 2003; Prieto, 2015; Carrasco, 2016). No obstante, de las 180 investigaciones revisadas, 86 de ellas se centraron en Chile como caso de estudio general. En el ámbito nacional se ubican algunos análisis de la política hídrica o estudios del sector hidráulico nacional (e.g., Baer, 2014; Celedon & Alegría, 2004; Hurlbert & Diaz, 2013).
Figura 2 Distribución de contribuciones por área de estudio en los ámbitos regional y nacional. Fuente: elaboración propia.
A pesar del aumento progresivo de la producción científica en este campo, resaltan seis autores principales con cinco o más contribuciones, variación visible en la Figura 3 (e.g., Bauer & Catalán, 2017; Budds, 2018; Gentes, 2006; Prieto et al., 2019; Torres-Salinas & Rojas, 2018). Sus estudios, desde distintas disciplinas, responden a un enfoque que pone la mirada en los pueblos indígenas, los conflictos ambientales y las dinámicas de los mercados de agua. Otro dato relevante surge al analizar el tipo de fuente de información empleado en el total de las investigaciones, en la cual existe una preponderancia de un 51% por el uso de fuentes secundarias por sobre las primarias (12.8%) y mixtas (35.6%). Un panorama más tangencial recibe las investigaciones cualitativas, con sólo 56 de 180 contribuciones que refieren al uso de esta metodología.
Temas centrales en la investigación del agua
Recapitulando los resultados presentados, las investigaciones del agua en Chile otorgan un efectivo examen multidisciplinario con diversas apreciaciones a las conexiones de su uso y gestión. A pesar de esta gama y de la interacción propia de los tópicos, en la discusión sucesiva se procura agrupar este recorrido en los siguientes seis temas principales.
Análisis de la política hídrica y el Código de Aguas
El surgimiento de la investigación científica del agua en Chile estuvo marcado por la entrada en vigor del CA. Razón por la que este aparato de la política hídrica nacional ha estado presente en casi la totalidad de las contribuciones, con posiciones a favor o en contra. Así, el CA ha quedado establecido como un instrumento del Estado, cuya concepción no es otra que fundar el agua como un recurso explotable al servicio del crecimiento económico (Bauer, 2013; Boelens & Vos, 2012; Larraín, 2006). Por ejemplo, para Domper (2006), la política hídrica con ideología de mercado ha sido efectiva y modernizadora para el Estado, el cual, paradójicamente, según Donoso (2015), ha tenido una débil gestión institucional. Ambas aportaciones se hacen desde una concepción mercantil del agua.
Aparte de estos argumentos, no es sino hasta la aparición del trabajo de Bauer, Contra la Corriente (1998), que la investigación relacionada con la ley de agua se desplaza hacia perspectivas que consideran las dimensiones humanas. Bauer demostró cómo la realización de un trabajo de campo in situ puede aportar datos que hasta el momento permanecían olvidados en la literatura. Su investigación podría considerarse como una de las primeras problematizaciones complejas de los impactos del mercado del agua en Chile. Las lecciones que a posteriori ofrece Bauer (Bauer, 2004; Bauer, 2005; Bauer, 2008; Bauer, 2013) exponen la desmitificación del modelo chileno en el debate internacional. Tanto es así que Solanes (2013) evidencia el infructífero intento de emulación de la normativa chilena en el Perú. Otras investigaciones permiten sostener que las reformas del CA no suprimieron su imposición top-down ni consideraron la participación de las comunidades involucradas (Gentes, 2006; Hurlbert & Gupta, 2015). Es más, la idea de una gestión integrada habría quedado plasmada de forma discursiva y cortoplacista (Hill, 2013; Kretshmer, Wendt, & Oyarzún, 2012). Da la impresión de que, para estos autores, la experiencia chilena constituiría un cúmulo de enseñanzas sobre acciones que no se deberían aplicar para una correcta gestión gubernamental del agua.
Budds (Budds, 2009; Budds, 2013; Budds, 2018) también ofrece otras contribuciones empíricas con un enfoque desde la EP que examina las relaciones de poder que subyacen en la gestión local del agua en el río La Ligua. El caso denota la estrecha conexión entre un neoliberalismo altamente institucionalizado y la gestión mercantil del agua, condiciones que consolidarían las relaciones de poder (Budds, 2013). Otra de sus críticas las dirige al dominio del conocimiento físico y natural en la gestión gubernamental, situación donde predominaría el ciclo hidrogeológico por delante de otras consideraciones sociales y políticas (Budds, 2009). Ante esto, Budds propone la necesidad de avanzar hacia un modelo hidrosocial que reconozca las relaciones socioculturales en la gestión local. La importancia de este modelo analítico yace en su precisión para desentrañar las relaciones dialécticas producidas a escala colectiva e individual entre las personas y su entorno natural (Linton & Budds, 2014).
En otras contribuciones se estudian las consecuencias de la política hídrica para los pueblos indígenas. Para el norte de Chile, Gentes (Gentes, 2002; Gentes, 2003) ha trabajado empírica y documentalmente los problemas que derivan de la incapacidad del Estado por otorgar un reconocimiento constitucional a los indígenas, ignorando su relevancia cultural y política. A nivel más general, éste y otros autores sostienen que, a pesar de que algunos Estados han avanzado en algún nivel el reconocimiento de los grupos étnicos, su derecho ancestral al agua y a la gestión del territorio ha sido ocultado o negado en las políticas hídricas (Boelens et al., 2012; Gentes, 2002). Incluso, es posible sostener que las consecuencias de este tipo de leyes destruyen cualquier ánimo reparatorio de los abusos sistemáticos hacia los pueblos indígenas en Chile (Lovera, 2017), ignorando no sólo sus prácticas culturales, sino también su territorio ancestral (Madaleno & Gurovich, 2007). Estas contribuciones acerca de las consecuencias en los pueblos indígenas no se agotan aquí, sino que también colisionan con otros temas que serán abordados más adelante.
Mercados de agua
Los mercados de agua, como espacios donde se practica la eventual libre transacción de derechos de agua, constituyen el espíritu del CA y sus reformas (Congreso Nacional de Chile, 1981). En ellos se reconocen dos tratamientos relativos. Uno de los ámbitos observa la forma en que opera la transacción de los derechos de agua y otra se centra en la utilización de los mercados de agua como etiqueta para la dinámica propia de la mercantilización. Con respecto al primer tratamiento, las lecturas inaugurales en este tema revelan la mitificación empresarial consensuada de la valorización monetaria del agua (e.g., Gazmuri, 1992; Ríos & Quiroz, 1995). Ante todo, esta primera evaluación señala, paradójicamente, que las transacciones han fomentado el uso agrícola de forma eficiente (Gazmuri, 1992). De hecho, para Thobani (1997), los mercados han ayudado a la sociedad y al Estado, circunstancia que a la vista de Donoso (2013) debiera asegurar el éxito a través de una efectiva asignación del recurso.
Las contribuciones críticas de Bauer (1997) y Budds (2004b) defienden que los mercados del agua han enfrentado, entre otros, dos problemas iniciales: (1) no se ha establecido una lista de precios informados, impidiendo (2) la capacidad de establecer un libre mercado, cuyo resultado es el acaparamiento de los derechos de explotación. Por otra parte, la concentración de la asignación del recurso ha facilitado la producción de una agricultura de productos para la exportación, lo que tiene consecuencias para las pequeñas explotaciones. En este sentido, lo que ocurre con los pequeños agricultores puede entenderse mejor a través del análisis distributivo de estos derechos en la cuenca del Limarí o el río La Ligua, donde este grupo vulnerable habría sido desplazado y marginado (Budds, 2004b; Romano & Leporati, 2002). Al comparar estos alegatos con otras investigaciones con conclusiones positivas al modelo transaccional, surgen algunas disrupciones en estas últimas. Por ejemplo, no se profundizan las características particulares de los agricultores o granjeros como sujetos de estudio, evidenciando así, dificultades ontológicas importantes al no considerar las lógicas productivas de estos grupos humanos con la industria (e.g., Grafton, Libecap, McGlennon, Landry, & O’Brien, 2011; Hearne & Donoso, 2014; Molinos-Senante, Donoso, & Sala-Garrido, 2016).
En otro orden de ideas, las dinámicas de los mercados de agua no sólo alcanzan la agricultura, sino también la producción de la gran minería. Los fenómenos que aquí suceden han sido particularmente observados desde los métodos cualitativos con enfoques teóricos desde la EP. En principio, la posibilidad de incorporar al patrimonio privado los derechos de explotación del agua permitió, en el caso del norte del país, la inscripción de derechos particulares que marginaron a las comunidades indígenas (Budds, 2010). Especialmente, en el caso de los atacameño, Prieto (Prieto, 2015; Prieto, 2016) ilustra las dimensiones de la desposesión y desmitifica el espíritu laissez faire de la lógica neoliberal. Este análisis se sustenta en las complejas instituciones de un Estado que, en la práctica y para el caso de estudio, no permite una libre competencia, reservándose éste un rol fundamental en la asignación del recurso. Otra de las contradicciones existentes abonan a la creencia de que la mercantilización y la valoración monetaria del agua evitan un despilfarro, ya que, contrariamente, la asignación del agua para uso minero es abundante en comparación con el uso domiciliario (Bitran, Rivera, & Villena, 2014; Bottaro, Latta, & Sola, 2014). Algunas de éstas y otras contradicciones las analiza Gentes con detalle (Gentes, 2002; Gentes, 2004).
Extractivismo, hidroeléctricas e industria forestal
El extractivismo o su conceptualización contemporánea, neoextractivismo, ha constituido un imperativo en la agenda de los países del llamado Sur Global, como una senda productiva para las trasformaciones económicas (Acosta, 2013; Arsel, Hogenboom, & Pellegrini, 2016). Esta arista del marco neoliberal aplicado en Chile ha facilitado el ingreso de capitales extranjeros en territorios de agricultores, campesinos e indígenas, tal como lo describen las investigaciones de Aitken, Rivera, Godoy-Faúndez y Holzapfel (2016), Jacka (2018) y algunas otras que serán revisadas más adelante. De hecho, algunos estudios establecen que Chile, al compararlo con otros países de similares características de explotación minera, presenta un marco regulatorio que facilita este tipo de actividad económica (Oyarzún & Oyarzún, 2011; Thomashausen, Maennling, & Mebratu-Tsegaye, 2018).
Este tema se sustenta en una literatura desarrollada en la última década, cuyas contribuciones poseen un importante acervo de datos empíricos que aportan a la comprensión del fenómeno del agua en el ámbito minero y, en menor medida, forestal. Así, por ejemplo, Bottaro et al. (2014) han observado en los conflictos contra el proyecto minero Pascua Lama, las formas de la respuesta social a las consecuencias del neoextractivismo en los territorios locales. Acciones similares suceden también con los proyectos hidroeléctricos en la Patagonia, generando luchas socioambientales en las comunidades locales (Romero-Toledo et al., 2009; Torres-Salinas & García, 2009). En el Biobío es posible observar otro tipo de extractivismo, caso en el que la industria forestal, en un período de 20 años, ha cuadruplicado sus hectáreas de cultivo en desmedro de la agricultura de subsistencia (Torres-Salinas, Gironás, & Pint, 2016; Torres-Salinas, Azócar, Rojas, Montecinos, & Paredes, 2015).
Estas disputas son sólo un ámbito de los impactos de un extractivismo que además de depredar los recursos minerales, también lo hace con los hídricos (Bottaro et al., 2014). Al respecto, se ha expuesto que el agua en el desierto de Atacama es escasa, y sus mínimas reservas se ubican en sectores protegidos o con asentamientos ancestrales indígenas. En este territorio se ubican megaproyectos mineros amparados por un aparato estatal que los protege (Bolados-García & Babidge, 2017). Por ejemplo, la intromisión que amenaza las localidades de la región de Tarapacá produce competencias desiguales por el control de los recursos (Romero-Aravena, Méndez, & Smith, 2012). En particular, el pueblo atacameño ha sufrido una degradación del ecosistema en la que sus prácticas productivas ancestrales se han visto reducidas o, incluso, eliminadas, tal como señalan de forma empírica y diacrónica Prieto, Salazar y Valenzuela (2019). En consecuencia, la desposesión produce de manera concomitante configuraciones en el tejido cultural indígena, lo que ha contribuido a resignificar sus prácticas, producto de traslocalizaciones forzadas y a dinámicas de negociación y disputa (Romero-Toledo, 2018). Estos fenómenos estudiados por Romero-Toledo (2018) habían constituido años antes el centro de la investigación etnográfica de Carrasco (2016) en otros casos de estudio, pues Carrasco se interesó por las contradicciones simbólicas y valorativas como corolarios de un territorio altamente mercantilizado. Este escenario fenomenológico permite iluminar las confluencias cosmogónicas de la dualidad del agua para los indígenas: desde la cosmovisión andina, un elemento indisociable de la cultura, y en la actual práctica productiva, una mercancía transable.
Según Babidge (2013), otro de los artificios utilizados por la megaminería corresponde a las acciones con carátula de Responsabilidad Social Empresarial (RSE): medidas dirigidas a presentar el extractivismo con un espíritu sustentable. Los programas de RSE, en efecto, irían en supuesto beneficio de las comunidades afectadas, donde sería posible entrever la formación de un clientelismo o, como Babidge (2016) ilustra, la disímil idea de socios. Más tarde, la misma investigadora también sugiere que una de las estrategias de control de los proyectos mineros es sostener la ignorancia y la confusión como herramienta de control de las comunidades Babidge (2019).
Para otros investigadores, los impactos ambientales del neoextractivismo en los grupos humanos son problemas que deberían superarse para hacer posible una minería responsable (Acosta, 2018). Sin embargo, al observar los hallazgos e intereses económicos, pareciera que una conservación de los ecosistemas y de las dinámicas culturales ancestrales únicas, en la praxis, no constituye una prioridad para los proyectos de megaminería ni para el Estado (Romero-Aravena et al., 2012). De los problemas categorizados en este tema, también están los conflictos entre comunidades locales y agentes externos, fenómeno que se revisa a continuación.
Conflictos socio-territoriales por el agua
De acuerdo con De la Maza, Maillet y Martínez-Neira (2017), el agua sería una de las principales razones de los conflictos socio-territoriales en Chile. Un tema de investigación dominado por un foco en las disputas con agentes externos. Así, por ejemplo, Usón, Henríquez y Dame (2017) observan en el caso de la cuenca alta de Yalí, cómo las empresas agroindustriales manejan una tecnicidad de la información que les permite sostener la ignorancia sobre datos hidrogeológicos de la cuenca. Una estrategia que Babidge (2019) pudo pesquisar en contextos de la gran minería. Ambas situaciones ilustran cómo las redes complejas de intereses se enfrentan desde disímiles posiciones de poder vulnerando a las comunidades locales (Usón et al., 2017). De esta forma, los grupos humanos afectados por disputas de agua muestran una politización de sus acciones, expresada a través de los discursos contra agentes externos que ingresan a devastar el territorio (Romero-Toledo et al., 2009; Torres-Salinas et al., 2017). Según Torres-Salinas y Rojas (2018), los movimientos hidrosociales serían una respuesta a la fractura hidro-metabólica del neoliberalismo. A la luz de un análisis de redes sociales (ARS) en otro caso de estudio, es de reconocer que estos movimientos de lucha serían clusters con un escaso nivel de interacción entre ellos para una misma acción colectiva (Fonseca, Montalba, & García, 2015). Sin embargo, mantienen funciones propias para el fortalecimiento de la identidad grupal y sus niveles de cohesión interna (Castillo, 2016; Gentes, 2002; Molina, 2012; Romero-Toledo, Videla, & Gutiérrez, 2017).
Otros investigadores han puesto la mirada en diferentes tipos de conflictos. Gentes (Gentes, 2000; Gentes, 2002; Gentes, 2003; Gentes, 2004) ostenta una larga trayectoria de investigación acerca de los marcos legales y las acciones sistemáticas del Estado por no reconocer el derecho consuetudinario indígena. Estas intersecciones conflictivas derivadas en la inexistencia de un pluralismo legal también fueron investigadas por Castro (1997), Cuadra (2000), y Castro y Quiroz (2011). De estas contribuciones, al respecto, se sostiene que la postergación y el ocultamiento de las prácticas normativas indígenas conllevan una violación del derecho consuetudinario, toda vez que la asimilación cultural es un proceso constante para el progreso neoliberal, tal como para otras corrientes que apuntan a la modernización.
En otro ámbito destino a la privatización del agua, Garande y Dagg (2005), y Cantillana (2018) sostienen que la política chilena sobre el acceso al agua potable de la comunidades rurales tiene como consecuencia la emergencia de conflictos internos. Destacan sobre todo que el Programa de Agua Potable Rural (APR) tiene una imposición top-down que además exacerba la marginación de los conocimientos locales de gestión del agua. Cantillana (2018) discute que, a pesar de existir un proceso de participación ciudadana, estas acciones performativas y mediáticas sin capacidad resolutiva exhiben la tendencia a desinformar en lugar de buscar consensos entre la comunidad. Estos estudios empíricos (véase también a Suarez, 2018) contradicen las conclusiones positivas al Programa APR contenidos en la investigación de tipo secundaria de Blanco y Donoso (2016).
Gestión y conocimiento local
La gestión del agua en el nivel local comprende conocimientos ligados con su uso y manejo. En este tema de investigación existen diversos cúmulos de conocimiento que dependen de las características propias de la actividad productiva: agrarios, pecuarios, cazadores-recolectores de borde mar, etcétera. La tendencia descriptiva de tales fenómenos marcó el inicio de la investigación del agua en Chile. Estas primeras investigaciones, durante las últimas dos décadas del siglo pasado, han entregado un acervo de las distintas prácticas indígenas sudandinas (Aldunate, 1985; Castro, 1992; Castro et al., 1991; Hendriks, 1998; Núñez, 1985; Núñez & Pourrut, 1995; Van Kessel, 1985). Actividades que, según Young et al. (2009), están en peligro debido a los efectos del cambio climático y a la depredación del agua. En otra contundente investigación al respecto, se puede consultar la obra seminal de Yáñez y Molina (2011) titulada: Las aguas indígenas en Chile.
Estos conocimientos son tan sólo una de las múltiples conexiones en la que también se revela la dimensión ritual y simbólica. En la cultura mapuche, por ejemplo, se ha investigado la utilización de modelos dendríticos y reticulares en torno a la percepción de los paisajes del agua (Skewes, Solari, Guerra, & Jalabert, 2012). El uso del espacio y su relación simbólica también ha sido examinado por la arqueología en torno a los restos materiales del período formativo en la región centro-sur andina (Muñoz-Ovalle, 2013). Para los indígenas aimara, el culto a sus mallkus o achachilas (deidades) constituyen ceremonias rogativas que suplican por la abundancia de agua para las cosechas fértiles (Choque & Pizarro, 2013). Desde una perspectiva metodológica, Di Giminiani y González (2018), con una mirada a las investigaciones centradas en la relación entre seres humanos y agua, sugieren que una perspectiva de objetivación inacabada sería una forma más precisa de aproximación a un análisis certero de esta problemática.
Otros investigadores de la gestión local se han interesado por las prácticas de campesinos rurales no indígenas. Al observar algunos casos de la región de Valparaíso, es posible entrever cómo la alta demanda de recursos hídricos para la mega producción perturban las actividades productivas autosustentables (Panez-Pinto, Mansilla-Quiñones, & Moreira-Muñoz, 2018). Efectos similares afectan a otro grupo de pequeños agricultores que han debido migrar su actividad productiva hacia la apicultura, fenómeno que, según el análisis empírico de Trujillo (2017), habría permitido una conservación socialmente inclusiva. De igual forma, desde una mirada macro, Delgado, Torres-Gómez, Tironi-Silva y Marín (2015) revisan el informe de adaptación al cambio climático para ilustrar la vulnerabilidad en la que se encuentra la agricultura de subsistencia (véase también a Roco, Poblete, Meza, & Kerrigan, 2016). Para Hurlbert y Diaz (2013), la adaptación al cambio climático y las acciones de mitigación correspondientes a la degradación ambiental no serían posibles desde la lógica neoliberal y, en absoluto, desde los intereses económicos. En definitiva, la acción gubernamental para la gestión del agua en Chile constituiría un modelo cuestionable para enfrentar los desafíos del cambio climático (Hill & Allan, 2014).
Sistemas de provisión de agua potable
Los servicios sanitarios públicos chilenos comenzaron a operar en el año 1931. Este inicio de las instituciones sanitarias estuvo marcado por un tratamiento del agua como bien público, seguido de una etapa de modernización que convergió en una actual fase de privatización, algunas descripciones históricas se pueden encontrar en las producciones de Alé-Yarad (1990), Alegría y Celedon (2006), y Fischer y Serra (2004). Lo que más se destaca de este proceso es la amplia cobertura lograda en áreas urbanas que alcanzó el 98% (Alegría & Celedon, 2006). Por otra parte, es importante reconocer que la conceptualización sobre la privatización del agua en Chile (véase también a Morandé y Doña, 1999) se relaciona de modo directo con el tratamiento jurídico del CA, que permitió la comercialización privada de los recursos hídricos en un nivel nacional. Dicho panorama no debe ser confundido con el proceso de privatización de las empresas sanitarias del Estado, el cual ostenta características particulares, y que además ha congregado gran atención. De igual forma se suman a la literatura recientemente citada las contribuciones sobre el análisis histórico del acceso y distribución de agua potable (Pflieger, 2008; Simón-Ruiz & Sánchez Andaur, 2018) y sus sistemas tarifarios (Castro, 2008; Fercovic, Foster, & Melo, 2019; Molinos-Senante, 2018; Vargas, 2002).
En general, el proceso de privatización de las instituciones sanitarias ha sido valorado por algunos estudios basados en datos estadísticos como un proceso exitoso (e.g., Donoso, 2015b; Molinos-Senante & Sala-Garrido, 2016). Esta valoración ha sido criticada desde el análisis de los sistemas tarifarios de Durán (2015), cuyos resultados permiten revelar la afectación de estas empresas a los procesos de segregación urbana. En otro ámbito, Delgado, Arumí y Reicher (2017) advierten que tampoco existe un cuerpo normativo que obligue a las empresas sanitarias a proteger las captaciones de agua potable de riesgos de contaminación. Menos aun existiría una preocupación normativa por asegurar la continuidad hídrica en contextos de crisis, toda vez que el actual modelo no permite afrontar el binomio de las escasez/sustentabilidad (Lehn et al., 2012; Salinas, Gironás, & Pinto, 2016).
Viejos pretextos, nuevos desafíos
Los investigadores han brindado una próspera y heterogénea literatura: próspera en cuanto a su desarrollo y heterogénea disciplinariamente, en el que las distintas contribuciones revisadas exhiben un examen procesual y multidisciplinar en el abordaje de los fenómenos hídricos. Los intereses, pese a los esfuerzos realizados para su clasificación en temas principales, transitan entre diferentes dominios, revelando las múltiples y diversas intersecciones del agua. A pesar de las características generales de este estado del arte, distintas investigaciones reflejan una carencia empírica en la información entregada. Por ejemplo, las tradiciones de investigación que enaltecen las particularidades del actual sistema normativo y transaccional del agua son las que analizan datos secundarios y estadísticos. Estas producciones, por lo tanto, pueden conllevar abstracciones o elucubraciones no suficientemente contrastadas, permitidas por un trabajo de campo inexistente o limitado. Una impronta que queda expuesta a la luz de la evidencia de investigaciones que, en contra ejemplo, emplean trabajo de campo para la recolección de sus datos. Más de una década después del llamado de Bauer (1997) sobre la necesidad de estudios empíricos para la investigación hídrica, y a pesar de las reconocidas contribuciones que en último tiempo se han realizado, continúa el predominio de investigaciones de corte cuantitativo que, incluso reconociendo su valor, deberían ser complementadas con análisis más integrales de este fenómeno multidimensional. Esta forma para superar tal situación debe basarse en aumentar las investigaciones con recolección de datos in situ y con una mirada global, la que surge de este examen a las investigaciones revisadas: el agua no es sólo un elemento físico natural ni se reduce al consumo domiciliario, menos aun exclusivamente un insumo para la producción minera, ni tan sólo parte de un sistema simbólico. En alegoría a estas particularidades se constata la complejidad del fenómeno del agua: en modo alguno, una realidad física separada del tejido sociocultural.
Este tratamiento para la comprensión de los fenómenos representa desafíos que los nuevos enfoques investigativos y modelos teóricos, en parte, consideran. En particular, se observan las propuestas teóricas neomarxistas y de la ecología cultural, transformados hoy en la vanguardia a través de la EP, justicia ambiental, modelo hidrosocial y la fractura socio-metabólica. La integración de estos enfoques ha ayudado a la articulación de las lógicas que subyacen a la crisis hídrica con un análisis desde las dimensiones macroestructurales. A pesar de los avances en esta dirección y al reconocimiento de las contribuciones interdisciplinares, parecen desdibujarse las aportaciones propias que cada disciplina puede aportar al debate. Por lo anterior, se intenta argumentar que la utilización de los enfoques transdisciplinares anteriormente descritos debería, al mismo tiempo, intentar aplicar los enfoques y conocimientos propios de cada disciplina. Este desafío epistemológico no pretende una vuelta al enclaustramiento disciplinar en el que cada una de ellas atienda en sus formas y directrices a su objeto de estudio como cuestiones autárquicas, sino una renovación de un debate interdisciplinario (Max-Neef, 2005).
En conclusión, quedan en relieve las consecuencias ambientales de la agenda política y del poder económico, demostrando en su totalidad la incapacidad del mercado por aportar a un modelo de equidad, integración y de sostenibilidad social y ambiental. Por otra parte, las configuraciones socioculturales resultantes de este programa de degradación ambiental, así como las nuevas dialécticas entre mujeres, hombres y su entorno socio-ecológico, constituyen un espacio profundo con diversos problemas de conocimiento. Un escenario emocionante para investigaciones futuras que, sin duda, se ampliará en la medida que se oriente cada vez más a la búsqueda empírica de las múltiples conexiones e intersecciones del fenómeno hídrico y su actual contexto de crisis.
